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Dossier. Stratégies et procédures d’identification des étrangers

La debatida nacionalidad de los españoles europeos en los nuevos Estados-nación americanos

La nationalité des Espagnols européens en débat dans les nouveaux États-nations américains
The debated nationality of European Spaniards in the new American Nation-States
Tomás Pérez Vejo
p. 117-138

Résumés

La question de la nationalité des Espagnols nés dans les territoires européens de la monarchie mais vivant en Amérique était complexe et fut débattue dans les États issus des indépendances, les avis oscillant entre la déclaration universelle de citoyenneté et l'expulsion également universelle des natifs de la vieille métropole, le tout se produisant parfois à l'intérieur d'un même pays. La proposition de ce travail est une analyse de la manière dont il a été résolu par les différents nouveaux Etats-nations, avec une attention particulière au cas mexicain, sous l'hypothèse qu'il ne s'agissait pas seulement d'un problème administratif, mais qu'il faisait partie du processus de construction nationale en Amérique latine. Un problème de nation plutôt que d'État.

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Texte intégral

  • 1 A pesar de que la llegada de españoles europeos a América, siempre dentro de las modestas cifras d (...)
  • 2 Incluso en aquellos casos como el de México en el que la declaración de independencia fue precedid (...)
  • 3 Esto, unido a las variaciones en las políticas de los distintos países respecto a la nacionalidad (...)

1El papel de los cónsules en la definición de la nacionalidad de los españoles europeos en los nuevos Estados-nación americanos puede parecer algo carente de sentido si, cómo es la propuesta de este trabajo, el marco cronológico se limita a las primeras décadas de vida independiente. El caso de los españoles europeos residentes en América en el momento de las independencias y el de los llegados en los años inmediatamente posteriores1, dejando fuera el de los llegados a partir de mediados de siglo con otras características y problemas. Periodo caracterizado, desde el punto de vista de los problemas de nacionalidad de los españoles residentes en América, por el no reconocimiento, primero por la antigua Monarquía, restauración fernandina, y después por el Estado-nación español, de Estados nacidos de declaraciones unilaterales de independencia2 y en los que, como consecuencia, la situación legal de los españoles europeos fue decidida sin ningún tipo de negociación o acuerdo con España y sin que las autoridades españolas, consulares o de otro tipo, pudieran jugar papel alguno3.

  • 4 La condición de vecino, otorgada por las administraciones locales y no por las de la Monarquía, er (...)

2Al margen, sin embargo, de esta falta de protagonismo de los cónsules lo ocurrido en la América española en las primeras décadas del siglo xix proporciona información relevante sobre cómo se gestó la condición de extranjeros en el interior del mundo hispánico en el momento del nacimiento del orden político liberal; también sobre las estrategias utilizadas por estos nuevos extranjeros en un contexto político-institucional que nada tenía que ver con el anterior. Información que permite entender el paso a la condición de extranjeros, a partir de la anterior común condición de súbditos del Rey católico, distinguiendo entre quienes formaban parte de la fratría nacional y quienes no. Un proceso que no puede reducirse al simple reconocimiento del derecho de ciudadanía sino que está relacionado con la propia definición nacional de los Estados afectados, algo de mucho mayor calado político-ideológico, y con los cambios y mutaciones en las definiciones de nacional/extranjero en la transición de una Monarquía imperial a un Estado-nación contemporáneo, la primera con un marcado carácter anacional y en la que, como consecuencia, la dicotomía básica no era tanto la de nacional/extranjero como la de súbdito del Rey Católico/súbdito de otro monarca y, en un nivel más cotidiano, también más relevante desde el punto de vista del ejercicio de los derechos de ciudadanía, la de vecino/no vecino4; el segundo con la nación y la condición de nacional o extranjero como eje de la ciudadanía y los derechos políticos. Fenómeno histórico cuya relevancia va mucho más allá de un simple estudio de caso y cuyo análisis exige alguna precisiones teórico-metodológicas e historiográficas previas.

3La primera tiene que ver con el uso del término «españoles europeos» y no de los más habituales de «peninsulares» o «españoles». Elección que obedece tanto a la mayor precisión conceptual del término españoles europeos frente a los de peninsulares o españoles como al que estos dos últimos estarían en gran parte historiográficamente marcados.

  • 5 Véase Pérez Vejo, 2014a. Sobre las guerras de independencia como guerras civiles, Id., 2010.
  • 6 En la documentación de la época, a diferencia de lo que ocurre en la historiografía, los términos (...)

4La dicotomía criollos/peninsulares es en gran parte una construcción de las historiografías nacionales y nacionalistas decimonónicas. El uso del término de peninsulares, porque es consecuencia de la necesidad de narrar las guerras que ensangrentaron el continente en la segunda y tercera década del siglo xix como guerras de liberación nacional, criollos contra peninsulares, obviando y ocultando el carácter de guerras civiles que sin duda tuvieron5, responde más a una invención historiográfica que a una realidad histórica6, por lo demás tan poco operativa que ha llevado a cuestionarse hasta su propia definición conceptual:

  • 7 Pietschmann, 2003, pp. 64-65.

No hay que fiarse demasiado del concepto tradicional de criollo que los caracteriza como españoles nacidos en América […] Más razonable parece la definición que caracteriza al criollo como persona cuyo centro de vida social y económica estaba en América7.

5Afirmación con la que resulta difícil no estar de acuerdo pero que tiene el inconveniente de que si despojamos a los conceptos criollo/peninsular de su significado de lugar de nacimiento para convertirlos en categorías socio-económica-culturales estamos hablando de un significado radicalmente distinto al que le dio la historiografía del siglo xix y en todo caso completamente inútil para definir la condición de nacional o extranjero de los peninsulares, que es lo que aquí nos interesa.

  • 8 Es posible que tampoco en un sentido estrictamente étnico sino de miembro de una «nación» de Antig (...)
  • 9 «Estranjeros [sic] en su propia patria», El Estandarte Nacional, 3 marzo 1857.

6El término de españoles, porque en la época virreinal fue siempre utilizado con un sentido étnico8, blanco, no en el administrativo-territorial de nacido en los reinos europeos de la Monarquía, lo que explica los adjetivos europeo o americano con los que habitualmente se le acompaña, sentido que seguirá latente hasta varías décadas después de proclamadas las independencias. Todavía en una fecha tan tardía como 1857 un habitante de Michoacán se quejaba en las páginas de El Estandarte Nacional de que los «mexicanos españoles» debían de pagar el doble que «los mexicanos llamados antes indios» en bautizos, entierros y matrimonios9, utilizando el término español en su antiguo sentido de calidad étnica y no de pertenencia nacional y no considerando ni siquiera necesario precisar que la condición de «mexicanos españoles» hacía referencia a una antigua denominación, cosa que sí hace con la de indios.

  • 10 Para un resumen de las relaciones España-México en las primeras décadas del siglo xix, véase Sánch (...)
  • 11 Sobre la presencia de España, lo español y los españoles en la vida pública del primer México inde (...)

7La segunda precisión, relacionada con este último ejemplo, es sobre el peso que en mi argumentación va a tener el caso de México, justificado por la importancia que este país tuvo en las relaciones exteriores españolas durante las primeras décadas del siglo xix, muy superior al de cualquiera de los otros Estados nacidos de la disgregación imperial10. Tanto por ubicación geoestratégica, único país fronterizo con los Estados Unidos y casi fronterizo con Cuba en un momento en el que la ésta última se había convertido en el eje de toda la política española en la región, como por su mayor peso económico y demográfico, la Nueva España representaba en el momento de la independencia en torno al 50 % de toda la población de la América española y probablemente bastante más de la mitad de su riqueza, situación que no varió demasiado a lo largo de la primera mitad del siglo xix. Fue como consecuencia el Estado nacido de la disgregación imperial en el que los españoles europeos eran más numerosos en el momento de la independencia y al que éstos siguieron llegando en mayor número en las primeras décadas de vida independiente, constituyendo, sin comparación posible, la colonia española más rica e influyente de todas las americanas; también aquel en el que el intervencionismo español y, para lo que aquí me interesa, la instrumentalización de los españoles europeos residentes en el país por parte de las autoridades españolas fueron mayores y como consecuencia también su nacionalidad fue más debatida11.

