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Miscellanées

Comercio, conflicto militar y violencia legal

La Diputación de Aragón ante las marcas del Béarn y las guerras hispano-francesas (1514-59)
Commerce, conflit militaire et violence juridique. La Diputación de Aragón face aux représailles du Béarn et aux guerres franco-espagnoles (1514-59)
Trade, military conflict and legal violence: the Diputación de Aragón in the face of Bearn’s retaliations and Hispano-French wars (1514-59)
José Antonio Mateos Royo
p. 219-239

Résumés

Cet article analyse, à travers la politique de la Diputación d’Aragon entre 1514 et 1559, la capacité des institutions représentatives régionales en Europe au début de l’ère moderne à protéger le commerce extérieur sur leur territoire. La gestion de la Diputación était suffisamment financée et soutenue politiquement par les élites dirigeantes régionales dans la défense de leurs intérêts économiques. Alliant cohérence, régularité et flexibilité, sa stratégie a permis de modérer les restrictions croissantes de la monarchie hispanique sur les échanges entre l’Aragon et la France. Avec la coopération des autorités royales du Béarn, il a fait disparaître les embargos sur les marchandises entre les marchands aragonais et béarnais en favorisant les médiations, les restitutions de marchandises et les résolutions simplifiées des conflits judiciaires.

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Texte intégral

  • 1 Este estudio se inserta dentro del proyecto de investigación PGC2018-097683-B-100.
  • 2 Rao, Supphellen, 1996.
  • 3 Legay, Baury (eds.), 2009.
  • 4 Fernández de Pinedo (ed.), 1990; García Sanz, Ruiz Martín (eds.), 1991.
  • 5 Martín Corrales, 2001; Planas, 2001-2002; Kaiser, Moatti (eds.), 2007; Martínez Porres (dir.), 200 (...)
  • 6 Poumarède, 1989; Poujade, 1998; Brunet, 2002. Las provincias vascas de Vizcaya, Guipúzcoa y Labour (...)

1El presente artículo estudia a través de un caso concreto la política practicada por significativas instituciones públicas representativas a escala regional durante los inicios de la Edad Moderna en Europa para proteger el comercio exterior de su territorio, afectado por conflictos militares entre Estados o legales entre particulares residentes en distintos Estados1. Frente a la atención preferente que la historiografía española e internacional ha prestado a la actuación del Estado en la Europa Moderna, estimada decisiva para asegurar la supremacía política y económica mundial de este continente, aboga por una mayor reflexión sobre la influencia de estas instituciones que permitían a delegados de diversos estamentos sociales ejercer competencias legislativas y administrativas sobre una determinada entidad política al erigirse en sus representantes. En una Europa donde el predominio de las monarquías compuestas sobre los gobiernos absolutistas y parlamentarios propiciaba que los nuevos poderes estatales y las viejas instituciones representativas retuvieran un control político y económico parcial sobre amplios territorios, esta valoración resulta compleja2. Dichas instituciones representativas podían desempeñar un papel mediador incluso en monarquías absolutas como la francesa, cooperando con el Estado durante el lento avance de la centralización política3. En territorios periféricos gobernados por monarquías compuestas como la hispánica, utilizaron su peculiar marco político y legal para preservar una política económica autónoma. Instituciones representativas regionales como las Cortes o las Diputaciones no sólo lograron así moderar sus aportaciones fiscales al Estado español4, sino negociar con este la regulación de relaciones comerciales con territorios considerados enemigos, como las sostenidas por Cataluña, Valencia y Mallorca con el Mediterráneo musulmán5. A nivel comarcal, comunidades de valles catalanas y aragonesas sitas en los Pirineos centrales pactaron incluso acuerdos de «lies et passeries» con sus homólogas francesas entre los siglos xiii y xvii para resolver pacíficamente litigios, fomentar el libre comercio e incluso eludir los daños causados por los ejércitos durante las guerras sostenidas entre Francia y España6.

  • 7 Sesma Muñoz, 1977, pp. 32-60, 101-175; Jarque Martinez, Salas Ausens, 2001-2002, pp. 303-307, 327- (...)

2Con estos objetivos, se ha elegido analizar el reino de Aragón como territorio autónomo dotado de leyes e instituciones propias que durante el reinado de Carlos V (1516-56) se adscribe al naciente imperio español que gobernaba las tierras americanas conquistadas y diversas posesiones europeas ligadas a la Casa de Austria. Y estudiar la Diputación de Aragón por las amplias atribuciones políticas asumidas desde el siglo xv: representación del reino y salvaguarda de sus leyes, su pacificación y defensa. El peso de los grupos privilegiados entre sus ocho miembros —dos por cada estamento representado en Cortes: alta y baja nobleza, clero y ciudadanos— aseguró la salvaguarda de los intereses de las elites frente a la monarquía. Su actuación fue respaldada por significativos ingresos, superiores a los disponibles para la hacienda real en Aragón y basados en los aranceles de entrada y salida de mercancías cobrados en las fronteras7. Como política abordada por esta institución representativa, se tratará la preservación del comercio entre Aragón y Francia, reduciendo las restricciones dictadas por la monarquía hispánica y extinguiendo las marcas que recaían sobre los comerciantes aragoneses y bearneses que transportaban mercancías en ambos sentidos.

  • 8 Boissonnade, 1893, p. 429.

3La evolución de ambos conflictos comerciales en el siglo xvi vino condicionada por la invasión del reino de Navarra en julio de 1512 ordenada por Fernando el Católico, seguida de su proclamación como rey por las Cortes de Navarra en marzo de 1513 y la incorporación de dicho reino a la Corona de Castilla en junio de 1515. Confinado su poder a sus posesiones en el lado francés de los Pirineos (Baja Navarra, vizcondado de Béarn, condados de Bigorra y Foix), la dinastía de Albret negoció un acuerdo con la Diputación y el virrey de Aragón en septiembre de 1514 para restablecer el comercio entre Aragón y sus dominios, saldando las diferencias derivadas de robos y destrozos durante la guerra de anexión8. Estas transacciones se vieron afectadas por los conflictos militares entre Francia y España (1521-29, 1536-38, 1542-44, 1552-59) al considerar la monarquía hispánica a los súbditos de la dinastía Albret como franceses.

  • 9 Tucoo-Chala, 1958, p. 116; Carrère, 1974; Calvo Panzano, 1987; Laliena Corbera, 2016, pp. 221-228.
  • 10 Gómez Zorraquino, 1986, pp. 253-257 y 1987, pp. 91-93. Sobre el comercio de pastel, Desportes Biel (...)

4Dichas tensiones militares afectaron parcialmente a unas profundas relaciones comerciales entre Aragón y el Béarn derivadas de su complementariedad, en claro aumento desde mediados del siglo xiv9. Aragón exportaba a Francia y al Béarn gran número de materias primas tales como lana, trigo, vino, aceite, sal y azafrán; pero escasas manufacturas, en su mayoría tejidos bastos como el cordellate y las estameñas. La lana, principal artículo exportado, vio crecer su demanda al consolidar Toulouse una poderosa industria textil en la segunda mitad del siglo xvi. La exportación de trigo se afianzó ante el déficit endémico que padecía la producción del Béarn. La de azafrán alcanzó los mercados de Lyon. Aragón importaba ganado caballar y porcino del Béarn en años de necesidad; pero con mayor regularidad tejidos finos y productos de lujo, materias minerales, especias y colorantes procedentes del sur de Francia. El pastel, colorante producido en Toulouse y utilizado con profusión en la industria textil, era el producto más demandado no sólo para el consumo propio, sino para ser redistribuido desde Zaragoza a otras ciudades de la Península Ibérica10.

