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Époques moderne et contemporaine

Los pleitos de incorporación a la corona durante el seiscientos valenciano

La visión de jurista Francisco Jerónimo de León1
Nuria Verdet Martínez
p. 209-229

Résumés

Le phénomène des procès d’incorporation à la couronne fut particulièrement important dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C’est pendant cette période et grâce à ces affaires judiciaires qu’ont été forgés les idées et les concepts qui déboucheront sur la suppression de la juridiction seigneuriale décrétée par les Cortès de Cadix. Cependant, ce processus plonge ses racines dans les siècles précédents, et de fait, tout au long des xvie et xviie siècles, un petit nombre de municipalités valenciennes engagèrent les premières actions en faveur d’une intégration à la couronne. Francisco Jerónimo de León, détenteur de la charge d’avocat fiscal et patrimonial du Conseil d’Aragon, participa à trois des plus anciens procès d’intégration à la couronne concernant le royaume de Valence : Segorbe, Elche et Castalla. Dans le cadre de cette dernière affaire, le juriste valencien rédigea des allegationes iuris (1625) où il développa un argumentaire en faveur de l’intégration de cette seigneurie au patrimoine royal. Son raisonnement, qui s’appuie en grande partie sur la notion de bien public, constitua un important apport juridique et doctrinaire au courant « incorporationniste » du xviiie siècle.

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Texte intégral

  • 1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto HAR2014-53298-C2-1 (« Nuevas perspectivas de (...)
  • 2 El trabajo de Salvador de Moxó sobre la incorporación de señoríos a la corona en la España del Anti (...)
  • 3 Aunque este tema ha sido abordado en diferentes obras sobre el régimen señorial valenciano, podemos (...)
  • 4 Ardit Lucas Manuel, « Señores y vasallos en el s. xviii valenciano », en Sarasa Sánchez Esteban, Se (...)
  • 5 Ardit Lucas Manuel, « El plet d’incorporació… », art. cit., p. 392.

1Los pleitos de incorporación a la corona son un fenómeno poco conocido de la historia de la monarquía hispánica2, en general, y del reino de Valencia, en particular3. Este alcanzó su máximo desarrollo durante el s. xviii ya que los Borbones, y especialmente Carlos III, impulsaron el proceso creando el marco legislativo adecuado y favoreciendo la participación de los fiscales del Consejo de Castilla y Hacienda en los litigios. El recurso de los pueblos a la vía judicial para poner fin a su sumisión al poder señorial no era sino una manifestación más de la conflictividad antiseñorial característica de la época. En la mayor parte de las ocasiones, las causas judiciales se dilataron en el tiempo y resultaron muy costosas económicamente para los municipios. De hecho, fueron precisamente los sectores más pudientes de las poblaciones – terratenientes, comerciantes o arrendadores de diezmos o derechos señoriales – quienes impulsaron y lideraron los largos años de lucha en sede judicial4. Los pleitos de reversión a la corona, que requirieron cierto grado de cohesión entre los demandantes y fueron sin duda un modo de reforzar su propia identidad colectiva, mantuvieron activa la resistencia de los vasallos contra sus señores hasta comienzos del s. xix. Al calor de los litigios se fueron difundiendo planteamientos que serían fundamentales en el proceso de abolición de los señoríos del s. xix y, de hecho, algunos de sus impulsores despuntarían posteriormente como diputados en las Cortes de 18125.

  • 6 Usunáriz Garayoa Jesús María, op. cit., p. 176.
  • 7 De Moxó Ortiz de Villajos Salvador, La incorporación de señoríos…, p. 20. Usunáriz Garayoa también (...)

2Ese proceso que culmina en Cádiz con la transformación de los vasallos en ciudadanos hunde sus raíces en fenómenos históricos más antiguos. De hecho, las primeras manifestaciones del movimiento incorporacionista en el reino de Valencia se produjeron ya en el s. xvi y xvii. En aquellas centurias se iniciaron los más tempranos pleitos de reversión a la corona, como el de Elche, Castalla, Segorbe o Benicalaf. Los Habsburgos, si bien no promovieron aquel fenómeno en el mismo grado que lo harían los Borbones, también entendieron tener intereses creados en esta particular concreción de la conflictividad antiseñorial que se dirimía en sede judicial. La monarquía encontró en estos litigios una vía adecuada para ampliar su propia jurisdicción en detrimento de la ejercida por los señores. La incorporación al patrimonio real de algunas de las villas en manos de señores o, al menos, la introducción de demandas que pusieran en duda la legitimidad de la posesión de un señorío suponía, además, un golpe al poder nobiliar que la corona podría rentabilizar en su favor6. El interés de la monarquía en aquellos procesos judiciales se plasmó mediante la intervención de los abogados fiscales y patrimoniales del Consejo Supremo de Aragón, quienes por propia iniciativa o cooperando a la acción iniciada por los pueblos interesados formularon las demandas de incorporación7. La corona se convertía, de eso modo, en juez y parte en un conflicto judicial entre señores y vasallos en el que la extensión de la jurisdicción real también estaba en juego.

  • 8 Sobre la trayectoria del jurista y su participación en los pleitos de reversión a la corona de Sego (...)
  • 9 Biblioteca Nacional de España, Porcones 742-32.

3El jurista Francisco Jerónimo de León, tras más de una década de ejercicio de la magistratura en la real Audiencia de Valencia, fue promocionado a la abogacía fiscal y patrimonial del Consejo Supremo de Aragón en 1617. El desempeño de sus nuevas responsabilidades supuso su implicación en tres de los más tempranos pleitos de reversión a la corona producidos en el reino de Valencia: Segorbe, Elche y Castalla8. Su participación en este último proceso fue recurrida por doña Ana de Mendoza, duquesa de Béjar y titular del señorío de Castalla. Aquella obtuvo, el 9 de julio de 1625, una provisión favorable del Consejo Supremo de Aragón y, por tanto, el abogado fiscal y patrimonial fue apartado de la causa. De León se resistió a aceptar aquella resolución y compuso unas allegationes iuris, tituladas Por el procurador Fiscal y Patrimonial de Su Majestad contra la duquesa de Béjar, D. Ana de Mendoça9, a fin de justificar su propia intervención en el litigio desde la abogacía fiscal y patrimonial. El escrito, sin embargo, no se ceñía únicamente a aquella cuestión e incluía planteamientos dirigidos a defender la incorporación de la villa de Castalla a la corona. La argumentación propuesta por de León, construida en gran parte en torno a las nociones de bien público y bien universal, resulta de gran interés por haber sido elaborada en fechas tan tempranas y para uno de los primeros pleitos de incorporación a la corona del reino de Valencia. Así pues, los abogados y fiscales que en el s. xviii impulsaron el movimiento incorporacionista pudieron encontrar en este texto un importante arsenal legal y doctrinal en el que sustentar sus ideas.

Los antecedentes

  • 10 De hispanorum primogeniorum origine ac natura, 1573.
  • 11 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal y Patrimonial de Su Majestad contra la Duquesa (...)

