1El ciclo de radicalización e insurrección previa al golpe y al terrorismo de Estado en Argentina durante la década del setenta tuvo disímiles lecturas. En los años ochenta se oficializó la “teoría de los dos demonios”, tendiente a comprender el genocidio estatal como la respuesta exacerbada a la violencia revolucionaria. En las últimas décadas esta mirada fue relegada y pasó a formar parte de voces marginales. No obstante, con el ascenso del gobierno de ultraderecha encabezado por Javier Milei, se esbozó una relectura del pasado reciente. Los años setenta son presentados como un escenario de guerra y el terrorismo de Estado justificado como exceso. Sin embargo, si La Libertad Avanza reduce la militancia y actividad política de la década del setenta a un pequeño número de organizaciones político-militares es, precisamente, porque se trató del último ascenso disruptivo y con potencialidad de subvertir el orden social en el país. De allí que no sea posible analizar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 como una respuesta para efectuar el aniquilamiento de las organizaciones armadas (ya fuertemente dañadas), sino como un intento de revertir la insurgencia social tras disímiles fórmulas fallidas.
2El 29 de mayo de 1969, en el marco de la “Revolución Argentina”, el gobierno dictatorial iniciado tres años antes, se produjo en la provincia de Córdoba un estallido obrero, estudiantil y popular de enorme magnitud que hizo retroceder a las fuerzas represivas locales, dando inicio a una crisis política irreversible. Su protagonista fue un proletariado moderno, distante de la dirigencia sindical peronista nacional y víctima de una doble opresión: la exterior (dada su inserción laboral en empresas transnacionales asentadas en los años previos) y la ejercida por Buenos Aires hacia el interior.
3Aunque es válido identificar en el Cordobazo el desenlace del oscilante proceso de resistencia obrera que experimentó el país desde el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955, existe un consenso en visualizar en este hecho un quiebre en la conflictividad y el punto de partida de un proceso de radicalización y movilización que marca la entrada de Argentina en la era del “Global ‘68” y que no lograría ser revertido en los siguientes años, hasta el momento del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
4El “mayo cordobés” se convirtió en el principio del fin de la dictadura de Juan Carlos Onganía y dio lugar a la crisis de unas FF.AA. atravesadas por crecientes contradicciones, así como también, la emergencia de profundas pujas interburguesas que abonaron a la inestabilidad. El ciclo de acciones desatadas forjó una “crisis orgánica” o “de dominación” en sintonía con una movilización creciente de distintos sectores sociales que empujó, tanto al establishment argentino como a los actores dominantes del “campo occidental” (incluyendo a la administración estadounidense), a contemplar la posibilidad de acudir al retorno del peronismo como una vía para estabilizar la situación.
5El levantamiento abrió un ciclo de protestas en diversas regiones que, partiendo de reivindicaciones locales, pusieron en tela de juicio al régimen militar y contaron con el protagonismo de amplios sectores. Hasta 1972, el país experimentó el ciclo de los “azos”, una sucesión de puebladas que se sucedieron en provincias y localidades como Tucumán, Rosario (Santa Fe), Cipolletti (Río Negro), El Chocón (Neuquén), Catamarca, Jujuy y Mendoza, entre otras. Por lo general, incluyeron el enfrentamiento directo de los obreros y estudiantes contra las fuerzas represivas, pero con la carencia de una dirección política unificada que organizara a los diversos sectores y acciones. Barricadas, quema de automóviles, ataques a edificios públicos o bancos, fueron parte del repertorio habitual. Insurrección urbana, semi-insurrección, desborde de las masas con respecto a sus dirigentes políticos o sindicales, revueltas espontáneas, situación prerrevolucionaria o inicio de una etapa revolucionaria, fueron solo algunas de las caracterizaciones circulantes esgrimidas en ese momento.
