1En un mundo cada vez más interdependiente se promueven transformaciones energéticas a diferentes escalas (Hafner y Tagliapietra, 2020). La extracción y consumo de combustibles fósiles ha sido central en la acumulación de capital y en la configuración de desigualdades entre los países demandantes y los países proveedores. El rol protagónico de las fuentes fósiles en la organización socioproductiva de los territorios y su hegemonía en el escenario geopolítico mundial del siglo XXI se ven modificados por las oportunidades y tensiones que emergen de la transición hacia un modelo más sostenible, diverso e inclusivo.
2En la lucha contra el cambio climático, las medidas adoptadas en torno a la transición del modelo energético fósil dependiente y centralizado hacia uno bajo en carbono, inducen la valorización de fuentes renovables y la evolución de las tecnologías energéticas empleadas, al tiempo que posibilitan el avance hacia formas de producción más distribuidas. La transición energética implica así un cambio estructural que involucra transformaciones en múltiples dimensiones, entre ellas, la tecnológica, pero también social, política, económica y cultural (Bridge y Gailing, 2020; Theys, 2017). Esto transforma los patrones espaciales de la actividad económica y social, a la vez que trastoca las relaciones de poder (Herrero Luque y Rodríguez, 2017; Santos, 2000). Es por ello que los países tratan de reposicionarse. Aquellos altamente dependientes de las exportaciones de combustibles fósiles ven en riesgo sus mercados y su estabilidad en el sistema (Al-Saffar y Van der Beeuren, 2020). Paralelamente, los que dependen de la importación de recursos fósiles, optan por trazar estrategias de diversificación de sus matrices a través de la apuesta por centrales de generación en base al potencial eólico y solar, principalmente. Asociado al aprovechamiento renovable creciente, aumenta la demanda de metales y minerales requeridos para la fabricación de los equipamientos implicados en la generación de energía, lo que pone en valor nuevos territorios en el escenario energético mundial (Exner et al., 2015; Hurd et al., 2012; Rothkopf, 2009). Así, la transición energética del siglo XXI, en el seno de un sistema de gran complejidad y dinamismo, abre interrogantes en torno al potencial de reconfigurar su estructura y empoderar los territorios (Kazimierski, 2022). El territorio, lejos de ser un simple escenario, representa un producto social híbrido que reúne al mismo tiempo dos procesos que conviven dialécticamente: horizontalidades y verticalidades (Santos, 1996). En palabras de Gómez Lende, “en cada territorio, la combinación de la verticalidad y manchas de la horizontalidad es única, combinada y desigual, primando en algunos casos las primeras y en otros las segundas, mas siempre coexistiendo” (2007:263).
3La espacialidad del proceso de transición se manifiesta en la incorporación de geografías periféricas a la economía global, a través del avance de nuevas actividades y la aplicación de tecnologías innovadoras (Guibert et al, 2018; Schweitzer, 2016). En América Latina, desde finales del siglo XX, avanzan procesos que incorporan territorios al mercado internacional, haciendo especial foco en los recursos energéticos que ellos poseen. En esta región, Argentina -ante la disponibilidad de tierras, agua, energía, minerales, entre otros recursos- es valorada en función de circuitos globales de acumulación, atrayendo inversiones (Vázquez, 2021). Esto se da en el marco de políticas nacionales y subnacionales que hacen eco de acuerdos multilaterales y profundizan frentes de acción acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4Este trabajo se propone abordar la transición energética en Argentina desde el aprovechamiento de recursos estratégicos, renovables y minerales, analizando su contribución a necesidades locales o a demandas extraterritoriales. Para ello, se estudiaron iniciativas de generación fotovoltaica y eólica, en diferentes territorios y a diversas escalas: considerando tanto el ámbito de acción del actor que los impulsa (nacional, provincial o local), como la escala del territorio alcanzado, y la potencia y generación de la instalación renovable. Se analizaron también proyectos asociados a la extracción de litio. En la diversidad de proyectos energéticos y mineros, se encontraron dos sentidos o fuerzas de movimiento de los recursos: hacia los mercados globales, sirviendo a requerimientos externos, y hacia el interior de los territorios, para atender requerimientos de las poblaciones locales. Al primer sentido lo denominamos fuerzas centrífugas, y al segundo, fuerzas centrípetas. Ambos constituyen fuerzas de transición energética que coexisten y conviven.
5La investigación se basa en una metodología de corte cualitativo, que busca comprender la transición energética desde una mirada territorial, multidimensional y multiescalar. Primeramente, se recurrió al análisis documental que incluyó seguimiento de prensa, relevamiento de normativa nacional y provincial, estudio de documentos públicos oficiales, y de bibliografía nacional e internacional especializada en transiciones energéticas y geografía de la energía. Además, el trabajo se apoya en resultados de investigaciones doctorales y posdoctorales, con eje en el aprovechamiento fotovoltaico y eólico en distintas regiones de Argentina, realizadas entre los años 2018 y 2025. Como parte del acercamiento directo a los hechos, se optó por organizar jornadas de trabajo de campo en el marco de proyectos colectivos, interdisciplinarios, de investigación. En ellos se relevó información primaria a partir de observación en terreno, y entrevistas semi-estructuradas a informantes clave con diferente escala de acción en la dinámica energética del territorio. Entre ellos se cuentan gerentes y personal técnico de empresas desarrolladoras de proyectos renovables, inversores, empresas distribuidoras y cooperativas de distribución eléctrica, agentes de la administración pública, actores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general. Las entrevistas se estructuraron procurando conocer qué proyectos existen, quiénes los promueven y para qué se desarrollan. Para ello, se consideraron 5 grandes ejes temáticos, que sirvieron de disparadores de la conversación: génesis y motivación de la iniciativa; propiedad y financiación del proyecto; actores y partes intervinientes en el diseño e implementación del proyecto; involucramiento ciudadano y de actores del territorio y destino de los beneficios del proyecto.