4El autor arrancaba su relato ofreciendo un recorrido por la historia de la titularidad del señorío de Castalla, un encuadre fundamental sobre el que más tarde apoyar su argumentación. La villa quedó unida al real patrimonio durante las Cortes celebradas por Pedro IV en el año 1336. En aquella legislatura el monarca sancionó el privilegio de incorporación a la corona de determinadas ciudades, villas, castillos y lugares que poseía en el reino de Valencia -entre los que se encontraba Castalla- y se comprometió a no desvincularlos del real patrimonio. La confirmación de aquel privilegio, acometida por el propio Pedro IV en el contexto de las Cortes de 1340, constituía el siguiente hito destacado por Francisco Jerónimo de León. En virtud de las dos incorporaciones realizadas en Cortes, los reyes de Valencia sucedían en aquellos bienes por mayorazgo legal. El autor empleaba la doctrina de Enrique de Susa (ca. 1200-1271), de Giovanni Andrea (1270/1271-1348), de Niccolò Tedeschi (1386-1445) y de Luis de Molina10 para explicar el funcionamiento del citado régimen sucesorio, según el cual el primogénito del último monarca sucedía en el reino y en todos los bienes unidos a la corona11.

  • 12 Ibid., no 81-86.

5El carácter fronterizo de la villa, situada en el territorio limítrofe entre la corona de Castilla y la de Aragón, marcó el destino de la misma en los años sucesivos. Las dificultades de Pedro IV de Aragón para defender los confines de su reino durante la guerra contra Pedro I de Castilla desembocaron en la donación de Castalla a favor de mosén Ramón Villanova. La enfeudación del municipio, que exigía al nuevo titular asumir la carga de fortificar su castillo, quedó registrada en el privilegio rubricado el 20 de septiembre de 1362 en el castillo de Perpiñán. La omisión de dichos sucesos en la relación cronológica sobre la evolución de la propiedad de Castalla ofrecida por nuestro autor evidencia la parcialidad de su relato y su interés por enfatizar aquellos momentos históricos en los que la villa formó parte del real patrimonio. El jurista solo mencionará estos acontecimientos más adelante, con motivos de las alusiones al mismo contenidas en el fuero 40 de las Cortes de 158512.

  • 13 Ibid., no 18-80.

6Tras las referencias a los privilegios de incorporación a la corona de 1336 y 1340, de León centraba su atención directamente en los desarrollos sobrevenidos durante el reinado de Felipe II. En 1579 el síndico de Castalla y el abogado fiscal y patrimonial del Consejo de Aragón aunaron sus esfuerzos para requerir ante la real Audiencia de Valencia la condena de don Pedro Maza, marqués de Terranova y duque de Mandas, a la restitución del castillo y villa de Castalla al patrimonio real. Los privilegios de incorporación de 1336 y 1340, así como la imposibilidad de enajenar la villa explicitada en aquellos documentos fundamentaban su solicitud. El día 27 de mayo de 1583 se publicaba la sentencia favorable a los actores y, por tanto, se ratificaba la anexión de Castalla a la corona13. La actitud vacilante de la monarquía respecto a aquel señorío, posiblemente derivada de su necesidad de evitar un choque frontal con la poderosa familia Maza, se puso de manifiesto poco tiempo después. Tan solo dos años más tarde, mediante el fuero 40 de las Cortes celebradas en Monzón en 1585, Felipe II confirmaba el privilegio de enfeudación concedido a mosén Ramón de Villanova en 1362.

  • 14 Ibid., no 112-114.
  • 15 Torró Corbí María Luisa, Crónica de Castalla, Alicante, 1982, p. 86-91.

7¿Cómo se resolvió en la práctica la contradicción creada tras la ratificación de una sentencia y de un fuero con disposiciones inconciliables? De León reconocía que el fallo pronunciado por la real Audiencia el 27 de mayo de 1583 jamás se puso en ejecución y don Pedro Maza poseyó el señorío durante toda su vida. Su primo hermano, don Juan Hurtado de Mendoza, duque del Infantado, fue favorecido en su testamento en primer término. Tras el fallecimiento del duque del Infantado, se preveía la sucesión de la hija del testador, doña Ana de Mendoza, duquesa de Béjar. Las directrices establecidas en las últimas voluntades de don Pedro Maza fueron ejecutadas con precisión, de manera que don Juan Hurtado de Mendoza tomó posesión de la villa tras el óbito de su primo. La oposición manifestada por los vasallos en aquel contexto era recalcada por Francisco Jerónimo de León14; sin embargo, la situación no era nueva. La enfeudación, de hecho, nunca había sido aceptada por la población, quien en el momento de la toma de posesión de cada nuevo señor siempre había presentado sus protestas y reservas15.

  • 16 De León Francisco Jerónimo, op. cit., no 115-118.

8En agosto de 1624, la muerte del duque del Infantado y el horizonte próximo de la toma de posesión del señorío por parte de doña Ana de Mendoza, duquesa de Béjar, volvió a avivar el malestar de los vasallos, que en esta ocasión acudieron a la real Audiencia de Valencia para defender sus intereses. El síndico de Castalla invocó la sentencia dada por aquel mismo tribunal el 27 de mayo de 1583, donde se revalidaba la incorporación de la villa a la corona, para solicitar que no se entregase a nadie la posesión de la misma. El procurador de la duquesa de Béjar, sin embargo, requirió ante la Audiencia valenciana autorización para que su representada tomase posesión del señorío en calidad de fideicomisaria y sucesora de don Pedro Maza Ladrón. El alto tribunal aceptó la súplica del procurador de doña Ana de Mendoza e, inmediatamente después, el síndico de Castalla denunció la nulidad de esa provisión por haberse realizado sin su citación, a pesar de estar pendiente la declaración de su instancia. Con todo, el 15 de octubre de aquel mismo año la real Audiencia de Valencia ordenó con una sentencia interlocutoria la ejecución de la provisión de toma de posesión16.

  • 17 Ibid., no 122-127.

9El fallo fue recurrido ante el Consejo Supremo de Aragón por el síndico de la villa, quien también solicitó la colaboración del abogado fiscal y patrimonial. La duquesa de Béjar no tardó en exigir la exclusión de Francisco Jerónimo de León del proceso y, el 9 de julio de 1625, obtuvo del Consejo de Aragón una sentencia interlocutoria que prohibía la participación del representante real en la causa. De León suplicó el dictamen en grado de revista17 y compuso entonces la alegación jurídica que analizamos para defender su propia intervención en el pleito. Sin embargo, el texto presenta, asimismo, argumentos y razones favorables a la reducción del señorío de Castalla a la corona.

Los argumentos a favor de la incorporación de la villa de Castalla a la corona

  • 18 Usunáriz Garayoa Jesús María, op. cit., p. 133 y 196.
  • 19 Ardit Lucas Manuel, « El plet d’incorporació… », art. cit., p. 395.
  • 20 Id., Revolución liberal y revuelta campesina, Barcelona, 1977, p. 50-51.
  • 21 Girona Albuixech Albert, op. cit., p. 114.