El comercio entre Aragón y Francia en tiempos de guerra

  • 11 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (ADPZ), Actas de la Diputación del Reino (ADR), ms (...)
  • 12 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. I, p. 26.

5Durante el reinado de Carlos V, las tensiones entre la Diputación y la monarquía hispánica a cuenta del tráfico comercial entre Aragón y Francia se intensificaron. Con motivo del primer conflicto bélico (1521-29), los representantes reales intentaron impedir que Francia obtuviese mercancías aragonesas o españolas —armas, caballos— de interés militar. Gobernador de Aragón, mosén Carlos de Pomar prohibió su exportación y ordenó su incautación a mercaderes franceses en el verano de 1523, apelando a su jurisdicción como Capitán de Guerra11. Creado por las Cortes aragonesas mediante el fuero «Quod Dominus rex» en 1367, este cargo era designado por el rey ante su ausencia de Aragón, Cataluña y Valencia o incapacidad en tiempos de guerra y su actuación venía limitada a asuntos militares12.

  • 13 ADPZ, ADR, ms. 117, fo 30ro.
  • 14 ADPZ, ADR, ms. 117, fos 36ro-vo.
  • 15 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. I, p. 28.

6Como respuesta, la Diputación comunicó al gobernador en octubre que su actuación como Capitán de Guerra quebraba los fueros o leyes del reino y asumía competencias que consideraba suyas. La prohibición de algunos productos resultaba doblemente ilegal al no haber sido aprobada en Cortes13. Al mes siguiente, envió una embajada al emperador Carlos V para insistir en la necesidad de que el Capitán de Guerra pueda «tan solamente ejercer su oficio en las cosas tocantes a la guerra y no en otras directamente ni indirecta14». Para evitar nuevos litigios, las Cortes celebradas en 1528 establecieron que el Capitán de Guerra sólo tenía jurisdicción en tiempo de guerra, y sobre personas y cosas relativas a la guerra15.

  • 16 Archivo General de Simancas (AGS), Sección Estado (SE), leg. 303, no 24; ADPZ, ADR, ms. 688, fos 7 (...)

7La proclamación de dicho fuero agudizó el conflicto jurisdiccional al generar dos interpretaciones opuestas. Instituciones defensoras de las limitaciones al poder real impuestas por los fueros, como la Corte del Justicia de Aragón o la Diputación, entendían que la jurisdicción del Capitán de Guerra venía restringida por la aplicación simultánea de las tres características. Cargos e instituciones que representaban o asesoraban a la monarquía hispánica sobre temas aragoneses, como el abogado fiscal, doctores de la Real Audiencia o regentes del Consejo de Aragón, sostenían por el contrario que dicho Capitán podía ejercerla si se daba una sola de las tres circunstancias con independencia de las otras16. Como denunciaban los fueristas, esta interpretación más laxa del fuero permitía al virrey o gobernador una intervención mucho más regular que afectaba a muchas más materias y personas que la anterior.

  • 17 AGS, SE, leg. 303, no 24.
  • 18 ADPZ, ADR, ms. 144, fos 38ro-39ro.

8La prohibición de exportar caballos a Francia suscitó especial oposición entre los aragoneses por tratarse de un intercambio tradicional. El virrey apeló en 1536-38 y 1542-44 a sus prerrogativas como Capitán de Guerra para incautarse caballos que iban a ser exportados de Aragón a Francia y perseguir a sus dueños como contrabandistas, extendiendo sus actuaciones a los períodos de paz17. Pese a la protesta expuesta a Carlos V ya en 1523, la Diputación intervino excepcionalmente en este litigio para defender los derechos del arrendatario de tasas aduaneras. Obligó así en 1538 a Jerónimo Baguer, procurador de un comisario real, a devolver a dicho arrendatario un caballo incautado en Jaca previamente embargado por este debido al impago de aranceles18.

  • 19 Los naturales, residentes o habitantes de Aragón, si veían amenazada su integridad física o creían (...)
  • 20 AGS, SE, leg. 303, no 24. El abogado fiscal y los Regentes de la Audiencia solicitaron sin éxito a (...)
  • 21 AGS, SE, leg. 303, no 24.
  • 22 Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Real Cancillería, reg. 3991, fos 4ro-5ro.
  • 23 Colas Latorre, Salas Ausens, 1982, pp. 447-450.

9Estas actuaciones del virrey encontraron la firme oposición de la Corte del Justicia de Aragón desde 1542. Presidido por el Justicia, este tribunal colegiado debía velar por el cumplimiento de los fueros y dirimir los conflictos entre la monarquía y sus súbditos. En varias ocasiones, el Justicia liberó a presos en la cárcel del virrey acusados de contrabando de caballos tras acogerse estos al privilegio «de manifestación»19. En julio de 1548, mandó a sus lugartenientes y guardias romper las puertas de esta para liberar a Martín de Campodarbe, acto que la Diputación justificó ante Carlos V culpando al virrey20. Amén de obtener causas y pruebas suficientes para su detención, el emperador Carlos V y el príncipe Felipe aconsejaron en septiembre de 1548 al virrey Pedro Martínez de Luna, conde de Morata, nuevos métodos para evitar la apelación a dicho privilegio: instalar la cárcel del Capitán de Guerra en el palacio real de la Aljafería en Zaragoza, trasladar a los presos allí por caminos escondidos y utilizar a alguaciles u oficiales del Santo Oficio para detenerlos21. En febrero de 1549 añadieron una mejor vigilancia de los puertos de los Pirineos para capturar a los contrabandistas in fraganti y castigarlos in situ según los fueros del reino22. La quiebra de dicho privilegio en 1555 y 1556 por el nuevo virrey castellano Hurtado de Mendoza al ajusticiar a dos contrabandistas de caballos desató una reacción más firme de la Diputación: elevó quejas a la Corte real e informes al Consejo de Aragón, órgano consultivo de la monarquía sobre temas relativos a la Corona de Aragón, y promovió acciones legales contra los culpables ante la Corte del Justicia de Aragón. El violento motín popular que estalló en Zaragoza tras el segundo caso forzó a la monarquía a retirar al virrey, dejando el puesto vacante diez años23.

  • 24 AGS, SE, leg. 303, no 24.
  • 25 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. I, p. 405.
  • 26 ACA, Real Cancillería, reg. 3991, fos 103vo, 124ro y reg. 4011, fos 101ro-106ro.
  • 27 Colas, Salas, 1982, pp. 208-220.

10Ante el distanciamiento de las posiciones realistas y fueristas, la jurisdicción del Capitán de Guerra no fue precisada por ningún otro fuero durante el siglo xvi. Al tratar la liberación de Martín de Campodarbe, el príncipe Felipe comentó que la monarquía hispánica habría obtenido de las Cortes aragonesas en 1548 que el Capitán de Guerra pudiera castigar a los contrabandistas de caballos en todo momento si hubiera aceptado a cambio que sus competencias sólo fueran efectivas una vez pregonada la guerra, sin poder actuar sobre otras materias en tiempo de paz24. Sólo en 1564 el ya rey Felipe II logró que las Cortes aprobasen un fuero que prohibía exportar rocines y yeguas de Aragón a cualquier territorio, alegando su escasez25. Para atenuar los problemas legales del virrey al combatir el contrabando, Carlos V dictó en enero de 1554 una pragmática que reguló la venta, posesión y transporte de caballerías por territorio aragonés próximo a Francia, revisada en los años siguientes26. Ambas medidas no pudieron contener el paso de caballerías de Aragón a Francia en la segunda mitad del siglo xvi27.

