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Defensa de territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia: derechos colectivos, neoextractivismo y autonomía

Defense of Indigenous Territories in the Lowlands of Bolivia: Collective Rights, Neoextractivism and Autonomy
Pabel Camilo López Flores

Resumos

Los conflictos y movimientos socioterritoriales en Bolivia han puesto en evidencia las formas de quebrantar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y parecen interpelar y disputar imaginarios de cambio societal/estatal que emergieron en este país la década pasada, como la "plurinacionalidad", la "autonomía indígena", el "Vivir Bien" y la "descolonización". En diversos territorios de Bolivia se presentan fuertes tensiones, algunas violentas, entre una visión de “desarrollo” y políticas de expansión/intensificación extractivista desde el Estado y gobierno y, del otro lado, con manifestaciones de defensa de territorialidades comunitarias. Se plantea una problematización de la actual situación en las llamadas tierras bajas, donde sujetos políticos indígenas estarían configurando movimientos societales a partir de formas de defensa territorial, acaso, de alcance contra hegemónico.

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Notas da redação

Revisado por Valentina Gatti

Recibido: 27.06.2017
Aceptación comunicada: 14.03.2018

Texto integral

Introducción

1Los diversos conflictos socioambientales o socioterritoriales, que se manifiestan en casi toda la región, tienen una connotación particularmente paradójica en países como Bolivia, donde, pese al reconocimiento constitucional del carácter plurinacional del Estado, en la actualidad se manifiestan señales de re-centralización y restauración monológica del Estado-nación de la mano de un decidido proceso de expansión e intensificación extractivista. Esto supone grandes retrocesos en los mandatos de transformación plurinacional, descolonización y del “Vivir Bien” presentes en el actual texto constitucional.

  • 1 En 1990, la Marcha Indígena por el Territorio, la Vida y la Dignidad”, protagonizada por pueblos y (...)

2En la década anterior asistimos a una época de articulación de horizonte contrahegemónico en Bolivia, que se expresó a partir de procesos de unificación, movilización y articulación societal (Tapia, 2008) desde movimientos comunitarios indígenas, que activaron y amalgamaron a partir de la defensa y lucha por sus autonomías político-territoriales lo anticolonial y la crítica a la “continuidad neocolonial” (Rivera, 2010) con la crítica a las estructuras del Estado-nación monocultural y del capitalismo neoliberal. Así, uno de los elementos de ese horizonte contrahegemónico gestado en el ciclo rebelde (2000-2005) fue, entre otros aspectos, la demanda y posibilidad de un Estado plurinacional y el reconocimiento, institución y pleno ejercicio de la autonomía indígena en territorios comunitarios ancestrales que ya antes, durante los noventa, fueron reconocidos como tierras colectivas.1

3El tránsito hacia un Estado plurinacional y con autonomías (específicamente de tipo étnico-originario) implicaba, pues, romper con el monopolio y la pretensión del "monopolio de la política" presente en toda la historia del Estado en Bolivia, es decir, la instauración y desarrollo de una pluralidad de espacios y formas de autogobierno y de autonomías indígenas.

  • 2 El Pacto de Unidad fue un espacio de articulación política de las principales organizaciones matric (...)

4No obstante, en la primera mitad del actual decenio se pasó de procesos constituyentes –generados y protagonizados en gran parte por movimientos indígenas y otras fuerzas populares como una manifestación del descontento social e impugnación no sólo de los efectos sociales y económicos del modelo neoliberal sino hacia el sistema político en su conjunto– hacia un escenario en que estos actores y fuerzas sociales estarán subordinados o ausentes en el momento en que el gobierno de Evo Morales empezara a desplegar una política de expansión del modelo extractivista sobre territorios indígenas que, en muchos casos, ya contaban con el carácter y condición de tierras y territorios colectivos constitucionalmente. Se llegó así a un momento de rompimiento en la alianza campesina-indígena en Bolivia, expresada en el Pacto de Unidad,2 como evidencian varios conflictos territoriales, principalmente en las denominadas tierras bajas de este país, como sucedió a partir del conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro-Sécure).

5Esto ha implicado que, en cierta medida, se fueran cerrando las condiciones materiales e históricas de construcción de un “Estado plurinacional” desde las propias estructuras estatales o, al menos, hubo un gran retroceso en ese sentido, haciéndose evidente una rearticulación de una condición neocolonial que define la reorganización estatal en la región (Tapia, 2011). Así, un horizonte realmente contrahegemónico se estaría articulando hoy fundamentalmente en torno a las resistencias territoriales comunitarias de pueblos, movimientos y organizaciones indígenas contra la expansión de un modelo económico-territorial extractivista, que predomina en las políticas estatales del gobierno boliviano y que afecta directamente a territorios y territorialidades comunitarias, confrontándose con poblaciones rurales e indígenas, las mismas que reivindican manifiestamente una defensa de sus territorios y demandan el respeto y ejercicio de sus derechos colectivos de autodeterminación.

6Por tanto, la perspectiva de transformación estatal abierta a partir de ciclos de movilización social en la década pasada en Bolivia, y que tuvo la premisa de la descolonización del Estado como condición para la construcción de un “Estado Plurinacional” fue, en gran medida, resultado de la potencia y resistencia de memorias de culturas y pueblos indígenas y originarios acumuladas durante siglos y décadas de dominación colonial, republicana, nacionalista y neoliberal, los que emergieron de manera contundente a finales del siglo xx y que, aún hoy, continúan manifestándose como espacios comunitarios de resistencia y núcleos territoriales de contrahegemonía societal frente al Estado y a sus políticas territoriales.

  • 3 Por un lado, el tema de la participación y consulta previa a los pueblos indígenas (tal como lo dis (...)

7En ese escenario, el actual contexto en Bolivia está marcado entre otros aspectos por la reactivación de movimientos socioterritoriales, en particular de carácter indígena, frente a dinámicas y actividades extractivas y de explotación de “recursos naturales” por parte del actual gobierno sobre áreas protegidas y/o territorios indígenas, y sus consecuentes dinámicas de despojo, específicamente en las tierras bajas de Bolivia, donde se producen una serie de conflictos socioambientales, intensificados a partir las recientes políticas gubernamentales dirigidas a profundizar y expandir la explotación/exportación de “recursos naturales”, particularmente de hidrocarburos, sin la correspondiente consulta y consentimiento previos3 que están establecidos en normas internacionales sobre derechos de los pueblos y reconocidos en la propia constitución boliviana.

