La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes

2Una de las razones de la centralidad de estos temas se relaciona con la firma y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en 2000 (UNODC 2004). Con sus protocolos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, esta convención marca una transposición de temas antes tratados esencialmente en las convenciones internacionales de derechos humanos y trabajo a la estructura criminal de la ONU.

3Por otra parte, la inclusión de la cuestión de la movilidad humana en los debates internacionales sobre la delincuencia refleja el enfoque de las formas de conocimiento históricamente asociadas con el fenómeno penal – derecho penal, narrativa popular penal y criminología – como una herramienta de gobierno de temas sociales (Simon 2007). Por lo tanto, aunque se presenta bajo el ropaje de los derechos humanos y la protección de las víctimas, los protocolos de tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas reiteran el vínculo entre la migración y la seguridad, reforzando prácticas de criminalización y el control migratorio.

4En el caso de la trata de personas, a pesar de que los debates en torno al tema se remontan a la década de 1980 y a la preocupación emergente de los grupos de mujeres con la relación entre la trata y el turismo sexual en el sudeste asiático (Piscitelli 2011), el vínculo que la trata establece con el tema de la migración y la seguridad es notorio. Importantes estudios han cuestionado la intersección entre la trata de personas y el control migratorio, señalando las consecuencias negativas de la difusión de este concepto en diferentes contextos contemporáneos.

5Las etnografías e investigaciones realizadas en países como Nepal, ­Indonesia, Alemania, Francia, Italia, España, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Estados Unidos muestran que la difusión de las políticas anti-trata causan la restricción y la criminalización de la movilidad de ciertos grupos e individuos, como personas involucradas en el comercio sexual e inmigrantes indocumentados (Augustin 2007; Bernstein 2012; Dias y Sprandel 2011; Doezema 2005, 2010; Lee 2011; Mahdavi 2011; Kempadoo 2005; Olívar 2016; Piscitelli 2008, 2011; Silva y Blanchette 2010; Sprandel y Dias 2010; Teixeira 2008; Ticktin 2008).

8En el caso del tema “tráfico ilícito de migrantes”, a su vez, la presión para la inclusión de un protocolo sobre el tema en el ámbito de una Convención Penal se debió a los esfuerzos de los gobiernos de Austria e Italia, y obtuve pleno apoyo de otros países europeos y de los Estados Unidos. En el momento de la negociación de la Convención – finales de 1990 –, la llegada de inmigrantes a Europa por el Mar Mediterráneo fue un tema destacado en la política europea, como lo sigue siendo en la actualidad.

9Los diversos cambios vividos en Europa – el colapso del socialismo y las diferentes redefiniciones territoriales, económicas y políticas después de la Guerra Fría – llevaron a un fuerte resurgimiento del discurso conservador, ahora comprometido para contrarrestar la presencia de inmigrantes. En este discurso, se estimuló la asociación de los extranjeros con el “aumento de la delincuencia”, lo que dice más sobre el pánico asociado a reacciones anti-inmigrantes que sobre una vinculación necesaria entre el aumento correlativo de fenómenos como la migración y la delincuencia.

10En ese período, Austria estaba recibiendo una afluencia considerable de personas de Europa del Este debido a la caída del régimen socialista, además del aumento de las solicitudes de asilo para las personas huyendo del conflicto en la antigua Yugoslavia. Por su parte, Italia estaba recibiendo un número significativo de personas en Lampedusa y otras regiones de la costa del país. Además de las corrientes procedentes de África, el gobierno italiano estaba preocupado por las corrientes de kurdos, paquistaníes, iraquíes y chinos, así como por la migración de los albaneses por el Mar Adriático, debido a los conflictos en los Balcanes.

11Las autoridades austríacas e italianas, por lo tanto, tuvieron un amplio apoyo para instalar el tema de la migración en la estructura institucional de las Naciones Unidas encargada de tratar con el control / represión de drogas y el crimen. Desafortunadamente, en las negociaciones del “Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire” (UNODC 2004), las extensas discusiones referidas a la realidad de la migración de grupos e individuos se convirtieron en un debate polarizado entre “soberanía nacional” y, en oposición, “los derechos fundamentales de los migrantes”.

12Así, la cuestión de la migración transfronteriza quedó interpretada sistemáticamente en una óptica penal y por medio de conceptos tales como “coyotes”, “grupos criminales”, “contrabando” y “violación de las fronteras”, haciendo conectar aún más la movilidad humana con las nociones de delincuencia y seguridad. La fundamentación del “Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes” está basada en una perspectiva binaria donde una tajante línea marca una distinción entre actividades legales e ilegales; entre traficante y migrante; entre trata y tráfico (Velasco 2015).