  • 28 AGS, SE, leg. 306, no 27.
  • 29 Salas Ausens, 2009, p. 95
  • 30 AGS, SE, leg. 306, no 200 y no 401 y leg. 397, no 287.
  • 31 AGS, SE, leg. 306, no 27.
  • 32 ACA, Real Cancillería, reg. 3991, fo 103vo.

11Con motivo de las guerras de 1536-38 y 1542-44, la monarquía hispánica ordenó a los virreyes de Aragón prender a todos los franceses existentes en el reino, apoderarse de sus bienes y proceder a su expulsión28. La negativa del zalmedina de Zaragoza, jefe de policía y juez de asuntos criminales, a cumplir esta orden le costó su encarcelamiento en 1536 a instancias de Beltrán de la Cueva, virrey castellano29. La monarquía retomó estas medidas en septiembre de 1551, tras haber sido detenidos estudiantes españoles en Toulouse por las autoridades francesas30. Su aplicación por el conde de Morata en los meses siguientes discriminó según status social y profesiones, suscitando menos oposición de instituciones y oficiales regnícolas. Al ser residentes permanentes, exigió fianzas a los franceses casados o dedicados al comercio tras investigar sus bienes. Como se obró en 1536 y 1542, dispuso la conducción de pastores y molineros hasta Francia por su utilidad para la economía aragonesa. Al haber huido ya muchos ante el rumor de la guerra inminente, el virrey sólo logró detener a unos cien franceses solteros. A cambio de permanecer en Aragón, les obligó a trabajar en las obras de la Acequia Imperial para abaratar su construcción31. Nuevas órdenes del rey Carlos V cursadas en diciembre de 1554 al virrey castellano Diego Hurtado de Mendoza insistieron en «limpiar el reino de gascones», aquellos inmigrantes franceses con menor cualificación y arraigo, que solían circular como meros transeúntes32.

  • 33 ADPZ, ADR, ms. 683, fos 20ro-vo.
  • 34 ADPZ, ADR, ms. 683, fos 9vo-10vo.
  • 35 AGS, SE, leg. 306, no 200 y leg. 307, no 287.
  • 36 ADPZ, ADR, ms. 689, fo 66ro.

12A principios de 1543, el conde de Morata prohibió como Capitán de Guerra todo comercio entre Aragón y Francia junto con el Béarn, cerrando todos los puertos de la frontera y enviando comisarios para incautarse las mercancías de los comerciantes franceses en tránsito por Aragón. Las inmediatas protestas de la Diputación lograron la devolución de bienes incautados en ciertos territorios fronterizos; pero no la anulación de la orden, que era aplicada en otros33. Junto a la falta de jurisdicción del virrey, adujo los perjuicios causados al comercio y a sus ingresos a través de los aranceles aduaneros, según testimonio de su arrendatario. Proclamó en febrero un guiaje que protegía a todos los mercaderes extranjeros en tránsito, pregonado con énfasis en las principales villas del Pirineo34. Solución pactada, el virrey ordenó dejar dos o tres puertos abiertos (de los cinco principales existentes); pero prohibió a todo francés rebasar la primera localidad en suelo aragonés que alcanzase una vez superado el puerto, bajo pena de perder sus mercancías35. Esta concesión real requirió que la Diputación negociase con Carlos V los términos de la provisión real firmada en Blanes en mayo de 1543, que ampliaba las mercancías cuya exportación a Francia quedada prohibida en Aragón36.

  • 37 AGS, SE, leg. 306, no 200 y leg. 307, no 287.
  • 38 ADPZ, ADR, ms. 688, fos 68ro-69vo.

13Al avecinarse una nueva guerra con Francia, en septiembre de 1551, la monarquía hispánica estaba dispuesta a permitir la apertura de ciertos puertos de montaña y el acceso de los comerciantes franceses hasta la primera localidad aragonesa a la que llegasen, como había actuado en 154337. Sin embargo, estallado el conflicto, el conde de Morata decretó en marzo de 1552 como virrey de Aragón el cierre de todos los puertos activos entre Aragón y Francia, así como ordenó a sus comisarios ocupar todas las mercancías que los mercaderes franceses transportasen en ambas direcciones38.

  • 39 ADPZ, ADR, ms. 688, fos 68 ro-69vo, 72vo-73ro, 75ro-76vo.
  • 40 ADPZ, ADR, ms. 688, fos 77ro-78ro, 82ro-86ro, 127vo-129ro.
  • 41 ADPZ, ADR, ms. 689 fos 65ro-69vo.

14La Diputación rechazó de inmediato esta ampliación de las atribuciones del Capitán de Guerra39. Una consulta a los abogados del reino en abril de 1552 ratificó este parecer, avalando la competencia de la Diputación para proteger el libre tránsito de mercancías por Aragón mediante un guiaje, pregonado a fines de ese mes. A petición del virrey, suspendió su aplicación en mayo para negociar una solución con el príncipe Felipe40. Por consejo de estos abogados, la Diputación se asesoró en enero de 1553 con un amplio grupo de letrados aragoneses, quienes corroboraron su capacidad para guiar las mercancías de extranjeros, incluso en períodos de guerra entre Francia y España41.

  • 42 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 11ro-vo, 65ro-70vo.
  • 43 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. II, p. 352.
  • 44 Id., t. I, pp. 370-378.

15En su escrito destinado a los cuatro brazos representados en las Cortes redactado en julio de 1552 y en su carta remitida al príncipe Felipe en enero de 1553, junto al usual respeto a la legislación foral, la Diputación añadió argumentos económicos para oponerse al cierre de los puertos42. Su contenido indica que la exportación de moneda aragonesa y castellana de oro y plata a Francia, donde gozaba de mayor apreciación en el mercado que en España, había propiciado esta decisión real. Las Cortes aragonesas de 1547 ya aprobaron un acto de corte que prohibía la extracción de lingotes de oro desde Aragón hacia Francia y el Béarn43. Al apercibirse de que el comercio exterior generaba déficits, las Cortes de 1552 dictaron una ley que restringía el consumo de tejidos de lujo en función del status social y otra que prohibía la exportación de cueros para favorecer su trabajo en Aragón44. La Diputación combatió en su carta al príncipe las críticas a las importaciones francesas por superfluas o generadoras de pérdidas de moneda, indicando que aportaban telas, mulas, ganados de labor y otras mercancías necesarias para el consumo diario. Afirmó incluso que Aragón obtenía una balanza comercial favorable con Francia gracias al mayor valor de sus exportaciones frente a sus importaciones:

  • 45 ADPZ, ADR, ms. 689, fo 66vo. La información recogida en libros contables de las aduanas aragonesas (...)

A trueco del comercio, ningún dinero se passa porque más vale lo que de acá va allá en lanas, çafranes y cueros que no lo de allá al encuentro viene para acá. Y el dinero no se saca por aquí al encuentro de los comercios, sino por los generalistas y por los mercaderes ytalianos, alemanes y flamencos. Contra los quales es menester se provea otro mejor castigo y remedio que este45.

  • 46 ADPZ, ADR, ms. 688, fo 129ro.
  • 47 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 66ro-vo.
  • 48 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 60ro-61vo.
  • 49 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 96ro-97ro.