8Lo anterior se traduce en una serie de efectos e impactos negativos hacia las comunidades indígenas y rurales, que reproducen su territorialidad y sus formas de vida comunitaria en sus territorios ancestrales. Sin embargo, tal como señala Molina (2016), la consulta previa, entre otros mecanismos para enfrentar los conflictos indígenas derivados de la defensa territorial y del avance extractivista, genera la división de las organizaciones indígenas. Como veremos más adelante, en el caso del conflicto sobre el TIPNIS, el tema de la consulta y consentimiento previos, se hará evidente la paradoja de cómo dicho instrumento legal internacional, concebido para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se convertirá en un mecanismo que permitirá penetrar, condicionar e, incluso, dividir a las comunidades de un territorio, haciendo de este derecho reconocido una estrategia de la intelligenzia de un patrón de acumulación capitalista (con la plataforma legal e institucional del Estado) para legitimar proyectos extractivistas y procesos de despojo socioterritorial.

  • 4 David Harvey plantea el concepto de acumulación por desposesión, que consiste en el uso de métodos (...)

9Estos procesos de expansión capitalista mediante un patrón extractivista, a través de la modalidad –siguiendo a Harvey (2004)– de “acumulación por desposesión”4 sobre territorios comunitarios, vienen generando o acentuando en los últimos años la reactivación de la acción colectiva y de defensa territorial. Precisamente algunos conflictos socioterritoriales confrontan directamente la visión gubernamental de “desarrollo” y con contenidos retóricos de perfil desarrollista, frente a una diversidad de cosmovisiones, territorialidades comunitarias y/o ancestrales, así como a una diversidad de posicionamientos de parte de actores sociales indígenas de esos territorios, los que reivindican derechos colectivos a la autodeterminación y la consulta previa sobre actividades que afecten a sus comunidades, territorialidades y formas de vida. Esta situación recientemente se ha acentuado con la decisión del gobierno boliviano de permitir y promover la exploración/explotación de recursos energéticos –en particular hidrocarburos– en “áreas protegidas”.

10Se propone un abordaje crítico de la actual situación en las tierras bajas de Bolivia, donde sujetos políticos indígenas estarían configurando movimientos societales y socioterritoriales, de alcance anti-neocolonial y contrahegemónico, a partir de los procesos de resistencia, r-existencia (Porto Gonçalvez, 2013) y defensa de sus derechos colectivos, sus territorios y territorialidades. Asimismo, se plantea problematizar la relación/tensión entre las organizaciones indígenas y el Estado, concretamente en los últimos gobiernos del MAS, a partir de analizar algunos casos específicos como el conflicto –aún vigente– en el TIPNIS y la lucha del pueblo guaraní en el Chaco en un contexto de expansión e intensificación de las políticas extractivistas.

Breves consideraciones sobre el contexto

11Actualmente Bolivia es el segundo país con mayor población indígena de toda América del Sur, después de Perú, y el primero a nivel subcontinental con mayor porcentaje de población indígena respecto a la población total del país. Aunque Bolivia es generalmente considerada como un país eminentemente andino y altiplánico, quechua y aimara, la mayor parte del territorio comprende lo que se denomina tierras bajas, en particular lo que comprenden las macro-regiones de la Amazonía, Chiquitania y Chaco, donde coexisten 34 pueblos indígenas. Es precisamente esta condición de diversidad étnica, cultural y multisocietal (Tapia, 2002) la que constituye a Bolivia como un país con un carácter plurinacional. Lo que hoy se denomina constitucionalmente Estado plurinacional expresa esa condición multisocietal, a la vez que es el resultado de un proceso de acumulación histórica de ciclos de crisis y luchas sociales, políticas, culturales y territoriales que han venido sucediendo desde la época colonial hasta nuestros días, donde los diversos momentos de la historia de este país presenta una gran cantidad y significaciones de hechos y procesos sociopolíticos que fueron conformando y transformando los imaginarios colectivos de un país con una “conformación social abigarrada” (Zavaleta Mercado, 1985).

12A finales de la década de los noventa, en Bolivia comenzaron a manifestarse los síntomas de crisis del modelo neoliberal y de sus efectos económicos, sociales y políticos. Así, inicia un “ciclo de protestas” (Tarrow, 2009) o un “ciclo rebelde” (Gutiérrez Aguilar, 2015) a partir de la acción colectiva de movimientos sociales, organizaciones populares y pueblos indígenas que portaban un discurso que no se limitaría a una crítica a los gobiernos en turno, sino que revela el vacío de hegemonía que dejaba el sistema político y sus actores partidarios, que se habían alternado en los poderes del Estado durante 15 años. De ese modo, la demanda social en el campo político, además del rechazo coyuntural a políticas estatales de corte neoliberal y a un sistema de partidos con fuertes signos de ilegitimidad política, se dirigían a cuestionar e impugnar las bases estructurales del sistema político y, en algunos casos, de los supuestos mismos del Estado-nación por su carácter ya no sólo de tipo neoliberal sino monocultural, excluyente y neocolonial, que entre otras demandas exigiría la reforma o refundación estatal (Santos 2010), a través de una Asamblea Constituyente (2006-2007). Así, el siglo xxi se abre en Bolivia con un ciclo de rebeliones sociales que configuran “movimientos societales” (Tapia 2008), donde se cuestionan también los supuestos del Estado-nación y del "pacto" con la sociedad, es decir, de su “forma primordial” (Zavaleta Mercado, 1982).

  • 5 Lo que se denominó la agenda de octubre, resultado del ciclo de rebelión social (2000-2005) tuvo co (...)

13Este ciclo de rebeliones sociales, que tiene como uno de sus corolarios el establecimiento de una agenda popular,5 tuvo la peculiaridad de poner en cuestión no sólo las políticas económicas y sociales de los gobiernos de la etapa neoliberal, denunciando su rotundo fracaso en el país, sino que la represión y la respuesta desde el poder del Estado produjo una veloz articulación de varias temporalidades o ciclos de movilización y de rebelión política, llegándose a exigir la transformación estructural del Estado. El 2005 resultó electo el Movimiento al Socialismo (MAS) y Evo Morales, y dio inicio el llamado “proceso de cambio” en Bolivia. Diez años han pasado desde que Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia, y hoy transita en su tercer mandato, avalado por 64% de los votos en diciembre 2009 y por 61% en octubre de 2014; “serán pocos los gobiernos latinoamericanos que han estado caracterizados por fuertes rupturas político-simbólicas y por grandes dificultades y conflictos sociales y regionales como el gobierno de Morales” (Svampa, 2010).

14A partir de la aprobación y promulgación el año 2009 de una Nueva Constitución Política del Estado como resultado de la realización de la Asamblea Constituyente (2006-2007), de un intenso proceso de crisis política y de un ciclo de movilización social que vivió el país desde principios del siglo xxi, se ha transformado (constitucionalmente) el carácter de su estatalidad, la que también habría sido producto de una crisis del Estado-nación. El núcleo central de la transformación estatal, que instituye el nuevo marco constitucional, será el carácter de Estado plurinacional que se reconoce e instituye en el país y que es la base y el horizonte de construcción de una nueva institucionalidad política y el referente que resumiría el nuevo "pacto social" que permite “refundar el Estado” en Bolivia (Santos, 2010).

