Navegação – Mapa do site
Artigos

¡Liberar, liberar al mapuche por luchar!”. Activismo, derechos humanos y prisión política mapuche en Chile*

¡Liberar, liberar al mapuche por luchar!”. Activism, Human Rights and Political Prison Mapuche in Chile
Karinna González Palominos

Resumos

El presente trabajo problematiza los modos en que se constituyen las subjetividades y agencias desde las cuales se trazan y resignifican los sentidos de lucha en contextos de violencia estatal. A partir de un trabajo etnográfico (2002-2007) con los presos políticos mapuche –líderes indígenas encarcelados luego de la aplicación de diversas legislaciones de excepción (Ley Antiterrorista, Seguridad del Estado y Justicia Militar)– se analiza, por un lado, el contexto en el que surge la prisión política y sus formas de activismo y, por otro, el proceso en el cual los derechos humanos, sus lenguajes y prácticas, comenzaron a encarnarse en las acciones y experiencias cotidianas de los líderes encarcelados. Se describirán, además, ciertas tensiones entre el activismo de derechos humanos y las trayectorias de lucha previas a la prisión.

Topo da página

Notas da redação

Revisado por Valentina Gatti

Recibido: 28.06.2017
Aceptación comunicada: 05.02.2018

Texto integral

Introducción

  • * El presente trabajo es una versión ampliada de la ponencia titulada “Los derechos humanos y la luch (...)
  • 1 En Chile se encuentran reconocidos ocho pueblos indígenas (mapuche, aymara, quechua, atacameño, col (...)

1A fines de los años noventa del siglo xx se inició en Chile una nueva etapa en la lucha del pueblo mapuche1 por la restitución de su territorio, ocupado en gran parte por plantaciones forestales y amenazado, además, por “mega-proyectos” de desarrollo (energéticos y de infraestructura). El hecho que inauguró esta nueva etapa, fue el incendio de tres camiones de una empresa forestal en la comuna de Lumaco, región de la Araucanía, en diciembre de 1997.

2Había transcurrido casi una década de los acuerdos entre la Concertación –coalición política que gobernó entre 1990 y 2010– y representantes de diferentes pueblos indígenas (mapuche, aymara, atacameño y rapanui), en la ciudad de Nueva Imperial (1989). Allí, el entonces candidato presidencial, Patricio Aylwin, se comprometió a generar un marco jurídico favorable y participativo que incluía el reconocimiento constitucional (que nunca se concretó), la aprobación del convenio 169 de la OIT (ratificado recién el año 2008) y la creación de una nueva legislación. Esta última (ley 19.253) promulgada en 1993 dio origen a la Corporación de Desarrollo Indígena (institución mediadora entre el Estado y los pueblos indígenas) y al Fondo de Tierras y Aguas (solución prevista por la vía del mercado a los conflictos de tierras). Los pueblos, por su parte, se comprometieron a apoyar a la Concertación electoralmente y a respetar las vías institucionales para la resolución de sus problemáticas históricas (Bengoa, 1999; Toledo, 2007).

3En un contexto de internacionalización creciente de la economía, el modelo primario exportador chileno –implementado en dictadura y profundizado durante los gobiernos de la concertación– avanzaba predatoriamente sobre los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, supeditando aquellos derechos que entraban en conflicto con los intereses económicos transnacionales. Se desplegaba de esta manera el proyecto cultural del neoliberalismo, aquel que abría espacios para la participación de los pueblos, promoviendo la expansión de derechos pero, al mismo tiempo, generaba límites para frustrar sus aspiraciones más transformadoras (Hale y Millaman, 2006; Hale, 2007).

  • 2 Para un análisis respecto a las promesas incumplidas y las expectativas no resueltas por parte del (...)

4La frustración de comunidades y organizaciones2 pueden explicar, en gran medida, la irrupción de la movilización social en reclamo por sus territorios, a través de multitudinarias marchas en ciudades del sur de Chile y en la capital; ocupaciones de oficinas gubernamentales, judiciales e iglesias; cortes de rutas; recuperaciones de predios; sabotajes a plantaciones, vehículos y equipos de empresas forestales.

5Según los gremios y conglomerados más importantes del país, la protesta social mapuche venía a cuestionar de manera alarmante al mismo “estado de derecho”. Comenzó entonces a difundirse profusamente a través de los medios de comunicación la “sensación de inseguridad jurídica” y la necesidad de defender el “imperio de la ley”. En un escenario global en que las cruzadas contra el terrorismo se convirtieron en un recurso accesible a la hora de enfrentar las disidencias internas (Calveiro, 2012), un consenso entre el Estado y las corporaciones se produjo para que el denominado “conflicto mapuche” pasara a manejarse como un problema de seguridad pública. Así, un conjunto de dispositivos excepcionales concebidos históricamente para el control de la población (Ley de seguridad del Estado, Justicia Militar y Ley antiterrorista) resurgieron para enfrentar a los mapuche. Esto significó el despliegue de una serie de prácticas y procedimientos violentos –que se hicieron rutinarios– sobre comunidades, organizaciones y líderes.

  • 3 Nos referiremos a los “presos políticos mapuche” en tanto categoría de los propios actores, y cuya (...)

6En este contexto, los dirigentes mapuche que comenzaron a ser encarcelados desde fines de los noventas hasta la actualidad, los presos políticos mapuche3 (en adelante PPM), han luchado para hacer visible esta situación y se han movilizado, principalmente a través de extendidas huelgas de hambre.

  • 4 La ONG a la que hago referencia es el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
  • 5 Me enfocaré en el periodo 2002-2007 por dos razones: la primera, refiere a que es el tiempo en que (...)

7En este artículo propongo problematizar la constitución de subjetividades y agencias desde las cuales se delinean y resignifican los sentidos de lucha en contextos de violencia estatal. A partir de mis registros etnográficos, durante el periodo 2002-2007, recopilados en el marco de la labor que desarrollé en una ONG enfocada en los derechos humanos de pueblos indígenas y,4 posteriormente, analizados retrospectivamente en el proceso de investigación doctoral; me interesa específicamente comprender los modos en que los derechos humanos, sus lenguajes y prácticas, comenzaron a encarnarse en las acciones y experiencias cotidianas de los líderes encarcelados durante este periodo de tiempo.5

8En otros trabajos he podido reflexionar sobre las implicancias y dificultades metodológicas que tuvo mi vinculación con los PPM (González Palominos, 2012). Esta vinculación se construyó a partir de mi pertenencia institucional como investigadora en una ONG, por un lado, y de mi compromiso individual basado en relaciones de confianza y de afectividad, por otro. Dos dimensiones que había que tratar cuidadosamente según las circunstancias (González Palominos, 2012). Este artículo retoma esta reflexión, pero además hace foco en las tensiones que implicaron el tránsito entre los diferentes modos de participación durante la investigación, para ponderar analíticamente el valor de la experiencia etnográfica y su contexto de producción.

9Ya sea participando como investigadora-colaboradora o amiga-militante, el trabajo de campo supuso no sólo observar sino participar de las situaciones sociales y sobre todo transformar la experiencia de investigación en un hecho etnográfico, es decir un dato construido (Fernández Álvarez, 2010). Entiendo que la implicación dentro del campo social, es decir, los múltiples modos en que se teje la participación del investigador en el espacio-tiempo de los otros (Althabe y Hernández, 2005), es clave al momento de construir un saber antropológico, puesto que la lógica de la investigación nunca es autónoma de las dinámicas sociales que se estudian. Por lo tanto sólo nos queda asumir el hecho de que “nuestros interlocutores nos confieren un lugar en su mundo; y es a partir de ese condicionamiento impuesto que nosotros construimos nuestra perspectiva” (ibidem: 82).

10Si bien la metodología propuesta dentro del equipo interdisciplinario se planteaba explícitamente como una “Investigación Acción Participativa (IAP)” (Salazar, 1992), pues nuestro punto de partida era recuperar junto a los PPM y sus comunidades las historias de lucha que legitimaban reclamos estigmatizados como terroristas, nuestra metodología también podría haberse circunscrito dentro la lógica de las propuestas de “investigación activista” (Hale, 2006; Speed, 2006), “etnografía militante” (Casas Cortez, 2008; Edelman, 2009) o “colaborativa” (Rappaport, 2007; Leyva Solano y Speed, 2008; Field, 2008). No obstante, los tiempos marcados por la emergencia cotidiana de la violencia excedían los esfuerzos del equipo por cumplir con las expectativas que los PPM depositaban en la ONG y, al mismo tiempo, con los propósitos de la institución de posicionarse como una “voz autorizada”.

