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Notas da redação

Revisado por Valentina Gatti

Texto integral

1En las últimas tres décadas se han registrado cambios de enorme envergadura en el ámbito socioeconómico y político provocados por un nuevo giro en el modelo de acumulación capitalista. De acuerdo con Maristella Svampa (2012) América Latina ha realizado un tránsito del Consenso de Washington, basado en la valorización financiera al Consenso de los Commodities, sustentado en la exportación de bienes primarios a gran escala. Afirma, con razón, que si bien la exploración y exportación de bienes naturales no son actividades nuevas en la región, resulta claro que desde los últimos años del siglo xx y en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se fue intensificando la expansión de proyectos tendientes al control, extracción y exportación de bienes naturales sin mayor valor agregado. El Consenso de los Commodities implica subrayar precisamente el ingreso a un nuevo orden económico y político, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Este nuevo ciclo económico se caracteriza por la rentabilidad extraordinaria y las altas tasas de crecimiento de las economías latinoamericanas.

2La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) afirma que, a pesar de la reciente inversión en la tendencia de los precios de las materias primas, las alzas registradas durante la primera mitad del año 2010 fueron tan importantes que las previsiones apuntaban a que los términos del intercambio de América Latina registrarían una mejora importante (Svampa, 2011). De tal manera, para la CEPAL el modelo extractivo podría generar algunos cambios positivos para los países de la región; sin embargo, como se podrá leer a lo largo de los nueve artículos contenidos en este número de la revista, el giro extractivista está provocando la vulneración de los derechos humanos y colectivos, la subordinación de la soberanía nacional a favor de las grandes corporaciones y la devastación de extensos nichos ecológicos que tienen consecuencias profundamente negativas para estos países, que se debaten entre la pobreza y la violencia estructural, sin horizontes claros sobre un futuro mejor en el mediano y largo plazo.

3Para entender el giro extractivista vigente es fundamental considerar la demanda creciente de materias primas en el mercado internacional, así como también las nuevas rutas que ha tomado el capitalismo, y los cambios en los Estados que lo sostienen. Éstos viraron la “razón de Estado”, consistente en procurar el bien social, a Estados de control o también denominados de seguridad (Wacquant, 2009), o hacia la seguridización de la política (Gledhill, 2014), cuya razón pareciera acotarse a garantizar el beneficio corporativo. Por otra parte, es incuestionable el enorme poder que han adquirido las grandes corporaciones privadas, ya que podemos constatar que los últimos gobiernos en turno en América Latina han fundido sus intereses con los de las grandes empresas en desmedro de la soberanía nacional. Estas corporaciones transnacionales se han blindado con un fuerte poder jurídico, un nuevo Derecho Corporativo, que las coloca por encima de los Estados nacionales (Santos, 2009); se trata de un derecho avalado por los tratados de libre comercio, con lo que se encuentran no solamente por encima del derecho nacional, sino incluso del sistema internacional de derechos humanos, generando a su paso lo que se ha denominado como “las nuevas víctimas del desarrollo” (Herreño, 2015). A esta forma de organización corporativa que impone sus intereses y somete gobiernos e instituciones, así como a campesinos e indígenas, Claudio Garibay (2017) la ha denominado “clúster minero global”, en referencia a la minería. En términos fácticos, las empresas han suplantado al Estado y su soberanía a favor de sus intereses económicos. En este nuevo modelo, el Estado actúa como un actor empresarial con intereses privados, en un duopolio, cómplice de los desastres socioambientales actuales.

4Estas mutaciones son relevantes de analizar desde diferentes perspectivas, por lo que los artículos que conforman este dossier provienen de reflexiones analíticas basadas en estudios de caso procedentes de América Latina y uno sobre la India, que son abordados desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Las contribuciones centran sus reflexiones en los efectos y las contestaciones sociales al giro extractivista que recorre amplios territorios indígenas del denominado Tercer Mundo o, en términos geopolíticos, del Sur global.

5Vale la pena señalar que estos artículos han sido debatidos en distintas reuniones académicas en donde participamos académicos de diversos países, que estamos documentando y analizando los efectos políticos, sociales y ambientales que provoca el extractivismo. Las primeras versiones de estos artículos fueron presentadas en simposios que organizamos como miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES), en congresos de esta organización realizados en Dubrovnik (Croacia) en 2014, y en Ottawa (Canadá) en 2017, así como en los Congresos de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), realizados en México (2012) y Colombia (2014), y en el Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología (2016).

