- 1 Victoria Basualdo, “The Argentine dictatorship and labour (1976-1983): A Historiographical Essay”, (...)
1La historiografía sobre la dictadura argentina entre 1976 y 1983 es amplia, rica y diversa e ilumina rasgos significativos de este proceso histórico de gran complejidad sobre el cual existen importantes debates y controversias. La producción acumulada en estas décadas no sólo abordó y debatió las grandes tendencias, sino también las tensiones y contradicciones y el papel que jugaron diferentes sectores y actores sociales durante el período1. Este texto intentará sintetizar contribuciones de algunas líneas de investigación de las últimas décadas que contribuyen a enriquecer una mirada de la dictadura desde la perspectiva de la relación entre capital y trabajo, a partir de una creciente confluencia y diálogo entre diversos campos disciplinares como la historia económica, de empresas, de la clase trabajadora y el movimiento sindical y de las dinámicas represivas.
- 2 Emilio Crenzel, La memoria de las desapariciones en Argentina: La historia política de Nunca Más (N (...)
2Esta dictadura se inscribió, en el largo plazo, en una serie de golpes de Estado en Argentina llevados adelante por las fuerzas armadas a partir de 1930, y particularmente en las dictaduras de la Guerra Fría (1955-1958 y 1966-1973). Parte de un proceso de expansión de la Doctrina de la Seguridad Nacional en América Latina, la última dictadura (1976-1983) es considerada un punto de inflexión significativo en la historia argentina. La junta militar que tomó por asalto el gobierno en 1976 llevó adelante un plan sistemático represivo que tuvo como efecto la desaparición forzada de alrededor de 30 000 personas, el encarcelamiento de miles por motivos políticos, al tiempo que muchas otras fueron torturadas, asesinadas o exiliadas, sus bienes personales fueron confiscados y, en cientos de casos, los hijos e hijas de los desaparecidos/as fueron secuestrados. Tras la elección de un gobierno en elecciones democráticas, por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en 1984, algunos de los crímenes de Estado más graves fueron juzgados en el llamado Juicio a las Juntas en 1985, en cuyo marco se juzgó y condenó a varios de los más altos jefes militares2. En 1986/87, nuevas leyes nacionales restringieron el alcance y el tiempo de los juicios penales, y en 1989/90 el presidente Carlos Menem decretó indultos en un intento de promover la “reconciliación” a expensas de la obtención de justicia. Entre 2001 y 2005 diversos poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se expidieron sobre este proceso de impunidad y en 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, abriendo el camino para el desarrollo de juicios penales para juzgar los crímenes de Lesa Humanidad que continúan hasta el día de hoy, siendo un tema crucial de discusión y persecución bajo el gobierno de Javier Milei.
3Tanto en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia como en el campo de la producción científica y académica, se tendió a considerar que para analizar la dictadura de 1976-1983 resultaba crucial, no sólo tomar en cuenta la dinámica represiva y el papel de las fuerzas armadas en el terrorismo de Estado, sino también las transformaciones de la estructura económico-social, el papel de la clase trabajadora, la importancia del conflicto entre capital y trabajo, un marco en el cual se volvió cada vez más visible la alianza intelectual, institucional, económica y represiva entre las fuerzas armadas y sectores del empresariado más concentrado. Una figura clave en este sentido fue José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía entre 1976 y 1981, que había sido Presidente del directorio de Acindar, una empresa siderúrgica profundamente implicada en la represión a trabajadores a partir de 1975, que se convirtió en un símbolo de la alianza entre el poder económico y las fuerzas armadas durante el período, en el contexto de cambios internacionales geopolíticos y estructurales relacionados con la crisis del petróleo y la transición del fordismo al post-fordismo.
- 3 AEyT de FLACSO, CELS, PVJ y SDH, Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad: Represió (...)
4Desde las denuncias realizadas a nivel internacional, así como en el Informe Nunca Más, diversos establecimientos laborales habían sido señalados como territorios de represión, cuestión que se abordó también en el Juicio a las Juntas y en diversas otras formas de judicialización no sólo en el ámbito penal, sino también en el civil y laboral, y de los Juicios por la Verdad iniciados a fines de la década del 90 y desarrollados en diversos puntos del país. En este contexto, estudios recientes abordaron las formas de intervención e involucramiento empresarial en la represión a trabajadores/as durante la dictadura. Un importante proyecto de investigación que analizó dicho proceso represivo se desarrolló entre 2014 y 2015, con un equipo de cerca de 20 personas de cuatro instituciones3. El informe final en dos volúmenes, de más de mil páginas de extensión, fue presentado hace 10 años, en diciembre de 2015, en un contexto de cambio político importante por la asunción presidencial de Mauricio Macri. En este informe se sintetizó la investigación sobre 25 empresas de diversos sectores económicos con sede en distintas regiones del país. Utilizando una amplia gama de fuentes (incluyendo entrevistas orales, documentos judiciales, documentos de archivo y fuentes de los medios de comunicación), el informe se basó sistemáticamente en los archivos de las instituciones públicas, en particular el Archivo Nacional de la Memoria, el Archivo General de la Nación y el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entre muchos otros. Si bien el informe se centró sobre todo en los lugares de trabajo, cada capítulo individual analizó dimensiones relacionadas con las trayectorias empresariales, la historia de la organización sindical, el proceso represivo y, finalmente, las formas de participación empresarial en la represión.
