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Comptes rendus

Morten Heiberg, U.S.-Spanish relations after Franco, 1975-1989. The will of the weak

Rosa Pardo
Référence(s) :

Morten Heiberg, U.S.-Spanish relations after Franco, 1975-1989. The will of the weak, Lanhan, Lexinton Books, 2018, 240 p.

Texte intégral

1Después de que Samuel P. Huntington definiera la tercera ola del proceso de avance de la democracia en el mundo, más politólogos (Philippe Schmitter, Laurence Whitehead, Geoffrey Pridham, entre otros) se interesaron por el tema del papel de los factores internacionales en las transiciones a la democracia. Acuñaron una serie de conceptos sobre su posible impacto en dichos procesos y, así, hablaron de influencia por control, difusión, contagio, consentimiento, efecto demostración, emulación, condicionalidad o del linkage entre la política interior y exterior. En general, en un primer momento, los factores internacionales se consideraron secundarios con respecto a la primacía de los procesos internos, siempre que éstos no se desencadenaran como consecuencia de una guerra o de una imposición de la democracia. Sin embargo, a raíz de la siguiente ola democratizadora, la que se abrió con la disolución de la URSS y el fin de la Guerra Fría hasta el desdichado desenlace de la primavera árabe, se ha tendido a conceder más importancia a los factores externos y se ha incidido en su decisiva influencia en la consolidación de las democracias emergentes. Cuanto más fuertes son las relaciones con el bloque democrático regional más posibilidades hay de éxito (Larry Daimond).

2A partir de los estudios de Charles Powell, Encarna Lemus, Juan Carlos Pereira, Josep Sánchez Cervelló y de quienes han trabajado después sobre aspectos concretos de la transición (Antonio Muñoz, Pilar Ortuño, Carlos Sanz, Oscar Martín, M. Arturo López Zapico y otros muchos), podríamos concluir que, en el caso español, el contexto internacional (si dejamos al margen la crisis económica) fue en general favorable. Retomando los conceptos antes apuntados, podríamos decir que desde 1975 se dio una combinación de efectos. El más evidente fue el de convergencia por lo que podría llamarse el espíritu del momento: clima de distensión en Europa, con la Conferencia de Paz y Seguridad y la búsqueda de una estabilización de los bloques, la mayor relevancia de los Derechos Humanos, los efectos del Vaticano II, el Eurocomunismo, el inicio de una tímida política internacional de promoción de la democracia, más evidente en Europa Occidental, un bloque que busca su sitio en el sistema internacional fuera del paraguas norteamericano. También se produjo el efecto contagio, con los procesos democratizadores abiertos en Grecia y Portugal en 1974, más o menos encauzados para cuando comienza el cambio español. Contó, y mucho, la condicionalidad ejercida desde algunos gobiernos y sobre todo desde las instituciones europeas, que en paralelo ofrecían incentivos poderosos: la pertenencia al Consejo de Europa y a la Comunidad Europea significaba democracia, bienestar y fin del aislamiento.

3Incidió, sin duda, el efecto demostración, el «escarmiento en cabeza ajena» que se experimentó con proceso portugués, fuente de importantes lecciones para actores internos y externos. Los dirigentes franquistas y los líderes de la oposición democrática quedaron avisados de qué riesgos no correr y qué errores no cometer (una crisis colonial y la división de las FFAA, posiciones intransigentes o demasiado radicales…). Para las grandes potencias, el caso portugués forzó un proceso de aprendizaje y coordinación entre Estados Unidos y los países europeos (con Alemania como actor clave) que cuajó en una estrategia paralela de presión y de ayuda a determinados actores internos, con el objetivo último de facilitar una transición moderada y pacífica a la democracia y una alineación en el bloque defensivo occidental. Se trataba de garantizar estabilidad para una zona, el Mediterráneo, especialmente convulsa desde 1973. Cuando le tocó a España, los europeos aceptaron tener más paciencia con las nuevas autoridades y desde Washington se admitió como la mejor fórmula un gobierno de centro derecha y, como contrapeso, la consolidación de un partido socialdemócrata fuerte que contuviera el avance comunista, además de apoyar a Juan Carlos I como actor decisivo en los primeros años de la transición. Por supuesto, más allá de estos objetivos comunes, cada uno de los grandes actores internacionales buscó la promoción de sus propios intereses en España, es decir, ganar posiciones frente al resto en términos económicos, de influencia política o, en el caso de EEUU, mantener el uso de valiosas instalaciones militares.

