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Dossier. Stratégies et procédures d’identification des étrangers

Gobernar la alteridad

El «Protector de Extranjeros» en España (siglos xvi-xviii)
Administrer l’autre. Le « protecteur des étrangers » en Espagne (xvie-xviiie siècles)
Governing the other. The «Protector of Foreigners» in Spain (16th-18th centuries)
Óscar Recio Morales
p. 15-38

Résumés

La figure juridique du protecteur prend ses racines dans l’Empire romain, a été reprise par le christianisme, associée au concept de charité et récupérée dans l’Europe moderne dans son triple aspect de gardien, médiateur et défenseur. Dans l’administration espagnole, la figure du protecteur des Indiens est la plus connue, grâce aux nombreuses études sur le statut juridique de l’Indien. Le « Protecteur des étrangers », en revanche, est pratiquement inconnu. Cette contribution examine son évolution et la pratique de la protection. Il affirme que le « Protecteur des étrangers » a pu aider à la gestion d’une altérité qui est passée en peu de temps d’un espace péninsulaire réduit à une dimension mondiale. La pratique de la protection, cependant, a été canalisée par une liste technique de subventions si complexe, et un ensemble de mécanismes sociaux non institutionnalisés si large, qu’il y avait en fait une multiplicité de figures agissant comme protecteurs.

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Texte intégral

Antecedentes y necesidad de la protección

  • 1 Esta contribución ha sido posible gracias al Proyecto 2016-2019, «La Otra Europa: individuos y gru (...)
  • 2 Sobre la práctica efectiva de la gobernanza, la historiografía asumió la importancia de la colabor (...)

1El proceso de configuración de la Monarquía hispánica1 ha sido asociado tradicionalmente a la unión dinástica de Castilla y Aragón desde 1479, a una serie de conquistas al interno de la península Ibérica (Granada en 1492, Navarra en 1512, Portugal en 1580) y a la colonización del Nuevo Mundo a partir de 1492. A ello habría que sumar desde 1516 la herencia de los territorios europeos de Carlos V de Habsburgo. Esta expansión fue extraordinariamente rápida y duradera: los Países Bajos e Italia sólo se desvincularon de España tras Utrecht (1714) y la mayoría de los países iberoamericanos a principios del siglo xix (Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898). La gobernanza de unos territorios tan amplios, lejanos y diversos, así como la resiliencia de la Monarquía en periodos de aguda crisis política, económica y militar, siguen siendo hoy objeto del interés de los historiadores2. Menos atención ha recibido el manejo práctico de la alteridad derivada de la rápida internacionalización de un pequeño reino medieval como Castilla hasta convertirse en un actor protagonista de la primera edad global.

2La conquista de América hizo que las autoridades civiles y eclesiásticas castellanas se enfrentaran al desafío de compaginar la extensión del catolicismo entre los indígenas con su extraordinaria diversidad étnica, cultural, lingüística y religiosa. A esta dimensión atlántica se unió, desde el siglo xvi, la posición de liderazgo político, militar y espiritual de la Monarquía en Europa. Esto también forzó la búsqueda de un equilibrio entre la protección de otros europeos católicos y cristianos orientales pertenecientes a una misma comunidad de fe, y su diversidad y condición jurídica en España. Ambos retos —en América y en Europa— hicieron necesario re-adaptar y crear nuevos instrumentos jurídico-administrativos para hacer frente a una situación que desbordaba todos los límites geográficos, conceptuales y jurídicos castellanos. Tratadistas y administradores tuvieron que aprender rápidamente a manejar esta alteridad: los indígenas de América requerían un modus operandi distinto al de las comunidades china, hindú, musulmana y armenia en Filipinas; la acogida de los católicos de las Islas Británicas respondía a unos intereses diferentes de ingleses, escoceses e irlandeses; distintas eran las exigencias de los ligueurs franceses y todavía más las del heterogéneo grupo de cristianos orientales que buscaban amparo ante el avance del islam.

  • 3 Cuena Boy, 1998a.
  • 4 Poncet, 2002.
  • 5 Una lista completa de los cardenales protectores por países durante los siglos xvi y xvii puede co (...)
  • 6 Cortés López, 1991.

3La figura del «Protector de extranjeros» pudo ayudar al manejo de esta alteridad. El problema principal al que nos enfrentamos es si existió como tal. Desde el punto de vista jurídico, el origen del protector se ha asociado al defensor plebis y al defensor civitatis del bajo Imperio romano3. El cristianismo dotó a esta idea de patronazgo de un fuerte sustrato religioso basado en la caridad, y desde el siglo xiii esta figura fue recuperada por Roma en los «cardenales protectores» de las órdenes religiosas. En 1425 algunos príncipes ya contaban en Roma con un cardenal protector, y desde 1464 se especificaban sus funciones: la cura de las almas y el seguimiento de la ortodoxia religiosa de sus respectivos reinos4. Su residencia en la sede papal convirtió a esta figura en un representante del monarca ante el colegio cardenalicio —sin el rango y las responsabilidades del embajador del rey—, pero su trabajo era crucial cuando se trataba de la elección de un pontífice o de mediar ante él. El cardenal protector era designado por cada monarca, excepto en el caso de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que eran elegidos directamente por el Papa. Castilla y sus Indias, además del Imperio, los territorios hereditarios de la casa de Austria, Francia, Aragón, Sicilia, Nápoles, Flandes, Portugal, Saboya, Polonia y Suiza contaban con cardenales protectores. El hecho de que en la lista aparezcan al menos seis territorios vinculados a España —fueron unidos en la figura de un único protector español entre 1664 y 1666—, indica que esta figura y su práctica eran bien conocidas por Madrid5. Las especiales relaciones de la Monarquía con un territorio podían impulsar la creación de nuevos cardenales protectores. Este fue el caso del cardenal protector del Congo, Gabriel Trejo y Paniagua, para responder a la expansión misionera ibérica en África desde la unión de España y Portugal en 15806.

  • 7 Sobre esta figura existe una abundante bibliografía. Me remito a los Encuentros de Estudio sobre e (...)
  • 8 El estudio clásico es Bayle, 1945, y para cada uno de los dos virreinatos habsbúrgicos las monogra (...)
  • 9 Gruzinski, 2007; Payàs, Zavala, 2012.
  • 10 Para el «procurador de pobres» los casos de Chile y Argentina son los mejor estudiados: González, (...)