16Tras rechazar en mayo de 1552 la concesión de licencias de exportación a particulares por el virrey, recurso utilizado en Cataluña46, la Diputación reiteró así al príncipe Felipe en enero de 1553 su voluntad de asegurar el libre tránsito de mercancías. Pero estaba dispuesta a excluir aquellas cuya exportación fuera prohibida por los fueros y otras que convinieran a la monarquía, añadiendo algunas de las citadas en 1543 en la provisión real de Blanes, como había hecho en el pregón de guiaje proclamado dos días antes47. Amparada por la crisis agrícola sufrida en Aragón, prohibió en dicho pregón exportar a Francia, Béarn o Gascuña no sólo pólvora, artillería, caballos, armas y cueros curtidos sino también cereales, ganados, vino, aceite y cáñamo. Aunque garantizó los viajes de los mercaderes extranjeros, a los franceses, bearneses y gascones sólo les permitió entrar hasta la primera villa o lugar pasado el puerto fronterizo48. Al constatar que dicho pregón promovía el contrabando de estas mercancías hacia los territorios vetados, designó a un diputado para recabar información y castigar a los responsables49.

  • 50 Gómez Zorraquino, 1986, p. 255; Desportes Bielsa, 1999, pp. 76-82. Gracias a la redistribución del (...)
  • 51 ADPZ, ADR, ms. 176, fos 40vo-41vo, y ms. 180, fos 43ro-44vo.
  • 52 ADPZ, ADR, ms. 180, fos 83vo-84ro.
  • 53 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. I, p. 443.

17Durante los años de guerra siguientes, si bien las prohibiciones de exportación aprobadas por las Cortes seguían vigentes, la Diputación levantó las vedas temporales que recaían sobre el vino o el aceite, al cesar su escasez. Mantuvo las que pesaban sobre cereales y ganados, pero afectando a todos los reinos limítrofes. Actitud favorecida por la deposición de Hurtado de Mendoza como virrey en 1556, facilitó la asistencia de los mercaderes franceses a ferias celebradas en ciudades y villas del norte del reino como Huesca, Barbastro y Sariñena: su emplazamiento a medio camino entre Zaragoza y Toulouse propiciaba las transacciones entre mercaderes franceses y aragoneses, así como la actividad de las compañías mercantiles mixtas orientadas a exportar la lana aragonesa a Francia o el pastel tolosano a Aragón50. La Diputación defendió así en septiembre de 1556 y agosto de 1557 el derecho de los mercaderes franceses, bearneses y gascones a vender sus paños y tejidos en las ferias de Barbastro, pese a los pregones contrarios dictados por el municipio51. En noviembre de 1557, confirmó la validez de sus guiajes para proteger de toda marca a mercaderes bearneses que volvían de asistir a la feria de Huesca52. En esta línea, sellada la paz entre España y Francia en 1559, las Cortes de 1564 derogaron la prohibición de exportar cueros, que no fue repuesta hasta 159253.

La extinción de las marcas entre Aragón y el Béarn

  • 54 La mayor parte de trabajos de referencia sobre este tema fueron realizados durante las últimas déc (...)

18Práctica consuetudinaria asociada a la venganza privada en Europa occidental ya en la Alta Edad Media, las marcas o represalias fueron aplicadas por las autoridades públicas en Italia, Francia y la Corona de Aragón en la segunda mitad del siglo xii para extenderse a otros Estados de la Europa mediterránea en la centuria siguiente, adquirir su mayor auge durante la Baja Edad Media y decaer en el siglo xvi. Suponían una respuesta jurídica a la carencia de normas legales reconocidas internacionalmente que garantizasen la circulación de bienes y personas en la Europa medieval. Muchas disputas entre particulares —sobre todo, comerciantes— de distinto origen geográfico se atascaban ante la lentitud del procedimiento judicial y el rechazo de la sentencia por los infractores al ser dictada por un tribunal de otro Estado. Si consideraban lesionados los derechos de sus súbditos o ciudadanos, las autoridades políticas o judiciales de un territorio podían concederles la marca o derecho a incautarse por la fuerza de bienes pertenecientes a extranjeros de la nación del infractor para resarcirse de sus pérdidas. Esta medida presuponía que estos extranjeros podían obtener justicia más fácilmente ante sus propios tribunales que el dueño de la marca mediante la condena del infractor. Si consideraban la aplicación de la marca injusta, las autoridades públicas de este segundo territorio podían otorgar contramarcas a los nuevos agraviados, generándose un ciclo de represalias que entorpecían el comercio y favorecían la comisión de delitos. Desde fines del siglo xiii, la regulación de las marcas en la Europa mediterránea incluyó limitaciones en su uso y arbitrajes entre los Estados afectados para ponerles fin indemnizando a los perjudicados, generalmente mediante impuestos temporales pagados por los comerciantes que transitasen entre uno y otro territorio54.

  • 55 Sesma Muñoz, 1977, pp. 272-277.

19Al promover la extinción de las marcas entre Aragón y el Béarn, la Diputación culminó durante el reinado de Carlos V el objetivo ya asumido por las negociaciones con el reino de Navarra sobre dicho tema iniciadas en los años previos a su conquista por Fernando el Católico en 1512. Si el interés real en reducir la influencia de Francia en Navarra promovió la resolución pacífica de litigios comerciales para evitar represalias, que perjudicaban a navarros, bearneses y bigorreses más que a los aragoneses, la Diputación auspició desde 1499 reuniones entre sus representantes y los reyes de Navarra o sus delegados al efecto. Si en un principio adelantó las indemnizaciones cargadas a súbditos aragoneses, a quienes luego las reclamaba, desde 1505 compensó con sus fondos a comerciantes extranjeros a quienes no se pudo restituir sus bienes55. La anexión de Navarra en 1512 no obstaculizó esta política que, entre todas las posesiones ultrapirenaicas de la dinastía Albret, afectó sobre todo al vizcondado de Béarn y sólo ocasionalmente al condado de Bigorra.

  • 56 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. I, p. 47. Sobre su aplicación bajo el reinado de Fernando (...)
  • 57 Véase estos guiajes en ADPZ, ADR, ms. 155, fos 41ro-vo, 52vo-53vo, 83vo-86ro; ms. 120, fos 13ro-14 (...)

20Medida recogida en el fuero «De officio Diputtatorum Regni Aragonum» aprobado en 1461 por las Cortes y practicada bajo Juan II y Fernando el Católico56, la Diputación mandó pregonar bajo el reinado de Carlos V guiajes garantizando el tránsito de los mercaderes extranjeros, criados o factores y de sus mercancías por Aragón. Tornaba así ilegal todo daño generado por actos de delincuencia o la aplicación de marcas contra dichos extranjeros. Ante su comisión, la Diputación podía intervenir judicialmente por vía civil o criminal. Su proclamación solía venir provocada por el recrudecimiento de las marcas o al estallido de guerras entre España y Francia. En ocasiones, protegían a ciertos mercaderes bearneses a petición propia, como los solicitados por Joan y Peres Domech en noviembre de 1522 o Guallart y Jordán de Portet en enero de 1523, poco después de que Enrique II fracasase en 1521 al intentar anexionarse la Alta Navarra con la ayuda militar del rey Francisco I de Francia57.

  • 58 Sesma Muñoz, 1977, p. 474; Navarro Espinach, 2016, pp. 249-251.
  • 59 Este municipio aún imponía impuestos y represalias a mercaderes catalanes a fines del primer terci (...)