15Uno de los aspectos centrales que reconfiguran estructuralmente el carácter de la nueva estatalidad boliviana, relacionado al sustento mismo del carácter de plurinacionalidad, tiene que ver con el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos y naciones indígenas y originarias. Este punto implica no sólo el reconocimiento formal de la diversidad cultural sino un desafío de mucha complejidad societal, como modelo político y de gobierno, que es lo que permitió, junto con los otros aspectos innovadores, caracterizar a la actual Constitución de Bolivia como vanguardia del entonces llamado “constitucionalismo transformador” (Santos, 2010). La organización y estructura territorial del Estado plurinacional de Bolivia ha sido objeto de un importante y trascendental cambio e innovación, al transitar hacia un Estado con una tipología compuesta y compleja, ya que se define como unitario y autonómico a la vez, que si bien no es nueva dentro de las modalidades de estatalidad a nivel internacional, sí constituye una gran innovación por el reconocimiento de la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC) en su estructura territorial.

16Asimismo, dos ejes transversales son claves para entender el carácter transformador de la actual Constitución boliviana, como la noción del "Vivir Bien" como principio y filosofía constitucional que se habría inspirado en ideas de matriz comunitaria, y un horizonte de alternativa a la idea de “desarrollo” convencional y en armonía con la naturaleza. Sin embargo, los desafíos de materializar la construcción de un Estado plurinacional entraron en contradicción en los últimos años, entre otras cosas con la visión del gobierno del MAS de monopolizar la vida política, a la par que consolida un patrón económico basado en el extractivismo, lo que marcará un conflictivo contexto sociopolítico en los últimos años.

La irrupción indígena en las tierras bajas de Bolivia

17En la década de los ochenta se desplegaría en Bolivia una crítica al colonialismo interno (Gonzalez Casanova, 1969; Rivera, 2010), entendido como una modalidad intraestatal de reproducir esquemas coloniales de exclusión, subalternización y dominación en particular hacia los sujetos indígenas, mediante lógicas y prácticas sistemáticas de colonialidad estatal. Posteriormente, en los noventa se manifestaron impugnaciones sociales al neoliberalismo por parte de diversos movimientos sociales, en particular de carácter indígena y campesino y con capacidad de influir en el campo político del Estado. Estas formas de organización y unificación comunitaria que fueron negadas, reprimidas o perseguidas durante la etapa dictatorial, retornaron a la vida política pública con la recuperación de la democracia a principios de los ochenta, y tuvieron un proceso de fortalecimiento desde sus bases socioterritoriales durante los noventa y con fuerza desde el año 2000 en este país. Las mismas se constituyeron en instancias matrices fundamentales para la articulación de los pueblos y organizaciones indígenas de tierras bajas, como la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB). El surgimiento de estas organizaciones matrices de campesinos y pueblos indígenas representa una ruptura con los esquemas sindicalistas –en particular del sindicalismo campesino– de organización sociopolítica heredados del nacionalismo que sostenía el Estado-nación en Bolivia.

18Fue en ese contexto que, frente a la recomposición neoliberal del colonialismo interno en Bolivia, se desplegó como una acumulación histórica, más o menos larga, la reconstitución de varios sujetos sociales como es el caso del proceso de organización y unificación de los pueblos indígenas de tierras bajas, que antes no habían experimentado tal grado de articulación, unificación y de organización intercultural. De esta manera, se produjo un conjunto de procesos de organización de las centrales y asambleas de los pueblos indígenas que conforman la CIDOB y, a la vez, procesos de unificación en el seno de cada pueblo y cultura que tienen, mantienen o reconstituyen una forma de autoridad propia de su cultura, que “emergen de manera auto-organizada y con capacidad de autorepresentación un conjunto de colectividades, pueblos y culturas que antes no existían para el Estado y el resto de la sociedad civil, que pensaban esos territorios como de tribus salvajes” (Chávez et al., 2013: 51).

19Durante las décadas de los ochenta y los noventa se manifestaron e hicieron visibles en el escenario sociopolítico de Bolivia otras formas y estructuras de autoridad político-cultural y territorial, no sólo más allá de los márgenes y límites de control político-territorial del Estado, sino formas organizativas de matriz comunitaria que cuestionan y reclaman a éste el reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblos y naciones, así como el respeto a su “territorialidad”, que estaba sujeta a las dinámicas y los efectos de mercantilización y consecuente saqueo bajo los esquemas neoliberales. Esto se manifestó de forma contundente en la Marcha por el Territorio y la Dignidad convocada en 1990 por pueblos y organizaciones indígenas de tierras bajas en Bolivia.

20A partir de esta histórica movilización indígena convocada en 1990, por la primera vez el Estado boliviano reconoce a los indígenas, en particular a los de las tierras bajas, como interlocutores válidos, lo que luego dará como resultado el reconocimiento del derecho de propiedad y administración de territorios ancestrales, mediante una reforma importante que se produjo a nivel de la estructura territorial con el reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) como forma de propiedad colectiva de la tierra. Así, desde 1990 hasta hoy se han realizado casi una decena de marchas indígenas, lo que implica que hay una lucha y crítica sostenida a las estructuras de dominación y de reproducción de modalidades de “colonialismo interno” (González Casanova, 1969) en el país, que será asumida por los movimientos indígenas como autodeterminación en sus territorios.

21El desarrollo organizativo y de los repertorios de movilización de los pueblos indígenas de tierras bajas fue un aspecto fundamental dentro de una nueva ola de procesos organizativos y de repolitización de parte de la “sociedad civil” en Bolivia, desde organizaciones que representan a otras sociedades que fueron subalternizadas desde la colonia, durante la formación de la república liberal postcolonial y durante los periodos del Estado-nación y el Estado neoliberal, de modo neocolonial. En ese sentido, el conjunto de procesos de organización y movilización de los pueblos indígenas de tierras bajas ha sido un factor fundamental, si bien no el único, que condujo a una serie de reformas constitucionales durante los años noventa.

22Con la actual CPE aprobada en 2009, las TCO pasaron a denominarse como Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC), que además constituyen una modalidad concreta para transitar hacía la condición de Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC). Así, tanto la plurinacionalidad y la autonomía indígena, establecidas como aspectos centrales e innovadores de la actual Constitución boliviana, no serían entonces producto de la intelligenza del Estado o la imaginación del gobierno del MAS, sino fruto de imaginarios colectivos, reivindicaciones históricas y luchas políticas de movimientos sociales de carácter indígena, por su autonomía político-territorial reivindicadas frente al Estado-nación.

