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Éditions littéraires et linguistiques de l'université de Grenoble

El sexo y la Inquisición1

Sex and the Inquisition
Le sexe et l’Inquisition
Mª José Collantes de Terán de la Hera

Résumés

D´une perspective historico-juridique et, plus précisément d'un point de vue historico-criminel, les femmes ont été rejetées habituellement pour leur avoir attribué autant une faiblesse physique et mentale qui justifierait son infériorité par rapport au sexe masculin, qu´une série de qualités négatives qui ont été considérées liées à leur nature, l´une desquelles est la tendance à certains péchés et délits. Aussi dans le domaine inquisitorial, très influencé par la mentalité qui l´entourait, le sexe apparaît comme frappé de certaines particularités que l´on peut détecter dans les différentes étapes du processus et qui se révèlent notamment dans certains délits comme la bigamie ou celui du crime de sollicitation, où la femme a un rôle principal. Ces spécialités qui montrent le processus inquisitorial, en charge de ces délits pendant les siècles modernes, sont précisément l´objet de cette étude.

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Texte intégral

La Inquisición y los delitos menores

  • 1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Literatura del crimen: do (...)

1Es sabido que el concepto de herejía no permaneció estático o cristalizado en el tiempo sino que, por el contrario, fue continuamente ampliando su contenido. Consecuencia de ello es que la Inquisición, que interviene por razón de la naturaleza del delito persiguiendo la herejía, no actúa sólo contra la que se manifiesta de manera evidente, sino que trabaja para descubrirla, esto es, para investigar la herejía escondida y secreta. Esto explica su intervención —son palabras de Enrique Gacto (2012: 77-79)— en una serie de delitos que pudiéramos llamar menores, delitos que no son en sí mismos herejía, pero en los que la Inquisición se fija porque constituyen indicios, síntomas, manifestaciones razonables de que quienes los cometen pueden ser herejes encubiertos. No son éstos, por tanto, delitos que interesen a la Inquisición por sí mismos o en sí mismos; si los investiga y persigue es porque a través de ellos es posible rastrear una huella que le conduzca hasta el delito que le importa, el de herejía.

  • 2 En la represión del delito de adulterio se advierte mejor que en ningún otro el alcance penal de la (...)

2Blasfemia, sacrilegio, bigamia, solicitación, hechicería, brujería, quebrantamiento del ayuno y de la abstinencia, la lectura de libros prohibidos, etc., son delitos que quedaron, por este motivo, bajo la jurisdicción del Santo Oficio y que, según los tratadistas, sabían a herejía. De todos ellos, en esta ocasión nos hemos fijado específicamente en dos, el delito de bigamia y el de solicitación en confesión, porque afectaban muy especialmente a las mujeres, bien como sujetos activos o bien como sujetos pasivos de los mismos. No eran, desde luego, los únicos en los que se detecta una clara discriminación jurídica con resultados negativos para ellas. Hubo delitos cuya gravedad aumentaba cuando eran cometidos por una mujer, por ejemplo el de blasfemia, o el de embriaguez, que desdecían del decoro propio del sexo, o el de adulterio2, en cuya represión se advierte mejor que en ningún otro el alcance penal de la discriminación sexual. Pero es evidente que en los delitos elegidos para este estudio se traslucen con claridad distintas especialidades en momentos concretos del proceso inquisitorial, tales como la delación, la declaración de testigos o la imposición de penas, ya que todos ellos se encuentran afectados por la particular consideración del género femenino durante los siglos modernos. Y antes de entrar en el estudio de la consideración particular de la bigamia y la solicitación, nos vamos a detener precisamente en ver cómo el sexo del reo fue determinante a la hora de imponer unas penas u otras en los delitos que caían bajo la jurisdicción de la Inquisición.

La influencia del sexo en las penas impuestas por la Inquisición

3Efectivamente, el sexo del reo fue tomado en consideración por el Santo Oficio a efectos del señalamiento de las penas. Atendiendo a la menor resistencia de las mujeres a las privaciones y al dolor físico, los juristas aconsejaron que se les atenuara la dureza de las penas ordinarias y que quedaran exentas de determinadas sanciones. En este sentido se expresa Marcos Gutiérrez (1828: 45-46) con las siguientes palabras:

A las mugeres se ha castigado y castiga con menos rigor que á los hombres, teniéndose en consideración la mayor debilidad de su organización, que tiene tanta relación ó unión con el ánimo, y que hace sea una misma pena mayor en las unas que en los otros. De aquí es que conservándose para ellas las penas infamatorias se han proscrito las muy dolorosas y de trabajos penosos. El pudor ha contribuido tambien á dicha moderacion.

  • 3 Así lo explica Antonio Sousa (1669: 94v): «Regulariter personae viles fustigantur, et ad trirremes (...)

4Estaban exentas de la pena de galeras, que era considerada la más grave de las penas corporales, más terrible aún, para algunos autores, que la misma pena capital. A las mujeres se les conmutaban los años de galeras por otros tantos de destierro —lo mismo que a los hombres que presentaban incapacidad física para el ejercicio del remo— en atención a consideraciones de tipo biológico, para evitar que su pudor no sufriera deterioro en medio de la indecorosa y promiscua convivencia con los galeotes3. En ello insiste García-Molina Riquelme (1999: 219-220) al señalar que la pena de galeras era exclusivamente aplicada a los hombres, añadiendo la doctrina al argumento de un mayor vigor físico en el hombre, el del recato propio de la mujer, que no la hace apta para vivir en la promiscuidad propia de las tripulaciones de galeotes, siendo por ello sustituida por la de destierro. Del mismo modo, por razones de falta de idoneidad para el remo, eran excluidos los enfermos, ancianos, jóvenes e inválidos, a los que se les conmutaba las galeras por otra pena, como destierro, azotes o reclusión en hospital. Esta pena, añade García-Molina (1999: 233), sólo se aplica a persona viles que, además, suelen ser azotadas, mientras que los nobles y las mujeres son desterrados, encarcelados por algún tiempo o relegados a un fuerte o a una galera como hombres de armas, teniendo, todos ellos (nobles y plebeyos) que abjurar de levi.

  • 4 Así lo comprueba Ortego Gil (2015: 254), en concreto, en las sentencias de la Real Audiencia de Gal (...)

5También se establecen especialidades respecto a la pena de destierro cuando se sanciona con ella a las mujeres. García-Molina (1999: 385) nos habla del favor matrimonii como motivo, en algunas ocasiones, para la suspensión o conmutación de la misma. La defensa que el Santo Oficio hizo siempre del sacramento del matrimonio dio lugar, algunas veces, a que se suspendiera la aplicación de esta pena o a que cuando menos, no se impusiera la de destierro de todas las Indias, para evitar que el alejamiento de un cónyuge en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia pudiera afectar a la estabilidad matrimonial. Este criterio se aplicó cuando el reo era una mujer casada que tuviera a su esposo establecido en la localidad de su residencia. El mismo motivo, la defensa del matrimonio —y la de uno de sus fines esenciales, como es la procreación— justificaría también, en opinión de Victoria Sandoval (2014: 15) la suspensión provisional de la ejecución de la pena en caso de destierro de la mujer embarazada. En todo caso, como en otras penas de duración temporal, puede apreciarse una rebaja comparativa de años o meses4 —podía durar desde un par de meses a diez años, dependiendo de la gravedad del delito—, mientras que la exclusión territorial alcanzaba desde sus casas de morada hasta el reino, siendo la pena más habitual de las mujeres durante los siglos modernos.

6La vergüenza pública y los azotes fueron penas impuestas también con mucha frecuencia a las mujeres. La primera fue tomada por los inquisidores del derecho canónico, estando prevista también en el derecho secular. El reo salía a desfilar por las calles acostumbradas con los demás herejes, tocado con la coroza que identificaba el delito cometido, hasta llegar al tablado o a la iglesia donde se celebrara el Auto y se leía públicamente su sentencia. Iba habitualmente montado en un mulo —y alguna vez a pie—, desnudo de la cintura para arriba, lo que hacía especialmente afrentosa esta pena para las mujeres, aunque con el tiempo salieron cubiertas con un cendal.