10El principal argumento esgrimido por Francisco Jerónimo de León para defender el regreso de la villa de Castalla al realengo eran los privilegios de 1336 y de 1340, donde Pedro IV se comprometía a no separar de la jurisdicción regia ciertos municipios del reino de Valencia. La sentencia pronunciada por la real Audiencia de Valencia en 1583, determinando la agregación de Castalla al patrimonio real, constituía otro de los planteamientos invocados con esta misma intención. Conviene señalar que las alusiones a las promesas de no enajenación del real patrimonio efectuadas por distintos reyes medievales a determinadas villas fueron de uso frecuente en las demandas de reversión a la corona producidas por aquellas mismas fechas en Navarra, uno de los pocos territorios de la monarquía hispánica donde este fenómeno ha sido estudiado en profundidad18. Con todo, resulta interesante subrayar que la referencia a los documentos mencionados por nuestro autor en uno de los pleitos de incorporación a la corona más tempranos del reino de Valencia pudo servir de modelo para los abogados de las villas y los fiscales regios que en el s. xviii emprendieron procesos similares. De hecho, la alegación de los citados privilegios de Pedro IV por parte de los pueblos contra sus señores se ha constatado, asimismo, en los litigios mantenidos por Catadau (1740-180619), Alberic (1764-183620) y Almussafes (1765-176621).

  • 22 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 115‑118.
  • 23 Usunáriz Garayoa Jesús María, op. cit., p. 183.

11El valor económico de la villa de Castalla, traído a colación por Francisco Jerónimo de León en diversos puntos del desarrollo de su texto, conformaba otra de las razones con las que el autor pretendía convencer de la utilidad de restituir aquel señorío al realengo. La valía de la villa ascendía, según los cálculos realizados por el abogado fiscal y patrimonial, a 4.000 ducados de renta en vasallos. La toma de posesión de la villa por parte del soberano en ejecución de la sentencia pronunciada por la real Audiencia de Valencia en 1583 produciría como resultado, por tanto, la percepción de más de 60.000 ducados adeudados por los años transcurridos desde aquel fallo judicial22. Tampoco esta era una idea original de nuestro autor y, de hecho, la motivación de los beneficios económicos también fue planteada con frecuencia en los pleitos de incorporación a la corona de distintas villas del territorio navarro23. El factor económico sería, asimismo, un motor fundamental del proceso incorporacionista en el s. xviii y, por tanto, cabría pensar que planteamientos similares a los propuestos por Francisco Jerónimo de León también debieron ser empleados por los fiscales dieciochescos.

  • 24 Ibid., p. 179.
  • 25 Girona Albuixech Albert, op. cit., p. 114.
  • 26 Ardit Lucas Manuel, « El plet d’incorporació… », art. cit., p. 394-395.

12Con todo, la mayor parte de las iuris allegationes de nuestro autor se centraban en rebatir los argumentos aportados por la duquesa de Béjar para justificar su posesión de la villa y castillo de Castalla. En concreto, de León volcaba sus esfuerzos en evidenciar la falta de legitimidad del privilegio de enfeudación concedido a Ramón de Villanova en el año 1362 y la del fuero 40 de las Cortes de 1585. El carácter contrario de ambos documentos al bien público o al bien universal conforma la clave sobre la que de León sustenta su discurso, el cual analizamos a lo largo de las páginas siguientes. Sin embargo, antes de abordar este asunto es importante destacar que la ilegitimidad de los títulos de posesión de señorío fue también rescatada en diversas causas de reversión a la corona acometidas a lo largo de los siglos modernos en los territorios navarros24. Del mismo modo, la mayor parte de los abogados de los municipios valencianos que durante el s. xviii iniciaron pleitos de incorporación a la corona focalizaron su atención en cuestionar la legitimidad – como Almussafes25 – o la interpretación – como Catadau26 – de los privilegios de enfeudación.

El privilegio de enfeudación de 1362 versus el bien público

  • 27 Canet Aparisi Teresa, Vivir y pensar la política en una monarquía plural. Tomás Cerdán de Tallada, (...)

13La consecución del bien público, en opinión de Francisco Jerónimo de León, no había motivado la aprobación del privilegio de enfeudación de la villa de Castalla, a pesar de lo afirmado al respecto en el propio documento. La información contenida en los privilegios no siempre era cierta, aclaraba el autor, pues los monarcas normalmente firmaban los manuscritos sin una lectura previa de los mismos. Nuestro jurista hacía recaer la responsabilidad del engaño sufrido por el soberano en el autor del instrumento, el propio Ramón de Villanova, camarero y privado del rey, quien había aconsejado a Pedro IV realizar ciertas donaciones de bienes de la corona. La inculpación de malos consejeros, a quienes se hacía responsables de las enajenaciones jurisdiccionales y patrimoniales, no resultaba un elemento del todo novedoso en la tratadística jurídica valenciana. Tomás Cerdán de Tallada a comienzos de siglo ya había subrayado este problema, no centrado en un caso particular como nuestro autor, sino refiriéndose a la totalidad de las cesiones perpetradas a lo largo de dos siglos. Invocaba el fuero 6 de la rúbrica De iurisdictione omnium iudicum para demostrar que Jaime I y todos sus descendientes, por legítimo derecho, habían adquirido el dominio directo de todos los bienes del reino. Cerdán consideraba que solo el soberano podía haber hecho concesión de los mismos y, en consecuencia, animaba a recuperar el patrimonio y las jurisdicciones regias dilapidadas por nefastos servidores reales. El escenario de su denuncia era la expulsión de los moriscos, ocasión que consideraba propicia para acometer esta tarea. Cabe tener en cuenta que Cerdán de Tallada sufría en aquellos momentos una jubilación forzosa de su oficio de oidor de la real Audiencia. Su situación fuera del sistema le permitía expresar tesis atrevidas, rupturistas y, quizá por ello mismo, imposibles27. Sin embargo, los argumentos puestos en circulación pudieron ser retomados años más tarde para comenzar el proceso incorporacionista que culminaría en el s. xviii y tratar, de manera más realista, de ir devolviendo a la corona pequeñas parcelas enajenadas.

  • 28 De iure quaestito de principe non tollendo. Tractatus in quo de potestate principis et inferiorum a (...)
  • 29 Consilia, Lyon, 1535.
  • 30 Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani, Venecia, 1547.
  • 31 Consilia, Lyon, 1540.
  • 32 Ibid., 1543.

14La falta de credibilidad del privilegio de enfeudación en lo referente a la consecución del bien público como objetivo fundamental del mismo era reforzada por de León mediante la presentación de otras evidencias. Pedro IV se había comprometido mediante los privilegios de 1336 y 1340 a no extraer del patrimonio regio la villa de Castalla y otros bienes apuntados en aquellos instrumentos. Nuestro autor consideraba que cuando un soberano tenía prohibida la enajenación de algún bien, las palabras del privilegio de cesión del mismo no probaban en perjuicio de tercero. Rescataba la autoridad del Digesto y de numerosos doctores para reforzar esta afirmación. En ese sentido, resultaban elocuentes las palabras de Pietro Antonio de Petra28 quien sostuvo « quod non creditur Principi super causa alienationis rei quam sine causa non potest alienare ». Andrea da Isernia (ca. 1250-1315/1316), Bartolo de Sassoferrato (1313-1357), Baldo degli Ubaldi (1327-1400), Alessandro Tartagni (1423/1424-147729), Tommaso Grammatico (ca. 1473-155630), Luis Gozadino (1479-153631), o Aimone Cravetta (1504-156932), entre otros, completaban la nómina de juristas referidos para sostener esta idea.

