• 1 Frustración, en lugar de fracaso, según se sostiene en una autorizada obra reciente: Eduardo Gonz (...)

2Los estudios sobre este periodo no pueden hacer abstracción, pues, de su desenlace trágico, si bien ello no debería rebajar el interés que por sí mismo merece, en tanto que un serio intento, aunque frustrado, de establecer un régimen de democracia socialmente avanzada en un contexto internacional poco amistoso para este tipo de experiencias como fue la Europa de los años 19301. Debe admitirse, con todo, que la frustración final de esta experiencia condiciona y determina los relatos históricos sobre la misma, tiñéndolos de un cierto fatalismo y en que el final ya se conoce de antemano, lo que puede incitar a la pereza por parte del historiador, desanimándole de proponer una explicación alternativa, o de admitir como una posibilidad real la de que la joven democracia republicana hubiera podido consolidarse a pesar de todas sus fragilidades y defectos.

• 2 Edward Malefakis, «La Segunda República española en perspectiva comparada», em Edward Malefakis, (...)

3En este artículo dirigiremos nuestra atención, tratando de evitar esa pereza, a algunas cuestiones tales como la agraria, la religiosa y la de orden público tan determinante en la proliferación de la violencia sociopolítica que acaeció en estos cinco años de la historia española. Y, como remate final, una última que está muy viva hoy en el debate historiográfico y que consiste en la controversia entre quienes propugnan una revisión peyorativa de la obra de la República, resaltando sus errores y defectos, especialmente desde una perspectiva política (y que adopta como referente el régimen nacido en la Transición española a la democracia), y cargan sobre los partidos y líderes más comprometidos con aquel régimen, buena parte de la responsabilidad de su fracaso y aquellos otros que, pese a todo, defienden su voluntad modernizadora y su elevado valor moral y cívico ya que «a pesar de todos sus defectos – que fueron múltiples –, la República de abril de 1931 estaba envuelta en una nobleza que la hizo excepcional tanto en su tiempo como en el conjunto de la historia de España y Europa»2.

• 3 Juan Díaz Del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Madrid, Alianza editorial, (...)

4La cuestión agraria es uno de los asuntos clásicos dentro de la historiografía sobre la Segunda República española. Por ella debemos entender la existencia de una gran masa de jornaleros sin tierra en las regiones meridionales, que era consecuencia de una estructura de la propiedad rústica marcadamente desequilibrada: es decir, de la impronta del latifundismo en numerosos municipios de esas regiones. Ambas facetas del problema venían siendo resaltadas desde tiempo atrás por los tratadistas agronómicos, se habían formulado diversos proyectos de reforma y el movimiento campesino meridional había tenido como una de sus reivindicaciones centrales la del reparto de la tierra. No hay que olvidar, además, que tras la Primera Guerra Mundial, en diversos países europeos se acometieron con éxito diverso reformas de este carácter (alrededor de siete millones de hectáreas repartidas hasta 1925), y que lo ocurrido en Rusia tras la revolución de 1917 había tenido una gran repercusión en los campos españoles: de hecho, las movilizaciones campesinas en el sur de España entre 1918-1920 se conocen como el Trienio bolchevique³.

• 4 Edward Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain. Origins of the Civil War. Evan (...)
• 5 Reforma agraria y revolución campesina, p. 445.

7Sobre esta cuestión el estudio fundamental, no superado todavía en muchos aspectos, es el que publicó en 1970 el historiador norteamericano Edward Malefakis4. El libro, centrado en el análisis de la Ley de 1932 y en su lenta y dificultosa aplicación, al menos hasta febrero de 1936, ofrecía un balance bastante crítico de la reforma dando pie a una valoración global de la misma en términos de «fracaso» que él atribuyó principalmente a los partidos de centro y de izquierda, aquellos que, precisamente, habían dado nacimiento a la República5. Según dicho autor, su incoherencia y la incompatibilidad última entre los dos grandes partidos que integraron inicialmente la coalición gubernamental – radicales y socialistas –, impidió acordar un programa de acción conjunta en materia de reformismo agrario. Es cierto que Malefakis estima también que la responsabilidad moral por el fracaso de la Reforma y, por tanto, de la República – puesto que ambas cuestiones se hallarían en su análisis íntimamente ligadas – correspondió de forma inequívoca a la derecha.

