Introducción

2La actualidad de las luchas en América Latina desmonta críticamente los beneficios de los modelos de desarrollo, demostrando la injusta producción y distribución de daños y riesgos ambientales y sanitarios. La afectación de la salud, de la vida y formas de vida, de los territorios en los que viven comunidades indígenas y campesinas, pueblos con economías agrícolas, barriadas de clase trabajadora en las periferias de las ciudades, presentan dramáticas escenas a causa de la contaminación industrial, de los efectos de la agricultura tóxica en zonas periurbanas y rurales o la megaminería contaminante, de las deforestaciones masivas, entre otros graves problemas (Carruthers, 2008; Carrizo y Berger, 2012; Acselrad et al., 2004; Almeida et al., 2010). Los conflictos se expanden a medida que se visualizan y denuncian las consecuencias sociales y ambientales de las políticas desarrollistas. La politización de los afectados y la cooperación de una red de actores que se solidarizan en las luchas identifican y tematizan las injusticias ambientales y sus responsables, así como posibles cursos de acción en defensa de los derechos.

3Sin embargo, en un contexto en que el capitalismo ha reforzado su ofensiva y su legitimación discursiva tales acciones y discursos pierden efectividad. La violencia armada estatal y paraestatal que asola a las poblaciones que resisten el saqueo y la destrucción completan un diagnóstico en el que consideramos relevante pensar conceptos estratégicos para la autoorganización, en este caso, la creación de redes de luchas, su potencialidad política y sus problemas. Nuestra investigación se inscribe en los desarrollos del pragmatismo, principalmente por la posibilidad de reconstruir la acción política y sus problemas desde un abordaje contextual y situado de experiencias de autoorganización en redes. La participación como investigador en las redes que aquí se presentan no sólo implica un distanciamiento de pretensiones de neutralidad valorativa, sino que también desplaza intenciones explicativas a favor de la generación de una comprensión compartida entre quienes participamos de las mismas experiencias. La labor conceptual apunta a potenciar la acción política en lugar de clasificarla o cosificarla. El registro directo de acciones y conversaciones, la discusión pública de algunos avances de investigación, ensayos de coinvestigación y realización de talleres y seminarios, entre otras actividades son el correlato metodológico de esta perspectiva.

Desposesión de derechos y luchas por la justicia ambiental en América Latina

4La adecuación de los marcos legales de los países a las políticas del extractivismo coincide con el paulatino desmantelamiento neoliberal de estructuras de control, prevención y reparación de los problemas de contaminación. Las falencias y ausencias de los sistemas de salud pública para el tratamiento de los afectados y para realizar una vigilancia epidemiológica, la ineficacia y corrupción de los mecanismos de evaluación de impacto ambiental previstos para realizar consultas previas, las fallas de los sistemas judiciales para sancionar delitos que atenten contra la salud y el ambiente, son apenas algunos ejemplos de situaciones en las que se vulneran derechos individuales y colectivos.

5Coincidimos en este sentido con la conceptualización de acumulación por desposesión que realiza Harvey, particularmente a lo que refiere a la desposesión de derechos y las mediaciones institucionales que obran de infraestructura para la desposesión (Harvey, 2004). Como señala el autor, la forma que asumen las instituciones mediadoras es a la vez la de productoras y producto de la dinámica de la acumulación de capital (ibidem). Un complejo de acuerdos institucionales se pone en marcha para sostener y apoyar la reproducción ampliada, una alianza entre los poderes estatales y las redes del capital financiero, dedicado a la apropiación y devaluación de activos, y un Estado facilitador de acuerdos institucionales que garantizan la propiedad privada (convirtiendo diversas formas de derecho común, colectivo, estatal) y estructuras legales y gubernamentales apropiadas para la mercantilización y privatización de los bienes comunes (Harvey, 2004). En el plano ideológico y de la expansión semiótica del capital (O' Connor, 1994), la desactivación del lenguaje de lo político y de los derechos atentan contra la capacidad de reflexión y discurso crítico frente a la sistemática producción de desigualdad y la injusta distribución de la contaminación y destrucción de bienes comunes.

6Este difícil escenario también se completa con los déficits de la representación política tradicional en América Latina, en particular de los partidos políticos y sindicatos, seriamente comprometidos con los gobiernos y políticas de desarrollo. Pese al creciente apoyo masivo en las elecciones a los gobiernos de la región, existen obstáculos institucionalizados para la participación de los afectados directos e indirectos que bloquean la posibilidad de una resolución democrática de las complejas situaciones de contaminación ambiental.