23Desde estos movimientos sociales de carácter comunitario-ancestral han surgido varios, sino los más importantes, imaginarios sociopolíticos y los principios del actual proceso de transformación estatal en este país. De ese modo, dentro de las aristas que presenta el llamado “proceso de cambio” político boliviano, que tuvo como núcleo central el mandato constitucional de construcción del Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico, la figura de autonomía indígena es un pilar fundamental. A partir de dichos movimientos sociales y la apertura de un proceso de transformación estatal, mediante un “momento constitutivo” (Zavaleta Mercado, 1985) se han configurado como verdaderos “movimientos societales” (Tapia, 2008), los que aún continúan vigentes como formas de protesta, rebelión y movilización social que cuestionan y trastocan el carácter mismo del Estado-nación, al cuestionar sus políticas y los modos de reproducir la desigualdad entre pueblos y culturas.

24Asimismo, estas reivindicaciones comunitarias y demandas político-territoriales de movimientos indígenas, con carácter societal, retornan en la actualidad con fuertes críticas a las orientación y dirección que ha tomado el mencionado “proceso de cambio” en este país y el gobierno de Evo Morales, el cual es impugnado desde organizaciones indígenas, entre otros cuestionamientos por haber monopolizado el Estado y recentralizado la política en el país e incumplir el mandato constitucional de transformación plurinacional del Estado. De ese modo, varios movimientos indígenas fueron demandando una reorientación del llamado “proceso de cambio” hacia los contenidos y sentidos transformadores del Estado y la materialización de la premisa plurinacional y horizonte descolonizador que emergió en el país a comienzos de este siglo. Así, movimientos socioterritoriales de carácter indígena están en la actualidad retornando a constituir sujetos políticos con capacidad de movilización e interpelación al Estado, configurando a su vez núcleos socioterritoriales de contrahegemonía societal en este país.

Re-emergencia indígena como movimiento societal en Bolivia

25Desde hace algunos años, el escenario donde se manifiestan los conflictos sociales, ambientales y movimientos socioterritoriales es precisamente en las regiones de las tierras bajas del país, donde movimientos de matriz indígena y comunitaria se organizan y movilizan en torno principalmente a la defensa de sus territorialidades y sus derechos colectivos. Algunos de estos conflictos y movimientos expresan acciones de defensa, movilización y disputas socioterritoriales frente a políticas de expansión e intensificación extractivista por parte del gobierno del MAS. Entre los más recientes y expresivos destaca el conflicto en torno a la defensa indígena del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure) en parte de la región amazónica del país, que tuvo como su máximo momento de visibilización las dos marchas indígenas (2011 y 2012) en defensa de este territorio frente a planes gubernamentales de imposición (inconsulta) de una carretera como parte de proyectos geopolíticos de infraestructura destinada a la extracción. Otro de estos movimientos de resistencia territorial se produce con la lucha por los derechos territoriales y la autonomía indígena del pueblo guaraní en la región del Chaco boliviano, frente a políticas gubernamentales dirigidas a limitar/subordinar la autonomía o con intervenciones para garantizar proyectos de extracción, principalmente de hidrocarburos, vulnerando derechos colectivos reconocidos.

26Estos “conflictos socioambientales” (Martínez Alier, 2004) han generado acciones de defensa territorial por parte de las poblaciones indígenas y de reivindicación de sus derechos colectivos, frente a las actuales políticas de expansión de una modalidad extractivista de acumulación capitalista por parte del gobierno boliviano, haciendo evidentes a la vez contradicciones y retrocesos en torno a mandatos/principios constitucionales, como la propia “plurinacionalidad del Estado” y al imaginario del “Vivir Bien” o la “descolonización”, mediante la imposición de una visión estatal y gubernamental de desarrollo. De ese modo, se genera en esos territorios y espacios locales una ola de resistencias sociales, identificadas como movimientos socioterritoriales, los cuales reactivan a su vez movimientos anticoloniales y societales que surgen como parte del “giro eco-territorial” (Svampa, 2012) de los movimientos sociales en América Latina. Se trata de formas de reactivación de la acción colectiva de sujetos socioterritoriales que interpelan a parte de las políticas y planes del partido gobernante MAS, que en la línea de los llamados “gobiernos progresistas”, como señala Gandarillas (2016), “apuntala modelo económico anclado en la exportación de materias primas, que benefician en último término a los grupos de poder multinacionales, debido a esto, se alejan de sectores populares que son afectados o se oponen a sus políticas” (2016: 114).

La defensa indígena del TIPNIS. Una herida abierta y una lucha vigente

27La determinación unilateral en el 2010 por parte del gobierno de Evo Morales de construir una carretera de Villa Tunari (Cochabamba) a San Ignacio de Moxos (Beni) desató en los últimos años una profunda polémica en este país, a partir de la reacción de las organizaciones indígenas para evitar que esa carretera pase por el núcleo del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure), exigiendo el respeto a la territorialidad indígena y la respectiva consulta previa a los pueblos indígenas, como establece la actual Constitución boliviana y normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así, el TIPNIS, además de constituir un territorio protegido por normas nacionales por su condición de parque natural (área protegida), es reivindicado por las poblaciones del lugar por ser “territorio indígena”, amparado en convenios internacionales como parte de los derechos fundamentales de los pueblos y naciones indígenas, así como por el texto constitucional boliviano.

28Este conflicto no se desplegará únicamente de una disputa por una carretera proyectada sin la correspondiente consulta previa, o una tensión particular entre el gobierno del MAS con las comunidades y organizaciones indígenas del TIPNIS, sino que implicará un trasfondo que muestra un contraste entre prácticas productivas, diná-micas económicas, visiones sobre el desarrollo y lógicas territoriales de escala distinta e incompatible (Paz, 2012), ya que en el TIPNIS es posible identificar la presencia y sobreposición de diversas lógicas o modelos de desarrollo que expresan visiones económico-territoriales distintas y que “se vinculan de manera diferente con las propuestas de desarrollo que impulsa el gobierno de Evo Morales” (Paz, 2012: 14 ff.).

29Por un lado, existe una lógica económica que tiene sus bases materiales en lo que denomina la “economía étnica amazónica” de parte de las comunidades indígenas que se desenvuelve con base en el uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque de forma colectiva, a partir de un manejo territorial comunitario, es decir, una determinada territorialidad construida ancestralmente por los pueblos que habitan este territorio. Por otro lado, se manifiesta una lógica económica que tiene bases materiales en la economía de producción de hoja de coca, que es impulsada por los colonizadores andinos y que se desenvuelve con base en el eje de uso y aprovechamiento de los bienes del bosque en forma individual-mercantil (Soto, 2011). Finalmente, estaría la visión del Estado, que a partir de una lógica de “control” territorial ha tratado históricamente de sentar una presencia en el TIPNIS, desplegando diferentes políticas de “ocupación” del territorio.