13En resumen, cuando se habla de la importancia adquirida por los temas de la trata de personas / tráfico de migrantes a nivel internacional, hay que tener en cuenta las políticas de seguridad de los países hegemónicos y, con ellas, la exportación de modelos de gobernabilidad migratoria que simplifican la realidad, además de transformar a los individuos en víctimas pasivas e insistentemente vulnerables.

Víctimas y victimización

14Los autores que reflexionan sobre los campos humanitarios – especialmente sobre los campamentos de refugiados – han puesto de relieve la aparición de dispositivos “humanitarios” de la policía y fuerzas militares en el control de las poblaciones estigmatizadas (Agier 2006; Agamben 2004). Estos estudios reiteran la fuerza del discurso en torno a las “víctimas absolutas”, las masas de las personas despojadas de toda sociabilidad y tratados como “víctimas puras”, que justificarían la acción misma de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales especializadas.

15El trabajo de Didier Fassin (2001, 2006), a su vez, expande estas ideas, mostrando como la invención del “sufrimiento social” y la difusión de perspectivas morales vinculadas con el sufrimiento se relacionan con las prácticas políticas en el tratamiento de las poblaciones y grupos subalternizados. El fortalecimiento del sentimiento de compasión en este caso coincide con la creación de cuerpos dóciles y sumisos, principales objetivos de la intervención humanitaria.

17En el caso de la trata / tráfico ilícito de migrantes, la confluencia de las intervenciones y discursos humanitarios y criminales hace que el tema de la “víctima” se vuelva aún más complejo y delicado. Como muestran Piscitelli y Lowenkron (2015) en sus reflexiones sobre los regímenes discursivos y legales sobre la trata de personas en Brasil y España, para acceder a algún tipo de reconocimiento, las personas “víctimas de la trata” deben ser reconocidas como “víctimas reales” por los Estados, mientras que, paradójicamente, en la práctica, los reconocidos como “víctimas reales” son a menudo tratados como “inmigrantes ilegales” a ser deportados o incluso criminalizados.

18Así pues, si en España la ampliación del debate sobre la trata de personas como un problema social ha utilizado la retórica de los derechos humanos, con base en una figura de víctima utilizada en las campañas generalizadas para “sensibilizar” a la población, las personas detenidas en las inspecciones de policía no pueden acceder a la condición jurídica de las víctimas de este delito, a menos que decidan convertirse en “testigos” o “denunciantes” en casos penales (Piscitelli y Lowenkron 2015).

20En los debates sobre la trata de personas, la noción de víctima se incrementa también por la idea de la vulnerabilidad, especialmente relacionada con las mujeres y los niños. Este concepto se destaca por ser incluido en el preámbulo y la definición de trata del Protocolo de Palermo. Según Ela Castilho (2013), la incorporación de la idea de la vulnerabilidad en el Protocolo de Palermo sigue la tendencia de la inclusión del término en otros documentos internacionales, empezando por la Declaración de Viena y el Programa de Acción adoptado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993 (ACNUDH 2013).

23Al reflexionar sobre la difusión de estas políticas, John Torpey (2006) argumenta que no es mera coincidencia que su proliferación se produzca en un contexto de colapso del socialismo y devaluación de los proyectos políticos explícitamente orientados hacia el futuro. Para el autor, este nuevo sentido de la “víctima” se relaciona con el surgimiento de la idea de los derechos humanos – con la consiguiente aparición de subgrupos e individuos como sujetos de derecho internacional – y con la “judicialización” de la política de manera general. Lo que está en marcha, para él, es una tendencia cultural a la recuperación de la víctima, a expensas del heroísmo, que nutre el resentimiento en lugar de valorar la adversidad y superación; en definitiva, un nuevo tema cultural relacionado con la resemantización del concepto colectivo de la víctima.

24Entre las consecuencias negativas de esta resemantización, surge la extinción de la capacidad de agencia de los actores sociales y la responsabilidad individual por los fracasos que comparten. Tal individualización termina desconectando a la “víctima” de su contexto social, sin tener en cuenta que la historia de su vida se construye colectivamente y que su decisión de migración y desplazamiento tiene relación con contextos familiares o afectivos (Dias y Sprandel 2011).

25En el campo de las migraciones internacionales, la transposición de la noción de “víctima criminal” a la de “víctima humanitaria” cuenta con diferentes implicaciones y tensiones. La celebración de una víctima genérica – carente incluso de historia – elimina la autonomía de los individuos, convirtiéndolos en seres inertes y sin agencia.