4La expansión administrativa de los estados modernos recuperó el concepto de protector para el ámbito civil, en su triple vertiente de tutor, mediador cultural y defensor. Hoy día, el término sueco Ombudsman reúne esta idea de representante y mediador. Su equivalente en castellano, Defensor, es una figura institucionalizada en la administración central (Defensor del Pueblo) y en la autonómica, además de estar presente en otros ámbitos profesionales, como el ejército (Oficina del Defensor del Soldado) y la Universidad (Defensor del Universitario). Aunque el Justicia Mayor de Aragón, establecido desde fines del siglo xii, puede considerarse como uno de sus primeros precedentes civiles7, fue entre los siglos xvi y xviii cuando la figura del protector adquirió un nuevo protagonismo gracias al Protector de indios. La protección de la plebe romana frente al poderoso fue transformada por los españoles en el tutelaje del «indio miserable» frente al encomendero. Se trataba de una condición aplicada a una persona digna de conmiseración, en virtud de su indefensión social y política, y merecedora por tanto de amparo y protección jurídica. Este oficio ha recibido una extraordinaria atención8. Las aportaciones de los historiadores del Derecho se han enriquecido en los últimos años gracias a la colaboración entre historiadores y antropólogos, que han ampliado la visión sobre la figura del «mediador» desde un punto de vista cultural, y de prevención y resolución de conflictos9. Con el tiempo, la condición de «miserable» aplicada al indígena se extendió en la América española a otros sustratos sociales como los pobres y los esclavos, que también contaron con figuras mediadoras como el «abogado y procurador de pobres» y el «protector general de los esclavos» (ver apéndice)10.

  • 11 Un estado de la cuestión en Recio Morales, 2011 y Binasco, 2013.

5Fuera de este ámbito americano, la figura del protector-mediador entre las autoridades y las comunidades extrapeninsulares es poco conocida. A pesar de la renovación de los estudios sobre los extranjeros en la Monarquía11, el «Protector de extranjeros» no ha sido todavía objeto de análisis. Las referencias aparecen aisladas en la bibliografía y la figura está estrechamente vinculada al origen y evolución del característico fuero de extranjería español de los estudios jurídicos. Sobre todo, el «protector» ha sido equiparado en el Derecho internacional privado español al «juez conservador de extranjeros» vinculado al ámbito comercial. Sin embargo, como ocurre para el caso del Protector de indios, si se afronta la figura desde un punto de vista estrictamente legalista puede resultar reductivo por dos motivos: primero, porque el término «Protector de extranjeros» no responde a la multitud de figuras que aparecen en los documentos originales bajo el concepto de protector y que recogemos en el cuadro al final de esta contribución; segundo, porque el marco legal no tiene en cuenta toda una serie de mecanismos sociales no institucionalizados —como el patronazgo, la lealtad personal y las redes clientelares­—­ que en el antiguo régimen constituyeron unos vínculos igual de fuertes o más que el complejo entramado jurídico-institucional. Desde este punto de vista, la práctica de la protección también reforzaría las prácticas de control y de dominación sobre los protegidos.

  • 12 Aquí me refiero a los consulados productos de los Estados-nación tras el derrumbamiento del antigu (...)

6Estas páginas tratan de identificar la figura del «Protector de extranjeros». Partimos de la premisa de la dificultad de su identificación en una Monarquía en permanente construcción legal. Tratamos de de-construir los mecanismos de protección del extranjero antes de la institucionalización de instrumentos estatales claramente definidos por los nuevos Estados-naciones, como los consulados estatales a partir del siglo xix12. En la primera parte situamos el concepto de protector y su evolución en España, con una atención especial a las comunidades extrapeninsulares desde un punto de vista colectivo; en la segunda, nos centramos en la práctica de la protección y sus límites a nivel individual. Intentaremos verificar las siguientes hipótesis:

  1. La figura del protector tuvo en su origen indiano un fuerte componente religioso, y con esta misma intención fue utilizada en España para la protección de los extranjeros. Sin embargo, en España derivó en una multiplicidad de figuras que actuaron con atribuciones similares, a veces yuxtapuestas.
  2. Fue durante el reinado de Felipe III (1598-1621) cuando se constata una mayor presión hacia la institucionalización del protector en diversos ámbitos (asistencial, militar, comercial). Esto pudo estar relacionado, por una parte, con la recepción de la propaganda religiosa de su predecesor Felipe II al asumir el papel de «protector de la fe»; por otra, con la Pax Hispanica de Felipe III, un periodo en el que la administración castellana recibió un aluvión de peticiones de asilo, desde Irlanda en el extremo nordoccidental de Europa hasta las islas del Egeo en el extremo sudoriental. En paralelo, las comunidades en la corte lograron situar bajo patronazgo regio a sus corporaciones de nación (hospitales, colegios, cofradías) y en los puertos obtuvieron nuevos privilegios, como el juez conservador.
  3. Detrás del complicado entramado jurídico asimilable a la idea del protector pudo estar un canal de comunicación que sirvió, por un lado, para equilibrar los distintos intereses de las naciones al interno de la Monarquía; por otro, para que la Monarquía ejerciera sobre las comunidades protegidas un mayor control siguiendo los intereses de la corte. Esto no derivó, necesariamente, en la institucionalización ad hoc de la figura del «Protector de extranjeros».

Evolución y definición jurídico-teórica del «Protector de extranjeros» en España

  • 13 Sandoval Parra, pp. 174-175.
  • 14 Álvarez-Valdés, 1992; Dios de Dios, 1993; De las Heras Santos, 2002.
  • 15 Así lo expresaría el jesuita Juan de Mariana en su discurso a Felipe III: «El camino de todos los (...)

7Desde la Edad Media, las medidas de protección del extranjero en España estaban relacionadas con la religión y ligadas a la transitoriedad. El ejemplo más clásico era la peregrinación a Santiago. La concesión de gracias a extranjeros (sobre todo bienes inmuebles) era considerada por el derecho castellano como una enajenación del patrimonio real13. Los Habsburgos recogieron esta tradición y en los siglos xvi y xvii el corpus legislativo castellano continuó, en principio, contrario a la presencia de extranjeros14. En la práctica, el ejército tuvo un marcado carácter multinacional; la corte y las fábricas reales empleaban a artistas y trabajadores europeos altamente cualificados; la Monarquía sobrevivía gracias al crédito de los financieros extranjeros y el comercio exterior dependió, en gran medida, de las colonias británicas, francesas, italianas, maltesas y de otros europeos instaladas en Sevilla y Cádiz. A las conocidas denuncias de los arbitristas sobre esta situación, algunos tratadistas contrapusieron la idea —menos estudiada— de favorecer a todos los súbditos europeos del rey, independientemente de su origen geográfico15. Por tanto, aunque la administración heredase un corpus legislativo castellano teóricamente restrictivo sobre los extranjeros, desde principios del siglo xvi y hasta el final del antiguo régimen su aplicación se vio condicionada por la extensión de los poderes y necesidades de la Corona.

  • 16 La evangelización como justificación no fue una excepción española: Oliver Cromwell, Lord Protecto (...)
  • 17 Esta condición jurídica del indígena fue, desde la misma época, un tema estrella en la historia de (...)

8Los excesos de los colonos en la conquista de Canarias desde 1402 hicieron que en 1490 la Corona nombrase a un «Protector de los naturales» (ver apéndice). Hasta la llegada de la Corona a la islas en 1477, la represión de la resistencia aborigen se saldó con ejecuciones sumarias y con la venta y deportación de los supervivientes como esclavos. La destitución, en 1488, del propio gobernador de La Gomera debido a las quejas del obispo ante los Reyes Católicos anticipó la creación de la figura del «Protector de los naturales» canario. Se trata del precedente más inmediato al «Protector de indios» que se estableció en 1516 en la persona del dominico fray Bartolomé de las Casas. Este oficio fue el instrumento elegido para hacer compatible la evangelización —una de las justificaciones más importantes de la conquista— con la defensa del indígena16. Aunque los indígenas fueron declarados de iure vasallos libres de la Corona de Castilla, en función de su «minoría de edad» se les aplicó de facto una condición jurídica diferente, un «estatus de etnia» corporativamente privilegiado17. Entre las atribuciones del protector destaca la de «mediador» entre el indio y el aparato burocrático. El protector debía de consentir los contratos firmados por el indígena —que podían ser declarados nulos sin su supervisión— y podía revisar su testamento.

