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InícioNúmerosVolume 18 Nº1O trabalho e suas históriasDatário26 de julio de 1999. Inicio del c...

O trabalho e suas histórias
Datário

26 de julio de 1999. Inicio del camino de la Unión Europea hacia la prohibición total del amianto

26 de julho de 1999. Início da caminhada da União Europeia para a proibição total do amianto
26 juillet 1999. Début du parcours de l’Union Européenne en vue de l’interdiction totale de l’amiante
July 26, 1999. The launch of European Union path towards the total ban on asbestos
Augusto Rogério Leitão
Tradução de Fernanda Romero (fernandaromero.trad@gmail.com)
Este artigo é uma tradução do:
26 de julho de 1999. Início da caminhada da União Europeia para a proibição total do amianto [pt]

Resumos

Partindo da decisão de proibir a comercialização e utilização do amianto no espaço da União Europeia, a partir de 1 de janeiro de 2005, este artigo tenta refazer o percurso “comunitário”, sobretudo legislativo, que culminou com tal decisão. Trata-se de um processo que se desenrolou a um nível político-institucional especial, o das Comunidades Europeias/União Europeia, que não reflete, nem é diretamente determinado por movimentações sociais.
Mas, os malefícios do amianto, principalmente durante o trabalho, não cessaram com a implementação da sua interdição. Longe de se ter tornado um problema do passado, o amianto tornou-se numa grave e complexa questão do presente da UE e, especialmente, do presente das sociedades dos seus Estados-membros. A remoção, a demolição, a manutenção ou reparação, sobretudo de edifícios que contêm amianto, exigem condições que garantam a proteção da saúde dos trabalhadores contra a contaminação pelas poeiras e pelas fibras libertadas por esses trabalhos e obras.

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Notas da redacção

Manuscrito recibido en : 03/06/2022
Aceptado tras peritaje : 29/06/2022

Texto integral

1. Introducción

  • 1 Para consultar el texto de toda la legislación europea citada, tales como Directivas y Reglamentos, (...)

1La revista Laboreal publicó en su N.º 1/2020, en la sección Efeméride, un dosier sobre “las glorias y tragedias” del amianto, tal y como se vivieron (y se siguen viviendo) en países como Francia, Brasil y en Quebec. En la introducción a las contribuciones publicadas en ese dossier (Lacomblez & Leitão, 2020), se menciona que la Unión Europea (UE), a través de una directiva de la Comisión, había decidido la prohibición total del amianto. De hecho, la Comisión adoptó, el 26 de julio de 1999, la Directiva 1999/77/CE [1], que prohíbe la comercialización y el uso de todos los tipos de amianto en el espacio europeo, con efectos a partir del 1 de enero de 2005.

2Dado que la presente reseña sobre el amianto tendrá su inicio antes de 1999 y se centrará en la legislación adoptada por la Unión Europea (UE) a partir de mediados de los años 60 del siglo pasado, cabe señalar que el funcionamiento de las instituciones de la UE ha experimentado varias evoluciones hasta nuestros días que se revisten de características particulares. Creemos que es necesario, por lo tanto, proporcionar previamente algunos elementos de información, muy breves, sobre la historia y el marco jurídico-político-institucional de la integración europea. Permitirá, por un lado, así lo creemos, ayudar a recordar eventos y dinámicas europeas que tienden a instalarse en la niebla de la memoria. Por otro, proporcionará, sin duda, a los lectores no europeos de la revista Laboreal algunas referencias para facilitar la comprensión de ciertos enredos del proceso legislativo de la UE.

1.1. Evoluciones del marco jurídico-político-institucional de la integración europea

3La UE que existe hoy es el resultado de un proceso de integración económica (que a lo largo del tiempo se ha ampliado a otros ámbitos) iniciado en los años 50 del siglo pasado, hace precisamente 72 años, por seis Estados europeos: Francia, Alemania (RFA), Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

4Tras la integración económica de los países de Europa Occidental en el ámbito de los procesos de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, facilitados por la ayuda estadounidense en el marco del Plan Marshall (1948-1952), los seis Estados mencionados decidieron profundizar, entre ellos, los preliminares de esta misma integración. Lo hicieron mediante la creación de tres organizaciones internacionales, que ya en esa época revestían dimensiones de supranacionalidad: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) de 1952, la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom) de 1958 y la Comunidad Económica Europea (CEE o Mercado Común) de 1958.

5De estas tres Comunidades, la CEE será la “locomotora” de la integración europea propiamente dicha, dado su objetivo de integración global de las economías de los seis Estados fundadores mediante el establecimiento de un Mercado Común. Este proceso de integración será acompañado de la CECA que, desde 1952, realizaba la integración sectorial del carbón (minas) y del acero (siderurgias), es decir, creaba un Mercado Común para los productos de estos sectores económicos que, es necesario subrayar, se consideraban estratégicos en aquella época.

6A partir de 1967, las (tres) Comunidades Europeas pasan a disponer de un marco institucional común, que comprende, además del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea), los otros tres órganos o “instituciones” (así designados por el Tratado de la CEE – TCEE) siguientes: el Consejo de Ministros (ministros que representan a los Estados miembros), la Comisión, cuyos miembros eran seleccionados y nombrados por los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo (PE), denominación que asumió la asamblea parlamentaria en 1979, cuando sus miembros (diputados europeos) pasaron a ser elegidos por sufragio universal directo.

7Podemos afirmar que, hasta finales de 1993, el poder en el seno de las Comunidades Europeas se concentraba en el Consejo, que adoptaba las decisiones políticas importantes y el esencial del “derecho comunitario” que, por regla general, plasmaba muchas de estas decisiones (Reglamentos, Directivas y Decisiones). La Comisión, que se presentaba como una especie de órgano de gestión, tenía (y sigue teniendo) importantes competencias de vigilancia de los Estados en relación al cumplimiento de los tratados. Además, tenía, y sigue teniendo, la competencia exclusiva de la “iniciativa legislativa”, lo que significa que el Consejo sólo puede decidir si la Comisión le presenta un proyecto de acto normativo “comunitario”: sin proyecto no hay decisión. Esto porque actuando la Comisión, en su funcionamiento, con independencia de los gobiernos de los Estados miembros (“supranacionalidad”), estaría, según los autores de los Tratados fundacionales, en mejores condiciones de conseguir captar (y formular) el “interés común”, es decir, el interés común a los gobiernos de los Estados miembros.

8En cuanto a las competencias del PE en lo que respecta al proceso legislativo de las Comunidades, y aunque la revisión del Acta Única (1986) le otorgó cierto poder de participación (“procedimiento de cooperación”), esta institución sólo pasó a intervenir directamente, junto con el Consejo (“procedimiento de codecisión”), con relación a determinadas materias, a partir de finales de 1993, con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht (1992), que consagró la gran revisión de los Tratados de las Comunidades Europeas posterior a la Guerra Fría.

9El Tratado de Maastricht inaugura, de hecho, una nueva arquitectura de la integración europea. Las Comunidades Europeas pasan a cohabitar con un nuevo actor, todavía aún mal bosquejado, denominado Unión Europea, que se presenta como el paraguas de la integración y de sus entidades. En esta nueva configuración, la CEE se transformará en la Comunidad Europea (CE), pues deja de ser una entidad fundamentalmente económica y abarca ahora nuevas competencias en ámbitos que van desde la industria hasta la cultura. Sigue, no obstante, siendo el pilar más importante de la integración europea, ahora fuertemente reforzado, ya que, en el marco de esta nueva arquitectura, será en el ámbito de la CE donde se establecerá progresivamente la Unión económica y monetaria, acompañada de la creación de la moneda única (euro).

10En la actualidad, con la entrada en vigor, a finales de 2009, del llamado Tratado de Lisboa (2007), que consagró la última gran revisión de los Tratados, se ha intentado retocar el plan arquitectónico trazado en el Tratado de Maastricht. La integración europea pasará, entonces, a ser conformada y representada por una única entidad, la Unión Europea. Un actor que pasará a presentarse, interna e internacionalmente, como una entidad revestida de una cierta “estatalidad”. En realidad, se trata de una entidad política cuyas competencias abarcarán amplios ámbitos de gobernación, que van desde la gestión de una unión económica y monetaria hasta una política de relaciones internacionales, así como a una política común de seguridad y defensa. Sin embargo, no podemos olvidar que la UE no es un Estado, y sigue siendo, tanto a nivel interior como en el plan internacional, un actor político “sui generis” y único en la escena mundial.

11Y, para finalizar esta sinopsis, recordemos también que actualmente el PE decide conjuntamente con el Consejo sobre muchos asuntos de la UE, pasando este modo de deliberación a ser denominado de “procedimiento legislativo ordinario”. Asimismo, hay que señalar que también se han reforzado los poderes y competencias de la Comisión Europea, concretamente en el ámbito de sus poderes ejecutivos, que eran, antes de la revisión del Tratado de Lisboa, insignificantes o, entonces, establecidos y definidos por el Consejo de forma puntual en relación con algunos asuntos concretos.