  • 5 Así lo ponen de manifiesto Antonio Sousa (1669: 94v) o Diego García de Trasmiera (1638: 285-286).
  • 6 Según indica Enrique Gacto (2013: 53).
  • 7 Diego García de Trasmiera (1638: 277 y 278). La pena de azotes puede considerarse específica de la (...)

7Con la vergüenza se combinaba casi siembre otra pena de rancio abolengo canónico, la fustigación, que se solía administrar al día siguiente del Auto, también de forma itinerante. La Inquisición española se aparta aquí, precisamente, de la práctica de algunas otras Inquisiciones europeas que, por las mismas razones de honestidad que las libraba de las galeras, eximía también a las mujeres de la flagelación5. La pena de azotes se administraba conforme a una liturgia especial, encaminada a no herir la decencia de los espectadores y de las propias condenadas con la inoportuna exhibición de sus carnes pecadoras6. Es, junto con la de relajación y la de vergüenza pública, una de las que mejor contribuye a alcanzar la finalidad ejemplarizante del derecho penal del Antiguo Régimen por la espectacularidad que acompañaba a su ejecución, ya que la administración de los azotes siempre se llevaba a cabo en «las calles públicas acostumbradas», donde todo el pueblo tenía ocasión de asistir y presenciarla. La libre apreciación judicial hacía oscilar entre cien y doscientos el número habitual de azotes, y la doctrina resalta como un signo más de la benevolencia del Tribunal, el detalle de que los reos, a diferencia de los condenados por jueces seculares, no corrieran con el gasto de pagar al verdugo7.

  • 8 Así lo indica Antonio Sousa (166: 368): «Praegnam mulier nec terreri debet, sed expectandum est don (...)
  • 9 Dice Diego de la Cantera (1589: 102): «[…] ubi etiam tradunt nostra quaestionem habere locum non so (...)

8Sobre las mujeres embarazadas, la legislación y la literatura insistieron en que no debían imponérseles ni la pena de muerte, ni ninguna otra pena corporal, ni tampoco trámites procesales agresivos, como el tormento. En relación este último, la doctrina sostiene de forma unánime que las embarazadas y madres lactantes no pueden ser sometidas a tormento, ni siquiera amenazadas con él, durante el período de gestación y la cuarentena8. El fundamento de esta previsión es el de salvaguardar la vida y la salud del feto, y en su caso, la del lactante, que no deben ser víctimas inocentes de los delitos de sus padres9.

  • 10 César Carena (1669: 340): «vbi, quod non torquentur neque post 40 dies á die partus, & quod muliere (...)
  • 11 Diego de la Cantera (1589: 102): «Bart. extende nostram quaestionem licet mulier esset praegnans à (...)

9Señala Cantera (1589: 102) que cuando la mujer no está condenada a muerte, como el objetivo último de la tortura es el de lograr que la verdad aflore, si no estuviera repuesta en el plazo de cuarenta días y se sospecha que el someterla a tormento pone en peligro su vida, se puede esperar hasta que se halle en condiciones de resistirlo. La única matización doctrinal a este principio se concreta en evitar que la mujer mienta al tribunal, motivo por el que se recomienda comprobar realmente que no está fingiendo hallarse en estado para eludir la aplicación de esta prueba. En el caso de que el embarazo no resulte evidente debe ser revisada por los médicos adscritos al tribunal10, ya que la concepción reciente también está protegida11.

10Como señala Ortego Gil (2015: 260), en la práctica judicial no se tiene en cuenta un concepto abstracto de mujer, sino que se atiende caso por caso. A la hora de determinar su castigo, los jueces valoraron la concurrencia de distintas cualidades personales: casada o no, honrada, de buena fama, honesta o deshonesta, soltera, viuda, menor, vieja, cristiana, temerosa de Dios y de su conciencia, gitana, esclava, perteneciente a determinada casta, etc. Factores, todos ellos, que desembocan en el sustancial casuismo del Antiguo Régimen y en la imposición de una pena arbitraria —de acuerdo con el sentido que tenía entonces en las mayoría de los casos—, salvo que el delito perpetrado por cualquier mujer, además de prohibido por todos los Derechos, estuviera revestido de tal gravedad que sólo restara imponer, de acuerdo con la mentalidad de aquella época, la pena ordinaria y, en último extremo, la pena capital.

El delito de bigamia

  • 12 El celoso regalismo borbónico tendió finalmente a unificar la jurisdicción en esta materia, atribuy (...)

11Se trata de un delito «menor», entendiendo por tal el que no constituye en sí mismo herejía, pero se convierte en objeto de investigación por parte de la Inquisición dentro de sus labores de búsqueda de la herejía escondida y secreta. Quienes cometen este delito pueden ser herejes encubiertos puesto que la conducta del bígamo podía dar a entender que éste despreciaba el sacramento del matrimonio, o que disentía en algún punto respecto de la doctrina oficial, o al menos que albergaba creencias erróneas acerca del mismo. Todo ello, unido al temor ante la progresión de las doctrinas luteranas, de fácil propagación popular en este terreno, sometió este delito a la jurisdicción de la Inquisición, quien reivindicaría una competencia exclusiva sobre el mismo que en España se le reconoció, no sin problemas, en los siglos xvi y xvii12. Como indica Enrique Gacto (2012: 148), si para la doctrina jurídica bajomedieval la bigamia se configuró como un delito de fuero mixto, susceptible de ser conocido, indistintamente, por la jurisdicción secular o por la canónica en función de la prioridad cronológica (el tribunal que hubiera comenzado a conocer del delito seguiría el procedimiento hasta el final), en la Edad Moderna, sin embargo, va a caer dentro de la órbita de una jurisdicción canónica especial, la del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

  • 13 Según Antonio Sousa (1669: 93v), «quae dicintur de viro habente duas uxores, intelligenda similiter (...)

12En lo que a la concepción doctrinal del delito de bigamia se refiere, no existía para los autores diferencia alguna por el hecho de que el reo fuera hombre o mujer13. En la práctica, sin embargo, sí encontramos divergencias al menos en tres aspectos concretos: las penas que se imponen a unos y otras; en la actitud de los inquisidores, más benigna hacia las bígamas (se las juzgaba culpables con menos frecuencia); y en la forma en que las mujeres emprendían su nuevo matrimonio.

  • 14 En el Derecho castellano, el Fuero Real, por ejemplo, establecía que los bígamos fueran puestos baj (...)

13En relación a la primera cuestión, la regulación de las consecuencias penales del delito aparece bien perfilada en la jurisdicción ordinaria y canónica, aunque resulta difícil discernir su grado de aplicación en la práctica14. En dichas normas, encontramos ya algunas diferencias en virtud del sexo: la pena de la marca para los varones —suprimida por Felipe II— y la dejación de la mujer en poder del primer marido, establecidas en las Ordenanzas Reales de Castilla (5,1,3 y 8,15,6), junto con la pérdida de la mitad de sus bienes (Ordenanzas Reales de Castilla 8,7,4); o en las penas de tipo humillante y espiritual establecidas por la legislación canónica: vestiduras cortas por delante y por detrás, para mayor indecorosidad, o rapar la cabellera de las mujeres y exhibirlas así por las calles de la ciudad —además de infamia, irregularidad, ayuno a pan y agua durante cuarenta días e imposición de otras penitencias diversas por tiempo de hasta siete años. Todas estas penas cayeron en desuso a partir del momento en que la legislación eclesiástica cedió al Santo Oficio la competencia sobre el delito de bigamia.

