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Bastos, Santiago; Sierra, María Teresa (coords.) (2017), Pueblos indígenas y Estado en México, la disputa por la justicia y el derecho

María del Carmen Ventura Patiño
Referência(s):

Bastos, Santiago; Sierra, María Teresa (coords.) (2017), Pueblos indígenas y Estado en México, la disputa por la justicia y el derecho, Colección México. México: IESAS – Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 365 pp.

Notas da redação

Revisado por Valentina Gatti

Texto integral

1Desde una mirada crítica, esta obra colectiva se propone contribuir a la reflexión sobre los actuales desafíos que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en México, sus diferentes estrategias y su relación con un Estado que está lejos de ser un ente monolítico y homogéneo. Su riqueza analítica es resultado de amplios trabajos etnográficos comprendiendo una diversidad étnica y distintos espacios geográficos, a partir de una antropología comprometida que se aleja de esencialismos. Despojo, violencia y seguritización son una tríada que caracteriza a esta fase de globalización económica que encaran las comunidades indígenas y son una constante en los estudios aquí expuestos.

2En México, a la par del reconocimiento de los derechos indígenas que se plasmaron en una serie de reformas de carácter multicultural, también se aprobaron un conjunto de reformas jurídicas estructurales que facilitaron el camino a esta fase del capitalismo caracterizado por el despojo y el extractivismo, dando lugar a un marco legal contradictorio, a una especie de “esquizofrenia legal”. Un actor importante en este nuevo escenario es el crimen organizado y sus vínculos con la clase política y los representantes de las empresas mineras, eólicas, de hidrocarburos, entre otras. De ahí que la defensa del territorio, los recursos naturales y sus formas de vida, constituyen las principales reivindicaciones de los pueblos indígenas, que combinan la estrategia legal con la movilización política. La respuesta estatal a los procesos organizativos indígenas ha sido una política de seguritización en clave contrainsurgente que da cuenta de un Estado penal, fragmentado, cooptado, neocolonial y racista. Esta política de control y contención conlleva un proceso de criminalización y racialización de la violencia, esto es, los pobres se vuelven sospechosos de delincuencia o contrainsurgencia, de este modo, la seguridización sirve como herramienta para construir territorios de intervención y justificar un alto grado de autoritarismo por parte de los administradores del orden público. Sobre estos ejes de análisis discurren los estudios aquí expuestos, organizados en tres apartados:

3“I. Usos estratégicos del derecho y los derechos” contempla tres procesos. Empieza con los cucapás de Baja California, cuyo territorio fue reducido de manera importante durante el siglo xix y con el proceso de reforma agraria; actualmente se ven amenazados por la creación de una Reserva Natural y la prohibición de la pesca, lo que compromete su reproducción económica, social y cultural, dada la escasez de recursos del desierto. La movilización política, en particular de las mujeres, les ha permitido negociar por periodos la continuación de la pesca, sin dejar de recurrir a instancias internacionales para reclamar su derecho al territorio y al mar. El siguiente texto comparte una serie de reflexiones sobre las dificultades para el ejercicio del derecho de “paridad de género” que viven mujeres indígenas en Guerrero, debido a los sistemas patriarcales que prevalecen en los partidos y en las comunidades, además del clima de violencia extrema que se vive en la región. La paridad de género es un derecho liberal, resultado de una larga lucha feminista, pero no debe sustituir los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas a la participación y representación política como sujetos colectivos. El otro capítulo es un caso paradigmático en materia de justicia: por primera vez en México, un magistrado declina su competencia a favor de las autoridades comunitarias zapotecas en el estado de Oaxaca para que éstos resuelvan sobre un “delito” cometido por uno de sus miembros. Una de las virtudes de este trabajo es que nos devela procesos concretos de construcción de distintos rostros del Estado, que van desde el racismo institucional, la violación de derechos indígenas por parte de los propios impartidores de justicia, hasta la incipiente apertura de algunos miembros del Poder Judicial que reconocen en un mismo estatus la impartición de la justicia comunitaria.