Figura 1 – TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro-Sécure)

Figura 1 – TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro-Sécure)

Fuente: Elaboración propia.

  • 6 El IIRSA, es la sigla para la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramer (...)

30De ese modo, desde el segundo periodo de gobierno del MAS (2009-2014), esta visión estatal ha tomado un nuevo impulso con nuevas características y efectos socioterritoriales, a partir de los cuales puede identificarse una política estatal nacionalista y neoextractivista. Así, las políticas que proyectan e impulsan la construcción de una carretera son parte de una visión gubernamental de desarrollo que gira en torno a un modelo económico de expansión capitalista basado predominantemente en dinámicas extractivistas, principalmente de explotación/exportación de hidrocarburos y energía, así como planes de desarrollo de infraestructura para la extracción que estarían vinculados a megaproyectos regionales en el marco del IIRSA/COSIPLAN.6 De ese modo, el gobierno de Evo Morales, en los hechos, impulsa el despliegue de un modelo económico que termina profundizando la tendencia a salidas económicas que se basan en un modelo primario exportador. El conflicto del TIPNIS acaso expresa exactamente eso: poblaciones indígenas que rechazan los planes centrales de la política económica extractivista de despojo, destructora de su territorio y sus formas de vida. Asimismo, el conflicto del TIPNIS visibilizó mecanismos de expansión territorial y de acumulación capitalista que extienden las relaciones de mercado, integrando progresivamente el territorio indígena al espacio económico de la producción de coca, y también colocó en el mapa geopolítico a los capitales petroleros, mineros y de la especulación financiera que generan la lucha de clases (Molina, 2016).

31Como resultado de la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, el gobierno firmó con los marchistas un acuerdo en el que, en parte, se comprometió a “consensuar” las futuras leyes que involucren a los indígenas, especialmente las relacionadas con hidrocarburos, y a elaborar participativamente una ley general de consulta a los pueblos indígenas. En ese sentido, como señala el estudio de Ortiz y Costas (2010), más allá de las ventajas y desventajas del proyecto vial del gobierno, éste adolecía de una falla crucial: sus impulsores incumplieron el "derecho a la consulta previa" a los indígenas. Este derecho está consagrado en la Constitución y lo avala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido por el Estado boliviano; “Ninguna autoridad de gobierno ha consultado nuestro criterio sobre la carretera, a pesar de que nosotros apoyamos al gobierno”, aseguraba entonces un dirigente indígena del TIPNIS.

  • 7 En la gran mayoría de los países de América Latina se ha creado mayor conciencia sobre la obligator (...)

32En ese escenario, surgió el debate sobre el carácter "vinculante" o no de la consulta, en el que las comunidades indígenas del TIPNIS y parte de las organizaciones comunitarias de las de tierras bajas cuestionan el entendimiento gubernamental de que la Consulta a los pueblos indígenas no es vinculante.7 A partir de aquí es donde es posible empezar a vislumbrar los dilemas institucionales del “Estado plurinacional” y las posiciones políticas que “razonan” su vida institucional sin las consecuencias radicales del principio político de “libre determinación”, el derecho a su autonomía y autogobierno.

33El conflicto en torno al TIPNIS, como un “problema” todavía no resuelto y un debate y disputa abierta en Bolivia, presenta una gran complejidad en cuanto a las múltiples dimensiones que involucra (territorial, económica, sociocultural, política) estructuralmente atravesadas por la “tensión de territorialidades” (Porto-Gonçalves et al., 2013) como elemento base sobre el que se despliegan los sentidos espacio-temporales de dichas dimensiones. En ese sentido, resulta fundamental destacar también la dimensión referida a los contornos sociopolíticos que emergerán con el conflicto en torno al TIPNIS, que nos ayudan en parte a entender el actual contexto político que atraviesa Bolivia, en particular referido a la relación de los movimientos sociales de matriz comunitaria indígenas con las estructuras estatales y gubernamentales, que este conflicto reconfigura a partir de las tensiones y disputas por el territorio y la territorialidad, como una dimensión esencialmente política y societal.

34No cabe duda que uno de los puntos de inflexión o momentos de crisis del llamado “proceso de cambio” en Bolivia lo marca el conflicto socioterritorial del TIPNIS, que rápidamente deviene en un macroconflicto sociopolítico. Dado que, de la pluralidad de conflictos que se manifestarán durante el segundo mandato de Evo Morales, que en su mayoría están relacionados con desacuerdos sociales sobre las políticas gubernamentales y normas postconstitucionales (Chávez et al., 2013; Wanderley, 2013), el momento de rupturas políticas más intenso se produjo alrededor del conflicto del TIPNIS desde el 2011, en tanto “un conjunto de resquebrajamientos y rupturas profundas, en cierta medida irreversibles, no sólo entre las organizaciones indígenas y el gobierno sino al interior de la propia sociedad boliviana [que representó la ruptura y fin del Pacto de Unidad] y de enfrentamientos entre comunidades indígenas de base con fracciones del movimiento campesino y colono-cocalero” (Chávez et al., 2013).

35La movilización indígena en defensa del TIPNIS, de las organizaciones indígenas de tierras bajas y las subsecuentes reacciones represivas gubernamentales, hará visible una serie de “contradicciones” entre el discurso oficial del gobierno, en particular referido, entonces, a su supuesto carácter de “gobierno de los movimientos sociales” y una orientación y práctica política con rasgos autoritarios y, acaso, en momentos explícitamente de perfil anti-indígena y neocolonial (Tapia, 2011). Así, el conflicto del TIPNIS, al poner en cuestión la perspectiva gubernamental en torno al carácter “plurinacional” del Estado y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reinstaló un debate en el país en torno la orientación misma del Estado, la nación y la política, y en consecuencia de la orientación que tiene el llamado “proceso de cambio” en Bolivia, así como a la manera de configurar las relaciones Estado-sociedad en el marco de una actual política de exacerbación neo-extractivista.