11El artículo se divide en cuatro apartados. En el primero, expondré los puntos de partida que orientan este texto. En el segundo, problematizaré el contexto en el que surge la prisión política para los mapuche y, en el tercero, describo la manera en que esta situación fue elaborada por el activismo de los derechos humanos. Finalmente, a partir de mis registros de campo, referiré al activismo de los PPM y sus formas de disputar sentidos hegemónicos –que los definían como terroristas– dentro de un contexto de encierro e impunidad.

Puntos de partida

12El presente trabajo indaga sobre las subjetividades y posibilidades de acción de un conjunto heterogéneo de individuos que comenzaron a circular por diferentes prisiones y tribunales del sur de Chile, acusados de atentar contra el estado de derecho chileno, a partir de la incorporación de lenguajes y prácticas en derechos humanos en sus repertorios de lucha. Sostengo, como otros autores, que los efectos provocados por la represión estatal hacia el pueblo mapuche trascienden los espacios de la desmovilización política (Le Bonniec, 2013).

13En otros trabajos me he referido a las maneras particulares en que el ejercicio de la violencia estatal se ha materializado en instituciones, dispositivos, agentes y técnicas de gobierno para intentar regular y disciplinar la movilización mapuche (González Palominos, 2011). También he dado cuenta de los modos en que se conformaron ciertos espacios de excepción (Agamben, 2007) sobre específicas formas de reclamo y de organización (González Palominos, 2010). En este sentido, recupero los enfoques que desde la antropología interpretan la violencia, más allá de sus manifestaciones físicas, como una dimensión que opera a lo largo de un continuo en las experiencias y vidas cotidianas de las personas (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004).

14Para cumplir con el objetivo de problematizar las formas en que se constituyen las subjetividades y agencias desde las cuales se trazan y resignifican los sentidos de lucha en contextos de violencia estatal, recojo los aportes de algunos autores que, desde una perspectiva antropológica e histórica, retoman los planteamientos de Lawrence Grossberg para comprender cómo se conjugan la subjetividad (modos de experimentar el mundo desde posiciones particulares) y la agencia (articulaciones de las posiciones de sujeto dentro de lugares de acción y espacios de inversión afectiva) en el marco de las movilidades estructuradas de pueblos indígenas (Briones, 2005 y 2007; Delrío, 2005; Ramos, 2010 y 2006; Briones y Ramos, 2011).

15Desde esta perspectiva, me interesa abordar los modos en que se han ido definiendo las trayectorias individuales y colectivas de los dirigentes mapuches que fueron encarcelados, a partir de la operación simultánea de condicionamientos estructurales y habilitaciones posibles (Grossberg, 1992 y 1996). Estas últimas corresponden a las posibilidades de acceder y ocupar por sí mismos lugares de acción que son experimentados como propios dentro de territorializaciones socialmente construidas. Por tanto, es desde movilidades históricamente condicionadas que se definen las posibilidades de dónde y cómo pararse y situarse en lugares particulares, domicilios temporales de pertenencia e identificación, de orientación e instalación, de inversión y empoderamiento, y es a partir de estos lugares significativos que comprenderé las prácticas y experiencias de integrantes del pueblo mapuche para erigirse como presos políticos.

16De este modo, analizo cómo estas experiencias de encierro se han arraigado con diferente profundidad en las trayectorias individuales y colectivas de los dirigentes mapuches, es decir, de qué forma algunas prácticas y experiencias viabilizaron instalaciones estratégicas de efectos más transitorios, mientras que otras adquirieron una profundidad que las transformó en lugares de apego (Briones y Ramos, 2011). Sostendré que la “militancia” (en tanto pertenencia a una organización) de los dirigentes mapuches una vez encarcelados se evidenció como una apuesta transitoria, mientras que la apelación a la “comunidad” y, en consecuencia, su identificación como “comuneros” dentro de la cárcel, constituyó una morada, un lugar de resistencia y acción.

17Anteriormente, se ha problematizado la labor antropológica al interior de una organización de derechos humanos, respecto a los límites y desafíos que se presentaban a la hora de realizar una investigación etnográfica con comunidades mapuche movilizadas y reprimidas, así como en espacios carcelarios (González Palominos, 2012). Se ha examinado cómo la institución, por un lado, habilitaba a producir un discurso “verdadero” y legítimo sobre la situación de los PPM y sus familias y, por otro, permitía conocer de cerca los modos de producción y los efectos que estos discursos tenían ya sea en el ámbito académico, el movimiento de derechos humanos, los organismos estatales y los propios PPM (ibidem).

18Si bien este trabajo retoma las reflexiones sobre la producción de verdades y sus efectos, el mismo hace eje en las maneras en que las trayectorias de lucha de los líderes mapuche encarcelados comenzaron paulatinamente a orientarse hacia un activismo de los derechos humanos. Con respecto a esto recupero los aportes de autores que desde una perspectiva etnográfica han analizado, en contextos de violencia estatal, los procesos de articulación de luchas particulares con conceptos universales de derechos humanos, prestando atención a las maneras en que éstos son asimilados, rebatidos, reinterpretados y movilizados, sobre todo cuando los actores comienzan a transitar por diferentes niveles de las redes de derechos humanos, tanto locales como globales (Wilson, 1997; Cowan et al., 2001; Segato, 2004; Merry, 2006; Speed, 2006; Goodale y Merry, 2007; Tiscornia, 2008; Pita, 2010).

19Por último, también considero los trabajos que analizan, desde otra óptica, cómo las experiencias de criminalización mapuche –prisión y judicialización– son vividas, resignificadas culturalmente y objetivadas, y cómo se integran, al mismo tiempo, en las trayectorias tanto individuales de los presos como colectivas del movimiento mapuche (Le Bonniec, 2013).

El contexto de la prisión Mapuche en Chile

  • 6 La Ley de Seguridad Interior del Estado es una normativa para la defensa del Estado frente a la ame (...)

20La primera disposición que el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) tomó luego del incendio de los camiones, en diciembre de 1997, fue la presentación de un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad del Estado.6 A partir de esta acción judicial se inició el despliegue de una serie de prácticas violentas, las cuales implicaron la militarización de la comuna de Lumaco, allanamientos masivos a las comunidades, medidas de protección policial a las faenas forestales y la detención de 12 mapuches, en su mayoría miembros de las comunidades aledañas Pichilincoyan y Pililmapu (Pairican, 2013).

21Frente a este escenario, diferentes organizaciones mapuche coincidieron en hacer un llamado a la solidaridad con los dirigentes encarcelados. Las comunidades de la zona de Lumaco, además, solicitaron la presencia de distintas personalidades que pudieran aportar otra visión que aquella que los medios difundían y los estigmatizaba, creándose a tal efecto una Comisión de Observadores de la Sociedad Civil, que nucleaba a académicos, periodistas, abogados de derechos humanos, ecologistas, dirigentes sindicales y eclesiásticos.

22La Comisión tuvo la finalidad de presentar una visión –objetiva e imparcial– sobre lo que se denominó como “los hechos” de Lumaco. Hago referencia a las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión, ya que expresaron un conjunto de representaciones respecto a los procesos de lucha emprendidos por los mapuche, así como la concepción de neutralidad del Estado y la justicia. Algunas de estas representaciones se seguirán replicando en informes y estudios realizados con posterioridad.

(a) A nuestro juicio, los hechos de Lumaco son la expresión de un profundo problema que afecta a las comunidades indígenas, el que tiene por origen la situación de extrema pobreza, degradación ambiental y baja productividad de los suelos degradados, en las que ellas habitan. Lo anterior da carácter de necesidad urgente a la ampliación de sus tierras, en especial aquellas que reivindican como propias. Esto no significa que esta Comisión deje de reprobar los hechos que implican violencia. (b) A la luz de los antecedentes reunidos por esta Comisión, la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado no resulta adecuada, puesto que los hechos ocurridos nunca han puesto en peligro la seguridad del Estado. Se trata de un conflicto entre particulares y corresponde a la empresa iniciar las acciones judiciales que estime convenientes. Por lo tanto, esta Comisión solicita a las autoridades que desistan del requerimiento y la pronta libertad de los detenidos. (Comisión Especial de Observadores de la Sociedad Civil, 1997; el resaltado es mío)

23A partir del avance de los procesos reivindicativos y de la protesta social mapuche, posteriores a este informe, las discusiones en torno al “problema mapuche” rápidamente fueron encausándose hacia la responsabilidad histórica del Estado –a lo que se denominó comúnmente por el movimiento mapuche como “deuda histórica”– para referirse a las actuales condiciones de existencia del pueblo mapuche. Asimismo, tanto para el movimiento mapuche como para los especialistas en la materia, lo ocurrido en Lumaco comenzó a visualizarse como el reflejo de una nueva forma de hacer política mapuche (Pairican, 2013), en el contexto de una institucionalidad deslegitimada, que abría un nuevo escenario para la confrontación por la restitución de tierras expoliadas (Mariman, 1998). Por lo tanto, los “hechos de Lumaco” dejaron de pensarse únicamente como un “conflicto entre particulares” o como hechos aislados, reducidos a una cuestión de “pobreza de minorías” (Toledo, 2007), como el gobierno y la “sociedad civil” habían evaluado en un comienzo. Quedaba patente además la respuesta represiva e inmediata por parte del Estado frente a las movilizaciones.

