1El artículo problematiza el enfoque de la seguridad interior en el marco del orden social neoliberal; tratamos de abrir la mirada para ir más allá de la perspectiva convencional de carácter militar sobre seguridad y defensa, incorporando la dimensión socioeconómica, psicológica y cultural de la (in)seguridad en un contexto de guerra. En este sentido, la experiencia de México, que responde a los estereotipos sobre inseguridad (militarización, violencia armada, narcotráfico, desapariciones, etc.), se presenta como un caso-tipo donde los costos humanos de la violencia no armada (económica, social, psicológica) son aún mayores y más profundos que los de la violencia armada. Un fenómeno invisibilizado que ofrece elementos para reflexionar sobre la (in)seguridad en las sociedades neoliberales contemporáneas.
2Nuestra hipótesis central es que la construcción del orden social neoliberal ha dejado una estela de muerte, destrucción y sufrimiento que adquiere dimensiones y formas propias de una situación de guerra que afectan la seguridad de la población; una guerra no armada pero sí de amplio espectro (económica, social e ideológico cultural) que ha sido normalizada e invisibilizada y que tiene profundas implicaciones para pensar la construcción de la paz. Nuestras preguntas centrales son: ¿a cuánto asciende la estela de muerte y destrucción de la violencia no armada en la sociedad neoliberal? ¿cómo entender la (in)seguridad cuando incorporamos una perspectiva integral?
- 1 El trabajo se circunscribe al periodo neoliberal en función de la hipótesis planteada; el gobierno (...)
3Recuperamos los impactos de la violencia no armada emanada de cuatro décadas de políticas neoliberales con el propósito de caracterizar el escenario heredado de violencia e inseguridad ante el que nos encontramos cuando se aborda por primera vez en el país la construcción de la paz a partir del cambio de gobierno en 20181. Para ello nos proponemos problematizar la (in)seguridad interna desde el enfoque de seguridad crítica y la sociología del sufrimiento, lo que abre nuevas perspectivas para pensar en el diagnóstico y diseño de políticas para la construcción de la paz desde una perspectiva distinta a la punitiva que ha imperados todos estos años. El reconocimiento, la restitución de justicia y la reparación del daño dependerán de que se visibilice o no la heterogénea condición de las víctimas.
- 2 La caracterización del concepto fue desarrollada en “La guerra económica, social y cultural invisib (...)
- 3 Una situación de guerra no corresponde a un estado de guerra o a una guerra en sentido convencional (...)
4Entendemos el capitalismo neoliberal como capitalismo de guerra2, en tanto responde a una lógica interna de saqueo (Harvey, 2005) y violencia de guerra de amplio espectro, que asume la prescindibilidad de la vida en sus distintas escalas (internacional, nacional, local, interpersonal). Su objetivo explícito fue desde un inicio, la concentración de riqueza y poder que dio paso a una profundización de la desigualdad a escala global, con resultados aún más polarizados en los países periféricos (Therborn, 2015). La transferencia de capital público a capital privado, el despojo de territorios y sus riquezas y el despojo de los territorios-cuerpo condenaron a millones a la exclusión y empobrecimiento (Bourdieu, 2007; Wacquant, 2007), han desatado una violencia sin contención que afecta sobre todo a la población más desfavorecida, generando costos humanos de magnitud similar a una situación de guerra3. Una lógica que responde a los intereses compartidos de las élites internas y de las grandes potencias.
5En primer lugar, construimos un diagnóstico de los costos humanos de la violencia armada y no armada en el orden social neoliberal, que a menudo se perciben fragmentados como un cúmulo de problemas de distinta índole (salariales, laborales, de salud, psicológicos, etc.). Éste será imprescindible para realizar un análisis crítico de la concepción de seguridad. A continuación, reconstruimos las concepciones y trayectoria de las políticas de seguridad sobre las que se erigió el Estado de seguridad neoliberal para entender el campo de condiciones en el que se produce la violencia de amplio espectro y los costos humanos que genera. Concluimos recuperando los enfoques críticos de seguridad y de la sociología del sufrimiento como propuestas para repensar la seguridad con una perspectiva integral y como aportes para la construcción de la paz. El artículo pretende invitar al debate académico a partir de la visibilización de los costos humanos de una guerra invisibilizada que vulnera cotidianamente la seguridad de miles de personas, condenadas a enfrentar condiciones inusitadas de sufrimiento e indignidad.
- 4 Uno de los principales retos es la carencia de estudios multidisciplinares sobre impactos globales (...)