• 6 «La falta de criterios técnicos y económicos fue uno de los grandes errores de planteamiento de l (...)
• 7 Una útil discusión de los variados factores, no solo económicos, que dificultaban un tránsito con (...)

8Este enfoque muy crítico resultaría reforzado en los años 80 con otro tipo de valoraciones que consideraban que la vía elegida de asentar a jornaleros y aparceros en explotaciones muy pequeñas constituía un error en términos de eficiencia económica y de productividad6 y más teniendo en cuenta que los umbrales de rentabilidad por lo que respecta al secano cerealista predominante en la España interior, aconsejaban explotaciones más extensas y el recurso a tecnologías modernas difícilmente al alcance de los beneficiarios de la Reforma y que, además, hubieran reducido la demanda de mano de obra7.

• 8 El término designa al labrador que poseía una yunta o pareja de animales con la que labrar la tie (...)
• 9 Francisco Espinosa Maestre, La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y los oríg (...)
• 10 José Manuel Macarro Vera, Socialismo, república y revolución en Andalucía (1931-1936.) Sevilha, U (...)

9En la actualidad, cuando ya existen diversos estudios provinciales que analizan la aplicación de la reforma en regiones como Extremadura y Andalucía, emparejando con frecuencia dicho estudio con el de las movilizaciones campesinas, un sector de la historiografía está proponiendo un enfoque más positivo de la reforma republicana. Sería el caso de Francisco Espinosa, el cual, analizando su aplicación en Extremadura (tras la invasión a gran escala de fincas rústicas por los yunteros el 25 de marzo de 19368) sostiene que la interacción entre la política del gobierno y dichas movilizaciones se situó en un punto de equilibrio entre legalidad y legitimidad, posibilitando el cumplimiento efectivo del programa del Frente Popular9 (es cierto que otros historiadores que estudian regiones como Andalucía, como es el caso de José Manuel Macarro afirman que las acciones de las organizaciones jornaleras llevaron a una situación claramente revolucionaria10).

• 11 Sergio Riesco Roche, «La intensificación de cultivos durante la Segunda República: ¿alternativa o (...)
• 12 Enfocada muy críticamente en otra obra clave en este debate: Fernando del Rey Reguillo, Paisanos (...)
• 13 Ricardo Robledo, «El fin de la cuestión agraria en España (1931-1939)», em Ramón Garrabou, Sombra (...)

10Sería el caso también de Sergio Riesco Roche, quien ofrece un enfoque renovado y globalmente más positivo de la reforma al no limitarla a la ley de bases de 1932, ya que, a su juicio, debería incluir también el conjunto de medidas que se dictaron desde el Ministerio de Trabajo tendentes a mejorar la posición negociadora de las sociedades de obreros agrícolas, ofreciendo soluciones que no pasaban necesariamente por la expropiación11. Medidas cuya aplicación efectiva se veía ayudada por la entrada de los socialistas en numerosos ayuntamientos rurales o, cuando menos, por la ampliación del espacio público a escala local merced a la presencia activa de las Casas del pueblo¹². Otros historiadores, en fin, como Ricardo Robledo, combinando el enfoque económico con el sociopolítico valoran también positivamente la reforma ya que, en su opinión, aspiraba a corregir la desigualdad de la renta y los bajos niveles de vida en las zonas de latifundio y, a más largo plazo, buscaba contribuir a la construcción de una sociedad sin grandes desequilibrios sociales haciendo compatible la democracia con la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos más pobres13.

• 14 Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940. Madrid, Taurus, 2008, p. 329.
• 15 Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII… Barcelona, Ariel, 1966, 3.ª edic., p. 251.
• 16 José María Gil Robles, No fue posible la paz. Barcelona, Ariel, 1968, p. 65. Sobre la CEDA result (...)