2. La Europa de la CEE y la protección contra las sustancias peligrosas para la salud humana

2.1. La protección de los consumidores y la armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la CEE

12A mediados de los años 60 del siglo pasado, las preocupaciones por los efectos nocivos para la salud humana de ciertas sustancias, sobre todo químicas, producidas y usadas en el ámbito de las actividades económicas, se afirman en el espacio público, tanto en los Estados Unidos como en Europa Occidental, y se traducirán en la adopción de medidas legislativas y reglamentarias destinadas principalmente, en una primera etapa, a informar a los usuarios. Este fue el inicio de la eclosión de las políticas de protección de los consumidores en las sociedades occidentales industrializadas. Cabe también precisar que la afirmación de los movimientos de protección de los consumidores, inicialmente en los Estados Unidos y luego en Europa, coincidió con la generación y el desarrollo de los movimientos sociales relacionados con la protección del medio ambiente.

13La CEE, a funcionar desde enero de 1958, habida cuenta de sus objetivos y competencias, muy centrados en la consecución de la libre circulación de los factores de producción, intervino en este asunto con el fin principal de evitar, o reducir, los obstáculos al libre comercio de esas sustancias peligrosas en el seno del Mercado Común. Estos obstáculos procedían sobre todo de las diferencias existentes entre las legislaciones y reglamentaciones de los Estados miembros en estas materias. Y la vía prevista por el Tratado de la CEE (TCEE) para resolver este tipo de “disfunciones” de la dinámica del establecimiento de un nuevo “espacio económico integrado”, fue (y es) la armonización/aproximación de las legislaciones y reglamentos nacionales, mediante la adopción de un acto legislativo “comunitario” denominado “directiva”.

14Fue este imperativo de defensa y fomento del “libre comercio” que presidió la adopción de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, con vistas a armonizar las legislaciones de los Estados miembros en materia de clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas comercializadas. De este modo, para poder comercializarse libremente en el seno del Mercado Común, estas sustancias, es decir, las que figuran en un anexo de la directiva, tendrían que respectar toda una serie de especificaciones que, según su preámbulo, estaban destinadas a “proteger la población y, en particular, los trabajadores que las usan en su actividad laboral”.

15Dicha información, dado el principio de autorregulación por parte de los productores adoptado por esta directiva, será elaborada y suministrada por la propia industria, sobre todo, en esa época, por la industria petroquímica, que establecerá la peligrosidad intrínseca de sus productos y las respectivas clasificaciones que deberán inscribirse, junto con otras informaciones, en sus envases y etiquetas. Este principio de autorregulación por parte de los propios productores prevalecerá en la CEE para asuntos idénticos, pero, a lo largo del tiempo, las obligaciones de evaluación y información de los productores, importadores y agentes económicos en general se han hecho más estrictas, más rigurosas. Lo que se explica, porque paulatinamente se perseguirán otros valores, además de los estrictamente económicos que presiden el funcionamiento del mercado.

2.2. Las cuestiones de la comercialización y el uso de esas sustancias peligrosas

16Sin embargo, desde finales de los años 60, la cuestión de los efectos nocivos de determinadas sustancias y preparados (mezclas), sobre todo químicas, se ha convertido en un tema central de los movimientos de protección del medio ambiente, muchos de ellos ya asumidos como movimientos ecologistas. De ahí las numerosas protestas y denuncias contra las sustancias y agentes químicos con características ecotóxicas o de contaminantes del medio ambiente y que ponen en peligro la salud de las poblaciones. Ahora bien, muchas de esas sustancias y agentes causaban efectos nocivos directos en la salud de los trabajadores en su actividad laboral.

17Los gobiernos nacionales de los países occidentales comenzaron entonces a adoptar e imponer límites, es decir, condiciones y restricciones a la comercialización y el uso de determinadas sustancias consideradas peligrosas. Esas normas, al ser diferentes de un país a otro, acabaron por perturbar la fluidez del comercio, tanto nacional como internacional. Así, incluso antes de la adopción de la primera directiva “comunitaria” referente a este problema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) adoptó, el 13 de febrero de 1973, una decisión, que debían aplicar todos los países miembros, que limitaba la producción y el uso de los bifenilos policlorados (PCB), dadas las denuncias y los escándalos relativos a los graves daños causados por su absorción por el cuerpo humano, que, por cierto, se habían ya demostrado científicamente.

18Por ello, de la cuestión de la información que los productores de sustancias peligrosas deben proporcionar a los usuarios al comercializarlas, pasaremos, casi diez años después, en el seno de la CEE, a las preocupaciones relacionadas con el control del acceso al mercado y de los usos de dichas sustancias. De hecho, la Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, abarcará las restricciones de comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

19En realidad, esta directiva también ha restringido la comercialización y el uso en el seno del Mercado Común no sólo de los PCB, sino también de los PCT (policloroterfenilos) y de determinados preparados de estos productos. Si bien es cierto que prevé excepciones, enumeradas en el anexo de la propia directiva, también no deja de subrayar en su preámbulo que será “necesario revisar periódicamente el conjunto del problema para conseguir progresivamente eliminar los PCB y los PCT por completo”. Además, la directiva prohibirá el uso del monómero de cloruro de vinilo como agente propulsor de aerosoles ya que presentaba grandes peligros para la salud humana, también demostrados por investigaciones científicas.

20Laurent Vogel considera que, a partir de esta directiva, la CEE “pasa a tener las competencias legales para prohibir el amianto (...) pero este sólo se prohibirá a partir del 1 de enero de 2005, porque la industria del amianto había anunciado las peores consecuencias para la competitividad de la industria europea” (Vogel, 2006, p. 125, traducción libre).

21Cabe, entonces, mencionar que la Directiva 1999/77/CE, (que decretará la prohibición total del amianto) es una directiva de la Comisión, basada, por supuesto, en un acuerdo político entre los Estados miembros, que sólo se alcanzó entre 1998 y 1999. Y recordemos también que el PE afirma, en su resolución del 14.03.2013 sobre los riesgos de los trabajadores expuestos al amianto, que “ya en 1977, un grupo de expertos encargado por la Comisión Europea concluyó que no existían pruebas teóricas de un límite de exposición por debajo del cual no haya riesgo de desarrollar un cáncer porque no se había determinado un nivel seguro de exposición al amianto”, añadiendo que “esta opinión ha sido confirmada a lo largo de los años por todos los organismos científicos consultivos” (véase el punto 5.3. del artículo).

2.3. El surgimiento de las preocupaciones por la seguridad y la salud de los trabajadores

22A finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, en las sociedades occidentales desarrolladas, las cuestiones relativas a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores solían ir asociadas a la incubación de políticas de protección del medio ambiente lo que, por cierto, también ocurrió en el ámbito de la CEE. Y, desde luego, porque se partía del hecho de que la protección de la calidad de vida de la población de un país (el medio ambiente) incluía la protección y la promoción de la calidad de las condiciones de trabajo de los trabajadores (el entorno de trabajo).

  • 2 El Reino Unido, Dinamarca e Irlanda serán miembros de las Comunidades Europeas a partir del 1 de en (...)

23A nivel de la CEE, esta dinámica se afirmó en la Cumbre de París de octubre de 1972, que reunió a los jefes de Estado y de Gobierno de los seis Estados miembros fundadores, con la participación de los tres nuevos países adherentes [2]. Allí se decidió, por un lado, incluir, como impulso al proceso de integración comunitaria, una política de protección del medio ambiente, política no prevista en el tratado, y por otro, adoptar “medidas enérgicas en el ámbito social”, lo que tampoco estaba explícitamente previsto en el tratado (Leitão, 1983, p. 17).

24Tras estas decisiones, el Consejo adoptará, el 22 de noviembre de 1973, el primer “Programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente”. Y, en el marco de las acciones previstas en el mismo, destinadas a la protección y mejora del medio ambiente, el programa consagra un capítulo al “entorno de trabajo” y otro a la creación de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Fundación de Dublín o Eurofound) [3].

25Los objetivos que presiden a estos capítulos se traducen esencialmente en la obligación de promover “una mayor eficacia de las medidas preventivas en materia de medicina, higiene y seguridad en el trabajo” así como de “hacer el trabajo aceptable” mediante la aplicación a su organización de los “criterios de encuadramiento de la vida en general”. Pero también en la misión de proporcionar a las empresas “un verdadero saneamiento del medio ambiente en los lugares de trabajo y la consecución de unas condiciones de trabajo seguras y aceptables”. Y, por último, el Consejo aclara que estas acciones deberían desarrollarse y aplicarse tanto en el marco de las acciones para la mejora del medio ambiente como en el marco de las futuras medidas sociales que se llevaran a cabo en los ámbitos de la seguridad, la higiene y la salud de los trabajadores durante el trabajo. La imbricación entre estas dos dimensiones se entendía, entonces, como siendo fuerte.

26Y será en este contexto de preocupación por la protección del medio ambiente y la protección de la salud pública contra los riesgos asociados a las sustancias peligrosas, que se afirmará el objetivo de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en los lugares de trabajo.