8En los debates sobre la práctica de las redes en las luchas por la justicia ambiental (Schlosberg, 1995; Acselrad et al., 2004; Vainer, 2004; Faber, 2005; Naguib Pellow y Brulle, 2005; Firpo, 2012), consideramos que esta práctica puede ser entendida como un movimiento táctico de la resistencia. Más allá de lo inmediato de la acción, nos interesa también pensar esta forma organizativa como espacios que conectan una multiplicidad de comunidades afectadas, de colectivos, de organizaciones de la sociedad civil en un amplio abanico de acciones, y de la potencialidad política que surge de la creatividad e inteligencia colectivas. Si bien estas experiencias de redes se expanden por toda América Latina, nuestro trabajo presenta reflexiones en curso a partir de tres experiencias situadas en Brasil, México y Argentina.

La práctica de las redes en las luchas ambientales de Brasil, México y Argentina3

• 5 Documentos de la ANAA publicados en su sitio web: http://www.afectadosambientales.org. Consultados (...)

Un proceso de adecuación, retroceso, fragmentación y reforma jurídica e institucional que, por una parte, ha orientado la política pública del país hacia la progresiva privatización de los recursos naturales estratégicos, los territorios de los pueblos que los contienen, los servicios públicos asociados con ellos, en adecuación a los compromisos internacionales adquiridos desde inicios los ochenta y especialmente desde la negociación, aprobación y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).5

11Desde este contexto el objetivo fundante de la ANAA ha sido combatir la dispersión y la invisibilidad de las injusticias ambientales. La ANAA también congrega diferentes luchas ambientales, comunidades indígenas, organizaciones campesinas, asociaciones profesionales, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Como señala en sus documentos públicos:

• 6 Ibidem.

La propuesta de la ANAA busca ser también integral, pues reconocemos que solamente si las luchas estamos juntas podremos frenar y revertir esta situación. Por ello la ANAA es un espacio vivo de encuentro de todos los barrios, pueblos, comunidades, organizaciones y movimientos que a lo largo de los últimos años (o incluso décadas), tanto en el campo como en la ciudad, hemos luchado contra el proceso de degradación, destrucción y despojo de nuestras aguas, aires, suelos, bosques, biodiversidad, semillas, salud y convivencia.6

12En Argentina, la Red de los Pueblos Fumigados surge con fuerza desde las luchas de poblaciones de áreas rurales y periurbanas expuestas a las fumigaciones con agrotóxicos en el contexto de la ascendente producción de soja transgénica en el país, tercer productor a nivel mundial. El problema denunciado no es solamente el uso de estas sustancias químicas, sino todo un contexto que hace a la modernización agrícola y la reestructuración productiva. El modelo de la agroindustria implica un subsistema técnico y político que incluye movimientos del capital financiero, la industria química, la bio y nanotecnologías para la producción de semillas, fertilizantes, maquinaria, etc., es decir un modelo de desarrollo en el que los gobiernos de la región están acompañando con políticas proactivas a las empresas de los agronegocios, en desmedro de la salud de la población, del ambiente y de la diversidad de formas de vida existentes. El modelo agroindustrial actual no sólo determina el desplazamiento de otros tipos de producciones hacia el modelo del monocultivo de soja transgénica, sino que implica el desmonte de amplias zonas de bosques nativos, el desalojo forzado de comunidades indígenas y campesinas, y daños a la salud y al medio ambiente de las poblaciones expuestas a esta producción.

13En este contexto, los autodenominados Pueblos Fumigados comenzaron a interactuar en encuentros regionales y nacionales en los que se comparten conocimientos y estrategias de acción (Carrizo y Berger, 2013). Al decir de uno de sus referentes:

Peleamos con los fundamentos políticos, que es nuestro cuerpo en las calles, con lo que nosotros queremos, y también nos hemos ido formando y dando respuestas a los fundamentos técnicos […] Junto a los vecinos afectados surgieron un grupo de médicos que dan sus miradas en las charlas, ingenieros agrónomos, químicos, abogados, politólogos, comunicadores sociales, formados en fundamentos legales, varios aportes profesionales que suman respuestas a este problema desde varios enfoques para terminar exclamando la forma de mundo que nosotros queremos, por la que estamos pugnando. Un mundo sin agroquímicos, sin agronegocios, sin transgénicos, con justicia ambiental, con alimentos sanos, producidos a partir de la agroecología, la biodinámica, un mundo con abejas, simple eso, un mundo vivo y sano. (Tomasoni, 2012)

