Arnaud Bartolomei

1El libro de Martin Wasserman, Las obligaciones fundamentales, me interesó inmediatamente, aunque los hechos que estudia se sitúen en un espacio cronológico y geográfico, (el Río de la Plata a finales del siglo xvii), bastante alejado de mis campos de investigación habituales. Ello se debe a que plantea, más allá del estudio de caso que propone, una reflexión sobre un problema mucho más general, inmejorablemente resumida en las dos palabras que se han elegido para el título de la obra: el de las «obligaciones fundamentales». Sin querer hacer un juego de palabras, se trata en efecto de una cuestión que puede considerarse como fundamental, en el sentido primario del término. ¿Qué determina que un individuo actúe de tal o cual manera cuando tiene que tomar una decisión? ¿Qué lo impulsa a conformarse o no a lo que se espera de él en el comportamiento que adopta en su vida social? Como podemos ver, estas no son preguntas específicamente históricas, sino que pueden ser de interés para todas las ciencias sociales –desde la filosofía a la sociología, la psicología, la etnología y, por supuesto, el derecho, ya que el curso de «derecho de las obligaciones» es probablemente una necesidad para todos los estudiantes de primer año de todas las escuelas de derecho del mundo… En la historia, estas cuestiones han pasado a ser centrales en las últimas décadas y han contribuido en gran medida a renovar el campo de lo que se denomina «historia social» basándose en el uso de un concepto que se ha convertido en central para los seguidores de este enfoque histórico: el de agency (o agentividad si se prefiere utilizar neologismos en lugar de anglicismos). La agency se utiliza para designar la libertad de acción o de decisión, o para decirlo más trivialmente, el margen de maniobra de que dispone un individuo dentro de un sistema social e institucional dado, estructurado por limitaciones, formales o informales, que determinan las obligaciones fundamentales a las que debe someterse. El concepto de agency ha permitido así superar las aporías a las que habían dado lugar los enfoques marxistas o estructuralistas, que tendían a diluir la idea misma de libertad individual en un mar de determinaciones sociales dictando a los individuos su comportamiento, sus compromisos y sus creencias, y los enfoques liberales o individualistas, que por el contrario sobrevaloran la capacidad de acción de los individuos y descuidan el peso de esas mismas determinaciones sociales.

3El trabajo de Martin Wasserman sigue sin duda parte estos dos caminos, tanto en las preguntas que plantea como en el método que utiliza. Uno podría por supuesto discutir el carácter micro-histórico del objeto estudiado - Buenos Aires, una metrópolis que hoy tiene varios millones de habitantes… Pero, precisamente en el momento que se está considerando, Buenos Aires no es todavía una metrópolis. Más bien, era una ciudad de unos pocos miles de habitantes, situada en un remoto Finisterre, un lugar ultra-periférico dentro de un sistema imperial español centrado, en América, en torno a dos capitales (Lima y México) y dos rutas comerciales –la llamada ruta de «las flotas» que unía Sevilla con Veracruz y concentraba todo el comercio que se hacía entre la metrópoli y las provincias de América Central, y la de los llamados «galeones», que unía el mismo puerto de Sevilla al Istmo de Panamá y a la feria de Portobello, donde todos los comerciantes del rico virreinato de Perú venían a abastecerse. En este contexto, el Río de la Plata era sólo una provincia marginal de este último virreinato, cuyos principales centros de actividad se encontraban en Lima, la capital, y en la provincia del Alto Perú (hoy Bolivia), donde se encontraban las famosas minas de plata de Potosí. Aunque el puerto de Buenos Aires estaba situado al final de la ruta geográfica más conveniente y rápida para acceder a esta región minera, estaba estrictamente prohibido desarrollar el comercio en esa dirección y los pocos buques de Europa que podía acoger, en virtud de un sistema excepcional basado en la concesión de permisos particulares, tenían que limitarse a atender las necesidades de la población local. Sin embargo, fue durante el período estudiado por la obra, la segunda mitad del siglo xvii, cuando la ciudad y la región comenzaron a afirmarse como una encrucijada obligatoria para el comercio español en América, situación que se cumpliría un siglo más tarde con el establecimiento de Buenos Aires como capital del nuevo Virreinato del Río de la Plata creado en 1776, con la liberalización de la ruta comercial del Río de la Plata por los decretos del Comercio Libre en 1778, y luego con la creación del Consulado de Comerciantes de Buenos Aires en 1794. Sin embargo, por el momento, en las últimas décadas del siglo xvii, el primer «surgimiento de Buenos Aires» se basó en el contrabando realizado con socios extranjeros o en el fraude encubierto por las autoridades locales. Y es precisamente este contexto de semi-clandestinidad, o semi-legalidad, el que interesa a Martin Wasserman y que hace particularmente interesante un tema de estudio que podría haber parecido, a primera vista, insignificante a la luz de las grandes corrientes comerciales de la época. Aquí, de hecho, la cuestión ya no es, como se preguntaba Francesca Trivellato, cómo pueden confiar entre sí mercaderes que no tienen la misma religión, ni el mismo idioma y que viven en ciudades distantes bajo jurisdicciones diferentes. Mas preguntarse en qué se basaba la confianza que los mercaderes de Buenos Aires se acordaban entre ellos. Aunque obviamente tenían el mismo idioma, la misma religión y vivían en la misma ciudad, no podían en cambio recurrir a un marco normativo y un órgano judicial oficialmente reconocidos para resolver sus litigios comerciales debido al carácter ilegal de sus actividades.

4La sociología económica ha respondido tradicionalmente a esta pregunta refiriéndose al papel de las redes sociales basadas en los lazos interpersonales de parentesco (genético o espiritual), amistad u honor. A falta de limitaciones jurídicas explícitas y ejecutables, son estos vínculos «fuertes» los que determinarían las obligaciones fundamentales a las que deben someterse los agentes sociales. Según estas hipótesis, si los comerciantes de Buenos Aires pagaban finalmente sus deudas o cumplían sus compromisos, no era tanto porque se vieran obligados a hacerlo por el Estado –o por cualquier otro sistema institucional que desempeñara sus funciones– sino más bien porque se sentían moralmente obligados por el sentido del deber y la reciprocidad que los unía a sus socios inmediatos. El problema, y ésta es la principal contribución empírica del minucioso trabajo de investigación que realizó Martin Wasserman en los archivos notariales de la ciudad, es que estos vínculos fuertes aparecen poco o nada en las relaciones de crédito que se establecieron en su momento en la plaza de Buenos Aires: de los centenares de obligaciones notariales estudiadas por el autor, sólo siete revelan la existencia de una relación familiar entre las partes contratantes (pág. 245). Pero entonces, si las relaciones de confianza no se basaban en Buenos Aires, en este lejano far west del imperio español, ni en el Estado ni en la familia, ¿en qué se basaban? ¿Cómo hicieron los comerciantes para reunir los fondos necesarios para comprar a crédito bienes que sólo podían devolver después de una larga ausencia de un año (el tiempo necesario para viajar a la lejana provincia de Potosí, venderlos allí y regresar con dinero en efectivo) o para comprar la protección de las autoridades locales que necesitaban para desarrollar sus actividades, que siempre se situaban al margen de la clandestinidad? ¿Qué garantías tenía un acreedor de que el dinero que había adelantado sería devuelto algún día?