  • 33 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 181.

15El último argumento esgrimido por el magistrado hacía referencia al carácter temporal de la enfeudación realizada en 1362, circunstancia corroborada en la sentencia pronunciada el 27 de mayo de 1583 por la real Audiencia de Valencia acerca de la reducción de la villa de Castalla a la corona. De León calculaba que Ramón de Villanova debió invertir entre 10.000 y 15.000 reales en la fortificación del castillo de Castalla. Entre 100 y 200 años cifraba el tiempo necesario para recuperar la cantidad señalada, período ya transcurrido cuando en 1579 la real Audiencia aceptaba la demanda de incorporación de la villa de Castalla al patrimonio regio. Imprimía mayor fuerza a su planteamiento mediante la reproducción de un pasaje de las Partidas de Alfonso X el Sabio donde ordenaba que « las mercedes que se hizieren por servicios pequeños, mandamos se moderen de manera que respondan a ellos ». En consecuencia, la enfeudación de Castalla de ningún modo podría considerarse perpetua, ya que con tan solo uno o dos siglos de cesión el servicio prestado habría sido compensado33.

16En conclusión, Francisco Jerónimo de León fundamentaba la ilegitimidad del privilegio de enfeudación de 1362 en su carácter contrario al bien público. A pesar de lo sostenido en el propio documento, el beneficio particular de Ramón de Villanova, quien había engañado al soberano en grave detrimento de la monarquía, se encontraba en la base del mismo. En efecto, no siempre el contenido de los privilegios resultaba cierto, pues el rey no siempre leía los manuscritos antes de rubricarlos. En este caso se añadía, además, la prohibición de cesión de la villa de Castalla que se estableció en los privilegios de 1336 y 1340. En esas condiciones el instrumento de enajenación que actuaba en perjuicio de terceros carecía de credibilidad. De todos modos, la validez de la merced, si alguna vez la hubiese tenido, ya habría cesado como consecuencia al carácter temporal de la misma.

Sobre fuero 40 de las Cortes de 1585

El carácter subrepticio del fuero 40 de 1585

  • 34 Decisiones Sacri Palatii Apostolici recollectae in compendium e coadiuctorum originalibus, Venecia, (...)
  • 35 Consilia et allegationes, Roma, 1474.
  • 36 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 150-153.

17Una concesión o gracia regia, incluso la aprobada en Cortes, carecía de valor si se demostraba la presencia del vicio de la obrepción o de la subrepción durante su elaboración. De León se afanaba en justificar con tesón esta afirmación, pilar central sobre el que se cimentaba todo el edificio argumental expuesto a continuación. Sin olvidar algunas referencias al Digesto, el letrado centraba su atención en la jurisprudencia valenciana que tan bien conocía. No dudaba en aludir a sus propias Decisiones, en concreto, a la número 21 del primer volumen de su obra donde había abordado esta temática. Legislación tanto castellana como valenciana corroboraban el planteamiento expuesto por de León. « Que si carta fuere ganada, diciendo mentira, o callando verdad, que no debe valer », rezaba la ley 36 bajo el título 18 de la parte 3 de la Nueva Recopilación. En el mismo sentido era alegado el fuero 1 en la rúbrica Si contra ius aliquid fuerit impetratum. La doctrina de distintas autoridades apuntaba en la dirección referida por nuestro autor. Las Decisiones de Paolo Emilio Veralli († 157734) confirmaban la nulidad ipso iure del fuero que contuviese el vicio de la subrepción. Destacados juristas como Ludovico Romano o Pontano (ca. 1409-143935), Roberto Maranta († ca. 1530) y Charles de Grassaille (1495-1582) sostenían la imposibilidad de ejecutar un fuero nulo por su carácter subrepticio36.

  • 37 Consilia et tractatus, Venecia, 1562.
  • 38 Commentaria super tribus libris feudorum, Venecia, 1543.
  • 39 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 154-155.

18Una vez fundamentado este principio, de León exponía las razones que demostraban la presencia de subrepción en el fuero 40 de las Cortes del año 1585, produciendo como resultado su nulidad y limitando su ejecución. El magistrado recordaba que el soberano juró no enajenar la villa de Castalla en el privilegio de incorporación de la misma al patrimonio real datado en 1336. Todos los monarcas estaban, además, obligados a reiterar este compromiso en el momento de la sucesión al trono del reino de Valencia. Los tres estamentos del reino, sin embargo, no incluyeron mención alguna a este juramento durante las Cortes de 1585, cuando suplicaron la confirmación de la enfeudación de la villa de Castalla. Planteamientos rescatados de la obra de Felino Sandeò (ca. 1444-1503), de los Consilia de Ludovico Romano y de los de Giulio Ferretti (1488-154737), o de las Decisiones de la Rota Romana, demostraban que un estatuto jurado no quedaba derogado sin mención expresa al juramento. Las Decisiones de Matteo d’Afflitto (1448-ca. 152838), donde se afirmaba que la absolución obtenida ad effectum agendi, sin haber hecho mención a la existencia de un juramento de no solicitarla, la convertía en subrepticia y, por tanto, en nula, también eran alegadas39.

  • 40 Ibid., no 158-159.

19De León advertía que la alusión realizada por los estamentos valencianos durante las Cortes de 1585 al privilegio de incorporación de la villa de Castalla a la corona de 1336, donde se encontraba inserto aquel juramento, no era suficiente para evitar el carácter subrepticio del referido fuero 40. Se requería, por el contrario, informar al rey específicamente sobre su juramento de no enajenar la mencionada villa. El autor establecía una analogía con los pleitos donde se abordaban conflictos surgidos por un testamento. En ese caso, no bastaba una alusión al testamento; por el contrario, era necesario leer y desarrollar el contenido del mismo. El plazo establecido de diez días para apelar una sentencia le permitía introducir otro elemento de comparación. La noticia del fallo no inauguraba el término señalado, en cambio, se precisaba el conocimiento explícito del tenor del dictamen40.

  • 41 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 160-163.

20La situación in corpore iuris del privilegio de 1336 -donde se hallaba el juramento- también era destacada por de León. En su opinión, esta circunstancia en ningún caso podía utilizarse como pretexto para presumir que el soberano durante las Cortes de 1585 tuvo conocimiento de la existencia de aquel juramento. Nuestro autor rescataba la doctrina de Giovanni Francesco Sannazari dalla Ripa (ca. 1480-1535) y Guido da Baisio (ca. 1250-1313) para fundamentar aquellos planteamientos. La presencia de una cláusula derogatoria en una ley general situada in corpore iuris obligaba a incluir una referencia explícita a la misma en el privilegio concedido en contra de ella. El privilegio de 1336 cumplía aquella condición, pues se trataba de una ley general con cláusulas derogatorias y con un juramento. En consecuencia, en el capítulo 40 de las Cortes de 1585, aprobado en contra de la ley general de incorporación, se debía mencionar específicamente el juramento y las cláusulas derogatorias de la norma por mucho que esta estuviera situada in corpore iuris41.

