1En 2010, uno de cada cinco seres humanos se encontraba en alguna situación de pobreza (United Nations 2010). Esta situación es exacerbada en países que se encuentran en vías de desarrollo, como México, donde el 50 % de la población no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación, educación y vivienda (CONEVAL 2011). Estas condiciones de pobreza se presentan con mayor fuerza en el medio rural, donde se concentra el 70 % de la población que es considerada en extrema pobreza a nivel mundial (FIDA 2010) y donde más del 60 % de la población mexicana no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer sus demandas de acceso a la vivienda digna, educación y salud, llevándolos a ser considerados como pobres patrimoniales (CONEVAL 2010).
2Una de las principales causas que han generado estos patrones de pobreza en el medio rural han sido las condiciones de exclusión social y económica a las que se ven sujetas estas comunidades. Desde un punto de vista económico, esta exclusión se puede observar en la imposibilidad de acceder a mercados laborales decentes (Bowles 2012) o bien en la existencia de barreras de entrada muy elevadas que hacen difícil el posicionamiento de productos locales en mercados nacionales, regionales e internacionales (Vite Pérez 2006). Desde un punto de vista social, la exclusión se ve caracterizada por la falta de accesibilidad a educación de calidad y de acceso a facilidades médicas (Cattell 2001).
3Con la intención de atender a estos problemas, a nivel nacional e internacional, se han desarrollado diferentes modelos de intervención y gestión orientados a la eliminación de la pobreza. Si bien es cierto que cada uno de ellos presenta características diferentes según el referente conceptual o empírico desde el cual plantean su propuesta, todos ellos convergen en la necesidad de promover la inclusión social (Arriagada, Miranda, and Pávez 2004 ; Porter and Craig 2004 ; Sen 2000a) y el desarrollo de capacidades locales en los pobladores que presentan estas condiciones (Sen 1989, 1999), en aras de satisfacer sus necesidades de un modo adecuado (Max-Neef 1993). Estos modelos se encuentran en sintonía con las propuestas de desarrollo local que desde la década de los noventa han estado presentes en las discusiones del desarrollo y que en el siglo XXI se ha posicionado como una forma de atender a las causas de estos patrones de pobreza.
4Tomando como referente estas aproximaciones teóricas y las propuestas de desarrollo local, se diseñó e implementó un modelo de intervención social que tomó como base los activos o portafolios con que cuenta una determinada comunidad con el interés de dar respuesta a las condiciones de exclusión socioeconómica que caracterizan a las poblaciones rurales mexicanas y latinoamericanas. El modelo se sustentó en tres pilares –capital social, capacidades locales o capital humano y potenciación de recursos locales-, que al ser implementado a lo largo de tres diferentes etapas y con la utilización de diferentes técnicas y niveles de intervención se buscó reducir las condiciones de exclusión y pobreza en que se encontraban sus pobladores.
5Bajo este contexto, el presente artículo tiene como objetivo la presentación de los referentes teóricos sobre las cuales se construyó el modelo de intervención-acción denominado Modelo de Intervención e Inclusión Comunitario (MIIC), sus diferentes etapas y algunos de los resultados que se obtuvieron de su implementación en una comunidad rural mexicana a nivel de la reducción de los patrones de exclusión que presentaba la comunidad.
6En aras de lograr este objetivo, el artículo se encuentra dividido en cuatro secciones. La primera de ellas presenta la forma en que la exclusión, vislumbrada desde una perspectiva multidimensional, contribuye a la permanencia de la pobreza en sectores rurales. La segunda sección establece las principales características de la propuesta conceptual de desarrollo local, así como los elementos que lo han llevado a posicionarse como una forma de dar respuesta a la pobreza y las causas que la generan. Estas dos secciones son la base para presentar, en la tercera sección, el modelo de intervención-acción implementado en una comunidad rural mexicana y los principales resultados emanados de esta implementación. El artículo concluye con una serie de reflexiones y discusiones entorno a la necesidad de visualizar a los procesos de desarrollo local como medio de combate a la pobreza y la exclusión social.
7El término de exclusión emerge como una herramienta conceptual para caracterizar a aquellos individuos que se encuentran fuera del sistema social (Sen 2000). Bajo este entendimiento, el concepto presenta una perspectiva multidimensional donde cualquier situación en donde los actores no puedan acceder a los mismos derechos, recursos, capitales u oportunidades que el resto de la sociedad, puede ser considerada en exclusión (Funkhouser, Pérez Sáinz, and Sojo 2002 ; Oakley 2001 ; Sojo 2007). Esta perspectiva multidimensional permite definir varios tipos de exclusión en función de los recursos, derechos u oportunidades de las que son privadas.
8La existencia de diferentes tipos de exclusión hace necesario el planteamiento de tres aspectos que favorecen a la comprensión del concepto. El primero de ellos es el contexto bajo el cual ocurre la exclusión. Es decir, las causas que desencadenan un determinado tipo de exclusión en un contexto determinado, pueden o no ser las mismas que desencadenen patrones de exclusión en otro contexto (Funkhouser et al. 2002 ; Mora Salas and Pérez Sáinz 2009 ; Oakley 2001 ; Saith 2001 ; Sen 2000b). Este aspecto permite afirmar que la exclusión está relacionada con las características específicas de la comunidad donde se presenta, dándole al fenómeno una perspectiva local. El segundo aspecto es la posibilidad de ser aditiva. Es decir, pueden existir grupos o individuos que padezcan diferentes tipos de exclusiones, exacerbando su situación de pobreza y reduciendo su capacidad por mejorar sus condiciones de vida en el mediano y largo plazo. El tercer aspecto es de corte relacional, mismo que puede ser sintetizado en la idea de que si existen personas excluidas es porque existen personas que son incluidas, creando una ruptura en el tejido social (Mora Salas and Pérez Sáinz 2009 ; Saith 2001). Al ver a la exclusión desde una perspectiva relacional, se puede decir que su presencia conlleva a la preservación o exacerbación de los patrones de inequidad al interior de una determinada sociedad en sus diferentes dimensiones.
