• 1 Para el caso de Colombia pueden verse entre otros los siguientes trabajos: LEÓN, Magdalena y RODRÍG (...)

1La ley ha servido como marco de interpretación para leer las continuidades y cambios ocurridos en la familia a lo largo del tiempo. A partir de las leyes y códigos, varios trabajos historiográficos han puesto de presente la desigualdad de madres, esposas e hijas como consecuencia de la incapacidad legal consagrada en los textos legales1.

• 2 DORE, Elizabeth, “One step forward, two steps back: Gender and the State in the long nineteenth cen (...)
• 3 Ibid., p. 12.
• 4 Según Carmen Diana Deere y Magdalena León en la Colonia la mayoría de edad se alcanzaba a los 25 añ (...)

2Sin embargo, y siguiendo a Elizabeth Dore, la subordinación legal de las mujeres se ha exagerado, construyéndose un “mito” alrededor de esta idea2. Según esta autora, no es tan cierto que el Estado colonial español hubiera negado la existencia legal de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres en general, sin importar si estaban casadas o no, podían firmar contratos y acudir ante los tribunales eclesiásticos y civiles. Sin embargo, tal y como ella misma lo aclara, “este mito […] como todo mito contiene algunas verdades”3. En ese sentido, los derechos de las mujeres menores de edad y de las mujeres casadas eran limitados y restringidos, en la medida en que necesitaron de la autorización de sus padres o esposos para adelantar ciertos actos y negocios de naturaleza jurídica4.

• 5 Uno de los límites que presenta el estudio de la ley como fuente para la reconstrucción histórica c (...)

3Aún cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias pertinentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de este poder5. El objetivo del texto consiste en identificar los discursos morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a través de los jueces y fiscales, así como la utilización que de estos discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron ante las instancias judiciales con el fin de proteger sus intereses. El estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con conflictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente de las leyes y códigos.

• 6 Algunos de los trabajos que utilizan procesos judiciales en sus análisis son SOSA, Guillermo, Labra (...)

4Varios trabajos historiográficos han utilizado procesos judiciales para fundamentar sus investigaciones. Los autores reconocen el valor y la importancia de estas fuentes por considerar que permiten identificar las posiciones del Estado y de la Iglesia frente a las conductas de quienes contravinieron la normatividad6. La propuesta que aquí se hace es en cierta forma distinta aunque complementa las anteriores. De una parte, identifica aspectos propios de la dinámica judicial que merecen ser tenidos en cuenta en la interpretación de este tipo de fuentes. Por otra parte, no sólo señala los argumentos del Estado sobre estos asuntos, sino también establece las formas o mecanismos de respuesta de los individuos al funcionamiento de la justicia y a la aplicación del derecho.

• 7 La revisión de archivo que se hizo sugiere que éste fue el total de las oposiciones y de los proces (...)
• 8 Aída Martínez desarrolla el argumento de “rebeldía” de las mujeres que vivieron el tránsito de la I (...)

5Resulta posible rastrear diversas formas de conflictividad familiar en los archivos judiciales: herencias, desfloramientos, estupros, parricidios, entre muchos otros. Sin embargo, el corpus documental que fundamenta este texto está conformado por casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos por alimentos contenidos en el fondo de asuntos civiles de la Sección Colonia del Archivo General de la Nación. Las oposiciones matrimoniales consistían en una acción que adelantaban los padres ante la justicia para oponerse a los enlaces de los hijos menores de edad. Los juicios por alimentos se seguían con el fin de obligar al padre generalmente, al pago de una cuota alimentaria para el sostenimiento de los hijos o de la esposa según el caso. Se consultaron en total ocho procesos judiciales ocurridos durante el período 1800-1809, de los cuales tres corresponden a oposiciones matrimoniales y cinco a procesos por alimentos7. Los primeros resultan interesantes en la medida en que permiten identificar las rupturas o continuidades en las jerarquías familiares. Los segundos, los procesos por alimentos, también ejemplifican la forma en la que fueron confrontadas las estructuras familiares, pero en lo fundamental, estos casos expresan modelos de mujeres activas que salieron del hogar y solicitaron la intervención del Estado8. Estas esposas y madres se encuentran lejos de la imagen de mujer pasiva a la cual se hizo referencia con anterioridad, a propósito de la tesis de Elizabeth Dore.

