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Tourisme, sécurité et violence multidimensionnelle

Resistencia o incorporación: la trayectoria de conflicto Estado-comunidad indígena en torno al proyecto turístico Divisadero Barrancas, Chihuahua, México

Resistance or Incorporation: The Trajectory of The State-Indigenous Community Conflict Around The Divisadero Barrancas Tourism Project, Chihuahua, Mexico
Résistance ou incorporation : la trajectoire du conflit État-communauté autochtone autour du projet touristique Divisadero Barrancas, Chihuahua, Mexique
Horacio Almanza Alcalde

Résumés

Ce texte traite des développements qui ont suivi une période de conflit social résultant de la dépossession des communautés Rarámuri des Barrancas del Cobre dans la Sierra Tarahumara par plusieurs entrepreneurs touristiques. La planification du parc touristique Aventuras a suscité des attentes et des spéculations qui ont conduit des particuliers à tenter de déplacer par la force des communautés Rarámuri. Ces communautés se sont organisées et ont réagi en intentant des procès devant les tribunaux, dont la plupart ont été gagnés. Dans cette recherche, nous analysons le processus de négociation avec le gouvernement de l'État après les premières victoires des communautés et l'arrivée d'un gouvernement de l'État favorable à leurs demandes. L'importance de cette question réside dans le fait qu'au cours de la période étudiée, la reconnaissance et l'exercice des droits de l'homme des communautés ont connu des avancées paradigmatiques au niveau national ; cependant, elles ont également été confrontées à des obstacles imprévus et à l'inertie de l'État qui n'ont pas permis de satisfaire les demandes des communautés. La création du Conseil consultatif du parc et la construction de l'aéroport régional sont des points de référence pour l'analyse de cette situation sui generis dans la région.

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Texte intégral

Introduccion

1El fenómeno del turismo ha sido extensivamente analizado desde muy diversos ángulos. Como toda industria de servicios, constituye un fenómeno económico que influye en las dinámicas de mercado y de trabajo en los contextos nacionales en donde se instala y opera. Desde las ciencias sociales existe un creciente interés en la acentuación de desbalances sociales por causa del turismo, así como en la modelación de la estructura de relaciones políticas en el contexto nacional, subnacional y local (Hall, 2007: 306). En el ámbito de pueblos y comunidades indígenas, que es el que aquí nos concierne, las desigualdades complejas tienen implicaciones en las dimensiones materiales, identitarias y políticas de las personas.

2La cuestión de la comodificación de las culturas, la apropiación y las representaciones distorsionadas del patrimonio y la identidad enmarcadas en el turismo, es justificadamente abordada por numerosos estudios. La mercantilización de elementos de las identidades significa el desplazamiento y erosión de otras formas de ser y relacionarse, la cosificación y frivolización de los valores de las sociedades locales más celosamente custodiados, así como el desvirtuamiento de los valores y prácticas antiguos de una herencia cultural propia. Aplica aquí también la gran contradicción entre la oferta de lugares prístinos y exóticos a un consumidor, cuya visita en números crecientes amenaza e impacta de manera profunda e irreversible esas mismas cualidades que fueron motivo de admiración (Hinch, 2004: 248; Castellanos y Machuca, 2008). En vez de ser sujetos de protección por su carácter único, su importancia para el ecosistema, su fragilidad, o sus particularidades culturales amenazadas por la modernidad, los territorios campesinos e indígenas son vistos como nuevos nichos de mercado e intervenidos como tales (Marín, 2015).

3Un factor que no se puede perder de vista, y es bien abordado por distintos autores (Duterme, s/f)), es el del turismo en tanto fenómeno que se gestiona desde la esfera de los grandes actores del mercado global, quienes mueven capitales de gran escala y cabildean eficientemente sobre los gobiernos nacionales para la eliminación de barreras, lo que lleva a la vulneración de las economías y los derechos de las sociedades locales. En este sentido algunos estudios abordan sus casos de estudio bajo una perspectiva postcolonial, enfatizando la relación centro-periferia y formas de colonialismo interno, poniendo la lupa sobre temas de identidad, representaciones de las culturas locales, así como las desigualdades existentes en el “Encuentro” turístico.

4La argumentación poscolonial enfatiza que las estructuras económicas, las representaciones culturales y las relaciones de explotación que caracterizaron al colonialismo, están muy lejos de haber terminado, en ocasiones no son más que la continuidad de relaciones entre los gobiernos poscoloniales y las naciones antes colonizadoras (Tucker y Akama, 2009:506). La poca capacidad de invertir en turismo desde el interior del país, así como la dependencia de inversión extranjera lleva a que la gran mayoría de las ganancias salgan de la localidad y del país. Esto también significa que las dinámicas e impactos turísticos generados en lo local, están controladas desde ámbitos muy lejanos, por actores oligopólicos y por las propias demandas del mercado (Íbid: 507).

5El turismo en tanto se fundamenta en las demandas del mercado, no sólo tiene la urgente y continua necesidad de crear y recrear valor material y simbólico, sino además de cumplir y hacer cumplir estándares en cada espacio en que se desarrolla, como es de manera muy relevante garantizar la disponibilidad de servicios de muy diversa índole como el abasto de agua, el hospedaje, la alimentación, el esparcimiento o la aventura. Mientras en algunos casos la infraestructura se asienta en propiedad privada y en su interior crea condiciones ad hoc a un nicho específico, hay esquemas que dependen de los escenarios naturales y comunitarios con alto valor paisajístico y cultural, para lo cual requiere un nivel mínimo de acceso o control sobre tierras y territorios de propiedad social. De particular importancia es la transformación de ciertas condiciones para satisfacer los estándares demandados, a veces provistos por los inversionistas, o a veces por la propia comunidad. Estas necesidades implican presiones constantes sobre la comunidad y sobre el territorio que deriva en impactos y transformaciones no necesariamente previstas por los habitantes.

6Existe creciente presión en los discursos de muchos actores de capitalizar los recursos inherentes a las tierras de los pueblos y comunidades indígenas. Las comunidades se encuentran frecuentemente ante el dilema de abrirse a opciones de ingresos económicos, y aunque se niegan a mercantilizar, no están cerradas a usos no tradicionales (Hinch, 2004: 249). En este caso, la oferta proviene de una “industria verde” que ofrece un balance entre una actividad “ambientalmente amigable” y un ingreso económico, pero que al mismo tiempo puede resultar en todo lo contrario cuando se acepta el reto sin prever las medidas de regulación necesarias. Puede haber diversos niveles de impacto, dependiendo tanto de los candados puestos por la propia comunidad (que tiene que ver con su organización al interior), como del desempeño y nivel de ética que los visitantes y/ó socios-inversionistas profesen en las comunidades.