  • 12 «las Cortes Generales del Reino, autorizan al Gobierno de Su Majestad para que, no obstante los ar (...)
  • 13 En realidad los últimos se firmaron ya en el siglo xx, Cuba, 1903, y Panamá, 1904, pero con Estado (...)
  • 14 Para un resumen del reconocimiento por España de las independencias americanas véanse Becker, Gonz (...)
  • 15 Un problema que en los firmados a finales del siglo xix ya no se dio por la desaparición, por moti (...)
  • 16 Constitución de la Monarquía Española de 1837, Título I, art. 1.
  • 17 Tan estricto que en la mayoría de los casos los nacidos fuera del país de padres nacionales sólo p (...)

8La tercera precisión tiene que ver con la voluntad de no reconocimiento de los nuevos Estados por parte de España, que es una de las claves para entender la forma como se gestionó el ya de por sí complejo problema de la nacionalidad de los españoles europeos en América. Voluntad clara durante el absolutismo fernandino, imaginado como la continuación de la vieja Monarquía y para el que, como consecuencia, los nuevos sujetos de soberanía política eran territorios rebeldes con los que sólo cabía negociar su vuelta al seno de la Monarquía. Una forma de ver la situación que extrañamente, aunque con matices, parece haberse prolongado durante buena parte de las décadas posteriores a la muerte de Fernando VII y la desaparición de la Monarquía absolutista substituida por un nuevo Estado-nación. A pesar de que ya en diciembre de 1836 se aprobó una ley que autorizaba al gobierno español a concluir tratados de paz y amistad con las nuevas repúblicas12, nunca se planteó un reconocimiento global, resolviéndose en un premioso goteo de tratados de paz y amistad, más o menos tempranos en función de la importancia que la diplomacia española dio a cada uno de los nuevos Estados, que, desde el firmado con México en 1836, y nótese la primacía otorgada a este país a la que se hacía referencia anteriormente, se prolongó hasta finales de siglo13, con la firma del de Honduras, 1894, a las puertas ya del siglo xx14. Tratados todos ellos, salvo los firmados en el último cuarto del xix, resultado de complicadas negociaciones en las que la nacionalidad de los españoles europeos y sus descendientes fue, junto con el del reconocimiento de las deudas de la época virreinal y las indemnizaciones por los perjuicios sufridos durante el desarrollo de las guerras, uno de los principales puntos de fricción y debate15. Mientras que España defendía un ius sanguinis estricto, debían de ser considerados españoles no sólo residentes en América en el momento de las independencias sino también sus descendientes, «Son españoles […] los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España» afirmará la Constitución de 183716 y seguirán repitiendo con las mismas o parecidas palabras el resto de constituciones decimonónicas; las nuevas repúblicas defendían un no menos riguroso ius soli en el que la nacionalidad la determinaba exclusivamente el lugar de nacimiento17, extendido en la mayoría de ellos a los que vivían en el país en el momento de las independencias y/o a los que sin haber nacido en el país habían militado a favor de ellas. No es necesario precisar que en uno y otro caso se trataba básicamente de españoles europeos, en las primeras décadas del siglo xix el número de nacidos fuera de los territorios de la Monarquía era en todos los nuevos Estados, tanto en cifras absolutas como relativas, prácticamente despreciable.

  • 18 Casos de México, con varias interrupciones de relaciones entre 1857 y1871, por problemas relaciona (...)

9El no reconocimiento por España hizo que durante la mayor parte de la primera mitad del siglo xix, con variaciones de unos a otros países, la situación de los españoles europeos fuese decidida de manera unilateral por los Estados americanos, quienes impusieron sus criterios sobre la nacionalidad. Situación que en algunos casos se prolongó, debido a rupturas diplomáticas, a periodos posteriores a los de la firma del reconocimiento18.

  • 19 Para algunos ejemplos de la dinámica hispanofobia/hispanofilia como uno de los vectores del debate (...)

10La cuarta y última precisión tiene que ver con un aspecto más complejo —en el que por motivos de espacio no me voy a detener— que podría resumirse en que la nacionalidad de los españoles europeos no fue tanto un problema de Estado como de nación. Tiene más que ver con el lugar de España, lo español y los españoles en la configuración de los relatos de nación hispanoamericanos que con un debate jurídico-administrativo. En función de los relatos de nación hegemónicos en cada momento, espacio y coyuntura político-cultural, con alternativas oscilaciones hispanófobas/hispanófilas19, los españoles europeos podían ser considerados parte constitutiva de las nuevas naciones o el otro por excelencia, enemigo de ellas y, como consecuencia, reconocidos como ciudadanos de los nuevos Estados o considerados no sólo extranjeros sino los más perniciosos e imposibles de asimilar.

Los españoles europeos y la declaración de las independencias

11A pesar de la retórica hispanófoba utilizada por muchos de los líderes insurgentes a lo largo de las llamadas guerras de independencia y de algunas expulsiones generalizadas de españoles durante el desarrollo de ellas, en el momento de las declaraciones de independencia la tendencia fue a atribuir la nacionalidad de los nuevos Estados a todos los españoles europeos que en ese momento residieran en sus territorios, salvo a aquellos que voluntariamente quisieran regresarse a España o cuya militancia en contra de la insurgencia hubiera sido muy manifiesta.

  • 20 En México como consecuencia de las vacilaciones a la hora de denominar la nueva entidad política e (...)
  • 21 Tratados de Córdoba, 24 de agosto de 1821, art. 15.
  • 22 Tratados de Córdoba, 24 de agosto de 1821, art. 16. Por Imperio se refiere al Imperio Mexicano, de (...)

12Es el caso del Plan de Iguala del 21 de febrero de 1821, que abriría paso a la independencia mexicana, dirigido a todos los habitantes del antiguo virreinato, al margen de donde hubiesen nacido, «¡Americanos20! bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen». Declaración que adquiriría naturaleza jurídica en los Tratados de Córdoba de 24 de agosto de 1821 y su reconocimiento a los españoles europeos avecindados en la Nueva España de la nacionalidad mexicana y a los españoles americanos residentes en la Vieja de la nacionalidad española, «los europeos avecindados en Nueva España y los americanos residentes en la península […] serán árbitros a permanecer adoptando esta o aquella patria, o a pedir su pasaporte»21. Unos y otros podían elegir establecerse a uno u otro lado del Atlántico pero no optar por su nacionalidad, adscrita al lugar donde eligiesen vivir, que podía ser tanto aquel en que habían nacido como aquel en que estaban avecindados. La única excepción concernía a «los empleados públicos o militares que notoriamente son desafectos a la independencia mexicana», quienes «necesariamente saldrán del Imperio dentro del término que la Regencia prescriba»22. Una condición, la de notoriamente desafectos a la independencia mexicana, que permitía de hecho permanecer en México y ser declarados mexicanos a la mayoría de los españoles europeos que así lo deseasen. Finalmente, pocos podían tener un historial de «notoriamente desafectos a la independencia mexicana» más claro que Agustín de Iturbide, impulsor de los tratados y futuro emperador de México, quien como oficial realista había encabezado la lucha contra la insurgencia en el Bajío novohispano.