4No es menos cierto que todas estas influencias externas estuvieron mediadas por la percepción y los cálculos políticos de los actores internos (linkage) que, en el caso español, no pusieron en cuestión la pertenencia al bloque económico occidental ni la relación bilateral con los Estados Unidos (consentimiento) y que coincidían en la solución europeísta como remedio a los problemas económicos, políticos (hacer irreversible la democratización) y de normalización internacional (incluida una menor dependencia de EEUU).

5El libro que nos ocupa estudia el papel desempeñado por Estados Unidos en este proceso entre 1975 y 1989, centrándose en la perspectiva española, y busca contribuir a la discusión sobre el tema de los factores externos en los procesos de transición y consolidación democrática. Su hipótesis principal es que para el desarrollo de una democracia plena es preciso que ésta se encuentre libre de vínculos de dependencia y de recortes de soberanía como los que, en el caso español, se derivaban de los acuerdos de 1953, heredados del Franquismo. Además, estima que en 1975 había un latente deseo de conseguir un mayor grado de autonomía para España en el sistema internacional, tras décadas de dependencia de otras potencias, siendo las bases militares de Estados Unidos el símbolo de una humillación histórica que se venía arrastrando desde 1898. En ese sentido el libro pretende narrar ese proceso de recuperación de la dignidad nacional a partir del repaso de las relaciones bilaterales, en particular de las renegociaciones de los convenios militares que perpetuaban una relación desequilibrada con EEUU y permitían el abuso en la utilización militar del territorio español por parte de la superpotencia occidental. La cláusula de activación de las bases y el enorme número de instalaciones militares a disposición de Washington constituían la clave de esta relación tóxica. El autor explica cómo ni en 1976 ni en 1982 se logró romper con las inercias heredadas del Franquismo porque los líderes políticos seguían viendo los acuerdos como imprescindibles y porque no percibieron que era posible una estrategia negociadora diferente, más agresiva, que rompiera con la dinámica de un alquiler de bases a cambio de ayuda y que planteara una relación de colaboración y no de subordinación con EEUU. Sólo el gobierno de Felipe González fue capaz de dar un vuelco en la negociación de 1988 y lograr romper con la política anterior a partir de un proyecto diplomático coherente y ambicioso que devolvió a España protagonismo y autonomía internacional.

6Para quienes venimos trabajando en el tema, la publicación en inglés de un hispanista siempre resulta atractiva, aunque esta vez los planteamientos del autor sean menos novedosos de lo esperado. La pulsión de lo que el historiador José María Jover llamó hace cuatro décadas la «noción de grandeza pretérita» y el deseo de romper con la dependencia internacional española fue una de las fuerzas profundas latentes en todos los proyectos de política exterior del siglo xx, incluidos los franquistas, y continuó después de 1975. Además, los altos funcionarios que trabajaban en el Palacio de Santa Cruz al morir Franco se habían formado, con independencia de su adscripción ideológica, en la línea diplomática nacionalista de Fernando María Castiella: tanto Marcelino Oreja como Fernando Morán tenían esa impronta. El existentialist trend que el autor identifica en un sector del Palacio de Santa Cruz era un rasgo compartido por la mayor parte del cuerpo diplomático desde principios de los sesenta.

