1. Introducción

1Cuando en 1868 el médico estadounidense Adolfo Autrey organizó la Compañía Exploradora de Petróleo del Golfo de México –en el actual municipio de Coatzintla– obtenían cuatro o cinco barriles diarios de petróleo que en 1870 eran llevados a refinar a Papantla. Antes de 1900 la producción petrolera de México era “insignificante” debido a la carencia de recursos, al aislamiento geográfico, la falta de personal capacitado y de mecanismos de financiamiento. Además, quienes emprendían el negocio carecían de conocimientos en la materia, ya que eran “comerciantes, abogados, médicos, aventureros, sacerdotes o políticos”. El aporte de estos hombres consistió en localizar yacimientos importantes de petróleo, aunque sólo pudieron trabajarlos en forma superficial. Entre ellos, los ubicados en el norte de Veracruz (Álvarez de la Borda, 2006: 20-21), donde se localiza el municipio de Papantla.

2Estos precursores estaban lejos de suponer que en el siglo xx la industria petrolera de México se desarrollaría en forma vertiginosa, primero con la intervención de compañías extranjeras y, luego, cuando el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) nacionalizó el petróleo. La abundancia del petróleo que produjo México en las siguientes décadas fue tan grande, que antes de la Reforma Energética (2013) la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) ocupó el tercer lugar mundial como productor de crudo, “aportando en promedio más del 40% del presupuesto público”, por lo que contribuyó en forma importante a la economía del país (Pérez, 2017: 39).

3PEMEX tiene una larga historia en su relación con aquellas poblaciones donde ha desarrollado tareas de exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) y, en el devenir del tiempo, la ciudad petrolera de Poza Rica –que surgió en 1932– se convirtió en un polo de desarrollo regional, atrajo migrantes de diferentes partes del país, reordenó el espacio y la vida social, y consolidó la formación de una clase obrera de trabajadores petroleros que se organizaron en un sindicato y emprendieron diversas luchas, forjándose nuevas identidades como la del trabajador petrolero.

4Como hitos en la historia de la explotación de hidrocarburos en la zona de estudio, me interesa destacar la relevancia de la nacionalización del petróleo (1938), que todos los años es una fecha a celebrar, especialmente en la ciudad de Poza Rica, donde esta conmemoración revive y actualiza el sentimiento de patriotismo que “unificó a las regiones, los credos y las clases sociales en una muestra sin precedente de cohesión nacionalista” (Rousseau, 2017: 127). En este sentido, PEMEX se considera un motivo de orgullo nacional, que ha permeado con sus actividades y obras sociales la cultura de las ciudades y regiones donde realiza sus trabajos.

6Considero necesario destacar que esta reforma, al favorecer la implementación del modelo de desarrollo extractivista, favorece el despojo de los bienes comunes, la sobreexplotación de los mismos y las consiguientes violaciones de los derechos humanos (Olivares Alonso, 2018b). En síntesis, la reforma se convierte en un parteaguas en la historia del petróleo en México dado que PEMEX, de ser una empresa nacionalizada, se transforma en “empresa productiva del Estado, con lo cual se le despoja de su carácter estratégico y de pilar de la soberanía y la seguridad nacional” (Geocomunes, 2016: 13). Estos hechos configuran lo que Bartlett Díaz y Vargas denominan “el proceso de desmantelamiento y privatización de Pemex” (2016: 108). Como consecuencia de estos cambios producto de las políticas neoliberales, se producen nuevas tensiones en la relación de la empresa con los habitantes, debido a que entraron en escena nuevos actores, compañías privadas y el uso de modernas maquinarias y tecnologías que ejercieron impacto en el medio ambiente.