  • 23 Reglamento provisional político del Imperio Mexicano, 18 de diciembre de 1822, Sección primera, Ca (...)
  • 24 Bases Orgánicas de la República Mexicana, 14 de junio de 1843, Título III, art. 11.

13A pesar del no reconocimiento por parte de las Cortes Españolas de los Tratados de Córdoba, la propuesta sobre la ciudadanía de los españoles europeos será sancionada por Reglamento provisional político del Imperio Mexicano de 1822: «Son mexicanos, sin distinción de origen, todos los habitantes del Imperio, que en consecuencia del glorioso grito de Iguala han reconocido la independencia23». Principio mantenido por los sucesivos proyectos republicanos posteriores y todavía vigente en 1843 cuando las Bases Orgánicas de la República Mexicana siguen afirmando que «Son mexicanos […] Los que sin haber nacido en la República, se hallaban avecindados en ella en 1821», aunque en este último caso con la precisión de que siempre que «no hubieren renunciado a su calidad de mexicanos»24, precisión sobre la que volveré más adelante.

  • 25 Es probable que en sentido estrictos no sea tanto una ampliación del ius solis como de la translac (...)
  • 26 Argentina, «Son ciudadanos de la Nación Argentina los extranjeros establecidos en el país desde an (...)
  • 27 Estatuto Provisional Argentino de 1815, Sección primera, cap. iii, art. 4.
  • 28 Estatuto Provisional Argentino de 1815, Sección primera, cap. iii, art. 5.

14Quiero sin embargo regresar a ese primer momento en el que todos los españoles europeos que decidieron permanecer en el país fueron declarados unilateralmente ciudadanos mexicanos, lo que explica que el Acta de Independencia del Imperio Mexicano de unos pocos meses después fuese firmada por varios españoles europeos, ciudadanos del nuevo Imperio, e incluso que un español europeo, Pedro Celestino Negrete, fuera posteriormente durante unos pocos días presidente de la República Mexicana establecida después de la caída de aquel. Situación común a la mayoría de las primeras constituciones de todos los países hispanoamericanos en las que, de manera general, el estricto ius solis (son ciudadanos todos los nacidos en el país) se amplía con el reconocimiento de la ciudadanía a todos aquellos que residieran en él en el momento de la declaración de la independencia25 y/o hubieran combatido a favor de ella, casos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Provincias Unidas de Centroamérica y Perú26. Las únicas excepciones significativas serían la del Estatuto Provisional Argentino de 1815 y la de la Constitución política del Estado de Chile de 1822. El primero excluye del derecho de ciudadanía a los españoles europeos hasta que España no reconociese la independencia de las provincias del Río de la Plata: «Ningún español europeo podrá disfrutar del sufragio activo o pasivo, mientras los derechos de estas provincias no sean reconocidos por el Gobierno de España27», con la excepción de los «decididos por la libertad del Estado, y que hayan hecho servicios distinguidos al País [quienes] gozarán de la ciudadanía28». O sea que se supedita la ciudadanía de los españoles europeos al reconocimiento por España del nuevo Estado y a la actitud que aquellos hubiesen tenido en las guerras de independencia. Mientras que en la segunda no se hace ninguna referencia a los nacidos fuera del país pero establecidos en él en el momento de la independencia, tampoco, lo que es todavía más raro, a los extranjeros que hubieran contribuido a ella.

  • 29 Constitución de la República Argentina de 1826, Sección II, art. 4.

15Salvo estas dos excepciones, corregida en el caso de Argentina por la Constitución de 1826 y su afirmación de que «Son ciudadanos de la Nación Argentina los extranjeros establecidos en el país desde antes del año 1629», el punto de partida es el de unos españoles europeos a los que de manera unilateral, voluntaria o forzada, se les hace ciudadanos de los nuevos Estados. Una aclaración, la de voluntaria o forzada, necesaria en la medida en que no parece necesario precisar que la condición de haber jurado la independencia presente en muchas de estas primeras constituciones, en un contexto de guerra todavía en muchos casos no concluida, no era tanto una elección como una obligación: todo aquel que no jurase la independencia corría el riesgo de ser expulsado del país o, peor todavía, el de ser pasado por las armas.

La evolución posterior: un problema de nación más que de Estado

  • 30 Tratado de paz y amistad entre España y la República de Ecuador, 16 de febrero de 1840, art. 12.
  • 31 Lafragua, 1857. Reproducido en Diario de Avisos, 15 de diciembre de 1857.

16Las declaraciones de independencia hicieron a los españoles europeos ciudadanos de nuevos Estados para los que, al menos en un primer momento, el problema no fue tanto la nación como el Estado y, como consecuencia, con discursos identitarios relativamente débiles. Se trata de un asunto administrativo interno cuyo objetivo fue resolver la situación jurídica de unos españoles a los que no se consideraba extraños al ser de las nuevas naciones y, como consecuencia, tampoco en sentido estricto extranjeros, por los que se prefirió no entrar en las complejidades de un debate que fuese más allá de una situación de hecho. Es lo que afirman de manera literal varios de los primeros tratados de paz y amistad, caso por ejemplo del de Ecuador, en 1840, que justifica las decisiones respecto a la nacionalidad en que «la identidad de origen de unos y otros habitantes [los de España y los de Ecuador], y la no lejana separación de los dos países pueden ser causa de enojosas discusiones30». Nada muy diferente de lo que en fechas más tardías, 1857, y en el contexto de agudización de los conflictos entre España y México por los problemas de la deuda y la matanza de españoles en la hacienda de San Vicente afirmará el escritor y político liberal mexicano José María Lafragua respecto a los españoles europeos residentes en México: «no son mexicanos, pero tampoco son considerados como extraños; de manera que se les llama españoles y no extranjeros31». Y nótese que no se está haciendo referencia tanto a la condición jurídica, en esos momentos resuelta a favor de la libre elección de nacionalidad por parte de los españoles europeos residentes en México, como a la forma como eran percibidos por la población, algo de mucho mayor complejidad político-ideológico-cultural que una simple decisión administrativa.

17Una percepción, la de unos españoles europeos no considerados extranjeros, cuyo corolario lógico fue, como ya se ha visto, el casi general reconocimiento/imposición de la condición de nacionales. Situación jurídica que, a falta de acuerdos con España —y vuelvo al momento de las declaraciones de independencia—, dependió únicamente de la voluntad de los gobiernos de los nuevos Estados. Era suficiente que las tensiones políticas con la antigua metrópoli o los conflictos identitarios se agudizasen para que esta nacionalidad otorgada pudiese ser puesta en cuestión de manera unilateral ya que no estaba avalada por ningún convenio internacional ni los españoles europeos podían recurrir a la protección de un gobierno que ni había reconocido a los nuevos Estados ni, como consecuencia, mantenía relaciones con ellos.

  • 32 Ley de expulsión de españoles de 20 de diciembre de 1827 y Ley sobre expulsión de españoles de 20 (...)
  • 33 Sobre las expulsiones de españoles en México véanse, entre otros, Blázquez Domínguez, 1992; Gamboa (...)