  • 18 Así lo demuestra Cuena Boy, 1998b, al examinar tres memoriales de 1626, 1630 y 1671 sobre esta fig (...)
  • 19 El Comisario de naciones estaba ya presente desde el siglo xvii en Sudamérica, pero fue a fines de (...)

9Desde su institucionalización, la Protectoría fue ocupada por hombres de Iglesia y, desde mediados del xvi, por oficiales civiles (generalmente fiscales). Las ordenanzas de 1575 de Francisco Álvarez de Toledo, virrey del Perú, regularon esta figura en todos los territorios americanos, pero tanto sus atribuciones como su efectividad fueron puestas en discusión hasta llegar a su eliminación momentánea en 1582. Tras su reestablecimiento en 1589, la figura del Protector de indios fue finalmente recogido en la Recopilación de Leyes de Indias (1680). Esta continua revisión podría indicar que, si bien esta figura pudiera tener una lejana relación con el defensor civitatis romano y con el defensor de naturales de Canarias, en el Nuevo Mundo los españoles afrontaron una situación completamente nueva y tan diversa que su aplicación variaba sustancialmente en la práctica y en virtud de distintos factores18. Nos encontramos ante una construcción jurídica en continua evolución, de marcada extensión geográfica y continuidad temporal: desde su establecimiento en 1516, el Protector de indios se extendió hasta la última frontera a fines del xviii: el «Comisario de naciones» en la Araucanía chilena19. La figura legal sólo fue suprimida en 1821 tras la independencia de las colonias americanas.

  • 20 La composición de extranjeros fue un instrumento legal de la Corona, utilizado a partir de 1591, p (...)
  • 21 García-Baquero, 2003. Estas restricciones siguieron afectando a los hijos de extranjeros: García-M (...)
  • 22 Para ambas instituciones, véanse Borah, 1985 y Crespo Solana y Montojo Montojo, 2009.
  • 23 Amelang, 2008. Para el legado de las corporaciones de nación en Madrid, véanse los estudios recogi (...)

10En contraste con esta protección jurídica de los naturales de Indias, los inmigrantes extrapeninsulares de origen europeo no tuvieron en América ningún estatus legal diferenciado a su favor. Al contrario, la Corona trató de limitar su presencia, y la inmigración adquirió un carácter aislado y fragmentario, cuando no clandestino. La actividad de los extranjeros en la América española estuvo condicionada por una legislación adversa desde 1492, por la amenaza de la Inquisición, por la protección del monopolio comercial de la Corona y de los dos poderosos consulados de México y Lima. Aunque la repetición de las Reales Cédulas de expulsión y de los bandos municipales contra los extranjeros demuestran una limitada efectividad de las medidas represoras, la tolerancia funcional de los extranjeros por parte de las autoridades locales y sus vecinos estuvo siempre bajo la amenaza de la expulsión o de una composición20. En América no hubo corporaciones de nación y no se permitieron los consulados comerciales21. Tampoco existió ningún «Protector de extranjeros» similar al de los indígenas. La misma cronología en la creación de organismos específicos desde donde ejercer la protección de los indios y el seguimiento de los asuntos de los extranjeros en la metrópoli subrayan estas diferencias: el Juzgado General de Indios de Nueva España fue creado en 1591 y la Junta de Dependencias de Extranjeros en Madrid en 171422. Pero el caso americano revela una interesante paradoja: el legado material de los extranjeros europeos en Madrid contrasta con la escasa visibilidad de las colonias americanas en la capital, a excepción de los objetos exóticos conservados de las colecciones de arte y de los nuevos alimentos que llegaron hasta las clases más populares23. De esta comparación deducimos que la protección del extranjero era directamente proporcional a la distancia física del rey.

  • 24 Una amplia panorámica sobre estos grupos de exiliados en los estudios recogidos por Ruiz Ibáñez, P (...)
  • 25 Sobre la naturaleza jurídica de todas estas mercedes: Sandoval Parra, 2014.

11Durante todo el periodo habsbúrgico, el factor religioso fue clave para entender la alta protección del monarca en España y sus territorios europeos. Felipe II ejerció su labor de «protector de la Iglesia» en el norte de Europa y en la frontera oriental del Mediterráneo. Las principales naciones beneficiadas fueron, por una parte, los católicos de las Islas Británicas y los ligueurs franceses; por otra, los individuos convertidos al catolicismo procedentes de los territorios bajo dominio otomano del área balcánica y Grecia, acogidos fundamentalmente en los territorios españoles de Italia24. Los servicios al monarca y la defensa de la religión justificaron la dotación al extranjero de mercedes pecuniarias en forma de entretenimientos, ayudas de costa, ventajas militares, pensiones y plazas muertas, o bien directamente su integración en el ejército25.

  • 26 Archivo General de Simancas [AGS], Estado [E]-K, leg. 1417, fo 89, Consulta del Consejo de Estado (...)
  • 27 Alejandro Farnesio nombró al coronel escocés William Semple agente de los asuntos de su nación en (...)

12Con el objetivo de coordinar la diversa tipología en la otorgación de estas mercedes, en el sucesivo reinado de Felipe III surgieron una multiplicidad de figuras que actuaban como protector. El «Protector de irlandeses en el Consejo de Guerra» se institucionalizó en 1604 y se enfrentó, en estrecha cooperación con su ayudante —generalmente un irlandés— al problema de los exiliados en la corte y a sus innumerables memoriales tras el derrumbe del mundo gaélico en 1602. El protector hizo de puente entre la masa de irlandeses y los consejeros españoles, amortiguando el golpe de sus contínuas e «incómodas» peticiones. Recogía las recomendaciones del encargado irlandés de los asuntos de sus compatriotas y las transmitía a los Consejos de Estado y de Guerra. Aunque tenía capacidad de decisión en asuntos menores, la útima palabra correspondía siempre al rey. En 1635 los irlandeses contaron con un «Protector de la nación irlandesa ante el Consejo de Estado», un observador permanente con el objetivo de que este organismo «los pueda oir, consolar y representar»26. Los escoceses no contaron con una figura parecida a la de «protector», pero sí con un «agente de los asuntos de su nación en la Corte», una persona de peso entre su comunidad, generalmente un clérigo o un militar27.

  • 28 Tarruell Pellegrin, 2014.