21Bajo Carlos V, la Diputación resolvió con más agilidad las marcas que afectaban a mercaderes bearneses. Esta mayor eficiencia parece venir facilitada por la menor intromisión del municipio de Zaragoza. La Diputación no gestionó durante este período marcas ni otras actuaciones legales agresivas avaladas por dicho municipio contra mercaderes bearneses, como las practicadas entre 1470 y 1506. Tampoco elevó al rey quejas similares a las efectuadas en diciembre de 1505 por haber aplicado dicho municipio desde hacía veinte años impuestos indiscriminados a los mercaderes bearneses sobre el valor de sus mercancías al introducirlas estos en Aragón58. Fruto de la colaboración mostrada por las autoridades reales del Béarn, sus mercaderes se vieron libres de represalias y tributos dictados por dicho municipio antes que los catalanes59. Con esta estrategia, la Diputación facilitaba acuerdos pacíficos entre los litigantes que excluyeran de toda represalia al resto de sus compatriotas comerciantes.

  • 60 ADPZ, ADR, ms. 679, fos 15ro-16vo, ms. 129, fos 37vo, 38ro, 56vo-57ro.
  • 61 ADPZ, ADR, ms. 155, fos 82vo-83 vo, 84ro-vo, 85vo-86ro, 87ro-88vo.
  • 62 Así sucede con los vecinos de la villa y el valle de Hecho en 1521. Véase ADPZ, ADR, ms. 113, fo 1 (...)

22Procedimiento habitual, tras escuchar las quejas de mercaderes bearneses relativas a que súbditos aragoneses les habían aplicado marcas y arrebatado sus bienes, la Diputación enviaba a su portero o delegado a la localidad donde estas se retenían para lograr su devolución o incautarse de bienes propiedad de los responsables por un valor equivalente con que indemnizar a dichos mercaderes60. Si el Justicia, alcalde o jurados lideraban las represalias, como sucedió excepcionalmente en villas pirenaicas cercanas a la frontera —Biescas, Jaca y Aínsa en marzo de 1523—, la Diputación les recriminaba su actitud y mandaba entregar los bienes incautados a su portero. Si estos oficiales mantenían a dichos mercaderes presos, les ordenaba comparecer ante dicha institución en breve plazo para explicar su actitud. Informaba de sus gestiones al senescal o gobernador del Béarn, su principal interlocutor sobre estos temas en dicho territorio, para frenar toda represalia61. En ocasiones, los vecinos debían pagar mediante cuotas las deudas y costas derivadas de sus actos, acordadas entre un delegado designado por la Diputación y otro por el senescal del Béarn62.

  • 63 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 99ro-100vo; ms. 191, fos 64vo-66ro.
  • 64 ADPZ, ADR, ms. 155, fo 87vo.

23La Diputación no sólo buscaba así mantener la paz y el comercio en Aragón como bien común, sino preservar su principal fuente de ingresos: los aranceles cobrados en la frontera, arrendados a un particular durante un trienio. Si las marcas obstaculizaban el comercio con Francia, dicho arrendatario reclamaba a la Diputación una solución o indemnización por las pérdidas63. Causaban especial daño si afectaban al tránsito de mercaderes franceses hacia las tres mayores ferias celebradas en el norte de Aragón citadas. La Diputación se quejó así al Justicia de Biescas en 1523 de que la menor asistencia de estos mercaderes a la feria de Sariñena generada por sus represalias había acarreado a dicho arrendatario unas pérdidas superiores a 200 ducados64.

  • 65 ADPZ, ADR, ms. 679, fos 25ro-vo.
  • 66 Sesma Muñoz, 1977, pp. 271-272. La monarquía navarra, al concebir las marcas como competencia excl (...)
  • 67 ADPZ, ADR, ms. 141, fos 11ro-vo.
  • 68 ADPZ, ADR, ms. 154, fos 19ro-vo.

24Como contrapartida, la Diputación requirió que las principales autoridades reales del vizcondado de Béarn colaborasen en la preservación del comercio. En abril de 1519 protestó así ante mosén Menant, gobernador de Mauleón de Sola, porque los nobles de su Audiencia no escucharon los testimonios y pruebas del aragonés Pere Arnaut que demostraban que sus mercancías habían sido incautadas injustamente al ser tiempo de paz y no de guerra, como afirmaba la parte contraria. Amén de reclamar justicia, indicó a mosén Menant que debía devolver las fianzas que había exigido a Pere Arnaut, dado que una concordia anterior aceptada por ambas partes con mediación de la Diputación estableció que no se le podían cargar costas algunas65. Si bien la concesión de marcas en Aragón era potestad privativa del monarca y de algunas ciudades como Zaragoza a fines de la Edad Media66, la Diputación amenazó con frecuencia durante el reinado de Carlos V a las autoridades del Béarn con concederlas contra sus súbditos si los mercaderes aragoneses que habían presentado pleitos no obtenían justicia de sus tribunales. En julio de 1535, escribió a la princesa del Béarn para que hiciera cumplir las sentencias favorables a Guillén Merlet y evitar así que la Diputación le otorgara la represalia con que resarcirse de sus pérdidas67. Con esta advertencia y en apoyo del virrey, en febrero de 1545 solicitó al senescal del Béarn que lograse que el mercader de Olorón Guirán de Noguer pagase a Jimeno Palacio, mercader zaragozano, una deuda estimada en 1 404 libras tornesas más 118 ducados de oro y el valor de cuatro cargas de lana68.

  • 69 Brunet, 2002, pp. 437-440.
  • 70 ADPZ, ADR, ms. 155, fos 55ro-vo, y ms. 117, fo 24vo.
  • 71 ADPZ, ADR, ms. 129, fos 49vo-50ro.
  • 72 ADPZ, ADR, ms. 129, fos 81ro-82vo.

25Ante graves desacuerdos de las partes implicadas, como sucedía en pleitos entre mercaderes bearneses y vecinos de villas del Pirineo aragonés pese a los acuerdos «de lies et passeries»69, la Diputación acordó arbitrajes con los senescales del Béarn y la Bigorra. En agosto de 1523, convino con el senescal del Béarn que un delegado suyo y otro de la Diputación se reunieran en Canfranc para atajar las diferencias en un litigio iniciado en enero entre dicho senescal y el Justicia de Biescas70. En noviembre de 1529 escribió al senescal de la Bigorra para que apremiase a Peyrot de Calastramera, vecino de Lorda, a aceptar el arbitraje de dicho senescal y del Justicia del valle de Broto en sus pleitos con Pedro Nogueras y otros vecinos de Torla. Si dicho senescal se negaba a otorgarles justicia, la Diputación les concedería marca contra el condado de Bigorra71. Obtenida marca del virrey de Aragón contra bearneses y bigorreses para salvaguardar la potestad real, Pedro Nogueras y sus compañeros se alzaron con tres cargas y media de mercancías propiedad de Ana de Navarra, hermana del rey Enrique II. Tras reclamarlas dicha princesa en marzo de 1530, la Diputación negó haber otorgado dicha marca; pero medió. Envió a un delegado con el mensajero de Ana de Navarra a Torla para tomar y encomendar las mercancías al Justicia de la villa. Condición para su restitución, pidió a la dicha princesa y los senescales del Béarn y la Bigorra que este último se reuniese con el Justicia de Torla y ambos arbitrasen una solución, escuchadas ambas partes72.

  • 73 ADPZ, ADR, ms. 116, fo 181ro.
  • 74 ADPZ, ADR, ms. 120, fos 14vo-15ro, 76ro, 78ro-79ro.