12Como ha señalado el autor de la biografía más autorizada de Manuel Azaña, Santos Juliá, la coalición republicana en el poder desde abril de 1931, subestimó claramente a la derecha católica, que estaba progresando a ojos vistas, una miopía que procedía de su convicción de que el catolicismo había dejado de impregnar a la cultura española y de que la Iglesia católica, tan identificada con la Monarquía, era ya una fuerza marginal frente a este nuevo régimen identificado y sostenido por el pueblo14. Episodios importantes, tales como la quema de edificios religiosos los días 11 y 12 de mayo de aquel año, en Madrid y en otros puntos de España, fueron abordados con un claro menosprecio por parte del Gobierno (Azaña habría declarado que «todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano»15). El descubrimiento del potencial político representado por la opinión católica, fue mérito sobre todo de un joven abogado, José María Gil Robles que en tan solo dos años puso en pie la Confederación Española de Derechas Autónomas [CEDA: Madrid, 28/02/1933] la cual, proporcionó a las derechas, «por medio de grandes concentraciones de masas, la conciencia perdida de su propia fuerza»16.

• 17 Frances Lannon, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católica en España, 1875-1975. Mad (...)
• 18 Para este autor, los católicos más derechistas no aceptaron la República ni aún después del triun (...)
• 19 Manuel Alvárez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia. Madrid, Centro de Estudios Polí (...)

13Ahora bien, todo eso no quita para reconocer que la Iglesia católica, y las organizaciones que dependían o estaban influidas por ella eran por regla general incapaces de aceptar un cambio sustancial, tanto en sus relaciones con el Estado, como por lo que atañe a su lugar y peso en la sociedad española. Una historiadora británica, Frances Lannon17, ha afirmado que «la Iglesia era un peligro para la Republica democrática y modernizadora», justificando hasta cierto punto la reacción que los gobiernos republicanos del primer Bienio habrían puesto en marcha contra actos poco amistosos de la institución eclesiástica, tales como la pastoral, publicada el 01/05/1931 por el cardenal primado, Pedro Segura. Una posición que se asemeja a la que ha mantenido Hilari Raguer18, pero que ha encontrado su réplica en otros historiadores, como Manuel Alvarez Tardío quien interpreta que dicha reacción no fue en realidad una respuesta a actos o discursos hostiles de los católicos, sino más bien al revés, que fueron las acciones anticlericales de los primeros [los gobiernos republicanos] las que suscitaron la reacción de los segundos19.

• 20 Así, Julio de la Cueva e Feliciano Montero, eds., Izquierda obrera y religión en España (1900-193 (...)

14En todo caso, el anticlericalismo español de los años 1930, que desembocó en la matanza sistemática de varios miles de sacerdotes en la Guerra Civil, es uno de los temas que más atención ha merecido y merece, bien como expresión de un componente esencial de la cultura política republicana y de unas tradiciones muy arraigadas entre la izquierda obrera y los sectores populares, o como manifestación del profundo conflicto existente entre catolicismo y laicismo, del que sería uno de sus ingredientes más determinantes. Los libros colectivos que han publicado recientemente Feliciano Montero y Julio de la Cueva o también, Alfonso Botti, inciden precisamente en estas cuestiones, poniendo de manifiesto la existencia de diversos laicismos – y anticlericalismos – republicanos20.

• 21 Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional, 1812-1983. Madrid, 1983, (...)

16Eso no implica, sin embargo, que los sucesivos gobiernos republicanos no se hubieran propuesto, casi desde el comienzo de la marcha de la República hacer notar su autoridad y emplear, incluso, mano dura, para mantener el orden público. Una medida clave a este respecto fue la Ley de defensa de la República, aprobada por las Cortes el 21/10/1931, una norma muy dura que restringía potencialmente el derecho de asociación, la libertad de prensa, de reunión y manifestación y que a juicio del historiador que ha marcado la línea en el análisis de la política de orden público republicana, M. Ballbé, puso las bases de «un estado autoritario» que serían completadas con la posterior ley de orden público de 193321. Más en general, y de acuerdo siempre con este autor, las políticas de orden público republicanas habrían supuesto globalmente un fracaso, impidiendo la salida de los militares de un sector clave para la afirmación del poder civil como era el del orden público.

• 22 Rafael Cruz, En nombre del pueblo. Madrid, Siglo XXI, 2006.