27Así, el 29 de junio de 1978, el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó un “Programa de acción social en materia de seguridad y salud en el trabajo (1978-1982)”. La decisión de elaborar dicho programa, en realidad, ya estaba incluida en un primer “Programa de Acción Social”, aprobado por el Consejo el 21 de enero de 1974. De hecho, este último programa ya señalaba la necesidad de “establecer un primer programa de acción relativo, concretamente, a la higiene y la seguridad en el trabajo, a la salud de los trabajadores y a la mejora de la organización de las tareas”, cuyas acciones “permitan aumentar el gusto por el trabajo” y promuevan “una reforma de la organización del trabajo, que dé a los trabajadores mayores responsabilidades, permitiéndoles, en concreto, tener sus propias responsabilidades y funciones y acceder a una cualificación superior”.

2.4. La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el trabajo

28Fueron las preocupaciones expresadas en este (primer) programa de 1978 las que determinaron la adopción por el Consejo, el 27 de noviembre de 1980, de la Directiva 80/1107/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo.

29El objetivo principal de esta Directiva era, por lo tanto, proteger la salud de los trabajadores cuando se exponen en el lugar de trabajo a los nueve agentes químicos o familias de agentes enumerados en el anexo I (“una primera lista”), que se consideran prioritarios, entre los cuales constan el amianto, el mercurio, el plomo y el benceno.

30La perspectiva adoptada fue, fundamentalmente, la de la Higiene Industrial, una vez que dicha “protección debe ser prestada con la mayor amplitud posible, mediante las medidas apropiadas para evitar la exposición o para mantenerla en un nivel tan bajo como sea razonablemente practicable”, dice el preámbulo de la directiva.

31Se ha establecido, por lo tanto, un programa para el desarrollo sistemático de los valores límite de exposición profesional (VLEP) o/y los límites de exposición biológica (LEB), en función del tipo de evaluación de los efectos nocivos.

32Y, en lo referente a estos agentes, en particular los que ya figuran en el anexo, la directiva preveía que el Consejo, bajo propuesta de la Comisión, establecería, mediante “directivas específicas/particulares”, los respectivos valores límite de exposición obligatorios, pudiendo también establecer otros requisitos relativos a la protección de la salud de los trabajadores. Por su parte, la Comisión adoptaría, en el ámbito de un procedimiento específico, “directivas de adaptación al progreso técnico” en relación con determinados aspectos previstos y enumerados en otro anexo de la directiva.

33Esta Directiva de 1980 también establecía que los Estados miembros deberían adoptar medidas para garantizar una vigilancia adecuada del estado de salud de los trabajadores durante la exposición al agente peligroso, especialmente en los casos del amianto y el mercurio. Y deberían también imponer a los empresarios la obligación de proporcionar información completa a los trabajadores sobre los riesgos/peligros que estos agentes suponen en el ámbito de su actividad laboral.

34Por último, cabe precisar que la directiva llama la atención de los Estados miembros para que las medidas que se elaboren y apliquen deberán estar “en consonancia con la necesidad de proteger la salud de la población y el entorno”, teniendo en cuenta que la exposición de los trabajadores a “agentes químicos, físicos y biológicos” peligrosos “traspasa los muros de la fábrica” repetidamente y, en última instancia, esos daños acaban por afectar también a la salud pública y al medio ambiente.

35Esta directiva se configura, pues, como una directiva marco sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo. Por lo tanto, sería aplicada, por un lado, por el Consejo a través de “directivas específicas/particulares” y, por otro, por la Comisión a través de “directivas de adaptación al progreso técnico”, en relación con determinados aspectos enumerados en un anexo de la directiva.

2.5. Las vías establecidas por la legislación de la CEE destinadas a proteger la salud de los trabajadores contra los riesgos de exposición a sustancias/agentes peligrosos

36En conclusión, hasta 1980, en lo que se refiere a la protección de la salud pública, y en particular a la protección de la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, contra los riesgos relacionados con la exposición a sustancias/agentes peligrosos, y específicamente en relación con el amianto (que es la sustancia maligna central de este análisis), constatamos un marco legislativo establecido por la CEE configurado en tres vías de gestión y regulación:

  • la Directiva 67/548/CEE que preparó el camino para abordar estas cuestiones a través de la normativa sobre el envasado, la clasificación y el etiquetado de sustancias/agentes peligrosos;

  • la Directiva 76/769/CEE por la que se imponen “límites y restricciones” a la comercialización y el uso de estas sustancias/agentes, que será la vía utilizada para las sucesivas prohibiciones de las variedades de amianto y de los productos que las contienen, y que tendrá, como veremos, un primer epílogo con la decisión de su prohibición total en 1999;

  • la Directiva 80/1107/80 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo, que se presentará como la vía de prevención por excelencia, mediante el establecimiento de valores límite de exposición o valores límite biológicos, complementados por otras medidas de acompañamiento: una vía que intenta atenuar al “máximo posible” las consecuencias negativas sobre la salud de los trabajadores, en la medida en que sea “practicable”.

  • 4 Así pues, la Directiva 67/548/CEE está en el origen del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 de 16 de dici (...)

37Este será, por lo tanto, el marco normativo que servirá de base a las directivas que se refieren específicamente a los riesgos relacionados con la exposición al amianto, un marco que posteriormente sufrirá varios cambios y desarrollos importantes [4].

3. Caminando hacia la prohibición total del amianto en la Unión Europea.

3.1. Caracterización del amianto, sus usos y sus efectos

38Antes de iniciar esta otra fase del camino, conviene empezar por recordar que el amianto o asbestos son designaciones comunes para una variedad fibrosa de seis silicatos minerales naturales (magnesio y/o hierro).

39Los diferentes tipos de amianto se agrupan, regla general, en dos familias:

  • Anfíboles: crocidolita (amianto azul), amosita (amianto marrón), antofilita, actinolita y tremolita;

  • Serpentinas: crisotilo (amianto blanco).

40Los tipos de amianto más utilizados en la industria eran la crocidolita, la amosita y el crisotilo: este último era, y sigue siendo, el más utilizado en el mundo. Y como es bien sabido, el amianto fue, y sigue siendo en ciertas regiones del mundo, ampliamente utilizado, sobre todo en la industria de la construcción. Debido a sus propiedades de incombustibilidad, elasticidad, resistencia mecánica y aislamiento térmico y acústico, su aplicación en productos y materiales ha sido gigantesca, concretamente en: materiales de aislamiento térmico; revestimientos de techos falsos y pavimentos; mezclas con yeso, mortero y estuco; textiles, papel y cartón incombustibles; productos sujetos a fricción, como discos de embrague y pastillas de freno; productos de fibrocemento, tejas y fontanería; equipos de protección individual contra el fuego o las altas temperaturas.

41La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que, en 2010, unos 125 millones de personas en todo el mundo seguían expuestas al amianto durante el trabajo. Incluso hoy en día, las muertes derivadas de la exposición al amianto representan más de la mitad de todas las muertes debidas a enfermedades profesionales. Sin olvidar, también, que estas enfermedades, sobre todo las cancerosas, tienen una larga latencia, es decir, un largo espacio de tiempo entre la exposición y las manifestaciones clínicas de la enfermedad. De ahí que, en relación con la Unión Europea, incluso con la prohibición total del amianto, se estima que hasta el año 2040 habrá alrededor de 150.000 muertes resultantes de la exposición durante el trabajo [5].

3.2. El valor límite de exposición al amianto como principal medida de prevención

42El 19 de septiembre de 1983, el Consejo adoptaría la Directiva 83/477/CEE, una directiva “especial” con arreglo al artículo 8 de la Directiva 80/177/CEE, que así concreta la protección sanitaria de los trabajadores expuestos al amianto durante el trabajo. Como ya se ha mencionado, el amianto era una de las sustancias que constaba de una primera lista de agentes peligrosos, publicada en un anexo de la Directiva 80/177/CEE. Y, como también se ha subrayado, según esa misma directiva, las “directivas especiales” deberían, a efectos de la protección sanitaria de los trabajadores expuestos, establecer el valor límite de exposición profesional (VLEP) de la sustancia peligrosa de que se trate, que pasaría a ser obligatorio para todos los Estados miembros.

43En su preámbulo, esta directiva, además de reiterar los efectos nocivos del amianto, en particular para los trabajadores expuestos a él, señala también que, según los conocimientos científicos que predominaban en la época, las fibras de amianto pueden provocar las siguientes enfermedades: asbestosis, mesotelioma, cáncer de pulmón y cáncer gastrointestinal.

44Añadiendo, en seguida, que la crocidolita, cuando utilizada, ha demostrado ser, según fuentes científicas, especialmente peligrosa. Recibirá, por lo tanto, un tratamiento especial en esta misma directiva en relación a su comercialización y uso en situaciones aún permitidas (véase la Directiva 83/478/CEE en el punto siguiente), teniendo un valor límite más bajo que el valor límite establecido como norma para los otros tipos de amianto.