7Por otra parte, la historiografía española siempre ha tenido claro que la transición española en política exterior no se cerraba en 1982 sino en 1988-89, con la renovación de los acuerdos hispano-norteamericanos y la incorporación a la UEO. Es verdad que el autor va más allá al avanzar que el control de la integridad del territorio es precondición para una sociedad democrática libre. Sin embargo, no está claro que Japón, por poner un ejemplo, no lo sea por mantener 32 instalaciones militares norteamericanas desde 1945.

8En la primera mitad del libro el autor repasa las relaciones bilaterales desde 1898 hasta 1982, utilizando principalmente la bibliografía publicada. Sus más interesantes aportaciones son las del periodo 1982-1989, gracias a la documentación de la biblioteca presidencial de Ronald Reagan y a otros materiales de archivo norteamericanos digitalizados. También son novedosos algunos expedientes del Archivo Renovado del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre todo los que contienen informes elaborados para los viajes oficiales.

9Al abordar el periodo previo a la Guerra Fría, en particular la etapa de la Guerra Civil, no habría que olvidar que hasta 1947 Washington ligó su política española a la de Gran Bretaña porque se respetaba que la península era área de influencia británica. En la valoración de los acuerdos de 1953, cabría haber comparado sus cláusulas y cesiones con las de otros países aliados de Washington en esa misma época. Se pasa por alto que el Régimen no cedió a las presiones para alterar su política económica y en ningún caso permitió interferencias en política interna, a diferencia de lo que sucedido en Grecia. Como señala el autor, los Pactos de 1953, justificados en términos anticomunistas, supusieron el abandono de la neutralidad y extraordinarias cesiones de soberanía, a cambio de respetabilidad internacional y de ayuda económica y militar. Pero no se tiene en cuenta la prioridad que para la dictadura militar suponía, en términos de seguridad y defensa, la modernización de las Fuerzas Armadas en estado de absoluta precariedad e inoperancia. Durante dos décadas, para Franco y su círculo de poder, la disuasión indirecta de contar con bases militares de la potencia hegemónica compensó el incremento de riesgos asumidos y los recortes en soberanía. De hecho, desde 1961 ni siquiera se recibió ayuda económica no militar, más allá de la pequeña partida para cooperación científico-técnica que se consiguió en el acuerdo de 1970. En el caso de las referencias a la política de Castiella, ni el paso dado en 1962 hacia la CEE fue solo por razones de política agraria, ni el ministro apostó nunca por un alineamiento internacional más neutral para España mientras estuvo en el cargo. Así mismo, cuando el autor se refiere al antiamericanismo durante la dictadura, no matiza por sectores sociopolíticos ni explica su evolución (un tema bien abordado por Daniel Fernández de Miguel): en el libro se liga antiamericanismo y recuperación de soberanía de manera atemporal, cuando las bases del antiamericanismo eran muy distintas a derecha y a izquierda y bastante más complejas. La aportación relevante es que la diplomacia USA conociera la clave de la valija diplomática española desde 1945, porque sin duda fue una ventaja en las todas las renegociaciones de los acuerdos bilaterales.