36A partir del conflicto por la defensa del TIPNIS también es posible evidenciar, primero, un distanciamiento y luego una ruptura de las relaciones, alianzas y acuerdos que se habían establecido y articulado desde el 2005 entre las organizaciones indígenas y el gobierno del MAS con Evo Morales a la cabeza, que resultará del despliegue del principal eje de contradicción que organiza las relaciones políticas hoy en el país (Tapia, 2011). Esto expresa, como se mencionó anteriormente, el choque no sólo de dos visiones económicas y territoriales sino de dos “proyectos de matriz y orientación civilizatoria diferentes” (Porto-Gonçalves et al., 2013), en el que uno implica la destrucción del otro. Por un lado, el núcleo central del proyecto del partido gobernante, consistente en una visión estatal desarrollista de matriz capitalista y con un núcleo extractivista. Una visión estatal que contendría un esquema tripartito: una ampliación del capitalismo de Estado en interacción con el capital transnacional, basado en la extracción de recursos naturales como materias primas, en particular hidrocarburos; una articulación con capitales privados nacionales vinculados a la agrobusiness, y una expansión de la frontera agrícola, principalmente cocalera, con una clase empresarial andina y campesina convertida en pequeños, medianos y grandes empresarios. Por otro lado estaría la visión desde los sujetos indígenas, con un proyecto político desplegado hace ya tiempo, que consiste en la defensa y recuperación de territorios indígenas, en los que se pueda reproducir y desplegar la diversidad de culturas de los pueblos que habitan en las tierras bajas de Bolivia y la defensa de sus derechos territoriales reconocidos, que es lo que le pone los límites más importantes a la expansión capitalista (Tapia, 2012) y las dinámicas de “acumulación por desposesión” en pleno despliegue en el país.

37Como sugiere Joensen (2015: 38), el conflicto del TIPNIS muestra cómo el “neoliberalismo ha sabido adaptarse a las nuevas realidades dentro de la globalización y las nuevas izquierdas no sólo no les presentan una limitación, sino que les son funcionales. Las ideas de modernización, crecimiento y desarrollo indispensables para el capital siguen vigentes dentro de visiones que continúan sufriendo del colonialismo epistémico”.

38En ese contexto, si bien la tensión entre organizaciones indígenas de tierras bajas de Bolivia y el gobierno de Evo Morales, sobre todo desde su segunda gestión de gobierno (2009-2014), estuvo marcada por momentos de tensión, contradicciones y fisuras, a partir de la movilización indígena en defensa del TIPNIS, desde el 2011, estas relaciones terminaron en rupturas irreconciliables hasta la actualidad. Dichas rupturas están marcadas de forma dramática con episodios autoritarios y represivos por parte del gobierno. Esta serie de ataques gubernamentales a parte de los actores indígenas de Bolivia configura una faceta de rasgos curiosamente “anti-indígena” desde estructuras gubernativas que hace visible una línea o tendencia desde el propio Estado, de negación a estos actores de la condición de sujetos autónomos, es decir de “sujetos políticos”, portadores de visiones, intereses y proyectos propios (Tapia, 2012), lo que expresa una de las facetas más autoritarias del actual partido gobernante: la negación de la autonomía a los pueblos indígenas.

39En la actualidad, esta faceta anti-indígena del gobierno del MAS se manifiesta en la reciente abrogación de la Ley 180, que se considera una conquista social de la VIII Marcha Indígena del 2011 al establecer la protección y la intangibilidad de este territorio indígena y área protegida, que impedía la construcción de proyectos como la mencionada carretera. Mediante la abrogación de esta norma, pese a las movilizaciones de los pueblos y organizaciones indígenas del TIPNIS y la promulgación de la Ley 969 de agosto de 2017, se declara la supuesta “protección, desarrollo integral y sustentable del TIPNIS” aunque, en los contenidos específicos de su articulado, se hace evidente cómo nuevamente se deja en estado de desprotección a este territorio al abrirlo a las actividades de explotación y mercantilización, principalmente de su riqueza natural, por parte de capitales nacionales y trasnacionales, ya que viabiliza proyectos extractivos (art. 6 y art. 8, Ley 969) y el aprovechamiento de los recursos naturales por los privados (art. 12), entre otras disposiciones que muestran cómo dicha Ley apunta a un retroceso flagrante en lo que se logró avanzar y conquistar en cuanto a la protección socioterritorial de este territorio.

La autonomía indígena guaraní: entre la subordinación y la autodeterminación

40En relación con el tema de la autonomías indígenas, que ha sido uno de los más polémicos del proceso constituyente y del periodo post-constituyente de la década pasada en Bolivia, tuvo como uno de los protagonistas principales al pueblo guaraní y a su organización matriz, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), con la demanda por la reconstitución de su territorio a través de la figura de autonomía político-territorial, pero que además tuvo como trasfondo la tensión con el Estado por consolidar esa autonomía en un contexto de permanente conflicto en torno a los derechos territoriales y en particular al derecho de consulta previa, así como a tensiones con empresas extractivas, principalmente de explotación de hidrocarburos en los territorios del pueblo guaraní en diversas zonas de la región del Chaco boliviano, donde se encuentra la mayor cantidad de gas y petróleo del país.

41Así, una vez aprobada la nueva Constitución Política del Estado en Bolivia y con la apertura del periodo post-constituyente, a partir del año 2009 comenzó a emerger una creciente tensión entre el gobierno de Evo Morales y los movimientos indígenas y campesino-indígenas, en torno a las disputas por los territorios y los “recursos naturales”, donde es posible observar cómo las acciones colectivas del pueblo guaraní, en disputa por sus territorios y los recursos naturales, habilitó un proceso de reconfiguración identitaria como pueblo (Wahren, 2012). La cuestión de la autonomía indígena aparece así como un horizonte concreto de las acciones colectivas del pueblo y organización guaraní y de sus bases comunitarias en sus territorios ancestrales, como también las demandas por el reconocimiento territorial, la defensa de los recursos naturales y de un “Estado plurinacional”. Con esa demanda, la nación guaraní exigió no sólo autonomía territorial sino que su visión tuvo horizontes reivindicativos que tienen que ver, en cierta dimensión, con la reconstitución de su territorio ancestral lo que involucra, de alguna manera, un control comunitario sobre los recursos naturales que están en el subsuelo.

42En ese sentido, junto a la demanda de autonomía político-territorial, el pueblo guaraní exigió al Estado el respeto al derecho a ser consultados sobre la explotación de recursos naturales (hidrocarburos), y a ser compensados por sus impactos socioambientales. De ese modo, resulta particularmente conflictiva la situación que se presenta en territorio guaraní, donde se encuentra el mayor porcentaje de todas las reservas de hidrocarburos de Bolivia y donde actualmente operan los mayores campos de explotación hidrocarburífera, promovidos desde el gobierno, a cargo de transnacionales extractivas petroleras y de parte de la empresa estatal YPFB. Así, las demandas y reivindicaciones del pueblo guaraní, referidas al ejercicio pleno de sus derechos colectivos y la creciente demanda de autonomía territorial y política, tienen como eje central la reconstitución de su territorio originario, que expresa la reconstitución de su identidad colectiva como pueblo y como sujeto político que reivindica el autogobierno.