Inteligencia colectiva y creatividad institucional desde las redes

14En el referido marco de desposesión de derechos y desmantelamiento de instituciones y regulaciones protectivas de la salud y el ambiente, las redes desarrollan funciones que competen a los Estados pero sin el Estado- y más allá del Estado-; es decir, no como una transferencia de responsabilidades públicas hacia organizaciones de la sociedad civil sino como ejercicio de un poder instituyente y destituyente: a la vez que señala los limites y falta de actuación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, reclama por la democratización de los mismos, estipulando los criterios para la participación de todos los afectados, y formulando propuestas de políticas públicas, de leyes y de actuaciones judiciales.

15En cuanto a la creatividad de la cooperación en red para formular proyectos de políticas ambientales, sobresalen las propuestas de la realización de estudios de impacto ambiental populares o con participación directa desde los afectados, es decir, una propuesta de democratización de esta herramienta clave en las situaciones de riesgo y contaminación ambiental. Radicalizando la crítica a la forma en la que se realizan actualmente las evaluaciones de impacto ambiental, más próximas a estudios realizados por las propias empresas que a instrumentos de control público y estatal, la RBJA ha formulado una alternativa reconvirtiendo el concepto de estas evaluaciones en términos de evaluación de equidad socioambiental. La propuesta de mecanismos y procedimientos que aseguren principios de equidad, entendida ésta como tratamiento justo a y participación efectiva de la población, se realiza en tres niveles: en la esfera del diseño y elaboración de políticas públicas; en la esfera del proceso de toma de decisiones sobre proyectos llamados de “desarrollo” y en la gestión de los efectos nocivos de los daños ambientales ya existentes (FASE, ETTERN y IPPUR, 2011). La creatividad de esta propuesta expresa como contrapartida una crítica a las existentes instituciones como las audiencias públicas y los consejos ambientales, observando que los mismos funcionan como dispositivos formales para la difusión de información sobre los beneficios económicos de los emprendimientos, en detrimento del debate amplio y transparente sobre sus impactos socioambientales (Mello, 2012).

16Algo similar es puesto en juego en México, donde la ANAA promueve una práctica contra la mercantilización del conocimiento científico en los estudios de impacto ambiental. Al decir de uno de sus integrantes:

• 7 Conversaciones con integrantes de la ANAA, México DF, octubre 2011.

Los lenguajes con los que se elabora esta información tienen que ser accesibles, hace falta un saber experto pero también no es restrictivo, “nosotros hemos impulsado que la gente haga sus propias evaluaciones de impacto ambiental, nosotros le llamamos manifestaciones de impacto ambiental popular. La gente a partir de su propia narrativa va planteando los problemas que se van a generar en términos sociales y ambientales si se lleva a cabo tal o cual proyecto, tal o cual obra, y esto va generando diagnósticos complejos, mucho más complejos que las meras evaluaciones de impacto ambiental que son restrictivas y localizadas, la gente empieza a hablar del territorio en términos más amplios y complejos, con dimensiones que no habían considerado en su propia lucha.7

17Otro ejemplo en relación a la capacidad de las redes para la formulación de políticas lo encontramos en las herramientas de vigilancia popular en salud y ambiente: en las tres experiencias de redes sobresalen las prácticas de vigilancia y control popular de la actividad contaminante a través de comités comunitarios de alerta, así como las prácticas de epidemiología ambiental comunitaria y observatorios ciudadanos de los efectos socioambientales de la contaminación. Los mapeos colectivos de las enfermedades constituyen saberes que se activan a partir del intercambio de conocimientos y estrategias en redes. El mapa de las Injusticias Ambientales de la RBJA, las actividades de las asambleas regionales de la ANAA –principalmente sus talleres de autoformación en salud y también sus mapeos colectivos – son herramientas de autoorganización y de presión sobre las autoridades estatales. En el mismo sentido se inscriben las prácticas de epidemiología comunitaria, los observatorios de salud socioambiental y los mapas de las enfermedades y muertes realizados desde los Pueblos Fumigados de Argentina (Arnulphi, 2013).

