1Durante muchos años la población del campo en Colombia viene siendo objeto de procesos de desplazamiento forzado, lo cual es producto de las cruentas confrontaciones de los diversos actores del gran conflicto irregular que se vive en nuestro país. En este orden de ideas, el campesino se ve enfrentado cotidianamente al hostigamiento por parte de las guerrillas, de los paramilitares, de las bandas criminales, de los distintos carteles del narcotráfico y de las mismas fuerzas armadas.
2En este sentido, todos estos ven en el espacio geográfico ocupado por las personas que habitan en el sector rural un gran escenario a ocupar para hacer control territorial y aprovechar para realizar sus actividades delictivas. Ante lo cual el Estado quiere hacer presencia, pero desafortunadamente dejan a quien no tiene que ver con estas confrontaciones en la mitad de ellas y se utilizan muchas veces como escudos humanos. De igual forma, se presenta el despojo violento de las tierras y esto conlleva afectaciones en la integridad física y muchas veces termina en el asesinato. Esto lleva a que se presenten desplazamientos forzados del campo a la ciudad como mecanismo de preservación de la vida.
3Frente a la situación planteada, esta población comienza el éxodo en busca de oportunidades laborales, pero se encuentran con una dura realidad y es que no cuentan con un perfil ocupacional que pueda encontrar una oferta laboral dado su nivel de cualificación, además son estigmatizados por su origen y por lo precario de su situación económica y social. Por estas razones, les toca realizar actividades informales tales como, ventas ambulantes y estacionarias, mototaxismo, entre otras. El inconveniente de desarrollar estas acciones es que generan muy pocos ingresos y aparte se llevan a cabo en jornadas extenuantes, bajo las inclemencias del clima, a veces perseguido por las autoridades de policía o gubernamentales, entre otros aspectos desfavorables para el desarrollo de la labor.
4Dado lo mencionado, el objetivo del presente artículo es establecer los retos y desafíos que presenta el proceso de inserción laboral de la población víctima del conflicto armado, para lo cual se hace necesario lo siguiente: identificar las causas que han originado el desplazamiento, establecer características socioeconómicas de estas personas y que acciones se deben implementar para generar una eficiente inclusión al mercado laboral formal, para lo cual se establece a continuación los aspectos metodológicos de la investigación, la fundamentación teórica, el planteamiento de los resultados obtenidos así como su discusión y finalmente las conclusiones.
5El diseño del presente artículo se fundamentó en un enfoque cualitativo, se realizaron entrevistas a la población víctima del conflicto armado para establecer las problemáticas que enfrentan de manera cotidiana en el devenir de su diario vivir. Esta información se somete a un proceso de análisis tomando como base la experiencia y la formación académica de la unidad investigativa y los soportes teóricos de expertos en la temática. Es de anotar que el proceso metodológico se puede sintetizar en tres momentos, a saber: revisión de documentos de divulgación científica, recolección de la información y análisis e interpretación de los resultados.
6En la investigación se aplicó una guía de entrevista a 30 personas víctimas del conflicto armado que residen en el municipio de Montería, la cual consta de un cuestionario que contiene una serie de preguntas abiertas que sirvieron de pauta en las conversaciones que se llevaron a cabo con esta población objetivo. Como la información de la población no es de acceso público y no se conoce el número exacto de elementos porque esta se incrementa cada día por las continuas y sucesivas migraciones, se utilizó para seleccionar la muestra una técnica de muestreo no probabilístico. Específicamente, se tomó la de bola de nieve, para ello se identificó una persona víctima de conflicto armado, la cual a su vez referencio a otra y así se extendió este proceso. El instrumento de recolección se sometió a un proceso de validez de expertos y se consideraron criterios éticos para asegurar el anonimato y la confiabilidad en el uso de los datos obtenidos.