7El municipio de Papantla, abundante en hidrocarburos, es parte de una formación geológica conocida como Paleocanal de Chicontepec, que consta de 14 municipios distribuidos en los estados de Veracruz y Puebla. Los habitantes del municipio llevan décadas conviviendo con PEMEX –desde que comenzó a trabajar aquí en forma intensiva en la década de los cincuenta–. En el año 2007, PEMEX buscó reactivar la decaída producción petrolera en esta región (Mota Celis, 2017) a través del proyecto Aceites Terciarios del Golfo (ATG), por lo que las compañías extranjeras comenzaron a tener una fuerte presencia en la zona, realizando diferentes actividades.

9Las cuestiones que se plantean en el presente texto son el resultado parcial de una investigación más amplia en la cual –realizando entrevistas a diversos actores y observación participante– me propongo abordar las expresiones de pluralismo jurídico en el municipio de Papantla, en el marco de implementación de las políticas neoliberales en México que han generado una serie de transformaciones en las áreas rurales. Previamente, realicé investigación sobre relaciones de género y administración de justicia a indígenas la Sierra de Papantla, y al desplazarme al municipio de Papantla –ubicado en la planicie costera– decidí relevar información sobre la actividad petrolera que imprime su sello al paisaje y a la vida de sus habitantes. Tengo en cuenta, como plantea Santos (2009), que el derecho opera en las escalas de lo local, nacional y global, por lo que se producen procesos de hibridación e interlegalidad que impactan a nivel local en los individuos. Además, considero que la política ambiental y energética se constituye en una “arena de disputas”, donde se expresan relaciones de poder y diferentes maneras de concebir y apropiarse de la naturaleza, como sostiene D’Amico (2013: 138) al analizar la explotación petrolera en la provincia de Mendoza, Argentina.

10Es indudable que desde sus comienzos la explotación petrolera causó contaminación del medio ambiente por derrames de hidrocarburos y quema de gas, entre otras circunstancias, afectando los cultivos y la salud de los habitantes. En este trabajo me propongo destacar, en líneas generales, algunas de las tensiones y cambios más relevantes que han tenido lugar en el municipio de Papantla en la relación que han mantenido con PEMEX y al producirse la apertura al capital privado que se materializa en la Reforma Energética (2013). En la primera parte del artículo muestro ejemplos de impactos y afectaciones de diverso tipo que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos ocasionan actualmente en algunas comunidades del municipio; en la segunda, analizo casos de afectaciones en los que el común denominador reside en la judicialización de la protesta social, por lo que se emiten órdenes de aprehensión o se establece un procedimiento judicial contra los quejosos.

12El caso de México es ilustrativo para mostrar el impacto de las políticas neoliberales en el país, las afectaciones al medio ambiente, el debilitamiento y crisis del Estado mexicano, por lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos le fincó responsabilidades por la devastación ambiental que aquí tiene lugar. En lo particular, se acusa al Estado mexicano por la criminalización y judicialización de los conflictos sociales, el uso de la fuerza pública y la violencia contra los defensores de los territorios y el medio ambiente (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2013). Es así que en un estudio en el que participaron organizaciones y grupos de derechos humanos se concluyó sobre el impacto negativo que las reformas estructurales neoliberales tienen sobre los derechos humanos, favoreciendo a las empresas, y que los derechos más vulnerados en México son “el derecho a la tierra y el territorio, el derecho de acceso a la información, el derecho al medio ambiente sano, entre otros” (VV. AA., 2016).

13Astrid Ulloa (2014) insiste en la necesidad de profundizar en el análisis de la manera en que los extractivismos –especialmente minería y petróleo– reconfiguran los territorios indígenas y cómo afectan al medio ambiente y a las dinámicas culturales, por lo que es necesario indagar sobre contextos específicos y prácticas culturales que son afectadas. Es decir, señala que se producen “transformaciones y reconfiguraciones territoriales, culturales e identitarias” (ibidem: 436) que se ubican en diferentes ámbitos de la vida social, como es el caso de las relaciones de género, las identidades, el medio ambiente, las interacciones sociales y económicas, las situaciones de violencia, etcétera.

