1Desde 1983, los usos públicos del pasado reciente se convirtieron en una herramienta de legitimación y disputa política, un “campo de batalla” histórico. Cada gobierno reconfiguró su relación con los usos públicos del pasado para definir su vínculo con el Estado, la democracia post 1983 y las fuerzas sociales de los años setenta.

2Esta dinámica tiene un nuevo momentum en un contexto global signado por la reemergencia de extremas derechas que apelan al pasado como instrumento de la “batalla cultural” (Traverso E., 2021). La llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, el 10 de diciembre de 2023, implicó el inicio de una nueva querella en torno a los “usos de la historia”. Su proyecto, presentado como refundacional de la estructura social y económica argentina, se apoya en una lectura del pasado que refuncionaliza viejos núcleos ideológicos de las derechas vernáculas. Estas han alternado entre la aceptación formal de la democracia liberal y el rechazo a su dimensión de masas. En ese espectro han encontrado puntos de convergencia, no sin tensiones y matices, dos de sus tendencias internas: el liberalismo conservador y el nacionalismo reaccionario, particularmente en torno a las diversas dictaduras militares que asolaron al país (Semán P., 2023).

3El gobierno de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, hereda gran parte de ese repertorio aunando nuevamente en la coalición gobernante, no sin tensiones, a la tradición nacionalista reaccionaria (representada en la vicepresidenta, Victoria Villarruel) con la corriente liberal conservadora (más propia de sectores del mileismo). La fusión política de estas tendencias ha tenido su correlato en una narrativa que actualiza una mirada sobre los años 70, convirtiendo al pasado en un insumo de intervención política. La evocación de esos años funciona como parte de un relato de largo aliento: el enemigo de las derechas de aquel entonces, permeadas por el clima de la Guerra Fría y la Doctrina de la Seguridad Nacional –la “subversión”, el “comunismo”– reaparece resignificado como una más de las cruzadas que explican la decadencia argentina, cuyo germen radicaría en la aplicación de la Ley Sáenz Peña de 1912, que estableció el voto universal para los varones mayores de 18 años, y el subsiguiente inicio del “populismo”. El uso del pasado no solo articula una explicación del presente, sino que legitima la construcción de una nueva derecha que se autodefine como restauradora frente a un país “desviado” durante más de un siglo, obligada a claudicar de su destino manifiesto como “potencia” agroexportadora en el crepúsculo del siglo XIX.

4Esta ofensiva discursiva se combina con una lectura de la posdictadura que se ha propuesto desmontar la “Teoría de los dos demonios”. Esta, fundante de la llamada “transición democrática” de 1983, establecía que el golpe de estado de 1976 habría respondido, en forma ilegal e inmoral, a una exacerbación de la violencia proveniente tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Aunque la misma ya había sido impugnada desde distintos ángulos (por ejemplo, varios organismos de Derechos Humanos señalaron que era un modo de equiparar el genocidio perpetrado por la dictadura con la violencia de las organizaciones armadas) el relato gubernamental actual busca reemplazarla por un “equilibrio moral” entre las “víctimas de ambos bandos”, retomando un discurso que tendió a confluir, en las últimas décadas, bajo el eslogan de “memoria completa” (Feierstein D., 2018). Esta perspectiva plantea una reescritura que busca restaurar la legitimidad de las Fuerzas Armadas, herida profundamente tras la dictadura de 1976-1983 y la derrota de la guerra de Malvinas (1982). En una operación discursiva que apunta contra los “relatos oficiales” y supuestas tergiversaciones históricas, el relato se apoya en un corpus documental fuertemente anclado en los datos ofrecidos por ex militares, miembros de los servicios de inteligencia, y testimonios de “arrepentidos” de haber participado en grupos político militares de la izquierda peronista y marxista.

5En la genealogía de esa idea pueden rastrearse dos movimientos complementarios. Por un lado, la reivindicación explícita de los “soldados olvidados” o “víctimas del terrorismo” (es decir, de las operaciones llevadas a cabo por las organizaciones armadas de izquierda en los años 1970), impulsada desde los años 2000 por organizaciones como el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), encabezado por la actual vicepresidenta del país, Victoria Villarruel. Por otro, la producción de un corpus narrativo, como los textos del periodista Juan Bautista Yofre, basado en memorias personales y supuestos accesos privilegiados a información de inteligencia, para justificar una “guerra civil de baja intensidad” en la cual los militares habrían defendido la Nación ante una conspiración cubana y soviética. De este modo, se busca catalogar las acciones de las organizaciones armadas peronistas o marxistas, como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), como Crímenes de Lesa Humanidad, una acción legal que el gobierno de Milei ha reimpulsado.