7Frente a las lecciones negativas que han dejado las inversiones privadas en territorios indígenas, constantemente se reafirma el irrenunciable derecho a la autodeterminación y control de sus territorios que cada vez más legislaciones subestatales reconocen. No obstante, la defensa de los pueblos sobre sus derechos y el reconocimiento estatal de estos, cuando ocurre, no son garantía de ausencia de conflicto sobre la posesión/propiedad (Hinch, 2004: 249).

8Es difícil no pensar que los primeros grandes desarrollos turísticos de México no emplearon estrategias para desplazar o sobreponerse a comunidades indígenas, pudiendo estas haber ofrecido o no férrea resistencia que con el tiempo se fue silenciando. En las últimas tres décadas se han dado dos procesos que han influido en la manera en que las comunidades responden a los intentos de apropiación de tierras. El primero es la firma de México del convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, y con él un desarrollo importante de avances en el reconocimiento de derechos indígenas en el sistema internacional de derechos humanos. Estos instrumentos son cada vez más empleados por las comunidades indígenas acompañados por equipos jurídicos solidarios, principalmente provenientes de la sociedad civil. El segundo es la reforma al artículo 27 constitucional que abre la posibilidad a la privatización de la propiedad social y, entre otras novedades, crea los Tribunales Agrarios. A lo largo de este periodo han aumentado las luchas sociales campesinas en defensa del territorio de proyectos de gran escala y actores que buscan control sobre porciones del territorio para lucrar de una u otra manera con él. Se encuentren en el marco de propiedad común o no, las comunidades que judicializan sus luchas parten de lo que se conoce ahora como jurisdicción indígena, apelando a su carácter de comunidades indígenas y su derecho al territorio y en ocasiones, al derecho a la consulta.

9Un segundo tipo de disputas se dan dentro de la jurisdicción agraria e involucran el arbitrio de las instituciones agrarias como la procuraduría agraria y los propios tribunales, en donde se procesan las controversias, a reserva de que terminen en la Suprema Corte de Justicia. La literatura reciente sobre conflictos agrarios (Torres y Appendini, 2020; Torres, et al 2018) ha llamado la atención sobre la debilidad institucional y la legalidad que permea en los tratos agrarios desde antes y después de la reforma al 27 constitucional. Las formas de apropiación de territorios indígenas son variadas, así como sus actores, e incluyen estrategias legales de persuasión para la privatización de la tierra, aunque en ocasiones derivadas de la voluntad de los ejidatarios, resulta que subyacen a estas muchas omisiones en la provisión de información o abierto engaño.

10Un fenómeno emergente es el de la especulación de la tierra en la que muchas veces participan mafias agrarias con un amplio radio de acción dentro de regiones enteras del país. Cómo Marín (2015) destaca, el turismo suele involucrar a los territorios indígenas dentro de su campo de disputas, en una dinámica que reproduce las relaciones neocoloniales ya descritas y abona al crispamiento de ánimos y del ambiente político-social del México de la primera mitad del siglo XXI.

11 En este contexto desigual entre actores con gran capital y poder político frente a comunidades campesinas entran al escenario actores del tercer sector con la finalidad de ofrecer asesoría a quienes se encuentran en desventaja y han sufrido históricas violaciones a sus derechos humanos. Las Organizaciones de la Sociedad Civil destacan entre los proveedores de acompañamiento jurídico. Sus trayectorias y sus experiencias son diversas en las distintas regiones en que trabajan. Algunas de ellas nacieron inspiradas por la cooperación internacional, mientras otras traen un bagaje de corte religioso, o bien se conforman por equipos fuertemente integrados por antropólogos o nuevas generaciones de profesionistas o activistas con experiencias previas en otras organizaciones. El factor común entre todas estas asociaciones es el enfoque en derechos humanos y un largo y rico historial de aprendizaje en su recorrido acompañando comunidades indígenas. Las primeras organizaciones defensoras de derechos indígenas en Chihuahua, México comenzaron con sus primeras acciones importantes a principios de la década de los 90’s y ya son 30 años de historia, en la que no dejan de enfrentar distintas coyunturas. En este trabajo hablaremos de un parteaguas, en el que quizás por primera vez en todo este periodo entraron en un proceso de colaboración, cercana y amistosa con un gobierno estatal, lo cual, por un lado les permitió tener avances importantes e inéditos en su agenda, pero por otro, significó nuevos desafíos para las luchas y agendas más amplias de derechos humanos de sectores más extendidos de la población integrante de pueblos indígenas.

Figura 1. Ubicación del Estado de Chihuahua en la Republica de México

Figura 1. Ubicación del Estado de Chihuahua en la Republica de México

Fuente : Elaboración propria

1. Contexto social y turístico del Divisadero Barrancas

12El Cañón del Cobre, ubicado en el municipio de Urique, es parte de un sistema de profundas barrancas ubicadas en la porción norte de la Sierra Madre Occidental en el estado de Chihuahua de México. Toda esta cordillera, recubierta por pinos y encinos, ha estado habitada desde tiempo inmemorial por una enorme diversidad de pueblos preexistentes a la colonización y al dominio, primero español y luego del Estado mexicano. Muchos de estos pueblos desaparecieron en tanto colectividades caracterizadas por una identidad común, un sistema de organización política y social, así como una articulación por redes de parentesco que les daba cohesión y condiciones para la subsistencia y la reproducción social. Pocos pueblos sobrevivieron, primero, al dominio colonialista español y criollo, y después, al establecimiento del Estado mexicano, a la consolidación del capitalismo y la cultura de la modernización. Estos procesos generaron en los territorios habitados por pueblos indígenas, aparte de una mínima dotación de servicios e infraestructura pública, dinámicas de guerra, epidemias, adoctrinamiento en la religión católica, trabajo forzado, despojo de tierras, y desplazamiento cultural, derivado principalmente de políticas de Estado (Pennington, 1969; Hillerkuss, 1992; Rodríguez, 1982). Actualmente la sierra de Chihuahua está habitada por los pueblos rarámuri -el mayoritario-, el ódami, el warijó y el o’oba-oichkama, constituidos por una gran diversidad de comunidades asentadas a todo lo largo del sistema montañoso y barranqueño (Sariego, 2015; Urteaga, 2002; Porras, 2001).