6Luego de esta introducción, el artículo se estructura en dos partes que abordan los dos sentidos en los que se movilizan los recursos estratégicos en el contexto de transición en Argentina: hacia afuera, sirviendo a las cadenas de valor, demandas centralizadas y los procesos de transición globales; y hacia adentro, para atender necesidades de los territorios.
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7La diversidad y riqueza de recursos naturales disponibles en el territorio argentino hacen emerger epicentros energéticos que nuclean plantas en operación y atraen interés en nuevos proyectos (Clementi et al, 2019). Desde la década de 2010, el yacimiento Vaca Muerta cobra relevancia y se convierte en el foco de inversiones de empresas de capitales nacionales e internacionales por sus reservas de hidrocarburos no convencionales, las que posicionan a Argentina en el segundo y cuarto lugar mundial por las reservas de shale gas y shale oil, respectivamente (Villalba, Ise y Clementi, 2021). Este megaproyecto, en tanto polo de atracción de inversiones, y de gran envergadura productiva, revoluciona la geografía energética nacional induciendo transformaciones en múltiples espacios, más allá de la formación sedimentaria que abarca las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Si bien el núcleo de las transformaciones se concentra en la localidad neuquina de Añelo, ciertos insumos que demanda el proceso de extracción, como la arena1, dinamizan la actividad canteril en otras provincias como Chubut y Entre Ríos, como así también la construcción de infraestructuras de transporte tales como gasoductos que atraviesan diferentes regiones del país.
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8Pese al protagonismo de Vaca Muerta en la última década -desde la sanción del Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía, destinada a la producción de Energía Eléctrica (Ley Nacional 27.191/2015)-2 avanza el aprovechamiento de fuentes renovables, representando el 16% del total de la matriz eléctrica nacional3 (CAMMESA, 2025). En este marco, el interés por explotar el vasto potencial de fuentes renovables ha crecido a distintos niveles y de formas diversas, poniendo en valor nuevas regiones a partir de grandes proyectos de inversión. Tres rondas de licitaciones públicas nacionales e internacionales, en el marco del programa del Estado Nacional denominado Renovar, de impulso a la generación eléctrica renovable, se sucedieron entre los años 2016 y 2019. En ellas, y en el marco de licitaciones destinadas a contratar energía en el Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables -MATER-, se insertan la mayoría de las plantas solares y eólicas en funcionamiento en el país.
9En el Noroeste Argentino (NOA) y la región de Cuyo, los valores de radiación solar y los niveles de heliofanía favorecen la multiplicación de grandes plantas solares. El proyecto de mayor envergadura, Caucharí, de 300 MW, fue adjudicado por la Provincia de Jujuy, a través de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado -JEMSE-, en licitación nacional Renovar y construido con financiamiento chino. Otras plantas en operación pertenecen a capitales nacionales, entre los que se destacan las empresas: 360 Energy con 246 MW en operación (en provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan) y GENNEIA –propietaria de los parques Ullum y Tocota (provincia de San Juan), que suman 220 MW. Sumando a ellas las plantas fotovoltaicas que fueron adjudicadas por capitales extranjeros, principalmente de China, España y empresas multinacionales, se cuentan en Argentina 1778 MW instalados, que permiten generar 453 GWh por mes, lo que representa el 21% de la generación eléctrica de origen renovable (CAMMESA, 2025). Paradójicamente, la mayoría de estas plantas se concentran en provincias que se caracterizan por una baja densidad poblacional, por el desarrollo de actividades primarias, y por un acceso limitado de la población a los servicios energéticos. Por ejemplo, las provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan reúnen el 0,83%; 0,93; y 1,7% de la población nacional, respectivamente. En términos de la proporción del ingreso que los hogares destinan a los servicios energéticos, estas provincias presentan un índice de vulnerabilidad energética (IVE) de medio a alto, con un gasto cercano al 10% del ingreso (Durán y Condorí, 2020).
10En lo que hace al desarrollo eólico, el litoral atlántico se convierte en una región clave por la velocidad y la regularidad de los flujos de aire (Clementi, 2017). De los 65 parques eólicos que operan en el país, más de la mitad se localizan en la costa atlántica de la región Patagónica y de la provincia de Buenos Aires. En términos de potencia representan cerca de 4000 MW, equivalentes al 70% de toda la energía renovable instalada en el país. Estos parques eólicos generan 1451 GWh mensuales, lo que representa el 67% de la generación renovable (CAMMESA, 2025). Ésta es principalmente inyectada al Sistema Eléctrico Interconectado para ser gestionada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). A su vez, desde la habilitación del MATER, los generadores privados comercializan la energía renovable producida directamente con grandes usuarios demandantes. Por ejemplo, el parque eólico Manantiales Behr -con 100 MW de potencia operado por la empresa YPF Luz en la provincia del Chubut- abastece in situ al yacimiento hidrocarburífero de YPF y vende la mayor parte de lo generado a otros grandes consumidores como Toyota (Zárate); Profertil S.A. (Bahía Blanca); Coca Cola FEMSA (Ciudad de Buenos Aires) y Nestlé (Villa Nueva; Firmat y Santo Tomé). Así como este caso, la mayoría de los parques eólicos que operan en la región patagónica destinan la energía producida para cubrir las demandas de otros lugares del país, principalmente del Gran Buenos Aires que concentra la actividad de industrias energívoras (Figura 1). Las necesidades energéticas de la población local no son el foco de estos proyectos. Por ejemplo, en Chubut, donde habita el 1,2% de la población nacional, los departamentos de Gastre, Telsen y Mártires presentan un índice de vulnerabilidad energética de entre 4.9 y 6,4, lo que corresponde a uno de los más altos de la Patagonia (Durán y Condorí, 2020). En dicha provincia existen más de 20 pueblos rurales que se abastecen de generadores térmicos con motores a gasoil y que encuentran dificultades mayores para proveerse de este combustible en temporadas de nevadas, por el corte de los caminos. Según el testimonio de la Federación Chubutense de Cooperativas (FECHCOOP) en la localidad de Gan Gan (800 habitantes), operan dos motores que demandan un promedio de 3.000 l/d de gasoil, que es almacenado en cisternas que son recargadas por un camión cada 15 días. Sin embargo, esta logística puede verse interrumpida por condiciones meteorológicas adversas en temporadas invernales, lo que restringe el servicio para los habitantes.