10En la etapa que se abre con la muerte de Franco, el autor explica bien la compleja situación geoestratégica mediterránea en 1975. Sin embargo, podría haber prestado más atención a la gestión del embajador norteamericano Frank Carlucci en Lisboa, porque el aprendizaje en la crisis portuguesa guió la acción de Wells Stabler en Madrid. Sorprende que se omita toda la renegociación del acuerdo militar del verano-otoño de 1975, decisiva para entender lo que supuso el Tratado de 1976. Esa vez, a diferencia de lo sucedido en 1963 y en 1968-1970, hubo coordinación entre las FFAA y el Ministerio de Exteriores y la posición española fue muy exigente. Ya se manejaba el elevar los acuerdos a categoría de tratado, recortes en el acceso y uso de las bases y una cooperación bilateral en el marco de las obligaciones norteamericanas en la OTAN. Se pedía garantía de seguridad, una relación más estrecha con la OTAN, un mínimo de 1 500 millones en ayudas o EEUU tendría que reducir su presencia militar. Tan tensa fue la última ronda que los norteamericanos ofrecieron la retirada de los aviones cisterna y abandonar Morón y Torrejón (Ala Táctica 401 y de 2 escuadrones de cazabombarderos Phantom F-4) a cambio de retener las Bárdenas Reales, Zaragoza y Rota (con una retirada escalonada en 9 años de los submarinos nucleares). Sin embargo, el 22 de septiembre de 1975, la salud de Franco, la crisis de los fusilamientos y del Sáhara llevaron al ministro de Exteriores Pedro Cortina a cargarse toda la negociación y firmar el 4 de octubre un acuerdo marco en el que no se recortaba el uso de ninguna instalación y se aceptaba una compensación de 75 millones en donación y entre 400 a 750 millones en créditos. De ahí la frustración de los funcionarios diplomáticos, como señala el autor, pero también del equipo militar negociador, del que formaba parte el General Gutiérrez Mellado. Sin este antecedente es difícil valorar lo que supuso el Tratado de 1976, que en realidad había sido negociado por la dictadura. Los escasos logros y mejoras conseguidos fueron gestos políticos que Areilza solicitó de Washington como apoyo al proyecto de democratización: un Tratado que pasase por el Senado, la conexión indirecta con la OTAN, incrementar las contrapartidas económicas y sacar los submarinos nucleares de Rota antes de 1979. Si Areilza no insistió en la garantía de seguridad fue, seguramente, porque a esas alturas era imposible de conseguir, ya cerrada la negociación y con una situación política interna muy complicada en EEUU, que él debía de conocer bien por haber sido embajador en Washington. Además, como sí señala el autor, ambas partes consideraron el Tratado de 1976 como una medida transitoria hasta la integración de España en la OTAN. Insinuar la vinculación de alguna de las mejoras alcanzadas con la influencia del lobby pro-Israelí norteamericano no tiene —a mi juicio— mucho sentido: la elevación a la categoría de tratado había sido una exigencia española desde la renegociaciones de 1963 y su aprobación por el senado norteamericano resultó muy difícil, como ya explicó Charles Powell.

11En los capítulos siete a once, Morten Heiberg explica la política norteamericana de los gobiernos Suárez y Calvo-Sotelo hasta la renovación de los acuerdos de 1982. Ya sabíamos de los taimados consejos políticos de Henry Kissinger y de la posición del embajador Stabler: apoyar la labor del rey Juan Carlos y del gobierno de Suárez para llegar a una España democrática integrada en la CE y en la OTAN como la mejor fórmula para garantizar los intereses norteamericanos. Pero es interesante la información que proporciona el autor de cómo la llegada de Jimmy Carter a la presidencia en enero de 1977 ablandó la actitud norteamericana —incluida la CIA— con respecto a la legalización del PCE y cómo las instrucciones al nuevo embajador Terrence Todman ordenaban contactar abiertamente con la oposición de izquierdas y relanzar el potente aparato de soft power norteamericano, en particular la diplomacia pública. De ahí que antes de la llegada al poder del PSOE, Washington tuviera un buen retrato de Felipe González y de su círculo.