• 9 El texto de la ley puede consultarse en Recopilación de leyes de la Nueva Granada, formada i public (...)
• 10 Sobre los juicios políticos que se adelantaron durante la Independencia véase TOVAR PINZÓN, Hermes, (...)

6El análisis que se propone de los argumentos y discursos se hace dentro del contexto de los últimos años del período colonial. Inicialmente esta investigación se había propuesto para el período comprendido entre los años de 1800 a 1830 con el fin de estudiar en conjunto la caída del orden colonial y el establecimiento de la República. Sin embargo, para el período comprendido entre 1810 a 1820 no se encontró ningún expediente relacionado con el tema de estudio. Podría señalarse como una posible causa de este “silencio documental”, una desorganización judicial en los tribunales superiores durante la Independencia y en los primeros años de la República. Sin embargo, en el año de 1826 se expidió la ley de abril 8, cuyo propósito consistió en regular la situación de las causas civiles y criminales que se interpusieron y decidieron durante el período comprendido entre 1810 a 1820. El título de la ley fue el siguiente: “Declarando válidas ciertas providencias y sentencias dictadas en la primera época de la transformación política”. De todas formas, el silencio documental encontrado para las causas civiles estudiadas sugiere que el sistema judicial se vio alterado por los eventos políticos del período independentista9. También podría argumentarse que durante estos años las causas familiares no fueron objeto de estudio por parte de los jueces de este período, en la medida en que los juicios políticos prevalecieron en estos años10. Lo cierto es que con posterioridad a 1822 comienzan nuevamente a encontrarse este tipo de expedientes bajo un sistema judicial que centralizó los tribunales superiores en Bogotá, ante el fracaso del sistema federal que se adoptó en los primeros años de la República. Resulta necesario entonces que futuros trabajos investiguen con mayor detalle los efectos de la Independencia sobre el funcionamiento de la administración de justicia en general.

• 11 McFARLANE, Anthony, Colombia antes de la Independencia. Economía, sociedad y política bajo el domin (...)
• 12 Sobre la Real Audiencia y el funcionamiento de la administración de justicia durante el período col (...)

7Los procesos consultados tuvieron lugar en Santafé o llegaron a los juzgados de la ciudad en segunda instancia provenientes de otros lugares del Virreinato. La estructura judicial colonial se caracterizó por centralizarse en esta ciudad, al constituirse en la capital y sede de la Real Audiencia11. Por este motivo, los casos ocurridos en otros lugares del Virreinato que fueron apelados -por estar las partes inconformes con las decisiones de los jueces inferiores- llegaron a la capital para ser decididos por la Real Audiencia como máximo tribunal de la administración de justicia colonial12.

• 13 La idea del juzgado como espacio de movilización de ideas es tomado del trabajo de Sarah Chambers s (...)
• 14 BOURDIEU, Pierre, “Marriage strategies as strategies of social reproduction”, en FORSTER, Robert y (...)

8Historizar la familia a partir del estudio de procesos judiciales permite ampliar las fronteras de interpretación: según se verá, se visualizan actores tales como el Estado y los abogados quienes con sus actuaciones y decisiones expresaron valores y actitudes en relación con la familia. Por otro lado, se evidencia el juzgado como un espacio en el cual se movilizaron ideas que hicieron eco de las tensiones políticas y sociales que se vivieron en los últimos años del período colonial13. Se observa la apropiación del discurso jurídico, político, moral y religioso de la época, el cual fue utilizado tanto por las autoridades judiciales como por los demandantes y demandados que intervinieron en estos procesos. Adicionalmente, queda al descubierto la estrecha relación entre familia y política, poniendo de presente lo que Bourdieu plantea respecto a “la equivalencia entre el estudio de la sociología de la familia con el de la sociología política”14.

• 15 Sobre la mediación en los documentos históricos, particularmente en los documentos inquisitoriales, (...)