9Es así como la exclusión busca estudiar los procesos y relaciones sociales entre actores y estructuras sociales que conllevan a la existencia y preservación de las inequidades al interior de una sociedad ; así como a la reducción de la capacidad, por parte de todos aquellos actores que la padecen, de satisfacer sus necesidades de una forma digna y en función al contexto en que se encuentran. Con base en esta definición se puede observar que la exclusión se encuentra directamente relacionada con la pobreza, pues en su presencia se reducen las oportunidades para satisfacer las necesidades de todos los miembros de una determinada sociedad e incrementa la polarización social y las inequidades al interior de las sociedades, situación que se presenta con mayor fuerza en el medio rural latinoamericano.
10El campo presenta diferencias marcadas en relación a las condiciones de vida que existen en la ciudad (Bird et al. 2002), en este medio se presenta con mayor intensidad las condiciones de pobreza. A nivel mundial, en 2010, al menos el 70 % de la población en pobreza del mundo era rural y una gran proporción de las personas pobres y hambrientas rurales eran niños y jóvenes (FIDA 2010). Desde una perspectiva latinoamericana, en 2002, el 61.8 % de la población rural se encontraba en condiciones de pobreza y el 37.9 % estaba en pobreza extrema o indigencia. En México, el 63.6 % de los hogares rurales eran pobres y casi la mitad de ellos estaban en pobreza extrema, es decir, con ingresos inferiores a la canasta alimentaria básica (CONEVAL 2011). Esta situación se repetía en el resto de la región: en América Central dos de cada tres personas que vivían en el medio rural eran pobres, mientras que en Brasil habitaban 20 millones de pobres rurales y en la región de los Andes se albergaba a 35 % de la población más pobre de la región (Kay 2006).
11Las principales causas de la pobreza en el medio rural latinoamericano pueden ser analizadas tomando como punto de partida los procesos de exclusión que se presentan al interior de estos territorios, mismos que pueden ser caracterizados por dos fenómenos : El primero es la inequidad existente entre los habitantes que se encuentran en el medio rural en comparación con aquellos que están en el medio urbano. El segundo es la desventaja que representa la imposibilidad de acceder a algunos de los recursos económicos, sociales, políticos y ambientales para los pobladores que se encuentran en este medio.
12En la perspectiva económica, la lejanía con los centros urbanos y la poca infraestructura para movilizar sus productos hacen que sus procesos económicos se encuentren desarticulados del mercado regional y nacional (Kay 2006), imposibilitando el incremento en sus ingresos monetarios. De la misma forma, la baja calidad de las tierras cultivables, hacen que la agricultura local se encuentre destinada al autoconsumo y no a la generación de productos para su comercialización, reduciendo la diversidad de fuentes de ingresos destinadas a la satisfacción de otras necesidades básicas como puede ser el calzado o la vivienda (De Grammont 2001). Estos fenómenos se conjuntan con la baja posibilidad laboral que se presenta en el campo y que obligan a sus habitantes a migrar, ya sea de forma temporal o permanente, a otras regiones en aras de conseguir un ingreso adicional que favorezca a la subsistencia de los miembros del hogar (Fox 2007 ; Fussell 2004).
13En el aspecto social, los indicadores de acceso a servicios públicos (agua potable, desagüe, electricidad) y servicios privados (telefonía fija y celular) indican que los hogares rurales tienen un limitado acceso a los mismos, debido, entre otras cosas, a las pocas políticas de inversión en infraestructura rural. Un ejemplo de esta situación es la observada durante 2008 en El Salvador, donde el 50.5 % de los hogares en el área rural tenía agua potable, mientras que en el área urbana el 86.2 %, de igual manera, solo el 3.2 % de los hogares urbanos no contaban con servicio sanitario, mientras que en el área rural el 17.7 % estaba en esa situación (Trivelli, Yancari, and De los Rios 2009).
14En cuanto a la educación, se encuentra que el analfabetismo funcional rural (se refiere a personas que no han cumplido los 5 años de estudio) resulta más elevado en las zonas rurales que en las urbanas. En Brasil, por ejemplo, el analfabetismo alcanza el 29.8 % de la población adulta de las zonas rurales ; en las ciudades, esa tasa es del 10.3 % ; mientras que en Colombia, cerca del 10 % de los niños de entre 7 y 11 años de áreas rurales se queda sin estudiar y el 40 % de los jóvenes de entre 12 y 17 años abandonan sus estudios, situación que se repite en el resto de los países de América Latina (Atchoarena and Gasperini 2005).
15En una perspectiva política, la exclusión se presenta por la incapacidad que tienen sus habitantes por participar en los procesos de toma de decisión, haciendo que las políticas de desarrollo emprendidas para la mejora de sus condiciones de vida se presenten como fuera de contexto y con poca capacidad para atender a las necesidades básicas de la población rural (Fox 2007). Asimismo, la persistencia de discriminación por cuestiones de género o edad se sigue presentando con una alta incidencia en estas regiones, haciendo que la pobreza entre estos grupos se exacerbe con el paso del tiempo e impida la generación de estrategias o mecanismos para salir de ella (Fox 2007 ; Gutberlet 1999 ; Kay 2006).