14El presente artículo se propone contribuir en esta dimensión poniendo el acento en la intersección de las políticas extractivas y la vulneración de derechos de los afectados, para destacar impactos socioambientales derivados del proceso de exploración y explotación de hidrocarburos. Estas situaciones tienen como correlato el incremento de la violencia y la inseguridad, además de las afectaciones a los bienes, a la salud y al medio ambiente, lo que motiva protestas y movimientos sociales que son criminalizados (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 2011), como se constata en el caso de numerosos defensores del medio ambiente que en América Latina han sido hostigados, encarcelados y hasta han perdido la vida.

1.1. Luchando con Goliat ¿A quien acudir?

18La presencia de las actividades extractivas no es homogénea a lo largo y ancho del municipio de Papantla, ya que existen enclaves, como la ciudad de Poza Rica, que continúa como el centro rector de la explotación petrolera en la región, a la vez que concentra el poder político, económico y las ofertas de bienes y servicios. Con el correr de los años surgen nuevos enclaves, como ocurrió en la comunidad de Emiliano Zapata, donde PEMEX comenzó a explotar el Campo San Andrés en al año de 1955, construyendo a mediados de 1960 instalaciones para alojar al personal de la empresa, con hotel, restaurante, oficinas, dispensario médico y alojamiento para los soldados que protegían la actividad petrolera. Al descender la producción petrolera de este campo, en la década de los ochenta, PEMEX abandona estas instalaciones que hoy en día se encuentran semiderruidas. A pesar de ello, Emiliano Zapata todavía es un enclave productivo, porque concentra la producción de hidrocarburos del Campo San Andrés que se envía a Poza Rica, pero no hay una clínica de salud para atender a esta localidad de unos dos mil habitantes, lo que contrasta con la enorme instalación petrolera ubicada en pleno centro del pueblo.

• 16 Entrevista realizada a ama de casa, Papantla, 27 de enero 2017.

No dura nada, para bañarnos, para los pollos, para la ropa, no alcanza el agua y para tomar ya compramos el garrafón pero ahora sí que aquí no hay agua, ahorita todavía no es nada, estamos en enero, esperemos en lo que es abril, mayo, junio [estiaje], no hay agua, se escasea, uno pide prestado una cubeta... y así estamos. Los que están trabajando compran su agüita, pero qué pasa con aquellas personas que como ahorita casi no hay empleo, no va a haber ni siquiera para el agua.16

21A la falta de agua hay que agregar la inseguridad de vivir cerca de pozos petroleros, ya que algunos se ubican a pocos metros de las viviendas. Debido al peligro de esta situación, los habitantes son informados por personal de PEMEX de medidas de seguridad a tomar en caso de que se produzca una explosión, como el estallido de un ducto que ocurrió en noviembre de 2013, motivando la evacuación de 14 familias. Los habitantes se preguntan,

• 17 Entrevista realizada a ama de casa, Papantla, 27 de enero 2017.

[...] nosotros estamos batallando aquí con todos los pozos petroleros, pero a cambio de qué, el gobierno qué nos está dando, por qué nosotros estamos sufriendo, no tenemos agua, no tenemos pavimentación, no tenemos drenaje, en absoluto no tenemos nada, entonces nosotros le pedimos a Pemex el agua potable, entubada, lo que sea, pero que sea agua. Y él (personal de PEMEX) decía que Pemex no estaba autorizado a dar agua en las comunidades.17

22La cuestión de las casas que se fracturan por las explosiones bajo tierra que realizan las empresas petroleras ocurre en diversas comunidades del municipio, y algunas viviendas colapsan. En un pozo petrolero ubicado a escasos metros de algunas casas de familias, un vecino relata:

• 18 Entrevista realizada a vecinos, Papantla, 21 de febrero 2017.