7Existen varios autores que analizan la temática objeto de estudio desde diferentes perspectivas y espacios geográficos. Entre estos se encuentra Ruano (2013) quien plantea que la inserción laboral de las personas desplazadas tiene que ver con la posibilidad de que estas accedan a un empleo formal o informal que les alcance a satisfacer necesidades básicas como alimentación y vivienda. Asimismo, que puedan insertarse en el tejido social del lugar de destino, mejorando su nivel de vida, al tiempo que influye para que todos los integrantes de la comunidad igual lo hagan, implica el acceso a los derechos vitales o prioritarios. En esta vía se plantea además que esto no se cumple por las escasas oportunidades ocupacionales que estas personas encuentran disponible y por la ausencia del cumplimiento de las leyes que buscan proteger a las víctimas del conflicto armado.
8Por otra parte, con relación al impacto en el mercado laboral de este proceso de desplazamiento, Valencia et al., (2019) establecen que la llegada de estas víctimas del conflicto armado a las ciudades incrementa la oferta de mano de obra no cualificada para las actividades que se desarrollan en ella generándose un choque externo. De igual modo, esto lo dimensiona González et al., (2022) quienes argumentan que la llegada de los desplazados inmediatamente aumenta la tasa de participación laboral, puesto que estos desean rápidamente incorporarse al mercado laboral formal, pero la escasa recepción de esta nueva oferta laboral conlleva la exclusión de la mayor parte de ellos. Con esto se incrementa el desempleo, la pobreza, disminución en los niveles de calidad de vida de estas personas, quedando como única vía de sustento la informalidad.
9Aporta al análisis desde otra perspectiva Vásquez et al., (2018) los cuales analizan el efecto del conflicto armado en la salud mental de las víctimas y por ende en la calidad de vida que estos logran alcanzar. Se plantea que estas personas experimentaron una serie de situaciones de terror intenso que marcan profundamente y que dejan secuelas en el tiempo y que son muy difíciles de olvidar, tales como: presenciar masacres, vivir la tortura física y emocional, estar secuestrados, obligados a participar como combatientes, abusos sexuales, entre otras. Lo que a pesar de haber pasado y ya ellos estar en otros entornos, los sigue atormentado en todo momento y generan limitaciones en la forma como interactúan en sociedad.
10Para entender la situación actual de las víctimas del conflicto armado en Colombia y en particular de la región cordobesa se debe hacer un recuento histórico de algunos eventos que han incidido de un modo directo. La violencia en la región tiene sus orígenes en la serie de sucesos que se asocian a la existencia de grupos en confrontación que se convierten en los detonadores de esta.
11Es así como el llamado “periodo de la violencia” que se sitúa entre 1920 y 1960, se caracteriza por una intensa lucha entre los simpatizantes del partido liberal y los del partido conservador, lo cual genera muerte, masacres y todo tipo de consecuencias fatales y tiene como principal escenario el campo. Esto trae como efectos inmediatos el desplazamiento forzado y la aparición de las víctimas del conflicto. A finales de la década de los cincuenta se firman acuerdos para dar fin a esta lucha, pero esta no termina inmediatamente, sino que se fue minimizando con el tiempo en la década siguiente y dando origen a otras formas de violencia, pero asociadas a las mismas motivaciones de carácter económico y políticas.
12En la década de los sesenta, en la región cordobesa, personas acaudaladas, dueñas de grandes extensiones de tierra utilizan mecanismos para atesorar tierras, queriendo comprarlas a bajo precio, intimidan y cuando no logran persuadir a los campesinos que vendan hacen uso de la fuerza y la violencia desmedida logrando su cometido y generando el incremento de los procesos de desplazamiento. Estas acciones hacen que se perciba como positivo el hecho de que surjan grupos guerrilleros que inicialmente proponen la defensa de las clases menos favorecidas.