16Desde el punto de vista ambiental, el proceso de desertificación que se está presentando a nivel mundial y el incremento de los precios de los productos del campo han favorecido al empobrecimiento de los pobladores del medio rural, a la par que han reducido su capacidad de integrarse a mercados internacionales y de satisfacción de sus necesidades alimentarias. La desertificación de tierras reduce la capacidad de producción que los habitantes del medio rural tienen para cubrir sus necesidades alimentarias y de generar excedentes destinados a la comercialización (United Nations 2008). A la par, el alza en los precios de los granos y alimentos imposibilita a esta población contar con una nutrición adecuada situándolos en una situación de vulnerabilidad y desventaja (Von Braun 1995).
17Ahora bien, los procesos de exclusión que se generan en estas cuatro dimensiones no se presentan de manera aislada, sino que más bien suelen estar interrelacionados, incrementando las condiciones de pobreza que se presentan al interior del medio rural e imposibilitando a sus habitantes salir de ella. Bajo este contexto poco alentador y como respuesta a los patrones de exclusión que han dado lugar a la exacerbación de la pobreza rural, la propuesta de desarrollo local se ha posicionado como una forma de mejorar la calidad de vida de los habitantes de un determinado territorio por medio de la satisfacción de sus necesidades básicas, la creación de estrategias orientadas al fortalecimiento de sus capacidades y la construcción y consolidación del capital social entre actores privados, públicos y sociales que buscan fomentar la equidad al interior de dicho territorio.
18El desarrollo local es una acepción al desarrollo que busca posicionarse como la más adecuada para crear procesos de combate a la pobreza y la exclusión. Se basa en la idea de que los actores que se encuentran en un determinado territorio tienen la capacidad de desarrollar su potencial por medio de la generación de acciones locales que, a su vez, se integran en el entorno global (Klein 2005). Busca atender a las problemáticas relacionadas directamente con la creación de procesos de exclusión y pobreza por medio de la participación social y el aprovechamiento de los recursos que se encuentran en un determinado territorio.
19El desarrollo local se encuentra en el seno de dos movimientos que se complementan entre sí (Tremblay and Fontan 1997). Por un lado se encuentra el proceso de deslocalización impulsado por la globalización, que se basa en la idea de que la distancia no importa, pues las tecnologías de la información presentan la capacidad de mantener al mundo conectado. Por el otro lado, se encuentra el movimiento que busca la localización de actividades en un determinado territorio, pero que se estructuran dentro de la lógica de la globalización y que pueden ser caracterizadas o impulsadas desde la idea de la glocalización que plantea la necesidad de actuar local pero pensar global.
20La conjunción de estas dos características ha dado como consecuencia el posicionamiento de dos escuelas de pensamiento en la construcción teórica del desarrollo local (Fontan 2003). La primera se centra en la perspectiva funcionalista del desarrollo económico, en donde las acciones que los actores locales realizan sobre los espacios públicos y privados buscan atender a la creación de empleos y producción de riqueza local. En esta perspectiva se han centrado la mayor parte de los trabajos que han buscado explicar y comprender la creación de distritos industriales y clústeres (Boisier 2001 ; Casanova 2004 ; Klein 2005). En ella se visualiza una construcción del desarrollo local de “arriba hacia abajo”, en donde se parte del supuesto de que la mejora de las condiciones económicas del territorio ocasiona un derrame en la sociedad donde se presenta y que logran consolidarse bajo principios normativos y de confianza que comparten un determinado grupo de actores, principalmente privados y en ocasiones públicos (Battaglia et al. 2010). Esta articulación entre actores no solamente se presenta en un ámbito local, sino que también se procura la integración a nivel regional e internacional.
21La segunda escuela retoma una perspectiva sociológica de corte accionalista, donde se busca identificar cómo los diferentes actores sociales buscan atender a los objetivos sociales y económicos que se presentan en el territorio donde operan (Zapata 1992). Se genera la posibilidad de analizar las relaciones y vínculos que presentan actores provenientes de diferentes sectores –llámese privado, público o social-, en aras de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes que se encuentran en un determinado espacio social (Albuquerque 1999 ; Boisier 2001, 2005 ; Camagni 2003 ; Fontan, Klein, and Tremblay 2005 ; GES 2004). Estos trabajos toman en consideración la integración de alianzas e innovaciones sociales que permiten la construcción del desarrollo local desde una perspectiva de “abajo hacia arriba” (Casanova 2004), favoreciendo a la cohesión social y la construcción de capital social al interior y exterior de los territorios (Camagni 2003 ; Ferroni, Mateo Díaz, and Payne 2007 ; Hooghe 2007). Bajo esta perspectiva, el desarrollo económico es una consecuencia de la mejora de la calidad de vida de los habitantes y no el fin al que se aspira con la realización de diferentes acciones (Portales 2011).
22A pesar de las diferencias que ambas posturas presentan, éstas tienen elementos en común que pueden ser definidos como aquellos que conforman al desarrollo local (Figura 1). El primero de ellos es la importancia que tiene el territorio como espacio articulador de relaciones y procesos sociales a través de los cuales se logra una mejora de las condiciones económicas y sociales de sus habitantes. El segundo elemento que comparten es la importancia que tiene la integración y participación social de los diferentes actores, la primera desde una perspectiva macro y la segunda desde una aproximación micro. Un tercer elemento es la puesta en común de acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de los diferentes actores que convergen en este territorio y que favorecen a la mejora de sus condiciones de vida y al bienestar colectivo. El cuarto, y último elemento, es la integración de una visión en donde se busca el aprovechamiento de los recursos que se encuentran en dicho territorio.
23La principal diferencia que tienen ambas posturas se encuentra en relación a la visión que poseen sobre la forma de abordar el fenómeno del desarrollo local. En la primera postura se ve la consolidación de las fuerzas económicas locales como los mecanismos para mejorar las condiciones de vida del territorio en cuestión. En la segunda, se parte del interés por atender a los intereses sociales y económicos de todos los actores que convergen en dicho territorio. Si bien esta diferencia es sutil, al momento de formular una aproximación empírica es donde las diferencias se establecen de una forma más clara.