Sí, está pegado (a las viviendas), es muy peligroso. Primero nos afectaba mucho el ruido, porque antes tenía otro ruido más fuerte, pero ahora ya nos quejamos muchos, todos los que vivimos alrededor nos quejamos y vino Pemex y lo cambió porque sacaba lumbre, brotaba lumbre, y no miento porque todos los que vivimos alrededor lo vimos, salía mucha lumbre ahí [...] Ahorita está parado, pero diario, al ratito no tardan [en venir] y lo vuelven a arrancar y es un ruido constante, toda la tarde, todo el día, toda la noche. Sí, es algo estresante, porque hay veces que ya no aguanta el ruido...18

23Estos ejemplos remiten a la metáfora de David y Goliat comentada al comienzo de esta sección, que se expresa en las carencias, la impotencia y la sensación de inseguridad con las que muchos habitantes conviven día a día. Los afectados consideran a PEMEX como un moderno Goliat que tiene muchas cabezas, que son las compañías petroleras privadas que se asentaron en la zona en la medida en que se profundizaron las políticas energéticas neoliberales. PEMEX es también considerado un “monstruo”, con el que tienen que negociar la reparación del daño y el otorgamiento de beneficios. Pero las múltiples cabezas diluyen las responsabilidades, y cuando los campesinos quieren reclamar este pago no encuentran quién se haga cargo, según este testimonio:

• 19 Entrevista realizada a ejidatario, Xalapa, Veracruz, 10 de marzo de 2017.

Les pregunté a los maquinistas, “oigan, ¿quién les dio permiso?” [de entrar al terreno], “no, pues nosotros tenemos órdenes de PEMEX, porque nosotros pertenecemos a una compañía y PEMEX nos mandó”. Voy con PEMEX y dicen, “no, pues a nosotros nos lo dio permiso el comisariado [las autoridades del ejido]”, y voy con el comisariado y dice “yo no les di ningún permiso, ellos se metieron”.19

24En esta “arena de disputas” que son las políticas y prácticas de la explotación de hidrocarburos, tanto los campesinos como los empleados de PEMEX en su vida cotidiana utilizan tácticas y estrategias para obtener beneficios económicos a costa de la otra parte. Los campesinos se las ingenian para que un animal que muere de enfermedad o de picadura de víbora sea reconocido como afectado por la contaminación petrolera y se les pague el daño; al mismo tiempo, los empleados de PEMEX sobornan a su favor a ciertas autoridades ejidales para obtener permisos o niegan que algunos daños sean producidos por la contaminación. De esta manera, se borran y difuminan las líneas que separan lo legal de lo ilegal (Comaroff y Comaroff, 2009: 29, 31) y se configura una “zona gris” donde no es posible oponer a unos y a otros de forma tajante (Auyero, 2007: 53).

25Ante los daños que la explotación petrolera ocasiona al medio ambiente se genera una situación que ha sido definida por la burocracia de PEMEX como “la industria del reclamo”. Esto implica que no siempre las afectaciones que se denuncian son reales, sino que el afán de lucro de presidentes municipales y ciudadanos los motiva a reclamar indemnizaciones que no les corresponden, con el objetivo de obtener beneficios a su favor (Ramírez Carrillo, 2007). Esto se relaciona con las dificultades que tienen los afectados para obtener reparación de los daños, y sus carencias frente a la riqueza que se extrae del subsuelo. Por lo tanto, la “industria del reclamo” se convierte en una estrategia que permite a éstos “acceder a los recursos, generándose relaciones perversas y de clientela entre la empresa y distintos actores y sectores sociales” (Ballón, s. f.: 12).

26En la siguiente sección me propongo profundizar en las tensiones sociales derivadas de la explotación de hidrocarburos en la región, poniendo el acento en destacar la judicialización de los casos de protesta, como un ejercicio de poder y estrategia del Estado para controlar la disidencia, lo que favorece las políticas extractivas. En este contexto, donde se intersectan políticas energéticas, prácticas judiciales y vulneración de derechos humanos, se reconfiguran dinámicas sociales, personales y espaciales.