6Los grandes hilos conductores de las reflexiones de todos los artículos son, por un lado, el análisis de las reformas legales que han emprendido los gobiernos, tanto los neoliberales de México (Valladares, Chenaut, Sierra, Gómez, y Casas y Morales) y Chile (González), como en los denominados progresistas, representados por Bolivia (Flores) y Brasil (Neri da Silva), así como el caso estudiado por Pandey en India. Los artículos documentan la forma en que estas reformas contradicen y vulneran los derechos indígenas reconocidos constitucionalmente durante los años noventa del siglo xx y la primera década del siglo xxi. La segunda línea analítica que articula o cruza estos estudios es el proceso de judicialización de los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas con sus gobiernos nacionales y con las grandes corporaciones que encabezan los proyectos extractivos. En este sendero, un punto nodal es dar cuenta acerca de las estrategias jurídicas y los procesos de movilización que despliegan pueblos y comunidades indígenas en defensa de su autonomía y sus territorios, por lo que esta fase se puede denominar como de luchas territoriales y por la defensa de la autonomía que como pueblos indígenas les ha sido reconocida –en el marco de las soberanías nacionales– tanto en el derecho nacional como en el sistema internacional de derechos humanos. Se trata de movilizaciones que tienen como objetivo fundamental detener el avance de los despojos a los que están siendo sometidos decenas de pueblos indígenas en América Latina. El campo del derecho se ha constituido en una arena de disputas por los bienes comunes. Por un lado, las grandes corporaciones lo utilizan para legitimar los despojos; por otro lado, para los pueblos indígenas se ha convertido en una trinchera para defender sus derechos colectivos. En este sendero se manifiesta la existencia de un pluralismo jurídico de nuevo cuño, que enlaza de forma jerárquica el derecho indígena con el derecho nacional, el internacional en materia de derechos humanos y el derecho corporativo, y es en este escenario donde los pueblos indígenas apelan en defensa de sus derechos.

7Otra de las coincidencias en los países estudiados por los autores es que aún cuando el extractivismo ocasiona la destrucción de los bienes comunes, las respuestas estatales al disenso indígena ha sido en muchos casos la represión y la criminalización de la protesta social, lo que da cuenta sobre la forma en que los Estados se convierten en “guardianes del sistema extractivista”, protegiendo los intereses de las empresas (OCMAL, 2013: 14). Esto se lleva a cabo no sólo a través de las amenazas y políticas represivas, sino también cuando los operadores de la justicia durante el procedimiento judicial realizan una interpretación de las leyes que termina criminalizando a los defensores del medio ambiente; a ello debemos agregar la creación de nuevas leyes que proporcionan el marco jurídico adecuado al extractivismo, como en el caso de las regulaciones a las explotaciones petroleras o mineras que han tenido lugar en diferentes países.

  • 1 De acuerdo con Falero (2015), los enclaves podrían ser caracterizados como territorios en los que s (...)

8En lo que corresponde al abordaje sobre el contenido y los efectos del giro en el modelo económico de acumulación denominado como extractivismo o post-extractivismo, los autores recuperan los aportes de Eduardo Gudynas (2013), quien ha destacado el carácter depredador de los extractivismos. Con esta palabra en plural el autor alude a las particularidades de su accionar tanto en gobiernos neoliberales conservadores, como en los post-neoliberales o progresistas de América del Sur, que se constituyen en la causa más relevante que ocasiona el deterioro del medio ambiente, así como la pérdida de la biodiversidad en Sudamérica. Pues el giro extractivista, como un modelo o estilo de desarrollo basado en la apropiación y mercantilización de la naturaleza, se caracteriza por alimentarse de un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de su inserción internacional, lo que vuelve a colocar a los países extractivistas como proveedores de materias primas, proceso en el que se involucran distintas actividades; por ejemplo, las actividades energéticas como la exploración y explotación de hidrocarburos (gas y petróleo), la instalación de gasoductos, la minería preferente a cielo abierto, que es la más depredadora de los nichos ecológicos, así como la producción de monocultivos, especialmente de semillas genéticamente modificadas como la soya, entre las más relevantes. Basta señalar que 32% de la explotación minera mundial se realiza en territorios latinoamericanos, creando zonas de enclave (CDPI, 2013).1 José Seaone (2012) sostiene que en este proceso los “espacios periféricos” –como son los territorios donde habitan los pueblos indígenas– son aquellos en donde el despojo históricamente ha adquirido su perfil más descarnado; incluso, tendencialmente, el avance de la acumulación por desposesión en dichos territorios ha sido condición de posibilidad para garantizar la continuidad de la reproducción ampliada en los territorios del centro.