24La primera postura se centra en un paradigma economicista, donde el fin es la creación de una estructura económica fuerte que a la larga incida en las condiciones de vida de las personas. De este modo, la formulación del desarrollo emana desde los intereses definidos por actores orientados a la consecución de objetivos económicos, dejando de lado la integración de otros grupos sociales y sus necesidades sociales, políticas y ambientales, corriendo el riesgo de incrementar y preservar los patrones de exclusión que se presentan en dicho territorio. En la segunda postura se busca la generación de mecanismos que atiendan a la satisfacción de necesidades humanas por medio de la articulación y creación de alianzas entre actores provenientes de diferentes sectores, favoreciendo a la sustentabilidad de los procesos, el aprovechamiento de los recursos sociales, materiales y humanos que se encuentran en el territorio y al fortalecimiento de los procesos de integración social. Esta postura abandona el paradigma economicista y se instaura en un paradigma multidimensional, donde el desarrollo local es evaluado en función de su capacidad para generar procesos de cohesión social, atención a la pobreza, reducción de la inequidad y mejora en la calidad de vida de las personas.
25Tomando como base las diferencias que ambas posturas presentan, se puede decir que solamente bajo la segunda postura es como se pueden generar procesos que den respuesta a las problemáticas que dan como resultado la creación de procesos de exclusión y por ende de pobreza. En esta postura se entiende al desarrollo local como un proceso de cambio estructural que fomenta la mejora en la calidad de vida de las personas por medio de la integración de tres dimensiones : 1) Económica, en donde los medios de producción local usan su capacidad para articular sus servicios y productos en una economía global. 2) Sociocultural, en donde los valores y estructuras de participación local juegan un rol activo en la definición de instituciones y organizaciones que orientan la puesta en marcha de políticas de desarrollo que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades de todos los integrantes del territorio. 3) Político-administrativa, en donde las políticas territoriales se orientan a la movilización y preservación de los recursos locales permitiendo la consolidación de un entorno socioeconómico local favorable para el posicionamiento de los productos y servicios en la arena global.
26Esta postura brinda la posibilidad al pobre de convertirse en actor de su propio desarrollo a través de su empoderamiento y de la movilización de los diferentes capitales con los que cuenta -sean económicos, humanos o sociales-, permitiéndole su integración a mercados regionales, nacionales e internacionales, dando respuesta a los procesos que generan patrones de exclusión en sus diferentes dimensiones y que lo han llevado a encontrarse en alguna situación de pobreza o vulnerabilidad.
27Con base en los supuestos sobre los cuales se encuentra cimentada la segunda postura del desarrollo local fue que se diseñó e implementó un modelo de intervención-acción al interior de una comunidad rural mexicana, el cual tuvo como objetivo la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes por medio de la movilización y aprovechamiento de los capitales económico, humano y social con que contaban.
28El modelo de intervención-acción propuesto se implementó de mayo de 2003 a julio de 2007 en la comunidad de San Felipe, la cual se encuentra al sur del Estado de Nuevo León, México, y presentaba niveles de pobreza y exclusión superiores al promedio nacional, pero que son similares a otros identificados en el medio rural nacional y latinoamericano.
29Muestra de esta situación es el hecho de que ninguno de sus hogares contaba con drenaje, más de la mitad de las viviendas tenían piso de tierra y una proporción similar contaban con techo de lámina. A nivel de los servicios de infraestructura social, las viviendas no contaban con agua corriente, el servicio de luz no era constante –en ocasiones duraban días sin este servicio-, las calles no se encontraban pavimentadas, la escuela contaba con un solo maestro para atender a estudiantes de seis niveles diferentes y el consultorio médico solamente atendía una vez al mes. Los hogares presentaban una economía basada en la agricultura de subsistencia y la obtención de ingresos adicionales se daba por medio del ejercicio de algún oficio fuera de la comunidad -como es albañil, carpintero o jornalero agrícola en Estados Unidos-, mismos que se encontraban caracterizados por la precariedad y la migración nacional e internacional. Las condiciones climatológicas tampoco favorecían al desarrollo de alguna actividad productiva, pues se encontraba ubicada en un clima semidesértico, caracterizado por la falta de agua y recursos naturales, comprometiendo la capacidad de los pobladores para atender sus demandas alimentarias.
30Ante estas condiciones de pobreza, diversas organizaciones, tanto públicas como privadas, llevaron a cabo proyectos de infraestructura orientada a la recaudación del agua de lluvia para el autoconsumo de la comunidad y el riego de parcelas de árboles frutales y cactáceos. Estas obras fueron implementadas desde una lógica asistencial, en donde las dependencias de gobierno y los actores privados que participaron en ellas definieron el tipo de obra y la forma en que la comunidad participaría, la cual estuvo caracterizada por el pago a los habitantes por su participación en la construcción de dichas obras, generando una relación de dependencia económica. Los pobladores comenzaron a ver este tipo de proyectos como un ingreso adicional y no como una forma de inversión que en el largo plazo mejoraría sus condiciones de vida.
31En este contexto asistencial se diseñó el Modelo de Intervención-Inclusión Comunitario (MIIC) que tomó como base la propuesta de Desarrollo Impulsado por la Comunidad (CDD, por sus siglas en inglés) para diseñar e implementar políticas y proyectos que facilitaran el acceso a capital social, humano y físico a los hogares de la comunidad (Binswanger-Mkhize et al. 2010). En la implementación de este modelo se usó la metodología de Investigación-Acción-Participación (IAP), en donde el investigador social, por medio de la reflexividad y el uso de diferentes métodos de participación y análisis, se convierte en un actor clave en el proceso de construcción y consolidación del proceso de desarrollo de las comunidades donde trabaja (Leal 2009).