  • 7 Cabe destacar que, pese a la carga simbólica que imponía la invocación de estas legislaciones, la p (...)
  • 8 El código de justicia militar desde su promulgación en 1925 se mantuvo casi sin modificaciones hast (...)

24Entre 1997 y 2001, con el incremento de las movilizaciones y protestas mapuches se recurrió con gran publicidad a la Ley de Seguridad del Estado7 en aquellos casos en que se registraban daños a bienes (incendios de plantaciones y maquinarias), a la vez que se iniciaban procesamientos ante la justicia militar8 para aquellos que se resistían o repelían la acción policial en manifestaciones públicas o desalojos de predios (ibidem).

  • 9 Se crearon instituciones como el Ministerio Público –organismo autónomo y jerarquizado, cuya funció (...)
  • 10 Según el Programa de Derechos Indígenas (2004), hasta el año 2003 ya existían más de 200 mapuches i (...)
  • 11 Ley 18.314 promulgada en dictadura (1984), es la ley más dura de la legislación chilena. Duplica la (...)

25A fines del año 2000, comenzaba la implementación gradual de la reforma procesal penal en sólo dos regiones (de las 13 en ese entonces) del país; una de ellas era la región de la Araucanía, la de mayor presencia demográfica del pueblo mapuche. El nuevo sistema de administración de justicia,9 que cambiaba el antiguo procedimiento inquisitivo escrito y secreto por uno acusatorio, oral y público, se vio prontamente rebasado por el ingreso de casos que involucraban a dirigentes indígenas y los procesos de recuperación territorial.10 Con la reforma, sin embargo, la Ley de Seguridad del Estado resultó un dispositivo de difícil aplicación pues la potestad de la acción penal quedaba en manos del nuevo órgano creado por la reforma: el Ministerio Público (Toledo, 2007). Se necesitaba por lo tanto una herramienta excepcional mucho más efectiva –por su discrecionalidad– para el control de la protesta mapuche: la Ley antiterrorista11 (González Palominos, 2011).

  • 12 Todos estos casos, luego de un proceso de 10 años de tramitación, fueron conocidos por la Corte Int (...)

26Entre los años 2001 y 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), en cinco ocasiones se aplicó la Ley Antiterrorista a más de 30 dirigentes mapuches. En la región de la Araucanía, en el marco de la reforma procesal penal, estos casos fueron conocidos como “Lonkos de Traiguén”, “Incendio Poluco-Pidenco” y “Asociación Ilícita Terrorista”; se realizaron ocho juicios orales, en los que resultaron condenadas ocho personas a penas de entre cinco a diez años de cárcel por delitos de “amenaza terrorista” e “incendio terrorista”. En la región del Biobío fue conocido el caso “Víctor Ancalaf”, dirigente condenado a cinco años por atentado incendiario a una máquina de una empresa contratista de la central hidroeléctrica ENDESA, en el marco del sistema judicial antiguo.12

  • 13 Escribiré en cursiva las palabras en idioma mapudungün.

27A partir del año 2008, a pesar del compromiso presidencial de no aplicar la Ley Antiterrorista al pueblo mapuche, el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) invocó la normativa en siete ocasiones, imputando a 54 dirigentes mapuches; cuatro de ellos fueron finalmente condenados. Posteriormente, durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), en el año 2013, luego del incendio y muerte del matrimonio de agricultores Luchsinger-Mackay, volvió a aplicarse la Ley Antiterrorista, condenando al machi13 (autoridad religiosa) Celestino Córdova a 18 años de prisión. En el año 2017 se realizó un nuevo juicio oral por el mismo caso y se absolvió a 11 integrantes del pueblo mapuche. Dicha sentencia fue recientemente anulada (diciembre 2017) y los dirigentes se encuentran a la espera de un nuevo juicio oral. Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), luego del incendio de una iglesia evangélica en el año 2016, se imputó a cuatro miembros del pueblo mapuche por Incendio Terrorista, quienes se encuentran en prisión preventiva a la espera de un nuevo juicio oral en la actualidad (enero 2018).

El activismo de los derechos humanos

  • 14 Véase, entre otros, Programa de Derechos Indígenas, 2004; Human Rights Watch y Observatorio de Dere (...)
  • 15 Véase, entre otros, González Palominos et al., 2007; Mella, 2007; Toledo, 2007; Correa y Mella, 201 (...)

28En el contexto de criminalización creciente del movimiento mapuche antes descrito, proliferaron informes que constataron los graves abusos de que eran víctimas comunidades y dirigentes indígenas. Algunos, desde una lógica jurídica, analizaron “casos” revelando una falta de cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos. Las prácticas y procedimientos violentos a que han sido sujetos los mapuche fueron leídos en clave de vulneración a la ley, tanto por la decisión estatal de aplicar dicha legislación, como por los modos en que se llevó a cabo su misma ejecución y sus efectos sobre la población.14 Otros estudios, desde un punto de vista más histórico, han hecho énfasis en la legitimidad de la demanda territorial mapuche y, en consecuencia, en la ilegitimidad de la respuesta represiva frente a estas demandas.15 En definitiva, todos ellos han tenido como objetivo denunciar la utilización de normativas de excepción, especialmente la Ley antiterrorista, en contra del movimiento mapuche, calificando su uso como “excesivo”, “severo”, “exagerado”, “discriminatorio”, “inadecuado” e “indebido”. Además, proveyeron de argumentos valiosos para las defensas judiciales de los dirigentes criminalizados, sobre todo a la hora de transitar hacia las instancias internacionales de justicia.

29A partir de las alianzas con algunos organismos, de la lectura de los informes, así como del recibimiento de las “misiones internacionales” dentro de las cárceles, los PPM iniciaron un proceso de familiarización con estos lenguajes y principios de derechos humanos. En los años que asistí a la prisión, como investigadora/amiga/activista, integrante de una ONG de derechos humanos, formé parte activamente de este proceso de familiarización de categorías y enfoques propios del derecho, dando cuenta también de cómo dicho proceso fue definiendo paulatinamente modos particulares de experimentar la impunidad y la injusticia en la cotidianidad de la prisión.

30Asimismo, pude dar cuenta que estos enfoques, que prescriben ciertas conductas y establecen ciertos regímenes de verdad, se inscribieron con fuerza dispar y muchas veces contradictoria en las subjetividades de los presos, sobre todo al entrar en tensión con las trayectorias de lucha previas a la prisión. Así, por una parte, los discursos de derechos humanos, al situarse dentro de la perspectiva de la ley, admitían la ocurrencia de delitos en el contexto de los procesos de lucha –en su mayoría contra la propiedad privada– e instaban a que éstos fuesen investigados por la justicia, otorgando las garantías que aseguraran el debido proceso. De modo que las acciones directas o la violencia política (Pairican, 2013) desplegada por los mapuche siempre era reprobada o condenada, o inclusive negada.

31Por otra parte, en la presentación de “casos” de vulneración de derechos, estos enfoques contribuyeron a fijar identidades que no reflejaban la complejidad de los procesos sociales y políticos, pues lo que importaba era mostrar al mapuche en tanto víctima inocente, enfatizando su vulnerabilidad. Desde la antropología se ha problematizado cómo la vulnerabilidad constituye una categoría central para el activismo y la intervención en derechos humanos (Merry, 2007). Así, son identificadas y seleccionadas personas que se conciben como indefensas, impotentes e incapaces de tomar decisiones por sí mismas (mujeres, niños, indígenas, pobres, grupos étnicos y raciales marginados) y obligadas a soportar formas de dolor y sufrimiento. Aquellos que se arriesgan tienden a provocar menos simpatía cuando están sufriendo y es probable que no se los defina como víctimas de violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, en la construcción de la “víctima ideal”, es necesario despojar a los actores de su agencia, pues la persona vulnerable no tiene otra opción ni capacidad para escapar de sus padecimientos (ibidem: 195). Me interesa este punto para analizar los modos en que la noción de víctima comenzó a arraigarse en las subjetividades de los presos, lo cual se evidenciaba en el énfasis que ponían en demostrar su inocencia respecto a los delitos por cuales eran investigados. Volveré sobre esto más adelante.