12El autor insiste en que las tensiones internas de la UCD debilitaron de manera significativa la posición negociadora española respecto a Estados Unidos. Insinúa que había sectores de la UCD muy antiamericanos y contrarios al ingreso en OTAN, pero no indica quiénes los integraban ni su fuerza dentro del partido o del gobierno. En cambio, gracias a los trabajos de Ana Capilla Casco y Gema Pérez Herrera, conocemos que la posición del partido era claramente favorable al ingreso en la OTAN desde 1979. En consecuencia, hasta que se demuestre lo contrario, el factor clave para explicar el retraso de la decisión sobre el ingreso en la Alianza Atlántica sigue Adolfo Suárez y sus cálculos tanto de política interior (temor a romper el consenso político o a dar armas a la oposición) como exterior (libertad de maniobra en políticas regionales, temores a represalias soviéticas vinculadas a terrorismo, etc.). Es improbable que las declaraciones de Oreja en favor de abrir el tema OTAN en el verano de 1980 respondieran a presiones norteamericanas o las divisiones de la UCD. Además de él, su máximo y respetado experto en política de seguridad del Ministerio de Exteriores, Carlos Fernández Espeso, ya recomendaba el ingreso en la OTAN como mejor opción para España en junio de 1979 —Heiberg así lo recoge— y también otras muchos diplomáticos de peso (Juan Durán Loriga, Nuño Aguirre de Cárcer, Gabriel Mañueco, Carlos Robles Piquer, José J. Puig de la Bellacasa), personalidades de UCD (José Pedro Pérez Llorca, Javier Rupérez, Leopoldo Calvo Sotelo), por no hablar de los mandos militares y los altos funcionarios del Ministerio de Defensa. Todos ellos estaban convencidos de que ingresar en la OTAN era el alineamiento coherente para España, proveía —por fin— de la tan deseada garantía de seguridad y recortaba la dependencia de EEUU merced a la definitiva europeización de la política de seguridad. Todos ellos acertaron a ver, además, que la adhesión española a la Alianza Atlántica no alteraba sustancialmente el equilibrio entre bloques, dada la pertenencia de facto de España al occidental. No parecen tampoco tan evidentes algunas afirmaciones del autor: que no había ninguna conexión entre la CE y la OTAN o que el ingreso en la OTAN hacía más complicada la renegociación de los acuerdos hispanoamericanos y menos probable una solución satisfactoria a la reclamación histórica de Gibraltar. Lo ocurrido después de 1982 puso de manifiesto todo lo contrario. En consecuencia, hubiera sido conveniente una evaluación algo más ajustada de la política exterior española entre 1977-1982 y, a falta de documentación, tal vez la historia oral hubiera permitido contrastar alguna de las interpretaciones vertidas.

13Sobre esta etapa, resultan novedosos los datos que el libro aporta acerca de las fricciones bilaterales: las discusiones en el Comité Conjunto bilateral por las excesivas libertades que los norteamericanos seguían tomándose en las bases aprovechando la tradicional permisividad española (reactivación de la base de Morón), el rechazo a firmar el acuerdo de no proliferación, las visitas de barcos de propulsión nuclear a puertos españoles, la desequilibrada balanza comercial bilateral o los retrasos en las compensaciones económicas norteamericanas. También aclara Heiberg la metedura de pata de Alexander Haig en el 23-F, que dio lugar a tantas especulaciones conspirativas.