32El MIIC tuvo como objetivo principal fomentar la participación comunitaria de los pobladores de San Felipe, a través del seguimiento y aprovechamientos de las obras de infraestructura que se habían desarrollado en años anteriores y de la generación e implementación de proyectos de desarrollo orientados a la sustentabilidad. Para lograr este objetivo, el MIIC se sustentó en tres pilares, uno por cada uno de los capitales que buscaba movilizar: 1) Capital social al interior y exterior de la comunidad, 2) desarrollo de capacidades locales y capital humano, y 3) potenciación de los recursos naturales o capital físico de la comunidad. Estos tres pilares eran movilizados por medio del fomento a la participación comunitaria de una forma sistémica y desde el interior de la comunidad, la cual se presenta como base del MIIC (Figura 2).
33Además de estos tres pilares, el MIIC tomó como base tres supuestos : 1) Los pobladores conocen sus necesidades y recursos, por lo que ellos serán los que definan y prioricen las acciones que se llevarán a cabo a lo largo de toda la intervención, de esta forma se fomentará la viabilidad de las actividades y se comenzará un proceso de autonomía por parte de los pobladores. 2) Los pobladores no recibirían ningún pago por su participación en las diferentes etapas de la implementación. 3) Todos los miembros de la comunidad deberán de participar de alguna u otra forma a lo largo de la intervención, a través de actividades concretas que estén orientadas a la mejora del tejido social y la satisfacción de las necesidades previamente definidas. Con base en estos supuestos se asumía que la correcta implementación del modelo daría respuesta a necesidades específicas y comunitarias, a la vez que fomentaba la participación la comunidad y generaba patrones de autonomía que disminuían las relaciones clientelares con que se habían venido presentando.
34En la implementación del modelo se siguieron tres etapas : 1) Análisis de la realidad comunitaria, 2) Participación comunitaria en acciones puente, y 3) consolidación de la participación comunitaria en proyectos de desarrollo por segmentos poblacionales. Cada una de estas etapas procuró el fortalecimiento de uno de los tres pilares del modelo, siempre tomando como base los supuestos mencionados y la participación comunitaria como elemento detonador de cada uno de ellos. En cada etapa se siguieron diferentes métodos de recolección y análisis de la información en función de los objetivos que perseguía, mismos que serán descritos en la siguiente sección.
35La primera etapa tuvo un doble propósito. El primero fue la identificación de los recursos sociales, materiales, humanos y ambientales con que contaba la comunidad. Para ello se realizaron entrevistas semiestructuradas a los 40 hogares que conformaban la comunidad. En estas entrevistas se trabajaron dos niveles de análisis. El primero en términos del hogar, en donde se identificaron las fuentes de ingreso y las capacidades o habilidades con que contaban los miembros del hogar y que podían ser utilizadas para incrementar los ingresos o condiciones de vida. Este primer nivel de análisis se centró en aquellos miembros del hogar que por sus condiciones aportaban de alguna forma con la generación de ingresos para el hogar.
36El segundo nivel fue el comunitario. Se identificaron los recursos ambientales que consideraban más importantes y que podían ser explotados por medio del trabajo comunitario y se hizo un recuento de los servicios de infraestructura con que contaba la comunidad en su conjunto, incluida aquella infraestructura que habían sido implementada para la recaudación del agua de lluvia para el autoconsumo y las parcelas de árboles frutales y cactáceos. También se identificaron cuáles eran las relaciones con actores institucionales que les habían dejado un mayor aprendizaje y con cuáles habían tenido desacuerdos, así como los mecanismos de participación que tradicionalmente usaban.
37Con base en este conocimiento se pudo conocer el perfil de la comunidad desde los recursos con los que contaban y no desde aquellos que les hacían falta. Esta estrategia ayudó a la consolidación de una visión de empoderamiento de la comunidad, en donde los recursos con que cuentan pueden ser utilizados en beneficio de los mismos sin necesidad de esperar el apoyo de una organización o institución externa.
38El segundo propósito de esta etapa fue la conformación y fortalecimiento de tres tipos de capital social (Figura 3). El primero de ellos se centró en la construcción del capital social de la comunidad, es decir, aquel que permite construir cohesión social en su interior y que favorece a la puesta en común de objetivos e intereses colectivos (Casanova 2004 ; Durston 2002 ; Fox 1996) y que puede ser denominado como de cierre (Putnam 1995 ; Woolcock 1998). El segundo nivel se centró en la construcción de un capital social de tipo puente (Putnam 1995 ; Woolcock 1998), caracterizado por la creación de lazos de confianza y reciprocidad entre los integrantes del equipo encargado de la implementación del modelo y los habitantes de la comunidad. El tercer nivel de capital social fue el de enlace (Woolcock 1998), en donde los miembros de la comunidad mejoraron las relaciones que tenían con los diferentes benefactores, especialmente con las dependencias de gobierno e instituciones de beneficencia privada.
39En la construcción de cada uno de los tipos de capital social se utilizó un método de intervención-acción diferente. En el caso del capital social de cierre se tomó como referencia los mecanismos de participación social que eran tradicionales a la comunidad según el segmento al que pertenecían y que fueron identificados a lo largo de las entrevistas semiestructuradas. En el caso de los hombres fue la Asamblea Comunitaria y en el caso de las mujeres la Liga Femenil. En cada uno de estos dos segmentos se realizó un diagnóstico comunitario participativo, por medio de la impartición de talleres, en donde se identificaron, con base en la información recolectada previamente, cuáles eran las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que percibían. Este trabajo participativo fomentó la cohesión al interior de cada uno de los segmentos y el empoderamiento de los habitantes de la comunidad, ya que no solamente vieron sus necesidades, sino que identificaron las capacidades con que contaban para atender a las mismas por medio del trabajo comunitario.