Zacarias Moutoukias

I.

9Que uno esté o no de acuerdo con sus análisis y sus conclusiones, creo que esta manera de proceder logra demostrar la importancia de estudiar los mecanismos sociales de la regulación comercial, atendiendo a la pluralidad de contextos en los que intervenían los actores económicos, con frecuencia igualmente actores políticos. Esta pluralidad de contextos remite a la noción de sistema complejo; o sea, un sistema cuyos componentes tienen sus propias dinámicas, pero que se afectan recíprocamente.

10Quiero también subrayar tres cualidades del libro que me parecen importantes. Para empezar, el hecho mismo de haber explotado un material cuya dificultad hizo que muchos hubiésemos retrocedido, cerrando y devolviendo los legajos. Gracias a este material, ha entendido importantes mecanismos y la forma de proceder en diferentes contratos de deuda, ambos difíciles de comprender y reconstruir; y los presenta con una claridad que permite seguir y debatir sus argumentos. Finalmente, coloca estos mecanismos en el contexto de la cultura jurídica de la época y presenta un debate historiográfico sobre su materia que extiende la importancia de su estudio más allá de su terreno especifico de Buenos Aires. Creo que es un gran libro, del cual no comparto muchos aspectos centrales, pero que por su calidad es un placer poder discutir. Por eso quisiera detenerme un poco en presentar –espero que lo más fielmente posible– la estructura de sus argumentos.

11El autor trata la complejidad con fineza. Comienza constatando la diversidad de formas de crédito: escrituras públicas e instrumentos privados y entre los instrumentos privados, los libros de cuentas, la cédula o resguardo, la carta comercial, el recibo o reconocimiento de deuda, la deuda o compromiso oral, etc. El recurso alternativo a uno u otro de estos instrumentos dependía de una combinación de factores, comenzando por la importancia de la deuda, el nivel de la circulación (tráficos interiores, comercio atlántico), la finalidad (consumo, menudeo); y siguiendo con los diversos contextos relacionales, que Martín Wasserman modeliza en términos de «lazos fuertes» y «lazos débiles». Siempre según él, estos factores convergían de tal modo que la selección entre los distintos instrumentos alternativos dependía «del orden normativo que mejor se adecuaba a la regulación del compromiso». Y el «orden normativo» correspondía a un espacio específico de lazos sociales.

12Esta idea organiza la articulación de sus argumentos, los cuales distinguen el gran negocio, propio a la oligarquía indiana, de los circuitos de redistribución hacia el interior. «Aunque la organización de las empresas [del gran negocio] se sostuviese sobre redes interpersonales confiables, esta sociedad no desestimaba la instrumentación de unas estructuras contractuales necesarias para operar fuera de aquellas redes» (p. 194). Mientras que, en la redistribución hacia el interior del gran negocio, o sea, «en los pequeños tratos del gran comercio, la vulnerabilidad de las identidades y la transgresión de la legalidad», debido a la importancia de la población flotante, determinaban el recurso al escribano, pues «el contrato notarial se presentaba a los actores como un dispositivo que podía substituir al parentesco cuando los lazos eran débiles o inexistentes» (p. 291).

13Como podemos ver, dicha articulación de sus argumentos reposa sobre una imagen de los espacios sociales: estos aparecen como segmentos homogéneos, pero separados y yuxtapuestos, uno donde predominan los lazos interpersonales fuertes y confiables y densamente interconectados; otro donde dominan los lazos binarios, poco conectados o inexistentes, donde la confianza necesaria al crédito y los negocios solo puede reposar en unos contratos reglados por «una ubicua legalidad escrita». Esta imagen de la estratificación social de la actividad económica es también una visión de la estratificación de los contextos normativos: el gran negocio de la oligarquía indiana estaría reglado por el crédito de la persona y la reputación, así como las obligaciones implícitas en esos lazos sociales; crédito y obligación correspondientes a unos «ordenes normativos oeconómicos estructurados interpersonalmente». Mientras que el mundo de los empresarios menores, actores de la redistribución de los tráficos del gran negocio, estaría reglado por la confianza en los contratos. Y el artífice activo y depositario de esa confianza era el escribano, que es el protagonista principal de su estudio. Este papel del escribano en relación a los contratos se reforzaba también –siempre según Martín Wasserman– por los efectos del orden político sobre las regulaciones del comercio que acabo de mencionar: las respuestas a las restricciones comerciales de la Corona para la región, incitó a una utilización trasfigurada o tergiversada de unas escrituras de préstamo monetario. Dichas escrituras en realidad encubrían el comercio ilegal de cautivos africanos y mercancías atlánticas, reforzando también por esta vía el papel activo del escribano en el crédito. Así, el escribano público y de Cabildo desempeñaba un obvio papel central en la articulación del crédito y por lo tanto de la vida económica de la ciudad y en la articulación comercial de los intercambios atlánticos con el interior de los territorios de la monarquía.

II.

18Respecto de las escrituras de obligación establecidas ante escribano, la cuestión afecta al modo como Martín Wasserman generaliza sus observaciones en un punto central de sus argumentos. Estos parten de una constatación: en el caso de estas escrituras «los deudores no demostraban una tendencia a retornar repetidamente al mismo acreedor» e inversamente, «los acreedores tampoco restringían sus tratos a un pequeño conjunto de prestatarios» (p. 221). La constatación es interesante, pero circunscrita a un tipo de deuda que no podía representar más del 10% de las deudas declaradas en los testamentos durante todo el periodo considerado por el autor (tablas 8 y 9, pp. 131 y 132).

19Sin embargo, a partir de esa evidencia, los argumentos se deslizan en un encadenamiento de generalizaciones que, creo, no están justificadas. Según dichas generalizaciones, la mayoría de los tomadores que escrituraban obligaciones estaban mal conectados entre sí y con los grandes prestadores.

… Esta dinámica del crédito a corto plazo se traducía en redes contractuales de muy baja densidad general y en redes egocentradas con grados de interconexión igualmente bajos. El nivel general de conexión evidencia un bajo nivel de la integración crediticia entre los personajes que participan en este universo contractual [el de las obligaciones de pago] (…) dando lugar a una multitud de pequeños y medianos módulos débilmente interconectados… (pp. 221-222).

20Continua sus argumentos analizando los grafos de las redes de obligaciones de pago incluidos en el apéndice n° 5, para concluir que, «si bien unos pocos acreedores lograron sobresalir en este circuito crediticio, ninguno de ellos resultó ser un fuerte conector o intermediador» (p. 223).