14Dentro del Derecho inquisitorial, la bigamia se configura —como indica Gacto (2012: 157-158)— como un delito merecedor de pena arbitraria y, por tanto, será la calidad de la persona y las circunstancias del delito lo que condicione el alcance de la sanción: la pena de confiscación de la mitad de los bienes del bígamo que no tuviera hijos, tomada del Derecho común y recogida en las Partidas; la pena de galeras, tomada del ordenamiento castellano; la pena de vergüenza pública, tomada por los inquisidores del Derecho canónico, aunque estaba también prevista en el Derecho secular para éste y otros delitos; y los azotes, pena de larga tradición canónica. Además, todas las mujeres a las que la Inquisición juzgó culpables de bigamia se vieron obligadas a abjurar de su herejía.

  • 15 García de Trasmiera (1638: 276-277): «El addit praecitatus Muta quod ipsa poena triremium est crude (...)
  • 16 Vid. nota 18.

15En relación a la primera sanción indicada, la frecuente indigencia de los reos, que solían ser personas menesterosas, determinó que pocas veces aparecieran en las sentencias sanciones económicas. En cuanto a la pena de galeras, estaba prevista con una duración de cinco años, pero podía llegar hasta el límite de los diez establecidos por Felipe II en caso de repetida reincidencia o de existencia de otras circunstancias agravantes, o reducirse a cuatro o tres siempre que los jueces encontraran en el reo algún motivo de excusa o justificación, como haberse mostrado pronto y humilde en la confesión del delito, ser menor de edad o dar mayores muestras de vergüenza y dolor de las que eran habituales por haber cometido este delito. Indica Enrique Gacto (2012: 158) que quienes defendieron la tesis de que era el Santo Oficio quien debía ocuparse privativamente del conocimiento del delito de bigamia, utilizaron el dato de las frecuentes condenas al remo como argumento de peso frente a los autores partidarios de que fuera competente la jurisdicción secular, que reprochaban a la Inquisición la práctica de imponer penas tan suaves que no asustaban ni disuadían al pueblo de cometer tal crimen15. De dicha pena, sin embargo —y ésta es quizás la principal diferencia que se detecta en este delito como consecuencia de la diferencia de sexos—, estaban excluídas expresamente las mujeres, sobre todo por razones de decoro, ya que el recato propio de la mujer no la hace apta para vivir en la promiscuidad propia de las tripulaciones de galeotes, conmutándoles los años de galeras por otros tantos de destierro16.

16El exilio temporal debió ser una pena especialmente dura para las mujeres. Variaba de tres a cinco años y la penitente debía guardar entre tres y cinco leguas de distancia. Como indica Allyson Poska (2000: 249), su subsistencia, separada de sus maridos y de sus familiares y amigos, sería especialmente difícil ante la dificultad de encontrar un lugar donde vivir y un trabajo. Y al retornar del exilio, le quedaría de forma permanente el estigma social de haber sido procesadas por la Inquisición.

  • 17 Vid. nota 3.

17De hecho, la Inquisición española castigó a la práctica totalidad de las mujeres —y a la mayor parte de los varones— con las penas de vergüenza pública y azotes, que se consolidaron como las sanciones más usuales de la bigamia, sin atender en este caso a la cuestión de la honestidad, que las había eximido de las galeras pero no las libró de la flagelación, apartándose aquí de la práctica de algunas Inquisiciones europeas17.

  • 18 Así lo afirma Allison M. Poska (2000: 249) en su estudio sobre las bígamas gallegas.
  • 19 Poska (2000: 249).

18Un segundo aspecto en el que se detecta diferencia de trato por razón de sexo en este delito, además de la cuestión de las penas, es en la actitud de los inquisidores, más benigna, en la práctica, hacia las bígamas. Pinta Llorente (1949: 86) afirma en este sentido que siendo el reo mujer se presumía menos malicia y solía suspenderse el expediente, máxime habiendo presentado el varón testigos o certificación de la muerte de su primera mujer; y que si había indicios de que hubiera colaborado en la malicia del marido, se le daba alguna pena ligera, abjuración y destierro. En ocasiones, además, la Inquisición reducía la severidad de la sentencia si la mujer regresaba voluntariamente con su primer marido. De este modo, le demostraba al tribunal que su delito no implicaba una concepción herética sobre el sacramento del matrimonio. Al parecer, y a diferencia de sus equivalentes masculinos, muchas más mujeres acusadas de bigamia regresaron con su primer marido y reanudaron su vida matrimonial18. En definitiva, es posible que a las mujeres las juzgaran culpables con menos frecuencia que a los hombres porque los inquisidores o bien se compadecían de sus dificultades o bien perdonaban su conducta, partiendo de los tradicionales conceptos doctrinales de la inferioridad de la mujer19.

19También encontramos diferencias entre hombres y mujeres, en tercer lugar, en la manera de emprender un segundo matrimonio. Los documentos de los juicios señalan una diferencia fundamental en la forma en que las mujeres comenzaban su segundo matrimonio y presentaban su caso. Ellas, por lo general, solían buscar la documentación necesaria para volver a casarse. Sus esfuerzos por obtener una dispensa fueron muy frecuentes antes de acceder a un segundo matrimonio, pues eran conscientes de que se trataba de un factor decisivo para resolver con éxito un posible juicio por bigamia. En los juicios estudiados por Allison Poska (2000: 250), casi la mitad de las mujeres dijeron que habían conseguido o tratado de conseguir una autorización para volver a casarse. Afirma esta autora que a pesar de no saber leer ni escribir, estas mujeres demostraron una notable capacidad tanto para captar la importancia que tenía una prueba escrita para la jerarquía eclesiástica como para superar los canales necesarios a fin de obtener esta documentación. La mayoría de los hombres, en cambio, o no presentaron ninguna defensa o contaron a los inquisidores unas historias falsas muy complejas.

El delito de solicitación en confesión

20Si atendemos al proceso penal que la Inquisición sigue en los delitos de herejía, y en particular a los trámites procesales en causas por delitos de solicitación en confesión, observamos que se dan particularidades notables impuestas por la singularidad del delito y por su propia naturaleza. Como nos indica Juan Antonio Alejandre (1994: 151) —que ha estudiado a fondo este delito—, algunas de estas peculiaridades se deben a la condición de «oculto» que se le atribuye y que impregna el propio proceso de una especial discreción y secretismo. Esta discreción interesa a la Iglesia —lo contrario supondría un desprestigio o desconfianza hacia el sacramento de la Penitencia— pero también a los sujetos que intervienen en la causa, bien como acusados o como elementos pasivos e incluso como meros testigos, ya que a todos ellos les convenía proteger su pudor y su honra, que quedaría afectada con toda seguridad si se les relacionaba con este tipo de conductas.

21Nos interesa especialmente este delito porque en él la mujer desempeña un papel protagonista, ya que casi siempre se constituye en el objeto pasivo —muy a menudo involuntario— del mismo, y además es ella quien debe encargarse de efectuar la delación y quien actúa como testigo. Es por ello por lo que en él se traslucen muy especialmente las diversas peculiaridades que se dan en el proceso inquisitorial por razones de sexo.

  • 20 «Advertendum tamen est pro máxima declaratione materiae, quiod aliqui testes repelluntur in causis (...)
  • 21 Opinión reproducida por José Nuño (1692: 428).

22La principal especialidad de este tipo en los trámites procesales reside en el valor que se otorga al testimonio prestado por una mujer. La regla general en el proceso inquisitorial, consecuencia de la negativa consideración que la doctrina tiene del género femenino, es considerar su testimonio de ínfimo valor. La mujer es un testigo inhábil dice Antonio Gómez (1701: 513)— puesto que adolece de un defecto en la voluntad fundado en la volubilidad de sus declaraciones20. Para Martín Bonacina las mujeres son superficiales y veleidosas, lo que hace que su testimonio sea de insignificante valor y, en consecuencia debería ser considerado nulo21. Y Lorenzo de Peyrinis (1643: 348) afirma que aunque las mujeres sean de la más noble condición, «su testimonio al fin y al cabo es femenino», lo que equivale a considerarlo pusilánime, débil, insuficiente. Pero aún en los casos en los que el testimonio de una mujer se admita como válido —afirma J. Nuño (1692: 417)—, su sola declaración no sólo no constituye prueba plena, que sería necesaria para decretar el encarcelamiento del acusado, sino ni siquiera semiplena, porque en ella se da la excepción o tacha de su sexo.