6Paulatinamente, la conflictividad obrera adquirió mayor contenido político, se extendió regionalmente y se radicalizó en sus métodos. El mayo cordobés fue también el inicio de un nuevo tipo sindicalismo que, en ocasiones, excedió la identidad peronista y cuestionó a sus cúpulas dirigenciales. La visualización más acabada de ello fue el denominado clasismo. La adopción por parte de distintos núcleos de trabajadores de posicionamientos que sostenían su autonomía como clase conllevaba un distanciamiento de hecho respecto a la retórica del peronismo, tendiente a la presencia reguladora del Estado en las relaciones sociales. La concepción clasista reconocía el antagonismo propio del sistema capitalista lo que se imbricó, a su vez, con el rechazo a una dirigencia sindical peronista tradicional que apostaba por la negociación con el empresariado y los gobiernos de turno. A su vez, ello posibilitó la retroalimentación y el acercamiento de los trabajadores a disímiles expresiones del campo de la izquierda. No solamente es destacable el desarrollo de la llamada izquierda peronista (que tuvo su expresión en el mundo del trabajo) sino también el crecimiento de vertientes del campo del trotskismo (como el Partido Socialista de los Trabajadores), del maoísmo (como el Partido Comunista Revolucionario y Vanguardia Comunista) como, así también, de organizaciones político-militares de cuño marxista, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores y su organización armada, el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
7Metodológicamente, el clasismo conllevó la materialización de instancias asamblearias y el uso de la democracia directa, los “paros activos” con la ocupación de sitios de producción o las manifestaciones callejeras que pugnaban articular con otros actores de la comunidad. Agustín Tosco (1930-1975, dirigente del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba, fallecido en la clandestinidad), René Salamanca (1940-1976, dirigente del sindicato mecánico de Córdoba, desaparecido el día del golpe), Alberto Piccinini (1942-2021, dirigente metalúrgico de Villa Constitución detenido en marzo de 1975 y encarcelado hasta 1982) o los sindicatos de la empresa FIAT de Córdoba (SITRAC-SITRAM) serán ejemplos de la emergencia de un nuevo tipo de dirigencia obrera. No se trató de un fenómeno exclusivo del llamado “interior” del país. Aunque con menor virulencia, la protesta se extendió a Buenos Aires en rubros como el bancario, el telefónico o los empleados de universidades.
8Entre 1969 y 1972, la protesta obrera y estudiantil junto al recurrente estallido de la población redundaron en una crisis irreversible. Los intentos de freno gubernamentales mutaron desde la utilización de la represión de diversa intensidad; los virajes económicos hacia lógicas más estatistas o proteccionistas; o bien, las tentativas de salidas políticas pactadas entre la corporación castrense y las estructuras partidarias tradicionales con el intento de aislamiento de aquellas organizaciones que desarrollaban una praxis armada. Todas estas alternativas fueron fallidas. El llamado electoral para comienzos de 1973 y la posibilidad legal de participación del peronismo (por primera vez desde el golpe de Estado de 1955) acabó por ser una carta tolerada por facciones militares y empresariales bajo la perspectiva de cerrar el ciclo de conflictividad. Sin embargo, pronto se cotejó que el intento por reeditar un modelo estatista, policlasista y de prédica nacionalista, exitoso tres décadas atrás bajo las presidencias de Perón (1946-1955), resultaría insuficiente como modo de revertir la radicalización.
9El retorno del peronismo - en el marco de un heterogéneo conglomerado en el que coexistían expresiones más de izquierda y alas claramente conservadoras y de derecha que terminarán prevaleciendo, bajo la bendición de Perón - aceleró las contradicciones preexistentes del movimiento. El choque entre su líder y aquellos sectores que aspiraban a la llegada de un “socialismo nacional”, la imposibilidad de reproducir el triángulo negociador empresariado - clase obrera - Estado en un contexto de crisis económica internacional y los límites para impulsar lógicas redistributivas, fueron sus elementos más notorios. Mediante el “Pacto Social”, el peronismo intentó forjar el control estatal de precios y salarios para aplacar las tensiones entre el capital y el trabajo y controlar el proceso de conflictividad social.
