Navigation – Plan du site
Dossier. Les sociétés démocratiques en France et en Espagne : fragilités et mutations

La crisis de la ciudadanía social y el malestar de la democracia en Europa

La crise de la citoyenneté sociale et le mal-être des démocraties en Europe
The crisis of social citizenship and the malaise of European democracies
Luis Enrique Alonso Benito
p. 29-46

Résumés

La citoyenneté sociale s’est fissurée en Europe juste au moment où le modèle productif s’est flexibilisé technologiquement et où la financiarisation de l’économie a progressé jusqu’à devenir clairement hégémonique au niveau mondial, donnant lieu à des trajectoires professionnelles divergentes, à des excédents structurels de force de travail (générés par le nouveau mode de réglementation et d’inclusion du travail dans le processus productif) et à des modes de vie fortement fragmentés. La question sociale (posée de façon nationale, distributive, professionnelle et égalitaire), qui avait été au centre du développement de l’idée d’Europe depuis la Seconde Guerre Mondiale, n’est plus défendue au niveau institutionnel, au moment même où le cadre économique dominant s’est structuré en fonction d’un réseau technologique et financier multinational, et donc : éparpillé, volatile et délocalisé. En conséquence, il y a eu une sorte de désintégration de la forme traditionnelle de société du travail et de l’ensemble des conventions citoyennes (et juridiques) qui en étaient le fondement, pour entrer dans une dualisation et une fragmentation progressive et cumulative — organisée institutionnellement — des situations contractuelles du travail. Cette chaîne d’affaiblissement successif des conditions de protection, de sécurité et de droits garantis par la notion classique de citoyenneté laborale européenne finissent par porter atteinte à l’idée même de démocratie. Depuis les années quatre-vingt-dix, l’Union européenne agit plus comme une agence monétaire disciplinaire que comme une entité qui défend les garanties collectives de la société salariale et, dans le cadre européen actuel, la citoyenneté sociale se replie jusqu’à se transformer en une nouvelle espèce de citoyenneté libérale qui a comme seule et unique référence les libertés politiques individuelles.

Haut de page

Texte intégral

Nos podemos preguntar, si después de todo, la soberanía del Estado nación (y su obligación hacia la ciudadanía) no ha dejado de ser ya la cuestión central de la política.
Paul Ricœur, Amour et justice, 2003.

1La crisis financiera actual ha supuesto un especial refuerzo de una tendencia que se abrió en el ciclo económico de los años ochenta del siglo pasado con un enorme cambio en las pautas de intervención del Estado en la economía. Las acciones públicas para restaurar la solvencia de los sistemas financieros y limitar su propio endeudamiento, han conducido, durante estos últimos años, al abandono efectivo de las principales políticas públicas de sostenimiento del empleo y, a la vez, a una importante contención de las demandas salariales. Es el desarrollo de las «políticas de oferta» destinadas a destruir lo que se consideran obstáculos que impiden el funcionamiento del mercado de trabajo —tomado como cualquier otro mercado—, aun cuando esto pudiera producir fallos de asignación y desigualdades sociales evidentes. Políticas de oferta que se habían usado en los momentos de bonanza para (teóricamente) auspiciar el crecimiento, aunque ahora, paradójicamente, se aplican también como virtual remedio del pánico, la crisis y la recesión generalizada, siempre supuestamente para aumentar la actividad y la confianza de los mismos mercados.

  • 1 Alonso, Fernández, Ibáñez Rojo, 2015.

2Desde la crisis financiera que arranca a finales de la primera década de nuestro siglo, el discurso del managerialismo estatal ha servido para generar una sistemática desformalización de los conceptos históricos en los que se había fundamentado la responsabilidad social de los gobiernos europeos. Gran parte de las políticas sociales se habían realizado en el ciclo keynesiano, a partir de la idea de que los bienes públicos y los derechos sociales quedaban garantizados por la acción directa del Estado. Sin embargo ahora se justifican y se gestionan a partir de una potente empresarialización de la oferta (con la consiguiente desmaterialización del sector público), la concertación con el sector mercantil en la prestación de los servicios tradicionales (debidamente menguados) y, sobre todo, la máxima subordinación de las intervenciones públicas de los Estados a las valoraciones y aprobaciones de los agentes financieros internacionales, convertidos en anónimos y superlegitimados mercados1. De la práctica del gobierno como ejecución por parte del Estado —y por lo tanto de gestión de los derechos ciudadanos— de las acciones garantes políticamente de la racionalidad económica de una sociedad, hemos pasado a la omnipresencia del concepto de governance como proposición de la simple coordinación pública de las iniciativas sociales privadas y empresariales surgidas en todos los niveles territoriales.

3En las páginas que siguen estudiaremos cómo se ha producido la desarticulación de la forma tradicional de mercado de trabajo y del conjunto de convenciones ciudadanas que lo construían en el espacio europeo. Veremos que hemos pasado del uso de una categoría de trabajo jurídicamente diseñada y regulada desde unas leyes específicas que tendían a la unificación de los derechos generales y las condiciones legales de la actividad laboral, a una progresiva y acumulativa dualización y fragmentación —institucionalmente organizada— de las situaciones laborales contractuales, produciendo un proceso de progresivo debilitamiento de las condiciones de protección, seguridad y derechos asegurados por la idea clásica de ciudadanía laboral europea. De esta manera, podemos observar cómo la Unión Europea viene actuando, desde la década de los noventa del siglo pasado, más como una agencia de control monetario que como un ente defensor de las garantías colectivas de la sociedad salarial.