21Un primer comentario a esta manera de movilizar las nociones del análisis de redes sociales es que el autor trata las relaciones entre contratantes de un tipo particular –y minoritario, según sus datos– de deuda, como si fuera una red social. Pero una red de obligaciones de pago es solo una red de obligaciones de pago, en relación a la cual solo podemos hablar de la densidad de dichas obligaciones y no de la «densidad general» y menos aún –por definición– de redes egocentradas de relaciones interpersonales poco o mal conectadas. Martín Wasserman cruza estas redes de crédito con otras fuentes y afirma que casi no se verifican relaciones de parentesco, en particular de parentesco ritual –entre deudores y acreedores. Pero sus conclusiones fuertes sobre la configuración de este espacio y la ausencia de mediadores capaces de monopolizar (u ‘oligopolizar’) el crédito, habrían requerido se tomase el conjunto de las deudas, como él mismo lo hace usando los testamentos –si las fuentes lo permitiesen–. Pues, en realidad, una configuración relacional poco densa aumenta por definición –la centralidad, y por lo tanto la capacidad de mediación, de los «pocos acreedores que lograron sobresalir»; sobre los cuales no sabemos si intervenían, entre sí y con los mismos acreedores, en otro tipo de operaciones. Sobre todo, si se tiene en cuenta la importancia de los no residentes en Buenos Aires entre los contrayentes de obligaciones de pago. Estos representan el 48% del total para todos los periodos estudiados. Más aún, si interpreto bien la gráfica 14, la proporción de las obligaciones de pago en las cuales el acreedor y el deudor estaban ambos afincados en Buenos Aires, varió entre un 30-35 % y un 15% a lo largo de los periodos estudiados (ver pp. 180-183). En este contexto, la red de obligaciones en realidad estaba altamente interconectada; diría que de manera sorprendentemente alta.

22Esta visión de la configuración relacional de los empresarios medios o pequeños, sostiene el análisis del papel de los escribanos como mediador especializado y único capaz de asegurar la mediación y la confianza en el crédito hacia dicho segmento. El escribano público y del Cabildo era el depositario de la confianza de los principales acreedores, grandes negociantes a los cuales, además, el escribano estaba con frecuencia vinculado por una pluralidad de lazos personales. Esto lo facultaba para crear los vínculos que habilitaban el crédito, que es otra secuencia de los argumentos del autor:

[…] entre los atributos de esta estructura contractual se detectó una baja frecuencia de intervención por parte de la mayoría de los actores, así como una escasa reiteración de contactos con los mismos agentes. Tales atributos indicaban que la formalización contractual de las deudas operaba primordialmente al inicio de un vínculo cuyo decurso se revelaba desconocido […]. Estamos, en buena medida, ante un universo de creación de vínculos en la órbita crediticia […] (p. 255).

23Y este papel del escribano en la creación de vínculos derivaba de un acceso ultra privilegiado a la información gracias al recurso que representaba el propio archivo del escribano. El argumento es en parte convincente. Sin embargo, a las observaciones hechas sobre la configuración del espacio de los deudores, habría que agregar que la mayoría, sino la totalidad, de esos escribanos no solo estaban conectados a los grandes comerciantes, eran importantes comerciantes, a veces entre los principales –además de las funciones mencionadas en el libro–. De hecho, es porque eran grandes comerciantes que pudieron ser escribanos; y viceversa, gracias al ejercicio de distintos oficios –entre ellos el de escribano– se mantuvieron en la cúspide mercantil de la oligarquía indiana. Esto nos indicaría que el espacio que conecta grandes negociantes y actores o empresarios medios o ‘subalternos’ era más complejo de lo que Martín Wasserman estima en su análisis del universo relacional de los tomadores de préstamo con obligación escriturada, donde dominarían los lazos débiles (binarios) o la ausencia de lazos fiables. Si «la baja frecuencia de intervención» y la «escasa reiteración de contactos con los mismos agentes» conducía a una «falta de antecedentes o referencias», en este caso, el escribano ¿Cómo accedía a una información indisponible para el conjunto de los prestadores? O todos los actores intervenían de un modo que la manera de proceder de Martín Wasserman deja fuera, o esa información circulaba en un espacio social que los escribanos, en tanto grandes comerciantes, compartían con otros pares y con empresarios menores. Para explicar esto me permitiré detenerme un momento sobre el material de Martín.

24Unas escrituras hechas en 1625 documentaban que –algún tiempo atrás no precisado– Francisco González y Juan de Silva habían prestado a un tal Francisco Domínguez, un residente en Buenos Aires, donde poseía tres tiendas, pero que se encontraba en Asunción. A su vez, González y de Silva también eran deudores de Alonso Guerrero; y para redimir esta deuda, transfirieron en Guerrero el derecho de cobrar el pasivo que Domínguez, siempre en Asunción, tenía con ellos. Hasta aquí no hubo ningún instrumento ante notario, pero la transferencia de la deuda de Domínguez a favor de González y de Silva, para redimir la que estos tenían con Guerrero, fue objeto de una escritura de obligación que Domínguez otorgó a Guerrero. Con esta obligación, el segundo embargó las tiendas del primero. Ante lo cual, Domínguez otorgó poder a Diego de Vega, uno de los principales actores económicos y políticos en el Buenos Aires de aquellos años, para vender las tres tiendas. Las compró un tal Pedro Fernández, quien pagó redimiendo la deuda de Domínguez con Guerrero y dejando constancia de deber otros 300 ps8 a de Vega sin otro instrumento (pp. 237-239).

25Martín Wasserman no se explaya mucho sobre como procede para seleccionar la información contenida en sus grafos sobre las escrituras de obligación. Si he entendido bien, de toda esta información que dibujan una trama relativamente compleja de interacciones, en dichos grafos solo aparece la escritura de obligación entre Domínguez en Asunción y Guerrero en Buenos Aires. La elección puede ser legitima, pero debe explicitarse pues limita el perímetro de las generalizaciones posibles. En realidad, la escritura de la obligación llegó, como diría Levi, al final de una cadena de interacciones que la habían precedido. Si atendemos a la totalidad de los lazos presentes en esas escrituras, vemos que la elección del autor introduce un sesgo importante pues deja fuera la casi totalidad de la red presente en su fuente. Y esta red no corresponde a la distinción de los espacios en ámbitos homogéneos de lazos fuertes y confiables y segmentos homogéneamente mal conectados. La cadena de interacciones que convergieron en la escritura de obligación se combinaron dando forma a una pluralidad de lazos, como la recíproca confianza entre Domínguez y su apoderado de Vega, las deudas de palabra o la confianza entre de Vega, Domínguez y el comprador de la tienda. Contratos, confianza y lazos complejos que aparecen en la fuente, pero no están presentes en los grafos.