13El punto en la cumbre del Cañón del Cobre adquirió relevancia con la construcción de una estación del tren ahora conocido como Chihuahua al Pacífico (Ch-P) ó Chepe y que es resultado de varios planes desde inicios del siglo XIX en el que empresarios y gobierno de EEUU y México realizaron varios esfuerzos por unir a través de una vía de tren el Puerto mexicano de Topolobampo en Sinaloa, con la Ciudad Norteamericana de Kansas City (Burguess, 2014). En la actualidad lo que se concretó y aún persiste es la vía desde la ciudad de Chihuahua hasta Los Mochis, Sinaloa.

14Con la apropiación de un predio al interior del territorio de la comunidad rarámuri de Mogótavo al filo de la barranca y frente a la vista espectacular de las profundidades del cañón, el ingeniero Indalecio Sandoval construyó el hotel Divisadero Barrancas que fue inaugurado el año de 1973. Este mirador fue referente de aventureros y viajeros a lo largo de varias décadas, por lo que atrajo recientemente la atención de otros inversionistas y del gobierno. Alrededor de la década de 70’s se instalaron adicionalmente sobre el mismo divisadero los hoteles Mansión Tarahumara, Posada Barrancas y Mirador, que consolidaron este punto como un importante atractor de turismo por la disponibilidad de servicios de hospedaje, todos de turismo de lujo. A inicios de la década de 1990 el gobierno federal anuncia en su Plan Nacional de Desarrollo un gran presupuesto en corredores turísticos que incluían el Mundo Maya, el Mar de Cortés y las Barrancas del Cobre. Esta interconexión no se concretó, pero la inversión pública comenzó a fluir a lo largo de la ruta Creel-Divisadero Barrancas -45 min aprox- primero para dotación de agua, electricidad, asfaltado de caminos y otra infraestructura básica. El año 2009 se busca concretar el proyecto inicial con la construcción con inversión pública del Parque Aventuras Barranca el Cobre. Este complejo, inaugurado en 2010, consiste en un conjunto de servicios turísticos entre los que se encuentran un restaurante-mirador, locales comerciales, un auditorio al aire libre, y particularmente un teleférico y un sistema de tirolesas que atraviesan parte del cañón, entre otras ofertas turísticas guiadas. Inmediatamente después de inaugurado el parque se inicia la construcción del aeropuerto regional de Creel, cuando se escribe esto a meses de ser inaugurado, aunque con más de cinco años de atraso por la conflictividad política.

Figura 2. Ubicación de las comunidades indígenas (Estado de Chihuahua, México)

Figura 2. Ubicación de las comunidades indígenas (Estado de Chihuahua, México)

Fuente : Elaboración propria

15Mogótavo es una comunidad rarámuri con ocupación inmemorial de su territorio. El año 1909 una persona externa a la comunidad obtiene derechos sobre un predio al interior del territorio indígena y los cede en 1921 a Indalecio Sandoval. Posteriormente, Efraín Sandoval hereda el lote y a su muerte lo hacen sus hijas e hijos. En 1980 la comunidad solicita dotación de tierras, sin recibir alguna respuesta. En contraste, la familia Sandoval, actual dueña del Hotel Divisadero, obtuvo con celeridad título definitivo por parte de los funcionarios en turno. En 1998 Ivonne Sandoval vende a FONATUR 147.6 hectáreas al Fideicomiso Barrancas del Cobre con co-inversión del Gobierno del Estado, donde ahora se encuentra el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre. La comunidad rarámuri sufrió acoso de la familia Sandoval por tres generaciones, incluyendo un intento de desplazamiento forzado en el año 2009, después de la venta de las hermanas Sandoval de 154 hectáreas a una empresa de bienes raíces propiedad de un grupo político priísta al que pertenecía Ricardo Valles Alvelais, hermano del secretario de turismo estatal en el periodo 2004-2010 y del que aún forma parte el actual diputado local, Omar Bazán. Los socios de la compañía, creada ex profeso para la adquisición del predio, eran conscientes en el momento de la compra que las tierras estaban en posesión inmemorial de la comunidad indígena de Mogótavo, como lo indicaba el contrato de compra-venta. Una vez adquiridas las tierras retomaron las amenazas contra la comunidad y actualmente tiene interpuesta una demanda penal en su contra, a través de la cual acusan de despojo agravado a diez integrantes de la comunidad, incluyendo autoridades tradicionales.

16 Despojos como el de Mogotavo han abundado a lo largo de la historia moderna en los territorios habitados por población integrante de comunidades indígenas, y estrategias como las empleadas por la familia Sandoval permitieron que muchas personas no indígenas se apropiaran de muchos terrenos e hicieran crecer sus negocios (Domínguez, 2007; Meza, 2001). En esta región en particular, las nuevas propiedades tuvieron un fin turístico y promovieron la construcción de infraestructura que detonó el actual perfil económico-capitalista de la población mestiza. Una intensa etapa de judicialización de los conflictos corrió entre el año 2008, cuando se anuncia la construcción del actual parque Aventuras, al 2016, cuando ya están definidas varias sentencias y llega a la gubernatura un político afín a las causas de las comunidades en resistencia y en lucha por su territorio. Una de las sentencias definidas fue la que otorga la razón a la demanda de amparo de la comunidad rarámuri de Witosachi en el 2011 y que, si bien no impide la construcción del Parque Aventuras, se reconoce la obligación del gobierno para garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de todas las comunidades en el área de influencia del parque a través de la creación de un Consejo Consultivo. También se concede el amparo a la comunidad rarámuri de Repechike, que impugnó la construcción del aeropuerto regional de Creel. A otras comunidades ubicadas en la ruta también se les conceden amparos por la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo por la compañía TransCanada, lo que implicó el depósito de cantidades importantes de dinero por conceptos de indemnización que sería administrado de distintas formas acordadas por las comunidades y a través de sus sistemas normativos. La sentencia de la controversia de Mogotavo contra la familia Sandoval y el grupo de inversionistas se emitió apenas el año 2021 y fue desfavorable a la comunidad, sin embargo se encuentra en reelaboración una nueva estrategia legal. Las contrapartes de Mogotavo y Repechike han contraatacado con denuncias penales en las que las comunidades son retratadas como las despojadoras por el hecho de levantar la construcción de viviendas en el caso del primero, y un local para taller de costura en el caso del segundo. Ante la perspectiva de la apertura del parque el año 2010 se inicia una etapa, ya no de confrontación judicial, sino de gestión, incidencia y negociación en torno a una multiplicidad de temas a acordar entre las comunidades y el gobierno del estado, que tienen que ver con la distribución de espacios y concesiones en el nuevo Parque Aventuras Barrancas, la ocupación de espacios políticos, así como por la distribución de los recursos del fideicomiso.