18Fue lo que ocurrió en México a finales de la década de los veinte cuando los conflictos entre grupos políticos, con la presencia de un «partido español», y las tensiones originadas por lo intentos de reconquista españoles, conspiración del fraile Joaquín Arenas de 1827 y desembarco de Barradas en Tampico en 1829, dieron lugar a las leyes de expulsión de diciembre de 1827 y marzo de 182932, cuya vigencia se prolongaría hasta enero de 1834, ordenando la expulsión de todos los españoles europeos, privados a la vez de la nacionalidad mexicana y del derecho de seguir viviendo en el país. El mismo Estado que los había hecho unilateralmente mexicanos los hacía ahora, de forma no menos unilateral, extranjeros, aunque el gobierno podía, previa solicitud, exceptuar a los casados con mexicanas, a los que tuvieran hijos mexicanos, a los mayores de sesenta años, a los impedidos físicos y a los que hubiesen sido diputados en el Congreso federal. La supuesta radicalidad de una expulsión generalizada dejaba suficientes excepciones para que no lo fuera tanto, atenuada todavía más por una aplicación llena de arbitrariedades y la vuelta en muchos casos, de manera más o menos inmediata previo paso por Nueva Orleans o La Habana, de muchos de los expulsados, aunque en situaciones jurídicas enormemente difusas33. La petición al gobierno de los coroneles Mariano Arista y Gabriel Duran de agosto de 1831 para que expulsase a los españoles que todavía no habían salido del país y de que no se derogase la ley de 1829 plantea muchas dudas tanto sobre la forma como había sido ejecutada la ley como sobre la voluntad de los poderes públicos de seguir aplicándola.

  • 34 Constitución de 1836, art. 5.
  • 35 Alamán, 1975, p. 863 [primera edición 1849-1852].

19Fuera cual fuese, sin embargo, el celo de las autoridades mexicanas en la aplicación de los decretos de expulsión lo cierto es que a partir de este momento hubo españoles europeos, convertidos en mexicanos en el momento de la independencia, a los que las leyes de expulsión no sólo declaraban extranjeros sino que además expulsaban del país. Situación que se prolongaría con altibajos hasta la Constitución de 1836, en la que, con algunas limitaciones, fruto de los las recientes leyes de expulsión, se volvía prácticamente a la situación de partida «[son mexicanos] los no nacidos en él [el territorio mexicano], que estaban fijados en la República cuando ésta declaró su independencia, juraron el acta de ella y han continuado residiendo aquí34». Condición esta última eliminada por el Tratado de Paz y Amistad de 1836, cuando, en palabras del político e historiador mexicano Lucas Alamán, «pudieron volver todos los expulsos, a muchos de los cuales ya se les había permitido entrar», reconociéndoseles nuevamente la condición de mexicanos, aunque ahora sólo a los que optaron por ella y no de manera obligatoria como había ocurrido en 1821. Una opción a la que, si hemos de creer al propio Alamán, se acogieron prácticamente todos los empleados del gobierno «declarados jubilados con todo su sueldo», y los militares, colocados en «empleos correspondientes a sus grados»; no los propietarios y comerciantes, que según el mismo Alamán, eligieron en su mayoría seguir siendo españoles, «los más de estos quisieron volver a ser considerados como españoles»35.

  • 36 Tratado de Paz y Amistad entre México y España, 28 de diciembre de 1836, art. II.

20La afirmación de Alamán no es estrictamente cierta. El tratado no hacía ninguna referencia a los españoles europeos, aunque sí a todos los ciudadanos de uno u otro país que «puedan hallarse expulsados, ausentes, desterrados, expulsados […], presos o confinados […] durante las guerras y disensiones felizmente terminadas por el presente Tratado36», entre los que obviamente estaban los españoles europeos expulsados del país y de sus puestos en la burocracia del Estado, a los que se les concedía una amnistía general. Lo que el tratado no precisaba era la condición de los regresados: para el gobierno mexicano la vuelta a la situación de partida se traducía en que todos los españoles europeos a los que en algún momento se había dado la nacionalidad y posteriormente quitado y en muchos casos expulsado del país, volvían a ser nuevamente mexicanos. No fue ésta, sin embargo, la interpretación de muchos de los españoles europeos (el tratado era calculadamente ambiguo respecto a este punto), quienes presionaron, ahora sí con el apoyo de la embajada y los cónsules españoles, para que se les permitiese conservar la nacionalidad española, a ellos y a sus descendientes inmediatos.

  • 37 «Calderón de la Barca a Ministerio de Estado, 2 de febrero de 1840». Citado en Pi-Suñer, Sánchez A (...)
  • 38 «Dictamen del Consejo de Gobierno, 4 de marzo de 1840». Citado en ibid., p. 69.

21Ya el primer embajador de España en México, probablemente más por presiones de los líderes de la colonia española que por interés del gobierno español, solicitó al gobierno mexicano que se diera a los españoles europeos que habían permanecido en el país «la opción de elegir libre y espontáneamente […] entre esta y aquella patria, ahora que formando dos naciones soberanas distintas no pueden pertenecer del mismo modo a entrambas37». Petición denegada por el gobierno mexicano, que alegó el agravio comparativo que una medida de este tipo suponía tanto para el resto de los extranjeros residentes en México como para los españoles llegados con posterioridad a 183638.

  • 39 Los españoles europeos fueron los principales prestamistas, voluntarios o forzosos, de los gobiern (...)
  • 40 «Bermúdez de Castro al Primer Secretario del Despacho de Estado, ciudad de México, 26 de junio de (...)

22Negociaciones posteriores, bajo la presión de los líderes de una colonia española con gran peso económico e influencia política y39, ahora ya sí, de una embajada española cuyo intervencionismo en la vida mexicana fue constante en estos años, llevaron primero al decreto de 1842, que reconocía la libertad de elección pero que la restringía de facto al coexistir con otro que prohibía a los extranjeros ejercer el comercio minorista, principal actividad de muchos de los españoles europeos por lo que les obligaba en la práctica a elegir la nacionalidad mexicana. Finalmente fue el convenio de 25 de abril de 1847, tan favorable a los intereses de los españoles europeos que, en palabras del embajador español Salvador Bermúdez de Castro, permitió «a todos los naturales de España residentes en esta nación, y considerados hasta ahora, expresa o tácitamente, como ciudadanos mexicanos, volver a la ciudadanía del país de su nacimiento, sin fijar este derecho términos ni restricciones40». La posibilidad de recuperar la nacionalidad española se extendía a todos los españoles europeos, incluidos los naturalizados después de 1836, y sin limitación alguna de los derechos económicos adquiridos durante la época en que habían sido mexicanos, como los de tener propiedades o ejercer el comercio. Una nacionalidad ahora sí gestionada por los representantes diplomáticos españoles, todos los que quisieran recuperar su ciudadanía de origen debían de pasar por las oficinas consulares para inscribirse y obtener carta de ciudadanía.

La elección de nacionalidad de los europeos españoles

  • 41 La red consular española se desarrolló rápidamente a partir del establecimiento de relaciones, die (...)

23La afirmación de Alamán sobre la ubicación socioeconómica de quienes optaron por una u otra nacionalidad, en líneas generales cierta, sitúa el problema en el campo no de las presiones de cónsules41 y embajadores, al margen del mecanismo establecido para la recuperación de la nacionalidad, sino en el de los intereses de los europeos españoles de México, con los representantes de España convertidos poco menos que en sus agentes. A su pesar en muchos casos, ya que tanto la Embajada como la red consular estaban al servicio de los intereses del gobierno español, no necesariamente coincidentes con los de los españoles europeos. No lo fueron de hecho en numerosas ocasiones, con frecuentes conflictos entre los representantes de uno y de otros, agravados porque no se trataba de unos españoles cualquiera sino de algunas de las más importantes fortunas del país, con relaciones familiares y de negocios con las élites locales que en algunos casos se remontaban a antes de la independencia.

  • 42 «El ministro mexicano en España, Ramón Corona, comunica su conversación con el Secretario de Estad (...)
  • 43 McMahon, 1974, p. 33.
  • 44 «Calderón de la Barca a Juan Nepomuceno Pereda, encargado de Negocios de las Repúblicas de Ecuador (...)