- 5 Se consultaron diversas bases de datos e informes institucionales, combinando dimensiones laborales (...)
6El espectro de la inseguridad y violencia explícita en México es tan amplio y de tal magnitud que podemos hablar de una situación de guerra. A continuación, presentamos un somero diagnóstico de los costos humanos considerando la violencia armada y no armada, en la que incluimos distintas dimensiones de la violencia económica, social y psicológica ejercida a lo largo del ciclo neoliberal4, que ha operado como una máquina de exterminio silencioso sin contención. Hemos recuperado datos sobre homicidios, desapariciones, desplazamiento, mortalidad, ingreso, alimentación, salud física y mental, condiciones laborales5. Nos basamos en los enfoques sobre desigualdad de Therborn (2015) y Boltivinik (2020) que plantean una perspectiva multidimensional de la desigualdad, así como en los enfoques de seguridad integral que también sostienen una perspectiva holística del problema (Booth, 2013; Baldwin, 1993). Los datos se agruparon en las siguientes categorías: muerte, lesiones, reducción de la esperanza de vida, años de vida perdidos, enfermedad física y enfermedades psicológicas, que dan cuenta de un abanico de vulnerabilidades y sufrimiento que afecta la seguridad de la persona entendida como ente bio-psico-social. En la categoría de cuerpos lesionados incluimos situaciones que afectan el funcionamiento del cuerpo y de la vida en su conjunto: incapacidades permanentes, incapacidades temporales, malnutrición, carencia de acceso a canasta básica y precaria atención preventiva en salud.
- 6 A esta cifra habría que agregar 108 311 personas asesinadas entre 1990 y 1996 (INEGI), los años pre (...)
7Las cifras de la violencia armada, proceda de actores legales o ilegales, son, sin duda, brutales. Como puede apreciarse en la tabla 1, la cifra global de homicidios asciende a 827 709 personas de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)6. Si bien identificamos un crecimiento exponencial a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Calderón, las cifras muestran que la violencia armada estaba presente mucho antes, en consonancia con la política punitiva aplicada para enfrentar la inseguridad pública durante los gobiernos neoliberales, y con una gran cantidad de armas en manos de la población (en su mayor parte procedentes de EU) que hizo de la violencia armada una forma de resolución de los conflictos sociales. En cuanto a personas desaparecidas, según el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de 2020, la cifra ascendió a 73 201 personas. Además, se calcula que las personas víctimas de desplazamiento forzado fueron 338 405, según el registro histórico-acumulativo realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos desde 2006.
Tabla 1: Violencia armada. Homicidios y feminicidios (1990-julio 2020)
Los datos sobre feminicidios no aparecen especificados hasta 2015.
Elaboración propia a partir de los Informes anuales del SESNSP "Víctimas de delitos del fuero común" (2001 a 2020); Informes anuales del SESNSP "Incidencia delictiva del fuero común" (1997 a 2014), de los cuales se dejó fuera la categoría "total de muertes no delictivas"; y datos de "Defunciones por homicidios" del INEGI (1990 a 2019).
8A ello hay que sumar los impactos de la violencia socioeconómica y psicosocial en la población. No es casualidad que México, 15ª economía del planeta y la 2ª de América Latina, haya ocupado las primeras posiciones en niveles de pobreza en el periodo estudiado, muy por encima del promedio regional, con posiciones próximas a Honduras y Guatemala (CEPAL, 2018; CEPAL, 2019). 8 de cada 10 mexicanos estaban en situación de pobreza y de vulnerabilidad en 2019, de acuerdo con el Método Integral para la Medición de la Pobreza. Los datos de CONEVAL de 2018 confirman que la población considerada no pobre y sin "vulnerabilidades" sólo era el 21,9 % del total. Todo ello se traduce en impactos en la esperanza de vida de las personas, enfermedad, mortandad, depresión, etc. Como señala Therborn, la desigualdad mata:
"es un campo de exterminio en el que sucumben millones de personas… toma muchas formas y surte muchos efectos: muerte prematura, mala salud, sujeción, discriminación, exclusión del conocimiento o de la vida social predominante, pobreza, impotencia, estrés, inseguridad, angustia, falta de orgullo propio y de confianza en uno mismo, sustracción de oportunidades y de chances vitales" (2015, p. 9).