  • 42 Ibid., no 166-167.

21El carácter subrepticio de aquel fuero quedaba demostrado por la presencia de otra destacada omisión. El privilegio de incorporación de la villa de Castalla al patrimonio real de 1336 regulaba el modo en el cual se debería acometer su enajenación si, por causa de necesidad o utilidad pública, se tuviera que proceder a la misma de manera temporal. Se estipulaba la obligación de efectuar la petición de enajenación durante las Cortes generales reunidas en la ciudad de Valencia, donde debía concurrir el consentimiento de los tres estamentos y del soberano. De León recordaba que, sin embargo, las Cortes de 1585, celebradas no solo para el reino de Valencia, sino también para Aragón y Cataluña, tuvieron su sede en Monzón. Añadía que Felipe II jamás habría abordado la confirmación de la enfeudación de Castalla en la villa aragonesa, si hubiera conocido la obligación de tratar ese asunto en Cortes celebradas en la capital valenciana42.

  • 43 Consilia singularia, Lyon, 1519.
  • 44 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 169.

22La ocultación, durante aquella reunión parlamentaria, de la sentencia emitida en mayo de 1583 por la real Audiencia a favor del abogado fiscal y patrimonial y del síndico de Castalla, y contra don Pedro Maza Ladrón conformaba otro de los elementos causantes del vicio de la subrepción. El dictamen contenía numerosos argumentos jurídicos para demostrar la conveniencia de reducir el castillo y villa de Castalla a la corona, los cuales, además, respondían y dejaban sin valor los alegados en el capítulo 40 de las Cortes de 1585. La doctrina de distintos juristas como Pietro Ancarani (ca. 1330-1416), Niccolò Tedeschi y Guy Pape43 reafirmaba la idea de que la ocultación de una sentencia inducía subrepción. El mismo criterio había sido empleado en la Rota Romana según sostenía Paolo Emilio Veralli. El soberano, por tanto, no habría ratificado el fuero 40 de las Cortes de 1585 si hubiera tenido noticia del fallo publicado por la real Audiencia de Valencia44.

  • 45 Consilia, Perugia, 1501?
  • 46 Tractatus de clausulis de quibus in omnibus tribunalibus hucusque disputatum est, Venecia, 1612. De (...)

23La mención a la referida sentencia contenida en la segunda decretación del fuero, advertía de León, no subsanaba la subrepción, porque aquella se redactó mucho tiempo después de que el soberano hubiera abandonado la villa de Monzón. El jurista recordaba el funcionamiento de la maquinaria parlamentaria y, de ese modo, evidenciaba que el monarca ignoró la existencia de la citada sentencia. En efecto, el rey se encargaba de responder a las consultas donde tan solo se refería la súplica de los estamentos. La tarea de despachar el privilegio en virtud del decreto regio recaía en el secretario. Las cláusulas inscritas en el privilegio podían dar a entender, por tanto, que el soberano tuvo noticia de alguna información que en realidad fue completamente desconocida para él. En esas circunstancias la merced se consideraba subrepticia, según señalaban Felino Sandeò, Pier Filippo della Cornia (1419/1420-149245) o Giacomo Antonio Marta (1559-162946).

  • 47 Decisiones Rotae Romanae, Lyon, 1608.
  • 48 Tractatus maioratuum et meliorationum Hispaniae, Granada, 1557.
  • 49 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 143-144.
  • 50 Decisiones Aureae […] ex originalibus authoris summo studio depromptae, Venecia, 1624.
  • 51 Variarum resolutionum iuris caesaris pontificii et municipalis Principatus Cathaloniae, Barcelona, (...)
  • 52 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 145-147.

24Al silenciar la sentencia, los estamentos estaban escondiendo la declaración de nulidad de la enfeudación realizada en 1336. Sin embargo, señalaba de León, el monarca durante las Cortes de 1585 tan solo confirmó la enfeudación, pero no concedió de nuevo Castalla. Rescatando los planteamientos expuestos por Farinacci († 1618) en sus Decisiones de la Rota Romana47 o por Melchor Peláez de Mieres en su Tractatus maioratuum48, nuestro autor concluía que de ese modo no se adquirió más derecho del ya poseído49. Ahondaba en este argumento exponiendo las ideas desarrolladas por distintos juristas en referencia a confirmaciones realizadas por autoridades eclesiásticas o feudales. Serafino Olivario (1538-160950) no consideraba válida la ratificación de una cesión de bienes realizada a favor de un monasterio cuando la enajenación original fue nula. El desconocimiento papal sobre la nulidad de la primera concesión ofrecía mayores motivos a Serafino Olivario para sostener la falta de vigencia de la revalidación, pues concurría en la misma el defecto de intención. Farinacci llevaba más lejos el razonamiento al valorar la presencia del defecto de intención incluso cuando la cláusula ex certa scientia había sido introducida en el privilegio. La confirmación feudal, según el parecer de Baldo degli Ubaldi, no atribuía ningún nuevo derecho, postura aceptada por otros autores destacados como Niccolò Tedeschi, Jaume Cáncer (1559-163151) y Matteo d’Afflitto en sus comentarios al derecho feudal52.

25El perfil subrepticio del fuero 40 de las Cortes de 1585 había quedado plenamente evidenciado por Francisco Jerónimo de León. No poca información había sido acallada por los estamentos para lograr el beneplácito regio. En ese sentido, se mantuvo al soberano desinformado del juramento prestado de no enajenar las ciudades y villas agregadas al real patrimonio en 1336. El mecanismo regulado en ese mismo privilegio para ceder los citados bienes en caso de necesidad pública, fundado en la celebración de Cortes generales en la ciudad de Valencia, conformaba otro de los datos silenciados por los brazos del reino. No menos importancia revestía la omisión de la sentencia pronunciada en 1583 por la real Audiencia de Valencia, declarando la nulidad de la enfeudación realizada en 1362. En cualquier caso, como advertía de León, el fuero que ahora analizamos no concedía derecho alguno, tan solo revalidaba el ya existente. La confirmación de un privilegio nulo carecía, por tanto, de validez.

El fuero 40 de 1585 no es ley general sino privilegio particular

  • 53 Tractatus de legibus ac Deo legislatore, 1612.
  • 54 Responsa sive consilia, Lyon, 1546.
  • 55 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 177-181.