Imagen 1. Vista teleférico y plataforma en Parque Aventuras, municipio de Urique, Chihuahua

Imagen 1. Vista teleférico y plataforma en Parque Aventuras, municipio de Urique, Chihuahua

Fuente: H.A. Alcalde

Imagen 2. Cabina de teleférico en Parque Aventuras, municipio de Urique, Chihuahua

Imagen 2. Cabina de teleférico en Parque Aventuras, municipio de Urique, Chihuahua

Fuente: H.A. Alcalde

2. Controversias previas y posteriores del Consejo Consultivo Creel-Divisadero

  • 1 La comunidad rarámuri San Elías Repechike no se presenta como forma de resistencia ante la falta de (...)
  • 2 El gobernador cedió su representatividad primero a la secretaría de gobierno, y en la última etapa (...)

17El año 2010 y en el marco del hostigamiento a la comunidad de Witosachi por personeros de los empresarios Elías Madero, la comunidad, por la vía de sus autoridades tradicionales, interpuso una demanda de amparo contra el Fideicomiso Barrancas del Cobre y falta de consulta, la cual fue negada por el juez al no ubicarse dentro de su predio y, por lo tanto, se alegó que no eran directamente afectados por el proyecto del parque. La demanda llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió que su labor como artesanas en al área de influencia les dota de legitimación para exigir su derecho a la consulta y ordena la constitución de un consejo consultivo regional que permitiera a la participación protagónica de todas las comunidades indígenas ubicadas dentro de los 11 municipios del área de influencia del proyecto (Chacón, comunicación personal, 2021). Existía ya el antecedente de un consejo consultivo ordenado por el Congreso del Estado en 1996 para que garantizara la participación de las comunidades indígenas (principalmente las demandantes)1, pero desde un principio su funcionamiento se caracterizó por muchas deficiencias, entre ellas el predominio de los prestadores de servicios turísticos (fue presidido por un empresario hotelero) y operó tan sólo unos meses hasta que dejó de sesionar. La orden del Supremo Tribunal fue acatada, basada en la Ley de Turismo y también con distintas deficiencias de representatividad en el periodo de Duarte, pero con la llegada al ejecutivo estatal de Javier Corral Jurado en 2016, aliado de las organizaciones defensoras de las comunidades de Divisadero, se reconstituyó de conformidad a lo establecido en la sentencia un consejo presidido por el propio gobernador2 y donde participarían las personas representantes de todas las comunidades que lo desearan y que se encontraran ubicadas dentro del área de influencia.

18El consejo en esta etapa fue convocado por la Secretaría Técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado y cuenta con carácter ejecutivo, organizándose a través de grupos de trabajo en torno a distintas temáticas relevantes para las comunidades y para cuya atención asisten distintas secretarías de Estado en calidad de invitadas.

19En el consejo consultivo regional de Creel se discutieron distintas propuestas y controversias, como la propuesta de planta tratadora de aguas residuales que requería el poblado mestizo de Areponápuchi, y que por su cercanía con la comunidad de Witosachi ésta se negó a aprobar. También hubo polémica por el tipo de tecnologías a emplear (biofiltros y lagunas de oxidación), en donde una era más económica, pero por lo mismo, no era de interés para las autoridades pues su inversión no representaba una derrama para las empresas de construcción que buscaban acceder a parte del recurso. Hasta el momento de escribir esto, la propuesta estaba en punto muerto.

20También se atendió el tema de una caseta de cobro que fue construída unilateralmente por un grupo de mestizos que capturaron la totalidad de las ganancias durante algunos años. Con la mediación del consejo se redistribuyeron entre todos los actores del parque las responsabilidades de la caseta y sus ingresos. El consejo consensuó las reglas de operación de los proyectos con todas las comunidades y empleó un protocolo de consulta basado en el diseñado con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), encabezado en la administración de Corral por la ex-directora de la asociaciones civil que asesoró jurídicamente a las comunidades demandantes.

21La llegada por primera vez de una derechohumanista a la oficina de asuntos indígenas resultó en un giro de enfoque hacia los derechos humanos, con la nueva creación de la dirección de derechos indígenas y áreas especializadas en sistemas normativos, atención a conflictos, idiomas indígenas, comité técnico asesor, consejo ciudadano, y desde donde se le dió una atención particular a la consulta y participación a pueblos indígenas. Con relación al Parque Aventuras se llevaron a cabo tras procesos de consulta apoyados por la COEPI: El cambio de sitio de la estación de tren, la construcción de una plaza comercial y la construcción de un camino de entrada al Parque Aventuras.

22 En primer lugar, la estación de tren actual data del año 1961, pero en el 2011 Ferrocarriles Nacionales inició la construcción, sin mediar consulta, de una nueva estación, a decenas de metros del punto original. Las artesanas y principalmente las vendedoras de comida, originarias del poblado vecino de Areponápuchi, consideraron que perjudicaba sus intereses, manifestaron su oposición y, aunque la nave fue concluída, nunca se logró un acuerdo para su inauguración por lo que lleva más de 10 años abandonada. En la presente administración estatal se inició un proceso de consulta que hasta el momento se encuentra interrumpido por haber surgido la urgencia de consulta para construcción de la Plaza Comercial. Otro problema que enfrenta el retomar este proyecto es que tan sólo su rehabilitación representaría una inversión de 7 millones de pesos.