- 4 AEyT de FLACSO, CELS, PVJ y SDH, “Responsabilidad empresarial”, conclusiones.
- 5 AEyT de FLACSO, CELS, PVJ y SDH, “Responsabilidad empresarial”, p. 408-409.
5Además del análisis en profundidad de los casos, se analizó también la existencia de un patrón en estos casos en lo referido a la participación empresarial en las violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura (1976-1983). Se encontraron altos niveles de recurrencia en fenómenos como los secuestros de trabajadores y delegados de planta en sus puestos de trabajo en las fábricas, la entrega de información privada y sensible sobre los trabajadores perseguidos, la presencia de las fuerzas armadas dentro de la propiedad privada de las empresas y la existencia de personal militar a cargo del control y la supervisión de los trabajadores, la participación de cuadros militares en la junta directiva o en la estructura gerencial de las empresas, así como la realización de importantes operativos militares dentro de las fábricas4. En más de la mitad de los casos analizados se pudo comprobar la participación de altos cargos empresariales en el proceso de detención y secuestro, y en algunos casos incluso de tortura, al tiempo que en alrededor de la mitad de los casos, las empresas cedieron temporalmente espacios dentro de su propiedad privada para que se instalaran efectivos militares, realizaron aportes económicos a las fuerzas armadas, al tiempo que en un 40 % facilitaron vehículos a los militares para que los utilizaran en la acción represiva. Finalmente, en 5 de las 25 empresas –Acindar, Astilleros Río Santiago, Ford, Ingenio “La Fronterita” y la empresa de ómnibus “La Veloz del Norte”– se pudo comprobar que existieron Centros Clandestinos de Detención dentro de los predios laborales5.
6La propuesta metodológica, conceptual y de fuentes de esta investigación colectiva, que construyó además una interpretación histórica en fuerte diálogo con la producción académica previa, tuvo diversos impactos en esta década, tanto en términos del diálogo con los debates históricos sobre la dictadura argentina, como de las articulaciones con el proceso de memoria, verdad y justicia, y finalmente en proyectos y redes regionales e internacionales que apuntan a hacer una historia conectada y articulada del ciclo dictatorial de América del sur de mediados de los años 70, en el marco más amplio de las dictaduras de la Guerra Fría.
- 6 James Brennan, The Labor Wars in Cordoba, 1955-1976: Ideology, Work, and Labor Politics in an Argen (...)
7En términos de los debates e interpretaciones históricas, las investigaciones sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad establecieron un diálogo significativo con los estudios sobre los ciclos de conflicto y protesta desde finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 y sobre un movimiento sindical de los más fuertes y poderosos de América Latina, cuyo núcleo era la clase obrera industrial, que había experimentado un crecimiento cuantitativo y cualitativo por décadas. En este contexto latinoamericano, la Revolución Cubana, el proceso de descolonización y la ola de protestas urbanas de finales de los años 60 en distintos puntos del mundo, tuvieron lugar levantamientos obrero-estudiantiles como el “Cordobazo” en 1969, un punto alto en una serie de movilizaciones masivas en diferentes ciudades del país6. Este ciclo de protestas obreras incidió fuertemente en el final de la proscripción política de Perón iniciada en 1955 y en su llegada a la presidencia en 1973, pero incluso luego de ese hito conquistado tanto la clase trabajadora fue blanco de una represión creciente. Desde 1974, además del accionar de fuerzas parapoliciales, las fuerzas armadas desarrollaron diferentes operaciones en todo el país, la más extrema de las cuales fue el “Operativo Independencia”, una campaña militar en la provincia de Tucumán contra las organizaciones guerrilleras que tuvo además un ensañamiento y persecución del activismo político, sindical y laboral. Éste y otros procesos represivos en diversos puntos del país, entre los que también se destaca el Operativo “Serpiente Roja del Paraná” desarrollado en el cordón industrial de zona norte en marzo de 1975 con epicentro en la localidad de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe y focalizada centralmente en sectores combativos del movimiento obrero, anticiparon las brutales prácticas que se extenderían a todo el territorio nacional a partir del 24 de marzo de 1976.
- 7 Eduardo Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX hasta la ac (...)
- 8 Victoria Basualdo, Ivonne Barragán, and Florencia Rodríguez, La clase trabajadora durante la última (...)