9El primer gran cambio para dar paso al modelo extractivo está relacionado con la reconfiguración de los Estados nacionales cuyo rol esencial reside en avalar y sostener este modelo económico. Con el giro neoliberal instaurado desde los años ochenta del siglo pasado se produjo el adelgazamiento de las estructuras estatales y el paulatino retiro del Estado de la rectoría en los procesos económicos nacionales. Dichas diligencias han sido cedidas a las dinámicas de un mercado globalizado que está en manos de las grandes corporaciones transnacionales. En este proceso, se ha provocado un franco deterioro en los derechos sociales conquistados por los trabajadores y ciudadanos en general; en particular, esto genera enormes impactos negativos en los pueblos indígenas en tanto que son propietarios o poseedores de vastos territorios ricos en los recursos energéticos y minerales que el mercado global demanda. Si bien en los gobiernos progresistas se ha dado un giro que coloca al Estado como actor más activo en el rumbo económico de sus naciones, el extractivismo que se implementa en los países con gobiernos conservadores o progresistas tiene las mismas consecuencias en materia ambiental y de restricción de las autonomías indígenas. Existe una gran paradoja en ello, pues prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos han sido signatarios de diversos convenios y tratados internacionales de protección de los derechos humanos y del medio ambiente, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1989) sobre derechos de los pueblos indígenas, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), o el Acuerdo de París sobre Cambio Climático (2015), entre otros. A pesar de esto, el empuje del neoliberalismo ha propiciado que diversos Estados dicten políticas públicas que en la práctica atentan contra los derechos humanos de los pobladores y contra el medio ambiente, llevando a cabo modificaciones constitucionales y legales que permiten que las políticas extractivas se impongan en los países, con lo que se presentan contradicciones entre derechos en las mismas cartas constitucionales.

10Por su parte, David Harvey (2004) anunciaba que el “nuevo imperialismo” abría una fase del capitalismo caracterizada por una forma de acumulación capitalista basada en la desposesión de los bienes comunes, agua, tierra y viento, que causan devastadoras consecuencias sociales y ecológicas. Apuntaba también sobre el rol de los Estados en esta fase, quienes estaban fungiendo como socios de este proceso de apropiación-desposesión al convertir los bienes comunes en productos que se mercantilizan con altos niveles de rentabilidad. De allí la relevancia de analizar desde una mirada local las formas en que se articulan las dinámicas económicas, políticas y sociales que mantienen pequeñas comunidades y regiones articuladas con lo global, para desentrañar el rol de los Estados y su vínculo con las grandes corporaciones transnacionales. Además, es necesario tener en cuenta la advertencia de Gudynas (2013) acerca de los efectos que los extractivismos tienen sobre todos los sectores y el territorio de una nación, a lo que ha denominado como “efectos de derrame”. Es decir, las consecuencias no son sólo locales, sino que pueden repetirse y “derramarse”, ocasionando que se afecte al conjunto de las políticas públicas que se implementan. Por ejemplo, si un Estado reduce los requisitos para que se emprenda un proyecto minero o petrolero, así como las sanciones ambientales que se les aplicarían, de esta manera “se está debilitando toda la normativa e institucionalidad ambiental del país” (ibidem: 15).

11En términos amplios es posible afirmar que las grandes corporaciones transnacionales se han constituido en un poder que está por encima de los Estados nacionales, las cuales para garantizar la supremacía de sus intereses económicos han creado una estructura jurídica, un nuevo derecho corporativo avalado por los tratados de libre comercio y en la instauración de sus propios paneles de resolución de controversias, lo que se conoce como Soft Law (derecho blando), que desafía los marcos jurídicos existentes a nivel nacional e internacional para solucionar conflictos derivados del intercambio comercial, lo que reconfigura el actual pluralismo jurídico y crea nuevos espacios globales para resolver las diferencias.