10Después de la aplastante victoria de la formula peronista en las elecciones presidenciales y legislativas de marzo y abril de 1973, la breve presidencia de Héctor Cámpora se encontró signada por la continuidad de un repertorio de acciones colectivas disruptivas, siendo las ocupaciones, mayoritariamente de recintos públicos y organismos gubernamentales, su rasgo más elocuente. No se trató de un movimiento contra el gobierno recién asumido sino la percepción de que mediante este accionar se ratificaría un triunfo popular iniciado en las urnas. La otra faceta fueron los conflictos laborales sucedidos entre junio y septiembre de 1973 por la reincorporación de cesantes o despedidos, mejoras en las condiciones de trabajo, revisión de los convenios o el pago de salarios adeudados.
11Una vez retornado al poder el propio Perón, en septiembre de 1973 con casi el 62% de los votos, este se apoyó en el sindicalismo ortodoxo mediante una serie de iniciativas que marcaron un límite al proceso previo de reorganización obrera de base. La modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales, por ejemplo, otorgó a los dirigentes sindicales garantías extraordinarias para permanecer en sus puestos y la limitación a cualquier atisbo de oposición interna, entre ellas, la posibilidad de intervenir las comisiones internas de fábrica sin derecho a apelación. En otro orden, la Ley de Prescindibilidad brindó una cobertura legal para la aplicación de despidos entre los empleados públicos y la reforma del Código Penal se utilizó para la represión de las ocupaciones fabriles bajo el argumento de usurpación y privación ilegítima de la libertad. Todo ello se produjo en un contexto de crecimiento de la represión ilegal y paraestatal con la aparición de la Alianza Anticomunista Argentina (más conocida como Triple A).
12Entre octubre de 1973 y febrero de 1974 se sucedieron numerosos conflictos por condiciones de trabajo y la reincorporación de cesanteados. Muchas veces se trató de demandas surgidas y organizadas desde las propias bases que proyectaron a nuevas camadas de dirigentes no alineados a sus conducciones. A comienzos de 1974, la conflictividad fue hegemonizada por reclamos salariales ante el fracaso de la denominada “Gran Paritaria Nacional”. Las demandas tendieron a la masificación, prolongación y desarrollo de metodologías más álgidas; Córdoba dejó de ser el epicentro para generalizarse el reclamo al resto del país; el gremio automotriz dio lugar al accionar de otros rubros como los docentes, estatales, bancarios, trabajadores de la construcción o la alimentación; y emergieron síntomas de extensión de solidaridad entre ámbitos laborales disímiles.
13La muerte de Perón en julio de 1974 y la asunción de María Estela Martínez de Perón, su vicepresidenta, profundizó las contradicciones internas en el movimiento y generó una escalada de violencia. Ante el notorio incremento inflacionario, se adelantó la convocatoria a convenciones paritarias para marzo de 1975. La relación entre las direcciones sindicales y el elenco gobernante se tornó más dificultosa y la CGT comenzó a mostrar incipientes signos de preocupación hacia el lugar que se le asignaba.
14Desde la asunción de la nueva presidenta hasta mediados de 1975, el conflicto más importante acaeció en la localidad de Villa Constitución (Santa Fe) tras el intento de desplazar a la conducción combativa en tres de las plantas metalúrgicas y siderúrgicas más importantes del país. El gobierno tomó una posición extremadamente dura contra aquellas expresiones gremiales que manifestaban signos de autonomía y críticas a los métodos de sus propias centrales. El retiro de la personería a la Federación de los azucareros de Tucumán (FOTIA) o la intervención de la Federación Gráfica Bonaerense son algunos ejemplos de una política de disciplinamiento de las conducciones a las seccionales y a los organismos disidentes.