14El autor estima que el gobierno de Calvo Sotelo cedió en el tema de las relaciones bilaterales a cambio de una integración rápida en la OTAN, lo que llevó a la firma de unos convenios de nuevo muy favorables para EEUU en 1982. La documentación española manejada es sugerente, sin embargo, en su interpretación, al centrarse sólo en la negociación bilateral, pierde de vista que, en el contexto político en que se tomó la decisión, por una cuestión de oportunidad, para el gobierno Calvo-Sotelo era más importante la integración en la Alianza que la negociación bilateral. La debilidad del gobierno hacía difícil una negociación a cara de perro como la que se pudo realizar en 1986-1988, ya entre socios atlánticos y con la cobertura de la tan anhelada garantía de seguridad OTAN. En 1982 coincidieron las prisas españolas por dejar atado el tema atlantista y los deseos norteamericanos de firmar un acuerdo que les asegurase el uso de las bases antes de que los socialistas llegasen al poder. Es cierto que el gobierno Calvo-Sotelo no fue capaz de romper con la inercia de firmar acuerdos similares a los anteriores, tal vez porque, recién salidos de un intento de golpe militar, con la modernización de las FFAA aún por delante (no se veían capaces de hacerse cargo de las bases que pudieran abandonar los EEUU, caso de Morón) y el parón en el tema europeo, seguían otorgando un valor implícito a los convenios en términos de estabilidad política interna y de seguridad hasta que la integración en la OTAN fuera un hecho. Por lo tanto, pudieron considerar que firmaban un acuerdo-puente hasta poder negociar de tú a tú con Washington, como aliados de pleno derecho, tal como Fernández Espejo defendía en solitario desde 1979. De alguna manera, en 1982 no se sintieron empoderados para conseguir un acuerdo entre socios amigos a partir del cual España cediera el uso de instalaciones a la otra parte sin la ecuación ni el regateo de bases por ayuda. Aun así, como última negociación con la lógica de las anteriores, ataron un estatuto jurisdiccional de las fuerzas norteamericanas en España similar a su equivalente OTAN (elaborado por el jurista de la Armada José Duret), estricto control sobre la seguridad y el uso de las bases e instalaciones y sobrevuelos, que debían limitarse a misiones OTAN, a menos que se solicitase autorización expresa. Se prohibía el almacenamiento de armas nucleares en suelo español (también salvo autorización) y el sobrevuelo con armas o material nuclear, además de reglamentar las escalas de los buques con propulsión nuclear. Aunque se comprometieran oralmente —como bien señala el autor— a ser generosos en su aplicación, fue un claro logro legal del que pudo aprovecharse después el gobierno socialista en su estrategia negociadora. También pudieron valorar el impacto que podía tener el paquete de ayudas en el ámbito militar (créditos por valor de 1 697 millones) en un momento de reforma de las FFAA y renovación de equipos. De hecho, la investigación de Heiberg no presta atención a las posiciones del Ministerio de Defensa (Alberto Oliart) en la negociación, ni utiliza los avances de Ángel Luis Linares y de Carlos Navajas Zubeldia sobre el tema. Así mismo no se ha atendido al impacto de las ayudas destinadas al sector científico-técnico, que se ampliaron en 1982 (de 3 a 12 millones anuales) y que tuvieron un impacto modernizador muy relevante desde 1970.

15Es novedosa la información sobre la negativa española a firmar el tratado de no proliferación y el debate que abre sobre el papel diplomático de Juan Carlos I y la posible extralimitación en sus funciones políticas constitucionales. Su intervención en 1982, seguramente amparada en la intensa relación que había mantenido con la embajada y los presidentes norteamericanos en los años en que aún no era un monarca constitucional, sirvió para reforzar las posiciones defendidas por el gobierno y, por lo tanto, no rebasaba ninguna línea roja, pero no está tan claro que sucediera lo mismo en la siguiente negociación.

