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El despojo de los territorios indígenas y las resistencias al extractivismo minero en México

The Dispossession of Indigenous Territories and the Resistance to Mining Extractivism in Mexico
Laura Valladares de la Cruz

Resumos

En este artículo presento un panorama acerca de la situación que guardan los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la constitución mexicana, en el marco del giro extractivista que ha impulsado el Estado mexicano en las últimas dos décadas. Observaré algunas de las concesiones mineras en zonas indígenas para mostrar la envergadura del despojo territorial, así como las estrategias jurídicas que los pueblos indígenas están desplegando para defender sus derechos colectivos. La tesis central es que se ha creado un pluralismo jurídico de nuevo cuño, en el cual el Derecho de las corporaciones transnacionales, junto con las reformas en materia minera en México, han desvanecido las conquistas de los pueblos indígenas.

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Notas da redação

Revisado por Valentina Gatti

Recibido: 04.07.2017
Aceptación comunicada: 27.02.2018

Texto integral

1. Los rostros del despojo

1A lo largo de las tres últimas décadas se han registrado cambios de enorme envergadura en México que muestran grandes paradojas, así como discursos y contra discursos con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Esta ha sido una de las características en la relación de los pueblos indígenas y el Estado mexicano a lo largo de la historia republicana (Valladares de la Cruz, 2015). De esta relación compleja me interesa concentrarme en los conflictos que libran los pueblos indígenas con el Estado y con las grandes corporaciones mineras en defensa de su autonomía y sus territorios.

2El despojo de los territorios indígenas forma parte de un modelo económico nacional orientado a la explotación de los recursos naturales que resguardan, lo que ha estimulado el arribo de inversiones extranjeras en el campo energético, petrolero y minero, principalmente. En el caso de la minería, el otorgamiento de los recursos del subsuelo, propiedad del Estado, es a través de concesiones, que pueden ser en la modalidad de exploración o explotación a favor de empresas nacionales y extranjeras. Han sido las corporaciones canadienses las más interesadas y favorecidas, pues poseen 77% del total de las concesiones otorgadas a inversionistas extranjeros. Sin embargo, existen vastos estudios que muestran que hay una constante en torno a las explotaciones mineras: provocan reiteradas violaciones a los derechos de los pueblos pues vulneran su autonomía y, por lo general, violentan el derecho a la consulta reconocida en el Plan de Desarrollo Nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, signado por México desde 1989, dejando como corolario grandes daños al patrimonio socio-ambiental de los pueblos y del país en su conjunto. Por ello, el respeto a la autonomía, al territorio, al medio ambiente sano y el derecho a la consulta previa, libre e informada y culturalmente pertinente son derechos que alegan los pueblos en las disputas jurídicas para detener el avance de megaproyectos.

3Se trata de disputas que podemos denominar como luchas territoriales, pues como intentaré ejemplificar a través de dos conflictos mineros, independientemente de la forma en que se establece la relación entre pueblos indígenas y campesinos con las empresas, se generan conflictos de gran envergadura que se expresan tanto en una intensa movilización social como por la vía jurídica. El primer caso se refiere a la lucha de los indígenas nahuas del municipio de Zacualpan, localizado en el estado de Colima, quienes emprendieron la defensa de su territorio en los tribunales agrarios para detener una concesión para explotar oro y plata en su territorio. El segundo se refiere a la lucha de los ejidatarios del municipio de Chicomuselo, Chiapas, quienes al firmar un convenio con la empresa canadiense Blackfire y ante el incumplimiento de los términos del convenio por parte de la empresa, se desató una vigorosa lucha social y jurídica, sustentada en una fuerte concientización sobre los impactos negativos de la minería.

4No está de más recordar que el modelo neoliberal implementado en las décadas de 1980 y 1990 se tradujo en dos procesos simultáneos y contradictorios entre sí. Por un lado, se puso en marcha una política multiculturalista que reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Valladares de la Cruz, 2008), pero de manera paralela, en 1992, se aprobó una contra reforma agraria, que modificó el artículo 27 constitucional, relativo a los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas. Con dicha reforma se abrió la puerta a la privatización de las tierras colectivas y la posibilidad de liberalizarlas para su venta y/o establecer convenios y contratos con particulares o empresas (Gómez, 2014).

5Con un sentido privatizador y de apertura de la tierra al mercado se sucedieron una serie de reformas constitucionales y una política pública para atraer inversiones extranjeras entregando cuantiosas extensiones de tierras en concesión, fueran tierras indígenas o federales, inclusive se han otorgado concesiones en zonas de reservas naturales o de la biósfera. De esta manera, en un lapso de 23 años el gobierno mexicano ha entregado 25% del territorio nacional a empresas mineras, por prácticamente nada a cambio. De acuerdo con datos oficiales, entre 1988 y 2016 se han concesionado 100 millones de ha para esta actividad (véase gráfica 1). En cuanto al origen de los inversionistas, 70% son compañías extranjeras y 30% corresponde a empresarios mexicanos asociados en muchos casos con alguna transnacional.

6El boom de inversiones extranjeras se debe a que, a diferencia de otros países, México ofrece un entorno fiscal sumamente favorable, en el cual las empresas sólo han tenido la obligación de pagar una cantidad ínfima equivalente a 0,31 dólares (treinta y un centavos de dólar) por hectárea concesionada.

Gráfica 1 – Concesiones de exploración y explotación minera, por periodo presidencial 1988-2016

Fuente: CDPI. Estudio sobre la minería en México (2013: 10)

7Resulta paradójico que, de manera paralela a la aprobación de las reformas en materia energética, se pusiera en marcha un modelo multicultural y un discurso democratizador, basado en la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora bien, la política multiculturalista implicó varios cambios que iniciaron con una reforma al artículo 4º de la Constitución en 1992, que reconoció a la nación mexicana como pluricultural. La segunda reforma constitucional en materia indígena se llevó a cabo en 2001, y modificó el artículo 2º constitucional para dar vida a una Ley Indígena, en la cual se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, expresada en el derecho a la autonomía en el marco del Estado nacional mexicano. A partir de ésta se inició un importante proceso de reformas a las constituciones de casi todas las entidades federativas de México. Se realizaron reformas a diferentes instituciones gubernamentales en materia de justicia, derechos humanos, salud, educación y electoral, principalmente (Valladares de la Cruz, 2008). La tercera reforma constitucional relevante fue la realizada en 2011 al artículo 1.º constitucional, que estableció como eje rector el principio pro-persona y una perspectiva garantista de los derechos humanos. Se reconoció la constitucionalización de la legislación internacional en materia de derechos humanos, con lo que se fortaleció el reconocimiento de los derechos indígenas asentados en el artículo segundo, y son el marco jurídico al cual apelan los pueblos indígenas frente a las empresas mineras que han obtenido concesiones en sus territorios.