12Esto implica que la ley y el derecho pueden ser utilizados por los Estados en forma consecutiva a favor del extractivismo desde una posición de neutralidad, hasta la represión y militarización de los territorios, aunque es indudable que puede haber variaciones dependiendo de la especificidad de los procesos sociales. Los conflictos socioambientales son expresión del descontento de las poblaciones afectadas, por lo que los Estados utilizan diferentes estrategias para favorecer las políticas extractivas. En este sentido, Claudia Composto y Mina Lorena Navarro (2014: 57-62), establecen una posible tipología de las diversas líneas de acción implementadas por los Estados y las empresas para contener la conflictividad social, donde la violencia (material o simbólica) puede ir creciendo según la situación, que catalogan de la siguiente manera: 1) el Estado promulga nuevas leyes y disposiciones para realizar las reformas que se requieren llevar a cabo en el contexto de la aplicación de las políticas neoliberales; 2) la promesa de que se va a lograr el “progreso” y el “desarrollo” es un incentivo para obtener el apoyo y reconocimiento de la población y construir una hegemonía en relación con los proyectos extractivos; 3) la estrategia de “cooptación y captura” implica otorgar beneficios materiales a través de políticas de redistribución que se materializan en programas sociales asistenciales, como aquellos que otorgan cierta cantidad de dinero a las personas mayores de 65 años. En algunos casos, las empresas mismas son las que realizan obras en beneficio de las comunidades, como pintar o construir edificios, con el fin de obtener el apoyo popular; 4) esta estrategia se dirige a controlar el cuerpo y las subjetividades, para que los dominados no se rebelen y acepten su situación como parte de un presente que resulta inevitable; 5) cuando no ha sido posible contener el descontento social, se criminaliza a los activistas y defensores de los derechos de los afectados, al considerar que constituyen una amenaza para el buen orden de la sociedad; 6) la violencia física se manifiesta en esta estrategia con la forma de la represión, a través del accionar de las fuerzas policiales contra los integrantes de los movimientos sociales; 7) en este caso, el uso excesivo de la violencia se manifiesta en tareas de militarización y contrainsurgencia que se llevan a cabo en los territorios donde se localizan los conflictos.

13Ante este escenario, “defender el territorio y la vida” se encuentra en el centro de los planteamientos de las organizaciones que se proponen resistir contra las políticas extractivas y los megaproyectos. Por ello, una de las particularidades de las luchas en América Latina contra el extractivismo ha sido emprender disputas en el ámbito jurídico, es decir, en casi todos los casos los pueblos y comunidades apelan a las instancias del derecho nacional o internacional para defender sus derechos consagrados tanto en las constituciones nacionales, como en declaraciones, convenciones y pactos inter-nacionales. Si bien ésta es una constante, no es así en cuanto a los resultados de sus querellas. Sobre este rubro, en el artículo de Carlos Casas y Claudia Mendoza se enfatizan los aspectos relacionados con las estrategias de resistencia y oposición para la defensa de los derechos indígenas, y las nuevas formas de organización campesina en la defensa del territorio, que los llevó a presentar un Juicio de Amparo para que se suspendiera la construcción de las obras hidroeléctricas. En algunos casos, como las luchas de los guaraníes en la región del Chaco, y los chimanes, yuracarés y moxeñas que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en Bolivia, documentada por Pabel Flores en su colaboración, o en el caso de los yaquis en el norteño estado de Sonora (México), estudiado por Magdalena Gómez, no han logrado detener el avance de los megaproyectos en sus territorios. En otros casos, como ocurre entre los pataxó de Brasil (Roberta Neri da Silva) ante las protestas en curso, los habitantes indígenas son reprimidos de diversas maneras por los agentes del Estado; mientras que en la región totonaca del estado de Veracruz (México), Victoria Chenaut muestra la judicialización de la protesta social, ya sea iniciando acciones contra los quejosos por la vía del derecho civil o del derecho penal. Un caso extremo es el de los mapuche de Chile, donde se observa un avance acelerado de la criminalización de la protesta social que los ha llevado a las cárceles por largos periodos y a debatirse entre la defensa de sus derechos humanos o de los derechos autonómicos de su pueblo de origen (Karinna González). Mientras que en el caso de la población kondh de la India, que analiza Annapurna Pandey, es posible apreciar por un lado la criminalización de los líderes del movimiento de resistencia contra la minería, y por otro algunos triunfos legales concediendo derechos a las mujeres. Por consiguiente, es posible lograr algunos triunfos por la vía judicial, como son los casos analizados por Laura Valladares entre los nahuas del municipio de Zacualpan en el estado de Colima y los ejidatarios de Chicomuselo en Chiapas, o de los mep’haa de Guerrero, analizado por María Teresa Sierra. Se trata de experiencias exitosas que se constituyen con sus particularidades y con altos costos sociales en una esperanza para detener la debacle ecológica y el asedio a las autonomías de los pueblos indígenas del continente.

14En el primer artículo, titulado “El despojo de los territorios indígenas y las resistencias al extractivismo minero en México”, Laura R. Valladares brinda un panorama general sobre la dimensión de las concesiones mineras otorgadas en México en la última década y discute el escenario del nuevo pluralismo jurídico en el cual los campesinos del ejido de Chicomuselo (Chiapas) y los nahuas del estado de Colima lograron detener las concesiones mineras que el gobierno federal otorgó a dos empresas. La primera fue a favor de la empresa Gabner S.A. de C.V. y la segunda en Chiapas a la canadiense Blackfire; en el texto se muestra el uso contrahegemónico del derecho estatal que realizan los pueblos y las embestidas jurídicas de las empresas contra ellos. Si bien se han constituido en éxitos al lograr la cancelación en la primera y el retiro de la segunda empresa, los costos sociales en términos de criminalización han sido altos y no han concluido porque esos territorios podrían ser nuevamente otorgados a otras empresas mineras. La autora señala que en ambos casos se gestaron procesos organizativos de resistencia vigorosos en donde se apeló al discurso de los derechos que como comunidades y pueblos tienen, lo que se tradujo en un reforzamiento de su identidad étnica y campesina.