9De todas formas habría que reconocer las dificultades que pueden surgir al momento de aproximarse al tipo de procesos que aquí se analizan. Por un lado, se advierte que no todas las familias acudieron a los juzgados y tribunales para ver solucionados sus conflictos y, en esa medida, puede objetarse una posible falta de representatividad de los casos estudiados. Frente a este señalamiento cabe responder que los procesos judiciales son tan sólo una de las posibles alternativas para el estudio de la familia. En la medida en que las fuentes lo permitan, lo ideal sería articular legislación, práctica judicial y costumbre social para establecer las contradicciones entre derecho y realidad social. En segundo lugar, podría argumentarse que los reclamos interpuestos ante la justicia estuvieron mediados por la necesidad de ajustarse a la lógica y a la formalidad de la justicia, del derecho y de los abogados, perdiéndose la espontaneidad de los reclamos. En algún sentido, las “voces escritas” contenidas en los documentos históricos, particularmente en los documentos judiciales, están mediadas por formas de poder y por el formalismo propio del sistema judicial. Sin embargo, las actuaciones de demandantes y demandados dentro de los procesos, como por ejemplo, las peticiones que formularon ante los escribanos o las respuestas que ofrecieron en los interrogatorios, sugieren que los sentimientos, preocupaciones e intuiciones de las esposas, padres e hijos también estuvieron presentes en los procesos. Ofensas, insultos y sentimientos en general quedaron expresados en estos documentos15.

• 16 El uso de esta palabra corresponde al planteamiento de Michel de Certeau sobre estrategias y táctic (...)
• 17 Se trata entonces de mirar los procesos judiciales como espacios de transacción y de movilización d (...)

12Una mirada formal a los procesos no haría visibles las tácticas16 y principios implícitos que condicionaron el comportamiento de las partes durante el desarrollo de los procesos judiciales estudiados. En otras palabras, las partes involucradas no actuaron únicamente según las reglas de juego que regularon el trámite, sino que cada parte elaboró la táctica que le procurara un pronunciamiento a su favor. En esa medida, en contraposición a una aproximación estática centrada en los aspectos formales y aparentemente neutrales que subyacen a los procesos judiciales, se propone una mirada a ellos como un “ritual” con formas muy propias y en el que intervienen distintos actores, discursos y estrategias17.

• 18 Para el caso de Arequipa (Perú), Sarah Chambers comenta: “Cuando los individuos se acercaban a las (...)

13Dar inicio a un proceso civil era un mecanismo para presionar a la otra parte a ceder en sus intereses personales: aceptar el matrimonio de un hijo o hija en el caso de las oposiciones y pagar mensualmente una cuota en los procesos por alimentos. Estos generalmente se iniciaban con la presentación de la persona interesada en demandar ante el escribano, indicando su nombre, edad, lugar de residencia, parentesco y los motivos por los cuales acudía ante la justicia. Es de anotar que en este tipo de documentos no se especificó la condición racial del demandante18.

• 19 El Alcalde Ordinario de Santafé, Luis Caycedo, narra los insultos proferidos por Cárdenas contra su (...)

14Con esta primera actuación el conflicto se hacía visible ante los ojos de abogados, fiscales y testigos. El día a día salía de la casa para ser debatido en los tribunales exigiéndose una respuesta por parte de la justicia. Al hacerse público el conflicto, los maridos se sentían amenazados en su honor y sometidos al escarnio público, respondiendo con actitudes de venganza, ofensas e insultos con el fin de deslegitimar los reclamos de la esposa. Esta situación es una constante en los expedientes estudiados. En el caso de Josefa Pontón contra Carlos Cárdenas por alimentos y adulterio (1809), este último procedió a insultar a su esposa en términos de “puta puerca” al verse perseguido por las autoridades19.

• 20 Víctor Uribe Urán estima que para el año de 1806 había alrededor de 150 letrados en la Nueva Granad (...)

15Con posterioridad a la presentación de la demanda, se posesionaba el abogado que representaría en el transcurso del proceso los intereses del demandante20. A continuación el juez llamaba al demandado, quien a su vez era representado por un letrado o por un abogado de pobres, en caso de que no contara con los recursos necesarios para costear a su propio abogado.

• 21 DAVIS, Natalie Zemon, Fiction in the archives. Pardon tales and their tellers in sixteenth century (...)