23En segundo lugar, la consulta para construir la Plaza Comercial del Parque se llevó a cabo a partir de la denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de un grupo de personas de origen mestizo que estaban inconformes por la distribución original de locales comerciales, que argumentaban les dejaba en desventaja frente a las ofrecidas a personas de las comunidades indígenas. Como resultado, se decidió repartir 23 locales a integrantes de las comunidades rarámuri vecinas, y hasta 20 locales a personas no indígenas. Por último lugar, surgió una controversia por la construcción de un camino de entrada al parque a base de concreto de plancha, lo que llevó a un proceso de consulta en el que las comunidades se negaban al establecimiento de un camino y proponían una entrada para peatones y bicicletas.

24Finalmente se acordó la construcción del camino vehicular, pero con el empleo de bloques rellenos de grava, que los integrantes comunidades asistentes al consejo consideraron cómo más amigable a la absorción de agua al subsuelo y menos contrastante con el paisaje y los materiales rocosos locales. Está consulta sí se dió por concluída, pero la llegada de la Pandemia de COVID19 impidió dar seguimiento a los acuerdos hasta el momento de escribir este artículo.

25En las reuniones de consejo se han discutido muchos otros temas de menor perfil que los ya citados, como el cambio de nombre del restaurante que representaba una apropiación cultural, la regulación de precios y de venta de productos “chinos” importados, obra pública en municipios, la nueva estación de teleférico, apoyo en equipo a proyectos ecoturísticos comunitarios, restauración de senderos, construcción y habilitación de una casa de salud, habilitación de sistemas de distribución de agua potable, mayor contratación de integrantes de comunidades indígenas, creación de un museo comunitario en Bakajípare, atención a las vendedoras de comida, e instalación de infraestructura hidráulica y sanitaria, así como una variedad de formas de asistencia a la niñez y personas en vulnerabilidad física.

26Son numerosas las necesidades que se han planteado y las acciones llevadas a cabo para su atención, sin embargo las organizaciones que asesoran a las comunidades señalan que la preocupación del gobierno del estado se ha enfocado a temáticas acotadas al Parque Aventuras, y ha soslayado el compromiso de elaborar un Plan de Desarrollo en y para las comunidades, como lo ordena la sentencia. En ese sentido el gobierno del estado aunque afirma haber cumplido con la sentencia de la SCJN, las comunidades y sus abogadas denuncian su incumplimiento. Los avances registrados a este respecto son los talleres comunitarios para la formulación desde las mismas comunidades de un Plan de Desarrollo, que es impulsado por una fundación internacional en conjunto con la agencia federal Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI).

Imagen 3. Niño rarámuri y Tren Chepe, estación Divisadero, Municipio de Urique, Chihuahua

Imagen 3. Niño rarámuri y Tren Chepe, estación Divisadero, Municipio de Urique, Chihuahua
Fuente: H.A. Alcalde

Imagen 4. Acantilado en Divisadero

Imagen 4. Acantilado en Divisadero

Fuente: H.A. Alcalde

Imagen 5. Tren Chepe en estación, Municipio de Urique, Chihuahua

Imagen 5. Tren Chepe en estación, Municipio de Urique, Chihuahua

Fuente: H.A. Alcalde

Imagen 6. Tren Chepe y autoridad tradicional rarámuri de Bakajípare

Imagen 6. Tren Chepe y autoridad tradicional rarámuri de Bakajípare

Fuente: H.A. Alcalde

3. El aeropuerto regional de Creel.

27La construcción del aeropuerto regional de Creel inició de manera inconsulta y en terrenos por una parte privados, adjudicados por la familia Cuesta y, por otra parte, pertenecientes al ejido Creel. Las obras generaron inconformidad en la comunidad rarámuri de San Elías Repechike, no sólo porque obstruía sus caminos y destruía su manantial, sino porque ocurría en terrenos reclamados por décadas como parte de su territorio. En febrero del 2014 interpusieron una demanda de amparo, a la cual el juzgado 8o de distrito les otorgó la razón en noviembre del mismo año por la afectación a una fracción de su posesión ancestral en tanto comunidad indígena que son. Aunque la sentencia fue dictada antes de dar por finalizada la obra, su conclusión ya estaba cerca y las autoridades desacataron la orden apresurándose a terminarla y asi finalmente argumentar que la obra estaba concluída y era irreversible. Frente a este hecho el aeropuerto se dió por finalizado y se optó por solicitar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la cuantificación de los daños causados. Especialistas de la Universidad obtuvieron la cifra de casi 3 millones de euros, que a la postre fue aceptada por el gobierno del estado y fue entregada vía la creación de un fideicomiso.

28El gobierno de Javier Corral pagó el monto completo al fideicomiso, no obstante el precario estado de las finanzas en que lo había dejado su predecesor Cesar Duarte, ahora preso en Estados Unidos y en proceso de extradición. El fideicomiso del aeropuerto regional de Creel cuenta con un comité técnico, constituído por cuatro funcionarios y cuatro miembros de la comunidad, y es presidido por la Secretaría General del Estado. En su normatividad, el Fideicomiso establece que una parte del recurso será invertido en proyectos comunitarios como dotación de agua, proyectos productivos, vehículo para transporte, salón comunitario, taller de costura, tractores, apoyo a adultos mayores y becas para jóvenes. Hasta el año 2021 la comunidad había gastado 17 millones de pesos. En un momento posterior a la constitución del fideicomiso, surgió un grupo del interior de la comunidad que exigía el reparto total del fideicomiso y no su inversión en proyectos comunitarios. Las posturas se polarizaron y no se llegó a ningún acuerdo, a pesar de la mediación de las organizaciones de la sociedad civil y del Gobierno del Estado, lo que tiene detenidos los proyectos de beneficio comunitario.

29Esta inconformidad fue luego capitalizada por un personaje de origen mestizo que se auto-asumió como representante rarámuri de la comunidad San Elías y, no obstante que esta comunidad avaló el aeropuerto, el líder pasó de exigir la parte de San Elías en la repartición del Fideicomiso, a negar la existencia de la comunidad indígena “Bosques de San Elías Repechike”. En el proceso de lucha por acceder al recurso, el líder y la gente que lo apoyaba tomaron simbólicamente las instalaciones del aeropuerto en diversas ocasiones e interpusieron una demanda de amparo que detuvo la inauguración del aeropuerto durante todo el sexenio de Javier Corral. Con la nueva administración, San Elías parece haber llegado a un acuerdo, la demanda fue retirada y todo indica estar listo para la inauguración del aeropuerto a mitad del 2023.