Figura 1. Parque eólico Rawson, provincia de Chubut
Fuente: Tomada en octubre, 2022.
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11En Patagonia, a su vez, las inmensas superficies con baja densidad poblacional y explotaciones productivas dispersas son vistas como tierras disponibles para megaproyectos de hidrógeno bajo en carbono4, cuya concreción podría triplicar el desarrollo eólico alcanzado (Carrizo et al, 2024). El hidrógeno suscita atención e interés de múltiples actores, Estados e inversores privados, por sus beneficios ambientales, su flexibilidad, múltiples aplicaciones y su potencial comercial, especialmente en regiones como Asia y Europa que buscan incorporar su uso evaluando vías de aprovisionamiento (Moreno-Brieva, Guimón, & Salazar-Elena, 2023). Recientemente las políticas y regulaciones para la producción de hidrógeno bajo en carbono en Argentina -proyecto Ley Nacional y la Estrategia Nacional del Hidrógeno 2030, la Mesa Intersectorial del Hidrógeno y el Consorcio H2Ar para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno en Argentina- buscan actualizar el marco regulatorio y de promoción5. Asimismo, los gobiernos provinciales estimulan su desarrollo, entre ellas la provincia de Río Negro ha sido pionera en declarar el interés (Ley 3.796/2003) y lanzar el Plan Estratégico que incluye la producción de 300.000 Tn de hidrógeno verde para el año 2030. Por su parte, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego avanzan en el mismo sentido promoviendo espacios de participación y debate con las agencias de desarrollo local, públicas, privadas y mixtas para el desarrollo de la economía del hidrógeno
- 6 Entre ellos los puertos de Bahía Blanca, San Julián, Santa Cruz y Deseado.
12Entre los proyectos anunciados se encuentra la empresa australiana Fortescue Future Industries que busca producir 35000 toneladas de hidrógeno verde destinadas al mercado externo en Punta Colorada (Río Negro). En 2024, el proyecto se encuentra en la fase de evaluación del potencial eólico para la construcción del Parque Cerro Policía, clave para suministrar electricidad para el proceso de electrólisis (Carrizo y Clementi, 2024). Así como este megaproyecto, gran parte de las iniciativas se encuentran en fase de estudio de viabilidad o buscando opciones de financiación y se proyectan en las proximidades de la costa atlántica, que concentra los principales centros poblados y puertos6 que posibilitarían los flujos de comercio internacional de hidrógeno bajo en carbono y sus derivados. Los actores que las impulsan son empresas con políticas de diversificación y descarbonización, entre ellas, compañías extranjeras con antecedentes en energía eléctrica, como Engie y Total Eren (Francia), RWE Renewables (Alemania), Hive Energy (Reino Unido), MMEX Resources Corporation (Estados Unidos), o empresas de la industria minera, como Anglo American. Otros proyectos son impulsados por promotores de energías renovables, como Haizea Energía, CWP Global y Free Power, que avanzan en los territorios atraídos por los incentivos y las normativas estatales. Menos numerosas y de menor escala son las iniciativas promovidas por asociaciones público-privadas, y organismos estatales, como universidades o centros de investigación. Entre ellas se reconocen dos experiencias piloto de producción de hidrógeno a partir de energía eólica: 1. planta experimental de hidrógeno de Pico Truncado (Provincia de Santa Cruz) promovida por la Fundación Hidrógeno Santa Cruz y la Asociación Argentina del Hidrógeno y 2. 2009, Primer Módulo Argentino de Energía Limpia instalado en la Base Antártica Esperanza, desarrollado por la Fundación Hidrógeno Santa Cruz, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Escuela Superior del Ejército Argentino (Carrizo y Clementi, 2024).
13Los actores detrás de los proyectos responden a intereses y lógicas diferentes. Mientras que para las empresas privadas el hidrógeno verde significa la posibilidad de ampliar sus mercados y beneficios, para los gobiernos provinciales y locales representa tanto una puerta hacia la atracción de dividendos, facilitando el desarrollo de actividades de actores privados, como una oportunidad para dinamizar sus territorios a través de la promoción de su cadena de valor. La producción de hidrógeno bajo en carbono, no está exenta de incertidumbres respecto a cómo repercute en la dinámica de las poblaciones locales y el desarrollo de las actividades productivas preexistentes. La especulación inmobiliaria en torno a la instalación de parques eólicos para su producción ha aumentado las tensiones entre los productores de ganado ovino. “En una provincia donde la ganadería ovina y caprina está en crisis, vender un terreno a inversores extranjeros que buscan producir hidrógeno verde es tentador para los propietarios… más de 100.000 ha ya fueron compradas para ese fin…el problema es que compraron campos productivos” (Representante de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Chubut, 2022). Esto ha llevado a que, por ejemplo, en la provincia de Chubut se negocien cambios regulatorios para garantizar la coexistencia de ambas actividades productivas. La Sociedad Rural del Valle Inferior del Río Chubut, a través de acuerdos con entidades provinciales, logró la autorización de contratos de arrendamiento por 70 años de la parte aérea de las tierras, permitiendo a los propietarios continuar con la ganadería (Asociación Argentina de Energía Eólica, 2022).