La gobernanza de la crisis

4Así, del principio de autoridad legítima socialmente regulada —típica del ciclo de gobernabilidad socialdemócrata— con el uso del concepto de governance se pasa al de intercambio de intereses y recursos entre esferas públicas y privadas, legitimado por la mayor eficiencia y rentabilidad para todas las partes. Este cambio de los modelos de legitimación se justifica como una gerencia pospolítica de los asuntos públicos y propone la imagen de la red (red de asociaciones públicas y privadas, del tercer sector y las empresas), esta vez como activadora del intercambio y la movilización de recursos, fundamentalmente económicos. Así, el Estado, en esta función de la governance (enésima reencarnación de la teoría de la sociedad civil liberal) ya sólo toma el papel de facilitador de las alianzas y las relaciones de partenariado entre actores sociales y económicos (tomados como iguales, autónomos, horizontales, y empeñados en hacer emerger la riqueza pública a base de buscar la realización de los objetivos e intereses individuales).

  • 2 Anisi, 1995 y 2010.

5El impacto de los nuevos planteamientos del management no se ha hecho esperar en los Estados. Y a partir de los años ochenta estos Estados han ido transformando el sentido de su intervención: cada vez conocemos menos un Welfare State propiamente dicho y observamos más la configuración de un Workfare State. Es decir, estamos viviendo la transformación de un Estado del bienestar basado en las políticas sociales, productivas o de empleo en un Estado del rendimiento, basado fundamentalmente en políticas de rentabilidad tecnológica y control monetario. Con este tipo de cambio de filosofía de intervención, mucho más cercano a un Estado liberal que a un Estado social, se sustituyen las políticas públicas de construcción de tejido productivo y social por las políticas de relanzamiento monetario, de formación y movilización individualizada de recursos humanos, de control de las demandas sociales y de facilitación del funcionamiento de los poderes económicos bajo el argumento «técnico» de su apoyo al mercado como sinónimo de competitividad, modernización y desarrollo. Por todo esto se argumenta que el Estado ya no puede soportar costes sociales excesivos, sino que tiene que priorizar la rentabilidad y facilitar lo que el mercado demanda, porque de no seguir esta línea cualquier territorio perdería el tren de la carrera por los mercados internacionales y con ello llegaría el retraso y la pobreza2. El Estado en los países occidentales está, por tanto, pasando de ser un Estado desmercantilizador a ser un Estado mercantilizador, e incluso remercantilizador (por privatizador) de lo social; de un Estado social basado en las titularidades sociolaborales a un Estado «agente» basado en las titularidades económico-financieras.

  • 3 Cingolani, 2015.

6La universalización de los servicios sociales tiende a ser cada vez más problemática, por simple eliminación, privatización, degradación y/o abandono —neobeneficencia—, o por la reconstrucción de un sistema de cobros complementarios para su financiación inmediata tal como se pretende con los tickets moderadores, las tasas o los impuestos indirectos. Las estrategias, en esta línea, pueden ser combinadas: se desatienden, descuidan, empobrecen y precarizan los servicios públicos directamente producidos en el ámbito estatal y, a la vez, se impulsan los servicios privados subvencionados, o no, alegando su mejor calidad y disponibilidad, aunque muchas veces las administraciones públicas se conviertan, de manera directa o indirecta, en el principal financiador de lo privado3. Ejemplos muy de actualidad pueden ser las mensajerías, los servicios de seguridad, las enseñanzas, las prestaciones sanitarias y hasta las pensiones privadas, etc. Del Estado productor y benefactor universal se puede pasar, así, a un Estado cliente que recauda públicamente impuestos para permitir las utilidades privadas en su entorno.

  • 4 Alonso, 2007.
  • 5 Harvey, 2007.

7El proceso de gestión pública como privatización o como proceso de reactivación del mercado, esto es, de remercantilización social general, significa, al fin y al cabo, la institucionalización de la sociedad del riesgo y la precarización del trabajo. Dejar al trabajo en permanente disposición de los ciclos de la actividad mercantil implica ninguna estabilidad biográfica en sus horizontes de vida y la constatación de la fragmentación de la ciudadanía entre ciudadanos estables e inestables4. Así, en los discursos más economicistas la ciudadanía se ha convertido más en una etiqueta de «normalidad financiera» que en un derecho al reconocimiento de la naturaleza pública de lo social. En este sentido, conocemos una rearticulación completa del Estado protector —benefactor y productor—: hemos pasado al Estado fundamentalmente activador, monetarizador y empresarializador, que tiene como principal misión activar el mercado. El Estado, en muchos casos, ya no toma el papel de racionalizador y sostenedor de las riendas del mercado (creador de libertades positivas o públicas), sino que fundamentalmente es el espoliador máximo de su superposición sobre lo social, manteniendo sólo su papel de garante de las libertades negativas o privadas5. Ello implica también el peligro de generar desigualdades y costes sociales bastante evidentes.

  • 6 Galbraith, 1984.

8Contemplamos en el espacio europeo una severa transformación en las políticas de intervención del Estado contemporáneo, y así las actuaciones generadoras de bases y medios de rentabilidad para el sector privado diseñan el núcleo principal de las políticas sociolaborales —ahora redefinidas como políticas activas— dejando en un segundo plano las intervenciones redistributivas clásicas o de gestión pública de los riesgos sociales. De esta manera, como el Estado no es un simple instrumento o agente de un poder omnímodo e indefinible sino el producto de los conflictos entre grupos e intereses sociales, al cambiar la relación de fuerzas y las bases de actuación de estos grupos también ha cambiado el sentido de su actuación6. Así, las estrategias de intervención social son cada vez menos universales, los derechos sociales tienden a reducirse y fragmentarse entre grupos particulares, y a ser asumidos, de manera muy diferente, según situaciones territoriales (locales y nacionales) diferentes.

El Welfare de la austeridad

  • 7 Aglietta, Orléan, 1990.