13En relación con eso, se consolida la guerrilla, pero que posteriormente se fueron degradando por el afán de conseguir riquezas y poder y terminan realizando actos violentos que conllevan masacres, apropiación de tierras, que perjudican a la población del campo e intensificando y manteniendo los flujos migratorios de personas desplazadas. Con esto se afectan los terratenientes ganaderos, quienes se agrupan para defender sus intereses económicos y con el apoyo de fuerzas militares se organizan en grupos paramilitares por allá en los años ochenta e inicios de los noventa. Presentándose así cruentos encuentros bélicos en el sector rural que atentan contra la integridad de los campesinos e incentivándose la salida de ellos hacia nuevas tierras.
14Estas problemáticas se agudizan cuando todos estos grupos en conflicto ven en el narcotráfico una fuente de financiamiento para sus acciones militares e ideológicas y aparte de las razones ya conocidas para seguir en el conflicto se une el deseo de controlar la región considerando su excelente posición en términos geográficos. Esto porque se convierte en un corredor estratégico para la producción, traslado y exportación de la droga por las condiciones del relieve que dificulta la presencia efectiva de las autoridades militares y de policía. Además, que las diversas zonas costeras que se poseen facilitan envío por vía marítima de grandes cantidades de drogas y el recibo de dinero proveniente de la venta de las mismas.
15Toda esta serie de fenómenos trae como consecuencias la necesidad que tienen los grupos en conflicto de incrementar el número de miembros, acudiendo en muchos casos a reclutar a la fuerza de las personas del campo. Especialmente se acude a coaccionar a niños, adolescentes y jóvenes, lo cual se convierte en otro factor que, unido a la violencia sexual reflejada en violaciones, vejámenes y otros, contra esta población, especialmente la de género femenino, trae consigo más desplazamiento.
16Es de anotar, que se han presentado procesos de desmovilización tanto de la guerrilla como de los grupos paramilitares, pero no han sido del todo exitosos. Se observa que una porción significativa de sus integrantes sigue con la lucha armada en disidencias, algunos se han unido a otros grupos de la guerrilla o a otros grupos paramilitares, se han organizado en bandas criminales para seguir en el rentable negocio de la droga. Existen evidencias de la unión a la delincuencia organizada, tales como carteles del narcotráfico o simplemente a la delincuencia común.
17Muchas personas de estos grupos que han decidido desmovilizarse han pensado seriamente cambiar de vida, pero las diversas situaciones que han vivido hacen que retornen a su vida delictiva, el estigma social por quienes fueron los persigue al momento de buscar empleo formal o querer acceder a recursos para empezar sus propios negocios. Esto muestra que persisten las condiciones para perpetuar el conflicto y los flujos en el tiempo de personas enfrentadas a un conflicto del que no tienen escape y del cual son ajenos y que ven en la huida de sus territorios la única solución. Mención especial tienen aquellos que a pesar de las dificultades han podido incorporarse a la vida civil, desafortunadamente la mayoría están en la informalidad con ingresos de subsistencia y viviendo en condiciones de pobreza, muy pocos realmente han podido acceder a condiciones dignas de vida.
18El fracaso de los procesos de desmovilización y reinserción son productos de la falta de planificación, seguimiento y control. Esto se torna tangible al no garantizarle la integridad física a estas personas, falta de acompañamiento en el tiempo, ausencia de proyectos de formación en competencias, debilidades en los procesos de inserción productiva, entre otros. Es así como estas personas se encontraron en un medio al cual no estaban preparados y con los compromisos de mantener a sus familias, por lo cual muchos optaron por volver a su anterior oficio de ser un actor del conflicto.
19Otro momento que vale la pena analizar para entender la dinámica de violencia y desplazamiento en la región del departamento de Córdoba y de su capital Montería es el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla por parte del narcotráfico el 30 de abril de 1984. Este evento, por tratarse de una personalidad de la vida pública y un alto funcionario del gobierno, genero una lucha frontal de todas las fuerzas armadas de Colombia contra los carteles de la droga en donde concentraban su accionar y sus finanzas, el cual eran las grandes ciudades del país, a saber: Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, por esto se atacó fuertemente las estructuras militares y financieras de estas organizaciones.