8Esta política multiculturalista no fue una dádiva democrática sino que estuvo precedida de una amplia movilización indígena que se extendió por casi todo el país y que vivió un momento culminante con el levantamiento zapatista en el sureño estado de Chiapas el 1 de enero de 1994. Este proceso logró articular a un número importante de organizaciones, comunidades y autoridades indígenas, así como a diversas organizaciones sociales comprometidas con la autonomía indígena, además de impulsar la necesaria democratización del país.

9Ahora bien, de acuerdo al estudio realizado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPI, 2013), la explotación minera en territorio nacional se ha realizado indistintamente en tierras de campesinos mestizos e indígenas, pero es en estas últimas donde se ha expresado una fuerte tensión social entre las comunidades, las empresas y los gobiernos. Como una expresión de la presencia de las explotaciones mineras, el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) documentó la existencia de 37 conflictos en México para el año 2015, mientras que un estudio de la geógrafa Sol Pérez Jiménez (2014) documenta la existencia de por lo menos 113 conflictos en el territorio nacional, de los cuales 28 involucran a pueblos indígenas.

10De acuerdo con las investigaciones realizadas por Eckart Boege (2010 y 2013), existen concesiones mineras en por lo menos 37 de los 62 pueblos indígenas que existen en el país. Algunas de ellas, sean de exploración o explotación, abarcan gran parte o casi la totalidad de sus territorios, este es el caso por ejemplo de pueblos indígenas que tienen demografías reducidas. Incluso algunos de esos pueblos están en peligro de extinción (INALI, 2012) (Cuadro 1). Sin embargo, a pesar de su reducida demografía, casos como el de los cucapá y los guarijíos han encabezado movimientos importantes en defensa de sus territorios ancestrales.

Cuadro 1 –Territorios de micro etnias concesionados a empresas mineras

Pueblo indígena

Población

Territorio

ha

Territorio concesionado

en ha

% concesionado

Cucapás

328

153 688

62 214

40

Kiliwas

107

27 557

23 479

85

Paí pai

418

68 326

66 360

97

Kikapoo

251

7 040

4 598

65

Pimas

1540

53 767

27 349

50

Guarijíos

2 844

83 014

27 699

33

Fuente: Eckart Boege (2010). Datos demográficos CDI, 2017.

11En cuanto a los territorios indígenas más golpeados en términos de la extensión de las concesiones otorgadas están los pueblos zapoteco, mixteco, cora y tepehuano (Cuadro 2).

Cuadro 2 – Pueblos indígenas con mayores extensiones territoriales concesionadas

Pueblo indígena

Población

Territorio

ha

Territorio concesionado

ha

%

concesionado

Zapoteco

777 253

1 775 199

280 272

16

Mixteco

24 390

1 702 341

92 538

50

Coras

37 548

367 047

121 028

33

Tepehuanos

37 548

1 182 536

272 536

23

Fuente: Eckart Boege (2010); CDPI: 113-114. Datos demográficos CDI, 2017.

  • 1 La Nueva Ley Minera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de junio de 199 (...)

12Entre los años 2000-2012, de los 28 millones de hectáreas identificadas como el núcleo duro de los territorios indígenas se concesionaron alrededor de 2 173 141 ha, principalmente para la minería metálica, lo que se traduce en que en los últimos años los indígenas han perdido la jurisdicción de 17% de su territorio tan sólo por concesiones mineras y frecuentemente las comunidades ni siquiera se han enterado (Boege, 2013). De acuerdo con las pesquisas de este antropólogo, la mayoría de las concesiones en el territorio nacional fueron otorgadas al amparo de una nueva ley minera aprobada en 1992, durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la cual fue reformada en el año 2014.1 Tan sólo durante los años que van del 2000 al 2012 se entregaron 2 814 concesiones para explotar oro, 71 de plata y 25 de cobre. Sin duda, el proceso de despojo de los territorios indígenas ha avanzado de forma vertiginosa como consecuencia del auge minero y el escenario fue preparado desde la década de 1990 con la política neoliberal en boga, como veremos enseguida.

2. La urdimbre del despojo territorial

13Una de las aristas centrales para entender la forma en que las grandes corporaciones se han convertido en dueñas del destino del planeta son las reconfiguraciones de los Estados que sostienen este modelo económico de desposesión de los bienes comunes (Harvey, 2004). De igual importancia es tener en cuenta cómo las grandes corporaciones transnacionales han creado una estructura jurídica, un nuevo derecho corporativo avalado por los tratados de libre comercio, con lo que se encuentran prácticamente por encima del derecho nacional e incluso del sistema internacional de derechos humanos, generando a su paso lo que se ha denominado como “las nuevas víctimas del desarrollo” (Herreño Hernández, 2015).

14En cuanto a los Estados nacionales, estamos viviendo un retorno a modelos de Estados intolerantes y represores. Esta condición se ha traducido en el encogimiento de las soberanías nacionales en aras de garantizar los intereses de las grandes corporaciones internacionales; ahora el Estado tiene un nuevo rostro: es un Estado de control en términos de Wacquant (2009) y de la seguridización como política pública (Gledhill, 2014). Para Giorgio Agamben (2016), vivimos en un Estado de emergencia que se inscribe en un proceso que está haciendo evolucionar las democracias occidentales a Estados de seguridad, en donde las “razones de seguridad” han tomado el lugar de aquello que se llamaba, en otro tiempo, la “razón de Estado”. En el Estado de seguridad, este esquema se invierte: el Estado se funda duraderamente en el miedo y debe, a toda costa, mantenerlo, pues extrae de él su función esencial y su legitimidad. En este mismo sentido se ha calificado también a los “Estados como fallidos” caracterizados por una “desviación del poder”, noción que alude a la forma de actuación de los Estados en relación con las violaciones graves de derechos humanos, especialmente después de la celebración de múltiples tratados de libre comercio y reformas constitucionales, cuyas repercusiones impactan no sólo en el ámbito del poder ejecutivo, sino en el orden de los poderes legislativo y judicial, así como en diversas dimensiones de la sociedad. Así, parecería que el rol del Estado es mantener el orden económico y disuadir a los críticos en esta fase del capitalismo para garantizar su reproducción (TPP, 2014).