30La comunidad rarámuri de San Elías Repechike cuenta con otros frentes abiertos, como es la lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral y su posesión sobre él, así como contra la tala ilegal por parte de los empresarios que se ostentan como dueños de sus tierras. Una década antes Repechike se opuso férreamente al paso del gasoducto El Encino-Topolobampo, negándose incluso a llevar a cabo un proceso de consulta, por lo que la empresa constructora en conjunto con el ejecutivo tuvieron que trazar una nueva ruta que rodeara a la comunidad. Por si fuera poco, los poseedores de los títulos de propiedad de las tierras tienen interpuesta una demanda penal contra toda la comunidad, argumentando despojo en razón de la construcción de un taller de costura construido por un grupo de mujeres. Hasta el momento de escribir esto, las autoridades indígenas pueden ser citadas a declarar y detenidas en el momento.

Imagen 7. Vista de acantilado

Imagen 7. Vista de acantilado

Fuente: H.A. Alcalde

Imagen 8. Vista de Parque Aventuras, desde manantial de comunidad rarámuri de Mogotavo

Imagen 8. Vista de Parque Aventuras, desde manantial de comunidad rarámuri de Mogotavo

Fuente: H.A. Alcalde

4. Discusión

31De entre las actividades extractivistas que operan en la porción chihuahuense de la Sierra Madre Occidental y que ha sido de alto interés para el Estado y los terratenientes locales, el turismo es paradójicamente el que dio origen a luchas por la tierra que tuvieron triunfos emblemáticos de defensa indígena del territorio a nivel nacional. Aunque las luchas estuvieron encabezadas por las propias comunidades, es imposible soslayar el papel que jugaron las asociaciones civiles en el acompañamiento y asesoría. En una primera etapa los equipos jurídicos acudieron sin titubear a presentar demandas en los tribunales y a emprender, junto a las comunidades, una serie de acciones de denuncia pública, cabildeo ante legisladores, funcionarios federales y estatales, así como actores de organismos internacionales de derechos humanos; en una segunda etapa estas batallas tomaron un tono de acercamiento y negociación con las autoridades que sin duda redundó en conquistas importantes, pero también tuvo costos.

32Lo anterior se debió a que confluyeron varios factores. En primer lugar, varias sentencias relevantes coincidieron en un punto en el tiempo, justo antes de la llegada de Javier Corral a la silla del ejecutivo estatal. El ejecutivo estatal estaba obligado a cumplir con ellas por orden del poder judicial, sin embargo, el gobierno de Corral le dió especial atención a los casos judicializados, y en general dio un giro en la relación con pueblos y comunidades indígenas. Corral no sólo era una persona cercana a la sociedad civil organizada y estaba familiarizado con el ámbito de los derechos humanos, sino que su alianza electoral incluyó varios actores de este sector, entre ellos la directora de una de las asociaciones civiles que acompañaron las luchas de Witosachi, Bakajípare y Repechike. Ella fue nombrada cabeza de la oficina de atención a Pueblos Indígenas (COEPI), y en su administración ésta adquirió el rango de secretaría. Ante tal coyuntura se dió un nivel inédito de acercamiento y de diálogo. Muchas otras personas, antes activas defensoras de derechos indígenas ocuparon cargos en COEPI y diversas oficinas de gobierno. Entre otras acciones se reformó por completo la COEPI, antes Coordinación Estatal de la Tarahumara y se le dió un enfoque de derechos humanos, se depositó la indemnización inmediatamente al fideicomiso del aeropuerto y se conformó el Consejo Consultivo Regional de Creel. El Parque Aventura, ya inaugurado, abrió espacios importantes a los integrantes de las comunidades así como espacios laborales, concesiones de locales comerciales, y derechos como el de usar el teleférico sin costo alguno. La operación misma del Consejo consideró la participación balanceada de todos los actores, con protagonismo de las comunidades ubicadas en el radio de influencia del Parque. COEPI también apoyó la creación de proyectos propios de las comunidades y realizó acercamientos para la mediación de conflictos internos, algunos derivados de las indemnizaciones por la construcción del aeropuerto. Funcionarios de alto nivel de administraciones anteriores de la Secretaría de Economía y Turismo que permanecieron en sus cargos, incluso cambiaron sus duras posiciones y se volvieron más accesibles para el cumplimiento de demandas de las comunidades.

33En este proceso las comunidades tuvieron muchos logros, acceso a recursos, a concesiones y facilidades que antes hubieran sido impensables, no obstante, este nivel de acercamiento también tuvo sus inconvenientes. En primer lugar varias organizaciones civiles derechohumanistas se sintieron debilitadas al haber sido llamados varios de sus cuadros a ocupar puestos en el gobierno estatal, y aún más, no fueron pocas las ocasiones en las que se inconformaron por la falta de cumplimiento a compromisos contraídos por el gobierno, generando tensiones entre aliados del lado gubernamental y civil. Por otra parte hubo descontento por la permanencia en el gobierno de funcionarios que habían actuado contra los derechos de los pueblos indígenas en administraciones anteriores.

  • 3 Raíchali. Imponen obra pública a Fideicomiso Bosques San Elías Repechique, sin pertinencia intercul (...)

34Una de las disputas más acentuadas es la del alegado incumplimiento del gobierno del estado a lo establecido en la sentencia de la Suprema Corte, descrito más arriba. La administración entrante de Maria Eugenia Campos fue aún más allá, al no sólo no dar el debido seguimiento, sino que empleó tramposamente recursos del fideicomiso del aeropuerto para obras inconsultas que atendían a sus intereses dentro del proyecto turístico y no a los de la comunidad3. Ante la omisión del gobierno del estado de cumplir la totalidad de la sentencia, la comunidad interpuso en 2023 una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos acompañada de un peritaje antropológico, que se presentó un par de meses antes de terminar de redactar el presente texto.

35Fuera de esta nueva demanda, se puede entrever que se pasó de una etapa de confrontación a una de negociación, lo que puede ser interpretado como el apartamiento de un necesario espíritu combativo que contestaba al Estado frontalmente y, extrapolado a las otras organizaciones de derechos humanos que vivieron procesos similares, significaría la atenuación del importante papel cuestionador que jugaba la sociedad civil organizada en todo el estado.