15El contexto de las políticas neoliberales vigentes en India son el escenario analítico en el cual Annapurna Pandey, en su artículo “The Challenges of Neoliberal Policies and the Indigenous People’s Resistance Movement in Odisha, India”, realiza un recuento sobre la forma en que el gobierno las aplica en el estado de Odisha (India), destacando los impactos que el modelo de desarrollo extractivista tiene sobre los kondhs, pueblo indígena que habita en una región rica en minerales como la bauxita, donde están asentadas compañías multinacionales para su extracción. Afirma que la industrialización basada en la minería ha tenido un impacto negativo en la población indígena, motivando que tengan que desplazarse a otros asentamientos, que los hombres se empleen en las minas en las tareas peor pagadas, la pérdida de sus tierras y del acceso al bosque de donde obtienen los recursos para su sobrevivencia, lo que ha afectado su modo de vida. En forma particular, la autora destaca el impacto diferencial que esta situación tiene sobre hombres y mujeres, ya que ellas son responsables por proveer al hogar con los recursos que se obtienen del bosque, como el agua y la madera, pero con el crecimiento de las actividades mineras los recursos naturales se están reduciendo, al mismo tiempo que se incrementó la violencia contra ellas. La autora analiza dos casos de resistencia de la población indígena para defender sus derechos, sus hogares y su montaña, que consideran sagrada. Se destaca la existencia de una organización de mujeres indígenas que obtuvo algunos triunfos legales que favorecen sus derechos de género, y que ha centrado su resistencia en plantear los problemas que viven en la actualidad.

16Desde una óptica centrada en el comportamiento de una empresa extractiva, en su artículo titulado “Orden simulado: hidroeléctricas, territorio y deterioro socioambiental en poblaciones totonacas y nahuas de México”, Carlos Casas y Claudia Mendoza analizan las diferentes estrategias que lleva a cabo la empresa COMEXIDRO para desarrollar proyectos hidroeléctricos de generación de energía en dos regiones indígenas de México, la Sierra de Zongolica (Veracruz), con población indígena nahua, y la Sierra Norte de Puebla (Puebla), donde habitan indígenas nahuas y totonacas. Los autores detallan algunas de estas estrategias, que oscilan entre lo legal, lo ilegal, las políticas de beneficio social a los habitantes afectados, como las donaciones para eventos religiosos, promover rituales y danzas indígenas, pero también la violencia simbólica con la cual realizan sus actividades. Al mismo tiempo, se destacan los impactos ambientales y los que tienen lugar en el tejido social de los grupos afectados. De esta manera, caracterizan las prácticas de la empresa como un “orden simulado”, ya que detrás de las apariencias que presentan de legalidad y de legitimidad realizan sus proyectos extractivistas que vulneran los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, como el hecho de que no consultaron previamente a la población sobre la realización de estos proyectos de apropiación de los bienes comunes, de acuerdo con lo que plantea el Convenio 169 de la OIT.

17Por su parte, el artículo de Victoria Chenaut, “Impactos sociales y ambientales de la explotación de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz (México)”, pone el acento en destacar que las políticas neoliberales en el sector de hidrocarburos (petróleo y gas) afectan el medio ambiente y el tejido social de la población rural de este municipio, cercano a la Sierra Norte de Puebla, que se analiza en el artículo de Casas y Mendoza. Señala que estas políticas comenzaron a aplicarse desde fines de la década de los ochenta y culminaron con la Reforma Energética (2013), que consolida la implementación del modelo de desarrollo extractivista en el sector energético del país, favoreciendo la participación de los capitales privados nacionales y extranjeros en todas las ramas de la producción de hidrocarburos en México. Los cambios que están teniendo lugar en el sector energético en el país motivan que en el área de estudio –donde se convive con la cuestión petrolera desde las últimas décadas del siglo xix– entren en escena otros actores, las compañías privadas y diferentes tecnologías. De esta manera, se generan nuevas tensiones entre los campesinos y las empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos, algunas de las cuales se destacan en el artículo, así como las negociaciones y consideraciones de los habitantes sobre las relaciones con las empresas petroleras ante las afectaciones al medio ambiente, a la producción agrícola y a la salud por los derrames de hidrocarburos. Como consecuencia, se generan protestas y movilizaciones sociales, la judicialización de casos de protesta y la criminalización de algunos líderes, con el propósito de controlar la disidencia, lo que favorece a las políticas extractivas y la vulneración de derechos de los habitantes.