45Además, esta directiva prohíbe la proyección de amianto por atomización, una prohibición que algunos países ya habían adoptado hace tiempo (por ejemplo, Suecia y Estados Unidos ya en 1973).

46En cuanto a los valores límite para los polvos procedentes de otras fibras de amianto o de materiales que contienen amianto, que se establecerán por primera vez en esta directiva, se dice que serán “en un nivel tan bajo como sea razonablemente practicable”. Pero, por supuesto, el “practicable” dependerá sobre todo de las limitaciones económicas y tecnológicas (e igualmente de la presión de los fabricantes de amianto).

47Estas medidas de prevención irán acompañadas, tal y como prevé la “directiva marco” de 1980, de otras medidas complementarias relacionadas, concretamente, con la información, la señalización en el lugar de trabajo, la ropa y la higiene de los trabajadores, que serán responsabilidad de los empresarios.

3.3. Las limitaciones a la comercialización y el uso de la crocidolita y la prohibición de algunos productos que contienen las demás fibras de amianto

48El mismo día que la anterior, se adoptará otra directiva, la Directiva 83/478/CEE del Consejo, que tendrá como base la Directiva 76/769/CEE relativa, como ya lo vimos, a la limitación de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos. Así, esta directiva sobre el amianto no deja de recordar en su preámbulo que las fibras y el polvo que desprende el amianto son un peligro para la salud humana, refiriéndose a los riesgos de asbestosis y carcinomas.

49A continuación, el preámbulo subraya que la variante de la crocidolita y los productos que la contienen, habida cuenta de su peligrosidad, deberían, en un principio, prohibirse de forma absoluta. Sin embargo, “actualmente no es posible”, confiesa el legislador comunitario en este preámbulo, argumentando que “retirar de la circulación todos los productos que la contengan (crocidolita - amianto azul)” implicaría en gran medida la destrucción de esos productos, que además liberarían fibras peligrosas para la salud humana. Por otro lado, añade que algunos productos que contienen crocidolita, “tales como las juntas, los conductos de amianto-cemento o los transformadores de par”, no podrán “en un futuro próximo reemplazarse por entero en el ámbito comunitario por productos que presenten al menos propiedades equivalentes”. De ello se concluye que, debido a estas limitaciones económicas y tecnológicas, los Estados miembros pueden establecer excepciones al principio de la prohibición de la crocidolita.

50Por lo que respecta a las demás fibras de amianto, el legislador de la CEE considera que, aunque también sería deseable establecer fuertes limitaciones con miras a proteger la salud humana y, en particular, la de los trabajadores, el contexto de la época no permite aún plantear tales opciones. Por ello, la directiva opta por imponer un etiquetado específico para estas fibras y los productos que las contienen, debiendo 1) indicar claramente que el amianto es un producto peligroso y 2) informar sobre “los riesgos que entraña la utilización de los productos”.

51Pero, todavía en lo que respecta al amianto, el Consejo adoptaría, el 20 de diciembre de 1985, la Directiva 85/610/CEE, que continuará el enfoque seguido en la Directiva 83/478, es decir, la restricción de la comercialización y el uso del amianto.

52Y esta nueva directiva subraya en su preámbulo que cada vez hay más “productos de sustitución considerados menos peligrosos” que las fibras de amianto. Por lo tanto, establece que es posible (“practicable”) decretar la prohibición de la comercialización y el uso de una serie de productos que contienen amianto, como juguetes, artículos para fumadores, materiales o preparados destinados a aplicarse por pulverización, productos terminados en forma de polvo, vendidos al público al por menor, aparatos de calefacción catalíticos y pinturas y barnices. Dado que la crocidolita ya había sido prohibida, esta prohibición se aplicará a las demás fibras de amianto todavía permitidas: crisotilo, tremolita, antofilita, amosita y actinolita. Una obligación de prohibición que los Estados miembros deberán consagrar en sus ordenamientos jurídicos a partir del 1 de enero de 1988.

3.4. La dimensión social del mercado interior de la CEE e las cuestiones de seguridad y salud de los trabajadores

3.4.1. Las dinámicas internacionales y europeas en los años 80

  • 6 “De este este modo, el "bloque" económico extractor e industrial del amianto crisolito se ha conseg (...)

53El contexto de mediados de los años 80 del siglo pasado sería, evidentemente, marcado por dinámicas internacionales y europeas. En el marco de este análisis-balance sobre el amianto en la UE, destacaremos dos acontecimientos. A nivel internacional, las negociaciones en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuyo ámbito los Estados participantes aceptaron que el amianto crisotilo, si se controlan adecuadamente las exposiciones a las que están sometidos los trabajadores, “no mata a nadie”, o “casi a nadie”, y que podría, así, seguir siendo un producto indispensable de nuestra economía de mercado. Dicho acuerdo se consagraría en el Convenio n.º 162 de 1986 [6], aprobado por la Asamblea General de la OIT el 24 de junio de 1986.

54A nivel europeo, la primera gran revisión del Tratado de la CEE (TCEE), consagrada en el Acta Única Europea, firmado en 1986, entró en vigor el 1 de julio de 1987. Esta revisión tenía como objetivo estratégico conseguir transformar el Mercado Común, con el nivel de integración existente hasta la fecha, en un verdadero mercado interior o único hasta 1992. Para ello, la CEE intensificará la libre circulación de los factores de producción, especialmente la libre circulación de servicios y capitales. Y, por esta vía, el Mercado Común se transformará, de este modo, en algo semejante a un mercado nacional, es decir, se transformará en un mercado interior o único.

55Sin embargo, como que para compensar esta dimensión fuertemente “neoliberal” de este “nuevo” proyecto de integración económica europea, esta revisión del TCEE intentará reforzar la dimensión social originalmente establecida en el tratado fundacional. De ahí que se hayan introducido nuevas normas en el ámbito de la acción social (artículos 117 bis y 118 bis del TCEE), que permitirán, de hecho, una cierta agilización y también una cierta ampliación de las acciones relativas a la mejora del entorno de trabajo. En particular, en relación con las disposiciones relativas a la salud y la seguridad de los trabajadores: cuestiones que se convertirán en “constituir un elemento esencial de la dimensión social del mercado interior”.

56En el seguimiento de esta revisión del Tratado, la Comisión presentaría al Consejo, a finales de 1987, un tercer programa (1988-1992) de acciones relativas a la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de trabajo, que sería aprobado por el Consejo el 21 de diciembre de 1987. De este documento sólo destacaremos aquí las preocupaciones más centrales y las medidas más importantes expresadas y propuestas en relación con la “salud e higiene en el trabajo”.

3.4.2. El tercer programa y la Directiva Marco 89/391/CEE

57Empezaremos subrayando las preocupaciones de la Comisión con el problema de “la exposición de los trabajadores a factores físicos, organismos biológicos y sustancias químicas”, así como la cuestión de cómo conseguir determinar “el grado o nivel de exposición de los trabajadores que sea "el mínimo razonablemente posible"“. La Comisión explica, entonces, su especial preocupación por los “agentes susceptibles de provocar cáncer”, comprometiéndose a presentar, lo antes posible, una propuesta de directiva “sobre agentes cancerígenos profesionales”. Pero, al mismo tiempo, proseguirá con los trabajos de clasificación y el etiquetado de las sustancias y preparados químicos peligrosos, bien como de los preparados (“mezclas”) peligrosos, subrayando la necesidad de que los productores e importadores de dichas sustancias faciliten “información relacionada con su composición y con los riesgos de las mismas”.

58En el mismo contexto, el Consejo adoptó la Directiva marco 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que sigue siendo, todavía hoy, la piedra angular de la legislación comunitaria en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta directiva, que es claramente una directiva marco, constituirá de hecho la base de una multiplicidad de directivas especiales/particulares que pretenden abarcar todos los riesgos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo, la problemática central, como hemos visto, de la “dimensión social del mercado interior o único”, que “no podrá subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico”, como añade su preámbulo.

59Dicha directiva establece, entonces, los “principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales y la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación de los factores de riesgo y accidente, la información, la consulta, la participación equilibrada de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, la formación de los trabajadores y de sus representantes”. Considerando, también, que el respeto de las disposiciones mínimas “constituye un imperativo para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores” en el seno de la CEE y no impide, pues, que los Estados miembros adopten medidas más protectoras que las previstas en la directiva marco y en las directivas especiales/particulares.

60Teniendo en cuenta lo anterior, no es de extrañar, entonces, que una de las primeras directivas especiales en el sentido de la Directiva 89/391/CEE fuera la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo. Así, por primera vez en el ámbito de la CEE, esta importante cuestión se tratará específicamente en el dominio de la protección de la salud de los trabajadores (véase la nota 10).

3.5. La reducción del VLEP para el amianto y la ampliación de las prohibiciones de su comercialización y uso

61La Directiva 91/382/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, modificará la Directiva 83/477/CEE, continuando, así, el proceso de “protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo”, que, como es sabido, se basa en los valores límite de exposición y en las medidas de acompañamiento específicas.