28Martín Wasserman reconstruye con claridad y fineza las distintas utilizaciones de las obligaciones de pago. Algunos de sus ejemplos muestran que estas se articulaban con las compañías y la venta en consignación, aunque las primeras estén sorprendentemente ausentes de su material –lo cual habría merecido mayores comentarios–. Y sin duda tiene razón en insistir en que la mayoría de los deudores que escrituraron obligaciones de pago solo contrajeron deudas bajo esta forma una sola vez. Pero los comentarios y digresiones precedentes intentan mostrar que sus ricas y difíciles fuentes y la manera como las usa no permiten sostener sus afirmaciones sobre el contexto relacional que estructuraban la interacción entre deudores y acreedores; en el sentido de que la selección entre los distintos instrumentos alternativos dependía «del orden normativo que mejor se adecuaba a la regulación del compromiso». Esta generalización reposa sobre dos elecciones del investigador: por un lado analizar solo la distribución de la frecuencia de las obligaciones de pago ante escribano y no analizar la distribución de valores; por el otro construir sus grafos abstrayendo la dicha obligación de las relaciones y de la historia de esas relaciones presentes en el acta notarial. Elecciones legitimas – tal vez la segunda más que la primera, pues sería otra investigación – pero que no permiten esa generalización.

III.

29Esas afirmaciones de Martín Wasserman se aplican al otro aspecto mencionado de las obligaciones de pago: su papel en la legalización, ocultándolas, de las mercancías ilegalmente introducidas. Es aquí donde Martín Wasserman precisa el mencionado esquema de una política de la Corona para la región que imponía restricciones al comercio legal, las cuales a su vez inducían a una utilización específica de un tipo particular de contrato; y esto en un segmento igualmente particular de actores, aquellos dedicados a la redistribución del gran comercio, poco conectados entre sí.

30Sus argumentos parten de la ilegalidad o semi-legalidad de la gran mayoría del comercio atlántico, así como de la importación de una parte importante –aunque menor que las mercancías– de los cautivos africanos, lo cual obviamente aumentaba el riesgo de comiso y de oportunismo. En el espacio oligárquico donde las empresas se sostenían en los lazos fuertes o las redes personales confiables, las obligaciones y las «pautas reputacionales» implícitas en esos vínculos, mantenían dichos riesgos bajo márgenes aceptables. Mientras que en el segmento de «los pequeños tratos del gran comercio» –un mundo de actores mal conectados e identidades vulnerables– se necesitaba de unos «instrumentos jurídicos contractuales que permitieran atenuar los riesgos de un entorno relacional no solidificado por mecanismos reputacionales» (p. 191). Mas solo los esclavos –y las mercancías– que tenían sus correspondientes despachos fiscales podían ser objeto de transacciones comerciales ante escribano. De modo que, en su lugar, se establecían unas escrituras de obligación de un préstamo monetario ficticio que encubría los cautivos vendidos o adelantados para su venta. El traspaso correspondiente del metálico no se efectuaba, pero –siempre según Martín Wasserman– el escribano daba fe del crédito monetario, aunque no de haber asistido a la entrega de dicho metálico; mientras que el deudor renunciaba a la cláusula que le permitía denunciar que dicho desembolso en moneda no se había realizado. Por su parte los esclavos, encubiertos como préstamo, reaparecían como garantía hipotecaria de dicho préstamo que no había tenido lugar; la cual garantía hipotecaria se extendía más allá de las reventas. Así, gracias a la mediación del notario, el acreedor contaba con un instrumento fácilmente ejecutable que lo aseguraba de los riesgos y –generalizando– «al legitimar jurídicamente una diversidad de obligaciones crediticias originadas en tratos con raíz ilegal, los títulos crediticios notariales participaban de la transgresión legal a las leyes» (p. 293; para el conjunto de los argumentos pp. 191-192).

31Martín Wasserman trata el tema con fineza y pone el dedo sobre un síntoma realmente interesante de los mecanismos de regulación. Pero su manera de generalizar me lleva a dos tipos de comentarios. El primero concierne al orden de magnitud que representan estas obligaciones nacidas de préstamos monetarios –no efectuados, pero que contaban con la garantía de los cautivos cuyo comercio encubrían– respecto de lo que sabemos sobre el tráfico de esclavos en el siglo xvii; el segundo se refiere a la idea de una «legitimación jurídica» que esos contratos pudieran conferir y de la visión del orden político que dicha idea supone. Si entiendo bien sus cifras, Martín Wasserman registra un total de 942 escrituras de obligación, de las cuales 774 corresponden a créditos monetarios (tabla 21, p. 184). De estas, (¿las 942 o las 774? Digamos las 942) el 20,2% tenía una garantía hipotecaria (que correspondía al 16,7% de los valores escriturados), es decir 190 escrituras de obligación poco más o menos (p. 178). Y los cautivos como tal garantía hipotecaria representaban poco más del 45% de las escrituras que contenían dicha garantía, digamos la mitad (grafica 13, p. 176). O sea que esos préstamos encubridores y a la vez jurídicamente legitimadores de esas operaciones de frágil legalidad sumarian unas 80 escrituras para todo el periodo de 40 años seleccionados. Mientras que Martín Wasserman presenta cifras según las cuales la importación de esclavos no bajaba de una media anual de 1000 cautivos entre 1610 y 1630 y de unos 400 entre 1650 y 1670. La desproporción entre estas magnitudes y un promedio de dos escrituras por año es demasiado fuerte. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los cautivos africanos no representaban más de un tercio del valor total de las importaciones legales o ilegales.

32No se trata de preguntarse sobre la representatividad de la muestra. Martín Wasserman estudia mecanismos: dispositivos e instrumentos legales, formas de operar, «tecnologías» o recursos de la cultura mercantil, etc. Y lo hace muy bien. Pero ¿mecanismos de qué? Y esto tiene que ver con los desplazamientos que opera para generalizar. Comparto su manera de subrayar la importancia de los empresarios menores: artesanos u organizadores del transporte terrestre y fluvial, pulperos, etc. Pero ni creo que su identidad –ni su capacidad económica– fueran tan frágiles, ni me parece que se trataran de transeúntes evanescentes. Estar en Asunción, mientras se era residente en Buenos Aires, donde se poseen tres tiendas, además del acceso directo a Diego de Vega, a quien se le puede conferir poder, no era poca cosa. Pienso también en una configuración que he visto para el siglo xviii y entrevisto en juicios del xvii: el esclavo que después de años de servicio se convirtió en el criado y hombre de mayor confianza y capataz viajero de su dueño y patrón, que contaba con la amistad de troperos y fletadores, en quienes su patrón podía confiar en ellos, pues eran sus amigos (y tal vez compadres). Sin duda estaban fuera de la comunidad parroquial de la catedral, pero eran hombres con mando sobre hombres, en redes densas (o no) y con la aptitud de entablar y hacer respetar contratos. En cualquier caso, si juntamos los números que acabo de presentar con lo que Martín Wasserman nos dice sobre las declaraciones de deuda en los testamentos, vemos que la articulación entre el comercio atlántico y los tráficos interregionales no residía en esos contratos de préstamo teóricamente encubridores de la redistribución al detalle de grandes operaciones ilegales. En efecto, Martín Wasserman muestra que las escrituras o instrumentos públicos solo corresponden al 9,5 % de los reconocimientos de deuda presentes en los testamentos de todo el periodo –dejo de lado su cálculo sobre la significación estadística que no toma en cuenta el 65% de esos mismos reconocimientos de deuda, que no declaraban instrumento– (pp. 130-134 y apéndice1).