16La siguiente etapa correspondía a la práctica de pruebas solicitada por las partes. A partir de los casos estudiados es posible concluir que la prueba más solicitada fue la declaración de la persona demandada y de los testigos que pudieran dar fe de los hechos. Previa la formulación de un cuestionario (redactado en algunos casos por el demandante o demandado directamente o por el respectivo abogado) con las preguntas que pudieran llegar a comprobar la existencia de los hechos, el demandado y los testigos eran llamados por el juez. Los cuestionarios, que son largos, variados y detallados resultan de gran interés, en la medida en que contienen circunstancias y apreciaciones que no pueden leerse en otra parte del expediente. Siguiendo el trabajo de la historiadora norteamericana Natalie Davis sobre las cartas de perdón en Francia durante el siglo XVI, la utilización del lenguaje, el detalle y el orden de los elementos en la narración son necesarios para percibir como real una historia21. El detalle se convierte entonces en un elemento fundamental para persuadir al juez. Por ejemplo, en el interrogatorio que Nicolasa Álvarez solicita se formule a Franco Mejía con el fin de que se le obligue al pago de una cuota alimentaria para el sostenimiento de una hija natural, se encuentran preguntas como la que se transcribe a continuación:

• 23 A.G.N., Sección Colonia, Asuntos civiles-Cundinamarca, XLV, f. 13r, 1802.

17Si los detalles y la forma persuasiva en el uso del lenguaje son característicos en las preguntas de los interrogatorios sugeridos por los demandantes, los demandados por su lado son parcos, ambiguos y limitados a la hora de responder. A la pregunta arriba transcrita, Mejía respondió “que no se acuerda de nada de lo que contiene la pregunta”23. Como se ve, cada parte tiene su propia táctica. Los testimonios son utilizados a conveniencia de las partes. El proceso judicial se convierte entonces en un juego en el que se debe ser cuidadoso con la táctica a seguir.

• 24 A.G.N., Sección Colonia, Asuntos civiles-Cundinamarca, VIII, f. 274, 1801.
• 25 Este caso fue enviado por el gobernador de Cartagena a la Real Audiencia en Santafé para que fuera (...)
• 26 A.G.N., Sección Colonia, Asuntos civiles-Cundinamarca I, f. 497v, 1807.

20En el año de 1801, José Joaquín Sanmiguel acudió indignado ante las autoridades civiles por haberse presentado una oposición matrimonial de su hermano, el alcalde de Santafé José Ignacio Sanmiguel, al “justo matrimonio” que pretendía celebrar con Juana Josefa de la Luz Moreno24. De igual forma, José María Merlano, subteniente del regimiento de infantería en la Plaza de Cartagena, recurrió a la justicia en el año de 1800 con el fin de que se probara la “irracionalidad” del disenso presentado por su padre, Antonio Merlano, “Capitán de Infantería, Caballero de la distinguida orden de Carlos III, y secretario del Gobierno de la ciudad de Cartagena”25. En el año de 1807, la Real Audiencia conoció el caso de José Javier Amaya quien en representación de su novia y futura contrayente, solicitó se declarara la “irracionalidad” del disenso promovido por Ignacio Fernández, padre de la novia y Administrador de Correos de la Villa de San Gil26.

• 27 Sobre la Pragmática Real y su aplicación en la Nueva Granada véase DUEÑAS, Guiomar, “Matrimonio y f (...)

22Las oposiciones se fundamentaron en la Real Pragmática promulgada en el año de 1776 y aplicada en las colonias en el año de 1778 mediante la cual la Corona española reguló el matrimonio. Esta disposición facultó a los padres para oponerse a los matrimonios de los hijos menores de 25 años cuando consideraran que el enlace era entre personas desiguales27. El desconocimiento de la decisión parental conllevó la pérdida de la herencia.

• 28 RODRÍGUEZ, Pablo, Sentimientos y vida familiar…, op.cit., p. 162.

23Respecto de los casos analizados, ¿cuáles fueron las razones por las que miembros de la familia se opusieron al enlace de sus hijos y hermanos? Pablo Rodríguez comenta en su estudio de las oposiciones matrimoniales durante el siglo XVIII: “…el único motivo por el cual un padre se oponía ostensiblemente al matrimonio de un hijo era por diferencias raciales. Un muy relativo peso tenían las diferencias económicas o los regionalismos, y en ninguno el parecer estético”28. Sin embargo, en los casos estudiados, que tuvieron lugar en los inicios del siglo XIX, es posible identificar un menor peso del factor racial. Los argumentos utilizados por los padres y opositores tendían a señalar la importancia de que la futura contrayente tuviera suficientes recursos económicos y que perteneciera a una determinada clase social para de esta manera autorizar el enlace. Así, el Capitán Merlano, aunque reconocía la calidad en la ascendencia de la novia de su hijo, de todas formas se quejaba de la falta de recursos de la contrayente que ayudaran a aliviar las cargas del matrimonio. Merlano planteó la siguiente pregunta:

• 30 A.G.N., Sección Colonia, Asuntos Civiles-Cundinamarca VIII, f. 316, 1801.