15Si consideramos cómo el Estado mexicano se ha ido fundiendo con los intereses de las grandes corporaciones, podríamos hablar tanto de un Estado empresarial como de seguridad, cuyo rol político fundamental ha sido el de garantizar el tránsito al modelo económico neoliberal extractivista, aspecto que nos lleva a observar la forma en que se prepararon las condiciones para el auge minero, por lo que considero que es relevante presentar algunos datos sintéticos acerca de la política estatal hacia el sector minero que se construyó durante el medio siglo previo (1920-1970) al giro neoliberal, lo que dará cuenta de la envergadura de los cambios registrados.

2.1. Hacia la nacionalización del sector minero 1920-1970

16Inicio este recuento en el año de 1926, cuando se emitió una nueva Ley minera cuyo objetivo era reducir la presencia de empresas extranjeras que poseían 98% de las minas en producción. Se impusieron depósitos elevados de garantías para el otorgamiento de concesiones y se reiteró el dominio de la nación sobre el subsuelo. Un momento significativo tuvo lugar durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), cuya política económica estuvo también dirigida a menguar el predominio del capital foráneo en el sector minero, vía la imposición de tasas impositivas elevadas tanto para la producción como para la exportación de minerales. Se dio vida también a la Comisión de Fomento Minero y a la par se impulsaron cooperativas mineras de producción y consumo. Se introdujo una concepción de “reservas minerales nacionales”, acciones que fortalecieron la autoridad política del gobierno cardenista (CDPI, 2015).

17Otro de los hitos importantes fue la emisión en el año de 1960 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de explotación y aprovechamiento de recursos minerales, conocida como “ley de mexicanización de la minería” que normó que en todas las inversiones mineras 51% del capital debería de ser nacional. Entre los estímulos para el logro de este objetivo se normó que las concesiones serían por 25 años y sólo serían prorrogables por un periodo igual para los inversionistas mexicanos.

2.2. Neoliberalismo: de la nacionalización a la transnacionalización de las inversiones mineras

18Desde el año de 1982 se iniciaba la reorientación de la economía, siguiendo los parámetros de ajuste estructural emanados del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con lo que se procedió a la desregulación del sector paraestatal y la liberalización financiera. Se hicieron recortes al gasto público, así como un programa de modernización que implicaba la privatización de la participación estatal en el sector. En 1986 se eliminaron los impuestos a la exportación y se redujeron las cargas tributarias, tanto a la producción minera como a sus activos fijos. Puestas estas nuevas condiciones, entre los años de 1988 y 1996 se consolidó la nacionalización de la inversión, con el concomitante proceso de centralización en manos de las grandes compañías mineras, que llevaron a la privatización de las reservas mineras que ascendían en el año de 1988 a 6.6 millones de hectáreas. De esta forma, rápidamente 98% de las reservas federales pasaron a manos de inversionistas mexicanos.

19Durante la siguiente década inicia otro giro relevante, ahora dirigido a la desnacionalización del sector minero. En este proceso fue fundamental la firma del primer Tratado de Libre Comercio signado entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN), que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Este acuerdo implicó la libre circulación de mercancías exentas de aranceles y la posibilidad de que los inversionistas extranjeros tuvieran 100% de capital invertido en una empresa. Para el año 2010 se había invertido la composición del capital en el sector, ahora 70% estaba en manos extranjeras y 30% en manos de capital nacional. Y para el año 2013 se tenía un registro de 857 proyectos mineros, entre exploración y explotación distribuidos en 16 estados de la república.

20Esta política continuará extendiéndose, pues en el Programa de Desarrollo Minero (PDM) 2012-2018 se declaró a la minería como una actividad estratégica para el desarrollo nacional. Por su parte, la Ley Minera vigente declara en su artículo sexto a la minería como una actividad de utilidad pública, es decir, preferente a cualquier otra actividad y libre de contribuciones estatales o municipales (López Bárcenas y Eslava Garcia, 2013: 17). A la letra dice:

La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades. (ibidem)

21La importancia de esta disposición se encuentra en su relación con el párrafo segundo del artículo 27 constitucional, donde se determina que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. Al declarar de utilidad pública las actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales se permite la expropiación a los dueños de las tierras donde se encuentren dichos minerales, si se considerara que esa medida es necesaria para que la actividad minera se lleve a cabo (López Bárcenas y Eslava Garcia, 2013: 18).

22Con un régimen fiscal favorecedor y vastos recursos por explotar, las inversiones extranjeras se incrementaron sobre las tierras con alto potencial minero, lo que se tradujo en que las inversiones totales pasaron de 250 millones de dólares en el año 2002 a 8 000 millones de dólares en el año 2013. Y en el caso de existir algún conflicto que afectara sus intereses, las corporaciones cuentan con paneles supra nacionales para la resolución de conflictos, tal es el caso del Centro Internacional de Arreglos y Disputas relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.2

  • 3 Véase Ley Federal de Derechos (2016), especialmente las páginas 208 a 212 relativas a la industria (...)
  • 4 De acuerdo con el Informe de 2015 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esti (...)

23Este escenario no fue construido sin tensiones y conflictos, pues se han realizado grandes protestas y denuncias en contra del gobierno federal por poner en riesgo la soberanía nacional y los recursos del país. La respuesta del gobierno fue a través de una reforma fiscal, aprobada en 2013, que elevó las tasas impositivas para las empresas mineras, tasando con un impuesto de 7,5% a las utilidades netas (artículo 268) y un 0,5% sobre las ventas de oro, plata y platino (artículo 270) y elevó conservadoramente el impuesto por hectárea concesionada en un rango que va de los 0,36 y hasta 8,2 dólares por cada bienio de la vigencia de sus concesiones (artículo 269).3 En este mismo tenor quedó estipulado en la Ley Federal de Derechos, reformada en septiembre de 2016, en su artículo 271, que se asignarían los recursos obtenidos al recién creado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. De acuerdo con la ley, los ingresos obtenidos con los nuevos impuestos deberán de ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo. Sin embargo, los empresarios se rehúsan a pagar los nuevos impuestos y se han amparado contra las nuevas normas fiscales (CDPI, 2013).4

24Sin embargo, a pesar del éxito logrado para atraer inversiones multimillonarias, del mismo modo son múltiples las denuncias de los atropellos y violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas en donde se han instalado o pretenden instalarse las compañías mineras. En este escenario, el Estado se ha constituido como el principal violador de los derechos de los pueblos y de los habitantes de las regiones en donde la minería se instala, pues lejos de detener los abusos, en la mayoría de los conflictos es omiso frente a los reclamos.