- 7 Creada mediante el decreto provincial 356/86 con el objetivo de preservar los endemismos de la regi (...)
14A su vez, las comunidades indígenas de la Costa Atlántica expresan su preocupación por las tierras fiscales que serían cedidas a ciertas empresas extranjeras para la producción de hidrógeno bajo en carbono, ya que la mayoría están ocupadas por familias mapuche-tehuelches. Una de las comunidades incluso ha cuestionado el hecho de que la Meseta de Samuncura, un Área Natural Protegida7, se encuentra entre las hectáreas asociadas al proyecto en Sierra Grande (Río Negro), que el gobierno provincial planea entregar. “A pesar de no tener la consulta previa, ya se realizaron bases de cemento para instalar las torres de medición de vientos…además nuestra objeción radica en que la producción de la energía limpia no quedará para las comunidades de la zona” (Vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro, 2023). Dicho testimonio refleja que las incertidumbres no obedecen sólo a los potenciales problemas asociados, sino en relación a los beneficios del proyecto. En este sentido, resulta complejo justificar la instalación de un parque eólico con ventajas que, para un poblador, bien podrían parecer meras abstracciones, por ejemplo, la diversificación energética o la disminución de gases de efecto invernadero (Grunstein Dickter, 2016).
15La valorización de los recursos renovables no sólo induce nuevas dinámicas en los territorios donde se buscan localizar proyectos para su aprovechamiento sino también en aquellos donde se asientan los insumos necesarios para construir tecnologías sostenibles (Baggiano y Cacciori, 2019). Desde 2010, la cantidad promedio de minerales que se requiere por unidad de capacidad de generación ha aumentado en un 50% (IEA, 2022). Para la generación fotovoltaica, minerales tales como el silicio y el cobre son cruciales. Para otras fuentes de generación renovable, y para las baterías asociadas a la movilidad eléctrica se requieren: Litio, Nickel, Cobalto, Zinc, Manganeso y tierras raras. La demanda mundial se origina mayoritariamente en los países asiáticos, fundamentalmente China, Corea y Japón.
- 8 Vastas depresiones donde se acumulan sales ricas en litio, provenientes de la actividad volcánica y (...)
- 9 Donde se emplea el método de evaporación solar, proceso que implica bombear salmuera rica en litio (...)
16La vasta disponibilidad de litio, en los salares8 del Noroeste argentino, vuelven a ésta una región estratégica para grandes inversiones que procuran abastecer cadenas de valor tecnológicas de las principales economías del mundo. El litio adquiere relevancia en el mercado internacional para la fabricación de baterías, sistemas de acumulación de energías renovables y la expansión de los autos eléctricos. Argentina ha alcanzado cifras récord tanto en la extracción como en la venta al exterior de este mineral. Con 9.600 toneladas producidas en 2023, el país ocupa el cuarto lugar mundial en producción (Ministerio de Economía, 2024). Cuenta con 6 minas en operación9 y medio centenar de proyectos que se encuentran en distintas fases de avance construcción, factibilidad, evaluación o exploración en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy (Secretaría de Minería, 2025). En 2023, Argentina exportó más de 40.000 toneladas de litio, principalmente a China, Estados Unidos y Japón. Incluso empresas internacionales como Ganfeng Lithium y Lithium Americas han anunciado planes de expansión en el país para la próxima década. Así la producción en las provincias de Salta y Jujuy aumenta de la mano de actores como la empresa provincial JEMSE -Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado- la cual se asocia con compañías promotoras como Toyota Tsusho (japonesa), Orocobre (australiana), SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A., Tianqi Lithium (China) y Lithium Americas Corporation (canadiense), Eramet (francesa), entre otras. Entre los proyectos más recientes se encuentran el yacimiento Centenario-Ratones puesto en operación a mediados de 2024 por la compañía Eramine Sudamericana -subsidiaria del grupo minero francés Eramet- en Salta, la cual se distingue por el empleo del método de extracción directa, proceso que busca minimizar el impacto ambiental, con mayor reciclado de agua y menores tiempos de producción. Asimismo, en dicha provincia, en el Salar de Arizaro la firma Lithium Chile se adjudicó 8.445 hectáreas a través de su filial Argentum Lithium y avanzan estudios de prefactibilidad del proyecto para una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio. En Catamarca, la minera argentina Liex, firma subsidiaria de la empresa de origen chino Zijin, también avanza en las pruebas de producción de litio en el proyecto Tres Quebradas que busca procesar 20.000 toneladas de carbonato de litio equivalente por año (Secretaría de Minería, 2025).
17El avance de proyectos extractivos sobre yacimientos de litio en la última década ha desencadenado en la región focos locales de conflictividad, oposición y resistencia por parte de actores colectivos como la Mesa de las 33 Comunidades que agrupa comunidades originarias que habitan la cuenca de Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc (Barberón, 2024). Esto se debe a que las zonas de extracción se encuentran en territorios ancestrales de los pueblos indígenas, lo cual implica que tales comunidades tengan derechos de autonomía y a la autodeterminación. Por otro lado, la minería del litio implica acaparamiento de fuentes de agua en una región donde el recurso es escaso, profundizando las desigualdades existentes, y perpetuando el modelo de mercantilización de la naturaleza, sólo que se añade una capa “verde” adicional a las presiones extractivistas ya existentes (Bringel, Lang, & Manahan, 2023). En relación a las tensiones por la apropiación de los recursos hídricos, organizaciones ambientalistas de Antofagasta de la Sierra rechazan el proyecto -avalado por el gobierno catamarqueño- de construir un acueducto para desviar y canalizar el río Los Patos y así suministrar importantes caudales de agua a Fénix y otros yacimientos localizados en el Salar del Hombre Muerto. Por otra parte, en Olaroz, la operadora del yacimiento ha sido acusada de afectar los flujos hidrológicos naturales elevando la salinización del agua dulce y como consecuencia obligando a las comunidades a recorrer grandes distancias para obtener agua para consumo humano y animal (Gómez Lende, 2024).