32Por último, los esfuerzos de los estudios mencionados para asegurar la objetividad de sus análisis, obturaron los compromisos políticos con los procesos de lucha concretos. Un ejemplo de ello fue la invisibilización de la categoría de PPM, la cual comenzó a estar cada vez más presente como dispositivo programático de las organizaciones cuando el proceso de judicialización se intensificó a fines de los años noventa. No obstante, esta categoría no fue tomada en cuenta por estos trabajos.

33Tanto en entrevistas como en conversaciones que mantuve con personas vinculadas a estos organismos o académicos expertos en la temática indígena, resultaba absolutamente impensable referirse a los dirigentes como PPM, ya sea porque su situación procesal se consideraba como un error o una exageración, ya sea porque aunque se reconociera el carácter político de su encarcelamiento no se debía usar las categorías del movimiento mapuche para no perder la objetividad.

34En algunos de los informes los dirigentes mapuches encarcelados son presentados como “presos de conciencia”, definición clásica de Amnistía Internacional (Van Zyl Smit, 1998), o como “defensores de derechos humanos”, categoría utilizada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); u otras versiones –más técnicas– como “imputados y/o condenados en el marco del conflicto territorial” (Programa de Derechos Indígenas, 2004).

35Si bien es problemático para los estados democráticos reconocer la existencia de presos políticos en sus prisiones, pues al concederles un estatuto diferente se admite que se enfrenta a un desafío que supera al de los delincuentes comunes, cuyas faltas no implican una hostilidad en su contra (Van Zyl Smit, 1998), que las organizaciones de derechos humanos y expertos en temática indígena tampoco lo hicieran responde a este esfuerzo por localizarse por encima de las luchas particulares y así actuar como un interlocutor válido y neutral frente al Estado.

36En definitiva, los informes producidos –y el contexto de su producción– enfocados en los derechos humanos han contribuido a trazar un camino por el cual los dirigentes mapuches encarcelados han transitado, no sin tensiones. Excede a este trabajo analizar las modificaciones que han sufrido en el transcurso del tiempo los planteos de los organismos de derechos humanos locales o de los analistas expertos, los cuales sin duda tuvieron que ver con las propias habilitaciones que fueron haciendo los presos a través de sus procesos de movilización y resistencia. Al respecto, las extendidas huelgas de hambre han jugado un rol central en la visibilización y reconocimiento de la condición política de los presos, sobre todo a partir del 2010, haciendo ineludible referirse a ellos como PPM.

El activismo de los PPM

37A partir del encarcelamiento sistemático de los dirigentes mapuches, la consigna “Libertad a los presos políticos mapuche” fue haciéndose cotidiana en los grafitis y murales de calles y rutas, en los carteles de las marchas mapuche (y los cantos de las mismas: “¡liberar, liberar al mapuche por luchar!”), en las convocatorias a charlas con familiares de PPM de sindicatos, centros culturales y universidades, en recitales de bandas de diferentes tipos de música, en comunicados públicos de organizaciones mapuche y en las listas actualizadas con los nombres de los presos que aparecían en distintas redes y medios alternativos. Subterráneamente comenzaba a emerger la noción de la existencia de mapuches encarcelados. Una realidad desconocida para gran parte de la opinión pública que se informaba a través de los medios de comunicación respecto a los “violentistas” e “incendiarios” indígenas del sur, en un Chile que hasta ese momento contaba con muy poca movilización social.

38Por su parte, los dirigentes mapuches de diferentes zonas geográficas y organizaciones políticas, que comenzaron a encontrarse en la prisión, se identificaron en su calidad de prisioneros políticos, exigiendo además un trato especial del personal de Gendarmería, institución encargada de su resguardo. Sus principales herramientas, las huelgas de hambre, los encuentros (trawün) y ceremonias (yeyipun) y las misiones internacionales, buscaron generar reconocimiento y visibilidad.

39A continuación me remitiré a algunos de mis registros de campo realizados durante el periodo 2002-2007, cuando formé parte de un equipo multidisciplinario en una ONG, específicamente, en un proyecto que monitoreaba la vulneración de derechos de imputados mapuches en el contexto del conflicto territorial. En ese periodo visité al menos cuatro veces por semana a los PPM –alrededor de 40 distribuidos en los distintos penales de las ciudades de Temuco, Ángol, Traiguén y Concepción–. Asimismo, transitaba continuamente por las comunidades de procedencia de los presos, visitando a sus familiares, participando en reuniones y talleres, acompañándolos de ida y regreso a la cárcel o tribunales, para las “visitas” y las audiencias.

Llegar al módulo de “los comuneros”

40El régimen carcelario de las diferentes unidades penales que visité durante el periodo 2002-2007 fue avanzando con el correr del tiempo hacia condiciones más flexibles de reclusión. Esto tuvo que ver, por un lado, con la transición hacia formas más politizadas de habitar la cárcel, es decir, con la movilización permanente, la organización de los propios presos y, a raíz de ello, la relación particular –con sus altibajos– que se fue construyendo con los funcionarios de Gendarmería, a quienes se les exigió un trato especial diferente al de los otros internos, los “delincuentes”.

41Asimismo, el interés constante que mostraron distintas organizaciones de derechos humanos que visitaron a los presos, preocupadas por su situación, era advertido como una presión por la institución de Gendarmería. De manera que, en la mayoría de los casos, los presos lograron la habilitación de un módulo exclusivo para ellos, en el cual podían estar en un mismo espacio imputados y condenados, con un régimen de visita más extenso, permisos especiales para las realizaciones de encuentros y ceremonias religiosas multitudinarias, y un sistema más laxo en el ingreso de comestibles, artículos de aseo, etc. En el caso de la cárcel de Angol, los familiares y amigos podían permanecer durante todo el horario de visitas en el propio módulo de los PPM y no el gimnasio, como era la norma para todos los presos.

42El acceso a la cárcel y a los PPM implicaba un vínculo de confianza previamente establecido con familiares o personas cercanas. En un primer encuentro ingresábamos con el familiar; si esto no era posible, llegábamos “de parte” de aquel (quien previamente habría avisado de nuestra asistencia al penal). El cara a cara inicial con los PPM resultaba un momento tenso y solemne de presentaciones. Allí dábamos cuenta del “interés” de la visita, nuestra trayectoria personal/laboral y el “aporte” que podíamos hacer, mientras los PPM escuchaban atentamente.

43Una vez aceptada nuestra presencia en la cárcel, en un clima mucho más distendido, los PPM nos daban tareas específicas que debíamos atender. Algunas veces estaban relacionadas con los procesos judiciales, por ejemplo, entrevistar a algún testigo, averiguar el estado de la causa judicial, elaborar la “historia la comunidad” para presentarla como prueba de la defensa, etc. Otras veces, se nos hacían encargos personales: llevar recados a algún familiar o facilitar su asistencia a la hora de visita del penal o ingresar algún artículo de necesidad (de limpieza, azúcar, mate, hierbas medicinales, etc.). Un punto a favor es que fue posible, en algunos casos, tramitar permisos especiales para la entrada a las cárceles (Angol, Temuco y Traiguén) y no interferir en el horario regular de las visitas, que era el tiempo que los PPM disponían para reencontrarse con sus familias. Con el permiso especial podíamos conversar extensamente en una sala especialmente habilitada para las reuniones entre los reclusos y sus abogados defensores. En estas reuniones, que tenían un carácter más formal, pues tanto los PPM como nosotros las considerábamos de “trabajo”, debíamos estar siempre provistos de información de “afuera”: noticias impresas, novedades judiciales, informes en derechos humanos, además tomar nota de los diversos requerimientos de los dirigentes. Durante las extensas estadías en prisión preventiva –de casi dos años, en la mayoría de los casos– estos momentos servían a los PPM para romper con la rutina carcelaria.

44También asistíamos a “la visita”, que se realizaba durante dos horas, generalmente, dos veces por semana; sin embargo, nuestra presencia en ella tenía un carácter más cercano, dado el contexto familiar en el que ésta se desarrollaba. Allí se encontraban niños y niñas corriendo por el patio del módulo, risas, llantos de mujeres, abrazos de abuelas. Eran momentos cargados de afectividad que compartíamos con los PPM y sus familias. En las visitas podían dirimirse, además, asuntos de carácter político de la organización con otros miembros que llegaban o, incluso, resolverse conflictos intracomunitarios, momentos en los cuales no se requería nuestra participación. En estos casos nos quedábamos tomando mate (infusión caliente que se toma con una bombilla y va de mano en mano) con el resto de las familias, mientras los dirigentes se apartaban y conversaban entre ellos.