26El otro eje de la argumentación desarrollada por de León para justificar la nulidad del fuero 40 de las Cortes de 1585 radicaba en su valoración como privilegio particular y no como ley general. Inauguraba su análisis ofreciendo una reflexión en torno a la naturaleza de ambas categorías legislativas. Su comentario sobre los privilegios se apoyaba en la cita de algunos cánones, como el canon privilegia donde se leía « Privilegia sunt leges privatorum quasi privatae leges », o el canon Et it autem lex que señalaba « Nullo privato commodo sed pro communi civium utilitate conscripta ». Sus notas sobre las leyes se fundamentaban en las Partidas de Alfonso X el Sabio. « Fechas deven ser las leyes con la razón a bien de los que por ellos se ovieren de juzgar » señalaba la ley I del título I de la primera Partida. El jesuita Francisco Suárez (1548-161753), cuya obra también era mencionada por nuestro autor, consideraba la razón y la sustancia de las leyes el servicio al bien común. De León insistía en la misma idea rescatando la doctrina de destacados juristas prácticos como Carlo Ruini (ca. 1456-153054) o Giacomo Menochio (1532-1697) en su De praesumptionibus. Cerraba este planteamiento recordando que el privilegio de enfeudación de 1362 no había sido expedido en beneficio del bien público y, por tanto, no podía calificarse como ley. El fuero 40 de las Cortes de 1585, que ratificaba el contenido de aquel documento, compartía, pues, esta misma caracterización55.

  • 56 De iure universitatum tractatus, Venecia, 1601.
  • 57 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 182-186.

27Continuaba su discurso con otro razonamiento tendente a demostrar la imposibilidad de valorar la referida disposición como ley. En su opinión, los síndicos de las ciudades y villas reales presentes en Monzón en representación del brazo real no gozaron de poder para solicitar la confirmación de la cesión de Castalla. Testimonios extraídos del Digesto y del Speculum de Belluga conducían a de León a sostener la ineficacia de un poder general para aquellos fines. La importancia que la conservación de los bienes de la corona tenía para las ciudades y villas del reino habría frenado a las autoridades municipales a la hora de conceder un poder especial para realizar aquella petición durante las Cortes de 1585. El magistrado exponía, por otro lado, la comparación establecida por Niccolò Loseo56 entre los síndicos y los tutores, insistiendo en la obligación compartida por ambos de no actuar con ambición sino de buena fe. En efecto, la obra efectuada por un delegado municipal de modo dañoso para su ciudad carecía de valor. Como resultado de todo ello, no podía considerarse que en aquella súplica hubiera participado el brazo real ya que sus síndicos carecieron de autoridad para solicitar una resolución tan perjudicial para las villas reales. Aquella disposición no contaba, por tanto, con el apoyo de los tres estamentos y, en consecuencia, no debía ser conceptuada como ley general57.

28De León llamaba la atención sobre el contenido de la segunda decretación del fuero, con el objetivo de avanzar en la exposición de motivos dirigidos a evidenciar que aquel no era una ley general. Allí se anunciaba que el soberano « Provee lo suplicado por los dichos tres estamentos, de los quales es interés este negocio ». Esta expresión daba por sentado que la enajenación de la villa de Castalla del real patrimonio resultaba provechosa para los brazos del reino. Sin embargo, el autor estimaba que no se debía atender en primer lugar al beneficio de los estamentos, sino al de los reyes sucesores en el reino, quienes lo eran en virtud del título de mayorazgo. En su opinión, no se podía proceder a la enajenación de la villa de Castalla en perjuicio de los monarcas por mucho que lo suplicasen los brazos del reino. Sustentaba esta afirmación en la regla vulgar: « Ius nostrum sine facto nostro in alium transferri non potest ».

  • 58 Ibid., no 187-190.

29En cualquier caso, el interés de los vasallos de la villa de Castalla sí debía ser contemplado, si bien en segundo lugar. La autoridad de Guy Pape y Gregorio López refrendaba la imposibilidad de ceder un lugar contra la voluntad de sus residentes. La instancia presentada por el síndico de Castalla ante el Consejo de Aragón en defensa de la reducción del señorío a la corona demostraba que se habían ignorado los deseos de los lugareños. Pero no solo se había silenciado la voluntad de Castalla, sino también de numerosas villas del reino, como Castellón de la Plana, Biar, Bocairent, Liria, Burriana, Caudete, Xèrica, Villajoyosa, Cullera, Alcoy, Alzira, Peñíscola, Villareal, Penàguila, Ontinyent. Los representantes de las citadas entidades municipales, de hecho, acudieron, tras la clausura de las Cortes de 1585, ante el Consejo de Aragón para emitir una queja por la confirmación de la enfeudación de Castalla. Por tanto, a pesar de la solicitud del citado fuero por parte de los síndicos del brazo real asistentes a las Cortes de 1585, no se podía suponer presente el consentimiento, sino la contradicción expresa de las villas reales58.

  • 59 Girona Albuixech Albert, « Proceso de una resistencia… », art. cit., p. 114; Ardit Lucas Manuel, «  (...)
  • 60 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 190-192.

30La oposición a las enajenaciones del patrimonio regio por parte de los municipios de realengo ya contaba con un largo recorrido. En las Cortes celebradas por Pedro IV en Valencia en 1371 – fuero 32 de la rúbrica De rebus non alienandis –, el brazo real suplicó la revocación de todas las cesiones. Alegando la contravención del privilegio de incorporación de 1336, el estamento real solicitó de nuevo la anulación de las enajenaciones durante las Cortes celebradas en Valencia por Alfonso III en 1418 – fuero 37 de la misma rúbrica De rebus non alienandis. Las respuestas dilatorias del soberano no ofrecieron en ningún caso una solución inmediata. No obstante, conviene señalar que estos y otros fueros con contenidos similares también fueron invocados en distintos pleitos de reversión a la corona en el reino de Valencia durante la época borbónica59. De León, por su parte, solo hacía referencia concreta a estas normas, pero aseguraba que el brazo real había presentado muchos otros disentimientos a las cesiones de bienes agregados a la corona. Concluía, en consecuencia, que en la aprobación de la disposición 40 de las Cortes de 1585 no había actuado el interés de los afectados por la misma y, por tanto, no podía ser considerada como una ley general60.

  • 61 Singularium observationum iudicii Imperialis Camerae centurias quator, 1563.
  • 62 Decisiones Aureae in Sacro Delphinatus Senatu discussae, 1561.
  • 63 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 173-174.

31De León había sustentado en numerosos argumentos la imposibilidad de calificar aquel fuero como ley general. En contraposición, el jurista insistía en otorgar aquella valoración al privilegio de incorporación de la villa de Castalla a la corona sancionado en la reunión parlamentaria de 1336. El objetivo de aquella norma, la conservación del estado real y el bien universal de todo el reino, justificaba esta caracterización. Las consecuencias derivadas de estas apreciaciones no eran baladíes. Referencias extraídas del Código y de la obra de destacados juristas como Joachim Mynsinger (1514-158861) o François Marc62 coincidían al sostener la incapacidad de un privilegio particular para anular una ley general. La jurisprudencia valenciana era invocada para reforzar aquella idea. La sentencia publicada el 28 de marzo de 1612 por la real Audiencia de Valencia, con los votos del Consejo de Aragón, a favor de los arrendadores del impuesto de la nieve introducida en Valencia, era traída a colación en ese sentido. Los inculpados eran un matrimonio que reclamaba para sí la aplicación de un privilegio aprobado en las Cortes de 1604 en beneficio de los padres de 12 hijos. Esta dispensa les permitía entrar nieve en la capital sin pagar el gravamen establecido en esa misma sesión parlamentaria para el sustento de las cuatro galeras y la guarda de la costa marítima del reino. El alto tribunal del reino determinó la prioridad del fuero que imponía la tasa sobre la nieve, al considerarlo ley universal sancionada por el bien público. En consecuencia, el privilegio particular de los padres de doce hijos no revocaba la ordenación general63.