  • 22 Desde el punto de vista doctrinal, el supuesto perfecto consistía en la emisión de los testimonios (...)
  • 23 En estos términos se expresa Juan de Rojas (1588: 746-751).

23El hecho de que la normativa procesal y la doctrina sólo otorgaran la calidad de prueba plena o perfecta a los dichos del testigo «mayor [de edad] libre de toda excepción», es decir, al «varón no incapacitado que hubiera visto y oído el hecho denunciado»22, en principio debilitaba considerablemente la fuerza probatoria de la declaración prestada por una mujer en atención a la imbecillitas seu fragilitas sexus, que la doctrina jurídica del Antiguo Régimen tuvo siempre presente. Efectivamente, entre las circunstancias que afectan a la calidad del testigo hay que atender a la calidad en función de la naturaleza, cuyos aspectos más relevantes son la edad y el sexo. Entre la doctrina estaba generalizada la idea de que en los niños es la edad la que obnubila su razón y en las mujeres es su sexo el que afecta a la voluntad. El trato que se daba a ambos no era, sin embargo, exactamente igual porque el tratamiento especial dado a la fémina encontraba el fundamento en su naturaleza voluble y débil. No era, por tanto, inocente —como el menor— sino ignorante e inclinada a supersticiones y habladurías. Ambos —mujeres y menores— eran considerados testigos inhábiles o no idóneos23.

  • 24 Indica Pérez Martín (1987: 306-307) que además de la mujer, entre los testigos menos idóneos se inc (...)
  • 25 La razón de ser de la peculiaridad del proceso inquisitorial radica en la gravedad del delito de he (...)

24Se consideraban testigos menos idóneos aquéllos que eran rechazados en otros delitos, pero en el de herejía eran admitidos in favorem fidei, tanto para probar la culpabilidad como la inocencia del reo24. Y es que una de las especialidades de la jurisdicción penal del Santo Oficio fue la de admitir la declaración de testigos con la capacidad de obrar disminuida, no sólo durante la fase sumaria (como un mecanismo más de recoger información suficiente sobre el hecho delictivo, sirviendo de fundamento a la acusación), sino también en la de juicio plenario —donde la prueba despliega todos sus efectos jurídicos—, aunque reduciendo su credibilidad a los efectos de tasar su valor como prueba. Esta ampliación se fundamentaría en el carácter público del delito de herejía25, considerando que su comisión perjudicaba y contaminaba a toda la colectividad, por lo que en ningún caso habría de quedar impune.

  • 26 Al respecto indica Farinaccio (1621: 209): «AMPLIA IV. Etiam in mulieribus, quae, quòd incrimine ha (...)

25Por tanto, en virtud del principio in favor fidei, en el proceso inquisitorial se admitía sin problemas la declaración de personas inhábiles, como es el caso de las mujeres. No hay ninguna duda sobre el hecho de que la mujer pueda formular acusación y ser admitida como testigo en las causas de fe. Su admisión se fundamenta en que la excepción procesal que se le opone basada en su sexo es menor que la excepción por razón de la infamia, y si a los infames se les admite para testimoniar, se argumenta que con más razón ha de admitirse a las mujeres26.

26En opinión de Llorente (1870: 22), sin embargo, su testimonio no se admite en los tribunales a no ser que se trate de un crimen gravísimo, «porque las mujeres son volubles, mentirosas, fraudulentas, engañadoras, superficiales y corruptibles, como múltiples autores han demostrado…». Pero precisamente la solicitación en confesión es considerada como un crimen muy grave, lo que justifica que el testimonio de la mujer se admita en los tribunales, pues en caso contrario el delito no podría demostrarse y quedaría impune.

  • 27 «Un crimen de esta naturaleza —nos dice J. A. Llorente (1870: 22)— permite la imputación calumniosa (...)

27Al testimonio femenino, sin embargo, para ser admitido, se le van a exigir determinadas condiciones que garanticen su fiabilidad —diversas causas podían impulsar a una mujer a denunciar falsamente al sacerdote— y compensen la excepción o tacha de su sexo y, por tanto, el recelo sobre el contenido de sus palabras. Todas las cautelas que se tomen son pocas para evitar que un confesor sea objeto de delaciones calumniosas en un delito tan grave27.

28La principal condición que se exige al testimonio femenino para su admisión es que provenga de una mujer honesta, de buena fama y digna de crédito. Nos dice Llorente (1870: 24-25) que

la Suprema circuló Carta-Orden en 27 de febrero de 1573 mandando a los inquisidores de provincia no proceder contra el confesor delatado sino después de asegurarse por informes secretos de que las delatoras son mujeres honestas de buena opinión y fama, dignas de crédito, procurándolos verbalmente sin información sumaria escrita.

29Estas palabras vienen precedidas por una reflexión del autor sobre los aspectos personales de confesor y denunciante a los que los comisarios —como luego harían los inquisidores— debían prestar atención:

  • 28 Llorente (1870: 24-25).

Deben investigar con maña y secreto la fama, opinión, conducta, ciencia, edad, genio, talento, salud, facultades pecuniarias y plan de vida del delatado, y otro tanto con corta diferencia en cuanto a las delatoras. A la verdad, juegan todas estas circunstancias en la formación del concepto sobre si merece o no ser creida la delatora. Porque todas las mujeres suelen afirmar que no denuncian por odio ni otra pasión humana, sino por obedecer a su confesor, y la experiencia ha hecho conocer que no siempre dicen verdad […] pues yo he leído procesos en que con prudencia los inquisidores despreciaron la delación cuando el sacerdote gozaba opinión de arreglado en su conducta, y más si la mujer era pobre y capaz de seducción por los dineros de un maligno enemigo del confesor, o si tenía conducta sospechosa, cuando no fuera positivamente deshonesta28.

30Conviene, por tanto —como nos indica Alejandre (1994: 180)—, cerciorarse de si en la delatora o en las testigos concurren circunstancias que puedan hacer sospechar que actúan por venganza, como podría suceder si el sacerdote les hubiera negado la absolución por algún motivo o si entre el confesor y ellas hubiese existido una relación deshonesta aunque ya hubiese cesado. Pero también habría que tener en cuenta la moralidad del confesor, porque no merece idéntica consideración el testimonio contra quien goza de buena fama que el que se dirige contra quien ha sido encarcelado con anterioridad por el mismo delito.

31Estos informes secretos que debían realizar los comisarios sobre la credibilidad de la delatora tenían que hacerse —nos sigue diciendo el prof. Alejandre (1994: 174)— «con mucho recato y secreto, de palabra, sin escribir nada, de la honestidad y vida de la mujer y si es tal que se le deba dar crédito», reflejando su parecer al margen, de su propia mano, en el documento que contiene la delación. Se inicia así, a raíz de la delación, una investigación sobre la delatora para valorar si su acusación debía ser digna de crédito.