18Mientras que cada vez más minerales como el litio son necesarios para construir las infraestructuras y equipos de generación y acumulación eléctrica (paneles fotovoltaicos, aerogeneradores y baterías), al mismo tiempo, la actividad minera utiliza crecientemente este tipo de instalaciones, para satisfacer sus requerimientos de energía. Por ejemplo, en la Mina Veladero -uno de los proyectos emblemáticos de la minería a gran escala, ubicado en San Juan, propiedad de la empresa canadiense Barrick Gold- opera un sistema híbrido diésel-eólico a partir del cual la energía producida por el aerogenerador instalado permite cubrir la demanda de la zona de molienda de oro (Villalba et al, 2021). Al mismo tiempo, se anuncian inversiones en torno a infraestructuras de transporte para abastecer de energía renovable a proyectos de extracción de litio y cobre en Salta. Se trata de un proyecto de interconexión eléctrica en alta tensión que facilitará el acceso a la red eléctrica a los proyectos mineros de la zona, posibilitando el aumento de la producción de litio en la región. Así la expansión energética y la explotación minera refuerzan su dependencia una de la otra (Forget y Carrizo, 2018). Esta dependencia con respecto a algunos materiales de la transición, tales como los considerados “tierras raras”, puede llegar a ser mayor que la dependencia del petróleo, en tanto la oferta se encuentra aún más concentrada geográficamente que en el caso de los recursos hidrocarburíferos (Pitron, 2018; Hache et al., 2019; Overland, 2019; Gielen y Lyons, 2022). La transición hacia las energías renovables representaría el paso de un sistema energético “intensivo en combustibles” a uno “intensivo en materiales” (IEA, 2022).
19La materialización de la transición energética sigue en este sentido una tendencia centrífuga, es decir desde los territorios hacia demandas externas (Figura 2). Esto se asocia a lo que algunos autores entienden como una expresión del modo en que el modelo actual intenta capitalizar la crisis energética y climática para un nuevo ciclo de acumulación. Así, la transición -impulsada principalmente por grandes empresas, fundaciones y gobiernos del Norte y países emergentes hacia energías supuestamente «limpias»- presionará cada vez la expansión de la frontera extractiva en países del Sur como Argentina, históricamente asociados a un rol de exportador de materias primas (Vela-Almeida et al., 2023; Vela-Almeida, Argento y Rátiva-Gaona, 2024). Los acuerdos y agendas verdes o el llamado Consenso de la descarbonización profundizan relaciones neocoloniales, creando nuevos territorios de sacrificios (Svampa, 2014). La expansión de la frontera extractiva a través de grandes proyectos para la generación de hidrógeno verde en base a recursos renovables y la extracción de recursos minerales para la transición, producen el fenómeno de acumulación por desfosilización (Argento y Kazimierski, 2022). En este sentido, y en tanto se despliega a través de proyectos que no siempre representan fielmente los intereses de las poblaciones locales, es posible hablar de una cara desterritorializada de la transición o lo que algunos autores consideran una transición de tipo corporativa (Bertinat y Chemes, 2022). Esta se asocia al accionar de agentes o instituciones extraterritoriales que se apropian del uso de los recursos y acceso del territorio en cuestión (Haesbaert, 2013). La expansión de ciertos proyectos eólicos de gran envergadura en la región patagónica, y sobre todo la minería del litio en la Puna, reflejan la precarización o fragilidad del control territorial de las comunidades originarias. Los responsables de los proyectos (promotores, institucionalidad ambiental, organismos político-administrativos) omiten incluso el consentimiento previo, libre e informado lo cual conduce a demandas y tensiones sobre las posibles afectaciones en las prácticas y dinámicas ancestrales de subsistencia, como así también riesgos de modificar elementos culturales como sitios arqueológicos y ceremoniales.
Figura 2. Fuerzas centrífugas y centrípetas de la transición energética argentina
Fuente: elaboración propia.
- 10 Gestionados por empresas transnacionales, que privatizan recursos naturales y reflejan una desartic (...)
20Proyectos situados, pensados para el territorio, o surgidos de las mismas poblaciones contrabalancean la tendencia a servir a cadenas globales y reproducir el ciclo de acumulación. En geografías diversas, es posible apreciar otra cara de la transición, que va más allá de grandes proyectos desterritorializados10, la competencia por materias primas y tecnologías y la conquista de mercados (Figura 2). La transición energética también genera cambios en las redes a través del aprovechamiento de recursos locales, la entrada de nuevos actores al sistema, y la descentralización de la producción de energía. Habilita así una vía para la universalización de servicios, la participación ciudadana, y el acrecentamiento de derechos y libertades. La interrelación creciente entre actores diversos, en procesos de co-construcción, es capaz de configurar una nueva forma de gobernanza, caracterizada por el predominio de relaciones horizontales y descentralizadas (Adam y Kriesi, 2010; Carrizo y Jacinto, 2018). Mientras los Estados y las organizaciones gubernamentales conservan un rol importante y son clave en los incentivos y regulaciones que posibilitan el despegue de la transición, ya no son los únicos actores que conducen y protagonizan las iniciativas de cambio en los territorios. Comienzan así a tomar valor los proyectos ciudadanos y los mecanismos participativos (Ballan, 2016; Peullemeulle, 2016).