45Llegar a la cárcel a ver a los PPM como visita individual, pero sobre todo como miembro de alguna organización de derechos humanos, implicaba una atención especial del funcionario de Gendarmería. –¿A quién viene a ver, señorita?Vengo a ver a los comuneros. –Pase… Luego se escuchaba el grito de un gendarme a otro: –Llama al módulo de los comuneros, que tienen visita. Las consecutivas puertas y rejas de los pasillos de los distintos pabellones se abrían –La señorita va al módulo de los comuneros– se avisaban los funcionarios por radio mientras iba avanzando, evidenciándose un trato diferenciado con respecto a las demás personas que esperaban visitar a otros presos. De manera que “los comuneros” constituyen la denominación que han recibido los PPM en todos los centros de reclusión. Muchos presos comunes en estos penales –localizados en ciudades con alta presencia demográfica mapuche– son de ascendencia indígena y provienen efectivamente de comunidades, sin embargo, solamente aquellos que están detenidos por reivindicaciones territoriales son identificados tanto por los otros reclusos como por Gendarmería como comuneros.

46El “módulo” era un espacio bastante heterogéneo, podían encontrarse allí dirigentes con diferentes trayectorias políticas, procedencias geográficas (urbana o rural), niveles educacionales, edades, etc. De hecho, muchos de ellos se conocieron en ese lugar, a pesar de que estuvieran involucrados en una misma causa judicial en la cual se les atribuía una participación concertada en una serie de hechos de carácter terrorista (caso asociación ilícita terrorista o incendio Poluco Pidenco, por ejemplo).

  • 16 El trawün anunciaba generalmente alguna decisión como el inicio de una huelga de hambre o novedades (...)

47Excede este texto el desarrollar las dinámicas que se generaban tanto en la preparación como en el desarrollo de los trawün (encuentros) y yeyipun (ceremonias) que se convocaban periódicamente al interior de la cárcel.16 En ellos participaban las familias de los PPM, referentes de comunidades y de organizaciones mapuche, así como invitados no mapuche que se acercaban a solidarizar. Podían reunir más de 300 personas y realizarse en el gimnasio del penal o en el patio interno de la unidad del módulo de los PPM, con una duración de cuatro horas, que era el tiempo autorizado por Gendarmería, en las cuales ellos intervenían lo menos posible y se situaban como espectadores lejanos.

48Es en estos lugares de encuentro en la cárcel donde los presos van a constituir una morada al evocar sentidos de pertenencia para enfrentar la violencia estatal, principalmente aquella vinculada a las situaciones judiciales ilegibles (González Palominos, 2011) y la estigmatización social. En este sentido, apelar a la “comunidad” en tanto “comuneros” buscaba marcar estos sentidos de pertenencia tanto para interpelar dispositivos hegemónicos que los definían como terroristas, como para reforzar una identidad común dentro del movimiento mapuche.

Defensas políticas vs. defensas jurídicas

  • 17 Sobre testigos anónimos en casos de aplicación de ley antiterrorista a dirigentes mapuches, véase G (...)

49La complejidad de las situaciones judiciales de cada uno de los PPM y las prolongadas estadías en prisión preventiva, constituían una queja recurrente en las reuniones que manteníamos con ellos y sus familiares. En cada encuentro manifestaban la imperiosa necesidad de informarse acerca del estado de sus “causas”. ¿Qué le dijo la abogada? ¿Sabe si habrá otra audiencia? ¿Ud. cree que lo que dice el abogado me conviene?, eran preguntas comunes en el horario de visitas entre todos los PPM. Mientras compartíamos un mate y la comida que traían los familiares, nos relataban la incertidumbre e impotencia que sentían. ¡Mire si ese testigo va a poder a hablar!, ése le robó un chancho a mi papá y nadie le habla, se hizo evangélico, ya ni entra al gnillatün de la comunidad ¿Cómo le van a creer a ése?, señalaba uno de los presos, un joven de 26 años, cuya única prueba que lo mantenía en prisión era el testimonio de un “testigo secreto”.17

50La mayoría de los PPM tenía varias causas judiciales y no entendían el curso que seguía cada una. Existía una demanda tanto de información respecto a sus casos como de esclarecimiento sobre las diferentes etapas del proceso, y así poder tomar un rol más activo en su propia defensa. En su condición de PPM consideraban que necesitaban una defensa política, posición que los abogados de la defensoría pública no podían asumir.

  • 18 Antes de la implementación de la reforma procesal penal, en los casos de aplicación de Ley de Segur (...)

51Por esta razón, una de las necesidades más apremiantes de los PPM era contar con abogados defensores de confianza.18 Frecuentemente expresaban diferentes opiniones y aprensiones respecto a la labor de los defensores públicos que asumían los casos de los PPM. Esto se debía, primero, a que en las audiencias de control de detención, el abogado defensor de turno que se presentaba en el Tribunal no alegaba frente al Juez de Garantía la “ilegalidad de la detención” derivada de la violencia empleada por las fuerzas policiales militarizadas al interior de la comunidad, ni denunciaba los malos tratos cometidos en la comisaría. El letrado recomendaba además a los dirigentes acogerse a su derecho a guardar silencio, que lejos de pensarlo como un derecho significaba para los presos la imposibilidad de desahogarse frente a la autoridad y, en consecuencia, asumir en silencio la impunidad del encarcelamiento y de los daños (físicos, psicológicos y materiales) generados en la comunidad. En más de una oportunidad, también, pude escuchar relatos referidos a que el defensor preguntaba en voz baja: ¿Oye, pero dime la verdad, quemaste la plantación?, lo cual generaba aún más desconfianza entre los PPM.

52Además, el abogado designado disponía de muy poco tiempo para ir al penal a visitarlos. Aun cuando los sintieran comprometidos con sus casos, los PPM manifestaban que no los veían con frecuencia, ni les dedicaban el tiempo necesario para resolver todas las dudas e incertidumbres que generaba el proceso. A menudo, los dirigentes mapuches eran trasladados de manera intempestiva desde la cárcel hacia el Tribunal, y en la misma sala de audiencias el defensor les explicaba en voz baja y rápidamente lo que iba a ocurrir. Esta situación aumentaba la ansiedad y dificultaba aún más la comunicación entre los mapuches encarcelados y sus abogados defensores.

53Durante las visitas en distintos penales, se podía escuchar el mismo reclamo: “Cómo puede ser que el Estado nos persiga, nos haga juicios y al mismo tiempo nos defienda”. Consideraban que la desigualdad de armas, producto de las facultades extraordinarias del fiscal, convertía la tarea de la defensa en una pérdida de tiempo. Por lo tanto, si la persecución judicial era un asunto político del Estado, entonces había que responder en los mismos términos, ya que de todas formas “nos van a condenar igual”. En última instancia, se esperaba poder evidenciar en el juicio oral con una “defensa política” la histórica expoliación de su territorio. Allí es donde los PPM requerían nuestra colaboración, en tanto investigadores legitimados por una institución de derechos humanos, para contar la historia silenciada de las comunidades en lucha.

54Por último, la estrategia de la defensoría en las audiencias de revisión de medidas cautelares casi nunca parecía ser suficiente para cambiar la prisión preventiva. Se presentaban informes sociales, contratos de trabajo o cartas de recomendación para probar la “buena conducta”, el “arraigo social” y la “irreprochable conducta anterior”. La fiscalía, en cambio, llegaba con pruebas y testimonios secretos que sostenían la imputación por terrorismo. En los juicios orales, asimismo, la estrategia de defensa consistía en refutar la participación de los mapuches en los delitos que se les imputaban y presentar coartadas para establecer que ellos no estaban ahí cuando ocurrían los hechos, vale decir, la estrategia que regularmente se usaba para la defensa de delincuentes comunes. Los defensores aseguraban que el nivel probatorio del Ministerio Público era tan bajo –lo cual era efectivo– que no hacía necesario arriesgarse con otro tipo de defensa. Para los PPM esto se conocía como la “defensa jurídica”, en ella los discursos de reivindicaciones políticas sobre sus territorios debían quedar silenciados, pues se admitía potencialmente los delitos imputados.

55Esta tensión entre la defensa jurídica y política experimentada por los PPM repercutía, además, en las relaciones entre ellos. Por ejemplo, la acusación por asociación ilícita terrorista a casi 30 personas a las que se vinculó a la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), implicó que para los presos admitir la militancia constituía una autoincriminación. Sólo los werken –voceros– de la organización podían ser identificados como sus miembros dentro de la cárcel. Nadie más quiso asumir algún nexo con la CAM, pues en ese momento pertenecer a ella era un delito terrorista que podía significar una condena de hasta 30 años de prisión.

56En este sentido, considero que la militancia política de los PPM, en el contexto de sus movilidades estructuradas, constituyó una instalación –en tanto lugar de pertenencia e identificación– mucho más transitoria, sería interesante pensar comparativamente –aunque excede a este trabajo– otras situaciones históricas de violencia estatal en las cuales la participación política en organizaciones o partidos políticos también han sido invisibilizadas o negadas, por ejemplo, bajo los efectos de la represión de la dictadura militar de Pinochet.