24La capacidad de presión de los españoles europeos sobre los representantes diplomáticos de su país fue como consecuencia muy alta, llegando a instrumentalizarlos al servicio de intereses que no necesariamente fueron los del gobierno español. Como todavía en una fecha tan tardía como 1881 recordaba el embajador mexicano en España, Ramón Corona, «existen españoles en México, que […] han conseguido convertir a sus Ministros en agentes de sus intereses privados42». No sin la oposición de embajadores y cónsules, que a su vez tendían a ver a los españoles europeos como una herramienta al servicio de los intereses de su Estado y no como un grupo al que servir43. El origen de los intermitentes choques y conflictos entre los representantes de uno y otros durante las primeras décadas del restablecimiento de relaciones, con los informes de los embajadores reflejando una explícita animadversión hacia unos españoles de nacionalidad difusa y cuyo único interés por conservar la española es el de gozar de la protección de los representantes de un gobierno extranjero. En palabras del primer embajador español, el ya citado Calderón de la Barca, «Cada español que pone el pie en estos países es un saco de criollitos. Se casan, se amalgaman con los del país, acumulan […] fortunas inmensas […] perdiendo el afecto de su patria y estableciéndose “sans esprit de retour” […] ¿Qué sucede en México? La mayor parte de los comerciantes y propietarios ricos, ¿qué son? Españoles […] ¿Quién […] los defiende? España44». El fondo de hostilidad y resentimiento es bastante claro.

25La elección de la nacionalidad mexicana por parte del primer grupo, el de los empleados públicos y militares, no plantea ningún problema. En el caso de los militares su elección era obligada si consideramos que ésta —y el establecimiento en el país— era la condición que debían de cumplir para ser reintegrados en el ejército mexicano con los sueldos y grados anteriores; en el de los empleados públicos, aunque se legisló que no podían ser reintegrados a sus puestos, para evitar conflictos con quien los habían substituidos, sí se les reconoció el derecho a seguir cobrando los salarios que les correspondiesen, también con la condición de que residiesen en el país y tuviesen la nacionalidad mexicana, lo que obviamente empujo también a la mayoría de ellos a optar por esta última en detrimento de la española.

  • 45 El asunto resulta en realidad más complicado ya que muchos de estos españoles europeos recurrieron (...)
  • 46 Véanse Pérez Vejo, 2008, cap. v; Rueda Smithers, 2006.
  • 47 Para un resumen del problema de la deuda española en México, véase Pi-Suñer, 2007.

26La pregunta sería que alicientes tuvieron propietarios y comerciantes, el grupo sin duda más numeroso, para querer recuperar su nacionalidad española y no seguir con la mexicana. El motivo, al margen de aspectos afectivo-sentimentales, no parece haber sido otro que buscar la protección del gobierno español45, más necesaria en la medida en que la hispanofobia (también la hispanofilia pero esta no me interesa aquí) formó parte constante de la vida mexicana del siglo xix. Tanto de la cotidiana, las noticias sobre atentados contra españoles o sus bienes son prácticamente constantes en la prensa mexicana de la primera mitad del siglo xix; como de la política, raro es el pronunciamiento liberal que no va seguido de denuncias y atropellos contra españoles y no menos rara la asonada conservadora en la que no hubo participación española. Tener la nacionalidad española significaba en este contexto poder pedir la protección del gobierno español, tanto en momento de crisis como en conflictos de la vida cotidiana. Llevaría en casos extremos hasta una expedición militar, la de Prim, entre cuyos motivos jugará un papel determinante la reclamación de indemnizaciones por el asesinato de varios españoles en la Tierra Caliente de Cuernavaca, la conocida como matanza de San Vicente46, y el problema de la llamada deuda española47. A las relaciones de ésta última con el problema de la nacionalidad de los españoles europeos quiero dedicar un poco más de espacio ya que muestra de manera bastante precisa la forma como algunos de los españoles europeos gestionaron su nacionalidad en el convulso contexto del nacimiento de los nuevos Estados-nación hispanoamericanos.

27Lo primero que hay que precisar es que esta supuesta deuda española no tenía de tal nada más que el nombre. Se trataba, en origen, de la deuda contraída por las autoridades virreinales durante la guerra de independencia y cuyos acreedores eran tanto españoles europeos como americanos. Una deuda que el Estado mexicano, lo mismo que la mayoría de los americanos nacidos de la disgregación imperial, asumió como propia y nacional (ley de 28 de julio de 1824), por lo tanto sin ninguna implicación sobre el problema de la nacionalidad. Se trataba de una deuda mexicana y en manos de mexicanos. No sólo porque muchos de sus tenedores eran españoles americanos, y por lo tanto mexicanos, sino porque los españoles europeos habían sido también hechos mexicanos.

28El problema se planteó cuando el Estado mexicano, que en realidad y a pesar del reconocimiento nunca tuvo capacidad para pagarla y posiblemente ni siquiera la intención de hacerlo, suspendió su pago y algunos acreedores decidieron utilizar su recuperada nacionalidad española, de acuerdo con el Tratado de paz y amistad de 1836, como elemento de presión, involucrando a la representación diplomática española para buscar su conversión en deuda externa de México con España. Es el caso, de manera destacada del ya citado Lorenzo Carrera, un agiotista vizcaíno, llegado a la Nueva España en algún momento de la segunda década del xix, ni siquiera está claro cuando, hecho mexicano en el momento de la independencia, que a diferencia de otros en su misma situación no llegó a ser expulsado de México y que con posterioridad a 1836 reclamaría su condición de español, y con ella el apoyo de las autoridades diplomáticas para el cobro de una deuda que en gran parte había comprado a precio de títulos basura a tenedores mexicanos.

  • 48 Interés que tampoco resulta fácil de explicar. Finalmente la protección de los súbditos españoles (...)

29Un perfecto ejemplo del uso de la nacionalidad en función de los intereses de cada momento, que desatará un conflicto diplomático con la embajada de España actuando en muchos momentos como portavoz de los intereses de los agiotistas. Es decir no se trata tanto de que los cónsules actuarán como agentes de los intereses del gobierno español para conservar la nacionalidad de los españoles europeos establecidos en México como de uso por parte de éstos del interés del gobierno español porque siguieran siendo españoles48. Un fenómeno para cuya explicación sería necesario considerar lo que ya se dijo anteriormente de las características socioeconómicas de muchos de estos españoles europeos, cuya integración en la vida mexicana, fruto de una pirámide social en gran parte de carácter étnico y de una inmigración a través de redes familiares que se remontaban en muchos casos a las primeras décadas del siglo xviii, tuvo lugar en la parte alta de la misma y, como consecuencia, con redes de poder que les permitieron negociar la nacionalidad en condiciones ventajosas para sus intereses.

30Más complicado es el caso de los pequeños comerciantes, para quienes no está claro ni el interés de mantener su nacionalidad española, ni tampoco la capacidad de negociación con los representantes diplomáticos y consulares. Sólo estudios más pormenorizados, de los que en estos momentos carecemos, sobre el porcentaje exacto de los que optaron por una u otra opción, acompañados por ejercicios de microhistoria, basados en casos individuales, permitirían aventurar algunas hipótesis.

El problema de la nacionalidad en el resto de los Estados hispanoamericanos

31La situación no fue exactamente la misma en el resto de Estados hispanoamericanos, en general como ya he dicho con una población española mucho menor, aunque sí las claves en torno a las que giró el problema de la nacionalidad de los españoles europeos, incluidos los conflictos en torno a la deuda y los episódicos brotes hispanófobos. Un problema que se convirtió en casi todos ellos en el más complicado de resolver para el reconocimiento de las nuevas repúblicas por parte de España, llegando en casos como el de Argentina, país con el que apenas había diferendos que resolver, a retrasar la firma del tratado de reconocimiento de la independencia hasta 1864.