9El salario mínimo real presentó una tendencia regresiva constante desde 1976, llevando al país al segundo lugar en América Latina en desigualdad de ingreso (Cepal, 2018), con severas implicaciones en la condición de vida (calidad de la alimentación, acceso a medicamentos, educación, expectativa de vida, etc.). Como podemos ver en la tabla 2, la población que percibe de 0 a 5 salarios mínimos es el 84,45 % y no ha dejado de crecer pero sólo el 3,61 % percibe más de 5 salarios mínimos, que es el mínimo necesario para adquirir la canasta básica. No es de extrañar que en 2018, el 51,1 % de la población padeciera inseguridad alimentaria en el medio urbano y 69,1 % en el medio rural (Coneval, 2015; ENSANUT, 2018). Los impactos son aún más dramáticos entre la población anciana, donde sólo el 25,2 % recibía una pensión. Pensemos además que en 2018, sólo el 43 % de la población económicamente activa estaba en el sector formal, con acceso a prestaciones sociales.
Tabla 2: Población ocupada según nivel de ingresos
Elaboración propia a partir de la ENOE, 2017, 2018, 2019. Indicadores estratégicos. Datos del 4º trimestre https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=602
10El CAM señala que
"Dentro de la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores está el hecho de que cada vez hay menos tiempo para realizar otras actividades que no sean trabajar para apenas conseguir lo indispensable para vivir… en 1987 eran necesarias 4 horas y 53 minutos para adquirirla [la Canasta Alimenticia Recomendable], le restaban al trabajador 19 horas y 7 minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, salir a pasear, dormir, etcétera… Al 26 de octubre de 2017 el tiempo de trabajo necesario para comprar la CAR ha sobrepasado un día completo llegando por primera vez a las ¡24 horas con 31 minutos!" (2018).
11Estrés, ansiedad y depresión serán padecimientos asociados a esta situación. La pérdida acumulada del poder adquisitivo entre 1987 y 2017 fue del 80,08 %.
12El trabajo se ha convertido en una actividad letal. Un trabajador muere en México cada 6 horas por accidente laboral y hay 61,5 accidentes (de trabajo y trayecto) por hora. Cada 3 horas, una persona queda en situación de invalidez permanente y cada 14 minutos otra queda en condición de incapacidad permanente. Los accidentes están ligados a la falta de medidas de seguridad y a la intensa presión que enfrentan los trabajadores. Para el periodo 1994-2017, las defunciones laborales ascendieron a 26 099 personas; mientras entre 2001-2018 las incapacidades crecieron 101,47 % (IMSS, 2019; STPS, 2018) –ver tabla 3–. México ha ocupado varias veces el primer lugar mundial en horas trabajadas por persona sin que haya un conteo de muertes por estrés laboral, como sí comenzó a contabilizarse en otros países. No obstante, el IMSS reconoce que el 75 % de los trabajadores sufre fatiga por estrés laboral, superando a China y Estados Unidos. Las cifras son un reflejo de la prescindibilidad del cuerpo-sujeto.
Tabla 3: Accidentes y defunciones laborales, 2018
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Anual
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Diarios
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Por hora
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Defunciones
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1 381
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4
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1/cada seis horas
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Accidentes de trabajo
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398 740
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1092
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45,5/hora
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Accidentes de trayecto
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141 088
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306
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16/hora
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Incapacidad permanente
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38 209
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105
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1/cada catorce minutos
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Enfermedades de trabajo
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15 182
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42
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1,75/ hora
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Invalidez
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28 020
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77
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3/hora
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Memoria Estadística IMSS (2018)
13Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte en el país –además de generar discapacidades diversas–, siendo un componente esencial para explicar el crecimiento sostenido de la mortalidad desde el inicio del siglo XXI, junto con la violencia y el envejecimiento poblacional. Los datos que aparecen en la tabla 4 son reveladores por su magnitud y no pueden explicarse al margen de las condiciones de vida: estrés laboral, malnutrición, inhalación de químicos en diversos trabajos urbanos y rurales, una ingesta masiva de refresco que colocó al país como primer consumidor del mundo, etc. La desigualdad social no sólo afecta la incidencia de estos padecimientos sino las posibilidades de atención. En el caso de la diabetes es casi dos veces mayor en los municipios urbanos pobres y quienes la padecen mueren 8 años antes en comparación con los municipios más ricos. Los más pobres también sufren más secuelas, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida, precarización o pérdida del trabajo y reducción del ingreso familiar; sólo en 2018 hubo 70 000 amputaciones.