26Los conflictos militares entre España y Francia dificultaron estas vías de solución al conceder la monarquía hispánica represalias a ciudades y villas del Pirineo con facilidad para entorpecer el comercio con Francia. Una licencia real permitió en 1522 a los vecinos de Jaca tomar mercancías e impedir el libre tránsito a bearneses del valle de Aspe, a quienes la Diputación indemnizó con 1 000 ducados para instaurar la paz73. Contra los usos de las marcas, que reservaban su aplicación en Aragón a los regnícolas, Carlos V otorgó a españoles algunas represalias extensibles a todos sus dominios sin distinción según su naturalidad, como la concedida en Pamplona en noviembre de 1523 por valor de 6 000 ducados a Pedro y Juan Suárez, sevillanos: permitía a su procurador aragonés, Juan de Ateca, apoderarse de mercancías de súbditos franceses en tránsito por Aragón. Como respuesta, en septiembre de 1524, la Diputación extendió un guiaje en defensa de todos aquellos mercaderes «que no sean verdaderos franceses». Solicitó a los dueños de la marca y su procurador que no la utilizasen contra mercaderes del Béarn, la Bigorra y Foix ni otras gentes no consideradas francesas, pese a ser súbditos del rey de Francia, hasta conocerse la respuesta del emperador Carlos V a su consulta por carta. Rechazada su argumentación, la Diputación abonó a ambos Suárez y Ateca los 1 322 sueldos que faltaban para alcanzar los 6 000 ducados a cambio de renunciar a la marca74.

  • 75 ADPZ, ADR, ms. 683, fos 29vo-30ro.
  • 76 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 99ro-100vo.

27Problema añadido, las guerras citadas reactivaban antiguas marcas. Durande Bon, mercader residente en Zaragoza, se quejó en mayo de 1543 de que Catalina de Calahorra, habitante de Tauste le había incautado bienes en un lugar cercano a Tauste, Luesia y Castilliscar a cuenta de una marca contra franceses por valor de 2 000 ducados, ignorando el guiaje que lo amparaba y su condición de bearnés. La Diputación ordenó a los Justicias de las tres poblaciones devolver a Durande Bon sus bienes sin costas, so pena de embargarles sus posesiones75. En 1552 Juan Pierrez, vecino de Aínsa, aplicó como procurador de Catalina de Calahorra dicha marca en Vadaín a mercaderes aragoneses que transportaban paños gasconiles desde Bielsa a Zaragoza. El jurado de Sin, a quien Juan Pierrez encomendó dichas mercancías, desatendió los requerimientos de entregarlas formulados por el arrendatario de los derechos aduaneros y sus guardas. La Diputación ordenó apresar y trasladar a la cárcel común de Zaragoza a Juan Pierrez, y convocó al jurado de Sin para responder de las acusaciones que le afectaban, so pena de perder sus bienes76.

  • 77 ADPZ, ADR, ms. 180, fos 83vo-84ro.
  • 78 ADPZ, ADR, ms. 188, fos 139ro-vo.

28Conforme la presión de la monarquía hispánica sobre el comercio francés remitía, los vecinos residentes en municipios cercanos a la frontera combatían estas marcas para preservar el comercio con el Béarn y el sur de Francia. En noviembre de 1557, Martín Olleta y sus cómplices aplicaron a algunos mercaderes bearneses que volvían de la feria de Huesca una marca otorgada a la condesa de Ribagorza, tomándolos presos junto con sus bienes cerca de la villa de Canfranc. Al conocer este hecho, algunos vecinos de Canfranc detuvieron a Olleta en Villanúa y entregaron los mercaderes y sus bienes al Justicia de Jaca, quien los liberó a cambio de fianzas. La Diputación ordenó a dicho Justicia confirmar la restitución de mercancías y dineros así como cancelar las fianzas otorgadas77. En aras de evitar represalias, solicitó a la princesa de Béarn y su Consejo en diciembre de 1562 que castigasen a ciertos bearneses y les obligasen a compensar a los vecinos de Canfranc por sus hurtos de ganados y otros daños cometidos, según les habían prometido tras ser detenidos por estos y forzados a devolverles sus presas78.

  • 79 ADPZ, ADR, ms. 117, fos 16vo, 25ro.
  • 80 ADPZ, ADR, ms. 686, fos 7vo-8 vo, 14vo-15ro. En las cuentas de la Diputación de 1547 figura el pag (...)

29Por último, las acciones de representantes reales para restringir el comercio con Francia alimentaban el ciclo de represalias, en especial durante los períodos de guerra. El encarcelamiento de mercaderes bearneses por el Justicia de Biescas en 1523 tuvo su origen en las marcas ordenadas por el senescal de Béarn ante la incautación de mulos y yeguas a sus súbditos decretada por el gobernador como Capitán de Guerra79. Conforme los virreyes ordenaron una mayor contracción del comercio con Francia, los problemas generados por estas marcas tardaron más en solucionarse. Bartolomé del Portal y Joan Rodrigo, mercaderes bearneses que se dirigían a la feria de Barbastro en 1543, vieron cómo comisarios del virrey se incautaban mercancías suyas por valor de 351 ducados. Solicitada su restitución por el obispo de Lescar, senescal de Bearn, todavía en junio de 1547 la Diputación lamentaba la negativa del virrey o la escasa atención del príncipe Felipe durante su breve estancia en Zaragoza ante sus gestiones. Este rechazo se basaba en la firme creencia del virrey en la legitimidad de la incautación al haber rebasado dichos bearneses la primera localidad del reino pasada la frontera en tiempo de guerra. En enero de 1548, la Diputación comunicó al obispo que abonaría las sumas debidas a estos mercaderes en unos meses para evitar la concesión de represalias80.

  • 81 ADPZ, ADR, ms. 692, fos 45vo-46ro, y ms. 238, fos 74vo-75ro.
  • 82 ADPZ, ADR, ms. 193, fo 106ro.

30El cese de las guerras entre Francia y España durante el siglo xvi tras la paz de Cateau-Cambrésis en 1559 facilitó la remisión definitiva de las marcas entre Aragón y el Béarn en los años inmediatos. Al margen de la incautación ocasional a mercaderes u otros viajeros franceses de mercancías cuya exportación se hallaba prohibida por los fueros aragoneses81, las marcas no recabaron más la atención de la Diputación durante el resto del siglo xvi. En los años siguientes a la firma de dicha paz, algunos mercaderes bearneses expusieron incluso sus pleitos ante la Diputación, sin que se conservasen quejas por parte de las autoridades del Béarn sobre la justicia recibida82.

  • 83 ADPZ, ADR, ms. 201, fos 105vo-106vo, 123vo-124ro.
  • 84 ADPZ, ADR, ms. 205, fo 95ro.
  • 85 ADPZ, ADR, ms. 205, fos 108vo-109ro.
  • 86 ADPZ, ADR, ms. 205, fos 109vo-111ro.
  • 87 ADPZ, ADR, ms. 210, fos 59vo-60ro.