20Lo anterior, llevo a estas organizaciones delictivas a buscar mercados emergentes y geográficamente estratégicos, encontrando en Córdoba un verdadero potencial. Lo que lleva a trasladar parte de su modus operandi a la región y con esto a participar del conflicto por poder y riquezas, con la consecuente violencia y afectación de las personas que en ella habitan, especialmente las del campo, que es el lugar de mayor intensidad del conflicto, aportando como factor de desplazamiento.
21En este contexto, todos estos fenómenos han permeado la sociedad y se ha mantenido su ámbito de influencia en el tiempo, coexistiendo, evolucionando, pero están allí por la alta rentabilidad del negocio de la droga. Es así como cohabitan en la región muchas fuerzas oscuras que generan un ambiente de inseguridad, zozobra y angustia en todas partes, pero se siente más en las zonas rurales. Por esto a los habitantes les toca aprender a vivir con ello, ante lo cual muchas personas buscan un mejor sitio donde estar, creen que la ciudad les va a ofrecer opciones de empleabilidad que les permita vivir de mejor forma.
22En el caso de Montería, se observa que el exponencial crecimiento económico y urbanístico de la ciudad se convierte en un gran atractivo para que se escoja como destino, pero se encuentran con una dura realidad y es que no cuentan con la cualificación necesaria dadas las exigencias del mercado laboral formal. Es decir, sus habilidades y destrezas no cuentan con vacantes disponibles, además que existe un estigma social por los lugares de donde proceden, entre otros limitantes, lo que hace que no se ubiquen laboralmente e ingresen rápidamente a la informalidad para derivar su sustento y el de su familia. Al respecto, Silva y Sarmiento (2013) en una investigación cuantitativa de gran robustez estadística, determinaron según la muestra analizada que se presenta un mayor nivel de desempleo en la población desplazada frente a la población que no lo es. Esta situación termina con el resultado que las personas terminan adaptándose y estructurando sus proyectos de vida en esta economía informal y después, aunque se tenga la oportunidad de salir de ello, no se hace.
23Para dimensionar la problemática existente en Colombia se alude a cifras que corroboran la crisis presentada, según el portal de información humanitaria más grande del mundo ReliefWeb el gobierno nacional tiene información en el Registro Único de Víctimas (RUV) de 8.375.715 personas desplazadas por el conflicto desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2022 (Internal Displacement Monitoring Center, 2023).
24Una vez definida estos antecedentes generadores de violencia como factores que han propiciado el desplazamiento y convertidos a estas personas en víctimas del conflicto armado, se procedió a realizar una caracterización socioeconómica que arrojo los siguientes resultados:
25Las personas encuestadas en su mayoría se encuentran en un rango de edad entre 35 y 40 años, lo que da cuenta que estas personas tienen un alto potencial de productividad física que se está perdiendo, dado que se encuentran en la informalidad haciendo actividades que no aportan al PIB de la región. Pero este nivel de edad se convierte en un limitante puesto que el análisis del mercado laboral en términos globales muestra que el rango de edad más atractivo para los empleadores en el sector formal se encuentra entre los 25 y 35 años, quedando excluidos los que no estén en este rango, en el caso colombiano estudios han evidenciado que en las personas mayores de 20 años y menores de 40 años son en los que se presenta menor posibilidad de informalidad laboral (Ochoa y Ordoñez, 2004).
26La mayor parte de la población se encuentra en unión libre o casados con un alto promedio de personas a cargo en este caso entre 3 y 4 personas, esto denota un gran compromiso familiar que junto a los bajos niveles de ingreso que se obtiene en la informalidad conlleva que la posibilidad de ahorro se minimice porque se debe destinar casi que la totalidad de lo que se recibe para solventar las necesidades básicas de vivienda, alimentación, educación, etc., esto trae como resultado que se torne más difícil comprar los activos que han de mejorar su nivel de vida, postergando propósitos y metas (Sánchez, 2015).