3. En la banca de los acusados: la desviación del poder y su impacto demoledor sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas

25Los pueblos indígenas enfrentan grandes enemigos: por un lado, al Estado cuya política económica se ha fundido con los intereses de las grandes corporaciones mineras. Por otro, se enfrentan también al poder de las grandes corporaciones mineras, que cuentan con un importante blindaje jurídico, lo que se traduce en que sea una lucha entre desiguales, difícil de ganar para los pueblos.

26Esta situación recorre toda América Latina y existe una gran cantidad de información que da cuenta de los impactos sociales, culturales, de salud y ecológicos del giro extractivista. Baste señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido entre los años 2000 y 2016, 17 informes de fondo señalando al Estado mexicano por violaciones a diversos instrumentos interamericanos.

27Sobre el caso específico de las empresas y la violación de los derechos de los pueblos indígenas la CIDH, encargó en 2008 al Representante Especial de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos John Ruggie, un informe sobre el impacto de estas empresas; los resultados arrojados señalaron que la extracción minera es el sector industrial que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos, con 28% del total de las recibidas (ONU, 2016).

  • 5 El Grupo de Trabajo fue conformado en 2010 por un grupo de ocho organizaciones no gubernamentales. (...)
  • 6 Sobre las obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Soc (...)

28Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina elaboró un informe sobre el impacto de la minería canadiense y el rol que el gobierno de Canadá tiene respecto de las violaciones de derechos humanos provocados. Se realizaron estudios sobre 22 proyectos mineros y se pudo determinar las tendencias del impacto de esas actividades y la existencia de un patrón en las violaciones de derechos humanos, las condiciones en los países receptores de la inversión mineras y la forma en que las políticas de Canadá favorecen tales violaciones.5 Una recomendación importante de la CIDH (2015) fue incorporar en sus informes las responsabilidades extraterritoriales de los Estados de origen de las empresas extractivas,6 así como procesar rápidamente las peticiones y casos relacionados con la violación de derechos humanos en vista de la urgencia y gravedad del panorama. Se recomendó al Estado de Canadá implementar medidas que garanticen que las empresas que realizan actividades en América Latina lo hagan de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que están sujetos tanto los países anfitriones como el propio Estado de Canadá (CIDH, 2015).

29Un año después, la CIDH hizo público el documento (45/15) Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. En este informe se reconoce que con la multiplicación de proyectos extractivistas los derechos humanos se ven impactados, incluyendo los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, a la consulta, el consentimiento y a la identidad cultural, a la información y a la participación, entre otros. Partiendo de estos datos, la CIDH emitió 28 recomendaciones recordando a los Estados su papel como garantes de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes (ibidem).

30Por su parte, la ONU recibió el Informe del Grupo de Trabajo de derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, acerca de su misión en México, cuyo objetivo fue evaluar los esfuerzos realizados para prevenir y hacer frente a las consecuencias negativas de las actividades empresariales para los derechos humanos, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que implican la puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”. Sus conclusiones no fueron diferentes a los informes que ya se acumulan sin lograr que se atienda la preocupante y reiterada situación de violación de derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2016: 4).

31En este sendero fue muy significativo el trabajo realizado por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en su misión del Capítulo México, que sin el lenguaje propio de los foros de las Naciones Unidas o la OEA, dio cuenta de la terrible situación de violencia estructural que se vive en el país. En su Sentencia “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México”, después del largo y complejo proceso que duró tres años, afirmó la innegable responsabilidad del aparato estatal mexicano, su colusión en todos los intereses del capital transnacional con las políticas de los Estados Unidos de América e incluso con el funcionamiento e intereses de numerosas organizaciones criminales, en lo que fue caracterizado por la fiscalía como un proceso de “desvío de poder”, distinguido por una transformación del aparato estatal que, a la vez que refuerza, terceriza y actualiza una tremenda capacidad punitiva, abandona definitivamente toda preocupación por el bienestar de la población y utiliza el poder público para la consecución de intereses particulares, violentando en dicho proceso todas y cada una de las conquistas históricas de los pueblos en su larga lucha (TPP, 2014: 33).

32A pesar de las recomendaciones, poco han cambiado las prácticas de las empresas mineras y poco han realizado los gobiernos para evitar la violación de derechos. Sobre esta situación, en un texto recientemente publicado por Bengoa (2017), en un tono por demás desalentador señala las limitaciones y el poco impacto que tienen las recomendaciones de la CIDH, en tanto que carecen de un carácter vinculante. Además de la saturación de casos que atender y la poca voluntad de los países receptores, las empresas y el gobierno canadiense para detener los efectos negativos, del giro extractivo que recorre toda América Latina.

33En este escenario por demás adverso para los pueblos indígenas es casi natural que se presenten movimientos de pueblos y comunidades indígenas para defender sus derechos colectivos, como veremos enseguida.

4. Las tramas de la resistencia frente al despojo territorial del extractivismo minero

  • 7 El Derecho Corporativo no está regulado por los Estados y tiene su origen legal en la firma de trat (...)

34Las disputas por los derechos territoriales de los pueblos indígenas se desarrolla en un escenario signado por el nuevo pluralismo jurídico, caracterizado por el derecho construido desde arriba, el de las grandes corporaciones transnacionales, que basado en el principio de la Lex mercatoria, garantiza sus intereses económicos.7 Un segundo corpus es el denominado cosmopolitismo de la doctrina de los derechos humanos, que si bien no siempre es vinculatorio sí representa obligaciones éticas y morales que deben cumplir los Estados y las empresas para respetar los derechos humanos de las poblaciones que se ven afectadas por los megaproyectos de desarrollo. Una tercera expresión del pluralismo es el corpus del derecho del Estado mexicano, que como hemos ya señalado, por un lado reconoce derechos colectivos a los pueblos indígenas y, por otro, legisla vulnerándolos. Una cuarta dimensión del pluralismo jurídico es el del derecho indígena, construido históricamente por los pueblos indígenas, desde abajo, y que ha sido reconocido constitucionalmente. Dicho reconocimiento parecía apuntar hacia la creación de un nuevo pluralismo jurídico, en donde el derecho a la autodeterminación en los territorios indígenas parecía estar garantizado, pero el giro extractivista apunta en sentido contrario.