- 9 Basualdo, Barragán y Rodríguez, La clase trabajadora y Victoria Basualdo, “Trade Unions and Corpora (...)
8El proyecto dialogó también con los análisis de los cambios en el patrón de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones en América Latina al calor de una expansión del proceso de financiarización, promoviendo una creciente apertura comercial y liberalización financiera a partir de 1976, reduciendo la participación del sector industrial en la economía y fomentando el establecimiento de un nuevo modelo económico, con un papel crucial de la actividad financiera7. En términos de los análisis de las relaciones laborales y de la transformación de la estructura normativa protectoria, también confluyó con los análisis de los impactos de las intervenciones sindicales, la suspensión de las negociaciones paritarias, el derecho de huelga y todas las demás acciones laborales y la transformación de una gran parte de la normativa laboral8. También verificó que este patrón extremo de represión estuvo asociado a un proceso de “militarización” en las grandes fábricas, así como a numerosos retrocesos y pérdidas en los derechos laborales y en las formas de organización de los trabajadores, lo cual tuvo impacto sobre el resto de la clase trabajadora y las comunidades que rodeaban estas grandes empresas que eran centrales en sus sectores económicos. Los trabajadores tuvieron que renunciar a muchas de sus conquistas laborales, las medidas de seguridad en los procesos de producción y el derecho a la protesta. La expansión de la subcontratación y los cambios regresivos en las relaciones laborales también acompañaron la represión, al tiempo que la dimensión de género y raciales aparecieron también como claves en articulación con la de clase. Los estudios realizados también mostraron que mientras algunos actores políticos, sociales y sindicales se alinearon con la dictadura, otros sectores del movimiento obrero las enfrentaron, tanto a partir de diversos modos de organización y protesta en el territorio nacional, como en el exterior, movilizando o construyendo redes internacionales de activismo obrero y sindical9.
9En segundo lugar, estas investigaciones tuvieron impacto en los procesos de judicialización de la responsabilidad empresarial en la justicia penal en la Argentina. El gran paso adelante en este sentido fue la denominada Causa “Ford” tuvo como objeto determinar las responsabilidades de quien había ostentado la máxima autoridad militar de la zona, Santiago Omar Riveros, y dos altos funcionarios de la empresa Ford Motor Argentina: Héctor Sibilla, Jefe de Seguridad de la empresa y Pedro Müller, Gerente de Manufactura, integrante del Directorio y reemplazante del Presidente en caso de viaje, en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983) contra 24 ex trabajadores y delegados sindicales de esa firma. El juicio oral se extendió desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018 y culminó con la condena a 15, 12 y 10 años de cárcel respectivamente a Riveros, Sibilla y Müller por el tribunal oral Federal N 1 de San Martín, condena que fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina en 2021, decisión que fue apelada por las defensas. Si bien la causa de Ford fue la más resonante y significativa, con gran impacto global, en la actualidad se están desarrollando una gran cantidad de juicios, en un contexto profundamente adverso y complejo bajo la ofensiva del gobierno de Milei tanto contra el campo científico y tecnológico, como contra el campo de derechos humanos.
- 10 Victoria Basualdo, Magdalena Garcés, Carla Osmo y Edson Teles, “Formas de judicialización de la par (...)
- 11 Victoria Basualdo, Hartmut Berghoff, Marcelo Bucheli, Big Business and Dictatorships in Latin Ameri (...)
10En tercer lugar, estas investigaciones se realizaron, desde sus inicios, en el marco de articulaciones regionales tanto a nivel de investigación y judicialización, que adquirieron particular fuerza en Brasil y Chile, donde también hubo avance en la producción histórica sobre estos temas en forma interdisciplinaria, articulados con intentos de profundización en términos de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, en todos los casos a partir de una construcción de vínculos con sobrevivientes y organizaciones sociales, sindicales y políticas con trabajo en estos temas10. Estas líneas de trabajo, articuladas a partir de redes académicas como la Red de Procesos Represivos, Empresas, Trabajadores/as y Sindicatos en América Latina (RIProR) permitieron abordar en mayor profundidad una gran cantidad de casos, incluyendo procesos rurales, impactos territoriales y ecológicos, y profundizando la mirada interseccional de clase, género, raza y generaciones. Al mismo tiempo, se profundizó el diálogo con otras experiencias autoritarias como el nazismo y estudios históricos para una gran cantidad de países del continente11.
11En suma, estas líneas de investigación, construidas en diálogo con la expansión del campo de estudios sobre dictaduras, aborda dimensiones, sujetos y problemáticas que lejos de estar vinculadas únicamente al proceso histórico específico del período dictatorial, resultan centrales para el análisis de las décadas siguientes, proporcionando claves de lectura que a partir de la dimensión capital-trabajo, permiten abordar etapas e intentos sucesivos y vinculados de reconfiguración del papel de la clase trabajadora y el movimiento sindical, sus derechos, condiciones de vida y posibilidades de organización.