40La recuperación de los mecanismos de participación tradicional, además de servir como fuente para la construcción del capital social de cierre, también sirvieron de base para la creación de procesos de autogestión para cada uno de los segmentos de la comunidad –hombres y mujeres-. Al reconocer sus principales necesidades y recursos se diseñaron, de forma comunitaria y también por segmentos, una serie de acciones a realizar en aras de dar respuesta de una forma puntual a estas necesidades y que formarían el plan de desarrollo comunitario en el corto plazo. Estas fueron diseñadas por el equipo encargado de la implementación del modelo y posteriormente fueron avalados por la Asamblea Comunitaria y la Liga Femenil. De este modo se consolidó el capital social de puente entre los integrantes del equipo y la comunidad en su conjunto, pues se generaron lazos de confianza y normas de cooperación que fueron clave para el impulso de las acciones llevadas a cabo en la segunda y tercera etapa.
41Es importante señalar que debido a las condiciones de pobreza de la comunidad, la mayoría de las necesidades percibidas estuvieron orientadas a la generación de fuentes de ingresos que complementará la agricultura de subsistencia sobre la cual se sustentaba la economía familiar. Para lograrlo, en los talleres de autodiagnóstico se identificaron las capacidades que eran necesarias desarrollar o fortalecer en los miembros de la comunidad para realizar una explotación más eficiente de los recursos naturales ubicados al interior del territorio de la comunidad.
42Los proyectos fueron presentados ante aquellas instituciones y organismos gubernamentales que previamente habían colaborado con la comunidad, hecho que sirvió para la reconstitución del capital social de enlace entre estos dos actores. Este capital social se había visto desgastado, principalmente por la falta de seguimiento que la comunidad tuvo hacia algunas de las obras de infraestructura que previamente habían sido implementadas en su interior. Es importante resaltar que la gestión de estas presentaciones fue realizada por parte del equipo de implementación, aspecto que ayudó a la legitimidad del esquema de participación que la comunidad estaba adoptando en su conjunto.
- 1 Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres
43Adicionalmente, la recuperación de los mecanismos tradicionales en el segmento de hombres y mujeres, permitió la integración de una perspectiva de género a la generación del capital social, aspecto que atendía a la presencia de una cultura machista1 al interior de la comunidad. Gracias a esta estrategia se pudo construir un capital social efectivo que favorecía a la puesta en marcha de acciones orientadas a la creación de capacidades de cada segmento según sus propios intereses y que fue la base para la implementación de la segunda etapa.
44La segunda etapa consistió en la implementación de las acciones diseñadas para cada uno de los segmentos, comenzando por el desarrollo de capacidades orientadas a la explotación eficiente de los recursos y que se encontraban alineadas con el fortalecimiento del capital humano de los pobladores. El rol que jugó el equipo de implementación del MIIC fue de gestor ante organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, que no habían tenido participación con la comunidad y que, bajo un esquema de colaboración puntual en función de una necesidad de capacitación detectada, incrementaran el stock de capital social de la comunidad. Este esquema favorecía la reducción de los patrones asistenciales que se habían venido presentando en las relaciones entre la comunidad y otras organizaciones e instituciones externas.
45En el caso de manejo y explotación de recursos naturales, las capacitaciones y seguimiento a la aplicación del aprendizaje adquirido por los pobladores fue dado por medio de universidades especializadas en el manejo de recursos naturales y de cooperativas de comunidades rurales que se encontraban produciendo productos similares a los que deseaba explotar la comunidad. Por otro lado, los actores del sector privado brindaron el financiamiento necesario para que se pudieran llevar a cabo estas capacitaciones. De este modo, el capital social sirvió para acceder a una mejora del capital humano.
46El desarrollo del capital humano de los habitantes se desarrolló por segmentos y en función de las acciones que habían sido definidas por cada uno de ellos. En el caso de los hombres la capacitación estuvo dividida en dos líneas (Figura 4). La primera se centró en el manejo y uso de los recursos naturales para su explotación, principalmente cactáceas, por ser el tipo de planta que más abunda en la región. Estas capacitaciones duraron alrededor de 40 horas. La segunda se concentró en el procesamiento de los recursos naturales con la intención de brindarles un valor agregado y lograr que su comercialización en el mercado fuera más sencilla. Los productos que se desarrollaron tuvieron como base el nopal y eran tratados de tal forma que su fecha de caducidad fuera de largo plazo, como las conservas, evitando caer en la necesidad de malbaratar el producto ante cualquier comprador. Estas capacitaciones tuvieron una duración de 80 horas y, por iniciativa del propio segmento de hombres, se incluyó a las mujeres de la comunidad que tuvieran el interés de participar.
47En el caso del segmento femenil, se buscó que el aprovechamiento de los recursos naturales estuviera orientado a la creación de productos que si bien no fueran comercializables si sirvieran para reducir el gasto de hogar y de este modo mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, tal como fueron : jabones, champú, cremas y detergentes. Las capacitaciones duraron 40 horas.
48Las capacitaciones para hombres y mujeres fueron desarrolladas bajo el esquema de “aprender-haciendo”, de tal forma que los conocimientos fueran aprehendidos por parte de los pobladores por medio de su realización de una forma práctica y veían el producto terminado una vez que se concluían cada una de las sesiones. Esto incidió en la motivación de los pobladores, quiénes veían el fruto de su trabajo de una forma inmediata y comenzaban a visualizar las opciones que esto les representaba.
49Si bien es cierto que cada una de estas capacitaciones estuvo orientada a cubrir las necesidades percibidas por los diferentes segmentos de la comunidad, el interés por fomentar la participación de la mayor parte de integrantes en estas actividades hizo que en algunas de ellas se integraran todos los segmentos de la comunidad –tal como fue el caso de las capacitaciones orientadas a dotar de valor agregado a sus productos-, reduciendo así la discriminación de género que se presentaba al interior de la misma. La reducción de estos patrones de exclusión permitió el fortalecimiento de la identidad comunitaria, sin dejar de lado los intereses por preservar la autonomía que cada uno de los segmentos había ganado con el diseño y puesta en marcha de sus propias actividades.