Tabla 4: Principales causas de mortalidad
Elaboración propia a partir de INEGI. Principales causas de mortalidad (1998-2018)
14Muchas de las personas detrás de los números podrían estar vivas si al menos hubieran tenido acceso a un servicio de salud adecuado. El gasto público en salud de México ha sido hasta 2019 uno de los más bajos de América Latina, en niveles similares a Guatemala, Honduras, El Salvador y R. Dominicana, e incluso en 2018 por debajo de ellos (CEPAL, 2018). Eso explica que de cada dos pacientes con infarto agudo uno no recibiera ninguna terapia de reperfusión y que uno de cada cuatro falleciera (ONIS, 2019).
15Estas condiciones de vida también se reflejan en los indicadores de carga global de enfermedad. Los años de vida ajustados por discapacidad en México (AVAD) –años de vida con discapacidad y años potenciales de vida perdidos–, han crecido de forma permanente y están asociados a las enfermedades crónicas; pasaron de 27 423 795 en 1990 a 33 980 397 en 2019 (IHME, 2020). El mayor incremento está asociado a diabetes y enfermedades renales, 233,67 %; enfermedades músculo-esqueléticas, 121,13 %; enfermedades cardiovasculares 102 %; cáncer 94 %; enfermedades mentales 90 %; autolesiones y violencia 90 %; enfermedades neurológicas y enfermedad respiratoria crónica 70 %.
16A todo ello hay que agregar el sufrimiento emocional que también conduce a la muerte y discapacidad. La tasa de suicidios ha alcanzado un máximo histórico y se ha convertido en un problema grave llevando a la muerte a 122 712 personas entre 1994 y 2019 (gráfica 1). Es la tercera causa de muerte entre los jóvenes, tras los accidentes y la violencia. Los padecimientos mentales presentan un crecimiento exponencial y son un síntoma de lo que varios autores denominan el estado del malestar en la sociedad neoliberal (Guinsberg, 2002). La depresión es ya la primera causa de incapacidad entre las mujeres y el 67 % de los miembros de la familia mayores de 12 años dicen haberse sentido deprimidos (Primer informe sobre desigualdad en salud en México, 2019). Otros padecimientos como angustia o esquizofrenia también van en ascenso y conducen a años de vida saludable perdidos.
Gráfico 1: Suicidios 1994-2019
Inegi, Mortalidad
17El diagnóstico evidencia la multidimensionalidad del problema y nos coloca ante una crisis de seguridad humana que supera los de por sí graves problemas asociados a la violencia armada. Cuando presentamos de forma articulada estas diversas dimensiones del sufrimiento y la muerte, la magnitud del fenómeno no puede explicarse, como principio científico, al margen del campo condiciones que las produce. Como alerta Veena Das (1997), la naturalización de estos fenómenos en las ciencias sociales conduciría a la banalización del sufrimiento.
- 7 Entre ellos se encuentra el de seguridad humana, que nació con un carácter progresista, centrado en (...)
18Los datos presentados son la manifestación de la degradación y destrucción a la que son sometidas las personas, en particular en condición de exclusión, en un orden social cuya lógica descansa en la prescindibilidad de la vida. Los múltiples impactos de la violencia neoliberal en la vida cotidiana no pueden entenderse fuera del campo de condiciones que está marcado por las políticas económicas, sociales y de seguridad; en él se articulan también la dimensión escalar del problema (local, nacional e internacional). Las concepciones y políticas de seguridad son un correlato del patrón de acumulación hegemónico que, en el caso de México, reflejan los vínculos dependientes con EU y la recepción de su política de seguridad para América Latina. Durante más de cuatro décadas ha prevalecido internacionalmente una concepción y política de seguridad punitiva y militar, que se impuso a los nuevos enfoques de seguridad surgidos sobre todo tras el fin de la guerra fría, desde lo que se desplazó la centralidad del Estado y se ampliaron la agenda de amenazas en relación con el enfoque tradicional7. Esta perspectiva hegemónica de la seguridad respondió al llamado nuevo orden mundial, liderado por EU y a su lógica neoconservadora en materia de seguridad que se proyectó a los países periféricos; más aún en América Latina, su región estratégica en términos geoeconómicos y en particular en México, con quien comparte más de 3 000 kilómetros de frontera –no es casual que también sea el país con quien tiene mayor número de acuerdos (económicos y de seguridad).