33Como quiera que de todo ello fuere, creo que lo único que puede decirse de esas obligaciones de pago encubridoras de esclavos, es que, en el caso en que se hubiesen combinado con la venta en consignación o una compañía, el riesgo –en este caso el riesgo de comiso– se transfería desde el consignador o el socio principal, hacia el consignatario o el agente. Y no es poca cosa. Pero de ninguna manera este tipo de contratos preservaba a las mercancías del comiso o las «legitimaba judicialmente». Así lo muestra el ejemplo p. 193 de un préstamo que está detrás de una compañía para vender esclavos en el Perú. Comisados por la audiencia de Charcas, las razones por las cuales consideran injusto dicho comiso, no es la existencia de la escritura de crédito, sino que contaban con los despachos correspondientes. Si estas escrituras de obligaciones de préstamo legalizaban la introducción clandestina de esclavos, ¿por qué no se utilizaba con otras mercancías?

34En realidad, la idea misma de legitimación judicial es, en este contexto, algo anacrónica. ¿En relación a qué jurisdicción? En los numerosos juicios de comisos que existen para el siglo xvii y xviii, con frecuencia se encuentran legajos que contienen los papeles secuestrados a los encausados. Una documentación que recuerda parte de los reconocimientos de deuda en los testamentos de Martín Wasserman: cuentas, memorias, distinto tipo de cartas, reconocimientos de deudas o vales, libranzas, etc. Para los jueces que instruían, esos papeles tenían valor ejecutorio ante tribunales locales o mediadores institucionalmente designados (jueces árbitros) como Roxas y Azevedo y Cota (p. 100). Por eso fue que esa documentación podía usarse como prueba más allá de las personas directamente a cargo del almacén o transporte de las mercancías comisadas. Ejecutorios ante un ámbito comercial pero no inmunes o protegidos ante los jueces competentes en materia de derechos fiscales de Su Majestad o de la acción judicial que pudiera surgir de competencias y conflictos entre jurisdicciones comerciales, en nuestro caso el habitual contrapunto Lima / Buenos Aires. Lo cual nos lleva al orden político y la interacción entre este y las regulaciones comerciales.

36Cierro esta parte de mis comentarios con una cita de Arrigo, que me parece muestran la complejidad de esos procesos, comunes a distintos territorios de la Monarquía:

• 20 Amadori, Arrigo, «Agentes legos, saberes letrados y comunicación política: Buenos Aires, principio (...)

… El perfil que hemos trazado de Juan de Vergara y de su participación en la vida política porteña revela claramente que su caso resulta bastante singular, al menos en el Río de la Plata. Su condición de infraletrado y de ‘gran papelista’, su dilatada experiencia en oficios notariales y de república, su conocimiento del territorio y de las prácticas mercantiles, y su gran poder económico así lo atestiguan. No obstante, el análisis de su trayectoria vital, de su perfil y de su agencia permite aproximarnos a algunas de las condiciones que le permitieron a un grupo de poder de una comunidad preponderantemente lega mantener una comunicación política con la corte y procurar intervenir en el proceso de elaboración de una normativa sobre el comercio del espacio rioplatense…20

***

38Cerraré como comencé: creo que el libro de Martín es un gran libro. Su contribución a nuestra comprensión de los instrumentos de crédito es substancial y el tema fundamental. Si su lectura invita a discutir los desacuerdos es porque aborda con coraje y sin esquivar las dificultades unas problemáticas que creo igualmente importantes, pues permiten pensar la complejidad. En primer lugar, la de Buenos Aires en el siglo xvii como espacio fronterizo de la globalización mercantil. Para seguir con la más general de la pluralidad de contextos de la acción de los actores. Espero, por mi parte, haber contribuido a la conversación sobre una necesaria historia social de las regulaciones del comercio atlántico.

Laurine Manac’h

39El libro de Martín Wasserman, que resulta de la reelaboración de la tesis doctoral que defendió en 2014, demuestra el papel fundamental de las prácticas y relaciones de crédito, así como sus formas de regulación, en el desarrollo económico de Buenos Aires durante el siglo xvii. Y sitúa su demostración en diferentes escalas, es decir tanto en el desarrollo de la sociedad urbana local, como en la integración de Buenos Aires en los intercambios regionales y atlánticos.

1. Relaciones de crédito y determinantes del accionar de los actores del crédito

44El análisis de las formalidades jurídicas, presentadas como una condición de las relaciones de crédito, es una de las mayores contribuciones del libro. En primer lugar, presenta una descripción tipológica de las formalidades jurídicas de la operación de crédito. A partir del análisis cuantitativo de los instrumentos de crédito conservados en los registros notariales de Buenos Aires, analizados para cuatro períodos distintos y considerados como coyunturas económicas específicas, Martín Wasserman destaca los distintos soportes contractuales y jurídicos de la relación de crédito: el acuerdo verbal, el contrato privado (observable gracias a las declaraciones en los testamentos), y el contrato público establecido ante el notario depositario de la confianza pública (p. 135). Todos estos soportes de la palabra intercambiada implicaban una obligación de satisfacer el crédito, aunque la fuerza ejecutiva de esta obligación y los costos generados difieran según la formalidad jurídica elegida por los actores.

45Según el autor, la naturaleza de los instrumentos de crédito y el tipo de formalización contractual dependían de las cantidades implicadas (p. 132) y de las personas a las que se concedía el crédito (p. 145). El uso de la formalidad notarial, aunque menos frecuente que el uso de instrumentos privados, permitió la circulación de valores monetarios más grandes. Aunque estos contratos públicos implicaran costos más elevados en el momento de iniciar la transacción, la formalidad notarial era más utilizada por los actores del gran comercio deseosos de limitar los riesgos de sus transacciones cuando sus relaciones no se fundaban en un conocimiento interpersonal suficiente. El autor demuestra que los comerciantes quienes participaban en el comercio ilegal también utilizaron la formalidad notarial, dando así a sus actividades una base legal –según el autor– o más exactamente una base jurídica más sólida.

46Al mismo tiempo, una gran diversidad de agentes, quienes participaban en la economía local y regional, especialmente en las transacciones diarias de consumo, utilizaban instrumentos de crédito privados o acuerdos verbales. El análisis subraya que estos actores movilizaban cantidades menores de dinero y operaban en entornos relacionales en los cuales la pertenencia a una misma comunidad, el conocimiento interpersonal y la reputación eran suficientes para inducir a los actores a cumplir con sus obligaciones. Ya sea mediante un acuerdo verbal o mediante un contrato privado, los comerciantes consideraban que esas formalidades eran menos costosas y permitían una mayor agilidad en los negocios. Sin embargo, es posible que la menor formalización de esos instrumentos favoreciera el aumento de los costos en caso de conflicto, principalmente a cargo de los acreedores, sobre todo cuando éstos tenían que justificar el acuerdo durante un procedimiento judicial (p. 138).