9Es un hecho constatado que la austeridad impuesta hacia el coste del factor trabajo, la congelación, recorte o incluso desmantelamiento, en todo o en parte, de importantes espacios y servicios del Estado del bienestar, así como la fuerte tecnificación del proceso productivo y la flexibilización jurídica paralela, han hecho que los típicos efectos redistributivos clásicos de las políticas keynesianas hayan sido sustituidos por los efectos anti-distributivos de la economía de la oferta. Al calor de la desregulación se registraron —y favorecieron— formas de consumo elitistas y una nueva euforia financiera: nuevas formas de especulación en los mercados de valores, de fusiones y adquisiciones de empresas, de actuaciones alcistas en el mercado inmobiliario, etc. La expansión de la economía financiera, así como la creación de un tipo de empleo más o menos especializado de alta remuneración en el aparato de gestión de esta economía financiera y especulativa, han servido para consolidar un nuevo nivel de élites y capas altas de renovada cultura promocionista e individualista, que además de ocupar los principales puestos de decisión política y mediática han conseguido hacer valer socialmente el relato del sacrificio de lo colectivo, lo público y lo común a los mercados —únicos entes dotados de autolegitimación y poder real7— como la política más racional posible. La crisis financiera no sólo no ha erosionado el poder de estas élites económicas, sino que le ha dado patente de corso para entrar en las decisiones de los gobiernos democráticos nacionales.

  • 8 Graeber, 2012.

10Se ha experimentado, con ello, primero el declive de las políticas sociales, limitando servicios y prestaciones creadas con espíritu universalista, al mismo tiempo que el inicio de un recorte hasta el máximo posible del gasto público, responsabilizado de todos los males y miserias de la crisis. Y, segundo, se asiste al auge de las políticas financieras, que es donde el intervencionismo estatal adquiere especial vigor y donde se incardinan las actuales políticas de ajuste, reconversión y reordenación económica. Ejemplo de tales políticas son el apoyo y la utilización de recursos públicos para la liquidación y el saneamiento financiero de las entidades endeudadas con exceso de pasivos tóxicos8.

  • 9 Gil Calvo, 2013.

11Los últimos episodios de la difícil crisis por la que hemos transitado han supuesto la culminación de la marcha hacia un Estado intervencionista que ha pasado a convertirse, por lo tanto, en una instancia, más que «redistributiva» (en el sentido de la era keynesiana) en una palanca reasignativa y remercantilizadora, donde su eficiencia económica debe superar cualquiera de sus objetivos sociales. Además y ante todo, debe de ser barato, en el sentido de no drenar recursos para el relanzamiento del crecimiento económico, utilizando el dogma del desplazamiento de la iniciativa privada por excesivo crecimiento del sector público —o crowding out— como justificación política de la minimización de las funciones sociales del Estado. Así, hemos conocido la parcial transformación de los criterios que ordenan el campo del bienestar y la conflictiva conversión de las políticas públicas universales en elementos de un Estado asistencialista de orientación pre-residual, basado en la aplicación, en este campo de acción social, de los criterios de racionalidad económica vigentes en el mercado. Esta minimización de las políticas públicas de bienestar, así como de aplicación, de los criterios de eficiencia y racionalidad mercantil correspondientes, vuelven dominante un modelo de Welfare de la austeridad, cuya racionalidad y eficiencia se miden en términos de ahorro de los recursos. A este parámetro le corresponde una ética: la ética de la escasez y de la frugalidad de los servicios9.

Control financiero y disciplina social

12El Estado de bienestar europeo en sus diferentes modalidades había intervenido siempre generando una cultura universal de lo público, que se había hecho sinónimo de la misma idea de ciudadanía, sancionando una serie de derechos en crecimiento —tanto en lo que se refiere al número de individuos que se encontraban bajo su cobertura, como en lo que se refiere a su profundidad y a las prestaciones recogidas bajo la titularidad genérica—. Sin embargo, en estos momentos se ha invertido la tendencia, y lo que se vislumbra es un tipo de intervención estatal selectiva. De esta forma, la intervención estatal en el centro de la sociedad se vuelve, en cuanto a sus aspectos sociales, cada vez más escasa.

  • 10 Klimecki, Willmott, 2012.

13La remercantilización general de la era poskeynesiana (o mejor anti-keynesiana) hace que los riesgos deban ser asumidos y gestionados personalmente, formando parte del paquete adquisitivo de la propia sociedad de consumo, con arreglo a la capacidad adquisitiva privada; reforzando, así, estos elementos de gestión del riesgo la estructura mercantil y financiera del capitalismo desmaterializado en forma de sanidad privada, planes de pensiones, rentas vitalicias, seguros individuales de todo tipo, etc.10. Sin embargo, para aquellos colectivos y grupos especialmente vulnerables y débiles, que no pueden asumir con cierta solvencia económica el riesgo, se están generando nuevos estilos de políticas sociales, definidas como políticas de mínimos; políticas sociales de intervención en los aledaños del sistema ligadas, fundamentalmente, a lo que podríamos llamar un intento de evitar el derrumbe social y la desintegración en esos colectivos periféricos y pre-marginales, del sistema social.

  • 11 Ruesga, 2002.

14Esto representa el declive de las políticas sociales de ciudadanía total y su cambio por políticas asistenciales muy focalizadas, ligadas casi siempre a grupos no laborales o sublaborales y, por ello, aislables y estigmatizables inmediatamente como grupos «no normales», al considerar la normalidad una relación estable y fluida como ente adquisitivo con el mercado. Políticas paliativas de lo que podríamos denominar los excesivos costes sociales que pueden ser generados por un modelo privatista y absolutamente mercantilista de gestión social global11. Políticas precarias —para un tiempo socialmente precario— cada vez más desinstitucionalizadas y confusas, que buscan una nueva gobernabilidad en una gestión social del riesgo entre la mercantilización de la asistencia y el endose de la responsabilidad a la solidaridad personal o a los motivos del corazón de los ciudadanos.