13Cuando un grupo no lograba articular un discurso homogéneo, los intentos de institucionalizar una figura que los protegiese podían resultar infructuosos. Este fue el caso de la propuesta del maltés Jorge de París para constituirse en «Protector de los individuos del Levante», con el propósito de centralizar las peticiones de renegados, excautivos y otros individuos del Mediterráneo. Tampoco tuvo éxito la iniciativa del excautivo Juan de Olmedo, quien, tras doce años de prisión en Argel y Estambul, se puso a disposición de las autoridades para distinguir la veracidad de las narraciones de los cautivos cristianos en Madrid28. En ambos casos, fueron distintas circunstancias las que limitaron las aspiraciones a un protector: la heterogeneidad de las experiencias vividas, la diversidad étnico-lingüística de los peticionarios, las sospechas sobre su experiencia vivida en tierras del islam, la ausencia de un discurso legitimador claro y, finalmente, de una propaganda efectiva.

  • 29 Barros, Reparo de la milicia, fo 6vo.
  • 30 Pérez de Herrera, Discurso décimo y último al rey D. Felipe, 1598; González de San Segundo, 1986.
  • 31 Artículo 50: «Que para que los soldados q vinieren a la Corte con justa causa, tenga quien les ayu (...)

14Muchos de los exiliados eran soldados y oficiales de naciones. El arbitrista Alonso de Barros propuso el establecimiento en la corte de un «Protector o defensor de los soldados». El cargo recaería en una «persona principal», de experiencia militar contrastada y contactos en la administración. El «protector» serviría como punto de referencia de los militares y valoraría sus solicitudes de mercedes y ascensos, actuando como intermediario con los Consejos29. Esta idea fue recogida por Pérez de Herrera en un proyecto más estructurado. El «Protector general de la Milicia» también serviría para filtrar e informar al Consejo de Guerra sobre los méritos y calidades de los soldados pretendientes, y estaría facultado para otorgar ayudas de costa mientras durasen los trámites administrativos. Los gastos correrían por cuenta de una «congregación o asociación militar» que se establecería en Madrid con casa propia y una capacidad inicial de 150 plazas (la «Congregación del Amparo de la Milicia»). Trece caballeros y otros soldados veteranos formarían su junta, que sería la encargada de elegir al protector y dos diputados. El propio Pérez de Herrera, en su doble condición de médico y militar, tenía experiencia en este tipo de congregaciones asistenciales desde su nombramiento por Felipe III como «Protector y procurador general de pobres y albergues del Reino»30. La figura del «Protector de los soldados» fue recogida por primera vez en las Ordenanzas militares de 1611, pero no parece que llegase a materializarse o que tuviera realmente un poder efectivo31.

  • 32 Desde el siglo xvii los ingleses tenían a un procurador ante los Reales Consejos y la figura del « (...)
  • 33 Recondo situó la primera alusión al juez conservador o «protector de los extranjeros» en el tratad (...)
  • 34 Sanz Ayán, 1996.
  • 35 García Montón, 2015, sobre los jueces conservadores del asiento de esclavos en Indias firmado en 1 (...)
  • 36 Vila Vilar, 2003, p. 287; Díaz Blanco, 2012, pp. 77-79.

15La prohibición de los consulados mercantiles en la corte trasladó el problema de la protección de los comerciantes extranjeros hasta los puertos peninsulares. Esto no quiere decir que las naciones y sus hombres de negocios no contasen con mediadores en Madrid32. Lo cierto es que los puertos se convirtieron, entre fines del xvi y principios del xvii, en centros neurálgicos de una gran expansión consular. A los cónsules y vicecónsules se añadió, desde 1607, la figura del «Juez conservador de las naciones extranjeras», normalmente un funcionario español nombrado por el rey, a petición de la nación interesada33. Este juez velaba por el respeto de los privilegios del extranjero y actuaba en casos de litigio. Replicaba al «juez privativo» en otros ámbitos, que también ha sido documentado para el caso de hombres de negocios particulares34 y de operaciones mercantiles puntuales35. Ya antes de 1608 existía en Sevilla el cargo de «Protector de las naciones extranjeras», relacionado con esta actividad mercantil, y ocupado sucesivamente por Luis y Andrés de Monsalve y Bartolomé López de Mesa. En 1608 un grupo de extranjeros solicitó al cabildo de la ciudad que Juan Gallardo de Céspedes, un veinticuatro de la ciudad y alcalde de los Reales Alcázares, fuera designado para este cargo. Gallardo, muy bien relacionado con el Conde-Duque de Olivares, no obtuvo el cargo, que recayó en Pedro Girón de Ribera, alguacil mayor y hermano del Duque de Alcalá. Los extranjeros acudieron directamente al Consejo de Estado, que finalmente nombró a Gallardo «Protector y conservador de las naciones extranjeras» en Cédula Real de 30 de junio de 160936.

  • 37 AGS, E, leg. 263, 8, Consulta del Consejo de Estado al rey, 21 de octubre de 1617.
  • 38 Biblioteca Nacional de España, Ms. 2348, fo 533, estudiado por Zamora Rodríguez, 2015, p. 13.
  • 39 El marqués de Montesclaros aprovecho la ocasión para proponer otro cargo, el de «Protector de las (...)
  • 40 AGS, E, leg. 4126, Consulta del Consejo de Estado al rey, Madrid, 8 de febrero de 1624.
  • 41 AGS, E, leg. 2867, cit. por Zamora Rodríguez, 2015, p. 14.
  • 42 En 1671, por ejemplo, Fernando de Céspedes y Velasco ocupaba en Sevilla este cargo de «Protector d (...)
  • 43 Girard, 2006, p. 168.

16La figura de juez conservador causó un enfrentamiento de competencias entre el Consejo de Estado y la Cámara de Castilla que, junto al Consejo de Indias para América y el de Hacienda para los hombres de negocios, tenían facultades para su designación. En 1617 el Consejo de Estado protestó airadamente ante la pretensión de la Cámara de nombrar al «cónsul de las naciones extranjeras de Málaga», que podía crear un precedente porque la Cámara también solicitaba nombrar a «los demás oficios de esta calidad». Distintos consejeros de estado alegaron que su Consejo siempre había nombrado los oficios de cónsules de naciones y que, teniendo en cuenta la importancia del juez protector, éste no debería ser venal, como en ocasiones había ocurrido cuando fueron proveídos por otros tribunales distintos al de Estado37. Detrás de esta pretensión estaba la necesidad de centralizar en Madrid y en una única figura el cargo de defensor de los extranjeros. En ese mismo año de 1617 un memorial anónimo apostó por el establecimiento de un «cónsul supremo de las naciones extranjeras» para centralizar toda la información de los cónsules de nación y ponerla a disposición del Consejo de Estado38. La cuestión volvió a presentarse algunos años más tarde cuando el Consejo de Estado discutió otro memorial que denunciaba «el menoscabo que padece el comercio por las vejaciones que reciben los extranjeros, y no tener persona a quien por su oficio toque su protección, y el amparo y defensa de sus causas». Esta vez los consejeros estuvieron de acuerdo en introducir por unanimidad la figura del «Protector general de extranjeros»39. Para este cargo de «Protector general de las naciones» fue nombrado el Conde Duque de Olivares —que en virtud de este oficio cobraría 3 000 ducados al año—, pero lo rechazó alegando «particulares consideraciones40». Esta circunstancia pudo ser decisiva para que el cargo siguiese descentralizado. Ni siquiera se centralizó a nivel regional, como propuso un memorial de 1632 para establecer un «cónsul general de todas las naciones de Andalucía41». El cargo de «Protector de las naciones extranjeras» siguió operativo en Sevilla y en distintas ciudades y puertos42. El protector fue designado por el rey al menos hasta 1680, fecha en la que Francia consiguió el nombramiento de sus propios jueces conservadores43.