27Los entrevistados provienen en su mayoría de la misma región del departamento de Córdoba y del norte de Antioquia y sur de Bolívar. Esto es lógico, dado que las víctimas del conflicto armado buscan lugares cercanos para trasladarse, porque no cuentan con los recursos económicos para desplazarse de la forma tradicional en medios de transporte, sino que lo hacen a pie con su núcleo familiar, que tiende a ser numerosos y conformados por personas adultas y niños con capacidades físicas limitadas. Lo otro es que se buscan regiones con una economía en crecimiento para tener posibilidades de ocuparse y tener ingresos de sustento y Montería cuenta con esa característica. Es válido mencionar que todas estas regiones de donde son originarias los encuestados convergen toda una serie de actores irregulares del conflicto que mantienen confrontaciones entre sí y con las fuerzas armadas de Colombia por un tema de expansión de cultivos de uso ilícito que generan los procesos migratorios (Bonilla, 2023).
28Frente a este escenario, se busca dejar atrás escenas de pánico y dolor con la ilusión de mejorar la condición existente en otros espacios geográficos. Pero la realidad no es así de fácil, por lo que se enfrentan a la perdida de sus raíces, de sus costumbres, de su cultura, y se encuentran con otros estilos de vida y formas de comportamiento. Lo que genera choques en sus paradigmas y con esto modificaciones en la identidad del individuo, que repercuten en aspectos emocionales, físicos y de interacción en sociedad, esto genera cambios significativos en las estructuras sociales, de la región de donde se proviene, igual que en las de destino (Cuadro et al., 2019).
29En términos económicos los entrevistados en su totalidad desarrollan actividades ocupacionales de carácter informal con bastante tiempo en ellas, dedicándose principalmente a las ventas estacionarias y ambulantes. En este sentido, los ingresos promedios de estas actividades oscilan entre $650.000 y $700.000 mensuales, lo que relacionado con el número de integrantes de los hogares que se encuentra entre 4 y 5 personas nos arroja que estos se encuentran en la pobreza extrema. Estas ocupaciones que se desempeñan en la informalidad por darse en condiciones de baja calidad y mínimos ingresos, generan inestabilidad emocional y afectaciones físicas. Además, no permiten satisfacerse de forma plena las necesidades básicas, lo que lleva a un ciclo vicioso de pobreza y exclusión de los individuos en su interacción con los demás integrantes de la sociedad (Quejada et al., 2014).
30En cuanto al tema de la seguridad social, esta población, a pesar de encontrarse por fuera de la economía formal, se encuentran en su totalidad afiliados al sistema de salud, al régimen subsidiado y ninguno cotiza a pensión. Esto dimensiona una gran problemática, porque está el hecho de que su actividad laboral en términos productivos no aporta recursos vía impuestos que posteriormente se puedan invertir en obras públicas de beneficio económico y/o social, en cambio, le corresponde al Estado destinar grandes sumas de capital provenientes de la economía forma para financiar el gasto social (Núñez y Gómez, 2008). También, existe una situación latente a futuro y es que estas personas laboran en condiciones físicas que en el tiempo pueden generar secuelas negativas en la salud, frente a lo cual se incrementaran los recursos públicos que se deben destinar para atenderlas. Lo que unido a la falta de cotizar en pensión generará una vejez que el Estado deberá sostener por la falta de ingresos.
31En términos de escolaridad se tiene que muy pocos tienen formación de educación superior y la mayoría tienen estudios a nivel de formación básica, primaria y secundaria, tampoco asisten a alguna institución educativa. Esto va en contra vía del hecho de que la educación se convierte en un medio que va en pro del incremento en los niveles de productividad y mejoras en los niveles salariales, por esto se convierte en un mecanismo de acceso a mejores oportunidades en el mercado laboral (Riomaña, 2014).