15En otro aspecto diferente, pero evidentemente relacionado con esto, podemos apuntar que no sólo se produce un declive genérico de las políticas sociales, sino que al mismo tiempo se abre una dinámica, casi general en toda Europa, según la cual las políticas sociales o laborales, a la vez que más escasas, se hacen más territoriales y están ligadas a unidades administrativas por debajo del Estado nacional. La condición de ciudadano se sitúa, así, en una disyuntiva paradójica: cuanto mayor es la globalización mediática y económica, más tiende a refugiarse en las propias comunidades locales la condición de ciudadanía social, como un espacio de resistencia de mínimos donde se puede entablar un posible pacto social minúsculo —lo pequeño es hermoso—, pero también donde se pueden externalizar costes hacia otros territorios con menos capacidad para competir. Con lo que, en buena medida, la política social, en su perfil más genérico, ya no pretende tanto ser una política de ciudadanía universal y nacional, sino de gestión focalizada sobre grupos de riesgo —y de mantenimiento de estos grupos en una situación de cierta integración social mínima y funcional—, así como de territorialización asociada a la actual competencia entre regiones (o naciones) y a los efectos frontera derivados.

  • 12 Lazzarato, 2012.

16En esta línea, es sintomático que los planes posliberales de empleo sean traducciones milimétricas de la literatura managerial, y en general las políticas que en este campo estamos conociendo en los últimos años o bien son políticas de carácter fundamentalmente individualizador —con tendencia a darle al individuo soluciones de información personal, de formación o de meritocratización particular de cara a la «búsqueda» de empleo12—; o son políticas de sujeción de los individuos pre-marginales en los mercados secundarios de trabajo, estabilizando estos márgenes como un elemento más o menos estable del modelo de estructuración social. Por lo tanto, estamos asistiendo a una separación, de hecho, entre las políticas laborales y las sociales, con el subsiguiente declive de las «convenciones y justificaciones» que enlazaban las políticas sociales y las laborales sobre la idea de un modo de vida salarial normalizado y universalizado, donde se derivaban los derechos del bienestar social de los derechos colectivos del trabajo.

La ciudadanía precaria

17La práctica de este Welfare de la austeridad poskeynesiano ha socavado los presupuestos que habían posibilitado el desarrollo del ciclo de bienestar anterior. Hoy en día el discurso económico dominante, recogido por la gestión política más convencional, ha empujado a que la universalidad y crecimiento de los servicios se haya convertido en la selectividad y reducción de los mismos. Los derechos económicos y sociales de ciudadanía se han transformado en derechos económicos de propiedad; y la internalización de los costes sociales del crecimiento económico ha sido convertida en la eliminación de los supuestos efectos perversos de la intervención del Estado. En suma, se retiran las cautelas sobre los fallos del mercado para proclamar ahora la idea de que las ineficiencias son el producto de las distorsiones del Estado.

  • 13 Damon, 2013.

18En este contexto, la propuesta neoliberal se completaba siempre con el canto a la sociedad civil como alternativa abstracta a las maldades que habían provocado las políticas públicas en el campo de los derechos sociales de ciudadanía. La auto-ayuda o el self-help es así la propuesta de que la familia o la comunidad se encarguen de resolver los problemas transitorios de bienestar social. En el fondo, se sugiere que todo problema social es rápidamente internalizable si el implicado tiene realmente una actitud positiva, normalizante y no desviante o patológica, pues el mercado siempre proveerá riqueza y bienestar para aquellos que no quieren parasitar a la sociedad. Así se proclama el triunfo de la autonomía de la sociedad civil frente a la dependencia provocada por el burocratismo del Estado del bienestar13. Esta sería la retórica para legitimar las políticas de contención o recorte de los gastos sociales como respuesta a necesidades sociales que quedasen fuera de los canales económicos ordenados, lo que vendría a resituar el campo de la necesidad en un lugar residual —«prewelfarista»— y reabriría para las asociaciones (mercantiles, voluntarias o concertadas) un campo asistencialista, más cercano a la caridad decimonónica que a la justicia social del Estado social y de derecho.

  • 14 Standing, 2013.
  • 15 Foucault, 1990.

19Aquí es especialmente relevante la separación formal entre las políticas sociales y las políticas laborales. Separados los menguantes y declinantes derechos laborales de los derechos sociales, estos últimos tienden a ser considerados de manera parcial (compensatoria) y no distributiva (no deben modificar la estructura de rentas ni ser reasignativos en un sentido económico fuerte). En el Workfare State los derechos sociales tienen que inscribirse en el código universal del mercado considerado como primer regulador14. Sólo una vez que se han detectado efectivamente efectos inquietantes (pobreza extrema, incremento de la desigualdad, migraciones incontroladas, desestructuración familiar, etc.) se tolera la intervención para contener el conflicto, para fijar los límites o crear un «cinturón de seguridad» de la sociedad —que ya no Estado— del bienestar, pero con intervenciones que sigan siendo económicamente no distorsionadoras (baratas), presentadas como socialmente activadoras o directamente acudiendo a medidas de orden público15.

  • 16 Standing, 2014.

20La puesta en práctica de la filosofía del Workfare por parte del «liberalismo social» o las nociones de «flexiseguridad» propiciadas por las ideas difundidas por la Unión Europea en múltiples foros, desde la cumbre de Luxemburgo celebrada a finales de la década de los noventa del siglo pasado hasta hoy mismo, apuntan a una nueva ordenación de políticas sociales mínimas, localizadas y destinadas a grupos marginales, y políticas laborales de corte más productivista destinadas a la búsqueda individualizada de empleo o de localización de nichos, yacimientos o formas autónomas de empleo16.

  • 17 Paugam, 2007.