2. La configuración de las prácticas crediticias: preferencias de los actores y factores de sus evoluciones

47La demostración desarrollada en el libro subraya la evolución de la configuración de las prácticas de crédito. Según el autor, la cantidad de deudas declaradas en los contratos públicos aumenta ligeramente a lo largo del siglo xvii. Las obligaciones de pago, que funcionaban como instrumentos de corto plazo, se desarrollaron entre otros instrumentos de crédito notariales elegidos por los agentes económicos (pp. 167-194), quienes habrían encontrado un instrumento más adecuado a las especificidades de Buenos Aires que las escrituras de sociedades o las cesiones de deuda. Estas obligaciones de pago constituyeron un instrumento de crédito fundamental para la integración de Buenos Aires en los circuitos económicos regionales y atlánticos. Por último, las sumas transferidas mediante obligaciones de pago aumentaron significativamente tras la creación de la Real Audiencia de Buenos Aires en 1664.

49Aunque Martín Wasserman presente la teoría jurídica relativa a la organización de la justicia real, la demostración no desarrolla mucho este tema, suscitando una especie de contradicción en el argumento. En efecto, el autor no examina las jurisdicciones movilizadas para la resolución de los litigios respecto a las relaciones de crédito, en particular porque insiste en el hecho de que los actores, por la ilegalidad de sus actividades, no podían solicitar a instancias judiciales oficiales, cuya ineficiencia constituía otro factor explicativo. Sin embargo, el desarrollo de un sistema judicial que contribuyera a reforzar la fuerza ejecutiva de las obligaciones, reducir la inseguridad y la incertidumbre, y por lo tanto los costos de transacción, debe tenerse en cuenta en el análisis. En otras palabras, el desarrollo de procedimientos judiciales previsibles, que permitiera la fluidez de las relaciones de crédito más allá de los conflictos que surgían en los intercambios, fue sin duda un factor que incitó a los agentes económicos a recurrir a la formalidad notarial en caso de transferencia de grandes sumas. Entre otros beneficios, esta formalidad facilitaba la disponibilidad de escrituras en caso de pruebas necesarias para la resolución de un litigio. Según las normas jurídicas establecidas, la Real Audiencia tenía que convertirse en una instancia de apelación adicional al Cabildo a partir de cierta suma, o intervenir en lugar del Cabildo si aquella estaba suficientemente cerca (p. 134), dos funciones teóricas que tendríamos que confrontar con las prácticas de los actores. También cabe mencionar el papel de la jurisdicción arbitral de los jueces árbitros, o amigables componedores, que eligieron los comerciantes para resolver sus conflictos. El carácter ilegal o semilegal de los intercambios no impedía que estas instancias judiciales tuvieran un papel en la fuerza ejecutiva de las obligaciones de crédito: tales instituciones estructuraron el espacio del accionar de los comerciantes, quienes no se dedicaron solamente a intercambios ilegales. Y efectivamente, el autor sugiere que el desarrollo de estas instituciones judiciales y la consiguiente evolución de las prácticas de crédito fomentaron la lenta pero creciente integración de Buenos Aires en el comercio atlántico, estimulada por la fundación de Colonia del Sacramento en 1680.

50Además, al describir y proponer una explicación de las prácticas de crédito en el contexto de la sociedad bonaerense, Martín Wasserman pone de relieve los cambios culturales e intelectuales que hicieron posibles ciertas prácticas crediticias. Entre otros factores culturales, el autor destaca, a partir del estudio de manuales notariales o tratados jurídicos (Primera y segunda parte de la Curia Filipica de Hevia Bolaños, cuya primera edición fue en 1603; La política de escrituras de N. Yrolo Calar publicado inicialmente en 1605; Práctica civil y criminal y instrución de escrivanos de Monterroso y Alvarado en 1563), la teoría jurídica de la obligación y sus soportes contractuales para explicar la fuerza ejecutiva de este instrumento. Estos manuales y tratados, que según el autor circulaban dentro del Imperio español, no eran específicos de Buenos Aires y contribuyeron, de este modo, a formar las preferencias de los actores respecto a las reglas de estas obligaciones. Su estudio permite sugerir que el derecho de los contratos era una condición importante para la configuración de las prácticas de crédito.

52Al tener en cuenta estos procedimientos judiciales se puede entender mejor los costos de transacción. Aunque no se puedan cuantificar, no son invisibles, ya que existen algunos indicios de ellos: la mención de los costos generados por un procedimiento y que debían pagar las partes, el estudio de la duración de un proceso según la formalidad jurídica del contrato de crédito, o el costo del recurso a un experto. Entre otros ejemplos, un comerciante en situación de recibir productos que había comprado, podía tener que mandar a un comerciante experto para examinar una avería al momento del desembarco, lo que generaba mayores costos. El recurso a un experto jurídico para la redacción de un pedimento también tenía un costo, lo cual fue a veces especificado en las fuentes del Tribunal de Comercio de Buenos Aires establecido en 1794.

3. La heterogeneidad de los mecanismos institucionales del crédito

54Al tener en cuenta estas diferentes instituciones, el análisis pone en tela de juicio las dicotomías que siguen presentes en la bibliografía sobre la evolución de las instituciones que regulan la economía. Por una parte, el estudio de las obligaciones de pago permite cuestionar la oposición entre una economía informal de contrabando y una economía formal de intercambios legales: el autor demuestra cómo la formalización notarial de los instrumentos de crédito podía dar apariencias de legalidad a unos intercambios ilegales, contribuyendo «al enredo de lo legal y lo ilegal (p. 194)».

56Sin embargo, esta idea hubiera podido destacarse más, en lugar de la hipótesis según la cual los actores del comercio a distancia, por sus actividades ilegales, por no poder apoyarse en una confianza fundada en lazos interpersonales fuertes o en instancias judiciales oficiales, utilizaron la formalidad notarial, haciendo del notario un agente de intermediación fundamental del desarrollo económico de Buenos Aires en el siglo xvii. En efecto, tal postulado se puede profundizar a la luz de las prácticas crediticias desarrolladas en periodos posteriores. El desarrollo, tanto de instituciones que fomentaron la fluidez de las relaciones de crédito, como el tribunal de comercio establecido en 1794 en Buenos Aires, como de medios de información (prensa, almanaque comercial) que permitieron un mejor conocimiento de los colaboradores comerciales, no puso fin a la función normativa de la reputación, generalmente relacionada con las economías del Antiguo Régimen. Al contrario, permitió que la reputación siguiera regulando las relaciones crediticias, sin que el agente tuviera que pertenecer a otra comunidad además de la del comercio.