17La historiografía, además, ha cargado contra el excesivo autoritarismo supuestamente empleado por los gobernantes a la hora de abordar los conflictos. A este respecto, Rafael Cruz ha afirmado que los gobiernos republicanos «no sufrieron de falta de autoridad, sino de un exceso de autoritarismo», argumentando que «el control policial en la España de 1936 generó y se vio envuelto en la mayor parte de las colisiones, heridos y víctimas mortales»22. La política de orden público, pues, más que un factor disuasorio habría sido, en cambio, un elemento determinante en la elevada conflictividad y violencia política de la España anterior a la Guerra Civil.

• 23 Caso de su reciente libro: Eduardo González Calleja, Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la (...)
• 24 Eduardo González Calleja, et al., La Segunda República Española, op. cit., p. 177. Esta posición (...)
• 25 El reparto geográfico y por grados y escalas de las preferencias políticas de la oficialidad del (...)

18Pero el tratamiento más exhaustivo de esta problemática, no obstante, ha corrido a cargo de E. González Calleja a través de sucesivas publicaciones que la inscriben en el marco conceptual de la violencia sociopolítica23. También este historiador ofrece un balance bastante crítico de la política de orden público republicana, pero no tanto por la ley de defensa de la República, como por la aplicación posterior, desde el verano de 1933, de la normativa de excepción y la creciente militarización del orden público, unos rasgos que se hicieron patentes sobre todo durante el denominado Bienio negro (los años, básicamente 1934 y 1935, en que gobernó el Partido Radical con el apoyo de la CEDA). A su juicio, buena parte de la responsabilidad en el deterioro del orden público cabe atribuirla a la actuación de las propias fuerzas policiales, en especial a la Guardia Civil en cuyo seno se vivía en un estado de «sedición latente»24, y a la escasa fiabilidad de la organización policial en su conjunto, no obstante el avance que supuso la creación de la Guardia de Asalto. Es cierto que hubo un intento de retorno al civilismo con los gobiernos del Frente Popular, pero estos solo lograron controlar parcialmente a las fuerzas de seguridad del Estado, ya muy divididas a estas alturas de la República en cuanto a sus lealtades25.

• 26 Véase Eduardo González Calleja, Cifras cruentas, op. cit., pp. 27-36.

21Otra cosa bien distinta es que en esas interpretaciones globalmente positivas no se compartiera – especialmente en el lado de la historiografía hecha por hispanistas, como Gabriel Jackson, Hugh Thomas, el propio Stanley Payne antes de su giro explícito hacia el revisionismo, Pierre Broué y Émile Témime, entre otros –, la percepción de la existencia de una «atmósfera de violencia» y de «odio de clases» que se habría dado en esos meses finales, con el resultado de una pendiente inevitable hacia la violencia generalizada y, por tanto, la guerra civil. Un enfoque que se vincularía estrechamente a la tesis acerca de la responsabilidad mutuamente compartida por izquierdas y derechas en el desencadenamiento de dicho conflicto armado, tan influyente en el discurso imperante en la Transición (1975-1982), pero también a la supuesta polarización ideológica que se habría materializado durante el quinquenio republicano26.

• 27 Un tratamiento muy completo de este tipo de enfoques, realizado, además, en una perspectiva compa (...)
• 28 Edward Malefakis, «Reflexiones sobre la República y la Guerra Civil», em Agonia y redención, op. (...)

23Ahora bien, desde el primer decenio del nuevo milenio ha aparecido otra variante del revisionismo27, sustentada en buena parte por un núcleo de historiadores de competencia reconocida y que pertenecen en su mayoría a una generación que no vivió las luchas antifranquistas o que era muy joven cuando se desarrolló la Transición a la democracia. Es un neorrevisionismo o «revisionismo blando», tal y como lo ha denominado Edward Malefakis, uno de los mejores conocedores de la II República española28.

• 29 Citas tomadas de la introducción a Manuel Alvárez Tardío e Fernando del Rey, El laberinto republi (...)