32Se debe valorar que existe la intención de la población víctima del conflicto armado de capacitarse para adquirir competencias laborales, argumentando que esto podría hacerse preferiblemente los sábados o en la jornada de la noche para no afectar sus jornadas de trabajo. Es relevante dimensionar que la formación por competencias les permitirá a estas personas mejorar su perfil ocupacional y aumentar sus posibilidades de insertarse al mercado de trabajo formal. Esto en la medida que en términos laborales se desarrollan capacidades que se hacen tangibles al llevar a cabo una labor de forma eficiente, gracias a la aplicación de habilidades y destrezas adquiridas a través de procesos de formación y aprendizaje que incrementan los conocimientos en una tarea específica, lo que conduce al logro de los objetivos empresariales (Cardona, 2005). Lo anterior, resalta el valor de la validación de las competencias por una institución académica, porque les permite a los empleadores identificar a quien seleccionar para tener una planta de personal que afronte de forma adecuada su labor en la organización.
33Así mismo, existe el deseo de cambiar de actividad informal de un gran número de entrevistados, siendo indiferente conseguir un empleo formal o montar un negocio, pero a pesar de esto no se evidencia intentos porque esto sea una realidad. Igualmente, algunos manifestaron que no tenían intención de dejar la informalidad, siendo la principal razón la independencia económica y que se cuenta con la posibilidad de manejar el tiempo como gusten. En este orden de ideas, existe satisfacción con la actividad ocupacional que realizan, porque les sirve de sustento frente a las pocas opciones que tiene para generar ingresos, pero al mismo tiempo existe un alto interés en participar de programas de reubicación laboral que les posibiliten mejorar su nivel de vida. Esto destaca la necesidad de establecer acciones y estrategias que propendan por la inserción de estas personas a la vida productiva formal, puesto que la informalidad lo que hace es anclar la mano de obra a condiciones de precariedad, disminución de los ingresos, insatisfacción y perdida de bienestar, lo que finalmente reduce la capacidad adquisitiva y con esto la disminución de la demanda afectando en el corto plazo la productividad y limitando el crecimiento económico, lo que genera efectos colaterales negativos en la economía como un todo, que si no se soluciona se extiende en el tiempo y afecta la acumulación de capital necesaria para la reinversión (Aguilar y Mahecha, 2023).
34Estos últimos párrafos podrían estar enmarcando la naturaleza y el alcance de la informalidad dentro de una categoría de variable negativa en todas sus dimensiones, pero la realidad para estas personas víctimas del conflicto armado es que esta ha sido una válvula de escape para dar solución a sus necesidades más prioritarias en un momento crucial de sus vidas. En donde se han visto en una tierra que no conocen, sin familiares y amigos que les puedan dar una ayuda, sin oportunidades formales para ocuparse y ganar su sustento, entre otras. Es esta informalidad la que ha evitado que estas personas que decidieron abandonar sus tierras, sus bienes, sus raíces por causa del conflicto, ingresen a él como actores activos, es decir, como integrantes de los grupos irregulares, puesto que de forma continua estos se encuentran reclutando personal y de forma muy rápida se podría acceder a una ocupación que genera ingresos. Por lo planteado, es válido considerar la informalidad, en este caso como un mal necesario, puesto que en tiempos de crisis generalizada como la que enfrenta la región y el país ayuda a reducir el desempleo y se desarrollan una serie de habilidades y destrezas en el ámbito laboral que bien pueden utilizarse posteriormente en el mercado formal (Pardo, 2019).