43Con el nuevo escenario político jurídico configurado en Bolivia a partir de la promulgación de la actual Constitución Política del Estado (2009), y en particular en la temática de organización territorial y de un nuevo régimen autonómico con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) (2010), en diciembre de 2009 once municipios, mediante referéndum, se instituyeron como autonomías indígenas en el país, iniciando así su proceso autonómico. Para el caso del territorio guaraní en el Chaco boliviano, el municipio de Charagua (en el departamento de Santa Cruz) desarrolló su proceso autonómico, referido específicamente a la elaboración de sus “estatutos” de autonomía indígena. Procesos que significarán intensos procesos de consulta y discusión en las comunidades y sus instancias organizativas, y donde a la vez se expresan un conjunto de principios, sentidos y cosmovisión como pueblo.

44Este proceso estuvo lleno de tensiones y de un entramado de estrategias políticas por parte del gobierno del MAS dirigidas a controlarlo. En el contexto de la elaboración de su estatuto autónomo, al igual que el de la propia LMAD, se pueden identificar, a decir de Garcés (2013), al menos dos posiciones entre el gobierno del MAS y las organizaciones indígenas; de parte del primero se hace clara la voluntad de “reducir” los alcances de la autonomía indígena, mientras por parte de las organizaciones se demanda que su autonomía sea plena; es decir, que exprese su derecho de autodeterminación y autogobierno. Tal como muestra el caso del proceso autonómico del pueblo guaraní en Charagua, este proceso autonómico indígena, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos por la CPE y la LMAD para ejercer su autogobierno, en el marco de lo legalmente exigido, choca con las modalidades, obstáculos y dilataciones de parte de las instancias estatales en relación con este proceso de autonomía indígena, que dio cuenta de una política estatal dirigida a subordinar bajo una lógica institucionalista y sistemático control burocrático desde instancias estatales del Estado el carácter y los alcances de dicha autonomía indígena (Exeni, 2015; López, 2017).

  • 8 En referencia al Decreto Supremo n.º 2366 (2015) del gobierno del MAS, para permitir el aprovechami (...)

45Asimismo, un tema concreto que ha sido reivindicado y exigido por el pueblo guaraní es el ejercicio del derecho a la consulta previa para el consentimiento o no de toda actividad relacionada a la explotación de recursos naturales, particularmente hidrocarburos, en su territorio. Esta situación de permanente asedio e imposición autoritaria de una “territorialidad extractiva” (Wahren, 2012) en el Chaco boliviano y de vulneración sistemática de derechos colectivos reconocidos de las comunidades que lo habitan se hizo evidente en el reciente conflicto de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Guaraní Takovo Mora en la región del Chaco del departamento de Santa Cruz, donde las comunidades indígenas del pueblo guaraní se movilizaron en la defensa de su territorio comunitario legalmente reconocido, frente a las nuevas disposiciones gubernamentales8 que permiten la exploración y explotación de hidrocarburos en las 22 áreas protegidas del país, entre ellas este territorio indígena.

46Esta movilización de las comunidades y organización indígena guaraní de Takovo Mora demanda, al igual que en el caso del TIPNIS, la realización por parte del Estado y del gobierno de la respectiva consulta previa, como un derecho colectivo establecido en la actual Constitución boliviana, en relación con los proyectos de explotación de hidrocarburos por parte de la empresa estatal YPFB. De ese modo, las comunidades indígenas de este territorio exigieron ser consultados sobre la explotación de recursos naturales y demandaron un resarcimiento por los daños ambientales en su territorio, lo que también muestra una complejidad de posicionamientos y visiones dentro de las propias organizaciones indígenas en torno a la consulta previa y los mecanismos de participación y “beneficios” compensatorios que de ese proceso se pueden obtener o no para las comunidades (SchillingVacaflor, 2014).

47Sin embargo, uno de los aspectos que causó la indignación de los pueblos indígenas de las tierras bajas, del resto de organizaciones comunitarias y de la población boliviana en general, fue la brutal represión con la que el actual gobierno del MAS respondió a la movilización de las comunidades indígenas guaranís de Takovo Mora. Esta nueva acción represiva de parte del gobierno reeditó lo que sucedía cuatro años atrás (septiembre del 2011) con la brutal y planificada represión en la localidad de Chaparina a la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS e hizo evidente, una vez más, acaso la faceta autoritaria y anti-indígena del gobierno boliviano, a través del uso y monopolio de la fuerza (policial) para aplicar e imponer, de manera inconsulta, antidemocrática e anticonstitucional, su visión de política territorial, en este caso, para viabilizar su política extractivista asentada en la explotación/exportación de hidrocarburos predominante en la región del Chaco boliviano.

48En ese sentido, las dificultades y límites en el reconocimiento de los territorios indígenas se encuentran directamente asociados a estas disputas con las políticas extractivas, ya que las zonas estratégicas para la extracción de petróleo y gas se encuentran en el territorio ancestral de la nación guaraní del Chaco boliviano. Esta es una de las principales razones por las cuales el tema de los derechos colectivos, en particular el derecho de consulta previa directamente vinculado al derecho de autodeterminación y el mandato constitucional de la autonomía indígena, se presenta como uno de los temas de mayor tensión y disputa del país en la actualidad.

Conclusión

49Desde inicios del presente decenio, se viene manifestando en Bolivia la re-emergencia de movimientos socioterritoriales, principalmente en torno a los denominados “conflictos socioambientales” (Martínez Alier, 2004), como en el caso del conflicto del TIPNIS, protagonizado específicamente por movimientos indígenas de parte de la Amazonía boliviana, pero también estos movimientos socioterritoriales parecen configurar, nuevamente, movimientos societales (Tapia, 2008), los mismos que se afirman como parte del “Estado plurinacional” que se muestra cada vez más lejano en su materialización, y esta vez lo hacen con el énfasis en reivindicar su propia territorialidad como pueblos y demandar el ejercicio pleno de sus derechos colectivos (reconocidos) de autodeterminación y autogobierno. En los casos que brevemente abordamos se trataría de movimientos societales que reclaman autonomías, en el marco de un Estado plurinacional que estos mismos actores habrían impulsado en los albores de este siglo en Bolivia.

50En los últimos años, en Bolivia, un horizonte realmente contrahegemónico se estaría articulando fundamentalmente en torno a las resistencias territoriales comunitarias de pueblos y movimientos indígenas contra la expansión de un modelo extractivo, promovido como una modalidad de acumulación y expansión capitalista desde el propio Estado, que no sólo afecta de manera irreversible ecosistemas, sino que desplaza y despoja territorios, poblaciones y culturas. Estos movimientos de defensa territorial, a la vez, expresan una defensa de sus derechos colectivos de autodeterminación y autogobierno. En ese sentido, la ola de expansión del horizonte contrahegemónico que abrió en la coyuntura fundante boliviana a inicios del siglo xxi y produjo una asamblea constituyente y reformas estructurales del Estado en Bolivia, en la actualidad estaría volviendo a replegarse a los núcleos de resistencia indígena que se manifiestan en las tierras bajas.