32Sarrión Mora (2010: 314-315) nos informa de que en los primeros procesos por solicitación, el comisario interrogaba a cierto número de testigos —siempre masculinos— con el fin de que manifestaran su opinión sobre la honestidad de las mujeres y el crédito que merecía su declaración, lo que inevitablemente contribuía a dar publicidad a la solicitación y a sus protagonistas e impedía garantizar a las solicitadas el secreto de sus declaraciones. A principios del siglo xvii este trámite se formalizó definitivamente de manera que los comisarios enviaban a los inquisidores el informe acerca de la vida de la mujer junto con su denuncia. Por lo general era un informe breve, escrito en el margen de la declaración de la testigo. Si el comisario la conocía con anterioridad, daba su opinión sobre ella y añadía unas palabras sobre su reputación en el pueblo. En caso contrario, preguntaba en secreto a algunos de sus convecinos, normalmente a los clérigos del pueblo y a las autoridades municipales. La actitud que la mujer había mantenido en el interrogatorio solía influir en la opinión del comisario, pues un comportamiento desenvuelto podía hacerle sospechar sobre la falsedad de la declaración, mientras que si se mostraba humilde y vergonzosa era signo de la fiabilidad de su testimonio. También influía negativamente en dicha opinión otros indicios, como posibles hábitos relajados en materia de sexualidad o la pobreza de la mujer. Alejandre (1994: 174) atribuye la escasez de informes favorables, frente a la frecuencia de los de tipo adverso, a una generalizada desconfianza hacia la mujer, cuyo testimonio siempre se había menospreciado, y tal vez también a una forma de proteger al delatado.

  • 29 «[…] debe tenerse en cuenta la condición de la mujer denunciante; por ejemplo, si es de vida arregl (...)

33La doctrina insistió bastante en que el testimonio de la meretriz no podía tener el mismo valor que el de la mujer honesta. Así opinaba, entre otros, Carena (1669: 118), aunque añadía que ello no eximía a la meretriz de delatar al solicitante, si bien entiende que el sacerdote no debía ser llamado a consecuencia de tal delación, quedando la declaración de la mujerzuela expectante hasta que se sumen a él otros indicios de delito29. Como afirma el profesor Gacto (2014: 151), el derecho inquisitorial, lo mismo que el penal ordinario, discriminó a las mujeres de moral dudosa o de vida libertina, especialmente a las prostitutas, dejándolas desprotegidas frente a los delitos sexuales. Los informes de los comisarios expresando su opinión en este sentido sobre las delatoras o testigos a las que interrogaban tuvieron siempre una trascendencia decisiva.

34El contenido de dichos informes era determinante para que los inquisidores iniciaran o no el proceso contra el solicitante. De hecho, si el comisario del Santo Oficio eran quien ponía en funcionamiento la maquinaria inquisitorial, en los procesos por solicitación su actuación era todavía más determinante pues, como nos dice Sarrión Mora (2010: 317), los inquisidores dependían de sus informes no sólo para conocer los casos de solicitación, sino también para avalar o desautorizar las declaraciones de las testigos. Y siendo los comisarios clérigos, en muchos casos podía primar un fuerte sentimiento corporativo que les llevara a convencer a las testigos de la poca conveniencia de sus declaraciones, a desacreditar a las solicitadas ante los inquisidores o, directamente, a no enviar la denuncia al tribunal.

35Para disuadir a las mujeres de las delaciones calumniosas contra sus confesores se toman medidas drásticas de carácter religioso. Nos explica Cliquet (1733: 265):

  • 30 Citado por Gacto Fernández (2014: 164).

Porque ha sucedido que por fines diabólicos han sido delatados al Santo Tribunal de la Inquisición algunos confesores inocentes para difamarlos en el punto de solicitación ad venérea, en las circunstancias de la Constitución de Benedicto XIV de 1 de junio de 1741 se determina, en el §3 de ella, que el que cometiese tan enorme pecado como lo es la falsa calumnia en materia tan delicada, ya sea por odio, por consejo, por ruegos, promesas o amenazas, no puede ser absuelto por confesor alguno, por privilegiado que sea, reservando ratione gravitatis la absolución de este delito a la Santa Sede Apostólica, excepto mortis articulo. Y en la misma pena incurren los que aconsejan, ruegan, etc., porque así lo explica la Bula30.

  • 31 Para Carena (1669: 267), por ejemplo, para convencer se requerían más de tres mujeres: «Certisima e (...)
  • 32 Así lo indica Alejandre García (1994: 181-182).

36Una forma de compensar la insuficiencia del testimonio femenino es reunir un número mayor de testimonios. Mientras unos autores fijan dicho número en dos, otros en tres, en cuatro o más31, algunos prefieren dejar la apreciación de su cuantía al prudente arbitrio de los inquisidores, quienes habrían de decidir teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso y las calidades personales de los testigos y del acusado32. En este sentido, Nuño (1692: 429) recomendaba atender no tanto al número como a la condición de quien testifica y a la cualidad del confesor pues, según él, en ocasiones el testimonio de un solo testigo fidedigno puede resultar más eficaz que el de varios cuando carecen de esta cualidad, ya que a veces cabe sospechar que la coincidencia de todos ellos, cuando el confesor es hombre virtuoso y de buena doctrina, respondiera a una conjura contra él.

  • 33 Alejandre (1994: 158) cita en este punto la opinión de Trimarchus expresada en su obra De Confessar (...)

37Otra especialidad en los trámites procesales seguidos en el delito de solicitación es la obligación que tiene la solicitada de denunciar al solicitante, independientemente de cuál hubiera sido su actitud frente a las pretensiones de aquél —de rechazo, de consentimiento e incluso de iniciativa—. Los autores están de acuerdo en que la mujer no está obligada, no obstante, a manifestar si prestó o no su consentimiento. Incluso si llegara a revelar esta circunstancia, no debía reflejarse en las actas del proceso, puesto que no corresponde juzgar su conducta al Tribunal de la Inquisición. En ningún caso podía ser denunciada ante el mismo; sobre ella sólo recae la obligación de poner los hechos en conocimiento del tribunal. Incluso, como indica Alejandre (1994: 63-64), la mujer consentidora de la solicitación puede excusarse de manifestar de manera precisa y detallada la naturaleza de los hechos constitutivos del delito puesto que eso supondría acusarse a sí misma, y la ley natural —que se impone a la positiva— protege en este caso la fama de la mujer. Los moralistas defienden esta postura apoyándose en la Bula de Gregorio XV, que obliga a denunciar a los confesores que incurren en este delito con la participación o el consentimiento de las penitentes. La posible objeción de que en este caso la denuncia del confesor lleva implícita la de quien ha colaborado con él, siendo así que nadie puede ser obligado a acusarse a sí mismo, se rebate afirmando que ante posibles preguntas sobre su propia conducta, la mujer cómplice tiene derecho a guardar silencio, y si declara sobre su pecado, sus palabras no serían escritas en las actas del proceso33.

  • 34 Maravall José Antonio (1979), Poder, honor y élites en el siglo xviii, Madrid, Siglo xxi, 74-75.
  • 35 Como apunta Sarrión Mora (2010: 293-294).

38La primera reacción de la solicitada, sin embargo, no era presentarse ante los inquisidores para delatar al solicitante, sino ocultar los hechos por los problemas que le podía acarrear acudir a la Inquisición. En primer lugar por el temor de verse involucrada en un juicio ante esta institución tan poderosa y la incertidumbre sobre su resultado. En segundo lugar, por los daños que podía sufrir en su honra y en la de su familia si los hechos llegaban a ser conocidos por sus convecinos, incluso en el caso de que ella hubiera rechazado las proposiciones del solicitante. Como indica Maravall (1979: 74-74), en la sociedad española del Antiguo Régimen el honor de una persona no dependía de su integridad moral sino de la opinión que los demás tenían de ella34; y en el caso de los delitos sexuales, la mujer difícilmente dejaba de ser sospechosa35. En tercer lugar, también la vergüenza de la mujer sería otra de las circunstancias entorpecedoras de la delación.

39En relación a esta última cuestión —la de la vergüenza— nos indica Enrique Gacto (2014: 133) que el hecho de que las mujeres solicitadas tuvieran que relatar en su denuncia, al pie de la letra, las expresiones y propuestas pronunciadas por el confesor y describir también detalladamente los actos cometidos, las situaba ante un apuro que, a la vista de la documentación, afrontaban casi siempre avergonzadas, angustiadas y abatidas, y ello las inducía muchas veces a negar la solicitación, incluso cuando se les advertía que había sido ya reconocida por el confesor delincuente.