24Así mismo, en la oposición del alcalde de Santafé, aunque el hermano menor logró probar que la futura contrayente era descendiente “de conquistadores y pobladores de Zipaquirá”30, para el opositor resultaba cuestionable que la novia fuera dueña de una chichería.

• 32 Correo Curioso, erudito, económico y mercantil de la Ciudad de Santafé de Bogotá, Santafé de Bogotá (...)

27Este señalamiento reafirma la importancia de garantizar el orden social colonial a través de la familia. La buena orientación del padre a través de los valores religiosos e hispánicos era la forma ideal de ejercer control sobre los miembros del núcleo familiar. Este argumento sobre la “utilidad del matrimonio” también expresa la existencia de una relación patriarcal entre el soberano y sus súbditos. Los distintos actos de los vasallos debían traducirse en un obedecimiento al rey. Esta metáfora sobre la existencia de una relación familiar y paternal puede leerse en el artículo titulado “Exhortación a la Patria” publicado en el periódico Correo Curioso de 1801: “La nobleza de los talentos jamás hace lugar à su rival la bajeza: y por tanto dirigireis vuestra conducta, á amar al Soberano, como un hijo á su padre…”32.

• 33 A.G.N., Sección Colonia, Asuntos civiles-Cundinamarca, XXXVIII, f. 1026r, 1800.
• 34 A.G.N., Sección Colonia, Asuntos civiles-Cundinamarca, I, f. 497v-498r, 1807.

30Las respuestas de los hijos a estos señalamientos terminaban siendo una confrontación abierta a la autoridad del padre, y de manera indirecta, a la del rey. Es común apreciar en los documentos las expresiones de “irracionalidad” e “injusticia” frente al disenso promovido por sus padres y familiares. Adicionalmente y contrario a lo que podría creerse, el estatus y posible influencia de sus progenitores no significó de manera alguna una situación de desventaja. Luis de Ovalle, abogado de José María Merlano, planteó la siguiente pregunta en uno de los escritos presentados ante el juez: “¿Quién ha dicho que la felicidad de los matrimonios consiste en los inmensos caudales que pueden tener los contrayentes?”33. De igual forma, José Javier Amaya argumenta respecto de la oposición del padre de su novia: “Los padres son unas personas sagradas para los hijos. Aun en la eleccion de sus estados es preciso que toquen con ellos para asegurar su felicidad; pero esta dependencia que persuaden la naturaleza y la ley no es para que se erijan en tiranos”34.

• 35 A.G.N., Sección Colonia, Asuntos civiles-Cundinamarca, XXXVIII, f. 1028r, 1800.

31Frente a los argumentos de padres e hijos, ¿cómo fue aplicada la Real Pragmática por los tribunales de comienzos del siglo XIX, siendo la familia una institución fundamental para el orden social colonial? En el caso de Sanmiguel y de Merlano, los jueces expresaron en sus fallos la falta de prueba suficiente por parte de los padres sobre una supuesta desigualdad entre las familias. Incluso, frente a los escasos recursos para asumir las cargas del matrimonio, los jueces decidieron, en el proceso del hijo del Capitán Merlano, que ésta por sí sola no era una causa suficiente como para impedir el enlace35. Por otro lado, en el caso de Ignacio Fernández, administrador de correos de la Villa de San Gil, la justicia decidió que la oposición debía ser adelantada por la hija del opositor directamente y no a través de su novio. Resulta interesante la petición de los jueces, en el sentido de exigir la participación directa de la novia afectada con el disenso y no a través de intermediarios.

• 36 De un total de cinco procesos por alimentos todos fueron promovidos por mujeres.
• 37 En el caso de Nicolasa Álvarez contra Francisco Mejía ocurrido en el año de 1802, el demandado en s (...)
• 38 Véase ALVAREZ POSADILLA, Juan (del Consejo de S.M., Fiscal del Crimen de la Real Audiencia de Valen (...)

