1Las Administraciones de Cultura tienen el deber de preservar el patrimonio cultural formado por las colecciones del Estado y, según la Ley 16/1985 del PHE, de los bienes culturales incluidos en cualquiera de las categorías de protección. Ahora bien, los bienes culturales son objeto del interés de privados físicos o jurídicos que hacen coleccionismo y que, por tanto, se integran en el mercado del arte en busca de aquellos bienes más relevantes para sus colecciones.

2En los últimos años se han multiplicado las intervenciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado, no siempre bien coordinados, sobre grupos criminales dedicados al expolio y tráfico ilegal de objetos muebles de nuestro rico patrimonio histórico. No menos importante ha sido la desmantelación e incautación de enormes colecciones particulares de piezas arqueológicas, paleontológicas y/o numismáticas que habían sido recopiladas, en algunas ocasiones a lo largo de más de cincuenta años, bien provenientes del expolio o de la compra y venta ilícita, y cuyos tenentes se escudaban bajo la figura de garantes protectores de nuestra cultura, cuando en realidad su actitud favorecía justamente lo contrario.

3Partimos del hecho, a todas luces justo y conveniente, que las autoridades judiciales consideren lo más adecuado, el depósito de los bienes arqueológicos y artístico-documentales recuperados en dichas «operaciones», en los almacenes y fondos de los museos más cercanos a lugar de la incautación. Indudablemente, estarán mejor cuidados que en los almacenes policiales, junto a otros materiales diversos como droga o electrodomésticos sustraídos en otras intervenciones.

4Sin embargo, no nos hemos puesto a pensar seriamente en lo que ello supone a muchos modestos museos de nuestro país, lastrados de siempre, y mucho más con las crisis de los últimos años, de falta de personal e instalaciones para cumplir sus funciones del día a día; ahora mucho más con esta «invasión». Analicemos sus componentes.

Desborde

5Estos museos «medios», municipales e, incluso, regionales, cuentan con almacenes y depósitos arqueológicos limitados; en muchos casos ya saturados ante décadas de incesante fluir de materiales arqueológicos y piezas de las excavaciones programadas y de urgencia («preventivas»). A estos centros, que apenas tienen posibilidades de personal y espacio para mantener bien ordenados, controlados e informatizados estos fondos, afluyen ahora, objetos decomisados en las actuaciones policiales. Esto ha supuesto un verdadero «desbordamiento». Llegan de pronto grandes volúmenes de materiales, muy variados y mal, embalados. Ello llega a producir un verdadero «echarse a temblar» cuando los Cuerpos de Seguridad del Estado se ponen en contacto para informarnos de la inminente entrega de alguno de estos lotes. En el caso del MAM, ésto ha supuesto la necesidad de desdoblar nuestros depósitos arqueológicos con una nueva nave, con el costo de personal, mantenimiento, etc. que ello supone.

Secuestro

6Estos objetos recuperados en operaciones, implican una cierta premura de tiempo llevados a cabo, en ocasiones, solamente por funcionarios policiales sin conocimientos a fondo de ellos, lo que supone no solo riesgos en su transporte y deficiente embalado, sino que se opte por traernos cualquier objeto que pueda suponer un sentido arqueológico u artístico, más allá de un lícito sentido de coleccionismo que pudiera tener alguno de ellos. Nos llegan apenas documentados y sin que hayamos podido tener un contacto con los últimos poseedores de estos objetos, con el fin de aclarar algunas informaciones básicas sobre los mismos, como especialmente su lugar de procedencia.

7Las administraciones competentes y los juzgados nos demandan rápidamente complejos informes de autentificación y tasación de las piezas intervenidas, aunque estas sean por miles y sin aportar fondos económicos ni personal para abordar estas nuevas funciones, que nos han sido asignadas de pronto. De hecho, debería contratarse a personal especializado («peritos») en cada uno de los materiales que se recuperan. Por ello, nos sentimos secuestrados de nuestro trabajo habitual y dedicados a unas labores para las cuales nuestros museos no cuentan ni con personal ni medios para abordar convenientemente y en un tiempo prudencial, por lo que pasan años sin que podamos responder a los requerimientos judiciales. En un museo como el MAM, con un solo técnico-conservador de museos, y en unos años de crisis, con grandes dificultades para completar con contratos temporales estas demandas, son comprensibles los retrasos en llevar a cabo estos complejos informes de peritaje y tasación.

Frustración

8Tenemos la constancia que vamos a hacer un trabajo de autentificación y tasación de unos objetos patrimoniales que, aunque sean originales, pueden terminar siendo devueltos a quienes los atesoraban ilegalmente (o al menos «alegalmente», por no haberlos declarado según ley), por resolución judicial. En ese caso, los tenedores pueden recuperar las piezas arqueológicas y encima contar con unos informes que las autentifican y «legalizan» para el futuro.