18La inteligencia colectiva pone en juego la percepción de los riesgos y daños ambientales y sus efectos en la salud, las conexiones entre estos y con sus responsables desde una construcción compartida de conocimientos (Osterweil et al., 2008), construyendo abordajes problematizadores y comunes, buscando la cooperación con grupos de investigación académicos y la incidencia en los funcionarios públicos, reclamando soluciones a los problemas a través de una intervención del Estado, entre otros aspectos en los que están ausentados los propios funcionarios de las áreas de salud pública de los Estados (Firpo y Finamore, 2012).

19En estos ejemplos de formulación de políticas se aprecia que otro aspecto distintivo de la cooperación cognitiva de las redes es la capacidad articulada de elaboración de legislación en asuntos ambientales. La propuesta de regulaciones y leyes que resguarden derechos se realiza en distintas jurisdicciones (local, provincial y nacional e internacional). La elaboración de ley es un saber que por un lado muestra las capacidades de trabajo de las redes en diversos temas, los saberes específicos (legales, médicos, ambientales, institucionales) que entran en juego. Al mismo tiempo estas acciones constituyen una crítica al ejercicio de los legisladores de los parlamentos por estar más abocados a las agendas de los gobiernos y empresas que a los reclamos de la propia ciudadanía. Más allá de los distintos resultados y la gran cantidad de decepciones sufridas por las luchas con respecto al funcionamiento de los aparatos estatales, se trata de genuinas experiencias de legislación popular. En esta actividad se destacan los Pueblos Fumigados de Argentina, demostrando una serie de saberes en materia legal, de ordenamiento territorial, de salud pública, de derecho ambiental, a nivel local con ordenanzas municipales, y a nivel de leyes provinciales y nacionales. En esta tarea se destacan el estudio, la discusión y los saberes para definir desde la autoridad de aplicación de la ley a los parámetros de contaminación normales y autorizados a nivel nacional e internacional, la invocación de los principios ambientales (precautorio, preventivo, participación ciudadana informada), la identificación y cuestionamiento de los intereses y lobbies corporativos en el marco de los consejos de actores que instituyen las leyes, cuestiones de ordenamiento territorial, entre otros conocimientos producidos desde los afectados directos e indirectos en estos temas.

20Por último y a modo de ejemplo, una breve referencia en lo que refiere a la crítica a la Administración estatal de Justicia. Las redes ponen en juego la realización de juzgados populares, la creación y uso de tribunales transnacionales no estatales, como el Tribunal Latinoamericano del Agua o el Tribunal de los Pueblos que son instancias en las que los propios afectados directos e indirectos realizan investigaciones, preparan casos, realizan denuncias y hacen una performance política de la administración de justicia al establecer procesos, juzgamientos y sentencias de casos de violación de Derechos Humanos en situaciones de contaminación ambiental. Tal es la experiencia de la ANAA ante la actual violencia institucional y paramilitar que padecen en el país las luchas contra el saqueo de los bienes comunes. Los tribunales éticos transnacionales contra la megaminería y los agronegocios también aportan ejemplos de la disputa por el sentido y prácticas de las administraciones estatales de Justicia.

21Estos son apenas algunos ejemplos de cómo las redes ponen en juego - experimentalmente - saberes y actividades propias de los poderes públicos de un Estado democrático (ejecutivo, legislativo y judicial) pero por fuera del sistema oficial de autoridad. En este sentido, recuperamos la noción de creatividad entendida como como creatividad democrática (Dewey, 2004) en tanto que formación de un público que tematiza una cuestión, la politiza y al hacerlo desarrolla prácticas, formas y funciones que corresponden al origen de una forma estatal.

22El ensamble de estas acciones implica que en las redes se definan acuerdos, se expresen desacuerdos, y se implementen formas de democracia directa con funcionamiento asambleario, coordinación de grupos de trabajo, realización de encuentros regionales, nacionales y transnacionales de diverso formato - foros, tribunales transnacionales y otras instancias organizativas por fuera de las estructuras estatales, en tensión permanente con las mismas. Esto no significa proponer la construcción de nuevas formas estatales, sino el sostenimiento y fortalecimiento de experiencias de lucha en el tiempo y el espacio, desde la cooperación cognitiva, afectiva y comunicativa de quienes integran las redes, apuntando tanto a la reforma de la institucionalidad estatal vigente como a la generación de una institucionalidad política propia de las luchas.