21La fórmula del «trabajo para el que puede, seguridad para el que no puede» —defendida por todo el frente posneoliberal que entra a gobernar en gran parte de Europa a finales de los noventa— implica la filosofía del nuevo compromiso, para «preparar» a los hombres al cambio tecnológico, en su máxima adaptabilidad a las exigencias del mercado de trabajo, utilizando la eufemística fórmula de aumentar la «empleabilidad»; a la vez que las políticas sociales se restringen a la asistencia controlada para las periferias sociales —como si fuera un cinturón de seguridad del sistema central—, estabilizando en ellas al círculo difuso que rodea la nueva sociedad posindustrial: los sin papeles, los sin sueldo fijo, los sin ordenador, los sin nacionalidad, los sin cualificación, «los sin», en suma, de todo tipo. La era de la precariedad no solo laboral, sino social y vital se ha institucionalizado sin que las instituciones de la Unión Europea parece que tengan herramientas útiles para atajarla17.

22Asistimos al desarrollo de políticas laborales de corte competitivo personal —destinadas al núcleo interno integrado de la sociedad— que exigen (a cambio de una intervención del sector público socialmente «emprendedora») que las acciones estatales estén gobernadas por el pragmatismo y la rectitud financiera. El control milimétrico de los menguantes subsidios sociales se trata de asociar a la obligatoriedad de la búsqueda de empleo, la incentivación del autoempleo o cualquier otra forma de «desafiliación» de la relación salarial estable. Estamos ante políticas sociales de mínimos para los ciudadanos mínimos, aquellos que no pueden gestionar ni mercantilizar individualmente su propia previsión de riesgos y acuden, dependiente y subordinadamente, a un sector público más asistencial que redistributivo.

  • 18 Taibbi, 2015.

23Las políticas de sobre-exposición al riesgo de esta sociedad dual integrada rompen conceptos tan evidentes, en otras épocas, como el de normalización laboral. Y así, la sociedad salarial se va disolviendo en miles de estrategias cada vez más fragmentadas, personal y particularmente de inserción laboral; o de apoyo en la grupalidad defensiva, en la comunidad histórica, o en la condición étnica, como formas de supervivencia. De acuerdo con esto, los modelos de intervención social despliegan estrategias compensatorias que responden no tanto a leyes o a derechos sociales universales como a protocolos particulares, creados para grupos localizados y particulares de integración social y laboral débil. La asistencialización de las políticas sociales va indisolublemente ligada ya a su focalización —esto es, a su «desuniversalización»—, y también a su gestión cada vez más territorializada y localizada18.

  • 19 Stockhammer, 2009.

24Este sector público estigmatizador, pasivamente asistencial, sería simplemente un remedio contra las posibles situaciones de desorden social o de conflicto que generasen los marginados y los expulsados del sector mercantil, en crecimiento potencial19. Situación que coincide con el proceso paralelo del aumento de la agresividad en la retórica del mercado, una retórica que hace del mercado no sólo el idílico y confortable mundo de la sociedad de consumo pasada, integradora y despreocupada, sino el paso necesario, y muchas veces sombrío, para el futuro competitivo de las personas, ya sea en forma de compra de educación, tecnología, o a través de los medios y méritos para la adaptación individual al mercado de trabajo. Igualmente, esta asistencialización se hace complementaria del subempleo y de la vulnerabilidad de amplios grupos laborales, cuya relación salarial se encuentra cada vez menos socializada y, por ello, políticamente más desarticulada.

Ciudadanía y democracia en la crisis europea

  • 20 Flores d’Arcais, 2013; Galli, 2013.

25Hemos visto cómo han cambiado las relaciones entre el sistema económico y el sistema político en el contexto de las últimas décadas de la sociedad europea. Además, esta evolución hay que situarla a su vez dentro de una dinámica general de transformación (o quizás de degradación) de las democracias occidentales, viviendo éstas, épocas de zozobras, presiones, dudas, malestares o incluso crisis abiertas, lo que coloca el propio concepto clásico de democracia social en la actualidad en una circunstancia, confusa, paradójica y difícil de mantener. Los resultados del referéndum del Brexit, el auge de los populismos de todo signo, el reconocimiento de la posverdad, el cambio presidencial norteamericano o el malestar provocado ante la presencia de los refugiados son inquietantes indicadores de un desgaste del valor clásico de la democracia en occidente20. Para los países periféricos del sur de Europa, las dificultades han aumentado con la crisis de su deuda; en los últimos años, sus sistemas de gobierno han perdido claramente autonomía y soberanía a mano no sólo de los grandes poderes políticos que hegemonizan la Unión Europea, sino también de las presiones de los grupos financieros internacionales que condicionan las políticas de las administraciones de todos los niveles.

  • 21 Berlin, 1998.
  • 22 Revelli, 2015.

26En cuanto al concepto de democracia y su modelo de ciudadanía derivada, podemos decir que la actual crisis financiera internacional ha acrecentado y ha llevado casi hasta al límite la polémica sobre la propia pertinencia del concepto para describir nuestras actuales formas de gobierno, donde evidentemente se mantienen como principios básicos el sufragio universal, el sistema competitivo de partidos, la elección de los representantes políticos indirectos y la garantía de las libertades negativas —como las denomina Isaiah Berlin21— o aquellas que garantizan la esfera de actividad y autonomía del individuo. Sin embargo la desafección por parte de los ciudadanos con respecto a estos representantes es cada vez mayor; la dependencia de la política profesional y sus decisiones con respecto a los poderes económicos es innegable e inocultable para cualquier observador medianamente informado. Así como la pérdida de calidad de la vida democrática, en forma de percepción creciente de pérdida de transparencia, banalización de la accountability como obligación de rendir cuentas de las decisiones políticas a los ciudadanos y disminución notable de la limpieza e independencia de los procesos de gestión de los sistemas de gobierno actuales22.

  • 23 Balibar, 2012.