35Analizando estas situaciones que enfrentan esta población se plantea a continuación elementos que pueden fortalecer el proceso de inclusión productiva, estas reflexiones son las siguientes:
36El desplazamiento forzado por todas las situaciones adversas mencionadas anteriormente, genera un gran efecto negativo en la salud mental de la población víctima del conflicto que afecta su potencial desempeño laboral, estas personas conviven con flagelos como ansiedad, depresión, estrés, mal genio, angustias, inseguridad, alcoholismo, drogadicción, etc., que afectan su integración social (Valencia et al., 2019). Frente a esto, es conveniente la intervención urgente de las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que tienen en su objeto social la mejora de la calidad de vida de las personas, para que diseñen y apliquen programas que apunten al fortalecimiento de las competencias blandas y que de forma efectiva fortalezcan el estado mental de esta población. El inconveniente radica en buscar estrategias para el acercamiento a estas personas, puesto que ellos no logran dimensionar que tienen un problema de salud mental por desconocimiento de este tipo de enfermedades y se encuentra que temen ser discriminados (Godoy et al., 2020).
37Las empresas del país y de la región no deben ser ajenas a las problemáticas que enfrenta la sociedad y no solamente a funcionar en pro de unos resultados económicos, su participación debe ir más allá, consecuente, con la responsabilidad social que le compete. Esto gana más relevancia, puesto que Colombia se encuentra inmerso en procesos de paz que generan unos escenarios de post conflicto y en los cuales se incrementa la mano de obra disponible y que espera ubicarse laboralmente para lograr una verdadera inserción a la vida social y económica (Sierra, 2020). Es por ello que las organizaciones o unidades de negocios deben comprometerse para generar espacios laborales que les permitan a todos estos individuos que la guerra arroja a que tengan la oportunidad de escribir una nueva página. Pero esta vez de forma propositiva y positiva para la sociedad, se espera que la población víctima del conflicto armado pueda acceder a empleos en condiciones de calidad para lograr la inserción e inclusión en términos productivos (García et al., 2018). En esto puede influir el Estado mediante estímulos tributarios que incentiven contratar mano de obra proveniente de este grupo de personas.
38En un proceso de inserción productiva de la población víctima del conflicto armado, el Estado tiene un rol protagónico, puesto que hace parte de su objeto social el mejorar la calidad de vida de estas personas. En este sentido, las autoridades en todos sus niveles deben brindarle protección especial y garantizar sus derechos mínimos, así está consagrado en la ley 1448 de 2011, donde el Estado se compromete a la atención, asistencia y reparación integral de esta población. Pero en la práctica no se evidencia efectividad en el control de las situaciones de violencia y desplazamiento y estos se siguen presentando en todo el país y a esto la región no se ha escapado (Ayos, 2021). Les compete a los encargados de diseñar, ejecutar y controlar las políticas públicas, redoblar esfuerzos en función a mejorar las condiciones de las víctimas del conflicto. Al respecto, Aguilar (2017) analiza el caso de la ciudad de Cartagena, estableciendo que existe preocupación en las autoridades locales por mejorar competitividad y que las inversiones se enfocan a lo económico, descuidando lo social, manifestándose poco interés institucional en mejorar las condiciones de vida de las personas que son consideradas víctimas y que viven condiciones de pobreza y vulnerabilidad, a esto las pocas políticas públicas aplicadas han demostrado ser ineficientes.
39Examinando lo expuesto en el presente artículo, se pueden concluir que las víctimas del conflicto armado requieren urgentemente procesos de reparación real. En este sentido, se debe cubrir la deuda histórica que tiene con ellos. El Estado debe generar condiciones para su inserción real a la sociedad civil, al aparato productivo, Los diversos miembros de la sociedad deben reflexionar hasta qué punto han contribuido con la revictimización de estas personas en la medida que los han estigmatizados, esto se ha dado muchas veces cuando los empresarios les niegan opciones de empleo a pesar de tener las condiciones para desempeñarse en ellos, la comunidad cuando no han querido darle la mano por ejemplo arrendando un espacio para habitar o cuando no les han ofrecido una ocupación temporal como pintar una casa o podar el jardín o cualquier otra.