57En definitiva, a medida que los dirigentes mantenían prolongadas estadías en prisión –alrededor de dos años hasta llegar a los juicios orales– empezaron a estar cada vez más informados sobre cuestiones procesales e involucrarse en sus propios procesos, buscando las formas de afirmar y demostrar su inocencia. Se pudo advertir, entonces, que las reivindicaciones territoriales mapuches empezaron a quedar relegadas, y las acciones de protesta social, absolutamente negadas. Asimismo, los discursos de autonomía y control territorial dieron lugar a uno que demandaba libertad, justicia y respeto por los derechos humanos.

Reflexiones finales

58En este trabajo se ha problematizado los modos en que las trayectorias de los presos políticos mapuche comenzaron a orientarse hacia un activismo de derechos humanos. Estudiar estos procesos en el marco de movilidades estructuradas permitió centrarme en las dinámicas de subjetivación y agencia para comprender las posibilidades de acción de los presos más allá de los procesos de sujeción estatal.

  • 19 Véase, por ejemplo, Wilson, 1997; Cowan et al., 2001; Brown y Halley, 2002; Rajagopal, 2005 y Speed (...)

59Algunos autores han examinado críticamente la tendencia hegemónica que persiste en el uso del enfoque de derechos,19 en que los actores sociales para legitimar cualquier forma de resistencia deben adaptar sus estrategias a los guiones emancipatorios globales, como son los derechos humanos. En este sentido, se hace necesario pensar en la incidencia que han tenido las organizaciones de derechos humanos en este proceso de regulación, en el cual se normalizaron ciertas relaciones de poder y, al mismo tiempo, se invisibilizaron demandas políticas más radicales.

60Es innegable que la centralidad que fueron tomando estos conceptos universales en las prácticas de lucha de los dirigentes presos se dio en el contexto de una continua indefensión frente a la ley y la violencia estatal. Apelar, por lo tanto, a los discursos del derecho internacional, significaba esperanzarse con respecto a una posible intervención supraestatal que viniera a reparar o, en último término, visibilizar su situación. Sin embargo, muchas veces eso también implicaba invisibilizar los procesos de militancia y las reivindicaciones políticas concretas, pues para llamar la atención y conseguir la solidaridad de las redes locales e internacionales debían presentarse como víctimas enfatizando su inocencia.

61Durante el tiempo que pude registrar etnográficamente las dinámicas de los PPM y sus familias –ya sea en la cárcel, en los tribunales o en las comunidades militarizadas– mi posición tanto como investigadora-colaboradora o amiga-militante implicó un desafío permanente para desplazarme entre estos dos planos y sus pesos diferenciales, según las circunstancias. Había que estar muy atenta respecto a los desplazamientos que hacían los propios PPM para definirse, en diferentes situaciones, como víctimas o luchadores de su pueblo o, inclusive, simples “comuneros” que nada tenían que ver con los hechos que motivaron el encarcelamiento.

62En el equipo discutíamos permanentemente sobre la imposibilidad de problematizar conceptualmente cuestiones que se evaluaban como innecesarias o incompatibles con las agendas de los PPM o del movimiento mapuche, e inclusive podían ser “políticamente incorrectas”. En cambio, asumíamos la existencia de un “sujeto resistente homogéneo” (Ortner, 1995), al cual se lo erigía como una “víctima”. Si bien el trabajo de campo siguió los cánones “tradicionales” de la investigación etnográfica, es decir, el estar ahí en la vida cotidiana de los sujetos, cultivando vínculos estrechos de larga duración, el mismo hizo eje solamente en sus condiciones de sujeción. En aquel entonces sentíamos –con algunas contradicciones– que la investigación necesitaba subordinarse a las lógicas del activismo de derechos humanos, las cuales despojaban a la experiencia etnográfica de su contexto de producción, en la que la investigación es parte del dato construido. Esto conducía a la aceptación de un paradigma positivista que respondía a las pretensiones de “objetividad” y “neutralidad”.

63Mirando retrospectivamente, retomo aquí algunas de las reflexiones referidas a la colaboración y al compromiso en el análisis etnográfico trabajadas extensamente por diferentes autores (Tamagno et al., 2005; Bourgois, 2010; Hale, 2006; Stanford, 2006; Fernández Álvarez, 2010; Fernández Álvarez y Carenzo, 2012; Gledhill, 2000). Autores como J. Nash (2008), por ejemplo, advierten sobre la necesidad de conservar la frontera entre activismo e interpretación que surge al momento de escribir. En este sentido, la participación activa, la autorreflexión en la interacción con el otro y autocrítica de todas las interpretaciones en el campo de estudio, la atención a la realidad material y la creación de espacios para el intercambio cultural son fundamentales para el ejercicio de una antropología comprometida con los procesos sociales.

64Dos décadas transcurrieron desde los primeros grafitis en los muros del sur de Chile, “libertad a los presos políticos mapuche”, el tiempo y la experiencia me demostraron que la constitución y persistencia de los PPM como sujeto colectivo de demandas frente a la sociedad que los negaba, excedió con creces el marco de referencia de los enfoques de derechos humanos. Al posicionarse desde ese lugar lograron reponer la dimensión política –siempre negada– de la violencia estatal, e impugnaron los criterios técnicos y judiciales que aseguraban su efectividad. Al mismo tiempo –y no por ello contradictorio– erigirse en tanto “comuneros” dentro de la prisión, para evocar sentidos de arraigo comunitarios, territoriales y culturales, aparentemente despolitizados, les permitió neutralizar desde la cotidianidad de su encierro los sentidos hegemónicos que los estigmatizaba como terroristas. De este modo, construían un lugar de resistencia y acción allí donde más dura se sentía la violencia estatal.

Topo da página

Bibliografia

Agamben, Giorgio (2007), Estado de excepción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Althabe, Gerard; Hernández, Valeria (2005), “Implicación y reflexividad en antropología”, in Valeria Hernández; Cecilia Hidalgo; Adriana Stagnaro (comps.), Etnografías globalizadas. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.

Aylwin, José (2002), “El acceso de los indígenas a la tierra en los ordenamientos jurídicos de América Latina: un estudio de casos”, Serie Desarrollo Productivo, 128. Santiago: CEPAL.

Balbi, Fernando (2012), “La integración dinámica de las perspectivas nativas en la investigación etnográfica”, Intersecciones en Antropología, 13, 485-499.

Bengoa, José (1999), Historia de un conflicto. Santiago: Editorial Planeta.

Boccara, Guillaume; Seguel-Boccara, Ingrid (2005), “Políticas indígenas en Chile (siglos XIX y XX) de la asimilación al pluralismo. El Caso Mapuche”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Consultado el 12.11.2009, en http://nuevomundo.revues.org/594.

Bourgois, Philippe (2010), En busca de respeto. Vendiendo crack en Harlem. Buenos Aires: Siglo XXI.

Briones, Claudia (2005), Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad. Buenos Aires: Antropofagia.

Briones, Claudia (2007), “Teorías performativas de la identidad y performatividad de las teorías”, Tabula Rasa. Revista de Humanidades, 6, 55-83.

Briones, Claudia; Ramos, Ana (2011), “Replanteos teóricos sobre las acciones indígenas de reivindicación y protesta: aprendizajes desde las prácticas de reclamo y organización mapuche-tehuelche en Chubut”, in Gastón Gordillo; Silvia Hirsch (comps.), Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina. Buenos Aires: La Crujía, 39-78.

Brown, Wendy; Halley, Janet (2002), Left Legalism/Left Critique. Durham/London: Duke University Press.

Calveiro, Pilar (2012), Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global. Buenos Aires: Siglo XXI.

Casas Cortez, María Isabel (2008), “Etnografías made in USA: rastreando metodologías disidentes”. Ponencia presentada en XI Congreso de Antropología de España. Donostia.

CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2014), Caso Norin Catriman y otros (dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche) vs. Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2014 (Fondo, reparaciones y costas). Consultado el 30.11.2014, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf.

Comisión Especial de Observadores de la Sociedad Civil (1997), Informe de la Comisión Especial de Observadores de la Sociedad Civil para conocer de los hechos ocurridos en las comunidades mapuche de Lumaco. Manuscrito.

Correa, Martín; Mella, Eduardo (2010), Las razones del illkun/enojo. Santiago: LOM.

Cowan, Jane, Dembour, Marie-Bénédicte, Wilson, Richard (comps.) (2001), Culture and Rights: Anthropological Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Delrío, Walter (2005), Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Edelman, Marc (2009), “Synergies and tension between rural social movements and professional researchers”, Journal of peasants studies, 36(1), 265-245.