51Lo que se puso en evidencia con el conflicto del TIPNIS y la clara postura del gobierno boliviano actual, serían acaso formas de negación y bloqueo del carácter mismo de la autonomía indígena establecida en la Constitución Política del Estado (CPE), la que recoge el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de pueblos indígenas, que reconocen el derecho fundamental de los pueblos y naciones originarias a su autodeterminación. Este principio de autodeterminación, en el caso del proceso autonómico del pueblo guaraní y particularmente en el conflicto del TIPNIS, se habrá vulnerado y conculcado. Por un lado, al no haberse realizado un verdadero, consensuado y transparente proceso de consulta previa, como establecen las normas nacionales e internacionales, y por otro lado, desconociendo las organizaciones históricas y representativas de los pueblos indígenas.

52En la actualidad de Bolivia, estaríamos asistiendo a un complejo momento de disputa por el ejercicio de la autonomía indígena y por el ejercicio de derechos colectivos de los pueblos indígenas, que implica asimismo un posible cierre de las condiciones de posibilidad de implementación de plurinacionalidad estatal como horizonte societal, donde las reivindicaciones sociales, las resistencias y luchas político-territoriales indígenas como las que se presentan en las tierras bajas, no pueden entenderse separadas de procesos de descolonización sociocultural, política y territorial y de la superación de los viejos esquemas del Estado-nación. Esto es lo que habría asumido y plasmado la actual Constitución boliviana, que sin embargo encuentra sus propios límites en el mismo Estado y en algunas de las actuales políticas del gobierno del MAS. En todo caso, las formas comunitarias de practicar el territorio, de relaciones sociales no destructoras de la naturaleza y otras formas de prácticas sociopolíticas, parecen continuar presentes en las comunidades y en sus reivindicaciones de derechos colectivos, en sus resistencias y re-existencias socioterritoriales y en sus construcciones y horizontes autonómicos.

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Notas

1 En 1990, la Marcha Indígena por el Territorio, la Vida y la Dignidad”, protagonizada por pueblos y organizaciones indígenas del Oriente de Bolivia (tierras bajas), conseguirá una serie de reconocimientos a sus derechos colectivos, entre los más importantes estará la titulación colectiva de tierras comunitarias, como las TCO (Tierra Comunitarias de Origen), establecidas en la Ley INRA de 1996.

2 El Pacto de Unidad fue un espacio de articulación política de las principales organizaciones matrices de pueblos indígenas, naciones originarias y federaciones campesinas tanto de “tierras altas” como de “tierras bajas” de Bolivia, conformado el 2004. Esta unificación del movimiento indígena-campesino se expresó en el documento/propuesta para la Asamblea Constituyente con el objetivo de "refundar Bolivia" y construir un “Estado Plurinacional”. Así, el Pacto de Unidad como propuesta sintetizaba por primera vez un proyecto político indígena y un horizonte de transformación estatal profunda, centrado funda-mentalmente en una reconducción de la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos y las autonomías indígenas.

3 Por un lado, el tema de la participación y consulta previa a los pueblos indígenas (tal como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, de 1989) cuando se van a realizar actividades que pudieran afectarlos a ellos y a sus tierras y territorios, y en segundo lugar, el concepto de consentimiento fundamentado previo o de participación informada que implica un grado de interacción que le permita a la parte más débil (en este caso, las comunidades y pueblos indígenas, por razones de asimetría de información) adoptar decisiones debidamente fundamentadas y con pleno conocimiento de sus consecuencias e implicancias.

4 David Harvey plantea el concepto de acumulación por desposesión, que consiste en el uso de métodos de acumulación originaria para mantener el sistema capitalista, mercantilizando ámbitos antes cerrados al mercado, a partir del despojo o del pillaje de recursos, fuerza de trabajo y hasta dinero, que están todavía bajo relativo control de algunas clases, grupos o, como en el caso de la Amazonía, de las nacionalidades/etnias indígenas. La expansión de las fronteras agroforestales, mineras y petroleras produce el despojo de los territorios y la privatización de la propiedad comunitaria.

5 Lo que se denominó la agenda de octubre, resultado del ciclo de rebelión social (2000-2005) tuvo como sus ejes principales, la ‘nacionalización de los hidrocarburos’; una ‘nueva política económica’ que dejará atrás el neoliberalismo y la convocatoria a una ‘asamblea constituyente’.

6 El IIRSA, es la sigla para la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales de los doce países sudamericanos con el objetivo de construir una agenda para impulsar proyectos de integración de infraestructura de transportes. En realidad, se trata de un nuevo proyecto geopolítico para Sudamérica, que implica profundos cambios estructurales y, a nivel mundial, es el proyecto más ambicioso de ordenamiento territorial. Por su parte, el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), como la instancia de discusión política y estratégica para planificar e implementar el IIRSA creado en agosto del 2009 por la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), marcó una nueva etapa para su implementación.

7 En la gran mayoría de los países de América Latina se ha creado mayor conciencia sobre la obligatoriedad y necesidad de implementar mecanismos de consulta previa para los pueblos indígenas y tribales, y se han adoptado ciertas acciones dirigidas a este fin. El derecho a la consulta previa fue reconocido a los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT (1989), que en su punto 6.2 señala que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias”. Esta norma será reafirmada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que en el artículo 19 establece que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados para obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Por su parte, la Constitución Política del Estado boliviana reconoce en el artículo 30, Par. II, num. 15), el derecho “A ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”, añadiendo posteriormente que “se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”. En las normas que sustentan este derecho colectivo de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta es la expresión práctica y concreta del derecho más amplio de los pueblos indígenas a la libre determinación, por lo tanto, se ubica en el centro de las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados.

8 En referencia al Decreto Supremo n.º 2366 (2015) del gobierno del MAS, para permitir el aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos en áreas protegidas.

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Título Figura 1 – TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro-Sécure)
Créditos Fuente: Elaboración propia.
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Para citar este artigo

Referência eletrónica

Pabel Camilo López Flores, « Defensa de territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia: derechos colectivos, neoextractivismo y autonomía », e-cadernos ces [Online], 28 | 2017, colocado online no dia 15 dezembro 2017, consultado a 20 setembro 2018. URL : http://journals.openedition.org/eces/2473 ; DOI : 10.4000/eces.2473

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Autor/a

Pabel Camilo López Flores

Postgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES-UMSA
Avenida 14 de septiembre, 4913 La Paz, Bolivia
velpalopezflo@gmail.com

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Licença Creative Commons CC BY 4.0

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