31Un último repunte de estas marcas en 1569 vino motivado por las guerras de religión vividas en el sur de Francia. Ya en noviembre de 1567 la Diputación garantizó el tránsito de mercaderes extranjeros por Aragón por miedo a represalias ante posibles apropiaciones de mercancías a aragoneses en este territorio83. En enero de 1569, certificó que los mercaderes zaragozanos Joan del Cornal y Arnau de la Seira se dirigían a Tarbes para recoger género suyo allí almacenado y trasladarlo a Zaragoza84. Pese a estas precauciones, varios aragoneses sufrieron incautaciones ese año en Francia. En marzo, la Diputación solicitó a Felipe II su mediación ante el rey Carlos IX de Francia para lograr la devolución de artículos valorados en 2 350 ducados arrebatados a dos mercaderes de Canfranc por un noble tolosano y militares bearneses, aduciendo que se hallaban en guerra con España85. Pidió ese mismo mes a Blas de Monluc, lugarteniente del monarca francés en el ducado de Guyena, la restitución con costas e intereses de una treintena de mulas que otro capitán francés arrebató con idéntica excusa a un factor bearnés que trabajaba para tres mercaderes zaragozanos, so pena de concederles marca contra franceses86. En septiembre reclamó con idénticas condiciones al lugarteniente real en el Languedoc, mariscal Enrique de Montmorency, las mercancías tomadas a cinco mercaderes zaragozanos por dos capitanes franceses bajo el pretexto de que pertenecían a luteranos bearneses87. Dirigidas al rey de Francia o sus representantes, todas las peticiones culpaban a nobles y capitanes franceses —a veces, bearneses— que se apropiaban de bienes ajenos en su provecho personal, sin mediar ya guerra entre Francia y España ni conflictos legales entre mercaderes aragoneses y bearneses.

 

32Como conclusiones, la Diputación practicó una política coherente, regular y relativamente eficiente que buscaba preservar las transacciones de Aragón con Francia y aún en mayor medida con el Béarn. Dicha coherencia se basaba en la salvaguarda de los intereses generales del reino junto con los de sus elites rectoras, orientados a la exportación de ciertas materias primas e importación de manufacturas, y los de la misma Diputación, ligados a los ingresos aduaneros percibidos en la frontera. En el plano político, su regularidad venía garantizada por el apoyo de estas elites dirigentes, bien representadas en la Diputación, las Cortes y otras instituciones públicas del reino. En el plano económico, venía sustentada por la creciente solvencia financiera que le deparó la percepción de mayores ingresos aduaneros. Su eficacia parcial no sólo derivó de su constancia, sino de su capacidad de negociación y flexible adaptación a diversas circunstancias políticas.

33La Diputación afrontó el interés creciente de la monarquía hispánica por constreñir el comercio entre Aragón y Francia en tiempos de guerra. Ligado en 1521-29 a la privación de mercancías de interés militar, acabó incluyendo en 1552-59 criterios mercantilistas que aconsejaban frenar la fuga de oro y plata desde España a Francia. Institución defensora de los fueros, la Diputación criticó por ilegal la progresiva asunción de competencias por el virrey o gobernador como Capitán de Guerra, con dureza variable según la gravedad del caso. Consciente de que muchas medidas comerciales estaban limitadas a la duración del conflicto bélico, la Diputación buscó la negociación con la monarquía para atenuar sus efectos. Frente a su endurecimiento al estallar las guerras de 1542-44 y 1552-59, evitó la interrupción legal del comercio al mantenerse abiertos algunos o todos los puertos y permitirse a los mercaderes franceses comerciar en las cercanías de la frontera, así como a los mercaderes aragoneses cruzar a Francia. A cambio, sin ceder sus competencias al virrey, colaboró con la monarquía en la ampliación de la lista de mercancías cuya exportación a Francia estaba prohibida: bien apoyando la aprobación de leyes en Cortes o vetando su salida de forma temporal durante el conflicto. Si la coyuntura política lo permitía, podía moderar posteriormente algunas medidas para revitalizar el comercio con Francia.

34Favorecidas por el interés mutuo en preservar un comercio complementario y en crecimiento, las gestiones de la Diputación para extinguir las marcas entre Aragón y el Béarn ya iniciadas bajo Fernando el Católico continuaron durante el reinado de Carlos V. La Diputación ganó iniciativa y poder en las negociaciones ante la mayor debilidad política de la dinastía de Albret y la menor intromisión del municipio de Zaragoza. Junto a la rápida restitución de los bienes incautados a mercaderes bearneses en Aragón, el establecimiento de mediaciones o la mayor agilidad en la tramitación de pleitos y sentencias favorecieron la resolución de conflictos sin recurrir a represalias. La comunicación regular entre la Diputación y los senescales del Béarn y la Bigorra atenuó así los problemas ligados a la fragmentación jurisdiccional. Sólo las guerras entre España y Francia sumaron conflictos y dificultaron los acuerdos, al propiciar la reactivación de marcas o su concesión por la monarquía hispánica y al fomentar una mayor inseguridad en las rutas comerciales. Por este motivo, la extinción final de las represalias se demoró hasta la firma de una paz duradera entre ambos países en 1559.

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Notes

1 Este estudio se inserta dentro del proyecto de investigación PGC2018-097683-B-100.

2 Rao, Supphellen, 1996.

3 Legay, Baury (eds.), 2009.

4 Fernández de Pinedo (ed.), 1990; García Sanz, Ruiz Martín (eds.), 1991.

5 Martín Corrales, 2001; Planas, 2001-2002; Kaiser, Moatti (eds.), 2007; Martínez Porres (dir.), 2008.

6 Poumarède, 1989; Poujade, 1998; Brunet, 2002. Las provincias vascas de Vizcaya, Guipúzcoa y Labourd firmaron acuerdos similares entre los siglos xvxvii para mantener la navegación y el comercio marítimos pese a los conflictos entre Francia y España. Véase Lugat, 2002.

7 Sesma Muñoz, 1977, pp. 32-60, 101-175; Jarque Martinez, Salas Ausens, 2001-2002, pp. 303-307, 327-334. Los ingresos de la Diputación crecieron con especial vigor en el segundo tercio del siglo xvi, favoreciendo su gestión. Véase Colas Latorre, Salas Ausens, 1982, pp. 42-46.

8 Boissonnade, 1893, p. 429.

9 Tucoo-Chala, 1958, p. 116; Carrère, 1974; Calvo Panzano, 1987; Laliena Corbera, 2016, pp. 221-228.

10 Gómez Zorraquino, 1986, pp. 253-257 y 1987, pp. 91-93. Sobre el comercio de pastel, Desportes Bielsa, 1999, pp. 76-82; Brumont, 1994, p. 34; Casado Alonso, 1990, p. 537.

11 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (ADPZ), Actas de la Diputación del Reino (ADR), ms. 117, f25ro.

12 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. I, p. 26.

13 ADPZ, ADR, ms. 117, fo 30ro.

14 ADPZ, ADR, ms. 117, fos 36ro-vo.

15 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. I, p. 28.

16 Archivo General de Simancas (AGS), Sección Estado (SE), leg. 303, no 24; ADPZ, ADR, ms. 688, fos 77ro-78ro y ms. 689, fos 56ro-58vo.

17 AGS, SE, leg. 303, no 24.

18 ADPZ, ADR, ms. 144, fos 38ro-39ro.

19 Los naturales, residentes o habitantes de Aragón, si veían amenazada su integridad física o creían ser tratados injustamente por un tribunal laico o eclesiástico, podían pedir la protección del Justicia de Aragón. Tras otorgarla, este asumía su causa y confiaba la investigación a jueces competentes, obteniendo los demandantes inmunidad mientras sus alegaciones eran examinadas.

20 AGS, SE, leg. 303, no 24. El abogado fiscal y los Regentes de la Audiencia solicitaron sin éxito a los lugartenientes del Justicia que justificasen la liberación de Martín de Campodarbe por defectos de forma en el proceso sin negar la jurisdicción del Capitán de Guerra sobre el contrabando de caballos en Aragón.