Fernández Álvarez, María Inés (2010), “Desafíos de la investigación etnográfica sobre procesos políticos ‘calientes’”, (Con)textos. Revista d’antropologia i investigació social, 4, 80-89.

Fernández Álvarez, María Inés; Carenzo, Sebastián (2012), “Ellos son los compañeros del Conicet: el vínculo con organizaciones sociales como desafío etnográfico”, Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, 12, 9-33.

FIDH – Federación Internacional de los Derechos Humanos (2003), “Chile. Pueblo Mapuche. Entre el olvido y la exclusión”. Misión Internacional de Investigación.

FIDH – Federación Internacional de los Derechos Humanos (2006), “Chile. La otra transición chilena: derechos del pueblo mapuche, política penal y protesta social en un Estado democrático”. Misión Internacional de Investigación.

Field, Les W. (2008), “Side by Side or Facing One Another: Writing and Collaborative Ethnography in Comparative Perspective”, Collaborative Anthropologies, 1, 32-50.

Gledhill, John (2000), El Poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la política. Barcelona: Bellaterra.

González Palominos, Karinna; Lillo, Rodrigo; Mella, Eduardo (2007), “La política de criminalización del movimiento mapuche bajo el sexenio de Lagos”, in Nancy Yáñez; José Aylwin (eds.), El Gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”. Santiago: LOM, 59-101.

González Palominos, Karinna (2010), “Ley antiterrorista en Chile: Criminalización y estigmatización de la defensa territorial de comunidades mapuche”, ponencia presentada en II Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, Córdoba.

González Palominos, Karinna (2011), “Estrategias estatales para la resolución del conflicto territorial en el sur de Chile: Develando uno de sus rostros ocultos”, ponencia presentada en XI Jornadas Rosarinas de Antropología Social. Rosario, 29 y 30 de septiembre de 2011.

González Palominos, Karinna (2012), “Etnografía y derechos humanos. Reflexiones a partir del caso mapuche en Chile”, ponencia presentada en II Jornadas de debate y actualización en temas de Antropología Jurídica. Facultad de Derecho, UBA. Agosto 30 y 31 de 2012. Sección Argentina de RELAJU.

Goodale, Mark; Merry, Sally Engle (2007), The Practice of Human Rights: Tracking Law Between the Global and the Local. New York: Cambridge University Press.

Grossberg, Lawrence (1992), We Gotta Get Out of this Place. Popular conservatism and postmodern culture. New York: Routledge.

Grossberg, Lawrence (1996), “Identidad y estudios culturales ¿No hay nada más que eso?”, in Stuart Hall; Paul du Gay (comps.), Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires/Madrid: Amorrortu, 148-180.

Guber, Roxana (2001), La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Norma.

Hale, Charles (2007), “¿Puede el multiculturalismo ser una amenaza? Gobernanza, derechos culturales y política de la identidad en Guatemala”, in María Lagos; Paula Calla, Antropología del Estado: Dominación y prácticas contestatarias en América Latina. La Paz: INDH/PNUD, 285-346.

Hale, Charles (2006), “Activist Research vs. Cultural Critique: Indigenous Land Rights and the Contradictions of Politically Engaged Anthropology”, Cultural Anthropology, 21(1), 96-120.

Hale, Charles; Millaman, Rosamel (2006), “Cultural Agency and Political Struggle in the Era of the Indio Permitido”, in D. Sommer, Cultural Agency in the Americas. Durham: Duke University Press, 281-304.

Human Rights Watch/Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (2004), “Indebido Proceso: los juicios antiterroristas, los tribunales militares y los mapuche en el sur de Chile”, 16(5), (B).

INDH – Instituto Nacional de Derechos Humanos (2014), Estudio exploratorio. Estado y pueblo mapuche: Análisis de tendencias en materia de violencia estatal en la Región de la Araucanía. Santiago de Chile: INDH.

Le Bonniec, Fabien (2013), “Las cárceles de la etnicidad: experiencias y prácticas de resistencia de los mapuche sometidos a la violencia política en la era del multiculturalismo (2000-2010)”, Oñati Socio-Legal Series, 4(1), 104-121.

Leyva Solano, Xóchitl; Speed, Shannon (2008), “Hacia la investigación descolonizada: nuestra experiencia de co-labor”, in Xóchtil Leyva; Araceli Burguete; Shannon Speed (coords.), Gobernar (en) la diversidad: experiencias indígenas desde América Latina. Hacia la investigación de co-labor. México: CIESAS-FLACSO, 15-38.

Mariman, José (1998), Lumaco y el Movimiento Mapuche. Consultado el 22.05.2008, en http://www.mapuche.info/mapuint/Lumako00.htm.

Mella, Eduardo (2007), Los mapuche ante la justicia. Santiago: LOM.

Merry, Sally Engle (2006), “Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle”, American Anthropologist, 108(1), 38-51.

Merry, Sally Engle (2007), “Introduction: Conditions of Vulnerability”, in Mark Goodale; Sally Engle Merry (eds.), The Practice of Human Rights: Tracking Law Beetween the Global and Local. New York: Cambridge University Press, 195-203.

Nash, June (2008), “Cambios paradigmáticos y la dialéctica de los movimientos sociales”, Cuadernos de Antropología Social, 28, 7-32.

ONU – Consejo Económico y Social-Comisión de Derechos Humanos (2003), Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la resolución 2003/56 de la Comisión. Misión a Chile. Doc. ONU E/CN.4.

ONU – Consejo de Derechos Humanos (2009), Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. La situación de los pueblos indígenas en Chile: seguimiento a las recomendaciones hechas por el relator especial anterior. A/HRC/12/34/Add.6.

ONU (2014), Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emmerson. Visit to Chile. Human Rights Council. Twenty-fifth session. A/HRC/25/59/Add.2.

Ortner, Sherry (1995), “Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal”, Comparative Studies in Society and History, 37(1), 173-193.

Pairican, Fernando (2013), “Lumaco: la cristalización del movimiento autodeterminista mapuche”, Revista de Historia Social y de las mentalidades, 17(1), 33-57.

Pita, María (2010), Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Buenos Aires: Del Puerto/CELS.

Programa de Derechos Indígenas (2004), Informe Los Derechos de los Pueblos Indígenas de Chile. Instituto de Estudios Indígenas. UFRO. Santiago: LOM.

Rajagopal, Blakrishnan (2005), El derecho internacional desde abajo: El desarrollo, los movimientos sociales y la resistencia del Tercer Mundo. Bogotá: ILSA.

Ramos, Ana (2006), “Movilidades estructuradas en un conflicto por tierras: juicios y desalojos en la comunidad Vuelta del Río”, Anuario IEHS, 21, 129-150.

Ramos, Ana (2010), Los pliegues del linaje. Memorias y políticas mapuche-tehuelche en contextos de desplazamiento. Buenos Aires: EUDEBA.

Rappaport, Joanne (2007), “Más allá de la escritura: la epistemología de la etnografía en colaboración”, Revista Colombiana de Antropología, 43, 197-229.

Salazar, María Cristina (ed.) (1992), La Investigación acción participativa. Inicios y desarrollos. Madrid: Editorial Humanitas/OEI Quinto Centenario.

Richards, Patricia (2016), Racismo. El modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la concertación 1990-2010. Santiago de Chile: Pehuen.

Scheper-Hughes, Nancy; Bourgois, Phillippe (2004), “Introduction: Making Sense of Violence”, in Nancy Scheper-Hughes; Philippe Bourgois (eds.), Violence in War and Peace: An Anthology. Oxford: Blackwell Publishing.

Segato, Rita (2004), “Antropología y derechos humanos: alteridad y ética en el movimiento de los derechos universales”, Brasilia Série Antropología, 356.

Speed, Shannon (2006), “Entre la antropología y los derechos humanos. Hacia una investigación activista y comprometida críticamente”, Alteridades, México: Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa, 31, 73-85.

Stanford, Victoria (2006), “Introduction”, in Victoria Sanford; Angel-Ajani Asale (eds.), Engaged Observer: Activism, Advocacy and Anthropology. New Brunswick: Rutgers University Press.

Tamagno, Liliana; García, Stella Maris; Ibáñez Caselli, Maria Amalia; García, Maria del Carmen; Maidana, Carolina; Alaniz, Marcela; Solari Paz, Verónica (2005), “Testigos y protagonistas: un proceso de construcción de conocimiento conjunto con vecinos Qom. Una forma de hacer investigación y extensión universitaria”, Revista Argentina de Sociología, 3(5), 206-222.

Tiscornia, Sofía (2008), Activismo de los Derechos Humanos y Burocracias Estatales. El caso de Walter Bulacio. Buenos Aires: Editores del Puerto/CELS.

Toledo, Víctor (2007), “Prima Ratio. Movilización mapuche y política penal. Los marcos de la política indígena 1990-2007”, OSAL, 8(22), 253-275.