50Con el incremento del capital humano de los habitantes y su orientación hacia el manejo, explotación y aprovechamiento de los recursos con que contaba el territorio donde se encontraba la comunidad, se sentaron las bases para la generación de proyectos orientados a la producción y comercialización de productos que pudieran ser realizados al interior de la comunidad, mismos que formaron parte de la tercera etapa de la intervención.
51En la tercera etapa se realizaron acuerdos entre los diferentes segmentos poblacionales de la comunidad para generar proyectos que tomaron como base el capital social y humano que había sido desarrollado en las etapas anteriores con la finalidad de continuar fortaleciendo la participación y el proceso de desarrollo de la comunidad. Los proyectos estuvieron orientados a la producción y comercialización de productos que fueran resultado del aprovechamiento y explotación de los recursos comunitarios. En esta etapa el equipo de implementación del MIIC fungió solamente como facilitador de los procesos de gestión y de implementación de los diferentes proyectos que la comunidad había establecido como prioritarios dentro de su modelo de desarrollo. Al inicio de esta etapa el equipo realizó un acuerdo con la Asamblea Comunitaria y con la Liga Femenil en donde se estipuló que una vez alcanzados los objetivos planteados en cada uno de los proyectos, éste dejaría de colaborar con la comunidad en los términos que lo habían venido haciendo, de tal forma que el seguimiento a los mismo quedaba en manos de los propios integrantes de la comunidad.
52La puesta en marcha de los proyectos productivos para el segmento de hombres fue desarrollada desde dos perspectivas, una de tipo formal y otra informal. En la línea formal, el proyecto se centró en la creación de una Sociedad Productora Rural (SPR) a través de la cual se pudieran comercializar los diferentes productos realizados al interior de la comunidad y que fueron diseñados en la etapa anterior. En la perspectiva informal, se siguieron realizando actividades orientadas al aprendizaje sobre la realización de nuevos productos, los cuales pudieran ser comercializados por medio de la SPR en el largo plazo. En el caso del segmento de mujeres, las actividades se centraron en el uso y explotación de flores, mismo que fue financiado por la Secretaría de Economía de México y fue gestionado por la Liga Femenil.
53La SPR tuvo como objetivo principal la creación de una fuente de trabajo e ingresos donde se pudiera aprovechar el conocimiento desarrollado en la etapa anterior y que permitiera movilizar el capital social de enlace para lograr el posicionamiento de los diferentes productos que fueran realizados por parte de los pobladores. De este modo se atendía a la exclusión económica que caracterizaba a esta comunidad, pues les brindaba acceso a un mercado económico formal, a la par que generaba un mercado laboral al interior de la comunidad.
54El diseño organizacional de la SPR mezcló aspectos de participación tradicional y mecanismos de gestión actual, esto con la intención de procurar la democratización en su interior y la participación de todos los miembros de la comunidad. Por un lado, la dirección estaba conformada por dos personas : la primera es el jefe de la Asamblea Comunitaria que por ley, es cambiado cada tres años ; y la segunda es un coordinador de la SPR, que de acuerdo al acta constitutiva de la sociedad es cambiado cada cinco años o cuando los trabajadores así lo decidan.
55En relación a los trabajadores, se definió que cualquier persona que perteneciera a la comunidad podía trabajar en la SPR fuera o no fuera miembro de la Asamblea Comunitaria. Esto abrió la posibilidad de que trabajaran pobladores que por no contar con títulos de propiedad de la comunidad no pertenecían a dicha asamblea pero que deseaban trabajar en ella. También abrió la posibilidad para que las mujeres pudieran utilizar la SPR para comercializar los productos que ellas realizaban, dando respuesta a los patrones de exclusión que generaban los mecanismos de participación tradicional.
56Los resultados de la implementación del modelo pueden ser vistos desde la incidencia que tuvo en la atención a los diferentes tipos de exclusión que caracterizaban a la comunidad y que daban como resultado la presencia de altos niveles de pobreza entre los pobladores de la misma.
57Respecto a la exclusión económica, se observa que la creación de la SPR les dio a los pobladores herramientas para integrarse a un mercado económico formal, donde el valor agregado de sus productos pudiera ser considerado en la venta del mismo. Este aspecto permitió reducir la desigualdad a la que se encontraban expuestos al momento de intentar establecer algún tipo de relación comercial, pues al no encontrarse en el terreno de la informalidad pueden apelar a derechos sociales ante las autoridades pertinentes. Asimismo, la creación de esta sociedad representa una fuente de empleo a todos los miembros de la comunidad, que si bien no contempló en sus inicios ningún tipo de prestaciones sociales, al menos si ofrece un espacio de trabajo al interior de la comunidad, reduciendo el riesgo de migrar a otros lugares por cuestiones laborales.
58En el terreno de lo social, la implementación del MIIC ayudó a reducir patrones de desigualdad y exclusión al interior de la propia comunidad. Esta situación se observa en tres niveles. El primero de ellos, y quizá más importante, fue la cuestión de género, misma que se logró gracias al empoderamiento de este segmento a través de la realización de acciones orientadas directamente a la toma en consideración de sus necesidades. En un segundo nivel, fue la reactivación de la participación de los diferentes miembros de la comunidad por medio de la movilización de mecanismos tradicionales, aspecto que le dio legitimidad y viabilidad al modelo y las acciones emprendidas en el marco de la intervención. Un tercer nivel se presentó con la puesta en marcha de la SPR, pues todos aquellos miembros de la comunidad que no pertenecían a la Asamblea Comunitaria encontraban una forma de participación en esta sociedad.