62Esta directiva, al igual que las otras mencionadas anteriormente, comenzará por reiterar en su preámbulo el peligro del amianto “que se encuentra presente bajo diferentes formas en numerosas situaciones laborales y que puede causar enfermedades graves”. Añade que, a la vista de los avances científicos y de la experiencia adquirida, que refuerza el conocimiento de la naturaleza cancerígena del amianto, el medio disponible para mejorar la protección de los trabajadores sigue siendo la reducción de los niveles de acción y los valores límite de exposición profesional (VLEP).

63Sin embargo, como todavía era el caso en algunos países, esta directiva establece un VLEP más alto para el crisotilo que para las otras fibras de amianto, separadas o mezcladas. Esta situación se debe en gran parte al hecho de que los productores de amianto han logrado, como se mencionó anteriormente, imponer la idea de que este tipo de amianto era el menos peligroso y que si la exposición es “controlada”, el crisotilo sería poco o nada pernicioso (una posición consagrada, en gran medida, en el Convenio de la OIT de 1986). Pero, no obstante, el Consejo se compromete en esta Directiva a reexaminar sus opciones antes del 31 de diciembre de 1995 a la luz de las pruebas empíricas de la práctica y de los progresos de la ciencia y la tecnología.

64Poco tiempo después, el 3 de diciembre de 1991, se adoptará también la Directiva 91/659/CEE de la Comisión, que seguirá la senda de la “limitación de la comercialización y el uso” del amianto establecida, como hemos visto, por la Directiva 76/769/CEE. Al adoptar esta Directiva, debido a la necesidad de “adaptación al progreso técnico del anexo I de la Directiva 76/769/CEE”, la Comisión podrá, así, establecer nuevas restricciones a la comercialización y el uso del amianto. Las opciones de la Comisión traducirán, con el apoyo de los gobiernos de los Estados miembros, por supuesto, la preocupación por respectar “escrupulosamente” el Convenio de la OIT. Así pues, esta directiva prohibirá la comercialización y el uso de todas las fibras de amianto de la familia de los anfíboles (la crocidolita ya estaba prohibida, por lo que añadiremos, entonces, las otras fibras ya mencionadas: amosita, antofilita, actinolita y tremolita), así como los productos que las contengan.

65Por otro lado, establece que las fibras de amianto crisotilo (de la familia de las serpentinas), el único tipo de amianto que seguiría estando permitido, se prohibirá ahora, sin embargo, su uso en relación con una lista de 14 productos, enumerados en el anexo de la Directiva. Significa esto que, a los siete productos ya prohibidos por la Directiva 85/610/CEE y mencionados anteriormente, esta Directiva añade otros siete, algunos relacionados con la construcción civil (por ejemplo, morteros, revestimientos, materiales de aislamiento, pavimentos de carreteras y revestimientos de suelos y de paredes), otros relacionados con los filtros y aún otros relacionados con los productos textiles. Todas estas prohibiciones deberían estar consagradas en la legislación de los Estados miembros antes de finales de 1992.

66Podemos, por lo tanto, concluir que, a partir del 1 de enero de 1993, en lo que respecta a la comercialización y el uso del amianto en el seno de la Unión Europea, el único tipo de fibra permitido sería el crisotilo de amianto, con las excepciones señaladas con anterioridad.

4. La prohibición del amianto en el seno de la Unión Europea

4.1. Preliminares a la prohibición total del amianto

67Debemos comenzar haciendo referencia a la Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

68Desde luego porque esta nueva directiva -que es una directiva “especial” de la Directiva 89/391/CEE - actualizará y sistematizará el marco normativo referente a “la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo” que, como ya hemos mencionado, estaba regulado en la Directiva 80/1107/CEE (la vía de la protección contra la exposición). De este modo, esta última directiva será derogada y la nueva directiva se centrará en los riesgos relacionados con la exposición a “agentes químicos”. Y dichos agentes químicos, que ya estaban incluidos en el ámbito de la Directiva 67/548/CEE y de la Directiva 76/769/CEE, cuando están sujetos a un VLEP en virtud de esta nueva Directiva (“Directiva sobre agentes químicos”), el valor límite establecido es, en principio, indicativo para los Estados miembros.

69Pero, como también hemos visto, la Directiva 80/1107/CEE era en la práctica una directiva marco, con base en la cual se habían adoptado directivas particulares, especialmente la Directiva 83/477/CEE, la primera directiva relativa a la protección de los trabajadores expuestos al amianto. Sin embargo, esta directiva no será derogada por la Directiva 98/24/CE (“Directiva sobre agentes químicos”), sino se modificará mediante adaptaciones normativas de la Directiva marco 89/391/CEE y se convertirá, de hecho, en cierto modo, en su directiva “especial” en la práctica.

70Por otro lado, la Comisión había comunicado al Consejo los resultados de una evaluación de la Directiva 83/477/CEE y el 7 de abril de 1998, el mismo día de la adopción de la “Directiva sobre agentes químicos”, el Consejo presentó sus conclusiones “sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos de exposición al amianto”. Un año antes de la publicación de la prohibición del amianto, el Consejo subrayó así que: “los riesgos más elevados son ahora (el subrayado es nuestro) para los trabajadores que participan en los trabajos de retirada del amianto y para los que, en su actividad, entran accidentalmente en contacto con el amianto, especialmente durante las operaciones de mantenimiento de, por ejemplo, edificios, instalaciones industriales, buques y trenes”. Y el principal camino a seguir, según el Consejo, será exigir “que los trabajadores y los empresarios que participen en trabajos/obras con amianto” demuestren su competencia para realizarlos y se sometan a regímenes de control y a planes de formación específicos. Por ello, las empresas que realicen estos trabajos (demolición o retirada de amianto e, igualmente, mantenimiento y reparaciones), además de tener que ser reconocidas como cualificadas por la autoridad nacional competente, deben detectar previamente la presencia de amianto e informar siempre a los trabajadores de su presencia en los trabajos a realizar y, al mismo tiempo, adoptar las respectivas medidas de protección.

71Por último, destacaremos que estas conclusiones del Consejo ya contienen las piedras angulares más importantes del marco (o modelo) normativo para la gestión de la protección de los trabajadores frente a los riesgos de exposición al amianto, en las situaciones que predominarían en el período posterior a la prohibición total de su comercialización y uso en la UE. Estos problemas se señalarán más adelante en este artículo.

4.2. La directiva que prohíbe el amianto en la Unión Europea

72Será entonces la Comisión, el 26 de julio de 1999, la que decreta la prohibición total de la comercialización y el uso de todos los tipos de amianto, a través de su Directiva 1999/77/CE. Por lo tanto, los medios utilizados para establecer dicha prohibición serán las “limitaciones a la comercialización y al uso” en el marco de la competencia de la Comisión en materia de “adaptación al progreso técnico”.

  • 7 Portugal transpuso la “Directiva de prohibición del amianto” mediante el Decreto-Ley n.º 101/2005 d (...)
  • 8 Cabe señalar que algunos países de la UE ya habían decretado la prohibición del amianto, como Dinam (...)

73La directiva de la Comisión también establece que dicha prohibición del amianto deberá estar consagrada en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros de la UE a más tardar el 1 de enero de 2005 [7]. Prevé, así, para los países que aún no habían adoptado dicha prohibición, un periodo de transición entre el 26 de agosto de 1999 y el 31 de diciembre de 2004, para que pudiesen adaptar progresivamente sus derechos a esta prohibición [8].

74La Comisión basará su decisión invocando una serie de consideraciones, que reflejan el entendimiento, entonces dominante, que se tenía del estado de los progresos de la ciencia y la tecnología en relación con esta cuestión e, igualmente, reflejan las dudas que subsistían (y aún subsisten). Por otro lado, y como es evidente, esa decisión de prohibir totalmente la comercialización y el uso del amianto sólo fue posible porque se basó en un acuerdo político entre los Estados miembros de la UE. Acuerdo este que las mencionadas conclusiones del Consejo de 7 de abril de 1998 ya hacían prever.

  • 9 Pero con la siguiente excepción: “No obstante, los Estados miembros podrán establecer una excepción (...)

75El preámbulo de esta Directiva refiere, en el ámbito de las consideraciones justificativas, que “todavía no se ha establecido un nivel mínimo de exposición por debajo del cual el amianto crisotilo no plantee riesgos cancerígenos”. Y que, además, “la exposición de los trabajadores y otros usuarios de productos que contienen amianto resulta sumamente difícil de controlar” y que en la práctica se suelen superar los valores límite establecidos. Por ello, dado que no se sabe, o es muy difícil determinar, si existe o no “un nivel mínimo de exposición por debajo del cual el amianto crisotilo no plantee riesgos cancerígenos”, el único “medio eficaz para proteger la salud humana” es “prohibir la utilización de fibras de amianto crisotilo y los productos que las contengan” [9].

  • 10 La importancia fundamental de esta directiva en el ámbito de la salud y la seguridad de los trabaja (...)