  • 49 «los españoles que […] hayan residido en la República de Venezuela y adoptado aquella nacionalidad (...)
  • 50 «aquellos españoles que […] hayan adoptado la nacionalidad Boliviana podrán volver a recobrar la s (...)
  • 51 «sean tenidos y considerados […] como súbditos españoles los nacidos en los actuales dominios de E (...)

32La postura del gobierno español fue la de considerar innegociable la nacionalidad de todos los españoles europeos establecidos en el continente, con la posibilidad de que ésta se extendiese también a sus hijos. La de los nuevos Estados, basada en un ius solis estricto, ampliado como ya se ha dicho por la identificación entre vecino y ciudadano, la de considerar nacionales a todos los establecidos en ellos en el momento de las independencias: lo que llevó, como ya también se dijo, a atribuir la condición de nacionales de manera unilateral a todos los españoles europeos avecindados en América. Esta situación se mantuvo, sin las expulsiones de México, hasta las firmas de reconocimiento de la independencia, tratados de paz y amistad, en los que, de manera general se permitió a los españoles europeos optar por una u otra nacionalidad, caso de los firmados con Venezuela (1845) y Argentina (1859) 49. Cuando la capacidad de presión del gobierno español fue mayor, el derecho se extendió también a sus hijos, Bolivia (1847), Costa Rica (1850), Nicaragua (1850), República Dominicana (1855) y Uruguay (1870)50. Las únicas excepciones serían los firmado con Ecuador (1840) y Chile (1844) en los que, siguiendo un estricto ius soli, se declaran súbditos españoles a todos los nacidos en España y ciudadanos ecuatorianos y chilenos a sus hijos nacidos en estos países51. Hay además algunos pocos en los que no se hace ninguna referencia a este problema, en general los más tardíos, cuando muchos de los españoles europeos establecidos antes de la independencia habían ya muerto, y con países en los que el número de españoles había sido siempre muy menor, casos de Guatemala (1863), El Salvador (1865), Perú (1865), Paraguay (1880), Colombia (1881) y Honduras (1894).

33La intensificación de la llegada de nuevos inmigrantes, a partir de la década de los cuarenta, planteo otros problemas, relacionados en general con la forma como eran tratados los emigrantes españoles, incluido, en el caso de Argentina, el de la incorporación de muchos de ellos al ejército, siguiendo la tradición iniciada por Rosas de utilizar a gallegos y asturianos como mano de obra barata al servicio del Estado. Motivo de continuas protestas por parte de los consulados españoles, principalmente en Argentina y Venezuela, pero que plantea problemas obviamente diferentes a los que he querido explicar aquí.

 

34El problema de la debatida nacionalidad de los españoles europeos tiene poco que ver con la presión de los cónsules españoles y mucho con el de unos Estados-nación para los que la inmigración y la población del territorio, recuérdese el civilizar es poblar de Sarmiento, se convirtió desde muy pronto en parte del ideario nacional.

  • 52 Véase Pérez Vejo, Yankelevich, 2017.
  • 53 Citado en Guerrero Balfagón, 1964, p. 204.

35Propuesta que incluyó en muchos casos un fuerte componente racial, en la que los españoles, en la acepción virreinal de blancos, se convertían también en elemento identificador de nacionalidad frente a poblaciones de otras razas que, a pesar de la retórica, prehispanista más que indigenista, de algunos momentos de las guerras de independencia raramente fueron consideradas como parte de la raza de la nación52. Como observó la Sección del Negociado de América del Ministerio de Asuntos Españoles, en su informe sobre el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia, pero en una reflexión que extendía al conjunto de las Repúblicas americanas, el problema de la nacionalidad resultaba uno de los de más difícil resolución ya que, versión de los funcionarios españoles, los gobiernos de todas ellas buscaban restringir la capacidad de elección de nacionalidad de los españoles, tanto europeos como americanos, obligándoles a la condición de ciudadanos de los nuevos Estados. El motivo, que «la población blanca es reducida, comparada con la de color, y como esta población blanca casi toda es de origen español, si se establecen reglas amplias para la nacionalidad, resultaría que casi todos los blancos conservarían la nacionalidad española53». Algo que Estados de marcada matriz criolla y empeñados en explícitas o implícitas políticas de blanqueamiento no estaban dispuestos a aceptar.

36Su interés por convertir en ciudadanos a todos los españoles europeos avecindados en el momento de las independencias chocaba con el del gobierno español, que, por motivos básicamente de prestigio, buscaba que siguiesen siendo españoles, y con los de muchos de los interesados que, por motivos diversos, de protección consular pero también político-ideológicos y/o económicos, preferían conservar su nacionalidad española. Objetivo para el que instrumentalizaron a las autoridades diplomáticas y consulares, en el contexto, al menos para el caso mexicano, de unos españoles europeos que en muchos casos siguieron conservando un significativo poder económico y de relación con las élites de las nuevas Repúblicas. Como consecuencia también de presión frente a los funcionarios de uno y otro Estado.

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Notes

1 A pesar de que la llegada de españoles europeos a América, siempre dentro de las modestas cifras de las migraciones de Antiguo Régimen, se interrumpió en el momento de la proclamación de las independencias, volvió a recuperarse en los años posteriores con características y pautas que apenas se diferenciaron de los de la última etapa virreinal, salvo obviamente la que tenía que ver con la llegada de funcionarios eclesiásticos y civiles. Ya en 1835 el gobierno español vio la necesidad de regular por una Real Orden las condiciones que debían de cumplir los emigrantes que salían del país, reflejo de una cierta presión emigratoria, cuyo destino era en esos momentos de manera casi exclusiva las antiguas posesiones de la Monarquía en América.

2 Incluso en aquellos casos como el de México en el que la declaración de independencia fue precedida de un acuerdo con las autoridades españolas (los Tratados de Córdoba de 24 de agosto de 1821), ésta no fue reconocida oficialmente por España hasta más de una década después (Tratado definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana y S.M.C. la Reina Gobernadora de España de 28 de diciembre de 1836).

3 Esto, unido a las variaciones en las políticas de los distintos países respecto a la nacionalidad de los españoles, plantea un problema de fuentes sobre el número real de naturalizados, expulsados y los que conservaron su condición de españoles, asi como sobre los procedimientos que se utilizaron para identificar esos españoles metropolitanos. Carencia que, quizás, podría ser en parte paliada por fuentes locales, hasta el momento no suficientemente exploradas.

4 La condición de vecino, otorgada por las administraciones locales y no por las de la Monarquía, era lo más parecido a lo que hoy entenderíamos por la de ciudadano. Un estatus diferente al de súbdito del Rey Católico, para el que se necesitaba ser natural o, en el caso de los extranjeros, haber obtenido carta de naturaleza, pero que por si sólo no garantizaba los derechos de ciudadanía, vinculados a la condición de natural o avecindado. Véase Herzog, 2003.

5 Véase Pérez Vejo, 2014a. Sobre las guerras de independencia como guerras civiles, Id., 2010.

6 En la documentación de la época, a diferencia de lo que ocurre en la historiografía, los términos habituales son mucho más español europeo y español americano que los de peninsular y criollo.