27En lo que se refiere a los derechos sociales asociados a las democracias avanzadas, la frustración es todavía mayor y la crisis ha dado un golpe de gracia a la idea de Estado social y democrático de derecho que se había convertido en el relato central de legitimación en Europa desde la salida de la Segunda Guerra Mundial. El impacto ha sido de tal nivel que se llega a hablar de una crisis de los derechos —incluso de los derechos humanos— y de regresión absoluta de la idea de libertades positivas —volvemos a la definición de Berlin— o de derechos ciudadanos a obtener bienes y servicios públicos que le permitan aumentar su bienestar, dignidad y calidad de vida, eje conductor básico de la idea de Estado del bienestar y del concepto mismo de ciudadanía23.

  • 24 Crouch, 2004.
  • 25 Todd, 2010.

28Más que una crisis coyuntural, este conjunto de circunstancias parece que circunscribe un nuevo régimen de gobernanza asociado al orden neoliberal que el sociólogo británico Colin Crouch24, con su habitual clarividencia, define como posdemocracia. Esto es, una situación política donde, aunque nominalmente se apelan a todos los mecanismos formales de participación electoral (y fundamentalmente eso: sólo electoral) y turno partidista, conocemos el fulminante refuerzo del poder de la política espectáculo y los medios de comunicación, del poder de imposición de los intereses de las grandes corporaciones económico-financieras globales, del declive de la soberanía del Estado nación y su capacidad de formular políticas públicas y del ataque mercantil a los elementos básicos de la ciudadanía social y los derechos laborales típicamente fordistas25. En este sentido, la rebelión de las élites financieras y tecnológicas internacionales del ciclo neoliberal que empieza en los años ochenta del siglo pasado había vaciado y dejado sin contenido gran parte de los efectos de pacto político, social y participativo del modelo keynesiano. La crisis ha servido para aumentar la obligatoriedad y el sentido disciplinario de este cierre social hasta convertir el discurso de las necesidades de recuperación financiera y los niveles de ganancia de los agentes mercantiles en la condición básica del funcionamiento de toda la vida política.

  • 26 Crozier, Huntington, Watanuki, 1975.
  • 27 Bobbio, 1985.
  • 28 Foucault, 2006 y 2009.

29Esta posdemocracia, que en algunas de sus dinámicas presenta semejanza con una predemocracia elitista y de rasgos despóticos —si bien ahora toma la forma de un despotismo económico y tecnológico—, ha tendido a eliminar lo que ya en los años setenta el famoso informe de la Comisión Trilateral26 sobre la gobernabilidad de las democracias (aunque más bien se concluía su ingobernabilidad) dictaminó como un exceso de democracia participativa y distributiva en las naciones occidentales. Exceso que generaba, según este argumento, desórdenes en el sistema político parlamentario (el mercado de votos) y en el sistema económico (el mercado de precios), lo que significaba, en última instancia, el pánico en las élites económicas tradicionales al mismo funcionamiento de la democracia, tal como sintetizó críticamente en su día el admirable politólogo italiano Norberto Bobbio27. En este sentido, el camino hacia una nueva gubernamentalidad —entendiendo este concepto como el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer de una forma específica y compleja el poder28— estaba abierto, limitándose de entrada los derechos no estrictamente parlamentarios, bloqueando los poderes de representación de movimientos y organizaciones sociales (empezando por las sindicales), así como individualizando y fragmentando los estilos de vida y las formas de reproducción social.

  • 29 Alonso, Fernández (eds.), 2012 e Id., 2013.
  • 30 Gaggi, Narduzzi, 2006; Hernández, 2014.

30Con la crisis de la deuda a principio de la segunda década de nuestro siglo, el pacto keynesiano no sólo se ha roto definitivamente, sino que el discurso de la financiarización total29 lo ha convertido en políticamente imposible. Lo mismo le ha sucedido a la socialdemocracia, sin espacio real de intervención al subordinarse —o incluso al constitucionalizar, como en el caso español— una ortodoxia presupuestaria y una postergación política de lo social a lo financiero. Esto hace imposibles los típicos intercambios políticos desmercantilizadores que se garantizaban en la era keynesiana e incluso, ya en decadencia, en el ciclo neoliberal ascendente antes de la crisis actual. Los procesos característicos del pacto keynesiano que enriquecían la democracia política, desde la negociación colectiva generalizada hasta los pactos de rentas, pasando por un control social del mercado jurídicamente regulado y una cierta redistribución positiva de rentas y riesgos, se miran hoy oficialmente con sospecha y se les atribuye todo tipo de males para la competitividad mercantil de las economías nacionales. Posdemocracia, pues, para una sociedad posmoderna fragmentada, precarizada, individualizada, de derechos sociales y laborales en declive, y donde el incremento de la desigualdad social y el desgaste de las clases medias se vuelven ya inocultables30.

  • 31 Koch, 2011.

31Pero si esta posdemocracia es un rasgo general del capitalismo posfordista y financiero, el impacto de la crisis ha sido especialmente abrasivo y socialmente disciplinario en las democracias periféricas europeas. Para ellos la Unión Europea ha dejado de ser el principal vehículo modernizador y financiador de sus infraestructuras y actividades empresariales para convertirse en el guardián de la ortodoxia financiera y la austeridad presupuestaria31. Cada vez más alejada de sus principios fundadores (y trivializado el contenido de sus políticas sociales compensatorias), en sus momentos cruciales la Unión Europea se ha convertido como institución en una agencia de la estabilidad monetaria del euro, de los intereses económicos cristalizados en torno a Alemania y del pensamiento neoliberal, trasladando la presión de sus políticas de austeridad y recorte social hacia el sur de Europa.

  • 32 Gil Calvo, 2013; Dufour, 2012.
  • 33 Stuckler, Basu, 2013.