2. Explotación de hidrocarburos y criminalización de la protesta social

27El embate de las políticas extractivas sobre los territorios de los pueblos indígenas ocasiona protestas y reclamos por parte de los afectados, quienes luchan por sus derechos colectivos a ser consultados y a tomar decisiones sobre sus territorios. Con tal motivo, por la vía legal promueven amparos en las instituciones de justicia, obteniendo algunos triunfos. También resisten activamente y se movilizan cerrando caminos, puentes, acceso a pozos petroleros, manifestando su descontento de diversas formas para que su voz sea escuchada. Muchas de estas acciones son criminalizadas por parte de los Estados cometiéndose detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso así como a los derechos humanos y colectivos de los afectados. En el marco de la Reforma Energética (2013), en México se ha constituido un entramado jurídico de leyes secundarias que pueden llegar a criminalizar la protesta social (Chenaut, 2017). Entre ellas, cabe mencionar la reciente Ley de Seguridad Interior (2017), cuestionada por académicos y organizaciones sociales, por la cual se legaliza la presencia del Ejército y la Marina en las calles para realizar operaciones de control social (Olivares Alonso, 2018a).

2.1. La tierra prometida

29Durante la década de los cincuenta, PEMEX –que tiene su base de operaciones en el colindante municipio de Poza Rica– expande sus actividades en el municipio de Papantla, y cuando es necesario realiza expropiaciones de las tierras de los campesinos para la instalación de pozos petroleros e infraestructura.

2.2. Los derechos devaluados

33Al iniciar este procedimiento judicial, PEMEX busca garantizar que en el futuro no se colocarán nuevos impedimentos para ingresar al pozo, que el demandado declare ante un juez que no tiene derecho a oponerse al paso de los vehículos de la empresa petrolera. Pero el ejidatario no está disputando la propiedad de esa porción de tierra que ha sido expropiada por PEMEX, sino que se reconozcan los daños que en su parcela ocasiona la explotación petrolera.

tienden a desposeer a los dueños de la tierra de los beneficios concomitantes a sus derechos de propiedad, mediante un mecanismo que equivale a una suerte de arrendamiento forzoso tramitado en forma sumaria [...] Los núcleos poblacionales (ejidales) quedan sin la tutela de la legislación agraria y prácticamente a expensas de las condiciones que los titulares de las asignaciones de explotación de hidrocarburos quieran imponer.

36En el caso que se comenta, la instalación del pozo afecta los derechos agrarios de propiedad sobre la parcela del ejidatario, por los daños ocasionados a sus cultivos; pero ante el fundamento de la utilidad pública y el beneficio para toda la nación, estos derechos derivados de la legislación agraria se convierten en “un derecho sin fuerza, precario, devaluado” (Pérez Castañeda, 2014: 20). La Acción de Jactancia y la amenaza de iniciar una acción penal en su contra en caso de seguir con su movilización para que se cumpla la reparación del daño, es una muestra de las tensiones que en el contexto de la implementación de la Reforma Energética genera la explotación de hidrocarburos en el medio rural.

2.3. Las intersecciones de género y derecho

41Esta recomendación pone el énfasis en analizar la vulneración de derechos de la detenida debido a su condición de género y el correlato de su reciente maternidad, así como las condiciones de acceso a la justicia. Esta es una dimensión relevante, sin duda. Pero es necesario considerar también la perspectiva de la interseccionalidad (Crensahw, 1991; Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015), para situar su detención en el contexto de las varias dimensiones que se articulan en este caso de violencia cometida por los agentes del Estado. El hecho de analizar la dimensión del género tiene ciertas limitaciones, en la medida en que se otorga relevancia al eje de desigualdad derivado de las relaciones hombre-mujer; es necesario, además, dimensionar varias condiciones que se intersectan, como “la etnia, raza, lo sexual, la edad, territorio o clase social (entre otros)” (Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015: 600). En el caso que se analiza en este artículo, se trata de una mujer joven (probablemente mestiza) que es agente municipal (autoridad) de una comunidad ejidal habitada por campesinos que exigen derechos y cumplimientos de acuerdos con las autoridades locales y PEMEX. Su vulnerabilidad como mujer en un medio rural donde predomina el orden patriarcal, su figura de autoridad como representante de su pueblo, las condiciones de pobreza y exclusión de su comunidad y una disputa territorial por el acceso a los recursos del subsuelo, la convierten en un símbolo del poder desigual con que se enfrentan estos campesinos a las políticas extractivas del Estado. De esta manera, la desigualdad del género se intersecta con otras desigualdades, que en este caso pueden considerarse como la clase social, la marginación, la violencia estructural de la pobreza y los codiciados recursos naturales del entorno. Estas condiciones son propicias para –a través del encarcelamiento– enviar el mensaje de que no es conveniente realizar movilizaciones sociales. De esta manera, la representación de PEMEX como “Goliat”, “Sansón”, o “monstruo” implica la desigualdad de poder y la violencia institucional a la que se enfrentan.