76La Comisión también recuerda que la decisión de prohibir el amianto “no perjudica” la aplicación, en particular, de las disposiciones más favorables y protectoras de la Directiva relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo, es decir, la Directiva 90/394/CEE [10]. Y, por último, considera que la Directiva 91/382/CEE relativa a la exposición de los trabajadores al amianto, mencionada con anterioridad, “establece un marco de control de las actividades que implican una exposición [...] a los polvos de amianto” (el subrayado es nuestro).

5. El legado de la prohibición del amianto

5.1. Reforzar y mejorar la protección de los trabajadores en el periodo posterior a la prohibición del amianto

77En 1999, la Comisión consideraba entonces que la Directiva 91/382/CEE “proporcionaba un marco de control de las actividades” que implicaban la exposición de los trabajadores al polvo y a las fibras de amianto. Creemos, sin embargo, que dicho marco de control era y se entendía como provisional, puesto que las instituciones comunitarias ya habían expresado la necesidad de actualizar y desarrollar dicho “marco” para poder hacer frente a los problemas planteados por la prohibición del amianto, que inevitablemente evidenciarían dimensiones y marcos específicos, aunque las cuestiones centrales relacionadas con la protección de los trabajadores siguieran siendo las mismas o semejantes a las de la fase anterior.

78Así, casi 4 años después del acuerdo político que condujo a la declaración de la prohibición total del amianto en el seno de la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarían, el 27 de marzo de 2003, la Directiva 2003/18/CE por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE, ya modificada por la Directiva 91/382/CE, antes mencionada.

79Esta nueva directiva pretende, sobre todo, en esta primera fase posterior a la prohibición del amianto, abordar las cuestiones relativas a la protección de la salud de los trabajadores frente al amianto que permanece y permanecerá en nuestras sociedades incluso después de su prohibición total.

80Como ha resaltado Annie Thébaud-Mony, “dadas las enormes cantidades de amianto esparcidas por edificios públicos y privados, sistemas de suministro de agua y numerosas instalaciones industriales y comerciales, la prohibición del amianto no lo solucionaría todo. Se deberán adoptar medidas para que la eliminación del amianto existente, bien como de los residuos, se haga en condiciones que garanticen la protección de los trabajadores y de los residentes, evitando toda y cualquier nueva contaminación por el polvo de los trabajos de remoción y el deficiente almacenamiento de los residuos” (Thébaud-Mony, 2020).

81En principio, estas cuestiones, especialmente las relativas a la protección de los trabajadores, serían muy semejantes a las cuestiones planteadas en la fase precedente, desde luego: las relativas a los límites mínimos de exposición, los métodos de medición del contenido de amianto en el aire y el método de recuento de las fibras.

82Y todo ello en un contexto en el que la ciencia seguía (y sigue, según parece) sin poder “determinar el límite de exposición por debajo del cual el amianto no plantea riesgos de cáncer”. Ahora bien, si tras la prohibición total del amianto vamos a tener que seguir viviendo con el amianto que permanece y permanecerá, entonces la vía posible (“practicable”) para proteger la salud de los trabajadores que estarán expuestos a él durante los trabajos de construcción (retirada, demolición, mantenimiento o reparación), seguirá siendo el control y la reducción al máximo del valor límite de exposición profesional (VLEP) al amianto (Musu, 2018a).

83Y, de hecho, la decisión central de esta Directiva se tradujo en la reducción del valor límite de exposición profesional a todas las fibras de amianto a 0.1 fibras/cm3, calculado en relación con una media ponderada en un período de ocho horas: un valor límite que sigue en vigor todavía hoy.

84La directiva adoptará igualmente otras medidas que reflejan, necesariamente, la preocupación por los problemas que planteará el amianto en esta fase posterior a la prohibición. Así, establece, entre otras cosas:

  • Que deben suprimirse las excepciones previstas para los sectores marítimo y aéreo;

  • Que se prohíbe la extracción de amianto, así como la fabricación y la transformación de productos de amianto o la fabricación o la transformación de productos que contengan fibras de amianto añadidas intencionadamente, incluso si estas actividades y productos se destinan exclusivamente a la exportación;

  • Las obligaciones de los empresarios para la identificación previa del amianto en los contratos/obras a realizar;

  • La obligación del empresario de notificar a la autoridad nacional competente los trabajos que impliquen exposición al amianto mediante la presentación de un plan en el que se indique, entre otras cosas, el número de trabajadores implicados y las medidas que se adoptarán para limitar su exposición;

  • La información, consulta y formación específica para los trabajadores expuestos o que sean susceptibles de estar expuestos, a cargo del empresario;

  • El refuerzo de la vigilancia clínica de los trabajadores expuestos antes y después de las exposiciones al amianto.

5.2. La codificación de las normas relativas al marco jurídico de la protección de los trabajadores contra los riesgos de la exposición al amianto

85Hasta finales de 2009, el marco jurídico de la UE - la base para armonizar los derechos de los Estados miembros- relativo a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, consagrado en la Directiva 83/477/CEE, modificada (e innovada) primero por la Directiva 91/382/CE del Consejo y posteriormente por la Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

86Sin embargo, el 30 de noviembre de 2009, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 2009/148/CE, que deroga las directivas mencionadas con anterioridad y que, por razones de claridad y racionalidad, procede a una codificación de las normas entonces vigentes, no introduciendo, no obstante, ni cambios ni innovaciones reglamentarias en el marco jurídico comunitario mencionado. Esta directiva se presentará entonces como el “código” que consagra las normas jurídicas de la UE sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición al amianto, que siguen vigentes en la actualidad.

87Todavía, tras darse cuenta, en gran medida gracias a las presiones y a las quejas de los actores sindicales y, también, como resultado de las posiciones asumidas por las instituciones y organismos de la UE, de que era necesario actualizar al menos los datos cuantitativos utilizados en los procedimientos/instrumentos de protección de los trabajadores contra la exposición al amianto, la Comisión Europea ha propuesto, en 2019, iniciar un proceso de revisión de la Directiva 2009/148/CE (“Directiva sobre el amianto en el trabajo”) y, al mismo tiempo, revisar la Directiva 98/24/CE (“Directiva sobre agentes químicos”) ya mencionada por nosotros.

88Y así, a finales de 2020, la Comisión promovió las consultas a los interlocutores sociales para recoger sus posiciones sobre las acciones proyectadas -de las que sólo mencionaremos aquí algunas de las posiciones de la Confederación Europea de Sindicatos (CES-ETUC) y de la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (EFFETBB) que, además de ser casi idénticas, se presentan, y se asumen, exclusivamente enfocadas a defender la mayor protección posible de los trabajadores.

89Con relación a la eventual revisión de la “Directiva sobre el amianto en el trabajo”, defienden que el VLEP del amianto establecido por la directiva de 2003 debe reducirse a un valor de 0.001 fibras/cm3, que es la mitad del VLEP actualmente en vigor en los Países Bajos. Además, consideran que esta preocupación por reducir al máximo los mínimos de la exposición de los trabajadores al amianto debe formar parte de un plan más amplio con miras a erradicar el amianto en Europa. Y, hasta que se logre ese objetivo, cada Estado miembro tendrá que empezar a elaborar un inventario de los edificios públicos y privados que contengan amianto y también perfeccionar la formación de los trabajadores que estén real o potencialmente expuestos al amianto [11].

90Asimismo, subrayan que, dadas las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales en lo que se refiere al reconocimiento y la indemnización de las enfermedades profesionales causadas por el amianto, debería adoptarse una legislación europea, con principios y normas mínimas comunes, destinada, mediante la armonización de las legislaciones nacionales, a equiparar este aspecto de la protección de los trabajadores víctimas del amianto y de sus familiares en el seno de la UE.

91Por último, cabe señalar que el proceso legislativo en sí para la revisión de la Directiva 2009/148/CE, así como de la “Directiva sobre agentes químicos”, aún no ha comenzado formalmente en el ámbito de la UE.

5.3. ¿Una Europa y un Mundo sin amianto?

92Fue necesaria la decisión de prohibir el amianto, declarada en 1999, para que otras instituciones y organismos de la UE intervinieran y se implicaran, de un modo mucho más directo, en las cuestiones relativas a los efectos nocivos del amianto y su posible erradicación.

93Es cierto que el Parlamento Europeo ya había participado directamente como colegislador en la elaboración y adopción de la Directiva 2003/18/CE, así como en la adopción de la codificación normativa consagrada en la Directiva 2009/148/CE.

94Esta misma participación explica posiblemente que, algún tiempo después, el PE adoptara, el 14 de marzo de 2013, una Resolución “sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente”, que fue transmitida al Consejo y a la Comisión.

95Se trata de un documento que abarca casi todos los problemas y desafíos relativos a la cuestión del amianto que persisten, incluso después de su prohibición, en el seno de la UE. Un documento que, de esta manera, pretende analizar la nueva situación, proponiendo soluciones y caminos para la resolución de estos problemas. Ahora bien, si el amianto podría parecer, a los ojos de muchos, haberse convertido en un problema del pasado, esta resolución del PE recuerda que, después de todo, el amianto se había convertido en un problema grave y complejo del presente de la UE y, en particular, de las sociedades de sus Estados miembros.