Toledo, Víctor (2006), Pueblo mapuche, derechos colectivos y territorio: Desafíos para la sustentabilidad democrática. Santiago: LOM.

Van Zyl Smit, Dirk (1998), “Los presos políticos”, El correo de la UNESCO, 51(6), 31-34.

Villegas, Mirna (2010), El ejercicio de derechos como acto subversivo y la respuesta estatal: El derecho penal del enemigo. Santiago: Iniciativa Interdisciplinaria en conflicto mapuche y derecho penal. Programa de investigación Domeyko. Subprograma sujetos y actores sociales.

Wilson, Richard (1997), Human Rights, Culture and Context: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.

Yáñez, Nancy; Aylwin, José (comps.) (2007), El Gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”. Santiago: LOM.

Topo da página

Notas

* El presente trabajo es una versión ampliada de la ponencia titulada “Los derechos humanos y la lucha de los Presos Políticos Mapuche en Chile”, presentada en las 3.° Jornadas de Debate y Actualización en Temas de Antropología Jurídica, Campus Miguelete – Universidad Nacional de San Martín, jueves 21 y viernes 22 de agosto de 2014.

1 En Chile se encuentran reconocidos ocho pueblos indígenas (mapuche, aymara, quechua, atacameño, colla, rapa nui, kaweskar y yagan). El mapuche, originario del sur del país, representa 97.8% de la población indígena total. Su población, según el último censo (2002), corresponde a 604,349 mapuches (4%).

2 Para un análisis respecto a las promesas incumplidas y las expectativas no resueltas por parte del Estado chileno a los pueblos indígenas, véase, entre otros, Aylwin, 2002; Programa de Derechos Indígenas, 2004; Boccara y Seguel-Boccara, 2005; Toledo, 2006; Yáñez y Aylwin, 2007; Richards, 2016.

3 Nos referiremos a los “presos políticos mapuche” en tanto categoría de los propios actores, y cuya verdad o validez (ontológica, legal o política) no nos compete discutir, más bien problematizar en tanto construcción heurística. La etnografía entendida tradicionalmente como “una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros” (Guber, 2001: 12-13) nos sitúa estratégicamente para centrar la mirada en las perspectivas de los “actores”, “agentes” o “nativos”, apuntando a integrarlas dinámicamente en el análisis (Balbi, 2012). En este sentido, la categoría “preso político mapuche” nos habilita a comprender procesos de politización de las prácticas y experiencias históricas de lucha del pueblo mapuche. Agradezco el comentario de uno de los evaluadores del presente artículo que me permitió precisar este punto.

4 La ONG a la que hago referencia es el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

5 Me enfocaré en el periodo 2002-2007 por dos razones: la primera, refiere a que es el tiempo en que realicé gran parte de mi trabajo de campo en Chile; la segunda, considero que es el momento en que el movimiento mapuche debe aprender a afrontar el proceso de criminalización y estigmatización sistemático a partir de la aplicación de legislaciones de excepción, construyendo nuevas subjetividades, como veremos en este trabajo.

6 La Ley de Seguridad Interior del Estado es una normativa para la defensa del Estado frente a la amenaza de grupos políticos organizados, que intenten desestabilizar el orden institucional. Por el carácter eminentemente político de sus delitos, se reserva al Estado la potestad de invocarla cuando lo crea necesario y su desistimiento extingue inmediatamente la acción penal.

7 Cabe destacar que, pese a la carga simbólica que imponía la invocación de estas legislaciones, la prisión preventiva generalmente no era muy extensa, en el caso de los 12 de Lumaco, por ejemplo, duró 46 días hasta que obtuvieron la libertad provisional. Además, las condenas más altas que enfrentaron los dirigentes fueron desde 541 días hasta tres años, y en la mayoría de los casos las penas se cumplieron en libertad.

8 El código de justicia militar desde su promulgación en 1925 se mantuvo casi sin modificaciones hasta el año 2010, hasta ese entonces los tribunales militares tenían una amplísima jurisdicción que alcanzaba a los civiles en numerosos supuestos y a los militares por delitos comunes. Las enmiendas del 2010 (ley n.º 20.477) no lograron excluir de su jurisdicción los delitos comunes cometidos por uniformados en contra de civiles.

9 Se crearon instituciones como el Ministerio Público –organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación penal– y la Defensoría Penal Pública –entidad dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad brindar defensa letrada a imputados o acusados penalmente que carezcan de abogados.

10 Según el Programa de Derechos Indígenas (2004), hasta el año 2003 ya existían más de 200 mapuches imputados en el marco de la reforma procesal penal en la región de la Araucanía. Por esta razón se creó la oficina de la Defensoría Penal Mapuche, una unidad especializada no contemplada por la reforma, que contaba con facilitador intercultural bilingüe.

11 Ley 18.314 promulgada en dictadura (1984), es la ley más dura de la legislación chilena. Duplica las condenas normales para algunos delitos, dificulta la libertad provisional, permite la retención de pruebas y que los acusados sean condenados basándose en el testimonio de testigos anónimos. Se sancionan distintos delitos comunes agravados cuando se ejecuten con fines terroristas, sin brindar una descripción específica del delito o acto terrorista.

12 Todos estos casos, luego de un proceso de 10 años de tramitación, fueron conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en mayo 2014 resolvió condenar al Estado chileno por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley, entre otros. Además, ordenó reparar a las víctimas y anular todas las condenas (CIDH, 2014).

13 Escribiré en cursiva las palabras en idioma mapudungün.

14 Véase, entre otros, Programa de Derechos Indígenas, 2004; Human Rights Watch y Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, 2004; FIDH, 2003 y 2006; ONU, 2003, 2009 y 2014; CIDH, 2014; INDH, 2014.

15 Véase, entre otros, González Palominos et al., 2007; Mella, 2007; Toledo, 2007; Correa y Mella, 2010 y Villegas, 2010.

16 El trawün anunciaba generalmente alguna decisión como el inicio de una huelga de hambre o novedades durante el desarrollo de la misma. El yeyipun era una rogativa religiosa que intentaba reproducir lo más fidedignamente posible dentro de la cárcel los espacios rituales tradicionales de las comunidades como el gnillatün. Participaba una machi (autoridad religiosa mapuche), familiar de alguno de los PPM; un ngenpin (orador) que dirigía la ceremonia, designado entre los presos con más kimün (conocimiento de la cultura); y se disponía de un rehue (altar mapuche) hecho de ramas de canelo (árbol sagrado). Le Bonniec (2013) ha examinado etnográficamente cómo los tribunales orales y las cárceles se transformaron en espacios de resistencia y re-significación cultural, describiendo los modos en que estos lugares se constituyeron en sitios privilegiados de performance, de dramatización y de mediatización de los discursos y de las prácticas mapuche.

17 Sobre testigos anónimos en casos de aplicación de ley antiterrorista a dirigentes mapuches, véase González Palominos, 2011.

18 Antes de la implementación de la reforma procesal penal, en los casos de aplicación de Ley de Seguridad del Estado o del fuero militar, conseguir defensa letrada no era una tarea imposible, pues al ser un sistema escrito no requería de la presencia del litigante, más que para alegatos puntuales. Sin embargo, la oralidad del nuevo sistema implicó que la defensa participara de innumerables rituales y procedimientos, al menos en la etapa de investigación que en los casos mapuche duraba aproximadamente dos años antes de llegar al juicio oral. Por lo tanto, se necesitaba una dedicación casi exclusiva y no hubo ninguna organización ni abogado particular que pudiera asumir ese compromiso durante este periodo.

19 Véase, por ejemplo, Wilson, 1997; Cowan et al., 2001; Brown y Halley, 2002; Rajagopal, 2005 y Speed, 2006.

Topo da página

Para citar este artigo

Referência eletrónica

Karinna González Palominos, « ¡Liberar, liberar al mapuche por luchar!”. Activismo, derechos humanos y prisión política mapuche en Chile », e-cadernos ces [Online], 28 | 2017, colocado online no dia 15 dezembro 2017, consultado a 17 novembro 2018. URL : http://journals.openedition.org/eces/2628 ; DOI : 10.4000/eces.2628

Topo da página

Autor/a

Karinna González Palominos

Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
Puan 480, CABA, Argentina
karinnagp@yahoo.es

Topo da página

Direitos de autor

Licença Creative Commons CC BY 4.0

Topo da página
  • Logo Centro de Estudos Sociais
  • Logo Universidade de Coimbra
  • Logo Universidade de Coimbra - Património Mundial em 2013
  • Logo Compete 2020
  • Logo Portugal 2020
  • Logo Fundos Europeus Estruturais e de Investimento
  • Logo Fundação para a Ciência e a Tecnologia
  • OpenEdition Journals