16Finalmente, últimos cuatro capítulos (del 12 al 15) se ocupan de las relaciones bilaterales en la etapa socialista hasta 1989. La documentación que el autor aporta en este bloque es, probablemente, lo más valioso del libro. El lector hubiese agradecido un breve repaso de la evolución de las posiciones del PSOE en el tema de la alineación internacional de España y, sobre todo, sus propuestas concretas alternativas a la OTAN hasta 1982. Tampoco llega presentarse en ningún momento la evolución de la opinión pública española sobre seguridad entre 1975 y 1986: el autor vuelve a dar por supuesto un antiamericanismo general, pero el escepticismo hacia la OTAN no era tan fuerte a la muerte de Franco. En consecuencia, cabe preguntarse si fueron los errores de los gobiernos de la UCD, la acusada ideologización de los planteamientos antiatlantistas o la utilización oportunista del tema por el PSOE en el desgaste electoral del gobierno en 1981-1982, o todos estos elementos juntos, los que atizaron el antiamericanismo e hicieron aún más difícil a Felipe Gonzalez desde octubre de 1982 la tarea de hacer digerible a opinión pública que la opción atlantista era la que mejor se ajustaba a los intereses generales españoles. Porque, como bien ha señalado M. Arturo Zapico, el inteligente planteamiento del primer gobierno González de «ambigüedad calculada» y europeización del atlantismo con el Decálogo de 1984, que culminó con la arriesgada apuesta del Referéndum de 1986, más que un proceso de maduración y realismo político, fue una maniobra de política interior calculada para convencer no sólo a sus votantes (como sugiere Heiberg pensando en un partido catch-all middle-class), sino sobre todo a sus militantes y a muchos miembros del propio aparato del partido. En ese escenario, la figura de Fernando Morán adquiere tintes casi dramáticos, sobrepasado permanentemente por el Departamento de Internacional de Presidencia de Gobierno y las decisiones independientes de González. Se revela como un peón más de esa gran operación. Heiberg no entra en esta problemática, ni en el papel de personalidades como Miguel Boyer o Narcis Serra, fundamentales para entender el proceso de toma de decisiones sobre el tema OTAN.

17A través de la interesante documentación manejada por el autor se percibe la prudencia de González en 1983, sus gestos tranquilizadores hacia la diplomacia norteamericana, la trascendencia de apoyar a Helmut Kohl en su decisión sobre el despliegue de los euromisiles (incluso contra la opinión de su mentor Willy Brandt) y cómo las principales fricciones con EEUU no se dieron en los grandes temas de política internacional ni en el día a día bilateral sino en el escenario latinoamericano. Se corrobora que este fue un ámbito central de la nueva política exterior socialista que González llevaba tiempo pergeñando, fruto de su actividad y sus contactos en la Internacional Socialista y no de fuzzy notions de Morán, como inicialmente se creyó en Washington. Se trataba de una política ambiciosa, centrada inicialmente en la promoción de la democracia y la paz en torno a Centroamérica, pero con la aspiración de convertirse en uno de los ejes de la nueva política exterior española. Podríamos especular sobre si en esta etapa inicial también pudo servir de contrapeso ideológico a la evolución atlantista.

18El libro muestra cómo Washington dejó de preocuparse muy pronto de posibles veleidades neutralistas o no alineadas de los socialistas españoles. De hecho, intranquilizaban más las ambigüedades y las posiciones de Manuel Fraga, al que hubo que convencer para que pidiese la abstención a sus votantes en lugar de un voto negativo. Queda más que demostrado que las relaciones bilaterales desde la victoria socialista fueron cordiales: el convenio de 1982 se ratificó sin más y las relaciones militares resultaron satisfactorias para las dos partes, como reflejó la compra de 72 aviones F-18 cuyo contrato de mantenimiento se otorgó a la firma española CASA. Son muy jugosos los relatos de las exitosas entrevistas de González con el presidente Reagan y otros altos funcionarios norteamericanas, así como las ajustadas opiniones de los denigrados embajadores Terence Todman y de sucesor Tomas O. Enders. Los pasajes en que reaparece el Rey español también son valiosos; lo mismo que el canal CIA-Julio Feo que se utilizó para hacer llegar la visión de Presidencia de Gobierno directamente a las autoridades norteamericanas, no está claro si para saltarse a la embajada norteamericana o a Fernando Morán. Se confirma el contacto de Betino Craxi, que animó a González a mantener el compromiso con la OTAN, y también la enorme preocupación norteamericana por el resultado del referéndum de 1986, que recomendaron encarecidamente no convocar. La documentación norteamericana ratifica el riesgo asumido por el presidente socialista y cómo esa actitud tan atrevida afectó negativamente a la imagen que de él se tenía en Washington.