  • 64 Ibid., no 175.

32Los comentarios de Bartolo al Digesto eran rescatados por Francisco Jerónimo de León para ampliar esta idea. Según el parecer del célebre comentarista, el rey tenía capacidad para suprimir el derecho con el fin de elaborar una ley general favorable al bien público, sin embargo, no podía proceder del modo indicado por vía de privilegio concedido a una persona particular. El motivo se encontraba en la ausencia, en este último caso, de la razón del bien público, origen de la potestad para quitar el derecho a la persona que lo tiene. Por tanto, concretaba de León, el derecho adquirido por los reyes y por el reino de Valencia mediante la ley de incorporación al patrimonio real de determinados bienes de 1336, no podía ser derogado ni con el privilegio de enfeudación de 1362, ni con el privilegio entregado en 1585 al marqués de Terranova. Este tenía naturaleza de gracia y se equiparaba al rescripto gracioso, anulado por obrepción o subrepción64.

33En conclusión, los argumentos propuestos por Francisco Jerónimo de León a fin de evidenciar la ilegitimidad del fuero 40 de las Cortes de 1585 eran variados. Justificaba su valoración como privilegio particular aludiendo a cuestiones técnicas relacionadas con el procedimiento de sanción; en concreto, ponía de relieve el defecto de potestad de los solicitantes del mismo, es decir, de los síndicos de las villas reales. Sus actuaciones perdieron validez al intervenir sin un poder especial para tal efecto y al actuar en perjuicio de las instituciones delegantes. El autor señalaba, además, la falta de voluntad de los interesados – el soberano y los vasallos de las villas reales- en la aprobación de la disposición. El estamento real, de hecho, había suplicado en numerosas ocasiones – entre las que de León destacaba las Cortes de 1371 y las de 1418 – la supresión de todas las enajenaciones realizadas hasta aquellos momentos. Pero quizás la idea más destacada de su discurso era el carácter contrario al bien público del fuero. De hecho, era precisamente este perfil de la norma el que marcaba el contrapunto con el privilegio de incorporación de la villa de Castalla a la corona de 1336. Aunque formalmente este último había sido expedido como privilegio, su intención de lograr la conservación del estado real y el bien universal de todo el reino permitía al jurista definirlo como ley general. En consecuencia, el fuero 40 de las Cortes de 1585, conceptuado como privilegio particular, jamás habría podido anular una ley general como era el privilegio de 1336.

  • 65 Torró Corbí María Luisa, op. cit., p. 101.

34Francisco Jerónimo de León debió obtener una sentencia favorable del Consejo Supremo de Aragón, pues continuó colaborando en el pleito de reversión a la corona de la villa de Castalla hasta su cese de la abogacía fiscal y patrimonial en 1627. La causa de incorporación quedó conclusa para sentencia el 16 de julio de 1628; sin embargo, tendrían que pasar más de cien años hasta que el Consejo de Aragón determinó la extinción del feudo en el año 172965. Los otros litigios en los que el jurista intervino – Elche y Segorbe – finalizaron con dictámenes favorables a los señores. Durante los siglos xvi y xvii, de hecho, no existía un proyecto político regio de alcance y, por tanto, los resultados de estos primeros procesos serían modestos si se comparan con los del movimiento incorporacionista del s. xviii. No obstante, independientemente de la resolución final de las demandas, el cuestionamiento de la legitimidad de los títulos de señorío ya suponía un importante desafío al poder nobiliar que la monarquía pudo rentabilizar en su favor. El riesgo de obtener de los tribunales regios un fallo lesivo a sus intereses favorecería la adopción de una actitud más dócil por parte de la nobleza señorial ante una eventual negociación con la corona.

35Más allá de los resultados inmediatos, los primeros pleitos de incorporación a la corona conformaron un privilegiado laboratorio en el que los distintos agentes involucrados fueron elaborando y perfeccionando los argumentos adecuados para la defensa de sus respectivos intereses. La participación de Francisco Jerónimo de León en tres de aquellos litigios le procuró una amplia experiencia que quedó plasmada en el texto analizado. Las tesis enunciadas por el letrado pudieron ser útiles para los abogados de los municipios y para los fiscales de la monarquía que promovieron las demandas de reversión a la corona en el s. xviii. De hecho, la alusión a los privilegios de incorporación a la corona expedidos por Pedro IV en los años 1336 y 1340, así como a los fueros de 1371 y 1418 donde el estamento real suplicó la revocación de todas las enajenaciones de villas del patrimonio real, ha sido constatada en los procesos incoados por distintos pueblos valencianos en la época borbónica. Por otra parte, el valor económico de las villas cedidas a la jurisdicción señorial fue una motivación fundamental para impulsar el fenómeno incorporacionista del setecientos y no habría sido extraño apelar durante los procesos judiciales a los beneficios que para la corona implicaba la anexión de los señoríos. El cuestionamiento de la legitimidad de los privilegios de enfeudación constituye la última y más compleja estrategia argumental desarrollada por de León que fue, así mismo, rescatada en los pleitos de reversión a la corona introducidos por distintas localidades valencianas en el s. xviii.

  • 66 Verdet Martínez Nuria, Cultura política y práctica administrativa en la Valencia de los Austrias me (...)

36La demostración de la ilegitimidad de los privilegios de enfeudación condujo a Francisco Jerónimo de León a apelar a ciertos conceptos con un contenido político más marcado. A lo largo del texto no encontramos referencia alguna al término « pueblo », una locución completamente ajena al vocabulario del jurista – no solo en estas allegationes iuris, sino en el conjunto de su producción escrita que hemos podido estudiar66. Sin embargo, nociones como « bien público », « bien universal » o « bien común » constituyen un pilar fundamental de su análisis. En efecto, la falta de legitimidad del privilegio de enfeudación de la villa de Castalla de 1362 se apoya en su carácter contrario al bien público. Del mismo modo, el fuero 40 de las Cortes de 1585 no solo carecía de legitimidad por haber sido aprobado con el vicio de la subrepción, sino también por ser considerado un privilegio particular y no una ley general, precisamente, por no concernir al bien universal. Estas expresiones no son definidas o concretadas por el autor; en cualquier caso, aluden o evocan la existencia de una colectividad con intereses compartidos. Estos intereses se contraponen al egoísmo particular de ciertos señores que habían promovido la enfeudación de villas y vasallos y, por el contrario, se identifican con la sumisión de estos últimos a la jurisdicción regia.

37Así pues, el texto analizado propone y difunde no solo argumentos jurídicos concretos para justificar la incorporación de señoríos a la corona, sino también un discurso que antepone el bien común – concretado en la reversión de vasallos y jurisdicciones a la corona – al interés particular de los señores feudales. La reformulación de estas ideas sería fundamental para impulsar la política incorporacionista del siglo xviii, incluso, más tarde la abolición de los señoríos durante las Cortes de Cádiz de 1812.