26El concepto de “víctima” puede, por lo tanto, convertirse en una trampa cuando las políticas contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes destacan el crimen organizado y la delincuencia. Esto legitima el régimen de deportación y eclipsa la cuestión más amplia de los derechos de las personas que emigran y trabajan en actividades diversas (Mahdavi 2011).

Espacios de regulación, criminalización y control: la protesta de refugiados en Viena

27En noviembre de 2012, más de un centenar de solicitantes de asilo y activistas caminaron del campo de refugiados Lager Traiskirchen, ubicado a 20 kilómetros al sur de Viena, hacia el centro de la ciudad. La mayoría de ellos procedían de la frontera entre Pakistán y Afganistán y protestaban contra las condiciones de vida en ese campo. Exigían el acceso al mercado de trabajo, la libertad de movimiento, además de una mayor velocidad en la adjudicación de las solicitudes de asilo. La protesta despertó el interés de los medios de comunicación y la opinión pública, ya que, contrariamente a la previsión de regreso a Traiskirchen, las personas decidieron acampar en el parque Sigmund Freud, uno de los principales puntos turísticos de la capital austriaca.

28La permanencia de las tiendas de los refugiados en el parque era un acontecimiento arriesgado, así como la consiguiente ocupación de la iglesia ­Votivkirche por alrededor de 90 personas en diciembre de ese año. La policía respondió retirando las tiendas del parque. Esto intensificó el conflicto y cerca de 50 refugiados empezaron una huelga de hambre que duró cerca de un mes dentro de la iglesia. La participación en las negociaciones del presidente Heinz Fischer y del cardenal Christoph Schönborn, máximo líder de la Iglesia Católica en Austria, muestra el grado de importancia que la protesta adquirió.

29Varias iniciativas para cerrar la protesta fueron llevadas a cabo y los refugiados incluso recibieron una oferta para ser acomodados en otro centro de recepción y una propuesta no oficial de una visa humanitaria por un período de un año para interrumpir el movimiento. Después de más de tres meses en la Votivkirche, los refugiados hicieron nuevas negociaciones, salieron de la iglesia y se fueron a vivir al monasterio Serviten, gestionado por Cáritas. Gracias a la influencia del cardenal Schönborn, Cáritas también se comprometió a volver a prestar la asistencia básica que había sido interrumpida por considerar que los refugiados habían “desertado” de Traiskirchen.

30Mientras tanto, se conocieron varios resultados de las solicitudes de asilo enviadas por miembros del movimiento. Veintisiete de las 60 solicitudes fueron rechazadas y no se aprobó ninguna solicitud de los refugiados registrados en el monasterio. Los que no han recibido una respuesta negativa siguieron a la espera de un juicio de sus peticiones.

31Durante el este período, las movilizaciones de los refugiados permanecieron constantes. Marchas, actos públicos, exposiciones de arte y varias otras iniciativas ganaron visibilidad. Además, el movimiento ganó apoyo de diferentes sectores de la sociedad austriaca, como la Academia de Bellas Artes de Viena, personalidades y políticos del Partido Verde, así como numerosas organizaciones de derechos humanos que operan en la capital austriaca.

32Sin embargo, en julio, 20 solicitantes que habían tenido sus decisiones de asilo denegadas recebieron la gelinderes Mittel, una carta pidiendo a la persona que vaya a la policía en los días siguientes. Ocho de estos individuos de origen paquistaní que acudieron a la policía fueron inmediatamente arrestados y deportados a Pakistán. Tampoco se consideró la posición del cardenal en la búsqueda de soluciones alternativas. Los otros refugiados, a su vez, se negaron a ir a la policía, y el temor a la deportación aumentó.

33El período en que ocurrieran estas deportaciones coincidió con el momento de las elecciones en Austria. Varios activistas y periodistas relacionaban esta reacción desproporcionada de las autoridades a los intereses de la campaña. El partido FPO, de extrema derecha, utilizó el tema de los refugiados para despertar sentimientos anti-inmigrantes en el país. El Partido Popular, que estaba en el poder, utilizó la situación para defender el rigor de sus operaciones. Ya algunos miembros del Partido Verde y organizaciones de derechos humanos defendieron a los inmigrantes, pidiendo el cese de las deportaciones.

34A pesar de las protestas y campañas de solidaridad, la deportación de aquellas ocho personas a Pakistán conmocionó a los miembros del movimiento. Además, la persecución de sus miembros se dio a través de la criminalización. Desde la ocupación de la iglesia, se realizaron escuchas telefónicas en los celulares de los refugiados y activistas y el intento de criminalizar el movimiento ganó materialidad el 30 de julio de 2013, cuando seis refugiados (cuatro de ellos estaban en el monasterio) fueron detenidos y acusados de ser parte de una banda de contrabandistas de personas.