40Para evitar en la medida de lo posible este inconveniente e intentar suavizar una situación tan desagradable para la mujer a la hora de relatar estos hechos en sede judicial, la normativa inquisitorial determinó que

  • 36 «Instrucción de Comisarios del Santo Oficio de 28 de abril de 1607. Forma de recibir delaciones esp (...)

En las declaraciones que hacen las mujeres solicitadas ad turpia no se les pregunte ni escriba, aunque ellas voluntariamente lo quieran decir, nada que pueda perjudicarlas en su honor, v.gr., si consintieron o no, si tuvo efecto o no, etc. Informaráse al Comisario con mucho recato y secreto acerca de la bondad y honestidad de la mujer, para formar concepto de la fe y crédito que se la deba dar, lo que anotará el comisario de su mano al margen de la deposición de tal muger36.

  • 37 «Sousa escribe que, regularmente, se excusa de la denuncia a la mujer solicitada si teme que el hac (...)
  • 38 «Tengan en cuenta, sin embargo, las mujeres, incluso nobles, que no se corre ningún peligro en la f (...)
  • 39 «Los solicitados están obligados a hacer la denuncia personalmente, pero si las mujeres nobles o la (...)

41También la literatura jurídico-moral hizo lo posible para neutralizar la previsible resistencia de las solicitadas a la delación, indicando a los confesores que insistieran en convencerlas de que no sufrirían mengua en su reputación y les animaran a delatar, incluso a las mujeres nobles, por el bien de la religión. Explícitamente lo proponen así Antonio Diana (1638-1651: 284)37, Antonio de San José (1791: 143)38 o Concina (1768: 435 y 440)39.

42Pero las diferencias entre la teoría y la práctica son evidentes. Abundan las evidencias de lo penoso que debía resultarle a la mujer la revelación de hechos de esta naturaleza a dos extraños (comisario y notario) sin el amparo del sigilo sacramental. Como indica Enrique Gacto (2014: 135), los comisarios tenían una formación jurídica muy inferior a la de los inquisidores y raramente respetaban lo exigido por la Instrucción de Comisarios y por la doctrina, llevando a cabo su interrogatorio sin advertir a la mujer que no tenía que declarar el modo en que ella había respondido al solicitante, y sin conminarla a callar cuando hubiera comenzado a hacerlo por propia iniciativa. Todo ello unido al evidente peligro que comportaba para ellas, sobre todo en los pueblos, el que saliera a la luz el asunto. Situación que se agravaba mucho más si eran convocadas al trámite de ratificación —cuando el fiscal hubiera decidido acusar al confesor—, pues este acto lo presenciaban, junto al comisario y el notario, dos eclesiásticos, testigos que daban validez judicial a sus dichos.

  • 40 Así lo expresa Trimarchus en su obra De confessario abutente, disp. XIV, Sect. 7, n. 40, 276, citad (...)

43En todo caso, la Inquisición tenía medios coercitivos muy efectivos para obligarlas a denunciar. La omisión deliberada de la denuncia se consideraba pecado mortal, y puesto que en este estado no puede ser absuelta de sus culpas, su negligencia la lleva a la excomunión. Tan severa amenaza constituye la forma coactiva más eficaz de lograr que se produzca la denuncia, ya que se piensa que si la solicitada fuera absuelta antes de delatar al solicitante, fácilmente podría omitir su deber, dadas las evidentes incomodidades que para ella comporta40.

  • 41 Sarrión Mora (2010: 312) cita en esta cuestión las opiniones de Antonio Sousa (Opusculum circa cons (...)
  • 42 Sarrión Mora (2010: 312).

44Así, la mujer no podía ser absuelta si no denunciaba el hecho ante los inquisidores; los decretos inquisitoriales determinaban que podía ser excomulgada aunque no hubiese participado ni aceptado la solicitación, sólo por su silencio. Además, la mujer solicitada que oyese un Edicto el cual le obligara a denunciar a su confesor, si no lo delataba dentro del plazo que marcaba el Edicto, incurría en pecado mortal y excomunión y sólo los inquisidores o el Sumo Pontífice podrían absolverla41. De hecho, las amenazas de los confesores de suspender la absolución y la presión del Tribunal ejercida desde un doble frente —la investigación procesal y la publicación de los Edictos de Fe— fueron las causas que motivaron el mayor número de testificaciones sobre solicitación42.

45Era muy diferente la situación en que delatado y delatadora quedaban después de haber sido efectuada la solicitación. El confesor solicitante podía ser absuelto directamente por cualquier confesor, dado que la solicitación no era un «caso reservado», esto es, aquellos pecados para los cuales los confesores ordinarios no tienen potestad de absolver, sólo la jerarquía eclesiástica —obispos, inquisidores y a veces exclusivamente el Papa—, ni llevaba anexa la excomunión. Por tanto podía seguir ejerciendo su oficio libremente mientras no se iniciase contra él algún proceso que lo impidiera. En cambio, la solicitada no podía ser absuelta si no denunciaba el hecho ante los inquisidores.

  • 43 Así lo indica expresamente Trimarchus en su obra De confessario abutente...,disp. XIII, sect. 1, n. (...)

46Los autores se plantean la cuestión de si la mujer podía ser excusada de denunciar en caso de que a consecuencia de la delación se le causara un perjuicio grave. Si bien la regla general es que el daño a la religión en general y al sacramento en particular debe ser evitado antes que el daño a la penitente, no faltan autores que defienden la excepción, cuando la mujer teme sufrir ella misma o sus familiares más próximos, en represalia por su actuación, perjuicios graves en su persona o en su patrimonio, e incluso cuando peligra su honor, ya que, siendo mujer honesta y de buena fama, la pérdida de aquél, como consecuencia de la delación supondría tanto como la de su propia vida43.

  • 44 De nuevo, Trimarchus, en su obra De confessario abutente…, disp. VI, sect. 1, n. 1, 133, citado por (...)

47Para asegurarse de que el delito no quedara impune y su autor sin castigo, la Inquisición extendió la obligación de delatar a cuantas personas tuvieran noticia del mismo. No sería infrecuente que la mujer relatara los hechos delante de alguien; en estos casos, los conocedores de la conducta delictiva estarían también obligados a denunciar lo que saben, si bien muchos tratadistas, cautelosamente, recomendaban tener en cuenta el grado de fiabilidad de la solicitada, pues solo en el caso de que sea reputada digna de fe y honesta madre de familia se le otorgaría credibilidad a sus palabras y los testigos deberían también denunciar. Pero si aquélla es tenida por persona versátil, lenguaraz y de mala fama, no merecería mayor crédito que el sacerdote al que acusa, al cual, tal vez siendo inocente, se le podría causar injustamente un perjuicio o un riesgo innecesario44.

48Como nos recuerda Enrique Gacto (2014: 150), conforme al derecho procesal canónico, que el Santo Oficio respetó siempre al pie de la letra, la denuncia solamente alcanzaba relevancia jurídica en el supuesto de que el testimonio de la delatora resultara reforzado por la declaración concordante de, al menos, un testigo, de acuerdo con el clásico principio procesal testis unus testis nullus. Pero las circunstancias particulares en que se cometía el delito de solicitación, sin testigos directos, solía hacer que la primera denuncia, por falta de confirmación, quedara suspensa. Sólo en el caso de que llegara al tribunal una segunda delación, o de que la investigación sobre los antecedentes del delatado (la llamada recorrección de registros) diera noticias de que ese confesor había sido denunciado o procesado con anterioridad en otro distrito, se reactivaba el caso poniéndose en marcha el procedimiento.