32La idea de hacer pagar a las sociedades en su conjunto, y especialmente a los más vulnerables, por los endeudamientos que generaron sus políticos y gestores financieros no podía dejar incólume la legitimidad de las instituciones europeas. La crisis griega y las sucesivas intervenciones y «rescates» totales o parciales de las economías periféricas europeas han generado un encuadre cognitivo para la crisis especialmente autoritario. Las ideas de pagar por lo que se ha derrochado, de haber vivido por encima de sus posibilidades, de hacer frente, lo primero y ante todo, a la deuda externa y de purgar por los excesos de economías defectuosas e ineficientes se han convertido en convenciones discursivas que han tenido resultado prácticos fuertemente antisociales en forma de políticas nacionales de recorte, remercantilización y privatización del sector público32. La socialización de los costes de la deuda financiera de la banca privada, impulsada y obligada por el entramado institucional de la Unión Europea ha supuesto una especial dureza y profundidad de la crisis en el sur de Europa, atrapada en la rigidez monetaria del euro, los castigos financieros de los mercados, la austeridad impuesta y, por lo tanto, la recesión forzada, sin posibilidad de políticas expansivas con resultados de caída en picado de la actividad económica, paralización del crédito y desempleo estructural y creciente33.

  • 34 Maurin, 2009.

33La crisis de legitimidad y la pérdida de la percepción por parte de grandes sectores de la población de la misión social de la Unión Europea (uno de sus rasgos de identidad históricos) ha acabado con gran parte de los pactos y consensos que la habían constituido a largo plazo. Si las élites de las burocracias políticas europeas se han decantado más que nítidamente por defender en un lugar principal los intereses de los grandes grupos económicos y financieros europeos (y sobre todo alemanes), las poblaciones europeas han reaccionado de maneras diversas, pero fundamentalmente teñidas de euroescepticismo, distancia hacia la política oficial y desconfianza hacia las instituciones europeas34.

34El populismo de derechas prefascista y nacionalista en ascenso y las fórmulas diversas de protesta social sobrevenida muestran una fuerte dificultad para mantener el consenso ideológico y la aceptación sin fisuras de la Unión Europea. El declive de las políticas efectivas de contenido social, e incluso de acción económica no estrictamente monetarias o de control financiero encubiertas en un discurso tecnocrático, parece que había eliminado la idea de la política misma de la Unión Europea (con el peligro de ser percibida por las poblaciones como una agencia de representación de intereses de las élites económicas). Sin embargo, la política sigue siendo reclamada por los ciudadanos bajo formas ideológicas muy diversas, a veces paradójicas y contradictorias —desde el populismo de derechas al populismo de izquierdas, pasando por fenómenos muy variados de movimientos sociales—, pero que ponen de relieve la pérdida de adhesión y confianza en la política institucional europea y sus agentes oficiales.

Conclusión: ¿el fin de la ciudadanía social?

  • 35 Peugny, 2009.

35Se han venido sucediendo en toda Europa acciones que tienden también a fragmentar y resituar las políticas sociales, dejando a un grupo muy importante de éstas —las que no tienen apenas beneficios electorales— en un espacio acotado y bien delimitado —casi segregado—, como es el caso de las acciones en torno a la lucha contra la exclusión social y la «nueva pobreza». Síntesis del avance del mercado desde los años ochenta del siglo pasado y de sus propios costes (en forma de incremento e institucionalización de franjas sociales especialmente débiles y vulnerabilizadas), la política social de los últimos años ha reconstruido su marco normativo, siguiendo un reordenamiento que trata de mantener la competencia mercantil en el centro de la sociedad y suministrar cierta seguridad mínima en sus periferias, evitando una excesiva desintegración social y conjugando la motivación mercantil básica del sistema social con una cierta cohesión in extremis35.

  • 36 Chauvel, 2006.

36En la realidad, el proceso que hemos vivido y que estamos viviendo ha resultado más complejo que el de las simples acciones remercantilizadoras, pues no se puede hablar de un desmantelamiento total del Estado del bienestar, sino de un proceso de profunda reestructuración y limitación. Proceso que ha sido el resultado tanto, efectivamente, de las políticas de oferta y de las actuaciones remercantilizadoras de tipo liberal o neoliberal, como de las presiones y resistencias sociales contrarias —defensoras del mantenimiento y consolidación modificada del consenso keynesiano—, sin olvidar la imposibilidad política para llevar a cabo su eliminación total rompiendo los restos del modelo democrático e institucional de posguerra36.

  • 37 Rosanvallon, 2012.

37Hemos experimentado así tensiones que, sin destruir en su conjunto el Estado del bienestar, lo han transformado radicalmente37. Las propias democracias, sobre todo europeas, han generado una estructura de oportunidades políticas, institucionales y organizativas que no han podido eliminar (para no romper con su mismo relato político de legitimación) ciertos elementos sociales básicos del Estado intervencionista. Elementos que no se han podido retirar o desmantelar en su conjunto, pero que sí se han transformado, como hemos podido observar en el despliegue posterior de paradójicas políticas públicas de nuevo cuño, como la asistencia a las grandes entidades financieras, las reformas laborales limitadoras de derechos, las restricciones en la movilidad geográfica de las personas, las actuaciones sobre el sistema público de pensiones que suponen su recorte e individualización, etc., justificadas en toda Europa por la ahora casi permanente inestabilidad financiera y la política del miedo, además de irreversibles, tienden a cuestionar el concepto de ciudadanía social con derechos y libertades positivas.

  • 38 Cowen, 2014.
  • 39 Sassen, 2015.