7 Pietschmann, 2003, pp. 64-65.

8 Es posible que tampoco en un sentido estrictamente étnico sino de miembro de una «nación» de Antiguo Régimen, de «nacido» de descendientes de originarios de España. Sentido todavía presente de alguna manera en la Constitución de Cádiz y su afirmación de que son ciudadanos españoles todos aquellos que «por ambas líneas traen sus orígenes de los dominios españoles de ambos hemisferios» (Art. 18), los descendientes de indios y de españoles y de la mezcla entre ambos, no los de «naciones» extranjeras, caso de los originarios de África, para quienes la ciudadanía era el resultado de un reconocimiento personal, no de «nación», «los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios de África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos» (Art. 22). Véase Pérez Vejo, 2014b, pp. 79-82.

9 «Estranjeros [sic] en su propia patria», El Estandarte Nacional, 3 marzo 1857.

10 Para un resumen de las relaciones España-México en las primeras décadas del siglo xix, véase Sánchez Andrés, Pérez Herrero, 2015, cap. ii y iii; Pi-Suñer, Sánchez Andrés, 2001, cap. i, ii y iii.

11 Sobre la presencia de España, lo español y los españoles en la vida pública del primer México independiente, véase Pérez Vejo, 2008; para un resumen de los cambios de nacionalidad de los españoles europeos en el México de las primeras décadas del siglo xix, véase Rabadán Figueroa, 2006.

12 «las Cortes Generales del Reino, autorizan al Gobierno de Su Majestad para que, no obstante los artículos X, CLXXII y CLXXIII de la Constitución política de la Monarquía, promulgada en Cádiz en el año de 1812, puedan concluir tratados de paz y amistad con los nuevos estados de la América Española sobre la base del reconocimiento de la independencia y renuncia de todo derecho territorial o de soberanía por parte de la antigua metrópoli» (Decreto del 4 de diciembre de 1836).

13 En realidad los últimos se firmaron ya en el siglo xx, Cuba, 1903, y Panamá, 1904, pero con Estados nacidos en procesos distintos de los de la disgregación imperial.

14 Para un resumen del reconocimiento por España de las independencias americanas véanse Becker, González, 1922; Malamud, 2012.

15 Un problema que en los firmados a finales del siglo xix ya no se dio por la desaparición, por motivos de edad, de la mayoría de estos españoles americanos.

16 Constitución de la Monarquía Española de 1837, Título I, art. 1.

17 Tan estricto que en la mayoría de los casos los nacidos fuera del país de padres nacionales sólo podían reclamar la nacionalidad una vez regresados, no mientras siguieran viviendo fuera de las fronteras nacionales, casos de Bolivia «Son bolivianos […] Los hijos de padre y madre bolivianos, nacidos fuera del territorio, luego que manifiesten legalmente su voluntad de domiciliarse en Bolivia» (Constitución Política de 1826, Título primero, art. 11); Chile, «Son chilenos […] Los nacidos en otro país, si son hijos de padre o madre chilenos, y pasan a domiciliarse en Chile» (Constitución política del Estado de Chile, promulgada el 29 de diciembre de 1823, Título I, art. 6); República Federal de Centroamérica, «son naturales los nacidos en país extranjero de ciudadanos de Centroamérica, siempre que sus padres estén al servicio de la República, o cuando su ausencia no pasare de cinco años y fuere con noticia del gobierno» (Constitución de la República Federal de Centro América, Título I, Sección segunda, art. 16);… En otros ni siquiera se plantea esa posibilidad, casos de Colombia, cuya Constitución de 1821 sólo reconoce la nacionalidad colombiana a los nacidos en el país.

18 Casos de México, con varias interrupciones de relaciones entre 1857 y1871, por problemas relacionados con la deuda y asesinatos de españoles; Ecuador, con rupturas de relaciones entre 1846-1847, expedición restauradora del general Flores, apoyada por España, y 1865-1879, Guerra del Pacífico; Chile, 1865-1879, Guerra del Pacífico; Venezuela, 1860-1861, conflictos en torno a Cuba; y Bolivia, 1865-1879, Guerra del Pacífico.

19 Para algunos ejemplos de la dinámica hispanofobia/hispanofilia como uno de los vectores del debate público en la Hispanoamérica de la primera mitad del siglo xix, véanse Pérez Vejo, 2008; Sánchez, 2011.

20 En México como consecuencia de las vacilaciones a la hora de denominar la nueva entidad política el uso del gentilicio mexicano fue relativamente tardío. Descartado el de Nueva España se utilizaron otros como América Septentrional, Anahuac,… hasta llegar al de México, previo paso por el de Imperio Mexicano, de ahí el uso de americanos y no el de mexicanos en un Plan de Iguala en el que el sujeto no se denomina todavía México sino la América Septentrional. Algo parecido ocurrió en otros varios países hispanoamericanos, véase Chiaramonte, Marichal y Granados, 2008.

21 Tratados de Córdoba, 24 de agosto de 1821, art. 15.

22 Tratados de Córdoba, 24 de agosto de 1821, art. 16. Por Imperio se refiere al Imperio Mexicano, denominación asumida por la nueva entidad política, y por Regencia al gobierno de tres personas que asumiría el poder hasta el nombramiento de un emperador.

23 Reglamento provisional político del Imperio Mexicano, 18 de diciembre de 1822, Sección primera, Capítulo único, art. 7.

24 Bases Orgánicas de la República Mexicana, 14 de junio de 1843, Título III, art. 11.

25 Es probable que en sentido estrictos no sea tanto una ampliación del ius solis como de la translación de la condición de vecino a la de ciudadano característica de la transición del Antiguo Régimen al sistema liberal en el mundo hispánico. La mayoría de los españoles europeos aunque no naturales estaban avecindados en América.

26 Argentina, «Son ciudadanos de la Nación Argentina los extranjeros establecidos en el país desde antes del año 16» (Constitución de 1826, Sección II, art. 4); Bolivia, «Son bolivianos […] los que en Junín y Ayacucho combatieron por la libertad» además de « los extranjeros que […] tengan tres años de vecindad en el territorio de la República» (Constitución Política de 1826, Título primero, art. 11); Colombia, «Son colombianos […] los que estaban radicados en Colombia en el tiempo de su transformación política, con tal que permanezcan fieles a la causa de la Independencia» (Constitución de 1821, Título I, Sección segunda, art. 4); Ecuador, «Son ecuatorianos […] Los militares que estaban al servicio de Ecuador al tiempo de declararse en Estado independiente; los extranjeros, que eran ciudadanos en la misma época» (Constitución del Estado de Ecuador de 23 de septiembre 1830, Título I, Sección III, art. 9); Provincias Unidas de Centroamérica, «Son naturalizados los españoles y cualesquiera extranjeros que hallándose radicados en algún punto del territorio de la República la proclamar su independencia la hubiera jurado» (Constitución de la República Federal de Centro América, Título I, Sección segunda, art. 17); Perú, «Son ciudadanos de la nación peruana […] Los extranjeros que hayan servido o sirvieren en el ejército y armada de la República. Los extranjeros avecindados en la República desde antes del año veinte […] con tal que comprueben […] haber vivido pacíficamente en ella» (Constitución de 1828, Título II, art. 4). No es necesario precisar que la práctica totalidad de los «extranjeros» a los que se hace referencia eran en todos los casos españoles.

27 Estatuto Provisional Argentino de 1815, Sección primera, cap. iii, art. 4.

28 Estatuto Provisional Argentino de 1815, Sección primera, cap. iii, art. 5.

29 Constitución de la República Argentina de 1826, Sección II, art. 4.

30 Tratado de paz y amistad entre España y la República de Ecuador, 16 de febrero de 1840, art. 12.

31 Lafragua, 1857. Reproducido en Diario de Avisos, 15 de diciembre de 1857.

32 Ley de expulsión de españoles de 20 de diciembre de 1827 y Ley sobre expulsión de españoles de 20 de marzo de 1829.

33 Sobre las expulsiones de españoles en México véanse, entre otros, Blázquez Domínguez, 1992; Gamboa Ojeda, 2003; Pani, 2003; Ruiz de Gordejuela, 2006; Sims, 1990.