35El nuevo pluralismo tiene múltiples claro obscuros, pues por lo general el derecho indígena está subordinado al derecho nacional y al corporativo, situación que se expresa claramente en las disputas jurídicas que emprenden los pueblos indígenas en contra de las concesiones mineras otorgadas en sus territorios. Los datos muestran que los conflictos mineros que se desarrollan en todo el país se han judicializado, es decir, se apela a distintas esferas del poder judicial en búsqueda de resoluciones, y en la exigencia de justicia apegada a derecho. Una constante para resolver los conflictos entre pueblos indígenas-empresas y Estado es que se dirimen ya sea apelando a las instancias del derecho nacional, como serían los juzgados agrarios, o los juzgados de distrito o bien ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otros casos, las querellas son llevadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a las Naciones Unidas. De la misma manera, pero con intereses contrarios a los de los pueblos indígenas, las empresas acuden a instancias nacionales o a los paneles internacionales cuando sus intereses económicos se ponen en riego ante la resistencia y oposición de los pueblos. En este entramado de derechos, coincido con Magdalena Gómez (2014) cuando afirma que en el caso de los proyectos extractivistas podemos hablar de un duopolio empresas-Estado que, haciendo prevalecer sus intereses político-económicos, violentan los derechos reconocidos de los pueblos indígenas.

36Retomaré sintéticamente dos casos que no ayudarán a dar cuenta de las estrategias de defensa que tanto los pueblos indígenas como las comunidades campesinas están desplegando en defensa de sus territorios. El primer caso es el de los indígenas nahuas de la comunidad de Zacualpan, localizada en el estado de Colima, quienes libraron una dura batalla contra las autoridades agrarias estatales que se negaban a reconocer sus acuerdos comunitarios de declararse como comunidad agraria indígena libre de minería. En esta lucha la pertenencia étnica se fue conformando como el articulador fundamental para detener con éxito la explotación de su territorio. El segundo caso es el de un ejido campesino, localizado en el municipio de Chicomuselo, en el estado de Chiapas (México), en donde podremos constar claramente la confrontación de derechos tanto para permitir las actividades de la minera canadiense Blackfire, como la oposición política y jurídica de los campesinos, quienes recurrieron a varias instancias de procuración de justicia para liberar su territorio comunitario de la minería.

4.1. El conflicto minero en Zacualpan

37En la pequeña comunidad nahua de Zacualpan, localizada en el municipio de Comala, en el estado de Colima,8 cuyas tierras comunales forman parte del territorio conocido como la Selva Baja de Zacualpan. Habitan allí alrededor 1 700 indígenas que viven de la agricultura y la ganadería. Los comuneros emprendieron una férrea lucha en contra de la explotación de los yacimientos de oro y plata existentes en su territorio; el conflicto se remonta al mes de agosto de 2013, cuando se enteraron de la existencia de una concesión a favor de la empresa Gabner SA de CV, propiedad del empresario Rigoberto Verduzco (concesión 201872).9

38La mina se localizaría a sólo un kilómetro y medio del manantial de Zacualpan, lugar en el que, por cierto, en el año de 1997 se construyó una planta de bombeo que a través de un acueducto surte de agua a aproximadamente 300 mil personas de la zona conurbada de la ciudad de Colima y a Villa de Álvarez. De esta forma, las actividades de la mina afectarían no sólo las tierras y aguas de la comunidad indígena, sino a los beneficiaros citadinos, por lo que la lucha contra la minera era también una lucha en defensa del agua.

  • 10 Considerado por la población como un cacique quien no sólo se había beneficiado personalmente de su (...)

39La disputa se emprendió por la vía agraria contra la delegación colimense de la Procuraduría Agraria, cuya delegada, en acuerdo con el Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan,10 pretendía convencer a los campesinos de aceptar la explotación minera, haciendo caso omiso de las varias Asambleas en donde los comuneros había expresado su oposición a ceder sus tierras.

  • 11 La REMA es un movimiento social muy significativo en México porque articula a un importante número (...)

40El conflicto fue remontando en los meses subsiguientes transformando la cotidianidad de la comunidad hasta constituirse en un movimiento vigoroso que no sólo detuvo la explotación minera, sino que generó un proceso de reforzamiento de su identidad étnica. Así, a pocos meses de iniciada su lucha por la vía agraria, se formó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, el cual para febrero de 2014 convocó, junto con la Red de Afectados por la Minería (REMA) y la organización ambientalista Bios Iguana, al Foro Nacional de Afectados por la Minería que se realizó en el centro de Zacualpan. En la declaración final del encuentro afirmaron su decisión de luchar por su territorio como comunidad indígena y se hermanaron con la causa de los pueblos y comunidades que a lo largo del territorio nacional luchan contra el modelo minero extractivo.11

41Se instaló también un “Consejo de Mayores”, con la intención de que “con el espíritu de la sabiduría acompañara la lucha y las esperanzas del pueblo de Zacualpan contra la minería y a favor de la vida, de sus territorios y los derechos humanos del pueblo indígena” (Declaración de Zacualpan, 2014). Esto es significativo porque entre los protagonistas de la lucha estaba un grupo de mujeres mayores que dieron a la resistencia una fortaleza moral y cultural a sus reclamos; entre ellas la asambleísta Epitacia Zamora, quien fue una de las más activas en promover la destitución del Comisariado de bienes comunales, lo cual lograron el 24 de marzo de 2014.

42Otras actividades de protesta que fueron muy eficientes para lograr que sus voces fueran escuchadas tuvo lugar el 13 de marzo de 2014, cuando el Consejo de defensa decide tomar las instalaciones de la Comisión intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), deteniendo las bombas del Manantial de Zacualpan; aunque fueron desalojados por la fuerza pública estatal, la protesta logró que las autoridades respondieran a sus reclamos. Durante las protestas las y los comuneros fueron víctimas de amenazas, acusaciones y presiones para que desistieran de su lucha, acudieron a presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Colima, ante el Congreso del estado y ante el gobernador de Colima. Lograron, por ejemplo, que el Congreso local, en una sesión plenaria, aprobara emitir un exhorto a las autoridades federales para declarar a Zacualpan como localidad zona libre de minería. Ante este escenario, el gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, aseguró que si no existía consenso de la población para la explotación de la mina en Zacualpan, no se realizaría ese proyecto.