15La llegada de Celestino Rodrigo como ministro de Economía, en mayo de 1975, implicó un quiebre. En un marco de comisiones paritarias estancadas, se anunció un paquete de medidas que golpeaban a las condiciones materiales de los trabajadores. Así, entre junio y julio de 1975 se vivió, en pocas semanas, el pico de conflictividad del ciclo iniciado seis años antes, con la primera huelga general y masiva, organizada contra un gobierno peronista. Tras una tímida convocatoria de la CGT a un paro de actividades por la homologación de los convenios firmados, la clase obrera se abrió paso con una demostración de fuerza contundente. La decisión del gobierno de no homologar los convenios de trabajo y anunciar la sanción de un aumento salarial por decreto generó el punto más álgido del estallido con movilizaciones en todo el país, cese de tareas y el fortalecimiento de coordinadoras interfabriles en el Gran Buenos Aires y la Mesa de Gremios en Lucha en Córdoba, expresiones de la dinámica, por abajo, de un proceso de autoorganización de los sectores más radicalizados de la clase trabajadora, con algunos rasgos parecidos a los Cordones industriales chilenos que habían representado la punta de lanza de la radicalidad del proceso revolucionario en el país vecino. La presión de las bases llevó a la CGT a convocar a una huelga general de 48 horas los días 7 y 8 de julio. Ante lo masivo del acatamiento, el gobierno homologó los convenios. Se trató de un movimiento que comenzó con huelgas por lugar de trabajo y por rama en algunas ciudades del país y se extendió alcanzando la forma de huelga parcial por localidad hasta, finalmente, nacionalizarse en la concentración convocada por la central obrera.
16El Rodrigazo fue un pico en la efervescencia. Implicó para la clase obrera el pasaje de luchas económicas parciales a un enfrentamiento directo contra el gobierno, el resurgir de la movilización callejera, la participación de sectores determinantes del proletariado industrial y el retorno de Buenos Aires y su cinturón industrial como epicentro del conflicto. A su vez, el fenómeno de las coordinadoras interfabriles fue quizás la mayor expresión de la organización autónoma del movimiento obrero. En el espacio bonaerense se organizaron en cuatro zonas: Norte, Sur, Oeste y La Plata-Berisso-Ensenada a lo que se agregó la experiencia de Capital Federal y llegaron a ser vislumbradas como embrionarias instancias de poder dual.
17Con conducciones sindicales que optaron por la negociación y sin lograr los trabajadores profundizar las instancias de coordinación esbozadas, los últimos meses del año dieron cuenta igualmente de la continuidad de la protesta laboral. La conflictividad pugnó frenar el avance represivo del gobierno que se manifestó a través de medidas como la prohibición de las huelgas, la supresión de los ajustes periódicos incluidos en algunos convenios y la restauración de la ley de Prescindibilidad. Ello, complementado con el reforzamiento del cuadro represivo legal a través de decretos como el 271/75 (conocido como el Operativo Independencia que habilitó a las FF.AA. a actuar en la provincia de Tucumán para “neutralizar y/o aniquilar el accionar subversivo” y, luego, los decretos 2770, 2771 y 2772 del mismo año, que extendieron la represión a todo el territorio argentino). Este escenario fue retroalimentado por la continuidad de la represión extralegal a través de la intensificación de los secuestros y asesinatos perpetrados por grupos parapoliciales.
18Previamente al golpe de Estado de marzo de 1976, Emilio Mondelli fue nombrado ministro de Economía. Su Plan Nacional de Emergencia intentó reeditar el fracasado modelo de Rodrigo con la subordinación al FMI o la privatización de empresas públicas. Este encontró a las cúpulas sindicales tradicionales divididas, pero a la vez, una rápida reactivación del conflicto desde las bases obreras, sus organismos y las coordinadoras interfabriles. No obstante, primó el método de la huelga por lugar de trabajo en lugar de las movilizaciones masivas callejeras y la lucha no logró centralizarse y plasmarse en una huelga general a nivel nacional.
19El escenario hacia el golpe de Estado se hallaba cada vez más claro. La capacidad de movilización y la embrionaria articulación entre sectores proletarios habían sido barreras de peso a los intentos de ajuste y racionalización económica, pero insuficiente ante la decisión tomada por las FF.AA. y sus aliados empresariales de ir al golpe. La puesta en práctica de una represión extrema, concretada por intermedio del terrorismo de Estado e inédita hasta ese momento en el país, sería el camino a través del cual el proceso de movilización y radicalización iniciado en 1969 lograría ser finalmente bloqueado en sus posibilidades de mayor desarrollo.