23La discusión de la noción de institución en las luchas no obstante está muchas veces ganada por un antiinstitucionalismo que encuentra en este concepto la amenaza de la burocratización y de la pérdida de poder constituyente en los procesos de institucionalización. Para algunos puntos de vista en el debate político y académico, la práctica institucionalizante conlleva la amenaza de reificación y pérdida de poder, en tanto que el problema principal de las luchas sería cómo producir fracturas en el sistema y avanzar en lugar de constituir un sistema alternativo de gobierno (Hardt y Holloway, 2012). En tensión con esta postura proponemos incorporar a la discusión los aportes de la Teoría de la Multitud (Hardt y Negri, 2001; 2004; Virno, 2003) para pensar las redes como instituciones de nuevo tipo. Conectaremos estos aportes a pensar las experiencias de la RBJA, la ANAA o los Pueblos Fumigados: las redes definen sus propios principios y objetivos de acción, establecen algunas pautas de funcionamiento, reglas y formas organizativas, estructuras de participación e interacción abiertas, no centralizadas pero coordinadas, en las que la toma de decisiones se orienta hacia una horizontalidad práctica.

De las prácticas a los conceptos y viceversa: pensando las redes como instituciones de lo Común

24Un punto de partida en la Teoría de la Multitud es la recuperación de la noción de institución de su concepción más ligada a la órbita estatal en un intento de pensar cómo sostener y expandir el poder constituyente de una multiplicidad de formas de vida y subjetividades en una espacio y temporalidad de relaciones autónomas, de producción de lo Común, en éxodo con respecto a las relaciones de dominio que establecen tanto el Estado como el mercado (Hardt y Negri, 2004).

25En esta recuperación de la noción de institución, Revel propone disolver la tradicional oposición entre lo que pertenece a un orden constituyente y a un orden constituido, rescatando el término institución de la tradición moderna que lo ha convertido en un elemento basal del Estado y la ley, y reinventarlo como una inscripción de un devenir, como una apertura constituyente que va acumulando sus formas (Revel, 2008). Hardt y Negri, por su parte, critican la acepción de la ciencia política y la teoría del derecho en la que la institución sirve a la fundación de un orden constitucional soberano, y revierten este punto al afirmar que las normas y obligaciones institucionales se establecen en las interacciones regulares y abiertas a un proceso de continua evolución, en el que las singularidades que componen la Multitud no transfieren sus derechos o poderes, y se oponen a la formación de un poder soberano (Hardt y Negri, 2009). Por último, mencionamos también a Virno, quien argumenta a favor de la recuperación del concepto de institución como un concepto clave, en el marco de la crisis y metamorfosis de la forma Estado, para una política de la Multitud. Se entiende aquí las instituciones como los rituales que usamos para resolver las crisis de una comunidad, asumiendo que nuestras especies se protegen de la incertidumbre creando reglas para proteger su propia praxis. Entonces el debate no debería darse entre fuerzas institucionales y no institucionales, sino que deberíamos identificar aquellas instituciones más allá del monopolio de la decisión política encarnada en el Estado (Virno, 2007).

26Desde esta perspectiva, otro aporte que avanza en el sentido de pensar las formas de organización del poder constituyente de la Multitud, es la recuperación de la tradición de las instituciones autónomas obreras. Caracterizadas por una capacidad independiente de proponer los temas de lucha en relación a las estructuras tanto sindicales como de las propias empresas, con una consecuente y coordinada indicación de las acciones instrumentales desde la autoorganización, y por lo tanto, una propia y autónoma capacidad normativa; una capacidad autónoma para organizar y conducir políticamente las luchas; el reconocimiento por otras instituciones, una cierta legitimidad de su capacidad normativa y uso de la fuerza (Negri y Revel, 2010: 172).

27Esta capacidad normativa autónoma, siguiendo a los autores, se genera en procesos de autoformación, desde abajo hacia arriba, desde la experiencia política hacia una conceptualización de la misma, hacia la construcción lingüística de la praxis, de la inteligencia colectiva y la coinvestigación en la que se encuentra la construcción de los conceptos de lo Común que pueden ser transformados en medios para la acción (Negri y Revel, 2010; Negri, 2010). Ahora bien, en el pasaje al capitalismo contemporáneo, los autores actualizan esta concepción de las instituciones de lo Común, señalado cómo las mismas también configuran redes, a riesgo de que la capacidad normativa se disuelva en la dispersión y la permanente expansión de las redes.

28De los conceptos nuevamente a las prácticas, encontramos que estos aspectos de las Instituciones de lo Común pueden contribuir a una reflexión de las experiencias de las redes.