6Lo novedoso del ciclo actual es que ese relato dejó de ser un discurso relativamente marginal, presente en estrechos círculos políticos de la extrema derecha en las últimas décadas, para convertirse en una narrativa gubernamental. La vicepresidenta Villarruel encarna la continuidad entre esas tramas: hija y nieta de militares, ha construido su trayectoria política sobre la denuncia de una supuesta “historia oficial” impuesta por los organismos de Derechos Humanos y los gobiernos kirchneristas (2003-2015 y 2019-2023) periodo en el cual los juicios a los responsables de los crímenes perpetrados por la dictadura fueron reabiertos. En su discurso, la “memoria completa” aparece como justicia hacia los muertos “olvidados”. Apela a la memoria selectiva para omitir secuestros de niños, torturas, centros clandestinos y violaciones a los Derechos Humanos por las cuales se enjuiciaron y se condenaron, desde 2003, a casi 1200 represores (Campos E., 2009). Es decir, niega la existencia de un genocidio sistemáticamente planificado desde el estado. En paralelo, la retórica presidencial, que apunta a “represtigiar” a las Fuerzas Armadas, reinstala la idea de que el Ejército habría sido víctima de una difamación más que protagonista de un plan sistemático de represión contra la insubordinación obrera y popular de 1969-1976. La táctica consiste en matizar los hechos: reducir la cifra de 30 mil desaparecidos (aceptada por los organismos de Derechos Humanos), relativizar la responsabilidad estatal y equiparar víctimas con victimarios (Lvovich D. y M. Grinchpun, 2022). Esta relativización de los hechos, nuevamente, es funcional a negar la figura de genocidio.

7Sin embargo, los discursos del gobierno de Milei sobre los años setenta no se agotan en la oficialización de un relato preexistente. Desde el comienzo de su gestión, se apoyan en una serie de gestos que configuran una política estatal sobre la memoria. Estas intervenciones buscan alterar el “sentido común” construido en torno a la dictadura, pero también releer el ciclo previo.

8A lo largo del primer año de gestión se dieron una serie de simbolismos oficiales que profundizaron esta orientación y consolidaron un patrón discursivo e institucional. Entre ellos, podemos señalar dos “hitos” (CELS y Memoria Abierta, 2024). El 24 de marzo de 2024 (día de conmemoración del golpe de 1976 con movilizaciones masivas exigiendo Memoria, Verdad y Justicia) el gobierno difundió un video titulado “Día de la memoria por la verdad y la justicia completa”, que presentaba una “revisión histórica” denominando lo ocurrido como “guerra”, negando la cifra de 30 mil desaparecidos y proponiendo un “manto final” a aquella etapa. El relato se concatenó con declaraciones de Milei elogiando los indultos a los jefes de las Juntas (condenados en 1985), llevados adelante bajo la presidencia de Carlos Menem, o de Villarruel planteando la absolución de los militares detenidos luego de los nuevos juicios posteriores a 2003. En todos los casos, el objetivo es silenciar los crímenes estatales de la dictadura y sosteniendo la necesidad de dar fin al debate sobre los 70. El segundo “hito” tiene que ver con las visitas oficiales de funcionarios del Ministerio de Defensa a represores condenados, y una reunión de seis diputados de LLA con detenidos por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, un emblema del terrorismo de estado por su rol en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (devenido centro clandestino de detención, tortura y exterminio) cuya extradición fue reclamada por la justicia francesa y a quienes uno de los legisladores definió como “excombatiente contra la subversión marxista”.

9Durante el segundo año de gobierno, se pudieron entrever otros usos de los 70, haciendo énfasis en el aspecto “contrainsurgente” de la acción militar previa a 1976. En este plano el relato oficial buscó tender puentes con algunos sectores de la oposición peronista que han rehabilitado a figuras como Isabel Perón, bajo cuya presidencia (1974-1976) ya operaban comandos parapoliciales encargados de asesinar a militantes políticos o sindicales opositores. En el mismo sentido, el gobierno promovió actos recordatorios a los “militares caídos” como el referido al llamado “Operativo Primicia”, llevado a cabo por Montoneros contra un cuartel militar de la ciudad de Formosa en octubre de 1975, presentándolo como ejemplo de “terrorismo”, justificando así la represión posterior. En ese evento participaron familiares de militares caídos durante el ataque y exintegrantes del Ejército, con el respaldo de Villarruel y el gobernador peronista Gildo Insfrán. También vale destacar que, la exministra de seguridad Patricia Bullrich, denominó a la escuela de suboficiales de la Policía Federal “Alberto Villar”, uno de los creadores de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), la banda paraestatal vinculada a la derecha peronista que asesinó entre 1.500 y 2.000 activistas entre los años 1973 y 1976.