36La fuerza organizativa con que ahora cuentan las comunidades, tras 15 años de lucha, se debe en buena medida a un activismo frontal, de denuncia, de distancia con las instituciones y los actores políticos, en otras palabras, a una posición que no daba lugar a concesiones. Queda la pregunta si la puesta al lado de esta estrategia pueda resultar en la pérdida de ese ímpetu hacia adelante que les ha dado cohesión y formación en las lides de la exigencia de derechos. La aceptación a sentarse a la mesa es una dinámica impuesta por las instituciones estatales, donde las reglas son puestas por ellas, en sus espacios y bajo sus lógicas. Un ejemplo de esto fue que el Estado, aunque reconociendo la violación que representaba el aeropuerto, nunca vió como opción su cancelación, en su lugar ofreció dinero como única medida, en otras palabras reparación a cambio del perjuicio provocado.

37La sentencia de la SCJN les dio la razón, pero ahora se baila al son que ella toca, las reglas de las negociaciones parten del formato institucional, algo muy lejos del planteamiento de demandas desde las plataformas y formas que ellos decidían. Llevando esta situación a un límite se puede plantear la pregunta sobre si los ofrecimientos de recursos y facilidades inmediatas no están sustituyendo la construcción continua de su proyecto político. La demanda principal de las comunidades era el respeto a sus territorios y este es aún un reclamo vigente e incumplido, su ejecución real implicaría el despliegue de un conjunto de acciones de mediano y largo plazo que atacarían estructuralmente las causas que facilitan el despojo y la violación a la autodeterminación de las comunidades.

  • 4 También en la administración federal de Peña Nieto y en la de Andres Manuel Lopez Obrador, las orga (...)

38Desde este análisis, el giro al cabildeo no necesariamente es señal de un cambio de postura de las comunidades y de los asesores jurídicos, sino que en buena medida puede ser resultado de una coyuntura ó etapa post-sentencias y la llegada de un gobierno amigable a la causa4. En este sentido las características y la agencia de los actores que irrumpen en el escenario juega un papel importante en la entrada a esta etapa paralegal, de diálogo y acuerdos y conquistas en términos económicos que en el proyecto original del parque no estaban contemplados.

39La comunidad de Bakajípare ahora recibe recursos no sólo por venta de artesanías (ahora con lugares reservados), sino además por el derecho de paso del teleférico, de los puestos comerciales, del proyecto turístico que ahora coordinan, así como de los puestos laborales que se les han abierto en la operación del teleférico. La comunidad de Repechike también disfruta de los recursos que arroja el fideicomiso, aunque con las divisiones al interior de la comunidad que fueron causadas por la disponibilidad de dinero y la falta de acuerdos en cómo distribuirlo. No obstante estos nuevos ingresos, persisten situaciones preocupantes que van a contracorriente del respeto a los derechos de los pueblos como es que aún están abiertas las denuncias judiciales contra autoridades indígenas de Mogotavo y Repechike por parte de particulares por los supuestos delitos de “despojo agravado”, la penetración de las mafias de las drogas en la captura y administración de los ingresos por turismo o el uso indebido por el gobierno estatal de los recursos del fideicomiso así como una actitud evasiva de la Secretaría para los Pueblos y Comunidades Indígenas de Gobierno del Estado de Chihuahua (SPyCI – antes COEPI), ahora encabezada por la mano derecha de un diputado en funciones, precisamente uno de los despojadores de la comunidad de Mogotavo.

40En este ambiente se da la demanda judicial en la corte internacional por la falta de cumplimiento de la sentencia de la SJCN, lo que puede ser el inicio de una nueva etapa de contención y resistencia, o un giro normal en una espiral de lucha jurídico social que avanza instancia por instancia con una estrategia político-jurídica entre comunidad y la abogacía solidaria de las organizaciones de la sociedad civil.

Consideraciones finales

41Este trabajo enmarca en el análisis del turismo en tanto fenómeno transgresor de derechos humanos, las vicisitudes de las comunidades indígena afectadas por la construcción de un proyecto turístico en sus inmediaciones. En un primer bloque se hace un análisis, basado en literatura existente, del turismo como expresión colonial del capitalismo y de las distintas formas de impactos que tiene sobre los países poscoloniales las sociedades rurales locales.

42En segundo lugar aborda el caso del Parque Turístico Barrancas del Cobre, en el norte de México y el aeropuerto aledaño, que dio lugar a distintas demandas judiciales de comunidades indígenas por despojo de tierras con el acompañamiento de abogados de organizaciones de la sociedad civil. El hilo conductor es la explicación de como la asesoría ofrecida consistió en un acompañamiento cercano a las comunidades y sus autoridades tradicionales, que implicó un sinnúmero de acciones que desafiaban frontalmente a las autoridades del Estado hasta las últimas consecuencias y las emplazaban a rectificar su postura de apoyo a los particulares despojadores y retirar sus propios proyectos turísticos con el fin de que sus derechos humanos fueran respetados cabalmente.

43Los resultados fueron diversos en el sentido de que los tribunales fallaron en algunos casos a favor de las comunidades --incluyendo un fallo paradigmático a nivel nacional de la Suprema Corte de Justicia-- pero por el grado de avance de los proyectos estos permanecieron, sin embargo, las comunidades recibieron fuertes indemnizaciones monetarias causando en algunos casos divisiones y conflictos en su interior y al exterior. Una comunidad aún continúa en litigio y su resolución ha sido más compleja.

44En medio de estas controversias, gana las elecciones estatales un equipo afín a las demandas de las comunidades y se genera un trabajo conjunto y de colaboración con resultados contrastantes. Esta situación es analizada en el tercer y último bloque, donde se sopesan las ventajas y desventajas de colaborar y negociar en términos amigables con el Estado. Es en el paso de una administración estatal (Corral) a la siguiente (Campos, la que está en funciones al escribir este artículo) donde las comunidades demandan al gobierno estatal por incumplimiento de la sentencia de la SCJN.

45Este trabajo captura un segmento del proceso que se da en torno al Divisadero Barrancas, el cual sigue su curso y posiblemente se resuelvan los diferendos o continúen indefinidamente por la tendencia de este recién creado polo de desarrollo turístico a crecer y profundizar su huella, pero sobre todo por la indefinición sobre el control que las comunidades tienen en el camino que toma. Por lo pronto, las autoridades estatales es posible que hayan aprendido la lección de que han entrado a una etapa en que los proyectos que impactan a las comunidades indígenas y que no se consultan, les pueden salir muy caros. Lo que será definitorio es que las comunidades aprendan a defender sus derechos y territorios de los hombres de negocios, con asesoría o sin asesoría; con negociación o con resistencia.