18La temática sobre el respeto de las normas vigentes en materia de derechos de los pueblos indígenas y su violación por el giro extractivista es abordada por Pabel Flores en su contribución “Defensa de territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia: derechos colectivos, neoextractivismo y autonomía”, en el que debate acerca de dos momentos que de acuerdo al autor– podrían denominarse como contrahegemónicos en Bolivia. Uno es relativo al histórico arribo de Evo Morales a la presidencia de la república enarbolando un nuevo gobierno de corte progresista, descolonial y antineoliberal, para dar paso a la refundación del Estado en clave comunitario, autonómico y plurinacional. Sin embargo, Flores afirma que en lugar de pluralizar el poder e incorporar en la toma de decisiones nacionales a los pueblos indígenas, se ha dado un giro centralizador, que contraviene la génesis del nuevo modelo societal. Esto se expresa en el giro extractivista que ha implementado el gobierno y que ha generado una reactivación de la lucha de comunidades, pueblos originarios y nacionalidades en defensa de sus territorios. De tal suerte que en esta fase se estaría conformando un nuevo movimiento contra-hegemónico, expresado en conflictos socioambientales y movimientos en defensa del territorio que dan cuenta de las recientes contradicciones que se viven en el novel Estado boliviano. Por ello, el autor afirma que estamos ante dos proyectos de matriz y orientación civilizatoria diferentes. Su argumentación se centra en destacar dos conflictos emblemáticos que se viven en este país, la construcción de la carretera en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro-Sécure) y la lucha de pueblo guaraní por la reconstitución de su territorio a través de la figura constitucional de autonomía político territorial, situación compleja porque allí operan actualmente los mayores campos de explotación de hidrocarburos, lo que se ha traducido en una suerte de ruptura entre algunos pueblos y nacionalidades indígenas.

19En su artículo “Derecho indígena al territorio y a la consulta: el caso yaqui en México”, Magdalena Gómez da cuenta de la larga y hasta hoy infructuosa lucha jurídica social del pueblo yaqui por defender su territorio y su autonomía; la autora inicia el recuento en el año 2006, cuando las autoridades yaquis interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición señalando la violación al reconocimiento de su territorio colectivo por parte del gobierno mexicano, al otorgar concesiones en su territorio para la construcción de proyectos de infraestructura, como es el caso de una autopista de peaje, cables eléctricos y comunicación, parques acuícolas para el cultivo de camarón, oleoductos, gasoductos y acueductos, todo ello sin ser consultados. El artículo está centrado en analizar el conflicto gestado a raíz de la construcción del acueducto Independencia y el alegato que se elevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sentencia dio la razón a los yaquis y ordenó la suspensión de la obra, hasta que se consultara a los miembros del pueblo yaqui y se repusiera el deficiente estudio de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar del triunfo en los varios amparos interpuestos por los yaquis, el gobierno del estado de Sonora respondió con la criminalización de la protesta social y el encarcelamiento de dos de sus líderes. Por ello, Gómez se pregunta cómo alcanzar la justiciabilidad de los derechos de los pueblos indígenas en contextos de intereses económicos, proyectos y concesiones que apelan a la idea de progreso mediante inversiones nacionales o extranjeras, provocando despojos en los territorios de los pueblos indígenas.

20A pesar de estos y otros muchos casos en donde se están haciendo prevalecer los intereses de las empresas, existen algunos pocos en donde la lucha jurídica ha sido exitosa para los pueblos. Tal es el caso analizado por María Teresa Sierra en su artículo “El pueblo me’phaa confronta el extractivismo minero. Ecología de saberes en la lucha jurídica”, en el cual da cuenta de las estrategias de defensa jurídica emprendida por el pueblo me’phaa localizado en la Montaña de Guerrero, en el sur occidente de México. Señala que la lucha jurídica combinada con una vigorosa movilización social se tradujo en una victoria muy significativa al lograr detener las concesiones de explotación minera que habían sido otorgadas por el gobierno federal en su territorio. Este caso es muy significativo no sólo para este pueblo indígena, sino para otros muchos que están luchando contra el extractivismo en el país. Especialmente, porque este triunfo muestra que la judicialización de los reclamos indígenas en defensa del territorio está obligando a considerar en los lenguajes jurídicos las cosmovisiones indígenas, las cuales confrontan la racionalidad occidental del derecho estatal. Desde una perspectiva de ecología de saberes y de los usos críticos del derecho, Sierra a partir de su experiencia de realizar el peritaje antropológico que se presentó en el Juicio de Amparo interpuesto por los me’phaa muestra las potencialidades del uso contrahegemónico del derecho y la apertura de una jueza que atendió el caso, al incorporar en su sentencia las dimensiones simbólica, mítica, sagrada y cultural del pueblo me’phaa alrededor de su territorio.