40En este orden de ideas, se requieren de todos los actores de la sociedad que trabajen de manera articulada y desde una perspectiva multidimensional para definir acciones concretas que lleven a una verdadera inserción social y productiva a esta población y que apunte a mejorar su nivel de vida, el cual en estos momentos es muy deplorable. Para las autoridades gubernamentales a nivel nacional, regional y local, este trabajo puede servir de diagnóstico para identificar el estado actual de estas personas y con base a ello definir lo que debe hacerse desde lo institucional por medio del diseño e implementación de las políticas públicas, para establecer las acciones y estrategias que dinamizaran el proceso de inserción.
41En este contexto, la región se caracteriza por un alto nivel de confrontación entre grupos irregulares y de delincuencia organizada que continuamente están reclutando personal en los barrios subnormales. En donde existen muchas personas con un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, puesto que se percibe una alta oferta de potenciales combatientes e integrantes en la medida que las personas no encuentran opciones de empleo. Esto se convierte en “caldo de cultivo” para que se intensifique el conflicto, en este ambiente están las víctimas del conflicto armado que pueden ver en el tiempo que sus condiciones de vida no mejoran y pueden optar por la opción fácil de emplearse en estos grupos para generar ingresos de subsistencia de ellos y su núcleo familiar. De esta forma se transforman en la clase de individuos que un día los hizo salir de sus lugares de origen. He aquí una gran razón de peso para que urgentemente se apliquen medidas de choque para la inserción de esta población.
42Es válido considerar que detrás de estas víctimas del conflicto armado hay familias y entre ellos niños, adolescentes y jóvenes que son el futuro de la sociedad, que dadas las condiciones actuales no disfrutan de un proceso de desarrollo humano adecuado. Esto porque la situación económica tiene efectos colaterales en lo emocional, en la educación, en la salud física y mental, entre otros. Por ejemplo, muchas de estas personas que deberían estar estudiando por su edad no pueden hacerlo porque tienen que ayudar a sus padres en la generación de ingresos, lo que limita su aporte a futuro a la colectividad.
43Por otra parte, considerando que estas personas se encuentran en la informalidad, se pierde mucha potencial de producción y con esto un menor dinamismo comercial, en contra vía del incremento de fenómenos tales como desempleo, pobreza, inequitativa distribución de la renta y la riqueza. Esto obliga al Estado a la implementación de políticas asistencialistas que realmente no contribuyen a dar respuestas a las problemáticas, sino que conllevan dependencia de las ayudas sociales, a los subsidios, generándose una “cultura de la pobreza”.
44A manera de recomendación, teniendo en cuenta los resultados y su discusión posterior, se determinan las siguientes:
45Se debe realizar por parte de las autoridades gubernamentales y de las instituciones públicas y/o privadas que tengan como objeto social el apoyo al sector empresarial, un diagnóstico de las necesidades de mano de obra de las organizaciones de la región. Con base a esto, capacitar a la población víctima del conflicto armado para que estos puedan efectivamente acceder a estas opciones de empleo. Es decir, adecuar la oferta a la demanda de personal en el mercado laboral. Para esto se requiere el apoyo en los procesos de intermediación laboral.
46Así mismo, los actores sociales que corresponda deben desarrollar procesos de asesoría y acompañamiento a las víctimas que tengan ideas de negocio con alto potencial y que cuenten con un espíritu emprendedor, esto en la búsqueda de oportunidades de financiación y de búsqueda de mercados. También colaborar en términos de las posibilidades que tienen de asociarse para consolidar sus ideas de negocios y las posibilidades de formalización empresarial.
47Finalmente, los procesos anteriores deben complementarse con formación en competencias blandas, en valores humanos, en proyecto de vida, lo que debe estar unido a la puesta en marcha de programas diseñados por profesionales del área humanista para el desarrollo psicosocial de estas personas, considerando las duras situaciones que han pasado.