43Así después, tras casi un año y medio de conflictos, faccionalismos, denuncias, amenazas y una fuerte movilización social y jurídica, lograron que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38 reconociera que la comunidad indígena de Zacualpan es territorio libre de minería a partir del 27 de mayo de 2014. Se trata de un triunfo muy significativo, pues Zacualpan fue el primer pueblo indígena en México en lograr una sentencia que reconoció un territorio indígena libre de minería, al afirmar el Tribunal Agrario que “el cuidado de su entorno, costumbres, tradiciones y medio ambiente es más valioso que la contraprestación económica que pudieran recibir”.

44Sin embargo, a pesar de esta sentencia los intentos de despojo territorial no han cesado, pues un año después continuaba su lucha, ahora contra el otorgamiento de otras dos concesiones mineras en su territorio. Ante esto, el 24 de marzo de 2015 los comuneros presentaron un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en la ciudad de Colima, así como contra los artículos 6, 10, 15 y 19 fracción iv de la Ley Minera por considerarla anticonstitucional y anti-convencional, es decir, que violenta los derechos indígenas reconocidos en la constitución federal y en convenios internacionales. En esta ocasión el juez federal les concedió la Suspensión de Plano, en cuya sentencia se ordena que “las autoridades responsables se abstengan de realizar cualquier acto tendente a privar de sus derechos agrarios (propiedad, posesión y disfrute) a la comunidad Indígena de Zacualpan” (“Agua para todos. Agua para la vida”, 2015).

45Al cerrar este trabajo, conocimos la decisión de la comunidad agraria de llevar este caso a juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la nulidad de las nuevas concesiones mineras, así como la inconstitucionalidad de la Ley Minera. De tal forma, este conflicto que se disputó exitosamente con las autoridades agrarias, ahora será revisado por el máximo tribunal de justicia de la nación; esperemos que la justicia esté de lado de este pueblo indígena.

4.2. Chicomuselo: pluralidades jurídicas confrontadas

46Sobre el conflicto vivido por los campesinos de los ejidos Grecia y Nueva Morelia localizados en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, me gustaría recuperar las estrategias de disputa jurídica a la que recurrieron los actores involucrados. Es un caso significativo porque a diferencia de los comuneros de Zacualpan, en donde se intentó convencerlos sobre las bondades de instalar una mina en su territorio comunal, en este caso los campesinos del ejido Grecia firmaron un convenio (minuta de acuerdos) en diciembre de 2007 con la empresa canadiense Blackfire Exploration para la extracción del metal barita, en una mina bautizada con el irónico nombre de “La Revancha”. En ese convenio se acordó que la empresa pagaría al ejido 2 777 dólares mensuales, haría aportaciones en infraestructura para que los ejidatarios pudieran acceder a agua potable y revestiría un tramo de carretera para la extracción de barita. Se trataba de una explotación a cielo abierto en una extensión de 13-50-00 hectáreas y el acuerdo duraría los siguientes diez años. Por otra parte, con el ejido vecino “Nueva Morelia”, la empresa se comprometió a hacer un pago mensual por derecho de paso para tener acceso a la mina. Era un convenio de mutuo consentimiento, el que muy pronto la empresa incumplió generando la inconformidad de los ejidatarios.

47Este caso expresa nítidamente tres características en este tipo de conflictos: la primera es la confrontación de derechos: corporativo, estatal y agrario que son apelados por cada actor contendiente. En segundo lugar da cuenta de cómo en los conflictos mineros se confrontan dos lógicas económicas, culturales y ecológicas. En tercer lugar, este tipo de acuerdos, convenios o contratos entre empresas y comunidades agrarias, sean ejidos o pequeños propietarios, establece una relación contractual entre desiguales, relación que ha sido caracterizada por Garibay et al. (2014) como de “reciprocidad negativa”. Su estudio muestra cómo una corporación, con el apoyo de las agencias del Estado mexicano, establece vínculos de dominación sobre las comunidades con la intención de tomar impunemente algo sin dar nada a cambio. Esta práctica política de coerción otorga los beneficios a la corporación y transfiere los costos sociales y ambientales a las comunidades, escenario que se replica en los ejidos de Chicomuselo.

48Tan sólo un año después de haberse iniciado la explotación de la mina, es decir, en 2008, los ejidatarios denunciaron los incumplimientos de la empresa: el revestimiento de la carretera no fue el prometido, no se habían iniciado los trabajos para acceder a agua potable y el gobierno estatal, que también se había comprometido a realizar distintos programas, brillaba por su ausencia. Los pobladores denunciaron la muerte de peces en los ríos, muerte de ganado, enfermedades de la piel en niños, contaminación del agua, pérdida de arroyos por el agua filtrada en las grietas provocadas por las explosiones, entre otras afectaciones sociales y ambientales. Por su lado, el ejido de Nueva Morelia denunciaba el robo de barita en el camino de paso y la deforestación que la empresa realizó sin permiso para ampliar caminos. En la cabecera municipal los pobladores denunciaban grietas en paredes y techos de sus viviendas como efectos del paso de los vehículos de la empresa que transportaban toneladas diarias de barita (Castro Soto, 2012).

49Lo anterior generó una gran movilización en contra de la empresa minera; los ejidatarios tuvieron el apoyo y la intermediación de la diócesis de Chiapas, que se expresó en la realización de amplias peregrinaciones en contra de las minas existentes en el estado. Contaron con la asesoría de los líderes de la REMA, de organizaciones defensoras de los derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas y Otros Mundos AC, así como de activistas y miembros de magisterio, entre otros actores. Como muestra del rechazo, en el año 2008 se realizó el primer encuentro contra la minería en el ejido Las Flores. En junio de 2009, el líder local de la REMA y ejidatario Mariano Abarca, junto con otros líderes, convocan al bloqueo de la calle por donde transitaban los camiones de la empresa. Ante las protestas, la minera y el gobierno municipal emprendieron un contraataque vigoroso, que implicó amenazas, persecuciones políticas y represión; así como estrategias jurídicas: por ejemplo, el 15 de junio la empresa Blackfire solicitó la intervención del Congreso del estado en contra de los líderes y acusó a la autoridad municipal de extorsionarlos al exigirles el pago de 10 000 pesos mensuales. Asimismo, la empresa denunció penalmente a Mariano Abarca, lo que llevó a su detención –a pesar de que el propio Abarca había acudido al ministerio público a levantar un acta administrativa en donde denunciaba las amenazas en su contra–. Su detención generó una amplia movilización nacional e internacional que presionó por su liberación, lo que se logró unos días después. En este virulento escenario se realizó un II Encuentro Estatal de la REMA en el centro de Chicomuselo. Sin embargo, a los pocos días de su liberación, Mariano Abarca fue asesinado frente a su casa, ocasionando una gran tensión regional (Castro Soto, 2012).