42Además, hay que considerar la relevancia del derecho y los procedimientos judiciales como productores y reproductores de relaciones asimétricas de género, lo que pudo tener incidencia en la situación jurídica y el trato recibido por la detenida a lo largo del procedimiento judicial. Al analizar las relaciones entre género y derecho, Carol Smart (1994) ha destacado que el derecho reproduce el género en la formulación de ciertas leyes (civiles y penales) a través de las cuales se definen identidades y roles de género, lo que a su vez incide en las subjetividades de los actores sociales influyendo en sus prácticas, representaciones y modos de vida. Por otro lado, se plantea que en los procedimientos judiciales los jueces, escribientes y abogados tienen sus particulares ideologías patriarcales de género, que pueden tener incidencia en la manera de analizar un caso, fijar una sentencia y decidir cuáles son las normatividades que en él se aplican. En su estudio sobre mujeres presas por homicidio en la Ciudad de México, Elena Azaola (1996) muestra que las mujeres reciben una sentencia mayor que los hombres por el mismo delito, debido a que la sociedad no acepta que en su rol maternal ellas puedan cometer este tipo de crímenes.

43En suma, de acuerdo a los Comaroff, existe un “fetichismo de la legalidad” (2009: 48) en la poscolonia neoliberal, ya que al reducirse el Estado, las leyes –y el derecho– son utilizados por los sectores en pugna. De esta manera, se produce un incremento de casos que se judicializan por acciones que provienen de los movimientos sociales, pero también por las autoridades y el aparato judicial del Estado, lo que lleva implícita la amenaza de la criminalización.

3. Reflexión final

45Ante el avance de las políticas extractivas (petróleo, minería, eólicas) en las regiones indígenas de México, el discurso político de los activistas y del movimiento indígena recupera la dimensión de su medio ambiente como un territorio, para contraponerlo a la devastación ambiental que producen estas políticas. Al mismo tiempo, en la región de estudio se ha generado un movimiento contra los megaproyectos, que ha desatado una campaña informativa, intensificando los lazos con otras organizaciones ambientalistas, motivo por el cual se conforma un amplio abanico de opositores pertenecientes a diversos pueblos indígenas y a la población mestiza. Se reflexiona sobre las raíces y sobre el significado del progreso que ellos buscan, se debate y aportan diferentes perspectivas sobre este tema de candente actualidad. Similares preocupaciones tienen lugar en ejidos del sur de Veracruz, en comunidades y municipios nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla y entre los zoques de Chiapas, entre otros casos en México. Defender el territorio y la vida se encuentra en el centro de los planteamientos de las organizaciones que se proponen resistir contra los megaproyectos resultado de las políticas neoliberales. Pero este activismo de las organizaciones de la sociedad civil tiene su correlato en la criminalización de la protesta social y la posible persecución de sus dirigentes, poniendo en riesgo sus vidas.