19Retomando los ejes propuestos por David Baldwin para caracterizar un enfoque de seguridad (¿qué hay que asegurar? ¿para quién la seguridad? ¿cuáles son las amenazas? ¿con qué estrategia y medios se va a garantizar?), la concepción de seguridad dominante está centrada en la defensa del orden institucional, su integridad territorial y su legalidad. Si bien los conflictos interestatales pasaron a segundo plano en las nuevas concepciones de seguridad desde fines de los años ochenta, el Estado responde mayoritariamente de forma punitiva y militarizada ante los conflictos con actores no estatales apoyándose en sus cuerpos de seguridad. La noción convencional del enemigo fue desplazada –mucho antes de los acontecimientos del 11S– por el enemigo interno y difuso, que podía ser cualquiera y estar en cualquier parte, de manera que la seguridad interior cobró una dimensión central, quedando bajo el marco de seguridad nacional y adoptando estrategias militarizadas desde las que se confundiría con seguridad pública. En consonancia, se diversificó el espectro de amenazas (deuda, migración, catástrofes, pobreza, desempleo, narcotráfico, terrorismo) que acabarían sistematizadas en el Documento de Santa Fe IV; con lo cual la perspectiva crítica inicial sobre seguridad multidimensional fue absorbida y resignificada desde este cuerpo teórico-político. Se consolidó una estrategia de seguridad punitiva basada en la concepción de guerra total (económica, social, cultural, psicológica y militar), permanente y preventiva, que sería hegemónica tras el 11S. La centralidad de la seguridad interna y del enemigo interno están directamente relacionadas con el campo cultural, donde se decidirá el triunfo en las contiendas del siglo XXI, como ya señalábamos. De ahí que la obtención de información e inteligencia sea central y derive en las sociedades securitizadas que hoy conocemos. Es decir, la focalización en seguridad interna conduce a una recuperación de las estrategias de contrainsurgencia con una perspectiva actualizada; como indica Kilcullen, uno de los mayores exponentes del tema, la insurgencia ya no será la guerrilla de los años ochenta, sino las células básicas de la vida social, no armadas, y de base popular:
"una insurgencia es una lucha por el control de un espacio político en disputa, entre un estado… y uno o más opositores no estatales de base popular. Las insurgencias son levantamientos populares que crecen y se conducen a través de redes sociales preexistentes (pueblo, tribu, familia, vecindario, partido político o religioso) y existen en un entorno social, informativo y físico complejo" (Kilcullen, 2006, p. 2).
20El objetivo último de la seguridad, señala, será el control con aceptación de la población e incluye explícitamente las amenazas en términos de clase.
- 8 Entendemos el Estado de seguridad como la expresión que asume el Estado neoliberal en nuestros días (...)
21Así, la matriz de seguridad en el orden social neoliberal es fundamentalmente de orden interno, sostenida por una cultura de guerra en la que el miedo al otro, especialmente si es pobre, la desconfianza y la cesión de autonomía a cambio de seguridad regulan las relaciones sociales. Es la sociedad de control (Deleuze, 2006) y del Estado de seguridad8 al que dio paso el Estado social destruido por las políticas neoliberales. En la guerra cultural hay una disputa por la producción del relato desde el que se define la (in)seguridad, las amenazas y las respuestas ante ellas, y que genera dos fenómenos que atraviesan nuestro problema de investigación: la invisibilización de las condiciones de vida y muerte de los excluidos, y la criminalización de la pobreza, que estigmatiza sus respuestas confrontativas. Las víctimas de la guerra económica y social, que precede a la violencia armada en el capitalismo de guerra, serán etiquetadas en la narrativa dominante como irresponsables (no valoran, no aprovechan, desperdician recursos y oportunidades), como fracasadas e incluso como amenaza a los valores sociales (son adictos, vagos, potenciales delincuentes). Se construye una cultura del no merecimiento de los excluidos (undeserving) que busca justificar su prescindibilidad y la cancelación del gasto social. Como explica Gans (1995), es guerra contra los pobres, a quienes se les hace responsables de su situación, de todos los males de la economía, de la inseguridad y de ser incapaces de comportarse "adecuadamente", de manera que son vistos como (potencial) amenaza. Al mismo tiempo, se les exige fuerza emocional para "salir adelante" en una realidad que les ha sido cancelada de antemano. La crueldad se impone en las prácticas socioculturales a medida que se naturaliza y banaliza el sufrimiento social, siendo el objetivo último invisibilizar y legitimar la violencia de amplio espectro del orden neoliberal. En síntesis, la matriz de la seguridad (interior) en el capitalismo neoliberal busca mantener el orden dominante a través de una cultura de control y de la aceptación del Estado de seguridad.