21El texto de Roberta Neri Da Silva, “De cima para baixo: a superposição de conceitos, territorios e normas”, plantea que existen diferentes perspectivas conceptuales y jurídicas sobre el territorio, entre la visión conservacionista que promueve el Estado brasileño y la de los diferentes pueblos indígenas que habitan en el país. Para ilustrar sobre este tema, la autora analiza el impacto de la creación del Parque Nacional Monte Pascual, en el estado de Bahía, donde los indígenas pataxó mantienen conflictos territoriales con los encargados de este parque. Afirma que la política de protección ambiental que promueve la legislación brasileña considera que el medio ambiente debe ser tocado lo menos posible por la mano del hombre, promoviendo la creación de los Parques Nacionales, utilizando un discurso universalista y que silencia las diferencias. De esta manera, se imponen restricciones de manejo ambiental que entran en conflicto con los pueblos indígenas que allí habitan, como las que derivan del hecho de que el territorio de los pataxó y el del Parque Nacional Monte Pascual se superponen en parte, lo que disminuye la capacidad de este pueblo indígena para decidir sobre su territorio. Se compara también esta experiencia con la del grupo pataxó que habita el área de preservación de la Reserva da Junqueira.

22Desde otra geografía latinoamericana, Karinna González Palominos, en su artículo intitulado “‘¡Liberar, liberar al mapuche por luchar!’. Activismo, derechos humanos y prisión política mapuche en Chile”, se centra en estudiar la forma en que se constituyen las subjetividades y agencias desde las cuales se trazan y resignifican los sentidos de lucha de los mapuche en contextos de la violencia estatal, a partir del trabajo etnográfico que realizó con los presos políticos mapuche. Se trata de líderes indígenas que fueron encarcelados luego de la aplicación de diversas legislaciones de excepción que se aplican en Chile, tales como la Ley Antiterrorista, la de Seguridad del Estado y la correspondiente a la Justicia Militar. La autora analiza, por un lado, el contexto en el que surge la prisión política y las formas de activismo de los presos y, por otro, el proceso en el cual los derechos humanos, sus lenguajes y prácticas, comenzaron a encarnarse en las acciones y experiencias cotidianas de los líderes encarcelados, evidenciando, al mismo tiempo, ciertas tensiones entre el activismo de derechos humanos y las trayectorias de lucha por los derechos colectivos que mantuvieron los activistas en su etapa previa al ingreso a la prisión.

Sección @cetera

23Es esta ocasión, la sección @cetera esta constituida por un ensayo y tres reseñas de libros; el primero es una contribución de Buddhadeb Chaudhuri y Chandreyee Roy titulado “Regeneration of Forest Resources Based Tribal Enterprise: An Approach towards the Eco-Friendly Environment”. El texto está dedicado a dar cuenta de la práctica tradicional de la recolección de hojas y productos del bosque entre los pueblos indígenas santhal y ho ubicados al este de la India. El autor plantea la relevancia que para ellos tiene el ingreso económico que les proporciona el confeccionar platos y cuencos con las hojas de un árbol (Sal, nombre científico Shorea Robusta), bajo el cual se dice que Buddha nació y alcanzó la iluminación. Estas hojas son secadas, cosidas y convertidas en una artesanía que se distribuye en ciudades de la India y en otros países, que se usan para servir comida en templos, hoteles y en diversas ceremonias. Se destaca que el conocimiento indígena tradicional permite producir estos objetos que son amigables con el medio ambiente, libres de químicos y biodegradables. Los autores plantean que ante el incremento de la industrialización, del proceso de urbanización y de la deforestación de los bosques, las políticas públicas deberían promover esta producción artesanal que es importante por su valor cultural, por los beneficios económicos que aporta a los pueblos indígenas y para evitar la deforestación.