33Contrario a los disensos matrimoniales promovidos en su mayoría por hombres, los procesos por alimentos, sin excepción, fueron adelantados por mujeres provenientes de distintos sectores sociales36. La motivación principal para adelantar este tipo de procesos consistió en obtener algún tipo de ayuda económica que por ley el padre estaba obligado a pagar para cubrir los gastos de manutención de la esposa y de los hijos según el caso. En los expedientes analizados no hay claridad sobre las disposiciones legales que contenían dicha obligación37. Sin embargo, civilmente se definió en la Ley X de las Leyes de Toro de 1505, que fue aplicada en las colonias38.

• 39 Sobre las uniones informales en Santafé y los hijos naturales e ilegítimos de estas uniones véase D (...)
• 40 La Ley X disponía: “Mandamos que en caso que el padre o la madre sea obligado à dar alimentos à alg (...)
• 41 A.G.N., Sección Colonia, Asuntos civiles-Cundinamarca, XLV, f. 06v, 1802.

34Las esposas no fueron las únicas en hacer este tipo de reclamos. Mujeres sin vínculo legítimo con el demandado, es decir, que no habían procreado dentro del matrimonio religioso y formal, también hicieron uso de este medio legal para obligar al padre a cumplir con su obligación39. Se consagró una protección legal en ese sentido, dado que las Leyes de Toro autorizaron a los hijos ilegítimos y naturales para reclamar alimentos bajo determinadas condiciones40. En el año de 1802, Nicolasa Álvarez del Pino, costurera de oficio, quien había sido seducida por Franco Mejía dueño de propiedades en Santafé y Rionegro, defendía la acción para el reconocimiento de alimentos de la hija natural de ambos por considerarla como una “obligación justa y lexitima”41.

• 42 De los cinco casos estudiados, en dos de ellos se solicitaban alimentos para hijos naturales, en un (...)
• 43 A.G.N., Sección Colonia, Asuntos civiles-Cundinamarca, XIX, f. 047v, 1802.
• 44 A.G.N., Sección Colonia, Asuntos civiles-Cundinamarca, XIX, f. 039v, 1802.
• 45 Sobre la importancia del honor en la legislación del siglo XIX véase CAULFIELD, Sueann, CHAMBERS, S (...)

35El resultado de este tipo de procesos para la manutención de los hijos naturales e ilegítimos conllevaba indirectamente el reconocimiento de la paternidad42. Al condenarse a los padres de estos menores al pago se partía de la base de que existía un vínculo parental, sin que esto eliminara el estigma que recaía sobre los hijos nacidos en uniones informales de ser considerados “corruptos”. Es así como la estrategia de Franco Mejía y de los distintos abogados que tuvo en el transcurso del proceso en el caso arriba enunciado, consistió en cuestionar la vida amorosa de Doña Nicolasa con anterioridad a haberla conocido. La defensa se diseñó con el fin de generar duda e incertidumbre respecto al “verdadero” padre. Mejía, manifestando que se sentía “asaltado en su buena fe”, informó al juzgado que le habían llegado informaciones en el sentido de que Nicolasa tenía un hijo, lo cual le hacía pensar que él no era el padre de la niña43. En otras palabras, sugirió que otros hombres pudieron haber tenido relaciones con Nicolasa y en ese sentido, no podía afirmarse con certeza que él fuera el padre. Ante estas incriminaciones, la demandante se defendió argumentando, “y la obligación de sus alimentos no puede de ningun modo destruirse por que yo haya tenido como se supone, uno, o mil hijos si era dable”44. Para Nicolasa, el cuestionamiento de su honor sexual no era un argumento lo suficientemente poderoso como para desvirtuar la obligación de Mejía para con su hija45.

• 46 Esta afirmación sigue el planteamiento de E.P. Thompson sobre las “dos conciencias teóricas”. Para (...)

41De todas formas, estas pretensiones se formularon a partir de los discursos morales y religiosos dominantes en la época. El rey, el honor y la religión aparecen constantemente en los documentos presentados ante las autoridades judiciales. En otras palabras, no era posible articular las demandas por fuera del contexto en el que los actores vivían. Así las cosas, aun cuando las esposas e hijos reivindicaron sus derechos reaccionando contra el orden patriarcal, al mismo tiempo se presentaron como seguidores de los valores y creencias dominantes46.