22Con los gobiernos neoliberales, esta concepción y estrategia de seguridad fueron incorporadas en la política de seguridad interna en América Latina a través de los vínculos institucionales y acuerdos con EU, con la connivencia de las élites locales, lo que profundizó la subordinación en materia de seguridad. El narcotráfico como amenaza (así como sus variantes, terrorismo, narcoterrorismo) y la estrategia punitiva y militarizada con que se enfrentó, hizo de la región una gran área de experimentación estratégica en el marco del Proyecto de Seguridad Hemisférica. México, al igual que Colombia, son casos paradigmáticos en la región. La brutalidad de los resultados se muestra en el diagnóstico con el que iniciamos este trabajo tras décadas de militarización, criminalización de la pobreza y la disidencia, violación de derechos humanos, violencia armada, y la condena a muerte y enfermedad masiva desde las políticas austericidas.
23Los acuerdos de seguridad entre México y EU corrieron en paralelo con los acuerdos económicos cuyo objetivo fue el acceso a los recursos estratégicos y a los excedentes del país. NAFTA (hoy T-MEC), considerado programa piloto del proyecto hemisférico (ALCA), fue complementado con un entramado institucional y jurídico en seguridad y defensa que cristalizó con la incorporación de México a Comando Norte, ASPAN, Proyecto Mesoamérica e Iniciativa Mérida (hoy reemplazada por Entendimiento Bicentenario). Desde aquí se operó la reestructuración de la política de seguridad. Aunque México siempre concentró la atención en seguridad interna por razones históricas y la cercanía con EU, a partir de su inserción subordinada al esquema de seguridad estadounidense ésta cobró nueva centralidad. El rediseño de ingeniería legal e institucional en materia de seguridad comenzó a operar desde los años noventa, mucho antes de la "guerra contra el narcotráfico" de Felipe Calderón. La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (1996) incorporó el término de terrorismo y delincuencia organizada lo que abrió la puerta a la militarización de la seguridad pública y desdibujó la frontera entre ésta y seguridad nacional. Se autorizaron operaciones encubiertas (Art. 11 y 11 bis) y la intervención de comunicaciones privadas (Art. 18, "de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma"). En 1999, se creó una policía militarizada a nivel nacional, la Policía Federal Preventiva, integrada en su mayoría por militares y cuya primera acción fue la represión del movimiento estudiantil de la UNAM (2000) al que se sumarían Atenco, la APPO, huelgas como Sicartsa, Cananea y la intervención de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro. Le sucedería la Policía Federal (2006), también con un perfil militarizado –que actualmente fue reemplazada por la Guardia Nacional– con funciones de investigación y obtención de información "mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia preventiva" (Art. 8.VI), la "georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real" (Art. 8.XXVIII), así como el procesamiento de la información recabada y la acción de agentes encubiertos.
24La Ley de Seguridad Nacional (2005) puso el acento en seguridad interior –definiendo como amenazas el terrorismo, rebelión, sabotaje, traición e intervención extranjera (Art. 5) –, y en información, estableciendo que las instancias a cargo "gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información", incluyendo información anónima e intervención de comunicaciones (Art. 31). El término de terrorismo se incorporó al Código Penal en 2006 y un año más tarde se sustituyó el término "seguridad pública" por "seguridad nacional", en referencia a la LSN. La reforma del Art. 139 y 139 TER (2015) definió el terrorismo de forma laxa y ambigua, en lo que sería prácticamente un calco de la definición de EU: quienes "produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación… [o infligir daño] por cualquier otro medio violento".
25En este contexto, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública (2009) que incorpora a las FFAA y desdibuja claramente la frontera entre seguridad pública y seguridad nacional; tendencia que continuará en el Programa Sectorial de Defensa 2013-2018, con Peña Nieto. El colofón de esta reestructuración es la Ley de Seguridad Interior (2017) que representó el mayor acercamiento entre seguridad pública y seguridad nacional, buscando legalizar y legitimar la acción de las FFAA en seguridad pública y tender un velo de opacidad sobre las acciones realizadas. Incorporó el ambiguo término "seguridad nacional interior", identificada con orden social, orden público y orden constitucional. La respuesta ante una posible amenaza era la Declaratoria de Seguridad Interior, una condición similar al Estado de excepción. Esta ley sería declarada inconstitucional en 2018.