4“II. Territorios en disputa” expone cuatro estudios. Uno de ellos es sobre Calpulálpam, comunidad zapoteca en Oaxaca, que hace más de una década decidió rechazar la propuesta de inversión de una empresa extranjera para reactivar la explotación minera, la cual fue importante por varias generaciones. Tuvieron la cohesión social para definir y poner en práctica distintos proyectos de desarrollo comunitario, además de que asentaron en su Estatuto comunal que ellos son los propietarios de todos los recursos naturales, incluyendo los del subsuelo, desafiando a la clase gobernante que se abroga en “nombre de la Nación” la facultad de definir el destino de los mismos. El otro trabajo es sobre los totonacas en Veracruz, cuyo territorio es asediado por distintos proyectos: una cárcel privada de máxima seguridad, los usos con fines turísticos de una importante zona arqueológica y el llamado fracking. Vivimos una aparente contradicción: por un lado, se exalta la riqueza cultural de los pueblos indígenas y, por otro, se aprueban legislaciones como la de hidrocarburos y se aplican políticas de seguritizaciòn que ponen en serio riesgo la permanencia de esos pueblos, a quienes se les viola su derecho a la consulta, consagrado por la propia constitución federal. Los campos jurídicos, económicos, políticos y culturales también están en disputa y son resultado de tensiones y negociaciones entre diferentes sectores y fuerzas políticas en pugna. Enseguida se expone el caso de un ejido en Yucatán cuyos avecindados se reivindican como “mayas” y desde ese carácter exigen que se reconozca su derecho al territorio ante las instancias agrarias, impugnando la venta y privatización de las tierras por parte de los ejidatarios a favor de empresarios inmobiliarios, bajo el argumento de que “el territorio es del pueblo”; con ello se evidencian las tensiones legales entre el derecho agrario y los derechos indígenas. El último estudio es sobre la comunidad agraria de Mezcala, en Jalisco, cuya lucha es también contra un empresario inmobiliario y para que las instituciones gubernamentales les reconozcan su etnicidad coca; aunque con conflictos internos, en este proceso la participación de los jóvenes ha sido crucial para recuperar su memoria histórica cuyo origen es prehispánico.

5“III. Crisis de seguridad y violencia” comprende cuatro casos. El primero es sobre la CRAC-PC, una organización integrada por miembros de varios pueblos indígenas de Guerrero, de 15 municipios y cerca de 110 comunidades, que surge en 1995 como una alternativa comunitaria frente a la alarmante inseguridad y una aparente “ausencia” de Estado. Otorgan seguridad e imparten justicia en un vasto territorio constituyendo una “autonomía de facto”. Narcotráfico, concesiones mineras, intentos de institucionalización y divisiones internas son los principales desafíos que hoy enfrenta. A pesar de ello, recientemente lograron que la Suprema Corte de Justicia revirtiera las concesiones mineras. Continuando con Guerrero, los siguientes dos trabajos, a partir de interesantes datos etnográficos, hacen un aporte importante a los escasos estudios sobre los impactos de la violencia generada por el racismo estructural, la militarización y los grupos del crimen organizado, así como de las diferentes formas de despojo en los cuerpos y territorios de los pueblos indígenas, en particular de las mujeres y jóvenes. Enfrentamos a un Estado de excepción que crea cuerpos torturables, desechables, que pueden ser desaparecidos, y que por lo general son de mujeres y jóvenes, morenos y pobres. Es una especie de “muerte social”: sus vidas y sus cuerpos de piel oscura son racializados y criminalizados, sospechosos de delincuencia o de insurgencia, lo que justifica las políticas de seguritización. El último texto expone las experiencias sobre el llamado “video indígena” como un campo político emergente en 1980 que ha sido apropiado por jóvenes indígenas, principalmente zapatistas en Chiapas, como una herramienta para contar con voz propia sus historias y los desafíos de esas autonomías de facto frente a las políticas de contrainsurgencia gubernamental.

6Estos textos cumplen con creces su compromiso inicial: comprender los procesos que implican a los pueblos indígenas en su difícil relación con el Estado y la sociedad nacional. Contribuyen a revelar los diferentes campos de disputa y los distintos rostros del Estado: heterogéneo, fragmentado, cooptado, narco, de excepción y penal. Por ello, recomiendo ampliamente su lectura.

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Para citar este artigo

Referência eletrónica

María del Carmen Ventura Patiño, « Bastos, Santiago; Sierra, María Teresa (coords.) (2017), Pueblos indígenas y Estado en México, la disputa por la justicia y el derecho », e-cadernos ces [Online], 28 | 2017, colocado online no dia 15 dezembro 2017, consultado a 22 setembro 2018. URL : http://journals.openedition.org/eces/2819

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Autor/a

María del Carmen Ventura Patiño

El Colegio de Michoacán
Ave. Martínez de Navarrete 505, Col. Las Fuentes, Zamora, Michoacán, México
ventura@colmich.edu.mx

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