24El libro intitulado Misioneros y organizaciones campesinas en el río Atrato, Chocó, de Alejandra Gutiérrez y Eduardo Restrepo, publicado en 2017 (Quibdó-Medellín Colombia: Uniclaretiana, 224 páginas), es reseñado por Catalina Zapata, quien destaca la relevancia del proceso organizativo de los campesinos negros del Pacífico colombiano que tuvo lugar desde los años ochenta. Esta organización se debió a diversos factores, entre ellos las presiones que ejercían en la región las multinacionales madereras, que los llevó a plantear la defensa de su territorio y de sus diferencias étnicas. Otro factor fue la presencia en la zona de equipos religiosos misioneros comprometidos con las luchas campesinas. En el contexto de la situación jurídica y política de Colombia en las décadas de los ochenta y noventa se produjo un proceso de etnización de la negritud que motivó el reconocimiento legal de los derechos colectivos de las comunidades negras en el país.

25Cecilia MacDowell Santos escribe una reseña del libro de R. Aída Hernández Castillo titulado Multiple Injustices: Indigenous Women, Law and Political Struggle in Latin America (Tucson: The University of Arizona Press, 2017, 330 pp.). En los cinco capítulos que conforman este libro, Hernández Castillo desgrana su perspectiva teórica de feminista decolonial trabajando en contextos de pluralismo jurídico sobre derechos de las mujeres indígenas, pero también analiza la metodología activista de investigación que aplicó como antropóloga comprometida con los derechos y la justicia en México, así como en Guatemala y Colombia. A lo largo del libro, que condensa su experiencia de investigación de 25 años, la autora analiza tanto formas individuales de opresión y violencia, como las luchas de las mujeres indígenas organizadas y las formas de violencia estructural que viven. El libro culmina con un capítulo donde plantea que el tránsito del “Estado multicultural” al “Estado penal” en México, como consecuencia de las políticas neoliberales de la última década, ha incrementado la criminalización de los movimientos sociales.

26La reseña elaborada por Carmen Ventura se refiere al libro colectivo, coordinado por Santiago Bastos y María Teresa Sierra, titulado Pueblos indígenas y Estado en México. La disputa por la justicia y los derechos (México: CIESAS, 2017, 367 páginas). El texto está conformado por once capítulos cuyo objetivo fue analizar la compleja relación que en la actualidad se establece entre el Estado y los pueblos indígenas en México. Se trata de una obra estructurada en tres ejes que nos dan cuenta sobre la forma en que los pueblos indígenas utilizan diferentes estrategias de movilización y de usos del Derecho para defender sus derechos colectivos al territorio y su derecho a la vida, reforzando así sus identidades étnicas. Los vigorosos procesos de resistencia que analizan los autores responden al predominio de las políticas neoliberales en México que mantienen a los pueblos indígenas acosados por los grandes capitales nacionales y transnacionales, que se apropian de sus recursos naturales y su territorio con fines de promover megaproyectos y políticas extractivas.

27Esperamos que la propuesta temática de este dossier contribuya a hacer visible la problemática que están viviendo los pueblos indígenas en la actualidad y constituya un incentivo más para profundizar investigaciones sobre este importante tema de las ciencias sociales. Asimismo, agradecemos a la revista e-cadernos CES por proporcionarnos este espacio, a su equipo editorial por su paciencia y profesionalismo, a los autores que amablemente respondieron a nuestros comentarios e inquietudes, y a Valentina Gatti por la corrección de estilo de los textos en español.

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Bibliografia

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Notas

1 De acuerdo con Falero (2015), los enclaves podrían ser caracterizados como territorios en los que se habilitan condiciones económicas especiales en relación al resto del Estado-nación, que se ubican para el desarrollo de actividades económicas de diverso tipo por parte de transnacionales en forma directa o indirecta. Una segunda característica es que se sostiene el carácter intrínseco, estructural y recurrente de la polarización entre regiones centrales de acumulación y regiones periféricas y la transferencia de excedentes de las segundas a las primeras. Asimismo, implica pensar en situaciones donde los Estados-nación admiten que allí determinadas legislaciones, particularmente económicas, están “suspendidas”, pues se trata de territorios “aislados” o separados en relación con la trama social en las que están insertos. Cuando ello ocurre, la conexión económica que se genera es principalmente con intereses económicos externos y débilmente con la economía “nacional”.

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Para citar este artigo

Referência eletrónica

Victoria Chenaut e Laura Valladares de la Cruz, « Introducción », e-cadernos ces [Online], 28 | 2017, colocado online no dia 15 dezembro 2017, consultado a 13 novembro 2018. URL : http://journals.openedition.org/eces/2267

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Autores/as

Victoria Chenaut

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)/LMI-Meso
Avenida Encanto Esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, 91170 Xalapa, Veracruz, México
vchenaut@ciesas.edu.mx

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Laura Valladares de la Cruz

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
Av. San Rafael Atlixco, Colonia Vicentina, Delegación Iztapalapa, 09340 Ciudad de México, México
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