26Sobre esta reestructuración institucional y legislativa se erigió la construcción del Estado de seguridad neoliberal que descansó, como hemos dicho, en una concepción de seguridad de carácter punitivo que dejó como resultado el crecimiento exponencial de la violencia. Un Estado orientado, como señala García, por un lado, a "gestionar y distribuir los riesgos que se asume que no van a ser eliminados en un contexto de crecientes desigualdades y, por otro, capitalizar dichos riesgos con el fin de que se transformen en fuente de poder y recursos… El objetivo no es erradicar el problema sino gestionar el imaginario alrededor del mismo" (2010, p. 3). Es decir, una "gestión preventiva del excedente humano", como dice el mismo autor, en tanto se asume que el sistema económico no es capaz de incorporar a todas las personas. Este Estado de seguridad es hoy una pesada rémora para tomar un nuevo rumbo en materia de seguridad y avanzar en la construcción de la paz, una necesidad imprescindible para el país.
27Como hemos visto, las concepciones y estrategias de (in)seguridad punitivas y centradas en el control presentan serias limitaciones para abordar el problema de la (in)seguridad desde las condiciones de vida cotidiana de la mayor parte de la ciudadanía, tanto a nivel teórico como político. Más aún en el caso de países dependientes (Álvarez, 2007), atravesados por múltiples contradicciones; internamente, la desigualdad socioeconómica y la violencia institucional de amplio espectro y, en el plano internacional, la condición de dependencia que también atraviesa su política de seguridad, como vimos. Esa mirada, focalizada en las amenazas del narcotráfico, terrorismo y catástrofes naturales, desdibuja e invisibiliza el problema de la (in)seguridad interna.
28A partir del recuento que presentamos en este trabajo, consideramos que pensar en este momento el proceso de construcción de paz en México requiere abordarlo desde una perspectiva crítica e integral de la (in)seguridad que nos permita aprehender la complejidad del fenómeno que enfrentamos, visibilizar los costos humanos de la violencia neoliberal de espectro total que imperó durante cuatro décadas y problematizar el proceso histórico de su construcción para repensar de raíz una política de seguridad acorde a la construcción de la paz planteándonos qué proteger, ante qué amenazas, para quiénes la seguridad, cómo garantizarla. Consideramos que los aportes del enfoque crítico sobre seguridad –en particular la Escuela de Gales– y de la sociología del sufrimiento son fundamentales para ello.
29El enfoque crítico sostiene la condición integral de la seguridad de las personas (económica, social, medioambiental, etc.). Al situar el bienestar de las personas en el centro y no el del Estado, la seguridad abarca el amplio abanico de factores que garantizan una vida plena y no sólo la supervivencia física ante las amenazas y riesgos militares. El Estado debe ser un medio y no un fin, a diferencia de las visiones que colocan en el centro los intereses del bloque de poder. En este sentido, Booth, uno de sus exponentes, plantea que:
"las amenazas al bienestar de los individuos y los intereses de las naciones en todo el mundo se derivan principalmente no del ejército de un estado vecino sino de otros desafíos, como derrumbes económicos, la opresión política, la escasez, la sobrepoblación, las rivalidades étnicas, la destrucción de la naturaleza, el terrorismo, el crimen y las enfermedades. En la mayoría de los casos mencionados, la gente se encuentra más amenazada por las políticas y las deficiencias de sus propios gobiernos que por las ambiciones napoleónicas de sus vecinos. Para incontables millones de personas en el mundo es su propio Estado y no el ‘enemigo’ el que representa la amenaza de seguridad principal" (Booth, 2013, p. 106).
30De esta manera, para pensar en una perspectiva de seguridad alternativa será imprescindible incorporar "la seguridad desde la perspectiva de aquellas personas sin poder, tradicionalmente silenciadas por las estructuras prevalecientes" (Larenas, 2013, p. 88). Ello conlleva reconocer las condiciones de construcción social del problema de la (in)seguridad y, en esa medida, sus posibilidades de deconstrucción y transformación, de manera que no hay cabida para la naturalización de los problemas sociales como sucede desde el pensamiento hegemónico. Y, por otra parte, requiere pensar esa construcción social como totalidad, con la multidimensionalidad de factores y actores que están inmersos en el problema de la (in)seguridad. Es decir, recuperar la especificidad del contexto social, político y cultural en que se produce, y que no podría entenderse fragmentadamente, para pensar y generar una política de seguridad alternativa a la neoliberal.
31En este sentido, la seguridad crítica desde la concepción de la Escuela de Gales nos coloca ante la necesidad de incorporar las limitaciones físicas y humanas que enfrenta la persona (la guerra, la pobreza, el no acceso a la educación, a la salud, etc.) como parte de los problemas reales de (in)seguridad. Desde esta perspectiva, la seguridad aparece como una liberación del sujeto ante la ausencia de amenazas y necesidades que ponen en jaque su existencia cada día. Ésta tendría que ser la perspectiva de una política alternativa de seguridad.