24Existe, por su parte, una explícita voluntad de revisar la historia precedente, en su opinión muy ideologizada en tanto que marcada por los alineamientos heredados de la lucha contra la Dictadura franquista, en torno a la etapa de la Segunda República. Pero también la de situar su revisión en el marco exclusivo de una renovada historia política, separada de lo que califican como enfoques «histórico-míticos» de la España de los años 30. Y es que para ellos, la historiografía reciente sobre el periodo está sufriendo un retroceso como consecuencia del retorno de lo que definen como una «historia militante», fruto del impacto de la memoria histórica en el debate historiográfico y que se escindiría en dos campos enfrentados: el neofranquista, que busca justificar sin ambages el golpe de 1936 y el frentepopulista, que promueve una visión idealizada de la Segunda República que estaría sostenida en un «enfoque lleno de trampas y de manipulaciones de las fuentes». A quienes colocan en estos dos campos los definen come «polemistas de oficio, con métodos deliberadamente extraños a la investigación histórica»29. Resulta injusto, no obstante, equiparar a unos y otros.

• 30 Fernando del Rey, Introducción a Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda Re (...)

25Algunos de los hechos que señalan son plenamente plausibles y admisibles desde el punto de vista de la discusión académica como, por ejemplo, el peso especifico que cobraron entre los partidos y organizaciones alineadas discursos que califican como excluyentes, poco compatibles con la aceptación de un régimen democrático y, especialmente, con la observancia de valores y prácticas acuñadas en la tradición liberal, tales como el pluralismo, la tolerancia con las opiniones del adversario o la búsqueda de pactos (como los alcanzados en el régimen hoy vigente en España, nacido en el periodo de la Transición). Lo que les lleva a concluir que «la democracia pluralista no era un objeto de predilección mayoritaria por parte de la elite política española de los años 1930»30.

• 31 Acuñado por George L. Mosse al estudiar los orígenes del nacionalsocialismo alemán.

26Pero aparte cuestiones que se deberían tener en cuenta, tales como la historicidad de los regímenes democráticos (que no aconseja comparar sin más la República de 1931 con el régimen salido de la Constitución española de 1978), el peso de los factores estructurales en la generación de la violencia o, en fin, la pertinencia de aplicar al caso español conceptos como el de brutalización de la política³¹, el problema es que el mensaje de fondo que transmiten sus publicaciones, con la excusa de que ha llegado el tiempo de revisar sin prejuicios el pasado español, liberándolo de percepciones míticas, se vuelve al final globalmente negativo y, en algunos casos, demoledor para esta primera e imperfecta experiencia democrática y hasta puede favorecer, no obstante sus protestas de objetividad o imparcialidad, una postura condescendiente o comprensiva hacia el intento – finalmente conseguido tras su victoria en la Guerra Civil – de acabar con ella por parte de los generales sublevados en 1936. Señalaré, finalmente que dentro de este grupo se emplazan otros historiadores españoles conocidos por sus posiciones hipercríticas con la Segunda Republica, como Luis Arranz o José Manuel Macarro, así como autores extranjeros como el ya citado Stanley Payne, Gabriele Ranzato o Nigel Townson.

• 32 Que remite a Combates por la historia, de Lucien Febvre, aparecido en 1953.
• 33 Ángel Viñas, ed., En el combate por la historia, op. cit., pp. 15-16.

27Frente a este grupo se ha alzado la voz de otro, decididamente antirrevisionista y provisto de un relieve académico en conjunto muy superior al de sus contrarios por cuanto que en él encontramos historiadores sobresalientes como Paul Preston, el autor de la biografía canónica sobre Franco, Josep Fontana, Julio Aróstegui, Antonio Elorza, José Carlos Mainer, Hilari Raguer, Ricardo Robledo o Angel Viñas. La nómina completa podemos encontrarla entre los firmantes de un voluminoso libro publicado en 2012 y titulado, significativamente En el combate por la historia³² a través del cual han tratado de dar la réplica a una de las manifestaciones más aberrantes y escandalosas del revisionismo consistente en la aparición, en el Diccionario Biográfico Español, publicado por una institución oficial, la Real Academia de la Historia, de algunas voces muy complacientes con las personalidades más relevantes del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista. La obra, más que un contradiccionario (aunque sus índices permiten utilizarla también de esta manera), se propone aportar «las claves fundamentales para comprender la evolución histórica española desde la instauración de la República hasta el fallecimiento de Franco»33. Un interés añadido es que su presentación pública contribuyó en gran medida a la cristalización, en la historiografía española, del campo antirrevisionista.