  • 44 Webber, 2010.
  • 45 Crespo Solana, 2013, p. 28.
  • 46 Sobre la erosión de los privilegios de las naciones a lo largo de la segunda mitad del xviii y en (...)

17Este nombramiento directo del juez conservador por parte de la nación francesa fue un primer paso de lo que ocurriría a lo largo del siglo xviii, cuando las potencias europeas reforzaron la posición de sus redes comerciales en los puertos españoles. Tras la guerra de Sucesión (1702-1714), las ciudades hanseáticas —entre las primeras en conseguir un juez conservador en 1607 nombrado por el rey— consiguieron la jurisdicción propia de un juez conservador en Cádiz44. Sin embargo, en 1722 el Consejo de Castilla reconocía que los jueces conservadores se habían extralimitado en sus funciones civiles y criminales de protección de los individuos de su nación, hasta convertirse en defensores generales de los fueros, privilegios y prerrogativas de las comunidades implicadas, duplicando así las funciones de los cónsules comerciales45. Así pues, si por un lado aumentaba el poder consular institucional en España (con Francia como máxima expresión de esta posición de fuerza), por otro lado, la administración española intentó separar al comerciante del cuerpo de su nación para delimitar claramente su posición legal en el país46.

18De lo visto hasta aquí y según queda reflejado en el apéndice, podemos deducir que, aunque podamos encontrar referencias en la documentación sobre la figura del «Protector de extranjeros», desde fines del siglo xvi —y sobre todo durante el reinado de Felipe III— asistimos en realidad a una multiplicidad de figuras que actuaron como potenciales protectores, mediadores, representantes y agentes de nación independientes de las estructuras diplomáticas, aunque en ocasiones complementarias a la labor de los embajadores, cónsules y vice-cónsules de nación. La Monarquía distinguió la posibilidad de mediación con las distintas naciones presentes en su territorio desde un punto de vista territorial, religioso-cultural y profesional. En base a la territorialidad impidió un desarrollo orgánico de cualquier institución de nación en los territorios americanos, algo que contrasta con la notable presencia en Madrid de las corporaciones de nación. La representación comercial en consulados quedó fuera de la América española y de la propia la corte. Para lograr estar presentes en estos espacios, los extranjeros contaron con una pluralidad de figuras como los «protectores», los procuradores, los «agentes» y sus jueces privativos nombrados por la propia nación a partir de 1680. A esta pluralidad también le correspondió, en la práctica, distintos instrumentos y diferentes aplicaciones para llegar a un único objetivo: lograr la alta protección del soberano.

Límites a la práctica de la protección

19Si la protección regia podía beneficiar a una comunidad de nación en su conjunto, la donación regia también se manifestaba a nivel individual en una ayuda económica proporcional en función de los méritos, bien heredados (según la calidad de su linaje) o bien adquiridos (en defensa de la religión, en el campo de batalla o en las letras). En los siglos xvi y xvii, el Consejo de Estado era el organismo encargado de manejar la alteridad de naciones procedentes de unos estados todavía en formación, donde las identidades múltiples eran más la regla que la excepción. La discriminación meritoria se hizo cada vez más difícil y hasta la formalización administrativa de la gracia del rey era el propio solicitante quien debía de poner en marcha todo el procedimiento. La complejidad burocrática española, la lengua castellana, la ortodoxia religiosa y las costumbres locales colocaban al extranjero en una difícil situación. El individuo debía de fundamentar por escrito y en castellano su petición, dirigir su memorial a la administración adaptando su discurso a lo esperado por la Monarquía (su sistema de valores y proyección política), debía asumir los gastos del proceso y finalmente debía de hacer su seguimiento hasta la resolución definitiva. Este complicado iter burocrático era el primer obstáculo para el solicitante y la primera barrera de la administración ante la avalancha de peticiones de protección. La lengua del aspirante, su religión, la competencia por la gracia real al interno de su propia comunidad y entre las distintas naciones, así como la presencia de cientos de procuradores en la corte de distintos gremios y corporaciones hacían que la figura de un mediador fuera casi indispensable.

  • 47 Jiménez Estrella, 2016.
  • 48 Sánchez-Blanco, 1992, p. 19.
  • 49 Esto fue lo que le ocurrió a un tal John Martin, nativo de Cork, que llevaba años residiendo establ (...)

20El primero de estos límites a los que se enfrentaba cualquier peticionario extranjero era la posición de su comunidad frente a la Monarquía. El individuo se beneficiaba del discurso político articulado por su nación y podía ver perjudicados sus intereses si su comunidad no lograba presentar una narración aceptable, o las circunstancias en ese momento eran adversas al grupo. Un ejemplo podemos encontrarlo en la diversidad de tratamiento concedido en las mismas fechas a la nación irlandesa y a la comunidad morisca. Desde la incorporación de Granada a Castilla en 1492, los moriscos contaron con poderosos protectores en la capitanía general durante los casi ochenta años que la familia Mendoza, marqueses de Tendilla, patrimonializaron el cargo. Su acción «conciliadora» frente a la ofensiva del Santo Oficio no era desinteresada: a cambio de la paz social, los Mendoza controlaron la comunicación de esa minoría con la corte, además de sustraer beneficios políticos y económicos de los impuestos exigidos a esta comunidad. La rebelión de 1568 interrumpió la protección y el tercero de los Mendoza, Íñigo López de Mendoza, perdió la capitanía general del reino47. En 1609, abocados ya a la expulsión general, «la nación de los nuevos convertidos del Reino de Aragón y de Valencia» solicitó licencia para reunirse y nombrar oficialmente a un protector. Propusieron el nombre de Juan de Mendoza, marqués de San Germán, «de quien toda la nación [morisca] tiene muy gran satisfaçion y saven que es cavallero que les podra defender en las cosas justas». La Monarquía aceptó la propuesta, que renovaba la anterior protección en la figura del Marqués de Villamizar en ocasión de las Cortes de Aragón de 160448. A pesar del reconocimiento como «nación de los nuevos convertidos», en 1609 se decretó su expulsión. El caso irlandés fue el opuesto. Los individuos de esta nación actuaron como go-betweens entre el Imperio británico y el español, y elaboraron un discurso narrativo que era presentado por defecto ante todas las instancias administrativas españolas. Esta persecution narrative enfatizaba la identidad indiscutiblemente católica, incluso cuando quedaban en evidencia las múltiples identidades (protestante y católica). También los jueces inquisitoriales esperaban oír una narración estandarizada —preferiblemente a través de un intermediario—, y sólo cuando se rompía este discurso el reo corría un verdadero riesgo49.