58Por lo tanto, lejos de una visión lineal o dicotómica de las transformaciones de las instituciones de regulación del crédito, o de una «gran transformación» caracterizada por un proceso de despersonalización de las relaciones de intercambio, conviene destacar las configuraciones institucionales, las cuales se caracterizaban por una heterogeneidad de aspectos jurídicos, culturales, sociales y mentales, correspondiendo a contextos históricos determinados y estructurando economías políticas distintas. Estas configuraciones condujeron a arbitrajes por parte de los agentes económicos. En función de los contextos relacionales e institucionales en los cuales actuaban, los actores elegían ciertos tipos de formalidades, combinando la formalidad notarial con otros mecanismos de confianza. No significa que los agentes económicos fueran agentes caracterizados por una plena racionalidad: su racionalidad se puede entender, como lo sugiere Martín Wasserman, como una conciencia relativa de los determinantes de su accionar.

De obligaciones, conexiones y gramáticas
Martín L. E. Wasserman

59La lectura puede devolverle a un texto sentidos inadvertidos por su autor, aportándole nuevos significados que lo enriquecen e interpretaciones imprevistas que invitan a una relectura. Las valiosas lecturas que Arnaud Bartolomei, Laurine Manac’h y Zacarías Moutoukias ofrecen sobre Las obligaciones fundamentales constituyen un aporte para encontrar algo más y algo diferente en el texto, enriqueciéndolo también desde los disensos. Contribuyen, por lo tanto, a agudizar colectivamente las preguntas comunes sobre la realidad social, que no es otra cosa que una realidad histórica.

60A continuación se propone un diálogo con esas lecturas. Un diálogo que las agradece y que propone, a un mismo tiempo, una relectura del libro: una relectura más apegada a la realidad social, económica y cultural narrada por el libro, que a los modélicos presupuestos teóricos a los que esa realidad histórica no siempre se adecua.

I. La sociedad como una red de obligaciones instituidas

61La sociedad es una red de obligaciones. Obligaciones heterogéneas: algunas redimibles, otras irredimibles; algunas concedidas, otras impuestas; algunas visibles, otras invisibilizadas.

63Concomitantemente, las obligaciones económicas que integran a la sociedad se encuentran instituidas y son, por lo tanto, históricas. Durante los siglos xvii, xviii y parte del xix, las obligaciones nacidas del endeudamiento económico en Buenos Aires se hallaban insertas en una pluralidad de ordenamientos normativos: una matriz institucional que daba sentido y significado a esas obligaciones derivadas de transacciones financieras. De modo que las obligaciones crediticias podían asumir una diversidad de formas, articuladas por dispositivos no siempre coincidentes. Comprender cuáles eran los modos en que se instituían las obligaciones crediticias que participaban en la integración social es, así, una vía para entender las singularidades históricas de esa integración. Por ello, el propósito del libro es conocer cuáles fueron los instrumentos empleados para formalizar la palabra empeñada en las obligaciones crediticias de los particulares, las razones por las que en determinadas ocasiones esas obligaciones se formalizaban apelando a algunos instrumentos y no a otros, y la mecánica que implicaba la estructuración y la dinámica de algunos de esos modos de formalizar el compromiso.

65El análisis sobre la primera muestra de 422 testamentos ofrecida en el libro da cuenta de la coexistencia de distintas modalidades de formalizar institucionalmente las obligaciones en ese rincón del imperio: el uso de la palabra oral como modo de sellar el compromiso asumido se conjugaba con el empleo de vales, libranzas, cédulas y otros papeles privados, y con la menos frecuente apelación a la escrituración notarial de las obligaciones nacidas del endeudamiento. Pero aun desde su participación minoritaria en el universo crediticio, instrumentos tales como las escrituras notariales ofrecen un acervo de información que permite conocer las características de su dinámica y de su estructura interna y, con ello, los circuitos relacionales por los cuales discurrían, dando cuenta de su posición en el universo más amplio del cual participaban y contribuyendo, entonces, a comprender dicho universo.

II. Contextos relacionales: interconectados y discernibles

66En 1633 el genovés Nicolás Salvago, administrador del permiso de introducción de esclavos por Buenos Aires, apoderaba a su coterráneo Horacio Cota para que gestionase, desde el Río de la Plata, la introducción de esos esclavos como factor. Pocos años después, Horacio Cota entablaría un sólido vínculo con Pedro de Roxas y Azevedo, uno de los vecinos y comerciantes más prominentes de la comarca porteña, junto a quien desarrollarían el negocio esclavista: mientras Cota contaba con la llave legal (aspecto clave en un puerto como el de Buenos Aires, en el cual buena parte de los cautivos eran importados ilegalmente), Roxas contaba con el giro comercial necesario para la redistribución regional de los esclavos. El desarrollo de la organización comercial les impuso, en ocasiones, la necesidad de que arbitrasen conjuntamente en disputas internas a la red que coordinaban; documentos posteriores hablan, en efecto, de "amistad" entre ambos.

67Cota pronto comenzó a recorrer mercados regionales (Córdoba, Corrientes, Esteco, Potosí), llevando consigo lotes de mercancías, ganado y esclavos pertenecientes a Roxas, que Cota entregaba a crédito a sus consignatarios para la comercialización local y regional.

68De la empresa resultaron 39 obligaciones contraídas por los consignatarios a favor de Horacio Cota, de las cuales un 8% se formalizaron notarialmente y el 82% restante mediante distintos instrumentos privados (primordialmente cédulas), dando lugar a una distribución representativa de la participación de esos instrumentos en el universo crediticio.

69Como puede suponerse, era a sus consignatarios más confiables a quienes Cota permitía formalizar la obligación sólo mediante cédulas personales sin escrituración notarial (y así lo demuestra un pleito posterior por el cobro de una de esas deudas resguardadas con instrumentos privados, en la cual el deudor cordobés Francisco Díaz aludía a la amistad que tenía con Horacio Cota como el motivo que le había permitido garantizar el compromiso sin mayor resguardo que una cédula personal).

70El trato interpersonal con los deudores de aquel 82% de transacciones permitía a Cota contar con la garantía ofrecida por los mecanismos reputacionales de sanción, que compelían a los deudores a una obligatoria correspondencia como modo de preservar su membresía a la red comercial coordinada por el genovés, lo cual permitía a Cota depositar su confianza y asumir el riesgo crediticio. De este modo, el lazo fuerte construido entre Roxas y Cota permitía al primero delegar en el segundo el rol de agente en la asignación de sus recursos, habilitando la colocación de éstos entre una multiplicidad de consignatarios que no necesariamente eran conocidos ni reconocidos personalmente por Roxas.

71En 1640 Horacio Cota debía partir hacia Brasil. Otorgaba entonces ante escribano una escritura de cesión a favor de Pedro de Roxas y Azevedo (propietario de las mercancías, ganados y esclavos acreditados), en la cual se formalizaba notarialmente a favor de éste la totalidad de aquellas obligaciones asumidas por los consignatarios de los distintos mercados regionales.