9Con estos argumentos podrán venderlos con mayor facilidad y seguir alimentando el mercado ilegal o alegal, al menos, de las antigüedades de origen incierto. Esto supone un verdadero «blanqueamiento» de bienes patrimoniales. En muchos casos, ni siquiera es consciente la autoridad judicial de la obligación de dejar declarados esos bienes en los registros oficiales, nacionales y autonómicos, al respecto y de notificar cualquier cambio de ubicación o propietario de los mismos.

10Eso impide el control de los mismos, acceso de los inspectores de patrimonio para valorar su estado de conservación, su acceso a los investigadores, los derechos de tanteo y retracto o las limitaciones a la exportación ilegal de los mismos, figuras todas ellas reconocidas en la legislación nacional de patrimonio cultural. En Murcia hemos tenido ya varias experiencias de tener que devolver piezas al no estar en condición de asegurar su origen arqueológico, y siempre nos quedará la duda lacerante sobre si se devolvieron a ese mercado ilegal grandes piezas arqueológicas ilegalmente obtenidas.

Colapso

11Estas circunstancias podrían ser inevitables e, incluso (con cierta resignación) aceptables, si fueran hechos puntuales, y valoraríamos los efectos positivos de la recuperación de grandes lotes de objetos artísticos u arqueológicos, como superiores a la problemática que nos supondría. Sin embargo, la realidad es que tampoco es rápida la administración de Justicia y estos lotes se mantienen depositados en nuestros centros durante lustros, sin que podamos tampoco abrirlos a la investigación o la difusión del gran público (pese al innegable interés de algunos de ellos), por hallarse todavía inmersos en causas judiciales.

12Tenemos en el MAM grandes lotes, de miles de objetos arqueológicos, depositados desde el año 2016, sin que tengamos noticias de su resolución, ni siquiera si siguen en curso las diligencias judiciales abiertas. E idéntico panorama observamos en otros museos locales de la Región de Murcia.

Otras repercusiones derivadas

13Si puede haber resultado excesivamente pesimista o frustrante el análisis antes expuesto, deberíamos completarlo con una serie de derivadas que dificultan, cuando no imposibilitan nuestro trabajo de profesionales de los museos y del patrimonio histórico en general.

Las piezas amnésicas

14Cuando lo único que nos llega es un objeto descontextualizado, que procede de la labor de clandestinos, un «topero», un cazador de tesoros o un coleccionista que lo ha adquirido sin documentación precisa al respecto, lo único que buscan es el objeto en sí y no su documentación contextual. A veces ni siquiera podemos concretar si ese objeto es incluso de la región, o pertenece a yacimientos de otras comunidades o provincias. Las piezas de este modo obtenidas, son «mudas»; no proporcionan información sobre su origen, lugar de procedencia, contexto, cronología y qué sentido o función desempeñaban en dicho asentamiento humano, con lo que de historia social, económica o cultural conlleva. Son piezas «amnésicas».

15En la exposición temporal «Luchando contra el Expolio» (MAM, 2020-2021) hicimos el ejercicio expositivo de presentar sendas fichas de una pieza arqueológica concreta. En un caso, la ficha se completó con toda la información obtenida de su excavación arqueológica y la segunda solamente incluyo la información segura de la que dispondríamos si procediera de una incautación no documentada. De la cerca de una treintena de campos que componen la ficha catalográfica FORO-DOMUS (estándar en los museos de la Región de Murcia), únicamente pudimos rellenar, en el segundo caso, los referidos a la descripción de la pieza, dimensiones y documentación gráfica (elaborada en el propio museo por sus técnicos). El resto quedaba palpablemente en vacío y denotaba la información «perdida» y el grado de «amnesia» que suponía.

Los detectives del delito

16En algunos casos, hemos podido recuperar información de esas piezas «mudas», a partir de noticias antiguas, en revistas de investigación, congresos o jornadas. La falta de control de la administración sobre estas piezas, publicadas pero no depositadas en museos, propició que se les perdiera la pista y durante décadas, se consideraran perdidas para la investigación, e imposibles de contrastar esas noticias antiguas.

17El Departamento de Documentación e Investigación del MAM, ha comparado piezas decomisadas con antiguas publicaciones donde se describían con fotografías algunas colecciones privadas, lo que ha llevado a identificar decenas de piezas. Aunque nos congratulamos de su recuperación para la investigación, no es menos cierto que el tiempo y el trabajo empleado a dicho fin, es siempre en detrimento de las otras tareas del centro.

Las restauraciones imaginarias

18Otros problemas que se nos plantean están en relación con la seguridad en la interpretación fidedigna de las piezas. Muchos expoliadores se creen «manitas» capaces de «tratar» ellos mismos, o algún conocido, las piezas, sin ningún respeto hacia éstas, ni los conocimientos, código ético y protocolos del restaurador.