  • 50 Cunill, 2011, p. 235.
  • 51 Ibid., pp. 234-235.
  • 52 Herrero Sánchez, Poggio Ghilarducci, 2011, p. 271.
  • 53 La aparición de esta figura en España fue más tardía que en el caso de sus equivalentes de Venecia (...)

21La construcción de una memoria histórica por parte de una comunidad y su eficaz narración a las autoridades aumentaba, por tanto, las posibilidades de éxito individual, pero tampoco las garantizaba. El problema de la lengua y la escritura constituía un segundo límite importante. El protector Las Casas constató la indefensión de los indígenas porque «no saben leer y escribir, ni saben la lengua de los españoles50». Esto hacía del nativo una persona «que por sí misma no puede defender sus causas y pedir su justicia». En 1545 el visitador de la Audiencia de México, Tello de Sandoval, también lamentaba la falta de justicia fuera de la capital del virreinato porque «ni los indios se saben quejar, ni a quien». El oidor Alonso de Zurita puso el acento en los gastos inútiles de los procesos que iniciaban, porque no sabían «lo que les conviene, ni qué piden, ni qué quie­ren, ni qué pretenden, ni sobre qué pleitean, ni a qué van a la Audiencia51». La lengua, sin embargo, también podía convertirse en una oportunidad. La traducción fue un instrumento utilizado por algunos extranjeros para convertirse ellos mismos en mediadores y en un referente para sus nacionales y para la administración en un territorio. En México, el comerciante escocés Juan de Estrada Rutherford obtuvo en 1615 el título de traductor de las lenguas escocesa, inglesa, francesa e italiana para el Santo Oficio en el virreinato52. En el Mediterráneo, los españoles se sirvieron de los famosos dragomans, intérpretes locales especializados en la diplomacia del Levante, no musulmanes y de variada procedencia, generalmente hebreos sefarditas o descendientes de católicos procedentes de distintos territorios europeos. Sólo desde el último tercio del siglo xviii España iba a contar con la figura del joven de lengua, un intérprete especialmente formado para servir en las legaciones diplomáticas vinculadas a los territorios del Imperio otomano53.

  • 54 Alonso Acero, 2016.

22La religión del individuo, el tercero de los límites señalados para conseguir la protección del soberano, podía ser salvado incluso con los protegidos musulmanes, lo que indica la flexibilidad del uso de la protección por parte de la Monarquía. García de Loaisa, limosnero mayor de Felipe II, ofició la ceremonia de bautizo del príncipe convertido Mulay Shaykh. Su sucesor en el cargo, su sobrino Álvaro de Carvajal, siguió el proceso de adroctinamiento y conversión al cristianismo de Uruch Beg, uno de los tres caballeros persas convertidos que llegaron a Valladolid en 1601 al frente de una legación del shah. A cambio de su bautismo, el limosnero mayor le ofreció la protección del rey y Beg y los otros dos caballeros recibieron 1 200 ducados de salario anual. En 1636 Alonso Pérez de Guzmán, patriarca de las Indias, limosnero mayor y capellán mayor de Felipe IV bautizó a otro converso de origen musulmán, Felipe Gaspar Alonso de Guzmán54.

23De todos estos casos deducimos que la práctica de la protección determinó una casuística tan variada como la propia fragmentación jurídica de la Monarquía. La práctica superó a la normativa, porque respondía también a mecanismos sociales no institucionalizados como el patronazgo y las relaciones interpersonales y de poder. Teoría y práctica influyeron en la vacilante institucionalización del «Protector de extranjeros» en España, así como frustraron los intentos de centralización, como ocurrió en el caso de los jueces conservadores. A esta variabilidad práctica y fluctualidad nominal del protector correspondía una variedad de funciones. Entre ellas sobresale la de mediador, que pudo resultar clave en el manejo de la alteridad y en la gobernanza de la Monarquía. Por un lado, la protección del extranjero permitía a la Corona una mayor independencia de la justicia ordinaria y de las élites locales: este fue el caso de los jueces conservadores; por otro lado, la Monarquía se aseguraba una cierta legitimidad sobre los individuos de las naciones protegidas y reforzaba sobre ellos distintos vínculos —formales e informales— de control y dominación.

24La práctica de la protección —que conoceremos mejor a medida que avancemos en su estudio— se vio afectada cuando el modelo corporativo de las naciones entró en crisis y el Estado moderno dejó paso al Estado-nación del siglo xix. La plena institucionalización estatal de los cónsules dio lugar a nuevos acuerdos de reciprocidad entre las naciones-estados y a un nuevo concepto individual de la extranjería. Para España se dieron dos momentos de cambio decisivos: por un lado, el impulso hacia una nacionalización o expulsión de los nacionales franceses a partir de 1791, la comunidad de extranjeros más potente y numerosa presente en España a lo largo del siglo xviii; por otro, el proceso de independencia de los territorios americanos entre 1810 y 1825, que acabó con el término de «españoles americanos» para empezar a distinguirse entre «españoles», «mexicanos», «uruguayos» y así sucesivamente. Los consulados extranjeros del antiguo régimen pasaban de ser unas instituciones de apoyo a los grandes comerciantes de nación, a tener un papel más político y más abierto a todos los ciudadanos extranjeros como instituciones de los nuevos Estados-naciones. A partir de entonces, figuras como el «Protector de extranjeros» vinculada al ámbito comercial dejaron de tener sentido.

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Annexe

Fecha Figura, ámbito geográfico Carácter jurídico
1490 Protector de los naturales, Canarias Institucionalizada
1516 Procurador y Protector universal de todos los Indios, América Institucionalizada
Protector de los cautivos Institucionalizada
1580 Protector del Congo, África Institucionalizada
ss. xvi-xviii Agente General del Señorío de Vizcaya en la Corte (práctica diaria), Madrid Institucionalizada
Diputado en Corte (asuntos puntuales de importancia para el Señorío de Vizcaya), Madrid Institucionalizada
Agente de Guipúzcoa en la Corte, Madrid Institucionalizada
1598-1621 Protector y procurador general de pobres y albergues del Reino Institucionalizada
  Protector de extranjeros Institucionalizada
  [limosnero mayor del rey] Institucionalizada
  [Patriarca de las Indias] Institucionalizada
  Agente de los asuntos de su nación en la corte No institucionalizada, pero reconocida
  Protector o defensor de los soldados Proyecto (Alonso de Barros)
1601-1602 Protector de los individuos del Levante Proyecto (Jorge de París, maltés)
1604 Protector de los moriscos de los Reinos de Aragón y Valencia Institucionalizada (Cortes de Aragón): Marqués de Villamizar
1604 Protector de los irlandeses en el Consejo de Guerra, Madrid Institucionalizada
1607 Juez conservador (Protector de los extranjeros) Institucionalizada: tratado comercial con La Hansa
1609 Protector y (juez) Conservador de las Naciones Extranjeras Institucionalizada (Cédula Real, 30 de junio de 1609)
1609 Protector de la nación de los nuevos convertidos (moriscos) de los Reinos de Aragón y Valencia Petición de institucionalización: Juan de Mendoza, marqués de San Germán
1610 Protector general de la milicia, Madrid Proyecto (Cristóbal Pérez de Herrera)
1611 Protector de los soldados Institucionalizada (Ordenanzas militares)
1635 Protector de la nación irlandesa ante el Consejo de Estado, Madrid Institucionalizada: Marqués de Mirabel
1671 Protector General de las naciones extranjeras, Sevilla Institucionalizada: Fernando de Céspedes y Velasco
1699 Procurador ante los Reales Consejos en la Corte, Madrid [A iniciativa de los comerciantes ingleses]
1728 Agente de los diputados de la nación inglesa, Madrid No institucionalizada [carácter comercial]
1728-1790 Confesor de Familia y de Extranjeros en los Reales Sitios Institucionalizada (clérigos órdenes religiosas)a
1730s Vicario de extranjeros, Madrid Institucionalizada: hospital de San Antoniob
[s. xviii] mayordomo / diputado (ámbito local): ejplo. mayordomo de la nación flamenca en Cádiz Institucionalizada (en relación al comercio)
s. xviii Comisario de Naciones (de Indios), Araucanía chilena [Constancia en s. xvii] Institucionalizada (funcionarios) en el xviii
[1740] Abogado y procurador de pobres, Chile Institucionalizada [testimonio individual de 1740]
1772 Agente general de la nación maltesa en España, Madrid  
1789 Protector de los esclavos Institucionalizada (Cédula Real)
a. Cargo institucionalizado con la idea de asistir espiritualmente a los extranjeros en su propio idioma. Entre 1728 y 1757 el cargo fue ocupado por el irlandés fray Alejandro O’Ryan. Fue sucedido por los también irlandeses Mateo Lawler (fallecido en 1790) y desde entonces por fray Tomás Higgins, carmelita calzado: Chauca García, 2016, p. 91.
b. O’Connor, 2016, p. 189.
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Notes