21En Argentina, regiones con gran riqueza de recursos naturales contrastan con situaciones de déficits de servicios y/o pobreza energética. A pesar de contar con redes extensas, parte de la población no dispone de servicios adecuados y un 1.5% aún utilizan leña como combustible para cocción (INDEC, 2022). Adicionalmente, en sitios altamente poblados y productivos, como territorios pampeanos de la región centro del país, las comunidades experimentan un servicio deficitario, con frecuentes interrupciones y tensión insuficiente. En pleno corazón productivo, dada la vasta extensión de tierras y las distancias con respecto a los centros urbanos, un gran número de asentamientos rurales carece de acceso a la red eléctrica. En ambos casos, la generación fotovoltaica local, con o sin conexión a la red, representa una alternativa viable (Ise, 2024). El aprovechamiento renovable in situ para contribuir a paliar las dificultades de las poblaciones fue propiciado por programas estatales desde fines de la década de 1990. La electrificación de población aislada de las redes, mediante fuentes renovables, principalmente la fotovoltaica y, en menor medida, la eólica, se impulsó desde el Programa de Energías Renovables para Mercados Rurales PERMER (1999-2023), con financiamiento del Banco Mundial. Se trató de instalaciones para proveer un servicio básico de iluminación y comunicación social. A lo largo de sus años de implementación se beneficiaron más de 200.000 usuarios, se crearon 13 mini redes comunitarias y se proveyeron equipos a más de 34.000 hogares (Ministerio de Economía, 2023). Posteriormente se incluyeron también equipos para usos productivos como refrigeración, bombeo de agua y la electrificación de boyeros. Si bien este programa ha favorecido la lucha contra la pobreza energética que experimentan comunidades vulnerables, principalmente del Noroeste y Noreste Argentino (regiones NOA y NEA), el despliegue del mismo perpetúa una lógica de arriba hacia abajo, transferida desde el Estado u organismos internacionales, y con escaso involucramiento de las comunidades, quienes, en muchos casos, eran receptores de la tecnología, sin contar con el suficiente conocimiento para servirse de ella en forma adecuada para poder maximizar sus prestaciones y asegurar el mantenimiento (Garrido et al; 2014; Ise et al; 2025; Schmukler, 2018).
- 11 En Argentina, la generación distribuida con inyección de los excedentes de energía a la red de dist (...)
22Paulatinamente, desde comienzos del siglo XXI se multiplican proyectos fotovoltaicos y eólicos desplegados por actores locales, articulando recursos financieros, humanos y tecnológicos. Por un lado, municipios y cooperativas eléctricas se muestran cada vez más involucrados en la generación energética local. Por otro lado, industrias, comercios y pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario y metalúrgico incorporan instalaciones renovables para abastecerse de energía que posibilite ampliar sus actividades o contribuya a la seguridad del suministro. Además, con un marco regulatorio aún en formación11, se despliegan progresivamente proyectos energéticos comunitarios, encabezados por los propios usuarios de la energía, buscando beneficiarse colectivamente de un proyecto energético común. Adicionalmente, iniciativas de generación renovable local -públicas, privadas, o mixtas-, contribuyen a paliar déficits eléctricos de los territorios.
- 12 En algunas provincias argentinas, los gobiernos locales pueden ser Municipios o Comunas, dependiend (...)
23Los gobiernos locales, Municipios o Comunas12, han encontrado formas diversas de involucrarse, participar o promover proyectos energéticos renovables. En muchos casos se han encargado de canalizar las demandas de la población hacia instancias provinciales. En otros, los municipios también impulsan iniciativas propias. Con apoyo en otros actores locales, o de actores provinciales o nacionales, logran concretar proyectos que mejoran el servicio a sus poblaciones, generan ahorro en los consumos eléctricos del municipio y potencian actividades locales como el turismo.
- 13 En Argentina, las cooperativas de distribución eléctrica surgen en la década de 1920 para hacer fre (...)
24Paralelamente, numerosas cooperativas de servicios públicos que proveen electricidad en pequeñas localidades del interior, encabezan proyectos de generación renovable, principalmente solar13. La primera experiencia fotovoltaica fue la de la Cooperativa Eléctrica de Armstrong CELAR, en el sur de Santa Fe, un proyecto piloto de generación distribuida y red inteligente (Proyecto de Redes Inteligentes con Energías Renovables PRIER). Allí, con fondos de la Secretaría de Energía de la Nación, se instalaron 1000 medidores inteligentes y unos 50 equipos fotovoltaicos de 1.5 kW en viviendas de la localidad, además de otras instalaciones en edificios públicos. Mientras en sus orígenes, por la década de 1920, las cooperativas eléctricas se encargaban de proveer el servicio eléctrico en pequeñas localidades a partir de usinas que operaban con combustibles fósiles, en la actualidad, avanzan en el aprovechamiento renovable articulando con otros actores provinciales, públicos y privados. Por ejemplo, a través de un convenio de cooperación con la Provincia de Córdoba, federaciones de cooperativas y empresas desarrolladoras de proyectos fotovoltaicos, las cooperativas han avanzado en la construcción y puesta en funcionamiento de 7 plantas solares de entre 70 y 100 kW que alimentan redes locales para mejorar el servicio. En Santa Fe, algunas instalaciones fotovoltaicas en forma colaborativa surgieron en el marco del programa provincial Energía Renovable para el Ambiente (ERA), hoy reemplazado por el relanzamiento del programa “Prosumidores”. En esa provincia se destacan, además, algunas experiencias que apuntan a obtener beneficios sociales del proyecto. En María Teresa, la cooperativa eléctrica y el gobierno comunal avanzaron en instalaciones solares cuyos beneficios se redistribuyen entre seis organizaciones locales de la comunidad: una residencia de adultos mayores, una huerta comunitaria, la biblioteca local, el centro de jubilados y dos establecimientos deportivos. En Ibarlucea, previo relevamiento de familias vulnerables, se concretó una planta fotovoltaica que aporta energía para mejorar el servicio a esos hogares. Además, desde la “Mesa de Transición Energética Justa de Ibarlucea”, avanzan en el diseño de un proyecto colaborativo, en el que los ciudadanos puedan participar, en la medida de sus capacidades. En la provincia de Buenos Aires, las cooperativas de distribución eléctrica, nucleadas en el Foro Regional Eléctrico, y cooperando en el Programa de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED), lograron la construcción y puesta en funcionamiento de 26 plantas solares que contribuyen a contrarrestar los déficits eléctricos de localidades ubicadas sobre los últimos tramos de las líneas. Por ejemplo, la planta de la localidad de Arribeños de 500 kWp permite abastecer a 250 viviendas. En otros casos, estas pequeñas plantas solares habilitan el desarrollo de actividades productivas por parte de industrias locales. “En verano y momentos de alta demanda, la energía de la red es insuficiente, por lo que era imposible abastecer a la industria, sin dejar sin suministro a los hogares. El parque solar contribuyó a mitigar esa situación”- (Representante de cooperativa eléctrica, 2020). Estos parques solares resultan de una inversión del Estado Provincial, pero la operación y mantenimiento del parque queda luego a cargo de la cooperativa local, y la energía generada es adquirida a un costo menor. Así, desde una estrategia de articulación entre actores públicos y privados se habilitan proyectos que reducen los déficits eléctricos de pequeñas localidades (Ise, 2024).