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TEXTOS JURÍDICOS

Fuero Real

Las Siete Partidas de Alfonso X

Ordenanzas Reales de Castilla (1484)

Nueva Recopilación castellana (1567)

Novísima Recopilación de las Leyes de España (1805)

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Notes

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Literatura del crimen: doctrina jurídica y crónica social (siglos xvi-xx)» (DER2015-64627-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

2 En la represión del delito de adulterio se advierte mejor que en ningún otro el alcance penal de la discriminación sexual. El adulterio de la mujer se castigaba siempre, aunque fuera único y episódico; el del marido sólo en dos casos: cuando mantuviera a la manceba en la casa familiar o cuando conviviera con ella públicamente (a esta cuestión aluden mis trabajos sobre el adulterio y el amancebamiento: «El delito de adulterio en el Derecho general de Castilla», «Algunas consideraciones sobre el delito de adulterio. Un proceso de finales del siglo xviii» y El amancebamiento: Una visión histórico-jurídica en la Castilla moderna).

3 Así lo explica Antonio Sousa (1669: 94v): «Regulariter personae viles fustigantur, et ad trirremes per qunquennium mittitur. Honestiores verô, aut mulieres per ídem tempus relegantur, aliis etiam spiritualibus poenitentiis impositis, et abiurant levem suspicionem contra Fidem»; Diego García de Trasmiera (1638: 284-285) apunta que a las mujeres no se les impone esta condena: «Unde ob hanc sexus indecentieam et corporis debilitatem, mirum non est si mulier á poena remigandi absolvatur».

4 Así lo comprueba Ortego Gil (2015: 254), en concreto, en las sentencias de la Real Audiencia de Galicia en el siglo xvi.

5 Así lo ponen de manifiesto Antonio Sousa (1669: 94v) o Diego García de Trasmiera (1638: 285-286).

6 Según indica Enrique Gacto (2013: 53).

7 Diego García de Trasmiera (1638: 277 y 278). La pena de azotes puede considerarse específica de la gente vil, que se convierte en el único sector social destinatario de su aplicación, sobre la base de los criterios doctrinales vigentes en la época, que pueden resumirse en la siguiente cita de Juan de Rojas (1583: 113v): «viles enim et plebei magis volunt habere carnem fractam quam vesteni», indicativa de que los plebeyos prefieren sufrir en su cuerpo antes que en sus bienes.

8 Así lo indica Antonio Sousa (166: 368): «Praegnam mulier nec terreri debet, sed expectandum est donec pariest, nec tunc torqueatut nissi post quadraginta dies. Neque etiam torqueatur mulier lacttans, quando nulla alia reperitur nutrix»; César Carena (1669: 340): «Mulier praegnans, nec torqueri potest, nec terreri»; o Alphonso de Azevedo (1737: 229): «[…] quod si mulier praegnans esset bannita, donec est praegnans non debet occidi […] imo neque deberet interim publice condemnari, neque pro minisca & bannita publicari, ne forte praeconia & proclamata in notitiam suam deveniant, & prae timore parturiat, & aborsum faciat […]».

9 Dice Diego de la Cantera (1589: 102): «[…] ubi etiam tradunt nostra quaestionem habere locum non solum in muliere praegnante ex suo marito, & sic in partu legitimo; Verum etiam in partu illegitimo, & sic ex fornicatione, & non mulieri, partus quod non meretur aliquam poenam ex delicto parentum, & adeo siue partus sit licitus, siue illicitus, habet locum nostra quaestio».

10 César Carena (1669: 340): «vbi, quod non torquentur neque post 40 dies á die partus, & quod mulieres quae asserunt se praegnantes solent ab obstetricibus demandato Iudicis visitari, & secundum earum relationem proceditur, vel non proceditur ad torturam, ita attestatur obseruare Senatum Sabaudie […]»

11 Diego de la Cantera (1589: 102): «Bart. extende nostram quaestionem licet mulier esset praegnans à 20 vel 30 dierum non torqueretur».

12 El celoso regalismo borbónico tendió finalmente a unificar la jurisdicción en esta materia, atribuyendo en exclusiva el conocimiento de las causas de bigamia a los tribunales civiles, con lo que se exoneraba a los de la Inquisición (Real Cédula de 5 de febrero de 1770, por la que se limitaba la jurisdicción de los inquisidores a las causas de herejía y apostasía).

13 Según Antonio Sousa (1669: 93v), «quae dicintur de viro habente duas uxores, intelligenda similiter sunt, de muliere ducete duos viros»; García de Trasmiera (1638: 285) se expresaba en los mismos términos: «ait quod quae dicuntur de viro habente duas uxores; eadem dici debent de muliere cum duobus viris contrahente».

14 En el Derecho castellano, el Fuero Real, por ejemplo, establecía que los bígamos fueran puestos bajo el poder del cónyuge inocente y abandonados a su merced, al modo como estaba sancionado el adulterio (Fuero Real 3, 1, 11). Las Partidas, a su vez, recogieron la tradición romana con ligeras modificaciones: confiscación de bienes y destierro por tiempo de cinco años (Partidas 4, 17, 16). Carlos I precisó que los cinco años de destierro de que hablaban las Partidas debían cumplirse al remo en galeras (Novísima Recopilación 12, 28, 8), y Felipe II añadió la de vergüenza pública y dobló los años de condena al remo (Novísma Recopilación 12, 28, 9).

15 García de Trasmiera (1638: 276-277): «El addit praecitatus Muta quod ipsa poena triremium est crudelis et quod modo est ipsa morte naturali terribilior [] Haec ideo adnotavi non quia nostrum Tribunal froeno indigeat in poenis, mature enim in illis solet procedere; sed potius ut satisfacere iis, quia suopra vidimus… cupiebant hunc bigamiae casum ad Inquisitores non pertinere, quia scilicet non solet ita acriter puniri hoc delictum,ut commeretur».

16 Vid. nota 18.

17 Vid. nota 3.

18 Así lo afirma Allison M. Poska (2000: 249) en su estudio sobre las bígamas gallegas.

19 Poska (2000: 249).

20 «Advertendum tamen est pro máxima declaratione materiae, quiod aliqui testes repelluntur in causis criminalibus. Et primo dico, quod repellitur mulier, quia propter fragillitatem sexus, est timor, quod ferat varium, mutabile, vel falsum testimonium».

21 Opinión reproducida por José Nuño (1692: 428).

22 Desde el punto de vista doctrinal, el supuesto perfecto consistía en la emisión de los testimonios de dos o tres testigos idóneos, entendiéndose por tales aquellos a los que no se puede oponer ninguna tacha ni por sus características personales ni por las procesales. En este sentido afirma Sousa (1669: 241): «Testis aut est idoneus, aut non est idoneus. Idoneus est elle, cum nulla exceptio opponit potest. Non idoneus, qui per aliquam exceptionem in toto, vel in parti repellitur». Estaríamos hablando de varones, mayores de edad y que no adolecieran de defecto que permitiera oponerles alguna excepción procesal o personal y cuyos testimonios fueran coincidentes en circunstancias, tiempo y lugar. De ser así, indica Farinaccio (1621: 197), se obtenía una prueba plena, dando lugar a la imposición de la pena ordinaria establecida por el Derecho.

23 En estos términos se expresa Juan de Rojas (1588: 746-751).

24 Indica Pérez Martín (1987: 306-307) que además de la mujer, entre los testigos menos idóneos se incluyen a los enemigos, el cónyuge, los consanguíneos, afines y criados; los excomulgados y compañeros de crimen; los herejes, judíos e infieles; la meretriz; el verdugo, los proscritos, perjuros y criminales; los infames de iure y de facto (usureros, espurios, blasfemos, jugadores, borrachos, fonderos, quebrados, etc.); los menores de edad; otros como proxenetas, gestores de negocios, pobres, furiosos, sordos, mudos, etc.