10Las acciones no se limitaron al plano simbólico o conmemorativo. A través del Ministerio de Capital Humano, nombre bajo el cual la “motosierra” de Milei reorganizó los ministerios anteriormente encargados de cuestiones de empleo, educación y desarrollo social, el gobierno ejecutó una política de desmantelamiento de las instituciones de Derechos Humanos vinculadas al Estado. La Secretaría de Derechos Humanos fue vaciada de competencias; los programas de señalización de ex centros clandestinos de detención quedaron paralizados; se produjeron despidos en los Centros de Memoria y se suspendieron programas vinculados a la preservación documental y a la búsqueda activa de hijos y nietos de desaparecidos durante la última dictadura. Todo ello ocurrió bajo argumentos que combinaban los relatos fiscalistas de “reducir el gasto” con la denuncia de lo que se denominó “el curro de los derechos humanos”. En paralelo, desde el Ejecutivo se promovieron proyectos para “revisar” los juicios de lesa humanidad, bajo el argumento de que existieron “excesos judiciales”. Esto también se expresó en la absolución de los acusados por la represión durante el “Villazo”, en marzo-mayo de 1975, una operación desatada contra huelguistas y familias obreras de la ciudad de Villa Constitución que representó una antesala de la violencia estatal desatada con el golpe de 1976. Vale aclarar que la responsabilidad empresarial en aquella masacre, al igual que como ocurre con el resto de los actos del terrorismo de estado, continúa impune. La designación, en noviembre de 2025, del teniente general Carlos Presti como Ministro de Defensa, el primer militar desde el final de la dictadura en ocupar este cargo, consolida esta línea de acción.

11El gobierno de LLA busca reconstruir un linaje de “defensores del orden” frente al caos que representaría el populismo y la izquierda. Todo este repertorio de acciones y gestos no es accesorio: constituyen una política estatal de la memoria que sintoniza con un plan económico y político que hunde sus raíces en la dictadura cívico militar eclesiástica de 1976. Un neoliberalismo a ultranza que apunta a colocar al capital financiero al mando de un país con crecientes rasgos coloniales. Un plan, en definitiva, incompatible con las perspectivas de transformación radical de la sociedad que se encarnaron en la vanguardia obrera y juvenil de los años 70.

12La asunción de Milei coincidió con los 40 años de la llamada “transición democrática” de 1983. Desde entonces, se ha señalado desde distintos ángulos que el gobierno de la extrema derecha representa el fin del llamado “pacto democrático” de aquel año, dando por tierra con los consensos posteriores.

13Sin embargo, desde una perspectiva histórica, el llamado “pacto democrático” de 1983 no constituyó un acuerdo fundacional consensuado, sino el resultado de una correlación de fuerzas marcada por la derrota militar en Malvinas, la presión de organismos de derechos humanos y la movilización popular que terminaron acelerando el derrumbe del régimen militar. La restauración constitucional se asentó sobre la desarticulación de las luchas de masas de los años setenta y fue acompañada por una narrativa que buscó limitar la acción colectiva, una situación que tiende a revertirse con la enorme rebelión popular de 2001 cuyo lema (“que se vayan todos”) apuntaba al conjunto del régimen político inaugurado en 1983. Las movilizaciones de aquel año cuestionaron los fundamentos del régimen bipartidista e impusieron una reconfiguración del discurso estatal sobre los Derechos humanos y los años setenta. Sin embargo, esto no implicó una ruptura estructural con el legado normativo de la dictadura, sobre todo en materia económica y fiscal, persistiendo más de 400 leyes de ese período, entre ellas la Ley de Entidades Financieras (1977), la Ley de Inversiones Extranjeras y el Código Aduanero (1981), que continúan moldeando el funcionamiento del Estado. A esto se suma la persistencia de la impunidad para centenares de responsables de la represión ilegal de la última dictadura (militares y civiles), que no han sido juzgados. La apelación al “pacto democrático” tiende a dejar de lado que más que una política estatal, los derechos y libertades democráticos fueron conquistados mediante una resistencia social que mayormente debió actuar a contracorriente de las políticas estatales.

14Milei no surge, en este sentido, como una ruptura radical de dicho “pacto democrático” sino como un producto de las contradicciones de lo que algunos han llamado la “democracia de la derrota” con la cual la dictadura cedió paso a un sistema constitucional que aplicó planes de ajuste, impuso el orden neoliberal y aumentó las desigualdades sociales. Los debates contemporáneos muestran cómo la reactivación de la narrativa anticomunista, de hondas raíces en la historia argentina (López Cantera, M., 2023), se alimenta de vacíos y tensiones heredadas de décadas previas, incluyendo la persistencia en el poder económico, en la justicia y en ámbitos de poder, de sectores que se beneficiaron de la última dictadura, reivindicaron su accionar represivo y cuestionaron la posterior judicialización de sus crímenes.

15Al mismo tiempo, podría decirse que la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia persistió y se fortaleció en estos 50 años a contracorriente, apoyándose en memorias colectivas, simbolismos anclados en una vasta cultura obrera y reactualizándose al calor de peleas que unen generaciones y que se vislumbran inevitables en el futuro. Quizás sea necesario revitalizar aquella tradición anclándola en una perspectiva que dé realidad duradera a aquel destino, hecho verso popular por uno de los principales cantautores del rock argentino, Charly García: “los dinosaurios van a desaparecer”.