46Burguess, G. & Burguess, D. (2014). El reto de la Sierra Tarahumara. La construcción del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Taos, NM. Barranca Press.

47Castellanos Guerrero, A. & Jesus Antonio Machuca, R. (coords) (2008). Turismo, identidades y exclusión. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.

48Dominguez Rascón, A. (2007). Juárez, historia y tradición en el Chihuahua indígena. In A.E. Ohmstede (coord.) Los pueblos indios en los tiempos de Benito Juárez (1847-1872). CDMX: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca/Universidad Autónoma Metropolitana.

49Duterme, B. (2007). Turismo Hoy: Ganadores y Perdedores. Alternativas meridionales. Madrid. Editorial Popular.

50González Rodríguez, L. (1982). Tarahumara: la Sierra y el Hombre. México. Fondo de Cultura Económica.

51Hall, M. (2007). Tourism in: Richard Butler and Tom Hinch. Politics, Power and indigenous tourism. London. Routledge: 305-318.

52Hall, M. y Tucker, H. (2004). Tourism and Postcolonialism. Contested discourses, identities and representations. Oxon, U. Routledge.

53Tucker, H. & Akama, J. (2009). Tourism and postcolonialism. In T. Jamal & M. Robinson (eds.) The Sage handbook of tourism studies. London. Sage Publications LTD.

54Hillerkuss, T. (1992). Ecología, economía y orden social de los tarahumaras en la época prehispánica y colonia. Estudios de Historia Novohispana, 12(12): 9-62

55Hinch, Tom D. & Prentice, R. (2004). Indigenous People and Tourism. In A.A. Lew, C. Michael Hall and Allan M. Williams (eds.), A companion to tourism. Oxford: Blackwell Publishing.

56Marín Guardado, G. (ed.) (2015). Sin tierras no hay paraíso. Turismo, organizaciones agrarias y apropiación territorial en México. El Sauzal (Islas Canarias): PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. Colección PASOS Edita, 15.

57Meza, Mayra M. (2001). San José Baqueachi: historia de un eido tarahumara que se resisteal despojo de sus tierras. Instituto Chihuahuense de la Cultura: Solar Coll.

58Pennington, Campbell W. (1969). The Tepehuan of Chihuahua. Salt Lake City. University of Utah Press.

59Porras Carrillo, E. (2001). La Sierra Tarahumara: una región multiétnica y pluricultural. In Molinario, C. & Porras, E. (eds.) Identidad y Cultura en la Sierra Tarahumara. Ciudad de México. Congreso del Estado de Chihuahua/Instituto Nacional de Antropología e Historia.

60Sariego Rodriguez, J.L. (2015). El Indigenismo en la Tarahumara. Identidad, comunidad, relaciones interétnicas y desarrollo en la Sierra Tarahumara. México. Instituto Nacional de Antropología e Historia.

61Torres, Gabriela y Kirsten Appendini (eds.) (2020). La regulación imposible: (i)legalidad e (i)legitimidad en los mercados de tierra en México al inicio del siglo XXI. Ciudad de México. El Colegio de México.

62Torres-Mazuera, G., Fernandez Mendiburu, J. Gomez Godoy, C. (2018). Informe sobre la jurisdicción agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en Mexico. Fundación para el Debido Proceso.

63Urteaga Castro-Pozo, A. (2002). Por las Veredas de la Tarahumara. Obras reunidas de Augusto Castro Pozo. Escuela Nacional de Antropología e Historia.

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Notes

1 La comunidad rarámuri San Elías Repechike no se presenta como forma de resistencia ante la falta de reconocimiento a su territorio.

2 El gobernador cedió su representatividad primero a la secretaría de gobierno, y en la última etapa de su gobierno al jefe del departamento jurídico.

3 Raíchali. Imponen obra pública a Fideicomiso Bosques San Elías Repechique, sin pertinencia intercultural. https://raichali.com/2023/01/20/imponen-obra-publica-a-fideicomiso-bosques-san-elias-repechique-sin-perspectiva-intercultural/

4 También en la administración federal de Peña Nieto y en la de Andres Manuel Lopez Obrador, las organizaciones encontraron interlocutores de confianza ubicados en la Secretaría de Gobernación, así como en el Senado, lo que les permitió abrir mesas de trabajo en las que daban seguimiento puntual al Mecanismo de Protección a Defensores, y temas críticos como la violencia, desplazamiento forzado y extracción ilegal de agua y pinos, en donde intervenían particularmente las secretarías federales pertinentes a través de sus delegaciones estatales.

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Table des illustrations

Titre Figura 1. Ubicación del Estado de Chihuahua en la Republica de México
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Titre Figura 2. Ubicación de las comunidades indígenas (Estado de Chihuahua, México)
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Titre Imagen 1. Vista teleférico y plataforma en Parque Aventuras, municipio de Urique, Chihuahua
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Titre Imagen 2. Cabina de teleférico en Parque Aventuras, municipio de Urique, Chihuahua
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Titre Imagen 3. Niño rarámuri y Tren Chepe, estación Divisadero, Municipio de Urique, Chihuahua
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Titre Imagen 4. Acantilado en Divisadero
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Titre Imagen 5. Tren Chepe en estación, Municipio de Urique, Chihuahua
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Titre Imagen 6. Tren Chepe y autoridad tradicional rarámuri de Bakajípare
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Titre Imagen 7. Vista de acantilado
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Titre Imagen 8. Vista de Parque Aventuras, desde manantial de comunidad rarámuri de Mogotavo
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Pour citer cet article

Référence électronique

Horacio Almanza Alcalde, « Resistencia o incorporación: la trayectoria de conflicto Estado-comunidad indígena en torno al proyecto turístico Divisadero Barrancas, Chihuahua, México »Études caribéennes [En ligne], 57-58 | Avril-Août 2024, mis en ligne le 30 avril 2024, consulté le 24 mai 2024. URL : http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/30190 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.30190

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Auteur

Horacio Almanza Alcalde

Centro INAH Chihuahua,
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