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Notes

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto HAR2014-53298-C2-1 (« Nuevas perspectivas de historia social en los territorios hispánicos del Mediterráneo Occidental en la Edad Moderna »), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

2 El trabajo de Salvador de Moxó sobre la incorporación de señoríos a la corona en la España del Antiguo Régimen continúa siendo hoy día una obra de referencia. De Moxó Ortiz de Villajos Salvador, La incorporación de señoríos en la España de Antiguo Régimen, Valladolid, 1959. El mismo autor aborda esta problemática con una cronología posterior en De Moxó Ortiz de Villajos Salvador, La disolución del régimen señorial en España, Madrid, 1965. Aunque centrado en el caso del territorio navarro, también resulta fundamental el siguiente trabajo: Usunáriz Garayoa Jesús María, « La política de incorporación de señoríos a la corona en la Navarra de la Edad Moderna », Studia Historica. Historia Moderna, no 17, 1997, p. 156-192.

3 Aunque este tema ha sido abordado en diferentes obras sobre el régimen señorial valenciano, podemos destacar algunos trabajos centrados específicamente en esta materia. Ardit Lucas Manuel, « El plet d’incorporació a la corona de Catadau (1740-1806) », Estudis. Revista de historia moderna, no 24, 1998, p. 391-414 ; Girona Albuixech Albert, « Proceso de una resistencia contra el dominio señorial. Estudio de un pleito de incorporación a la corona: la villa de Almussafes contra el Monasterio de Nuestra Señora de Valldigna (siglo xviii) », Saitabi. Revista de la Facultat de Geografía e Història, no 30, 1980, p. 105-119.

4 Ardit Lucas Manuel, « Señores y vasallos en el s. xviii valenciano », en Sarasa Sánchez Esteban, Serrano Martín Eliseo (eds.), Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX), vol.II, Zaragoza, 1993, p. 257-259.

5 Ardit Lucas Manuel, « El plet d’incorporació… », art. cit., p. 392.

6 Usunáriz Garayoa Jesús María, op. cit., p. 176.

7 De Moxó Ortiz de Villajos Salvador, La incorporación de señoríos…, p. 20. Usunáriz Garayoa también destaca la labor de los abogados fiscales y patrimoniales.

8 Sobre la trayectoria del jurista y su participación en los pleitos de reversión a la corona de Segorbe, Elche y Castalla véase Verdet Martínez Nuria, Francisco Jerónimo de León. Un letrado al servicio de la corona, Valencia, 2014.

9 Biblioteca Nacional de España, Porcones 742-32.

10 De hispanorum primogeniorum origine ac natura, 1573.

11 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal y Patrimonial de Su Majestad contra la Duquesa de Béjar, d. Ana de Mendoça, Madrid, 1625, no 1-17.

12 Ibid., no 81-86.

13 Ibid., no 18-80.

14 Ibid., no 112-114.

15 Torró Corbí María Luisa, Crónica de Castalla, Alicante, 1982, p. 86-91.

16 De León Francisco Jerónimo, op. cit., no 115-118.

17 Ibid., no 122-127.

18 Usunáriz Garayoa Jesús María, op. cit., p. 133 y 196.

19 Ardit Lucas Manuel, « El plet d’incorporació… », art. cit., p. 395.

20 Id., Revolución liberal y revuelta campesina, Barcelona, 1977, p. 50-51.

21 Girona Albuixech Albert, op. cit., p. 114.

22 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 115‑118.

23 Usunáriz Garayoa Jesús María, op. cit., p. 183.

24 Ibid., p. 179.

25 Girona Albuixech Albert, op. cit., p. 114.

26 Ardit Lucas Manuel, « El plet d’incorporació… », art. cit., p. 394-395.

27 Canet Aparisi Teresa, Vivir y pensar la política en una monarquía plural. Tomás Cerdán de Tallada, Valencia, 2009, p. 245-250.

28 De iure quaestito de principe non tollendo. Tractatus in quo de potestate principis et inferiorum ab eo de excessibus etiam eorum circa praeiudicium alienum materia perquam copiose discutitur, Venecia, 1599?

29 Consilia, Lyon, 1535.

30 Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani, Venecia, 1547.

31 Consilia, Lyon, 1540.

32 Ibid., 1543.

33 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 181.

34 Decisiones Sacri Palatii Apostolici recollectae in compendium e coadiuctorum originalibus, Venecia, 1585.

35 Consilia et allegationes, Roma, 1474.

36 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 150-153.

37 Consilia et tractatus, Venecia, 1562.

38 Commentaria super tribus libris feudorum, Venecia, 1543.

39 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 154-155.

40 Ibid., no 158-159.

41 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 160-163.

42 Ibid., no 166-167.

43 Consilia singularia, Lyon, 1519.

44 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 169.

45 Consilia, Perugia, 1501?

46 Tractatus de clausulis de quibus in omnibus tribunalibus hucusque disputatum est, Venecia, 1612. De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, no 170-172.

47 Decisiones Rotae Romanae, Lyon, 1608.

48 Tractatus maioratuum et meliorationum Hispaniae, Granada, 1557.

49 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 143-144.

50 Decisiones Aureae […] ex originalibus authoris summo studio depromptae, Venecia, 1624.

51 Variarum resolutionum iuris caesaris pontificii et municipalis Principatus Cathaloniae, Barcelona, 1594.

52 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 145-147.

53 Tractatus de legibus ac Deo legislatore, 1612.

54 Responsa sive consilia, Lyon, 1546.

55 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 177-181.

56 De iure universitatum tractatus, Venecia, 1601.

57 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 182-186.

58 Ibid., no 187-190.

59 Girona Albuixech Albert, « Proceso de una resistencia… », art. cit., p. 114; Ardit Lucas Manuel, « Confiscación, repoblación y conflictos sociales en el campo valenciano después de la expulsión de los moriscos », en De Dios Salustiano, Infante Javier, Robledo Ricardo et al. (coords.), Historia de la propiedad : la expropiación, Salamanca, 2012, p. 89-90.

60 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 190-192.

61 Singularium observationum iudicii Imperialis Camerae centurias quator, 1563.

62 Decisiones Aureae in Sacro Delphinatus Senatu discussae, 1561.

63 De León Francisco Jerónimo, Por el procurador Fiscal…, op. cit., no 173-174.

64 Ibid., no 175.

65 Torró Corbí María Luisa, op. cit., p. 101.

66 Verdet Martínez Nuria, Cultura política y práctica administrativa en la Valencia de los Austrias menores, Tesis Doctoral inédita, Universitat de València, 2014.

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Pour citer cet article

Référence papier

Nuria Verdet Martínez, « Los pleitos de incorporación a la corona durante el seiscientos valenciano », Cahiers d’études romanes, 35 | 2017, 209-229.

Référence électronique

Nuria Verdet Martínez, « Los pleitos de incorporación a la corona durante el seiscientos valenciano », Cahiers d’études romanes [En ligne], 35 | 2017, mis en ligne le 02 juin 2018, consulté le 23 octobre 2018. URL : http://journals.openedition.org/etudesromanes/5888 ; DOI : 10.4000/etudesromanes.5888

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Auteur

Nuria Verdet Martínez

Universitat de València

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