34 Constitución de 1836, art. 5.

35 Alamán, 1975, p. 863 [primera edición 1849-1852].

36 Tratado de Paz y Amistad entre México y España, 28 de diciembre de 1836, art. II.

37 «Calderón de la Barca a Ministerio de Estado, 2 de febrero de 1840». Citado en Pi-Suñer, Sánchez Andrés, 2001, p. 68.

38 «Dictamen del Consejo de Gobierno, 4 de marzo de 1840». Citado en ibid., p. 69.

39 Los españoles europeos fueron los principales prestamistas, voluntarios o forzosos, de los gobiernos del primer México independiente, lo que no sólo aumentó su capacidad de presión política sino también sus beneficios económicos a través de concesiones y monopolios estatales. Véanse Meyer, 1994; Souto Mantecón, 1994.

40 «Bermúdez de Castro al Primer Secretario del Despacho de Estado, ciudad de México, 26 de junio de 1847». Citado en Figueroa Esquer, 2003, p. 64.

41 La red consular española se desarrolló rápidamente a partir del establecimiento de relaciones, diez años después contaba ya con tres cónsules, además del general en la capital de la República los dos de los puertos de Tampico y Veracruz, y 27 vicecónsules, repartidos por toda la geografía del país. Véase Figueroa Esquer, 2003.

42 «El ministro mexicano en España, Ramón Corona, comunica su conversación con el Secretario de Estado de aquella nación, sobre la separación del ministro español en México, señor Muruaga, 1 de junio de 1881» (Archivo Histórico de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 5-15-8556).

43 McMahon, 1974, p. 33.

44 «Calderón de la Barca a Juan Nepomuceno Pereda, encargado de Negocios de las Repúblicas de Ecuador y Colombia en México, ciudad de México, 3 de julio de 1840». Citado en Pi-Suñer, Sánchez Andrés, 2001, p. 68.

45 El asunto resulta en realidad más complicado ya que muchos de estos españoles europeos recurrieron, alternativamente y en función de las circunstancias, a la protección del gobierno español o del mexicano. Es el caso de Lorenzo Carrera, uno de los más importantes agiotistas españoles en las décadas de los treinta-cuarenta, quien utilizó la nacionalidad española para defender sus intereses frente a las autoridades mexicanas en los conflictos sobre la deuda, pero también en otros momentos, como en el caso de un conflicto con el cónsul general español en la ciudad de México, Agustín de Letamendi, la mexicana contra las autoridades españolas. Para este último conflicto véase Figueroa Esquer, 2003, pp. 54-56. Un resumen biográfico de Lorenzo Carrera en Pi-Suñer, 1994.

46 Véanse Pérez Vejo, 2008, cap. v; Rueda Smithers, 2006.

47 Para un resumen del problema de la deuda española en México, véase Pi-Suñer, 2007.

48 Interés que tampoco resulta fácil de explicar. Finalmente la protección de los súbditos españoles resultaba en la mayoría de los casos costosa y complicada. Es posible que tenga mucho más que ver con aspectos nacionalistas que estrictamente económicos, como la voluntad de influencia en territorios que el discurso nacionalista español decimonónico nunca acabó de considerar ajenos, a los que, en el caso de México, habría que añadir los geoestratégicos, relacionados con la defensa de Cuba.

49 «los españoles que […] hayan residido en la República de Venezuela y adoptado aquella nacionalidad puedan volver a tomar la suya primitiva» (Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España, 30 de marzo de 1845, art. 13, punto 1º); «Aquellos españoles que hubiesen residido en la República argentina y adoptado su nacionalidad podrán recobrar la suya primitiva, si así les conviniese» (Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad firmado por la Confederación Argentina con S. M. la Reina de España, 9 de julio de 1859, art. 7).

50 «aquellos españoles que […] hayan adoptado la nacionalidad Boliviana podrán volver a recobrar la suya primitiva […] en cuyo caso sus hijos mayores de edad tendrán el mismo derecho de opción y los menores seguirán la nacionalidad del padre mientras los sean» (Tratado de Paz y Amistad entre España y Bolivia, 21 de julio de 1847, art. 9; « aquellos españoles que […] hayan residido en la República de Costa Rica y adoptado aquella nacionalidad podrán recobrar la suya primitiva, si así les conviniese, en cuyo caso sus hijos mayores de edad tendrán el mismo derecho de opción, y los menores, mientras lo sean, seguirán la nacionalidad del padre, aunque unos y otros hayan nacido en el territorio de la República» (Tratado de Paz y Amistad entre España y Costa Rica, 10 de mayo de 1850, art. 9); «Aquellos españoles que por cualquier motivo hayan resididos en la República de Nicaragua, y adoptado aquella nacionalidad, podrán recobrar la suya primitiva […] en cuyo caso sus hijos mayores de edad tendrán el mismo derecho de opción, y los menores, mientras lo sean, seguirán la nacionalidad del padre» (Tratado de paz y amistad entre España y la República de Nicaragua, 21 de julio de 1850, art. 9); «Aquellos españoles que por cualquier motivo hayan residido en la República Dominicana, y adoptado aquella nacionalidad, podrán recobrar la suya primitiva […] en cuyo caso sus hijos […] tendrán los mismos derechos» (Tratado de reconocimiento, paz, amistad, comercio, navegación y extradición, celebrado entre Su Magestad Católica y la República Dominicana, 18 de febrero de 1855; «Para determinar la nacionalidad de Orientales y Españoles se observen respectivamente en cada país las disposiciones consignadas en la Constitución y las leyes del mismo. Aquellos españoles nacidos en los actuales dominios de España y que hubiesen residido en la República Oriental de Uruguay y adoptado su nacionalidad podrán recobrar la suya primitiva […] La simple inscripción en la matrícula de nacionales […] en las Legaciones y Consulados […] será formalidad suficiente para hacer constar la nacionalidad» (Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad celebrado entre España y la República Oriental de Uruguay, 19 de julio de 1870, art. 7).

51 «sean tenidos y considerados […] como súbditos españoles los nacidos en los actuales dominios de España y sus hijos, con tal de que estos últimos no sean naturales del territorio Ecuatoriano» (Tratado de paz y amistad concluido entre España y la República de Ecuador, 16 de febrero de 1840, art. 12); «se tengan y respeten […] como súbditos españoles los nacidos en los actuales dominios de España y sus hijos con tal de que estos últimos no sean naturales del territorio chileno» (Tratado de paz y amistad entre Chile y la España, 25 de abril de 1844, art. 7).

52 Véase Pérez Vejo, Yankelevich, 2017.

53 Citado en Guerrero Balfagón, 1964, p. 204.

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Pour citer cet article

Référence papier

Tomás Pérez Vejo, « La debatida nacionalidad de los españoles europeos en los nuevos Estados-nación americanos »Mélanges de la Casa de Velázquez, 51-1 | 2021, 117-138.

Référence électronique

Tomás Pérez Vejo, « La debatida nacionalidad de los españoles europeos en los nuevos Estados-nación americanos »Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 51-1 | 2021, mis en ligne le 15 avril 2021, consulté le 25 juin 2021. URL : http://journals.openedition.org/mcv/14633 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mcv.14633

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Auteur

Tomás Pérez Vejo

Escuela Nacional de Antropología e Historia-INAH (México)

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