29En primer lugar y en relación a la propia capacidad de definir temas de lucha destacamos la labor de las redes de formular principios y declaraciones que señalan cursos de acción, establecen marcos conceptuales y argumentativos, creando en este sentido actores y procesos políticos. La RBJA establece entre sus principios los alcances y compromisos de la noción de justicia ambiental:

• 8 Red Brasilera de Justicia Ambiental, http://www.justicaambiental.org.br/_justicaambiental/pagina.ph (...)

O conceito de Justiça Ambiental refere-se ao tratamento justo e ao envolvimento pleno de todos os grupos sociais, independente de sua origem ou renda nas decisões sobre o acesso, ocupação e uso dos recursos naturais em seus territórios. 
As lutas por justiça ambiental defendem:
1. os recursos ambientais como bens coletivos, para o presente e para o futuro, cujos modos de apropriação e gestão devem ser objeto de debate público e de controle social;
2. os direitos das populações do campo e da cidade a uma proteção ambiental equânime contra a discriminação sócio-territorial e a desigualdade ambiental;
3. garantias à saúde coletiva, através do acesso equânime aos recursos ambientais, de sua preservação, e do combate à poluição, à degradação ambiental, à contaminação e à intoxicação química – que atingem especialmente as populações que vivem e trabalham nas áreas de influência dos empreendimentos industriais e agrícolas;
4. os direitos dos atingidos pelas mudanças climáticas, exigindo que as políticas de mitigação e adaptação priorizem a assistência aos grupos diretamente afetados;
5. a valorização das diferentes formas de viver e produzir nos territórios, reconhecendo a contribuição que grupos indígenas, comunidades tradicionais, agroextrativistas e agricultores familiares dão à conservação dos ecossistemas;
6. o direito a ambientes culturalmente específicos às comunidades tradicionais;
7. a alteração radical do atual padrão de produção e de consumo.8

30Por su parte, en la declaración de sus objetivos la ANAA establece:

• 9 Consultado a 09.11.2013, en http://www.afectadosambientales.org/nuestros-objetivos/.

1. Detener la destrucción ambiental de nuestro país, tanto en el campo como en las ciudades, peleando contra la imposición de proyectos insustentables para el ambiente y las comunidades.
2. Reconstruir las condiciones de vida de los espacios rurales y urbanos que se ven amenazadas por el desalojo injustificado de los territorios, la contaminación de las aguas, el aire y el suelo, la pérdida de diversidad biológica y cultural.
3. Cambiar las causas económicas, políticas y sociales que originaron esta destrucción socio-ambiental y se concentran por ejemplo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994, el cual representa los intereses de las grandes empresas trasnacionales, así como muchas otras leyes que propician el despojo de los pueblos y la destrucción del medio ambiente.
4. Articular las luchas que ya ocurren, haciéndolas visibles y fortaleciéndolas mediante el apoyo de la ANAA y el de científicos, abogados y demás profesionales y ciudadanos comprometidos.
5. Pelear por el cambio de leyes y la adjudicación de responsabilidades a quienes han destruido las condiciones de vida, como las empresas industriales, los malos gobiernos y los funcionarios corruptos.
6. Luchar contra la criminalización de los que defendemos las condiciones de vida de todos.9

33En la experiencia de la ANAA, dificultades operativas y necesidades de coordinación llevaron a la creación de un consejo de representantes. Con el aprendizaje de la experiencia indígena y zapatista que sostiene el momento asambleario como la instancia soberana de la red y el respeto también de las autonomías locales en la toma de decisiones. El consejo de representantes cumple entonces funciones de coordinación operativa, de monitoreo de los acuerdos y acciones de la ANAA, de la organización de los plenarios nacionales, pero no toma decisiones por las luchas locales. Una iniciativa particular que hace a la expansión de esta red ha sido la realización de plenarios y asambleas regionales, en el corazón de las zonas de conflicto que se extienden por todo el país.

34Como señalan sus integrantes,

• 12 Conversaciones con Octavio Rosas, integrantes de la ANAA, México DF, octubre 2011.