1 Esta contribución ha sido posible gracias al Proyecto 2016-2019, «La Otra Europa: individuos y grupos de la Europa oriental en España y la América española de la Edad Moderna», Ref. HAR2015-64574-C2-1-P (MINECO/FEDER). El resultado se ha beneficiado de los debates del encuentro «Seguir siendo extranjero»: los cónsules y el estatuto de extranjero en los mundos hispánicos (siglos xviii-xix), Casa de Velázquez, Madrid, 17 de octubre de 2017. En especial, agradezco las sugerencias de los profesores Tamar Herzog y Arnaud Bartolomei, así como la revisión del texto original a Sylvain Lloret.

2 Sobre la práctica efectiva de la gobernanza, la historiografía asumió la importancia de la colaboración entre el rey y las élites locales de la «Monarquía compuesta» desde Elliott, 1992. La «Monarquía policéntrica» ha reforzado el peso de los distintos centros de poder: Cardim et alii, 2012. Desde la perspectiva virreinal, algunos historiadores italianos han revalorizado el concepto de Sistema, por el que no se debería infravalorar la capacidad de la Monarquía para actuar, cuando era necesario, desde una manera unida, firme y centralizada: Musi, 2013. La circulación de las élites ha aportado un mayor dinamismo a la Monarquía y también se ha demostrado como un instrumento eficaz para su gobernanza y cohesión: Córdoba Ochoa, 2009; Centenero de Arce, 2012. Sobre la resilencia de la Monarquía en un periodo de grave crisis, uno de los primeros trabajos que trató extensivamente el problema fue Storrs, 2006, en su estudio sobre el reinado de Carlos II (1665-1700).

3 Cuena Boy, 1998a.

4 Poncet, 2002.

5 Una lista completa de los cardenales protectores por países durante los siglos xvi y xvii puede consultarse en Wodka, 1938. Para las Islas Británicas, el mejor trabajo sigue siendo Wilkie, 1974. Sorprende la ausencia de un estudio monográfico sobre el papel de los cardenales protectores en la «Roma española». Para el caso de Castilla —la protectoría más importante— contamos con una primera aproximación para el reinado de Felipe III en Bénichou, 2016.

6 Cortés López, 1991.

7 Sobre esta figura existe una abundante bibliografía. Me remito a los Encuentros de Estudio sobre el Justicia de Aragón celebrados desde el 2000, el último en 2008: Redondo Veintemillas, Sarasa Sánchez, 2009.

8 El estudio clásico es Bayle, 1945, y para cada uno de los dos virreinatos habsbúrgicos las monografías de Cutter, 1986 y Ruigómez Gómez, 1988.

9 Gruzinski, 2007; Payàs, Zavala, 2012.

10 Para el «procurador de pobres» los casos de Chile y Argentina son los mejor estudiados: González, 2012 y Zapata de Barry, 2013, respectivamente; sobre el «protector de los esclavos»: Lucena Salmoral, 2002.

11 Un estado de la cuestión en Recio Morales, 2011 y Binasco, 2013.

12 Aquí me refiero a los consulados productos de los Estados-nación tras el derrumbamiento del antiguo régimen, primero en Francia desde 1789, y más tarde en España y otros países.

13 Sandoval Parra, pp. 174-175.

14 Álvarez-Valdés, 1992; Dios de Dios, 1993; De las Heras Santos, 2002.

15 Así lo expresaría el jesuita Juan de Mariana en su discurso a Felipe III: «El camino de todos los honores y de todas las recompensas debe estar espedito para todos, ya sean españoles, italianos, sicilianos ó belgas, pues todos estos dominios abraza el imperio español: ame [el rey] á todos con igual cariño y concédales las mismas gracias indistintamente» (Mariana, Del rey, y de la institución de la dignidad real, 1845, fo 293).

16 La evangelización como justificación no fue una excepción española: Oliver Cromwell, Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda, justificó la expansión imperial de la Commonwealth republicana en la necesidad de «defender» a los pueblos indígenas del catolicismo y de «tutelar» y extender entre ellos la fe protestante: Armitage, 1992. Sin embargo, la institucionalización en el ámbito anglosajón de una figura similar al Protector de indios es muy posterior: en Estados Unidos el Indian agent apareció en 1793 y el Protector of Aborigines australiano fue establecido por el Parlamento en 1839.

17 Esta condición jurídica del indígena fue, desde la misma época, un tema estrella en la historia del derecho indiano y la bibliografía es inabarcable: Díaz Couselo, 2001 y Cunill, 2011 recogen la rica bibliografía precedente.

18 Así lo demuestra Cuena Boy, 1998b, al examinar tres memoriales de 1626, 1630 y 1671 sobre esta figura.

19 El Comisario de naciones estaba ya presente desde el siglo xvii en Sudamérica, pero fue a fines del xviii cuando se llegó a su plena institucionalización administrativa. Además de sus funciones de mediador, tenía también funciones judiciales: Salgado Ismodes, 2014.

20 La composición de extranjeros fue un instrumento legal de la Corona, utilizado a partir de 1591, para permitir la estancia temporal del extranjero sin licencia de viaje a Indias a cambio de dinero: Poggio Ghilarducci, 2011.

21 García-Baquero, 2003. Estas restricciones siguieron afectando a los hijos de extranjeros: García-Mauriño Mundi, 1999. Sobre la continuidad de estas medidas, ver el caso del virreinato del Río de La Plata en el siglo xviii estudiado por Biersack, 2016, y en el mismo espacio para la comunidad genovesa por Brilli, 2016.