96Sintetizar las propuestas que se desprenden de este documento, y que son más directamente relacionadas con la protección de la salud de los trabajadores (aunque casi todas las cuestiones que plantea este nuevo panorama posterior a la prohibición del amianto, acaban teniendo relación con la protección de la salud durante el trabajo):

  • Antes de todo, se basa en el principio de que, una vez que se prohíbe el amianto y se reconocen sus efectos nocivos para la salud humana, hay que retirarlo, a ser posible de forma completa y definitiva; en caso contrario, hay que encontrar formas eficaces de evitar la liberación de sus fibras a la atmósfera.

  • Tras la prohibición del amianto en la UE, Polonia fue el primer Estado miembro que puso en marcha un plan de acción para lograr “un país libre de amianto”. Insta, entonces, a los demás países europeos que sigan este ejemplo, sugiriendo a la Comisión que todos los planes nacionales elaborados o por elaborar se coordinen a nivel de la Unión Europea, mediante una estrecha cooperación entre las administraciones nacionales.

  • Con el desarrollo de estos planes de retirada y los programas europeos proyectados de renovación de edificios para mejorar su eficiencia energética, se asistirá a un aumento considerable de trabajadores que estarán, o podrán estar, expuestos a las fibras de amianto. Se propone, por un lado, la inversión en tecnología capaz de crear dispositivos eficaces de protección (individual) para los trabajadores y, por otro, una gran atención (e inversión) en el perfeccionamiento de los modelos de formación de todos los implicados en estas actividades. La formación tiene como objetivo, sobre todo, garantizar la cualificación de los trabajadores y los supervisores, al tiempo que se exige a las empresas de retirada de amianto que estén certificadas de acuerdo con unas competencias y unos requisitos muy estrictos. En cuanto a la inevitabilidad de tener que adoptar, en el contexto de dichas actividades, valores límite de exposición a las fibras de amianto, la Comisión sugiere que el VLEP sea lo más bajo posible, teniendo siempre en cuenta las consideraciones científicas más actualizadas.

    • 12 Con el pretexto de esta referencia a los grupos de protección y solidaridad, destacaremos aquí la O (...)

    Se propone el apoyo a las asociaciones de víctimas del amianto y se invita a la Comisión a apoyar, también, la creación de una red europea e internacional de estos grupos para la lucha contra el amianto y para la protección y solidaridad con las víctimas y sus familiares [12].

  • Se insta a la Comisión a que elabore una estrategia, o estrategias, de la UE con miras a la prohibición mundial del amianto basadas, concretamente: en la cooperación con las organizaciones internacionales; en la prioridad de incluir el amianto crisotilo en el Anexo III del Convenio de Rotterdam [13]; en la presión diplomática y financiera sobre los países exportadores de amianto para que pongan fin a su extracción minera; en el establecimiento de una prohibición de la práctica de exportar buques que se hallan al final de su vida útil que contengan amianto a otros países, en particular a los países del “tercer mundo”; y en las formas de impedir las inversiones financieras europeas en las industrias mundiales del amianto [14].

97En cierto modo, todos estos temas y propuestas se recogerán en un dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE), aprobado el 18 de febrero de 2015 e intitulado “Erradicar el amianto en la UE”. El CESE volverá a abordar una vez más esta cuestión en otro dictamen del 12 de julio de 2018, que se centrará en “Trabajar con amianto en la renovación energética”. Ahora bien, con los impulsos dados por la UE en 2018 a su programa/compromiso de renovación (transición) energética, especialmente en el capítulo referente a la renovación de edificios, la cuestión de la protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición a materiales que contienen amianto ha vuelto a cobrar gran agudeza. Y este Dictamen del CESE pretende, precisamente, alertar a las instituciones de la UE sobre la necesidad de integrar estos problemas en estas nuevas políticas y construir soluciones e instrumentos que protejan eficazmente la salud de los trabajadores [15].

98Seguidamente será el PE a intervenir de nuevo en este asunto, a través de su Resolución del 20 de octubre de 2021, que contiene recomendaciones a la Comisión sobre la protección de los trabajadores contra el amianto. Pero, antes de las recomendaciones propiamente dichas, este dictamen presenta un balance amplio y actualizado, a nivel nacional, regional e internacional, de las cuestiones relativas al desmantelamiento físico y la retirada del amianto [16]. Y, en el ámbito de las recomendaciones, señalaremos, sólo aquí, el hecho de que el PE, aprovechando el contexto de las consultas de la Comisión con los interlocutores sociales sobre la revisión de la Directiva 2009/148/CE, propone también, en esta resolución, una serie de modificaciones e innovaciones en la directiva. Dichas modificaciones tienen por objeto, fundamentalmente, adaptar el marco jurídico revisado a las nuevas dimensiones del actual periodo posterior a la prohibición, que, según el PE, debe estar regido y configurado por el objetivo estratégico de la eliminación total del amianto. En cualquier caso, el PE, como colegislador (“procedimiento legislativo ordinario”), desempeñará un papel importante en el próximo proceso de revisión de la “Directiva sobre el amianto en el trabajo”, acabando seguramente por determinar, en parte, su configuración final.

6. Conclusiones

99Esperemos, pues, a ver cuál será la nueva configuración del marco jurídico de protección de los trabajadores expuestos al amianto, resultante de la próxima revisión de la Directiva 2009/148/CE. No obstante, creemos que algunos aspectos de esta revisión ya pueden anticiparse.

100En cualquier caso, y a modo de conclusión, nos gustaría subrayar que la dinámica de la historia que aquí se presenta, que resultó de la confrontación con los efectos nocivos del amianto sobre la salud humana en el ámbito de la UE, como puede comprobarse fácilmente, no estuvo directamente determinada por los movimientos sociales.

101Es bien verdad que los movimientos sociales de algunos países, como Francia e Italia, han denunciado las escandalosas catástrofes sanitarias provocadas por el amianto y han luchado por su prohibición, y siguen luchando por los derechos de los trabajadores que han sido víctimas y de sus familias. Han conseguido, así, concienciar a sus ciudadanos de la importancia de prevenir los efectos nocivos del amianto y, sobre todo, de la necesidad de prohibirlo totalmente. Y, evidentemente, tuvieron cierta influencia en la marcha del proceso a nivel europeo, es decir, en las opciones adoptadas a ese nivel.

102Sin embargo, en la escena política de las Comunidades Europeas/Unión Europea, en los enredos de los procesos institucionales de la UE que adoptaron los diplomas sobre la protección de los trabajadores contra los daños del amianto, no encontramos huellas ni reflejos claros de estos enfrentamientos sociales.

  • 17 “Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals”.
  • 18 “Classification, Labeling and Packaging”.

103Todavía, sólo nos queda destacar que la UE acabó por “producir” y disponer de una densa “telaraña jurídica” relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores durante el trabajo, en particular cuando están expuestos a agentes químicos peligrosos (“Directiva sobre agentes químicos”), y especialmente cuando están expuestos a sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (“Directiva MCR”). Además de otros instrumentos jurídicos que merecerían una mayor profundización aquí, como el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, de 18 de diciembre, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) [17] que “constituye una reforma de crucial importancia para una mejor prevención del riesgo químico en los lugares de trabajo” (Vogel, 2015, p. 62, traducción libre) y el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP) [18], que aplica en la UE las reglas adoptadas a nivel mundial, en el ámbito de las Naciones Unidas, del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). De hecho, se trata de dos “reglamentos que hoy permiten detectar mejor los peligros y riesgos de un gran número de sustancias sintetizadas por el hombre. Es importante, sin embargo, recordar que muchos otros trabajadores europeos siguen estando expuestos a carcinógenos no contemplados en estos reglamentos. Este es el caso de las sustancias CMR que se emiten/liberan como parte del marco del funcionamiento de los procedimientos industriales y que no tienen vocación de ser comercializados, tales como las emisiones de gasóleo, el silicio cristalino, el polvo de madera, etc.” (Musu, 2018b, p. 181, traducción libre y subrayado nuestro).

104A decir verdad: todas estas cuestiones nos conducen a una reflexión más amplia que, partiendo de los cánceres provocados por el amianto en el cuerpo de los trabajadores y las trabajadoras, acaba necesariamente por exigir nuevas percepciones sobre la realidad cancerígena de la “sociedad tóxica” en la que actualmente trabajamos y vivimos. Y, al mismo tiempo, también subraya la urgencia de repensar los medios e instrumentos necesarios para evitar morir “envenenados”, con o sin cáncer.