21 AGS, SE, leg. 303, no 24.

22 Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Real Cancillería, reg. 3991, fos 4ro-5ro.

23 Colas Latorre, Salas Ausens, 1982, pp. 447-450.

24 AGS, SE, leg. 303, no 24.

25 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. I, p. 405.

26 ACA, Real Cancillería, reg. 3991, fos 103vo, 124ro y reg. 4011, fos 101ro-106ro.

27 Colas, Salas, 1982, pp. 208-220.

28 AGS, SE, leg. 306, no 27.

29 Salas Ausens, 2009, p. 95

30 AGS, SE, leg. 306, no 200 y no 401 y leg. 397, no 287.

31 AGS, SE, leg. 306, no 27.

32 ACA, Real Cancillería, reg. 3991, fo 103vo.

33 ADPZ, ADR, ms. 683, fos 20ro-vo.

34 ADPZ, ADR, ms. 683, fos 9vo-10vo.

35 AGS, SE, leg. 306, no 200 y leg. 307, no 287.

36 ADPZ, ADR, ms. 689, fo 66ro.

37 AGS, SE, leg. 306, no 200 y leg. 307, no 287.

38 ADPZ, ADR, ms. 688, fos 68ro-69vo.

39 ADPZ, ADR, ms. 688, fos 68 ro-69vo, 72vo-73ro, 75ro-76vo.

40 ADPZ, ADR, ms. 688, fos 77ro-78ro, 82ro-86ro, 127vo-129ro.

41 ADPZ, ADR, ms. 689 fos 65ro-69vo.

42 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 11ro-vo, 65ro-70vo.

43 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. II, p. 352.

44 Id., t. I, pp. 370-378.

45 ADPZ, ADR, ms. 689, fo 66vo. La información recogida en libros contables de las aduanas aragonesas a mediados del siglo xv contradice esta afirmación: las exportaciones bearnesas a Aragón suponían unos dos tercios del valor total de las mercancías registradas. Véase Laliena Corbera, 2016, pp. 216-220.

46 ADPZ, ADR, ms. 688, fo 129ro.

47 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 66ro-vo.

48 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 60ro-61vo.

49 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 96ro-97ro.

50 Gómez Zorraquino, 1986, p. 255; Desportes Bielsa, 1999, pp. 76-82. Gracias a la redistribución del pastel por la Península Ibérica, estas compañías formadas por comerciantes zaragozanos y tolosanos crearon redes más amplias que las tradicionales compañías bearnesas, que tenían bastantes representantes sitos en villas pirenaicas y algunos en Zaragoza. Véase Laliena Corbera, 2016, pp. 231-232.

51 ADPZ, ADR, ms. 176, fos 40vo-41vo, y ms. 180, fos 43ro-44vo.

52 ADPZ, ADR, ms. 180, fos 83vo-84ro.

53 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. I, p. 443.

54 La mayor parte de trabajos de referencia sobre este tema fueron realizados durante las últimas décadas del siglo xix o primeras del siglo xx. Para Francia, destaca Mas Latrie, 1875 y Timbal, 1958. Sobre Italia, Vecchio, 1894 y Cassandro, 1938. Para Cataluña, Miret i Sans, 1925.

55 Sesma Muñoz, 1977, pp. 272-277.

56 Savall y Dronda, Penen Debesa, 1866, t. I, p. 47. Sobre su aplicación bajo el reinado de Fernando el Católico, véase Sesma Muñoz, 1977, pp. 280-283 y Navarro Espinach, 2016, pp. 248-249.

57 Véase estos guiajes en ADPZ, ADR, ms. 155, fos 41ro-vo, 52vo-53vo, 83vo-86ro; ms. 120, fos 13ro-14vo; ms. 141, fos 21vo-23ro, y fos 34ro-vo; ms. 683, fos 9ro-12ro; ms. 201, fos 105vo-107ro; ms. 199, fos 12vo-14ro.

58 Sesma Muñoz, 1977, p. 474; Navarro Espinach, 2016, pp. 249-251.

59 Este municipio aún imponía impuestos y represalias a mercaderes catalanes a fines del primer tercio del siglo xvi. Véase ADPZ, ADR, ms. 129, fos 14ro, 58vo; ms. 143, fos 3vo, 5vo-6ro; ms. 144, fos 45vo-48vo.

60 ADPZ, ADR, ms. 679, fos 15ro-16vo, ms. 129, fos 37vo, 38ro, 56vo-57ro.

61 ADPZ, ADR, ms. 155, fos 82vo-83 vo, 84ro-vo, 85vo-86ro, 87ro-88vo.

62 Así sucede con los vecinos de la villa y el valle de Hecho en 1521. Véase ADPZ, ADR, ms. 113, fo 101vo.

63 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 99ro-100vo; ms. 191, fos 64vo-66ro.

64 ADPZ, ADR, ms. 155, fo 87vo.

65 ADPZ, ADR, ms. 679, fos 25ro-vo.

66 Sesma Muñoz, 1977, pp. 271-272. La monarquía navarra, al concebir las marcas como competencia exclusiva del rey, sigue el modelo francés expuesto en Mas Latrie, 1875 y Timbal, 1958.

67 ADPZ, ADR, ms. 141, fos 11ro-vo.

68 ADPZ, ADR, ms. 154, fos 19ro-vo.

69 Brunet, 2002, pp. 437-440.

70 ADPZ, ADR, ms. 155, fos 55ro-vo, y ms. 117, fo 24vo.

71 ADPZ, ADR, ms. 129, fos 49vo-50ro.

72 ADPZ, ADR, ms. 129, fos 81ro-82vo.

73 ADPZ, ADR, ms. 116, fo 181ro.

74 ADPZ, ADR, ms. 120, fos 14vo-15ro, 76ro, 78ro-79ro.

75 ADPZ, ADR, ms. 683, fos 29vo-30ro.

76 ADPZ, ADR, ms. 689, fos 99ro-100vo.

77 ADPZ, ADR, ms. 180, fos 83vo-84ro.

78 ADPZ, ADR, ms. 188, fos 139ro-vo.

79 ADPZ, ADR, ms. 117, fos 16vo, 25ro.

80 ADPZ, ADR, ms. 686, fos 7vo-8 vo, 14vo-15ro. En las cuentas de la Diputación de 1547 figura el pago de 6 000 sueldos a Bartolomé del Portal por este concepto. Véase ADPZ, ADR, ms. 117, fo 149vo.

81 ADPZ, ADR, ms. 692, fos 45vo-46ro, y ms. 238, fos 74vo-75ro.

82 ADPZ, ADR, ms. 193, fo 106ro.

83 ADPZ, ADR, ms. 201, fos 105vo-106vo, 123vo-124ro.

84 ADPZ, ADR, ms. 205, fo 95ro.

85 ADPZ, ADR, ms. 205, fos 108vo-109ro.

86 ADPZ, ADR, ms. 205, fos 109vo-111ro.

87 ADPZ, ADR, ms. 210, fos 59vo-60ro.

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Pour citer cet article

Référence papier

José Antonio Mateos Royo, « Comercio, conflicto militar y violencia legal »Mélanges de la Casa de Velázquez, 50-2 | 2020, 219-239.

Référence électronique

José Antonio Mateos Royo, « Comercio, conflicto militar y violencia legal »Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 50-2 | 2020, mis en ligne le 02 octobre 2020, consulté le 17 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/mcv/13297 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mcv.13297

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Auteur

José Antonio Mateos Royo

Universidad de Zaragoza

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