1En la parroquia de Santa María de Écija (Sevilla) hay un claustro en el que se encuentra una colección de piezas arqueológicas, cuyo interés histórico —ciertamente relevante— no es el que motiva que comencemos este texto mencionándola, sino por ser testimonio involuntario del comienzo del detectorismo en España.

2El origen de la colección se remonta al interés del párroco de la segunda mitad de la década de los cuarenta del pasado siglo en que no se perdiesen los objetos que aparecían al remover tierras tanto en la ciudad como en el término municipal. Conocido el afán recolector del cura, durante los siguientes años le fueron donando piezas singulares (capiteles, esculturas, fragmentos de columnas, inscripciones, etcétera) de forma gratuita o a cambio de una pequeña gratificación. En una hornacina convertida en rústica vitrina se amontonan los objetos de tamaño pequeño, entre los que apenas si hay algunos objetos metálicos.

3El porqué de la escasa presencia de monedas u otros metales está relacionado con dos hechos: durante mucho tiempo este tipo de objetos pasaba desapercibido en las remociones de tierra y cuando se convirtieron en blanco de las búsquedas con detectores de metales habían adquirido el valor económico suficiente como para desterrar la idea del depósito o donación altruista.

4La primera generación de detectoristas en España se forma entre finales de los setenta y comienzos de los ochenta. Con cierta rapidez, sin embargo, cambió su primigenio interés por el contacto con los restos materiales de la historia por un afán depredador para destinar el producto de su rapiña al mercado. Este periodo de tiempo se caracteriza por el contraste entre el dinamismo del mundo del detectorismo con la falta de reacción de los otros actores implicados, a saber: las administraciones públicas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el mundo académico y las asociaciones culturales. Así, durante la década de los ochenta y, al menos, la mitad de los noventa, esta situación se consolidó conformando la época dorada del expolio arqueológico en Andalucía, sobre todo en la Occidental.

5Los primeros detectores de metales entraron por las bases de utilización conjunta hispano-americana, principalmente Morón de la Frontera y Rota. Sin embargo, los norteamericanos que los usaban no buscaban cosas antiguas, sino lo que se conoce como «militaria», esto es artefactos militares, normalmente de la guerra civil. No obstante, fueron el cauce para que personas del entorno pudiesen adquirir esos instrumentos.

8El principal problema para dedicarse a este nuevo «oficio» era conseguir un aparato ya que no todo el mundo tenía contacto con el personal norteamericano de las bases. Ese inconveniente se solventó a través de dos vías: hubo quienes invirtieron en conseguir detectores para alquilarlos y cobraban en especies, como el famoso Barbero de Lantejuela, mientras que otros abrieron negocios de distribución de detectores de metales, el primero de los cuales fue Eurodetection, en Madrid.

9A mediados de los ochenta el número de piteros que salían casi todos los días en busca de objetos para ofrecer a los compradores había aumentado mucho, pero el detectorismo había cambiado de forma considerable: se había convertido en receloso y violento. La causa no era precisamente la presión que las autoridades culturales, la policía o las asociaciones de defensa del patrimonio ejercían contra ellos, pues esta era puntual. Podría decirse que el clima que reinaba era de absoluta impunidad.

10No obstante, se había instalado entre ellos una feroz competitividad. Preferían ir al campo solos, aunque no era infrecuente que lo hiciesen en parejas o grupos de tres, pero siempre guardando lazos previos de amistad entre ellos, porque entre los usuarios de estos aparatos de distintas localidades había una rivalidad encarnizada. El grupo denominado genéricamente como «los sevillanos» destacó por su modus operandi: prospectaban de día dejando señales para volver por la noche y trabajar a la luz de los faros de un coche. En unas horas destrozaban un yacimiento, alejando con amenazas a quien intentara acercarse a ellos mientras «trabajaban». Ya no se buscaban solo ni principalmente monedas u otros objetos metálicos, sino que comenzaron a expoliarse entidades arqueológicas, sobre todo tumbas, que contenían otros objetos susceptibles de ser vendidos a coleccionistas. Tampoco buscaban en torno a sus localidades de residencia, sino allí donde supieran que habían salido objetos de interés, a veces a cientos de kilómetros de donde vivían.