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Bibliografia

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Musu, T. (2018b). Les apports des règlements REACH et CLP pour la prévention des risques CMR. In T. Musu & L. Vogel (Dirs.), Cancer et travail Comprendre et agir pour éliminer les cancers professionnels (pp. 175-182). Bruxelles: European Trade Union Institute. https://www.etui.org/sites/default/files/2020-08/cancer-travail-WEB.pdf

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Vogel, L. (2015). Les rouages de la politique de santé et sécurité dans l’Union européenne. Histoire, institutions et acteurs. Bruxelles: European Trade Union Institute. https://www.etui.org/sites/default/files/15-Guide_Rouages_FR_web.pdf

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Notas

1 Para consultar el texto de toda la legislación europea citada, tales como Directivas y Reglamentos, remitimos al lector al siguiente portal/web de la UE: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es

2 El Reino Unido, Dinamarca e Irlanda serán miembros de las Comunidades Europeas a partir del 1 de enero de 1973.

3 www.eurofound.europa.eu/es

4 Así pues, la Directiva 67/548/CEE está en el origen del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (“Reglamento CLP”); la Directiva 76/769/CEE estará en el origen del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 de 18 de diciembre relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (“Reglamento REACH”); la Directiva 80/1107/CEE será, primeramente, sustituida, en parte, por la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo (cuyas modificaciones e innovaciones posteriores darán lugar a la actual “Directiva CMR”) y, después, por la Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (“Directiva sobre agentes químicos”), que deroga explícitamente la Directiva 80/1107/CEE. Véase más abajo, nota 10 y Conclusiones.

5 www.who.int

6 “De este este modo, el "bloque" económico extractor e industrial del amianto crisolito se ha conseguido imponer, buscando, igualmente, contrariar y retrasar lo más posible las perspectivas de prohibición definitiva del material, que se iban afirmando en algunos países. En esa época, por ejemplo, países como Islandia, Noruega, Dinamarca y Suecia habían ya prohibido cualquier tipo de amianto - y otros se preparaban para a adoptar decisiones análogas. Pues bien, el Convenio n.º 162 de la OIT permite, incluso a los Estados que a este se decidan vincular, mantener la permisión en relación con el amianto de la variedad crisotilo, cuyo uso deberá, todavía, someterse a reglas estrictas, relacionadas ante todo con la salubridad del ambiente laboral y las revisiones médicas regulares, bien como con el establecimiento de valores máximos (bajos) para los límites de tolerancia a la exposición (VLEP) a los polvos de amianto. El paradigma de la inocuidad del amianto crisotilo con uso controlado se impuso, así, inequívocamente, legitimando la permisividad de las legislaciones nacionales(...) en relación con el "uso controlado" del amianto de la variedad crisotilo” (Leitão & Dolivet, 2020).

7 Portugal transpuso la “Directiva de prohibición del amianto” mediante el Decreto-Ley n.º 101/2005 de 23 de junio, y la prohibición entró en vigor en el ordenamiento jurídico portugués el 24 de junio de 2005. Sin embargo, este decreto ley, adoptado al principio del primer gobierno de José Sócrates, no deja de mencionar en su preámbulo que la directiva en cuestión “no fue transpuesta por el gobierno anterior en el plazo estipulado en la misma”. El incumplimiento del Estado portugués quedó así subsanado

8 Cabe señalar que algunos países de la UE ya habían decretado la prohibición del amianto, como Dinamarca, Suecia, Italia, Alemania, Francia, Polonia y Bélgica.

9 Pero con la siguiente excepción: “No obstante, los Estados miembros podrán establecer una excepción para los diafragmas destinados a instalaciones de electrólisis ya existentes hasta que alcancen el fin de su vida útil o hasta que se disponga de sustitutos adecuados sin amianto. La Comisión revisará esta excepción antes del 1.1.2008”. Tras “esa revisión”, esta excepción continuó en vigor, pasando después dicha excepción a tener como base jurídica la entrada 6 del anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos y que estipula la prohibición del amianto, al tiempo que prevé dicha excepción. En la actualidad, esta excepción beneficia a una empresa sueca y otra alemana, que ya han iniciado procesos de sustitución de sus respectivos diafragmas, y la Comisión, con el dictamen de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, ha decidido que esta excepción expirará el 1 de julio de 2025 (Reglamento (UE) n.º 2016/1005 de la Comisión, de 22 de junio, por el que se modifica la entrada 6 del anexo XVII del “Reglamento REACH”).

10 La importancia fundamental de esta directiva en el ámbito de la salud y la seguridad de los trabajadores es por demás evidente. Esta directiva ha sido modificada en dos ocasiones (1997 y 1999) pasando desde 1999 también a incluir los mutágenos en su ámbito de aplicación. En 2004, la Directiva 90/394/CEE, con sus modificaciones, será sustituida por la Directiva 2004/37/CE, que codifica, en gran medida, el marco jurídico relativo a esta materia. Mientras tanto, esta última directiva también será objeto de cuatro revisiones (2017, 2x2019 y 2022), y la última revisión incluirá finalmente en su marco jurídico las sustancias tóxicas para la reproducción. Así, como resultado de la revisión consagrada en la Directiva (UE) 2022/432 de 9 de marzo, ahora abarca “riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos o sustancias tóxicas para la reproducción durante el trabajo” (que ahora recibe también el nombre de “Directiva CMR”).

11 www.etuc.org/en; www.etui.org/fr; www.efbww.eu/

12 Con el pretexto de esta referencia a los grupos de protección y solidaridad, destacaremos aquí la Oficina Internacional para la Prohibición del Amianto (IBSA: http://www.ibasecretariat.org/), de la que forma parte la Asociación Brasileña de Expuestos al Amianto (ABREA: https://www.abrea.org.br/), que durante muchos años fue impulsada y dirigida por Fernanda Giannasi, incansable luchadora contra el amianto y todos sus efectos nocivos, y destacada defensora de las víctimas en Brasil y América Latina. Y destacaremos igualmente a Ban Asbestos France, impulsada también por dos luchadores contra el amianto, Henri Pézerat y Annie Thébaud-Mony, que está en la base de la creación de Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante: http://andeva.free.fr/spip/) y, desde 2010, de la Asociación Henri Pézerat (www.asso-henri-pezerat.org/henri-pezerat/), en honor al gran científico y activista.

13 El Convenio de Rotterdam, que entró en vigor en 2004, se refiere al procedimiento del consentimiento fundamentado previo (procedimiento PIC: prior informed consent), a aplicar a determinados productos químicos y pesticidas peligrosos en el comercio internacional. Efectivamente, después de 2006, con ocasión de las sesiones de la Conferencia de las Partes de este Convenio, la gran mayoría de los representantes y participantes defienden la inscripción del amianto variedad crisotilo en el Anexo III del Convenio para que, como producto peligroso prohibido o rigurosamente restringido, sus exportaciones se sometan a dicho procedimiento PIC. Es decir, que los países importadores sean advertidos, mediante este procedimiento, de los riesgos cancerígenos de estos mismos productos (mercancías). Cabe precisar, en lo que respecta al amianto, que en ese Anexo ya están inscritas las variedades actinolita, antofilita, amosita, crocidolita y tremolita. Pero Canadá, que hasta hace unos años era el mayor productor y exportador mundial de amianto crisotilo, consiguió bloquear, con media docena de aliados, la inscripción del amianto crisotilo en el Anexo. Mientras tanto, el panorama del amianto en Canadá ha cambiado (Marier, 2020) y las expectativas de que dicha inscripción en el Anexo III se decidiera finalmente en la Conferencia de las Partes de junio de 2019 se han visto frustradas, ahora por Rusia, que se había convertido en el principal productor y exportador de amianto del mundo. Y en la actualidad, en la X Conferencia de las Partes celebrada en la primera quincena de junio de 2022 en Ginebra, de nuevo una minoría de países productores (India, Kazajstán, Pakistán y Zimbabue) liderados por Rusia, con el apoyo del eficaz lobby de la Asociación Internacional del Crisotilo (ACI), han vuelto a impedir el necesario consenso entre las Partes. Así pues, la cuestión de la inscripción del amianto crisotilo en el anexo III del Convenio de Rotterdam, como producto sujeto al procedimiento PIC, quedó de nuevo “aplazada”. En consecuencia, las exportaciones de amianto seguirán sin necesitar del consentimiento fundamentado previo (PIC) por parte del importador y, por lo tanto, seguirán sin ir acompañadas de la información esencial, es decir, de la información sobre los riesgos cancerígenos que debería permitir a los Estados de los países importadores decidir, con pleno conocimiento, si el amianto crisotilo y los productos que lo contienen pueden o no ser utilizados por sus ciudadanos.

14 www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html

15 www.eesc.europa.eu/es/our-work

16 www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html

17 “Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals”.

18 “Classification, Labeling and Packaging”.

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Para citar este artigo

Referência eletrónica

Augusto Rogério Leitão, «26 de julio de 1999. Inicio del camino de la Unión Europea hacia la prohibición total del amianto»Laboreal [Online], Volume 18 Nº1 | 2022, posto online no dia 22 julho 2022, consultado o 12 agosto 2022. URL: http://journals.openedition.org/laboreal/19540; DOI: https://doi.org/10.4000/laboreal.19540

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Autor

Augusto Rogério Leitão

https://orcid.org/0000-0003-3541-9437
Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, Av. Dr. Dias da Silva 165 3004-512 Coimbra, Portugal. Centro Observare, Universidade Autónoma de Lisboa. Rua Santa Marta 56, 1169-023 Lisboa, Portugal
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