En México existe mucho de parte de algunas organizaciones que las estructuras sean definidas con un comité central que vaya tirando líneas, que le vaya diciendo a los demás por dónde deben ir, qué pasos dar, nosotros hemos estado planteando que un error muy grande sería volvernos a constituir bajo una figura tradicional de organización política cuando en realidad los problemas son muy grandes, la diversidad de los actores es muy grande y los intereses no son los mismos, los que queríamos nosotros era mantener cada lucha en su propia autonomía
[...] Algo que ha servido mucho en México ha sido el zapatismo y otras comunidades indígenas como en Oaxaca, y sus formas organizativas, el trabajo con comunidades indígenas ha sido central para entender que no puede haber una forma organizativa sólida si no hay participación de todos, en la que todas las voces tienen algo para decir y todos podemos aprender de todos. El problema que nosotros vemos es que este saber está disperso entre los distintos miembros de la comunidad y el único espacio real donde se puede poner este saber colectivo, comunitario (que es mucho mayor al que pueda tener una persona iluminada) es la asamblea.12

35Por su parte los Pueblos Fumigados de Argentina, si bien no se han constituido formalmente con una representación nacional, sostienen una dinámica práctica asamblearia que se realiza a través de encuentros regionales con distinta regularidad, como práctica de deliberación para la acción y la generación de encuentros e interacción con otras redes de lucha en el todo el país. De manera similar a las experiencias de la RBJA y la ANAA, las instancias de encuentros regionales respetan la autonomía de cada lucha local en la toma de decisiones y definición del curso de acción a seguir. Como expresa uno de los principales articuladores de la Red de Pueblos Fumigados:

Las dinámicas de los encuentros fueron variando bastante. Los primeros encuentros tenían distintas mesas, eran encuentros abiertos a que participaran todxs los que asistían, estuviesen en mayor o menor medida compenetrados con la realidad de las fumigaciones. Eran rondas bastantes grandes, catárticas en algún punto, donde cada quien contaba su realidad, y donde nos íbamos mimetizando con las distintas experiencias. Aquellos primeros “Paren” eran encuentros informativos, debatíamos, armábamos mesas con distintas temáticas, como comunicación, soberanía alimentaria, salud, producción. Si bien eran espacios muy disfrutables porque nos íbamos conociendo, sentíamos que siempre nos quedábamos con poco tiempo para debatir acciones concretas como colectivo, y que incluso no siempre nos llevábamos las respuestas que íbamos a buscar. Por ello, fuimos sintonizando con un formato de encuentro donde la mitad es la asamblea, entre los participantes del colectivo, y la segunda mitad del encuentro es un espacio abierto de información e intercambio a y con la comunidad. (Tomasoni, 2012)

36La cuestión de cómo combinar entonces una estructura abierta con la toma de decisiones es un desafío permanente que conlleva a situaciones que amenazan con el colapso de la red. Esta formalización de la representación en estructuras abiertas y no verticales de las redes apunta a componer el ejercicio democrático de la asamblea con la resolución práctica de los problemas de la acción. Distintas iniciativas se han implementado en las redes para garantizar la horizontalidad y la multiplicidad de actividades. La creación de grupos de trabajo autónomos al interior de las redes es una práctica en la que se combina el ejercicio de la autonomía con un mínimo de coordinación, en todas las experiencias, por temas y acciones (minería, agrotóxicos, agua, o herramientas jurídicas y legales, autoformación, entre otros), como la experiencia de los Grupos de Trabajo en la RBJA o las comisiones de la red de Pueblos Fumigados. De esta forma proliferan las iniciativas autónomas en las redes, pero las decisiones que afectan al conjunto se procesan y toman en espacios coordinados de discusión política.

37La asamblea es el lugar donde se discute, se plantean los desacuerdos, se aprueba o desaprueba el trabajo de los grupos autónomos, más allá que éstos sigan funcionando en su propio curso. La cuestión de la toma de decisiones es, a pesar de las estructuras abiertas y horizontales de la red, un problema relevante. Los conflictos internos son parte de la dinámica cotidiana en la interacción de la diversidad de actores que conforman la red. En las experiencias de los encuentros y asambleas de las redes las diferencias que se presentan son discutidas bajo cierta presión de colapso o ruptura de los espacios colectivos. La diversidad de formas de vida, trayectorias y experiencias de lucha, posicionamientos políticos, entre otros generan tanto encuentros como desencuentros.

39Junto con ello se expresan diferencias que se manifiestan en las redes en relación a la legitimidad de participar activamente en la elaboración de legislación ambiental y acciones judiciales, o los procesos de evaluación de equidad ambiental a los que hemos referido previamente. Por un lado existen posiciones que tienden a polarizar y excluir posiciones, argumentando que estas instancias son una pérdida de tiempo en relación a los efectos de la acción directa sobre las decisiones del Estado. Por otro lado, sin dejar de sostener la crítica al Estado, apuestan por una diversidad de tácticas y estrategias que den lugar tanto a las propuestas reformistas como a posiciones más radicalizadas.