19En el MAM nos hemos encontrado, contando únicamente con piezas incautadas, la siguiente casuística:

• Falsos históricos. Reconstrucciones que contradicen la integridad de la pieza y sus características originales.
• Piezas irreconocibles. Los elementos adicionados enmascaran los originales.
• Fragmentos de varias piezas pegados en un solo objeto. «Como hacer de dos piezas incompletas, una nueva».
• Pérdida de decoración. Cuando lo importante para ellos es tener una pieza completa y no sus detalles. El empleo de barnices y pinturas modernas inapropiadas causan un grave daño sobre la pieza original, especialmente sobre su decoración primigenia.
• Invención de decoración. Muy típica de la cerámica ibérica, donde se re-decoran con todo tipo de motivos «inventados», coherentes o no.
• Invención de partes del objeto. «Cuando algo falta, me lo invento».

20Estas prácticas, aparte de causar un grave daño, muchas veces irreversibles, crean confusión a los propios investigadores en los museos, invalidando en ocasiones las posibilidades de estudio, difusión, y divulgación del objeto, ya que llevaríamos a engaño al público, que al final es su legítimo dueño.

Más falsos que el Judas

21Además, debemos enfrentarnos a las propias dudas sobre la originalidad de las piezas. Ello determina que, en una colección incautada que se nos deposita y pide peritaje y tasación, puedan incluirse, a la par, tanto piezas arqueológicas originales, ilegalmente extraídas y comercializadas en el «mercado negro», como meras copias, replicas, souvenires y verdaderas falsificaciones, algunas de alta calidad. Incluso, entre los coleccionistas aficionados hay piezas que les vendieron como ciertas, pero que en realidad eran falsificaciones, de mayor o menor calidad.

22Estas malas artes nos obligan a los profesionales de los museos a un doble trabajo a la hora de estudiar estos objetos. A las labores propias de documentar piezas tan desprovistas de contexto, hay que añadir detalladas comprobaciones para determinar si se tratan de obras verdaderas o falsificaciones. Los arqueólogos pasamos de ser «detectives de la historia» a «detectives de las huellas del delito», a la búsqueda del error del delincuente.

23En muchos casos, la única solución pasa por costosas analíticas de las piezas, que se pueden emprender para piezas singulares, pero que resulta imposible aplicar cuando tenemos cientos o miles de piezas «sospechosas» de ser falsificaciones.

24Un caso paradigmático puede ser el «Casco de Cañada de la Cruz», recientemente entregado al Museo Arqueológico de Murcia. Disponemos del relato del descubrimiento hace más de treinta años. Tenemos, incluso, fotografías del ajuar recuperado y del casco en su estado original (completamente deformado). Sin embargo, actualmente, el casco entregado al MAM luce perfecto, sin huellas de esas roturas ni de los trabajos de recomposición del metal, lo que hace improbable que se trate de la misma pieza. Sin embargo, solamente analíticas podrán, quizás, darnos la última palabra. Y mientras tanto no tenemos ni casco, ni relato, ni localización, ni historia…

Conclusiones: el dilema irresoluto

25Todo lo expuesto en las páginas precedentes nos lleva a plantear un dilema final: ¿es mejor o peor almacenar estos bienes patrimoniales en los museos? Quizás, sería mejor plantearlo de otra manera: ¿qué debemos cambiar o mejorar para solventar la situación de colapso actual de los museos? atendiendo a la ingente cantidad de objetos, sobre todo arqueológicos, que se han incorporado en los últimos años, y para poder trabajar adecuadamente con ellos y poder extraer la ya escasa información histórica que conservan.

26Haciendo recuentos de las actuaciones efectuadas en la última década, solamente en la Región de Murcia se han recuperado piezas de más de dos docenas de colecciones y un total de más de 30.000 objetos, entre lotes entregados «voluntariamente», decomisados y descubiertos al hilo de las investigaciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

27Pero la respuesta a este reto, supone una serie de iniciativas concretas y de índole práctica a desarrollar, a la mayor brevedad porque el colapso es inminente, por las administraciones competentes y las autoridades judiciales:

• ampliar los espacios museísticos dedicados a este fin, tanto los depósitos específicos para materiales en depósito temporal judicial o administrativo, como las salas de peritaje y catalogación.
• incremento de las plantillas de personal especializado en la catalogación, peritaje y tasación de los diferentes tipos de bienes culturales. Para asegurar la efectividad y especialización de este personal, es imprescindible asegurar su experiencia y continuidad en este tipo de trabajos.
• en íntima relación con lo anterior, intensificar las acciones de formación especializada, en peritaje arqueológico-artístico, ramas que no suelen quedar bien cubiertas en los estudios universitarios.
• dotar económicamente a los museos para poder abordar las analíticas y otros medios técnicos imprescindibles sobre los objetos más dudosos, para desenmascarar a los falsificadores y poder asegurar la originalidad o falsedad de su origen.

28En resumen, sin espacios, personal ni medios materiales, es imposible responder a las demandas de Juzgados, Administraciones ni de los propios particulares que han sufrido la expropiación de los bienes, y desean saber la resolución final de los mismos. Aquí es donde la función social y concienciadora de los museos es fundamental para que la ciudadanía pueda formar parte del hermoso proyecto común: Patrimonio de todos y para todos; construido por cada uno de nosotros. SOLO SE PROTEGE Y CONSERVA LO QUE SE CONOCE Y SE VALORA.