35Los ocho acusados eran paquistaníes. Dos de ellos, con 18 y 19 años, fueron puestos en libertad de manera más inmediata por falta de pruebas de vinculación con cualquier actividad criminal. Los otros seis fueron detenidos, acusados de facilitar la inmigración ilegal y el tráfico ilícito de migrantes. La “evidencia” de las autoridades para los delitos vinculaba estas personas a una supuesta banda que introdujo extranjeros a Austria desde los Balcanes y la frontera con Hungría.

36La ministra del Interior de Austria, Johanna Mikl-Leitner, no hizo ningún esfuerzo para diferenciar los crímenes cometidos por los individuos. En una entrevista para un noticiero de televisión, informó que la banda movía alrededor de “10 millones de euros” al año. Sus afirmaciones fueron negadas por periodistas, políticos y abogados, y ella necesitó hacer una advertencia diciendo que había hablado en general, y que los 10 millones de euros no solo vinieron de esa organización delictiva.

38Las protestas que siguieron denunciaron la arbitrariedad de las medidas adoptadas y el proceso de criminalización del movimiento de refugiados. En conversaciones y reuniones a las que asistí durante el estudio de campo, las personas comprometidas con el movimiento mostraron su preocupación e indignación por el curso tomado por el movimiento. Criticaron su criminalización (principalmente debido a las acusaciones relacionadas con el crimen de tráfico de migrantes); el carácter discriminatorio de las decisiones sobre las solicitudes de asilo, en particular de aquellos más abiertamente involucrados en las protestas; el peligro de regreso para las regiones de las que provenía la mayoría en Pakistán (Khyber-Pakthunkhwa, Swat Valley); la falta de transparencia y la decodificación de documentos y procedimientos realizados en el proceso de solicitud de asilo; y la traición de las autoridades austriacas, que habían dado lugar a la deportación de parientes y conocidos.

39Cabe destacar que ninguno de los acusados llegó a ser condenado. En marzo de 2014, el juez a cargo del caso dio la libertad a todos los involucrados, advirtiendo que las acusaciones eran demasiado vagas, que no había pruebas concretas sobre posibles crímenes cometidos y que las traducciones e intercepciones telefónicas realizadas por la policía fueron parcialmente engañosas.

41El término “deportación”, no utilizado por las autoridades, pero reiterado por los líderes del movimiento, otorga al Estado la responsabilidad de esta “verdadera forma de la trata de personas”, y da señales sobre la arbitrariedad de las autoridades en el tratamiento de los solicitantes de asilo.

42Los refugiados de Votivkirche están lejos de ser las víctimas que predica la escena humanitaria. De todos modos, la categoría fue lo que quedó para oponerse a la reacción desproporcionada del Estado austríaco contra el movimiento social. En el documento de apoyo firmado por el Dr. Platzer, por ejemplo, la ocupación de Votivkirche fue narrada como una necesidad del grupo para “escapar del frío y llamar la atención de las autoridades sobre o en ­relación a las condiciones inhumanas en el campo”. Es significativo que un movimiento con tanta legitimidad tenga necesidad, aunque contextualmente, de recurrir a la categoría de víctima para defenderse de las acciones arbitrarias del Estado austriaco.

43De cualquier forma, la existencia del movimiento de Votivkirche pone al descubierto como las normas europeas e internacionales sobre la trata de personas / tráfico ilícito de migrantes engendran la criminalización como forma de control y regulación de la movilidad humana. Las leyes en Austria no se diferencian de las adoptadas por otros países europeos y siguen las directrices generales de las directivas europeas y el derecho internacional. En este caso, vimos cómo dieron margen y respaldo a la criminalización de los miembros del movimiento de Votivkirche.

44El uso de estas políticas para criminalizar el movimiento de las personas que no están relacionadas con “bandas” u “organizaciones criminales” es, en este sentido, más una evidencia etnográfica que apunta a la nocividad de cierto discurso contra la trata / el tráfico en diferentes contextos regionales y que ha sido denunciado por la literatura especializada y autores que se dedican al tema.

45En un contexto en que las nociones de ciudadanía y derechos dan lugar de forma cada vez más frecuente a la dicotomía víctima / criminal, varios sujetos han sido atrapados en los extremos de un tipo de clasificación peligrosa y sin matices. Es en este sentido que las medidas para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en diferentes contextos contemporáneos han mostrado sus límites, rehenes de las prácticas de control y discriminación propagada por los Estados nacionales.