59También a nivel de la exclusión social pero hacia el exterior de la comunidad. Se observa que el fortalecimiento del capital social de puente y enlace coadyuvó a la reducción de la asimetría que se presentaba en las diferentes relaciones que la comunidad sostenía con los actores externos, logrando reducir los patrones asistenciales que habían caracterizado a la ejecución de los proyectos al interior de la comunidad.
60La exclusión política se vio reducida con la creación de un ente organizacional legalmente constituido, misma que le dio a la comunidad una visibilidad institucional que permite su integración a una economía formal y al ejercicio de los derechos y obligaciones que tiene como tal. Asimismo, al utilizar los medios de participación tradicionales y mezclarlos con mecanismos de gestión actuales, se favoreció a la creación de un proceso de participación y democratización al interior de la comunidad que llegó a consolidarse a nivel de los propios estatutos de la SPR, permitiendo corregir algunas de las limitaciones que presentan las formas de participación tradicionales y los mecanismos de gestión actual.
61Tomando como base lo expuesto hasta el momento, a continuación se presentan, a modo de conclusión de este trabajo, una serie de discusiones y reflexiones sobre las implicaciones que este tipo de modelos de intervención-acción tienen en la consolidación de procesos de desarrollo local y el combate contra la pobreza en el medio rural.
62La experiencia de San Felipe permite hacer algunas reflexiones sobre la relevancia que tiene la construcción de estos procesos de desarrollo local al interior de comunidades rurales para lograr el combate a la pobreza de una forma eficiente, siempre desde el entendimiento de que es un caso de estudio que, si bien por las características de exclusión que presenta puede ser equiparable a otras realidades rurales latinoamericanas, no lleva a la construcción de conclusiones absolutas en torno al fenómeno de la exclusión y la pobreza.
63La primera de estas reflexiones se encuentra en relación a la importancia que tiene la consideración de los recursos o capitales con que cuentan los pobres para detonar procesos de desarrollo local (Collins et al. 2009 ; Kay 2006 ; Moser 1998). El caso de San Felipe da muestra del empoderamiento que la toma de conciencia de estos recursos genera en la comunidad y como a través de ella se favorece a la generación de estrategias que atiendan a la atención de sus necesidades, incrementando la viabilidad, factibilidad y éxito de las mismas. Este empoderamiento, además de brindar solución a necesidades específicas y de atender a las demandas que las poblaciones en situaciones de pobreza presentan, ayuda a la reducción de los patrones de desigualdad ocasionado por la exclusión y fomenta la inclusión de estos grupos al sistema social.
64El segundo punto a reflexionar es sobre la forma en que la construcción de estrategias de desarrollo desde lo local, tal como fue se hizo en la implementación de la primera etapa del modelo, contribuye a dar respuesta a los problemas de desempleo y desorganización económica a los que se enfrentan las comunidades que están en situación de pobreza de una forma sustentable y con visión de largo plazo. Esta respuesta se presenta en la construcción de mecanismos de integración económica que pueden encontrarse dentro de la perspectiva de la economía social, en donde la creación de empresas, cooperativas o sociedades de producción tienen como objetivo principal la atención a las cuestiones de desempleo y precarización del mercado laboral (Comeau et al. 2001 ; Fontan, Klein, and Tremblay 2004 ; GES 2004 ; Klein 2005), tal como fue el caso de la generación de la SPR. Además se logra una reducción de los patrones de exclusión social en que se encuentran las poblaciones vulnerables, como fue el caso de las mujeres de San Felipe.
65Una tercera reflexión se encuentra en relación al rol que el territorio juega en la articulación de los procesos de desarrollo local, pues a través de ellos se logra la integración de nuevos actores al entramado social (Camagni 2003 ; Durston 2002 ; Rodríguez-Pose 2002). En el caso de San Felipe esta integración se llevó a cabo en la segunda etapa, en donde la participación con nuevos actores le brindó a sus pobladores la oportunidad de acceder a diversos tipos de recursos económicos, humanos y sociales, que de ser movilizados de una manera eficiente, coadyuvan a superar la condición de pobreza y vulnerabilidad en que se encuentran. Sin embargo, cuando la relación con estos nuevos actores se presenta de una forma asimétrica, presentan el riesgo de preservar las condiciones de pobreza y exclusión en que se encuentran, tal como se presentaba en los esquemas de participación anteriores que dieron como resultado relaciones asistenciales.
66Como cuarto punto para la reflexión, el caso expuesto permite visualizar el rol que el capital social juega como elemento central en la consolidación de los procesos de desarrollo local, la reducción de los patrones de exclusión y la articulación de los diferentes capitales con que cuenta una determinada comunidad (Camagni 2003 ; Rodríguez-Pose 2002 ; Yamada 2001). Este capital no solamente permitió el fortalecimiento de la cohesión social al interior de la comunidad, sino que además logró la vinculación de la comunidad con actores externos, permitiéndole acceder a nuevas formas de capital humano y económico, favoreciendo así a la consolidación de estrategias de reducción de la pobreza.
67Finalmente, la experiencia de San Felipe permite visualizar las bondades que un modelo de intervención-acción creado desde una perspectiva de desarrollo local tiene en la gestión de procesos sociales y económicos que permitan atender a las condiciones de exclusión que dan como resultado la exacerbación de la pobreza. Sin embargo, también da muestra de la necesidad de que estos esfuerzos sean escalados a ámbitos regionales y nacionales desde una perspectiva estructural, a través de los cuales dejen de ser percibidos como experiencias aisladas y comiencen a ser considerados como nuevas formas de combatir a la pobreza y la exclusión, dando como resultado sociedad menos desiguales y más solidarias.