40En el caso de las actividades que involucran producción de conocimientos tenemos otro ejemplo de discusiones, básicamente en torno a la utilización de lenguajes profesionalizantes que excluyen o se ejercen de forma autoritaria al lenguaje de los afectados directos, de la misma forma que se manifiestan algunas tensiones entre académicos y activistas. Un marco de comprensión de la diversidad de saberes y de la importancia del diálogo ha contribuido a generar puentes de comunicación, en otros casos esfuerzos de traducción han sido necesarios para llegar a la comprensión mutua.

43Algunas acciones en red funcionan en escala global presionando sobre organismos como la Organización Mundial del Comercio o las Naciones Unidas, pero pierden la conexión con las bases, en las que se juega la efectividad de la aplicación. Estamos ante el problema de saltar de una escala a otra sin construir las transiciones y resonancias como reaseguro de la participación, de modo que la red se haga más fuerte en sus conexiones y solidaridades, sin aislar luchas locales.

45Pasando de las escalas espaciales a las de tiempo, la cuestión de la temporalidad es significativa en relación a la capacidad de construir agendas, plataformas políticas así como de realizar evaluaciones de logros y dificultades, para lo cual las redes han aprendido a tomar perspectiva. La pregunta por la duración de una red en el tiempo, o la gradación de los objetivos de las luchas se vuelve tema de reflexión en los encuentros asamblearios: a corto plazo, la capacidad de realizar denuncias y acciones defensivas inmediatas. Al mediano y largo plazo, la difícil definición democrática de las formas organizaciones, de los propios arreglos normativos que permiten sostenimiento y duración de la red en el tiempo, la incidencia sobre la toma de decisiones en los estados y la articulación a nivel transnacional de las luchas. En este sentido, la creación de movimientos de afectados a nivel global que comienza a ser pensada desde las experiencias de la ANAA en Cancún y de los procesos de creación de foros de atingidos y campañas internacionales de la RBJA.

Conclusiones

46En primer lugar, el acento que ponemos a lo largo de este trabajo en la inteligencia colectiva y la creatividad de las redes nos ayuda a reflexionar acerca del poder de esta práctica política, de la autoorganización y cooperación entre luchas, y de la posibilidad de crítica al sistema político, a sus instituciones estatales y a las corporaciones del mercado que promueven y consolidan la desposesión. En nuestro análisis no se trata de pensar la creatividad en relación a novedosas formas de acción política respecto a otras tradicionales o viejas prácticas, sino en relación, principalmente, a la fuerza destituyente de lo instituido a nivel del Estado y del mercado y su avance en contra de los derechos. El sentido de la creatividad aquí tiene el carácter distintivo de lo experimental y del poder constituyente que ponen en juego las luchas por derechos y la justicia ambiental.

47En segundo lugar, la recuperación de la noción de institucionalidad para las luchas no es un asunto de modas teóricas sino de discusiones académicas y dentro del activismo respecto a los logros y el poder de las redes en contextos de creciente vulneración de derechos. En las experiencias hemos constatado que la creatividad institucional de las redes se orienta tanto a la reforma de la institucionalidad estatal existente como a la generación de una institucionalidad política otra. En ninguna de estas dos orientaciones, la acción en red implica una sujeción ni reconocimiento de la legitimidad del Estado, sino el ejercicio del poder constituyente y destituyente al mismo tiempo. La acción de las redes muestra la incapacidad del Estado para defender lo público, ante lo cual son las luchas las que promueven tanto innovaciones al interior de esas estructuras como una fuga creativa de una institucionalidad propia sobre la base de la autoorganización, la autoformación, la capacidad de definir los propios temas y cursos de acción, e inclusive una propia estructura normativa.

48Lejos de una mirada burocrática y despolitizadora/desmovilizadora, la recuperación del concepto de institución que nos aporta la Teoría de la Multitud- revisada y ampliada a la vez con los aportes de las redes en América Latina- nos otorga un horizonte de discusiones para sostener y expandir la potencialidad política de estas experiencias en la producción y defensa de lo común. Los problemas planteados en torno a la toma de decisiones de forma democrática, a la interacción de una multiplicidad de prácticas y en múltiples escalas, entre otros, se vuelven interrogantes permanentes pues las fluctuaciones de nuestra comprensión siguen el curso de los acontecimientos, en la resistencia a los permanentes intentos de gobiernos y corporaciones de expandir ilimitadamente la acumulación capitalista en detrimento de los derechos.