• 34 Remitimos a dos publicaciones de este autor, de dónde están entresacadas las citas que aparecen e (...)

28Las tesis de este grupo y las réplicas a sus adversarios ha logrado resumirlas muy bien uno de sus miembros, Ricardo Robledo34: según él, los revisionistas se han inventado un pasado de República excluyente, «que muere antes que nada no de un golpe de estado sino de las equivocaciones o mala fe de los dirigentes republicano-socialistas», aduciendo además que su tarea es científica y desmitificadora, en tanto que la de sus contradictores se excedería en politización y mitificación del periodo republicano. Se trata de una opinión que Robledo se propone rebatir reprochándoles el haber procedido del mismo modo – esto es, mitificándolo –, con respecto al régimen democrático construido durante la Transición, movidos por el propósito de hacer olvidar el antecedente que, en este sentido, habría representado la República. Esto es, la deslegitimación de ésta la considera una pieza imprescindible de la argumentación revisionista cuando presentan el actual régimen democrático español como surgido prácticamente ex-novo.

• 35 La crítica de este libro a cargo de Robledo se publicó en Historia agraria, 53, 2011, pp. 215-221 (...)

29Además, para este critico resulta poco científico basarse solamente, para llegar a una desvalorización global de la República como la que proponen los revisionistas, en un análisis exclusivo de los discursos y los liderazgos políticos, olvidando otras líneas de investigación o, incluso, tachando de marxistas enfoques que conceden también relevancia a factores estructurales, según Robledo muy influyentes en la evolución y fortuna final del régimen republicano, de tipo económico o social. Factores que, a su juicio, no deberían ser en absoluto minusvalorados como por ejemplo los que subyacen a las luchas y conflictividad campesinas, en verdad importantes a lo largo del periodo. Justamente por esto, una de las manifestaciones más encendidas de la polémica, en este caso, entre el mismo Robledo y Fernando del Rey, se ha desarrollado en torno a la conflictividad y la violencia política en el medio rural, a través de su libro, Paisanos en lucha, un estudio de microhistoria realizado por Del Rey sobre un municipio rural de la provincia de Ciudad Real que ha sido duramente criticado por su oponente35.

• 36 Francisco Sánchez Pérez, coord., Los mitos del 18 de Julio. Barcelona, Crítica, 2013.
• 37 Así, Stanley G. Payne e Jesús Palacios, Franco. Una biografía personal y política. Barcelona, Esp (...)

30Pero la argumentación más sólida y, a mi juicio más convincente frente a las tesis de los historiadores revisionistas – por lo que respecta al debate sobre la Segunda República y, en especial a la breve etapa frentepopulista – se halla, por un lado, en el volumen colectivo Los mitos del 18 de Julio, coordinado por Francisco Sánchez Pérez que firma una introducción muy esclarecedora36 y, por otro lado, y con un mayor nivel de profundización en La Segunda República Española, aparecido en 2015 y del que son autores Eduardo González Calleja, Francisco Cobo Romero, Ana Martínez Rus y el ya citado Francisco Sánchez Pérez. Así, y por lo que atañe a los cinco meses que transcurrieron entre febrero y julio de 1936, cuestiones decisivas en este debate, como la atribución y la geografía de las víctimas mortales acaecidas en ese periodo, la existencia, o no, de una situación revolucionaria (en las zonas de latifundio, sobre todo), la supuesta preparación de un golpe de estado izquierdista, la datación de los planes de sublevación militar organizados presuntamente como respuesta a un «estado de necesidad» patente en el deterioro del orden público, la debilidad del gobierno o el martirologio sufrido por líderes y militantes derechistas son examinadas con gran escrupulosidad y procurando evitar sesgos ideológicos en el tratamiento de los hechos. Cuando se continúan publicando libros que reinciden en tópicos bien asentados en la historiografía revisionista37, la lectura de obras como las mencionadas no deja de resultar saludable.