72Con esa cesión se formalizaba notarialmente, por lo tanto, la obligación que los deudores desconocidos para Pedro de Roxas tenían a favor suyo. Y el caso ilustra que la formalización notarial de las obligaciones viene entonces a presentársenos como aquella que solía estructurar los compromisos financieros allí cuando el lazo entre acreedor y deudor era débil (por mutuo desconocimiento previo o por la alteración en la naturaleza de un vínculo preexistente).

74El constante reposicionamiento de los vínculos era identificable por los actores, quienes no dejaban de distinguir entre afueras y adentros relativos a los límites siempre mutables de los círculos de lazos fuertes constituidos por la casa, la familia, el parentesco, la asociación, el paisanaje o la amistad. Y esa distinción permitía a los actores articular racionalmente los compromisos de manera diferenciada, empleando consecuentemente instrumentos distintos en razón de su mejor adecuación a la posición que el lazo tuviese al momento de generarse la obligación. Incluso en el seno de una misma red comercial.

76Desde luego, un mismo enlace podía atravesar trayectorias que lo reposicionasen en distintas ubicaciones de los círculos relacionales de sus integrantes, empujándolos a formalizar de maneras cambiantes los compromisos asumidos entre mismas contrapartes (y el cotejo con los registros parroquiales permite advertirlo). Versátiles e interconectados, los distintos contextos relacionales eran discernibles por unos actores que formalizaban sus compromisos con arreglo a la posición del lazo.

77Pero la demarcación de los círculos relacionales no sólo era cambiante sino asimismo permeable, en la medida en que se encontraban conectados por la intermediación de enlaces fuertes. Aquella red que eslabonaba a Pedro de Roxas con Horacio Cota, y a Horacio Cota con una multitud de deudores desconocidos para Roxas, también nos muestra que para éste Cota era un recurso relacional que operaba como canal para la asignación crediticia de recursos por fuera del entorno de vínculos personalmente acreditados o socialmente próximos de Roxas. Aún más: tal como se demuestra en el libro a partir de otros casos, las redes de recursos relacionales próximos operaban no sólo como canal para la asignación de recursos, sino también como dispositivo para intentar la ejecución de los contratos escriturados legalmente con sujetos ubicados en los márgenes o por fuera de la misma red confiable.

79De esta manera, los circuitos relacionales distaban de ser homogéneos y discretamente segmentados: no sólo se encontraban sujetos a la dinámica del cambio, sino interconectados por lazos fuertes que articulaban la red: el rol de Horacio Cota como intermediario para Pedro de Roxas es el que solían ejercer socios, familiares, amistades, paisanos, compadres, parientes.

III. El escribano o la intermediación de un lazo fuerte

80Y entre esos socios, familiares, amistades, paisanos, compadres o parientes podía encontrarse el escribano, quien solía representar un nodo fundamental en la trama de lazos fuertes de los más encumbrados actores del período. Pero aparte de contar con los atributos de intermediación con los que contaban otros actores, el escribano también detentaba la potestad para rubricar legalmente los compromisos y contaba con la insuperable herramienta de un archivo. De este modo, el escribano operaba según el caso como intermediario financiero, como intermediario informacional, como intermediario jurídico y, en ocasiones, conjugaba las tres funciones.

84Esto reforzaba la importancia de su intermediación jurídica, consistente en la rúbrica legal de los compromisos asumidos por sujetos externos o en los márgenes de los contextos relacionales próximos del acreedor, y adecuando con ello la potencial exigencia del cumplimiento de la obligación a los discursos jurisdiccionales y a los mecanismos ejecutivos de una justicia ordinaria, que solían trascender los arreglos internos a las redes de recursos relacionales.

86Dada la naturaleza obrepticia de la información, no es posible mensurar una proporcionalidad de participación de estas escrituras obrepticias entre aquellas que contaban con la renuncia a la excepción de non numerata pecunia, ni es posible por lo tanto ponderar cuántas de ellas a su vez reforzaban la obligación incorporando a los esclavos y esclavas como garantía prendaria. Pero constatar su existencia permite comprender el horizonte de prácticas posibles que se articulaban para afrontar un conjunto de restricciones en un contexto arriesgado, en el que los actores echaban mano de los dispositivos institucionales existentes para adecuar los compromisos a dichos entornos, contribuyendo a ampliar el espectro de transacciones comerciales posibles más allá de los círculos de sociabilidad próximos o de los enlaces consolidados relacionalmente.

IV. La gramática del discurso jurisdiccional

87La intermediación jurídica del escribano implicaba, por lo tanto, la configuración de las obligaciones con arreglo a un discurso jurisdiccional adecuado al posicionamiento relacional del lazo interpersonal en el que se generaba el compromiso, habitualmente ubicado en los márgenes o por fuera de los círculos de sociabilidad próxima de las partes. Ofrecía, por lo tanto, instrumentos adecuados para estructurar transacciones más allá de los círculos próximos o en los márgenes de éstos, contribuyendo con una ampliación del espectro de intercambios.

V. A modo de cierre

92El libro se propone, en suma, comprender la heterogeneidad de formas que asumían las obligaciones financieras como uno de los elementos de integración social: una heterogeneidad que no resulta autoevidente y cuyas razones requieren explicación para profundizar el conocimiento de la complejidad social, aportando matices empíricos a las valiosas modelizaciones teóricas y a su riqueza instrumental como clave de interpretación. La realidad social, económica y cultural que el libro repone desafía, en efecto, algunos presupuestos modélicos y limita empíricamente los alcances de su validez explicativa, demostrando que la explicación de un proceso histórico puede (y en ocasiones, necesita) valerse de un herramental conceptual reestructurado desde un cuidado eclecticismo con arreglo a la singularidad de las coordenadas históricas repuestas. En este sentido, el producto historiográfico aporta no sólo una densificación del conocimiento social sino, a un mismo tiempo, un artefacto teórico y una propuesta conceptual apuntalada en insumos empíricos.

93El libro ofrece, por ello, la posibilidad de comprender las articulaciones y los trasvases entre distintos contextos relacionales, pero también la capacidad de los actores para discernir entre dichos contextos y apelar a diferentes instrumentos allí cuando sus acciones interpersonales precisasen enmarcarse en distintos esquemas de incentivos y sanciones. Lejos de ser homogéneos y discretamente segmentados, los diferentes circuitos relacionales estaban sujetos al cambio e interconectados (tanto por intermediarios como por gramáticas), aunque no dejaban por ello de ser discernibles en la racionalidad de los actores: distintos instrumentos tendían a emplearse en diferentes circuitos relacionales. Ello contribuyó a dotar a los actores con dispositivos para desplegar compromisos por fuera de los circuitos relacionales próximos, ampliando el espectro de transacciones posibles. Se intenta, por ello, una comprensión de los distintos dispositivos y las razones de su instrumentación, en el seno de un universo socioeconómico más amplio de instrumentos, de acciones y de actores situados históricamente, para comprender no sólo aquellos dispositivos sino este universo socioeconómico. Y sugerir, así, una explicación sobre el modo en que las obligaciones integraron inicialmente a la sociedad.