32A ello habría que sumar los aportes teóricos y metodológicos de la sociología del sufrimiento que rompe con la normalización de éste en las prácticas sociales e interpela las interpretaciones institucionales y académicas que banalizan el dolor. El sufrimiento, como señalan Kleinman, Das y Lock, da cuenta de:
"un conjunto de problemas humanos que tienen su origen y consecuencias en los devastadores daños que la fuerza social puede infligir a la experiencia humana… resulta de lo que el poder político, económico e institucional le hace a la gente y, recíprocamente, de cómo estas formas de poder influyen en las respuestas a los problemas sociales. Forman parte de la categoría de sufrimiento social, condiciones que generalmente se dividen en campos separados, condiciones que involucran simultáneamente cuestiones de salud, bienestar, legales, morales y religiosas" (1997, IX).
33Crueldad y sufrimiento serán dos caras de una misma realidad. Hay una producción y gestión institucional del sufrimiento que moldea la subjetividad (visiones del mundo, sentir y prácticas sociales) y garantiza la reproducción del orden dominante (Renault, 2006) con las que es necesario romper. La banalización del sufrimiento y de la crueldad, en el sentido de Arendt, encubre el asedio al que es sometida la mayor parte de la población en el orden social neoliberal.
34En sociedades altamente desiguales, como la mexicana, "la extrema crueldad se inscribe así en un contexto de extrema desigualdad", dirá Blair (2001, p. 9). Al pasado colonial y a la condición histórica de dependencia estructural, se sumó la lógica del capitalismo de guerra neoliberal que, desde sus inicios, generó dosis ingentes de dolor y sufrimiento en un ejercicio de violencia sin contención, proporcional a la concentración de riqueza y poder objetivo del despojo. Las políticas neoliberales han sido políticas de administración y gestión del sufrimiento que es necesario transformar para detener los altos niveles de exposición a la violencia en todas sus formas así como su aceptación –desde abajo, doblegamiento, resignación y miedo; desde arriba, banalización–; más aún en una sociedad donde la magnitud y brutalidad de la violencia armada minimiza y favorece la aceptación de las restantes formas de violencia y sus costos humanos. La lógica de administración de la muerte y desechabilidad de la vida en tanto "instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material de los cuerpos y poblaciones humanas juzgadas como desechables o superfluas" está en el centro de las políticas neoliberales que convierten la excepción en normalidad y que, como señala Mbembe (2012, p. 135) están presentes en las formas coloniales contemporáneas. El disciplinamiento del cuerpo dio paso al doblegamiento del sujeto, al control psicosocial y a la modelación de su subjetividad en la sociedad neoliberal. Ésta es la herencia que hay que enfrentar para construir una necesaria política de seguridad alternativa.
35En este sentido, tanto los aportes de la sociología del sufrimiento y del enfoque crítico de seguridad nos colocan ante una perspectiva integral como alternativa. A ello hay que sumar el enfoque del florecimiento humano (bien-ser-estar-objetivo y subjetivo) de Boltvinik (2020) que aspira al pleno desarrollo de la esencia humana, en sus necesidades y potencialidades, como garantía de seguridad integral. Será además imprescindible pensar una agenda de seguridad desde y con los actores cotidianos que viven la inseguridad de amplio espectro, como plantea George Marcus (Álvarez Castañeda, 2007); esas grandes mayorías vulnerables e invisibilizadas que ven en riesgo su existencia en múltiples formas cada día.
36Necesitamos estos enfoques alternativos para visibilizar las fuentes de la inseguridad naturalizadas durante años y diseñar políticas transformadoras desde las que iniciar el camino para la construcción de la paz que, necesariamente, exige el reconocimiento de la verdad, de los costos humanos y sus impactos, y la restitución de justicia ante la violencia y crueldad generada tanto por la violencia armada como por la violencia económica, social y psicosocial. A partir de este encuadre, habrá que reflexionar sobre las bases y el alcance de la política de seguridad del actual gobierno de López Obrador que, si bien partió de una concepción no punitiva y de la reconstrucción de políticas de distribución social, enfrenta cotidianamente la herencia del Estado de seguridad neoliberal a la par que se apoya en las fuerzas de seguridad para hacer frente a la desestabilización, la corrupción y la violencia.