46Algunos entrevistados sostienen que “antes” (en las primeras décadas de la explotación petrolera) no protestaban porque a pesar de las afectaciones había suficiente tierra a la cual desplazarse para cultivar, además de la “ignorancia de los abuelos” que eran analfabetos, no conocían las leyes y no se tenía mayor información sobre las formas de reclamar reparación del daño, en caso de que éstas existan. A ello se suma el hecho de que durante el gobierno incuestionable del Partido Revolucionario Institucional (PRI) su hegemonía establecía limitaciones para la protesta y el descontento social. De acuerdo a los testimonios orales, las movilizaciones que reclaman apoyos de PEMEX a través del cierre de carreteras, de pozos petroleros y diversos tipos de protestas, datan de hace un par de décadas, desde antes de la Reforma Energética, lo que relaciona los cambios en la política energética con un avance en el conocimiento del tema de los derechos humanos, la reducción del analfabetismo, la difusión que realizan los medios de comunicación y la migración que abre horizontes. Esto sugiere que hay modificaciones en la manera en que los campesinos se representan en su relación con PEMEX y con la burocracia petrolera.

47Cuando PEMEX era una empresa nacionalizada (desde 1938) los pobladores afectados se relacionaban directamente con estos actores sin intermediarios. Desde que se inició el proceso de privatización de PEMEX, hacia fines de la década de los ochenta, en forma paulatina se hizo más compleja esta relación, a medida que comenzaron a operar las compañías privadas, que están en la zona un determinado tiempo y luego se van, fragmentando las representaciones que los habitantes tienen sobre la empresa petrolera. En las representaciones locales, la estabilidad que proporciona el PEMEX nacionalizado se enfrenta a la inestabilidad y dispersión que ocasionan las múltiples compañías que realizan sólo una parte del trabajo. Cuando hablan de sus afectaciones, los campesinos sintetizan la problemática refiriéndose a este complejo entramado de compañías hablando de PEMEX, como si la empresa siguiera funcionando sin los cambios que han tenido lugar desde los años ochenta.

48Con la criminalización de la protesta social, las políticas estatales se convierten en una expresión de la defensa de los intereses que promueve el extractivismo. La represión es una de las maneras de criminalizar, a la que debe sumarse el modo en que los operadores de la justicia interpretan las leyes, así como la creación de un nuevo marco jurídico que tiene como fin proteger los intereses extractivos (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 2011). Es indudable que existen impactos sociales y ambientales –como la contaminación de arroyos y fuentes de agua– que afectan a todos los habitantes por igual. Sin embargo, es necesario contextualizar cómo se producen estos impactos en situaciones particulares, para mostrar el tipo de reconfiguraciones que se producen. Es decir, las políticas extractivas ejercen impactos diversificados que, dependiendo del contexto, penetran en todos los poros del cuerpo social y en el medio ambiente. En el caso de los habitantes que están sin agua debido a la explotación petrolera, en este municipio donde el verde de la vegetación y la abundancia de los ríos es deslumbrante, se alteran las dinámicas comunitarias y la vida cotidiana de la gente por la carencia del líquido, afectando la alimentación, la salud y la producción agrícola, entre otras cuestiones. El ejidatario en cuya tierra ocurre un derrame de petróleo, tiene que reconfigurar el uso del espacio ya que no puede seguir con sus cultivos, la producción de vainilla se acaba y la de cítricos corre el riesgo de contaminarse. La joven mujer encarcelada tiene que adecuar su cuerpo, sus emociones y las dinámicas familiares debido a la detención que sufre, además de superar el miedo y la angustia que le ocasionan la distancia y el encarcelamiento.

49Por último, en este artículo he señalado tres casos en que se giró orden de aprehensión contra autoridades de sus comunidades, aunque sólo se materializó el de esta mujer, porque los otros dos se ampararon. Pero estos sucesos, que tuvieron lugar en el contexto de la nueva legislación derivada de la Reforma Energética, son un llamado de atención para mostrar la tensa relación que existe en la actualidad entre PEMEX, las compañías privadas que todavía operan en la región, los campesinos y el poder simbólico del Estado para amedrentar a los ciudadanos a través de su intención de sancionar penalmente a las autoridades que los representan. El tema de la vulneración de los derechos humanos (Gudynas, 2013) y de los derechos de los pueblos indígenas adquiere singular relevancia en estos contextos.