25 La razón de ser de la peculiaridad del proceso inquisitorial radica en la gravedad del delito de herejía. Como indica Pérez Martín (1987: 286), los juristas del Derecho común conciben la herejía como delito de lesa majestad divina, el delito más grave que puede cometer una persona por la dignidad del ofendido y, en consecuencia, es un delito público, no prescribe nunca, hay obligación de delatar al hereje, aunque se trate de un delito oculto y se le aplican todas las excepciones procesales y las penas propias del delito de lesa majestad: supresión de privilegios de las clases altas con respecto a la tortura, habilitación de testigos normalmente inhábiles, penas de confiscación de bienes, infamia y damnatio memoriae.

26 Al respecto indica Farinaccio (1621: 209): «AMPLIA IV. Etiam in mulieribus, quae, quòd incrimine haeresis admittantur, nulla est dubitatio: si enim, admittuntur infames, vtique multo magis admitti debent mulieres: maior enim est exceptio, infamia, quàm sexus: sed quando hoc verum sit…».

27 «Un crimen de esta naturaleza —nos dice J. A. Llorente (1870: 22)— permite la imputación calumniosa más que los de otra, porque su perpetración suele ser oculta y sin testigos. Casi es imposible de probar por dos que se hallen contestes en su caso, tiempo, lugar y circunstancias, como los demás crímenes, y aún dando valor de testigo al delator, queda en la clase de singular y mujer casi siempre joven, y aún se puede añadir frágil, respecto de que la solicitación suele tener su origen en oír a la confitente cosas contrarias al sexto precepto del decálogo. Por eso es preciso tomar cuantas cautelas dicte la prudencia para no proceder ligeramente contra el confesor denunciado, pues acaso la denunciante abusa de los Edictos del Santo Oficio para perseguir al sacerdote por pasiones de odio, rencor y venganza propia, o tal vez está pervertida por otra persona maligna que lleva la idea de desacreditar al confesor para siniestros propósitos».

28 Llorente (1870: 24-25).

29 «[…] debe tenerse en cuenta la condición de la mujer denunciante; por ejemplo, si es de vida arreglada o si es una meretriz, pues aquélla será más fácil de creer, y ésta menos, ya que no es prudente que por el testimonio de cualquier mujerzuela impúdica venga a ponerse en duda la probidad de un confesor. Por ello cuando una mujer de mala vida denuncia a un confesor, los inquisidores deben recibir la denuncia, pero por ello no tienen que citar al confesor, sino quedar a la espera por si surgiera otro indicio. Si la delatora fuera meretriz o de mala vida (con las que puede ser más fácil la solicitación por la mayor esperanza del acto carnal que con mujeres honestas), hay que considerar si se han vuelto decentes al tiempo de la declaración, si están preparadas para la penitencia, si residen en el prostíbulo, si viven en concubinato, en cuyo caso se las debe de creer poco, pues se puede estimar que lo hacen no para descargar su conciencia sino que cabe sospechar que lo haga movida por otro motivo». Traducido por Gacto Fernández (2014: 151).

30 Citado por Gacto Fernández (2014: 164).

31 Para Carena (1669: 267), por ejemplo, para convencer se requerían más de tres mujeres: «Certisima est sententia affirmatiua, quod admittitur in crimine haeresis, & aliis exceptis […] qui omnes concludunt mulieres in hoc casu non esse testes omni excep. maiores, & sic duas foeminas, quinimo nec tres conuincere»; especialmente, como señala Sousa (1669: 273), en casos de imposición de pena máxima: «Mulieres admissae ad tetificandum in causa criminali etiam haeresis, non sunt integra fidei, vnde duas aut tres non plene conuincunt. Vbi igitur de poena de mortis imponenda». Algunos autores, como Rojas (1581: 125-130), señalan que haría falta por lo menos cuatro testigos inhábiles y además concurrir otras circunstancias de importancia para poder determinar una condena por herejía.

32 Así lo indica Alejandre García (1994: 181-182).

33 Alejandre (1994: 158) cita en este punto la opinión de Trimarchus expresada en su obra De Confessario abutente Sacramento Poenitentiae, Génova, 1636, disput. IV, sect. 6, n. 58, p. 117.

34 Maravall José Antonio (1979), Poder, honor y élites en el siglo xviii, Madrid, Siglo xxi, 74-75.

35 Como apunta Sarrión Mora (2010: 293-294).

36 «Instrucción de Comisarios del Santo Oficio de 28 de abril de 1607. Forma de recibir delaciones espontáneas de solicitadas ad turpia, XXI», recogida por Miguel Jiménez Monteserín (1981: 352).

37 «Sousa escribe que, regularmente, se excusa de la denuncia a la mujer solicitada si teme que el hacerla le provoque riesgo probable de muerte, mutilación, heridas, notabilísima mancha en su honor, o pérdida importante de bienes suyos o de consanguíneos y afines hasta el cuarto grado. Pero aunque todo eso sea verdad, advierta el confesor, que siempre debe instruir a la mujer para que no se atemorice, persuadiéndola de que no hay nada deshonroso en comparecer ante los inquisidores en defensa de la fe católica para denunciar a semejantes delincuentes. Son muchos los autores que aseguran que las mujeres, aunque sean nobles, por el bien de la religión, tienen obligación de ir ante aquellos a testificar en causa de solicitación, porque esto no es nada duro, a no ser que excuse la enfermedad, la clausura u otra causa justa», citado por Gacto Fernández (2014: 134).

38 «Tengan en cuenta, sin embargo, las mujeres, incluso nobles, que no se corre ningún peligro en la fama por hacer la denuncia, ni es deshonesto presentarse ante los inquisidores o ante sus ministros para comparecer por esto. Sino más bien testimonio público de su elevada nobleza y fidelidad católica al deponer sobre el tema», citado por Gacto Fernández (2014: 134).

39 «Los solicitados están obligados a hacer la denuncia personalmente, pero si las mujeres nobles o las muchachas no se atrevieran a presentarse ante el tribunal de la Inquisición, pueden hacerlo por mediador, que naturalmente debe ser el confesor. En todo caso, consienta o rechace la mujer la propuesta del solicitante, está obligada a poner la denuncia, que no depende en absoluto de que haya consentido o no, ni el tribunal puede interrogarla sobre ello, porque este delito atañe solo al tribunal y al confesor», citado por Gacto Fernández (2014: 134).

40 Así lo expresa Trimarchus en su obra De confessario abutente, disp. XIV, Sect. 7, n. 40, 276, citado por Alejandre García (1994: 158).

41 Sarrión Mora (2010: 312) cita en esta cuestión las opiniones de Antonio Sousa (Opusculum circa constitutionem summi pontificis Pauli V in confessarios ad actus inhonestos foeminas in sacramentali confessione alicientes, 1623, 250-252) y Antonio Escobar y Mendoza (Liber Theologiae Moralis, Lugduni, 1644, Tratado V, Examen II, Cap. V «De sacerdote solicitante poenitentem ad venerem», 545-552).

42 Sarrión Mora (2010: 312).

43 Así lo indica expresamente Trimarchus en su obra De confessario abutente...,disp. XIII, sect. 1, n. 1, 251, citado por Juan Antonio Alejandre (1994: 158).

44 De nuevo, Trimarchus, en su obra De confessario abutente…, disp. VI, sect. 1, n. 1, 133, citado por Juan Antonio Alejandre (1994: 159).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mª José Collantes de Terán de la Hera, « El sexo y la Inquisición », ILCEA [En ligne], 33 | 2018, mis en ligne le 05 novembre 2018, consulté le 17 novembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/ilcea/4986

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Auteur

Mª José Collantes de Terán de la Hera

Profesora Titular de Historia del Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. He trabajado en temas relacionados con la economía del matrimonio, la censura inquisitorial de libros, la política social del Nuevo Estado franquista, la administración de justicia en el xix y el derecho penal. En la actualidad soy miembro del Proyecto de Investigación «Literatura del crimen: doctrina jurídica y crónica social (siglos xvi-xx)», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
mjcollantes@upo.es

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