25También en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Tandil, la cooperativa eléctrica -Usina Popular y Municipal de Tandil- concibió un esquema distinto para implementar la generación fotovoltaica local. A través de una empresa subsidiaria, “USICOM”, abocada a proyectos renovables, ofrece la posibilidad de que usuarios interesados realicen una inversión parcial, equivalente a la energía que demandan en 10 años, con la cual se realizó la instalación de una planta fotovoltaica de 67 kW, bajo la operación y gestión de USICOM, quien luego retribuye los créditos de energía, equivalentes a 190 kWh/mes, a los usuarios inversores. En este caso, el proyecto conocido como “Comunidad Solar de Tandil” (Figura 3) emana de un nuevo modelo de gestión, innovador, que surge desde el territorio para aprovechar las posibilidades tecnológicas y regulatorias que se abren en el proceso de transición. “Se trata de un nuevo modelo de negocios que busca capitalizar el interés de los usuarios por la energía renovable y la experiencia de la cooperativa, en un esquema que beneficia a todos” (Ingeniero de la Usina de Tandil, 2025)
Figura 3. Comunidad solar Tandil
Tomada en marzo 2025.
26Por debajo del nivel institucional local, un entramado socio-productivo protagoniza proyectos renovables. Costos de la energía en alza, inseguridad de suministro, y la necesidad de competir en mercados cada vez más exigentes en materia de huella de carbono motivan a los actores del sector productivo a generar su propia energía, de fuente renovable. Se suma a ello, la obligación, para los grandes usuarios, de cumplir con la cuota del 20% renovable en su matriz eléctrica (Ley 27.191/2015). En la región centro del país, corazón agropecuario nacional, se multiplican las instalaciones fotovoltaicas que abastecen actividades industriales tales como el accionado de bombas extractoras de agua y maquinaria para molienda de granos, el funcionamiento de sistemas de riego, la iluminación y calefacción de salas de cría de ganado, y para producción láctea o aceitera. Así se destacan, por ejemplo, las iniciativas de generación fotovoltaica de las empresas Lácteos Vidal en Buenos Aires, Don Óleo en Córdoba, y Christophersen en Santa Fe. Mediante inversiones privadas, estos proyectos energéticos han sido diseñados para cubrir in situ, los requerimientos energéticos de actividades productivas, construidos e implementados por empresas del rubro fotovoltaico de la región. “Nuestros mayores clientes provienen del sector rural, para abastecer consumos de vivienda y maquinaria en campos donde no llega la red” (Instalador y proveedor de tecnología fotovoltaica, 2025).
- 14 Ciudadela religiosa, perteneciente al movimiento Focolar, distante a unos 3 km de O’Higgins.
27En el seno de las comunidades, iniciativas ciudadanas comienzan a emerger en la geografía energética argentina. Posibilidades regulatorias, que habilitan a los usuarios a producir y consumir su propia energía, progresivamente incentivan el surgimiento de estas iniciativas. En forma colectiva, ciudadanos e instituciones públicas y privadas, coordinan sus intereses y articulan sus capacidades, para integrar un proyecto común, cuyos beneficios luego se reparten entre ellos. Algunas comunidades han avanzado en experiencias ancladas en el territorio, que derivan en posibilidades energéticas para todos. El caso de O’Higgins-Mariápolis, en el Noroeste de la provincia de Buenos Aires se destaca. Allí la comunidad comparte una búsqueda colectiva de sostenibilidad que se manifiesta anualmente en las “Ecoferias” -jornadas de reflexión y debate sobre temas ambientales y de sostenibilidad-, pero también en esfuerzos conjuntos por concretar instalaciones de generación renovable. “Nos propusimos ser el primer pueblo sustentable de la provincia de Buenos Aires” (Sociedad de Fomento de O’Higgins, 2022). Desde la Sociedad de Fomento de O’Higgins, con el apoyo de los ciudadanos y la comunidad de Mariápolis Lía14, se logró la instalación de un equipo fotovoltaico de 1.5 kW que se conectó en un Jardín de Infantes, y de una planta fotovoltaica de 400 kW. Ambas instalaciones fueron gestionadas en el marco del Programa PROINGED. La planta abastece gran parte del consumo de los habitantes del pueblo y contribuye a estabilizar la tensión, derivando en un servicio eléctrico de mayor calidad y confiabilidad. Asimismo, con apoyo en instituciones financieras europeas, y una campaña ciudadana para conseguir donaciones, en 2021 se logró una tercera instalación fotovoltaica de 70 kW en un predio de La Mariápolis, también conectada a la red mediante convenio con la cooperativa de Chacabuco.