11Esa actitud también provocó el rechazo a la intromisión de los eruditos en sus hallazgos. La ayuda que les prestaban para clasificarlos se suplió de manera autodidacta. En Écija, Osuna o Lantejuela cada pitero tenía un ejemplar del Roman Coins & Their Values y/o del Compendio de las Monedas del Imperio Romano, con el que aprendía a catalogar las monedas halladas y su precio.

13En ese clima, las visitas de intermediarios extranjeros llegaban a oídos del director del Museo Arqueológico de Sevilla, quien, a pesar de poseer menos disponibilidad económica, pudo conseguir que ciertos bienes no saliesen al extranjero. Sin embargo, los principales destinatarios de la actuación expoliadora fueron coleccionistas locales. Ese fue el caso de Ricardo Marsal, cuyos inicios como comprador tuvieron la intención de paliar el expolio del yacimiento de Alhonoz —situado en su propiedad—, y que llegó a poseer una colección que superaba los 100 000 objetos, donada a la Junta de Andalucía con posterioridad a que fuese incautada por la Guardia Civil.

15La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 (LPHE) respondía a la preocupación de ciertas élites intelectuales por la pérdida de patrimonio histórico, pero se centraba sobre todo en materia de lucha contra las demoliciones en los cascos históricos. Si bien la LPHE disciplinaba las intervenciones sobre el patrimonio arqueológico, el cuadro de infracciones y sanciones dejaba sin tipificar de manera adecuada el uso no autorizado de aparatos detectores de metal por personas que no pretendían realizar una prospección superficial o una excavación de acuerdo a los estándares académicos. O, al menos, esa era la opinión de los técnicos de la Consejería de Cultura y, por ello, no se incoaban expedientes sancionadores, a pesar de las denuncias remitidas por la Guardia Civil. La administración cultural andaluza no incoará expedientes sancionadores exitosos hasta que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991 no recoja esa conducta entre las sancionables. Para mejorar las denuncias, se realizarán anualmente cursos de formación y sensibilización de los agentes de la Guardia Civil, unidades de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía y Policía Local, pero eso será a partir de 2000.

16Por su parte, el grupo de Patrimonio Histórico de la UCO de Guardia Civil investigará y actuará contra expoliadores, intermediarios y receptadores en operaciones policiales de gran resonancia mediática, a finales de los noventa. La primera de ellas fue la «operación Tambora» en 2002; después le seguirían otras muchas.

17Durante el periodo de tiempo que analizamos, entre finales de los setenta y mitad de los noventa del pasado siglo, al detectorismo le hicieron cierto frente dos ámbitos sociales distintos. De un lado, los propietarios de tierras de labor que veían cómo en muchas ocasiones detectoristas removían extensas zonas cultivadas o recién sembradas. Esta práctica provocó no pocos enfrentamientos y si, en efecto, no detuvo el fenómeno, sí motivó la nocturnidad en el modus operandi de los expoliadores. De otro, en algunos centros escolares se llevaron a cabo campañas, que involucraron a docentes y al alumnado, para sembrar de virutas metálicas yacimientos que venían siendo castigados por el expolio. Su incidencia fue prácticamente simbólica, pero mostró el rechazo de un colectivo que había aplaudido el inicio del detectorismo, cuando esos aparatos fueron usados por eruditos locales y amateurs. La principal consecuencia de esas desafecciones fue la contribución a un halo de nocividad que, sumado a su ilegalidad, reforzó la idea de ilicitud de esa práctica.

18El mundo académico también tomó parte en este fenómeno, quizás no tanto usando los aparatos detectores en sus investigaciones, como relacionándose directamente con el fruto de los actos de expolio. Aunque ha habido voces en contra del uso de aparatos detectores, pocos arqueólogos del ámbito universitario se han resistido a publicar alguna pieza interesante perteneciente a colecciones, aun sospechando su origen y falta de contexto. Esta práctica ha contribuido al blanqueo y revalorización de esos objetos, siendo notables, aunque afortunadamente poco frecuentes, los casos en que se han negado incluso a colaborar con la justicia.