50Fue sólo cuando el conflicto llegó a este punto que la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda de Chiapas (SEMAVI) realizó una inspección en la que confirmó que Blackfire no contaba con autorizaciones en materia ambiental para la construcción, ampliación y modernización de siete kilómetros de camino que conduce del área de almacenamiento y procesamiento de materia prima (barita) hacia las áreas de extracción de material, y tampoco contaba con la Licencia de Funcionamiento de Fuentes Fijas de Emisiones Atmosféricas (LFFFEA) por la emisión de polvos en las áreas de almacenamiento, traslado y procesamiento de materia prima, así como de los equipos y/o maquinaria. Por los irreversibles impactos al medio ambiente, la aportación al cambio climático y posibles víctimas por los riesgos ambientales, el gobierno de Chiapas, por medio de la SEMAVI, declaró el 10 de diciembre de 2010 la clausura temporal total de las actividades de explotación, extracción, almacenamiento y procesamiento de material pétreo (barita) (Castro Soto, 2012: 4).

  • 12 Destaca el Centro Internacional de Arreglos y Disputas relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mu (...)

51Durante las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas y por el Departamento canadiense de asuntos extranjeros y comercio internacional, se expresaron testimonios de preocupación por los hallazgos de corrupción que rodeaban este caso. Se pudo constatar que la embajada de Canadá apoyó a la empresa, aún conociendo las acusaciones de corrupción, y brindó información que permitió demandar al estado de Chiapas en el marco del TLCAN, que establece que toda controversia entre Estados y empresas, entre empresas y comunidades, entre empresas y trabajadores debe dirimirse en tribunales internacionales asentados en Estados Unidos.12 La empresa Blackfire siguió este camino y demandó al gobierno de Chiapas por 800 millones de dólares (CDPI, 2015: 135-138). Vale la pena señalar que dicha cifra supera al presupuesto anual del municipio de Chicomuselo (Periódico Oficial, 2016).

52En el momento en que concluyo este artículo los conflictos mineros continúan: si bien la empresa se retiró del ejido, sus tierras fueron declaradas libres, lo que significa la posibilidad de otorgar nuevas concesiones de explotación a otras compañías, y se ha reportado la visita de ingenieros en el municipio explorando la zona, lo que ha ocasionado una nueva alerta para los ejidatarios.

53Como podemos ver, los triunfos en este escenario de disputa por los recursos minerales que se encuentran en territorios indígenas son complejos de resolver, porque el mayor triunfo es lograr que se retire la concesión a la empresa, lo que no implica que no pueda otorgarse a otra empresa en el corto plazo; esto genera una alerta constante y la necesidad de activar las estrategias de movilización, resistencia y, en su caso, interponer nuevos amparos, sin que se resuelva el problema de fondo, que es el respeto a la autonomía y los territorios indígenas.

54Tanto los pueblos indígenas como las comunidades campesinas, junto con los movimientos sociales que son sus aliados, recurren pragmáticamente a las herramientas jurídicas y políticas disponibles en cada una de las escalas. Al recurrir a las herramientas de los sistemas jurídicos estatales y no estatales explotan las oportunidades ofrecidas por un entorno jurídico cada vez más plural, así como la combinación de estrategias jurídicas regionales, nacionales y locales a través de las cuales las comunidades buscan proteger su derecho a un medioambiente limpio y a la integridad de sus territorios, aprovechando creativamente las distintas instancias de justicia.

55Sin embargo, la estela de desastres que están dejado los conflictos mineros es enorme, el costo social para los pueblos indígenas es muy alto pues se ha criminalizado su protesta, se ha encarcelado a sus líderes y en ocasiones a sus autoridades, se han asesinado tanto a luchadores sociales y líderes como autoridades indígenas. Algunas poblaciones han sido desplazadas y otras se debaten y confrontan a favor o en contra de las inversiones mineras. México vive momentos de una enorme crisis social, de legitimidad de sus autoridades, crisis de democracias y de los derechos humanos. En este contexto, los pueblos indígenas son –al igual que millones de mexicanos– víctimas del desarrollo, víctimas de la violencia, pero también actores que resisten, se fortalecen como pueblos con derechos y se alían a organizaciones amplias y apelan a la justicia para detener los abusos de este momento histórico.

5. Algunas conclusiones sobre el extractivismo

56A lo largo del recorrido que hemos realizado en este trabajo podemos plantear algunas conclusiones generales:

571) Los gobiernos neoliberales han dado un giro enorme sobre el control de los recursos del subsuelo mexicano, pues en menos de una década destruyeron la política minera que se construyó a lo largo de los 50 años previos al giro neoliberal, en donde la rectoría del Estado fue fundamental para mantener los recursos del subsuelo bajo su jurisdicción.

582) Durante el neoliberalismo, el avance logrado sobre el reconocimiento de los derechos indígenas está francamente en retroceso al vulnerar los cimientos fundamentales de la autonomía de los pueblos indígenas: sus territorios y su autogobierno.

593) El giro extractivista ha implicado también un cambio en el papel del Estado, que se ha transformado no sólo en un Estado de seguridad, sino en socio y defensor de los intereses de las grandes corporaciones mineras, sin responsabilizarse del grave deterioro ambiental y la constante violación a los derechos humanos, ambientales y colectivos de los pueblos indígenas.