19Otra novedad es la información sobre la conexión española en el escándalo Irán-Contra, un complejo affaire de espionaje y venta de armas norteamericanas a través de terceros países —al parecer incluida España— con destino a Irán para favorecer la liberación de rehenes norteamericanos retenidos en Libia, pero también para financiar con sus beneficios ayuda militar para la Contra nicaragüense. Una aportación aún más relevante es la relación vinculada a la lucha antiterrorista que se estableció a partir del verano de 1985, y ya con Francisco Fernández-Ordóñez como ministro de exteriores, entre los servicios de inteligencia de ambos países. Al parecer comenzó por los temores a represalias contra embajadas españolas por el reconocimiento del Estado de Israel, pero sin duda continuó después.

20El último capítulo del libro aborda la renegociación del acuerdo bilateral. Como señala el autor, se realizó una vez cerrada la inserción en la CE, ganado el referéndum OTAN y las elecciones de 1986, con un gobierno que había conseguido unidad de acción exterior. Habría que añadir que esto último fue en parte consecuencia del proceso de presidencialización de la política exterior, una vez neutralizado el escollo que en 1981 había supuesto la situación de las FFAA y en un momento en que la Guerra Fría había vuelto a suavizarse. Con este panorama, la capacidad negociadora era muy superior a la situación de 1982 y pudo centrarse en una única prioridad de carácter político: la reducción de la presencia norteamericana en tiempo de paz, con su salida de Torrejón de Ardoz —todo un símbolo— y de Zaragoza, prometida desde el Decálogo de 1984. Del otro lado, EEUU tenía poco que ofrecer a un país que podía obtener créditos de sus nuevos socios europeos y disfrutaba de la garantía de seguridad OTAN. El libro de Heiberg refleja muy bien el descoloque norteamericano ante la inflexibilidad de la postura española. Sus contraofertas tenían una lógica distinta, militar, de seguridad, sopesando costes de traslado y el efecto dominó sobre otras negociaciones similares en marcha (Filipinas, Grecia, Portugal). Tardaron mucho en comprender que, esta vez, tenían todas las de perder. En consecuencia, el acuerdo al que se llegó en enero de 1988 (firmado en diciembre para 8 años) fijaba un techo muy recortado de personal civil y militar norteamericano que iba a servir en dos únicas bases, Rota y Morón (allí se trasladaron los aviones cisterna de la base de Zaragoza). A cambio, se produjo un retroceso en el control sobre la presencia de armas nucleares en territorio español. El siguiente paso fue la adhesión de España al Tratado sobre la no proliferación. En todo caso con el nuevo Convenio de Cooperación para la Defensa firmado se puso fin al tipo de relación quid pro quo establecida desde 1953, como bien señala el autor. De hecho, fue el punto de partida para una relación más estrecha en términos políticos, como se demostró durante la presidencia de George H. W. Bush y, de manera simbólica, con el nombramiento del socialista Javier Solana como Secretario General de la OTAN pocos años después.

21En conjunto, el libro aporta documentación novedosa para los estudiosos de las relaciones hispano-norteamericanas y deja claro que aún quedan muchos temas abiertos en el periodo abierto en 1975. No se han investigado las relaciones económicas, ni qué impacto tuvieron las ayudas y las líneas de crédito concedidas en los acuerdos de 1976, ni el resto de las conexiones culturales, científico-técnicas, la modernización militar, etc. Nada se sabe de ayudas a partidos políticos o sindicatos durante la democracia y tal vez merecería profundizar en la actuación de alguno de los embajadores norteamericanos, del Rey y, particularmente, en el proceso de toma de decisiones de los distintos gobiernos españoles. Un largo camino salpicado de obstáculos en la parte española por la nefasta política de gestión de los archivos históricos en España que, esperemos, cambie pronto.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Rosa Pardo, « Morten Heiberg, U.S.-Spanish relations after Franco, 1975-1989. The will of the weak », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 50-1 | 2020, mis en ligne le 19 mars 2020, consulté le 07 juillet 2020. URL : http://journals.openedition.org/mcv/12984

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