22 Para ambas instituciones, véanse Borah, 1985 y Crespo Solana y Montojo Montojo, 2009.

23 Amelang, 2008. Para el legado de las corporaciones de nación en Madrid, véanse los estudios recogidos en García García, Recio Morales, 2014.

24 Una amplia panorámica sobre estos grupos de exiliados en los estudios recogidos por Ruiz Ibáñez, Pérez Tostado, 2015.

25 Sobre la naturaleza jurídica de todas estas mercedes: Sandoval Parra, 2014.

26 Archivo General de Simancas [AGS], Estado [E]-K, leg. 1417, fo 89, Consulta del Consejo de Estado al rey, 14 de junio de 1635 y nombramiento oficial: AGS, E, leg. 2574, Felipe IV al marqués de Mirabel, Madrid, 18 de enero de 1635. Esta figura se suprimió dos años después debido a la duplicidad con el protector en el Consejo de Guerra.

27 Alejandro Farnesio nombró al coronel escocés William Semple agente de los asuntos de su nación en su corte: Redworth, 2002.

28 Tarruell Pellegrin, 2014.

29 Barros, Reparo de la milicia, fo 6vo.

30 Pérez de Herrera, Discurso décimo y último al rey D. Felipe, 1598; González de San Segundo, 1986.

31 Artículo 50: «Que para que los soldados q vinieren a la Corte con justa causa, tenga quien les ayude en sus pretensiones, y escusar que no estén en ella por otros gustos y fines particulares, de q resultan muchas ofensas de Dios nuestro Señor, mal exe(m)plo de la Republica, y daño de los mismos soldados: ordeno, y ma(n)do, que el mi Consejo de Guerra no(m)bre un Protector dellos, persona de co(n)fia(n)za, y de ho(n)ra, y Christiano proceder, q tenga cuydado de saber los q viniere(n) a la Corte, con q licencias, q pretensiones traen, y procurar q sea(n) despachados, y q en siéndolo se vayan, y auisar de los que no lo hizieren, para que se prouea lo que conuenga». Sandoval Parra, 2013, p. 394.

32 Desde el siglo xvii los ingleses tenían a un procurador ante los Reales Consejos y la figura del «agente de nación» siguió apareciendo en la documentación. En 1772 Juan Bautista Gavarri era el «agente de la nación maltesa en España» para intentar anular la orden de la Junta de Comercio y Moneda que el año anterior forzó al avecindamiento de los comerciantes transeúntes de esta nación en España y la repatriación a España de sus esposas, residentes en la isla: Iglesias Rodríguez, 2014, p. 181.

33 Recondo situó la primera alusión al juez conservador o «protector de los extranjeros» en el tratado comercial establecido entre Felipe III y La Hansa en 1607: Recondo Porrúa, 1978; Pecourt García recogió la opinión general sobre su aparición en un privilegio concedido por Felipe IV en 1645 a un grupo de comerciantes ingleses en Andalucía, aunque advirtió también los precedentes de un juez conservador concedido a La Hansa por Carlos V y Felipe II, y confirmado en 1607 por Felipe III, tal y como señaló Recondo: Pecourt García 1970, p. 885.

34 Sanz Ayán, 1996.

35 García Montón, 2015, sobre los jueces conservadores del asiento de esclavos en Indias firmado en 1662 entre la Corona y los comerciantes genoveses Grillo y Lomellino, el primer contrato privativo de estas características y modelo para los siguientes.

36 Vila Vilar, 2003, p. 287; Díaz Blanco, 2012, pp. 77-79.

37 AGS, E, leg. 263, 8, Consulta del Consejo de Estado al rey, 21 de octubre de 1617.

38 Biblioteca Nacional de España, Ms. 2348, fo 533, estudiado por Zamora Rodríguez, 2015, p. 13.

39 El marqués de Montesclaros aprovecho la ocasión para proponer otro cargo, el de «Protector de las Indias». El elegido tendría voto en el Consejo de Indias, y actuaría como la voz de los territorios de ultramar en Madrid sin necesidad que los representantes americanos viajasen hasta la metrópoli o presentasen sus causas por distintos regidores: AGS, E, leg. 2645, Consulta del Consejo de Estado al rey, Madrid, 8 de enero de 1624.

40 AGS, E, leg. 4126, Consulta del Consejo de Estado al rey, Madrid, 8 de febrero de 1624.

41 AGS, E, leg. 2867, cit. por Zamora Rodríguez, 2015, p. 14.

42 En 1671, por ejemplo, Fernando de Céspedes y Velasco ocupaba en Sevilla este cargo de «Protector de las naciones extranjeras»: Regla de la Insigne Hermandad de la Santa Caridad, 1671, p. 1. Otras propuestas y nombramientos en AGS, E, leg. 4191, recogidas por Zamora Rodríguez, 2015, p. 19.

43 Girard, 2006, p. 168.

44 Webber, 2010.

45 Crespo Solana, 2013, p. 28.

46 Sobre la erosión de los privilegios de las naciones a lo largo de la segunda mitad del xviii y en especial en relación al comercio, véase Recio Morales, 2012.

47 Jiménez Estrella, 2016.

48 Sánchez-Blanco, 1992, p. 19.

49 Esto fue lo que le ocurrió a un tal John Martin, nativo de Cork, que llevaba años residiendo establemente en México. No hizo uso del habitual protector intermediario, se defendió en castellano y se mostró contumaz en sus respuestas. Lo que parecía una clara muestra de aculturación y colaboración sincera acabó en su ejecución en 1575: O’Connor, 2016, pp. 46-49 y 57.

50 Cunill, 2011, p. 235.

51 Ibid., pp. 234-235.

52 Herrero Sánchez, Poggio Ghilarducci, 2011, p. 271.

53 La aparición de esta figura en España fue más tardía que en el caso de sus equivalentes de Venecia (1551), Francia (1669) o Austria (1754), un retraso motivado por los largos periodos de conflicto con el Imperio otomano (el primer tratado comercial sólo se firmó en 1784): Cáceres Würsig, 2012.

54 Alonso Acero, 2016.

a Cargo institucionalizado con la idea de asistir espiritualmente a los extranjeros en su propio idioma. Entre 1728 y 1757 el cargo fue ocupado por el irlandés fray Alejandro O’Ryan. Fue sucedido por los también irlandeses Mateo Lawler (fallecido en 1790) y desde entonces por fray Tomás Higgins, carmelita calzado: Chauca García, 2016, p. 91.

b O’Connor, 2016, p. 189.

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Pour citer cet article

Référence papier

Óscar Recio Morales, « Gobernar la alteridad »Mélanges de la Casa de Velázquez, 51-1 | 2021, 15-38.

Référence électronique

Óscar Recio Morales, « Gobernar la alteridad »Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 51-1 | 2021, mis en ligne le 15 avril 2021, consulté le 18 juin 2021. URL : http://journals.openedition.org/mcv/14389 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mcv.14389

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Auteur

Óscar Recio Morales

Universidad Complutense de Madrid

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