604) La supremacía del poder del Derecho Corporativo y la subordinación del derecho nacional ha quedado asentado en los tratados de libre comercio y en los paneles de resolución de conflictos construidos por instancias como el Banco Mundial. Es en las disputas por el control de los recursos del subsuelo nacional que se expresa nítidamente el nuevo pluralismo jurídico en el que conviven de forma jerarquizada el Derecho Corporativo, el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, el Derecho Nacional y el Derecho de los pueblos Indígenas, en donde el primero prevalece sobre los otros derechos.

615) La debilidad del Estado mexicano se expresa, entre otras cosas, en la falta de armonización legislativa en materia de recursos estratégicos, en materia ambiental, fiscal, de competencias entre niveles de gobierno, lo que se traduce en un choque de competencias entre las diferentes instancias e instituciones del gobierno federal. Sobre esta contradicción de competencias, es muy importante profundizar en otros trabajos para entender la complejidad de las luchas indígenas contra el despojo de sus territorios; una expresión de esto es que sus querellas deben dirigirse a múltiples autoridades, pues cada una posee distintas competencias, muchas veces contradictorias entre sí.

626) La explotación minera en territorios indígenas es la génesis de múltiples conflictos, que en algunos casos han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades, el aumento de la violencia y han acelerando la descomposición del tejido social. Pero también, en otros casos se refuerzan las identidades como pueblos para enfrentar las invasiones a sus territorios, protagonizando vigorosas luchas territoriales.

637) La minería en territorios indígenas atenta no sólo contra la autonomía de los pueblos, sino que por las técnicas de explotación degradan y contaminan tierras, aguas y el aire, con lo que se ponen en riesgo los bienes comunes de los pueblos y de la nación en su conjunto. El daño ecológico se encamina a ser irreversible, pues los distintos proyectos mineros se están realizado generalmente a cielo abierto y de manera masiva, lo que conlleva que se trabaje en una mayor cantidad de tierras, no sólo para su exploración y extracción, sino también para el acondicionamiento y funcionamiento de la industria (caminos, tiraderos, remoción de tierra), además de que predomina en estos territorios la minería que utiliza grandes cantidades de cianuro para el proceso de lixiviación, que contamina extensiones de tierra y volúmenes enormes de agua. Esto se ha venido realizando sin respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, a su propiedad, al uso y goce de sus recursos y el derecho a la Consulta y al consentimiento, previo, libre e informado, consagrados en los Convenios internacionales.

648) Documentar, analizar y dar seguimiento a los procesos de lucha y resistencia indígena frente al extractivismo minero es relevante porque, como propone Boaventura de Sousa Santos, se trata de luchas contrahegemónicas que nos permiten visualizar la forma en que se enfrentan dos modelos diferenciales, uno en el que prevalece la lógica de la ganancias, el modelo de desposesión de los bienes comunes, frente al otro modelo en el cual la defensa de los territorios indígenas abarca la defensa de un modo de vida, que expresa un vínculo cultural y simbólico con la naturaleza y los recursos naturales, por ser un espacio de reproducción étnica e identitaria en armonía con la naturaleza.

659) Se requiere un gran esfuerzo de movilización, reflexión y difusión sobre los costos en materia de derechos humanos, ambientales y de soberanía nacional. Se requiere poner límites a las corporaciones transnacionales y nacionales que han puesto en entre-dicho el futuro de la nación, sus habitantes y su sustentabilidad, de este tamaño es el reto que vivimos.

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Notas

1 La Nueva Ley Minera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de junio de 1992, su última reforma el 11 de agosto de 2014.

2 Para mayor información sobre el CIADI cf. https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/about/default.aspx, consultado el 02.06.2017.

3 Véase Ley Federal de Derechos (2016), especialmente las páginas 208 a 212 relativas a la industria minera.

4 De acuerdo con el Informe de 2015 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estima que entre 2008 y 2013 las mineras dejaron a México apenas 0,6% de los más de 1.2 billones de pesos que ganaron, citado por Erika Ramírez (2015).

5 El Grupo de Trabajo fue conformado en 2010 por un grupo de ocho organizaciones no gubernamentales. En la elaboración del informe participaron más de 30 organizaciones y fue presentado en 2013 ante la CIDH.

6 Sobre las obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se emitió en 2011, el documento Principios de Maastrich (2011) en donde se aclaran las obligaciones de los Estados teniendo como base el derecho internacional vigente. Los obligados son los Estados, las corporaciones internacionales, los organismos intergubernamentales y particularmente de la Instituciones Financieras Internacionales. En el numeral 24 relativo a las obligaciones de proteger, señala: “Todos los Estados deben adoptar las medidas para asegurar que los actores no estatales que estén en condiciones de regular, incluyendo individuos y organizaciones privados, empresas transnacionales y otras empresas comerciales, no anulen o menoscaben el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.

7 El Derecho Corporativo no está regulado por los Estados y tiene su origen legal en la firma de tratados de libre comercio, así como en la creación de dispositivos de resolución de controversias. La Lex Mercatoria supone mecanismos de regulación autónoma: creando un derecho de tipo espontáneo, cuya base es el principio de autonomía de la voluntad, y la flexibilidad en los intercambios comerciales e inversiones a escala internacional (Herreño Hernández, 2015).

8 Cabe señalar que Colima es el estado de la república que proporcionalmente tiene la mayor superficie de su territorio (44%) concesionada a las corporaciones mineras por la Secretaría de Economía.

9 Véase: “Ofrecen 15 mil pesos a opositores a la mina”, en http://www.jornada.unam.mx/2013/11/28/estados/035n3est. Consultado el 22.06.2018.

10 Considerado por la población como un cacique quien no sólo se había beneficiado personalmente de su cargo, sino que sus acciones perjudicarían enormemente a toda la colectividad.

11 La REMA es un movimiento social muy significativo en México porque articula a un importante número de pueblos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y activistas contra los proyectos mineros. Cf. http://www.remamx.org/.

12 Destaca el Centro Internacional de Arreglos y Disputas relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM), en donde hasta marzo de 2013 había 169 casos de disputas entre inversionistas contra Estados; de éstos, 60 casos se relacionan con disputas por petróleo, minería o gas.

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Laura Valladares de la Cruz, « El despojo de los territorios indígenas y las resistencias al extractivismo minero en México », e-cadernos ces [Online], 28 | 2017, colocado online no dia 15 dezembro 2017, consultado a 22 setembro 2018. URL : http://journals.openedition.org/eces/2291 ; DOI : 10.4000/eces.2291

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Laura Valladares de la Cruz

Departamento de Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
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