- 15 Los proyectos energéticos responden a una modalidad de transición innovadora cuando además de incor (...)
28Una tendencia centrípeta de la transición se aprecia en el surgimiento de este tipo de proyectos que valorizan las energías renovables para beneficiar a las poblaciones, energizar territorios relegados y ampliar posibilidades de acción comunitaria. Se evidencia en diversos sitios de Argentina la creciente participación, cooperación e integración de las instituciones y organizaciones locales para responder de manera integral a las demandas y necesidades energéticas de la comunidad, tal como ocurre crecientemente en otras regiones del mundo (Caramizaru y Uihlein, 2020; Emelianoff y Wernert, 2018; Suárez et al., 2015). Por debajo de proyectos de gran escala que sirven a actores e intereses exógenos a los territorios, se despliegan proyectos que movilizan los recursos hacia las comunidades locales, para atender sus necesidades. Aquellos que además de paliar déficits, posibilitan la participación activa de los usuarios de la energía permiten reconocer una transición “innovadora15” (Ise, 2024), que impulsa proyectos de abajo hacia arriba y que busca que los beneficios queden en las comunidades, coexistiendo con las fuerzas centrífugas de la transición global (Figura 1). Un cambio en las relaciones de poder, una apertura a interacciones más horizontales y la activación de múltiples instancias de decisión, se aprecia en tanto actores civiles e instituciones del ámbito local adquieren nueva capacidad de acción, asumiendo roles tradicionalmente reservados a algunos actores centralizados. Nuevas estrategias de cooperación multiactoral, en la articulación público-privada se trazan para concretar y sostener proyectos energéticos. En su concepción e implementación se incluye la búsqueda de involucramiento de las poblaciones. En este sentido, el protagonismo creciente de los ciudadanos en el sistema energético, desde un rol activo y no de simple consumidor pasivo, favorece el avance hacia la construcción de una democracia energética, en la que los procesos de toma de decisiones son más participativos y horizontales (Kunze y Becker, 2014; Angel, 2016; Ballan, 2016; Varo, 2019). Con el aumento de la influencia y la capacidad de desarrollar proyectos de actores del territorio, la transición energética muestra un proceso de cambio sociotécnico y sociopolítico (Ahlborg, 2017). Paulatinamente, emergen en Argentina experiencias que reflejan formas alternativas de generación y gestión de la energía estimuladas por nuevos marcos regulatorios habilitantes y cambios socioculturales que muestran mayor compromiso ciudadano por el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.
29La espacialidad de los sistemas energéticos frente a los desafíos globales de la transición hacia la sostenibilidad, deriva en procesos territoriales específicos en Argentina. Mientras que el litoral atlántico se convierte en una región clave para el aprovechamiento eólico a través de megaparques, en las regiones del Noroeste y Cuyo el nivel de radiación solar y heliofanía favorecen la multiplicación de grandes plantas solares. En ambos casos, aportan potencia para abastecer a grandes industrias o cubrir las demandas del Sistema Interconectado Nacional. En materia de minerales, la disponibilidad de litio en salares del Noroeste del país atrae inversiones que procuran abastecer cadenas de valor tecnológicas de las principales economías del mundo. Paralelamente, diseminados en diferentes regiones del país, proyectos de mediana y pequeña escala como plantas solares comunitarias o aerogeneradores de baja potencia, buscan atender déficits locales y contrarrestar situaciones de pobreza energética. Con intereses diversos en recursos minerales y energéticos estratégicos, actores de diferentes escalas tejen nuevas estrategias, cambian sus roles y buscan sumarse al proceso de transición en curso, algunos capitalizando recursos, otros, a través de nuevas formas de organización y gestión para brindar y/o acceder a servicios energéticos.
30Dos fuerzas que se mueven en dos sentidos traccionan el despliegue de iniciativas, movilizan a los actores y canalizan los intereses de la transición. Las fuerzas centrífugas sirven a cadenas globales de producción y comercialización; las centrípetas, buscan atender localmente las necesidades de los territorios. En ellas, y representadas en la vasta geografía del país, se evidencian los trazos de las horizontalidades y verticalidades. Las primeras, asociadas al dominio de lo cotidiano, la vecindad, la co-presencia y cooperación bajo una lógica interna, son impulsadas por fuerzas centrípetas, que tienden a modificar las relaciones entre actores, primando la articulación multiactoral y multiescalar, en un marco de democratización energética. Las segundas, asociadas a fuerzas centrífugas, son áreas o puntos al servicio de los actores hegemónicos que representan vectores de racionalidad global.
31La trayectoria territorial de Argentina refleja que históricamente las fuerzas centrífugas han cobrado mayor protagonismo sobre las centrípetas, profundizando el rol del país como territorio proveedor de recursos estratégicos en la geopolítica energética. Bajo esta lógica los recursos energéticos y minerales se perpetúan como mercancías, frente a la tendencia, creciente en los territorios, a valorizarlos como posibilitadores de desarrollo, crecimiento e identidad local. El desafío, para la política pública, es lograr un equilibrio entre ambas fuerzas, procurando no descuidar las necesidades de las poblaciones, y al mismo tiempo impulsar el desarrollo de las capacidades productivas y tecnológicas nacionales en el aprovechamiento de los recursos energéticos y minerales.