38Asistimos, igualmente, no al fin o al declive del empleo tradicional —como pretenden algunos de los propagandistas liberales, neoliberales o gerenciales—, sino a la conversión de la sociedad salarial en un conjunto de culturas laborales y infralaborales tremendamente inestables, en procesos biográficos y trayectorias de incrustación en el mundo del trabajo cada vez más diferenciales, en situaciones de asalarización diversas y en algunos casos directamente enfrentadas, dentro de una contractualización cada vez más desordenada; y, en suma, a la conformación de un universo turbulento de identidades laborales difusas, solamente sujeto en su periferia, cuando mucho, por políticas de asistencialización particular diseñadas para evitar los excesivos desencajes sociales del modelo de regulación débil que ha implantado el posfordismo financiero38. Llama la atención, por tanto, cómo el modo de regulación posfordista que la Unión Europea ha instaurado desde finales del siglo anterior, frente a la codificación y convergencia de la socialdemocratización fordista, se ha convertido por principio, en radicalmente débil y socialmente desorganizado; pero, por otra parte, acusadamente eficaz para generar posibilidades de negocio para los agentes económicos y financieros internacionales39. La justicia social, perseguida como objetivo principal por los Estados nacionales —típico punto retórico, pero central, en los compromisos de posguerra y de la ciudadanía europea— ha salido de las formas principales de regulación de las convenciones políticas y se ha convertido en una ausencia explícita o en un enemigo implícito en la política managerial de los Estados, para ser sólo introducida, de forma parcial, como efecto de las autorregulaciones mercantiles o de los acoples cibernéticos de los flujos combinados de información y de gestión económica. En suma, la justicia social como límite, o como consecuencia cognitiva no buscada, antes que como objetivo de un sistema socioeconómico integrado en un área supranacional.

Haut de page

Bibliographie

Aglietta, Michel, Orléan, André (1990), La violencia de la moneda, México DF, Siglo XXI.

Alonso, Luis Enrique (2007), La crisis de la ciudadanía laboral, Barcelona, Anthropos.

Alonso, Luis Enrique, Fernández Rodríguez, Carlos J. (eds.) [2012], La financiarización de las relaciones salariales. Una perspectiva internacional, Madrid, La Catarata.

Alonso, Luis Enrique, Fernández Rodríguez, Carlos J. (2013), Los discursos del presente, Madrid, Siglo XXI.

Alonso, Luis Enrique, Fernández Rodríguez, Carlos J., Ibáñez Rojo, Rafael (2015), «From consumerism to guilt: economic crisis and discourses about consumption in Spain», Journal of Consumer Culture, 15 (1), pp. 66-85.

Anisi, David (1995), Creadores de escasez: del bienestar al miedo, Madrid, Alianza.

Anisi, David (2010), «Capitalismo y democracia», en Id., Economía a contracorriente. Antología de David Anisi, Madrid, La Catarata, pp. 123-164.

Balibar, Étienne (2012), Citadinanza, Turín, Bollati Boringhieri Editore.

Bauman, Zygmunt (2010), Living on Borrowed Time, Cambridge, Polity Press.

Berlin, Isaiah (1998), Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza.

Bobbio, Norberto (1985), «La crisis de la democracia y la lección de los clásicos», en Id. et alii, Crisis de la democracia, Barcelona, Ariel, pp. 9-38.

Chauvel, Louis (2006), Les classes moyennes à la dérive, París, Seuil.

Cingolani, Patrick (2015), La précarité, París, Presses Universitaires de France.

Cowen, Tyler (2014), Se acabó la clase media, Barcelona, Antoni Bosch Editor.

Crouch, Colin (2004), Posdemocracia, Madrid, Taurus.

Crozier, Michel, Huntington, Samuel P., Watanuki, Joji (1975), The Crisis of Democracy: Report On the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, Nueva York, New York University Press.

Damon, Julien (2013), Les classes moyennes, París, Presses Universitaires de France.

Dufour, Dany-Robert (2012), Le divin marché. La révolution culturelle libérale, París, Gallimard, col. «Folio».

Flores d’Arcais, Paolo (2013), ¡Democracia!, Barcelona, Galaxia Gutemberg/Círculo de lectores.

Foucault, Michel (1990), Tecnologías del yo y otros textos afines, Barcelona, Paidós.

Foucault, Michel (2006), Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1978-1979), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Foucault, Michel (2009), Nacimiento de la biopolítica. Curso del Collège de France (1978-1979), Madrid, Akal.

Gaggi, Massimo, Narduzzi, Edoardo (2006), El fin de la clase media, Madrid, Lengua de Trapo.

Galbraith, John K. (1984), Anatomía del poder, Barcelona, Plaza y Janés.

Galli, Carlo (2013), El malestar de la democracia, Buenos Aires – México, Fondo de Cultura Económica.

Gil Calvo, Enrique (2009), Crisis crónica. La construcción social de la gran recesión, Madrid, Alianza.

Gil Calvo, Enrique (2013), Los poderes opacos: austeridad y resistencia, Madrid, Alianza.

Graeber, David (2012), En deuda: una historia alternativa de la economía, Barcelona, Ariel.

Harvey, David (2007), Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal.

Heilbroner, Robert L. (1976), Business Civilization in Decline, Nueva York, W.W. Norton.

Hernández, Esteban (2014), El fin de la clase media, Madrid, Clave Intelectual.

Klimecki, Robin, Willmott, Hugh (2012), «De las altas finanzas a la debacle: un relato sobre dos aspirantes a bancos», Cuadernos de Relaciones Laborales, 30 (2), pp. 305-325.

Koch, Max (2011), Capitalism and climate change. Theoretical discussion, historical development and policy responses, Basingstoke, Palgrave MacMillan.

Lazzarato, Maurizio (2012), The Making of the Indebted Man: An Essay on the Neoliberal Condition, Los Angeles (CA), Semiotext(e) Intervention Series.

Maurin, Éric (2009), La peur du déclassement, París, Seuil.

Paugam, Serge (2007), Le salarié de la précarité, París, Presses Universitaires de France.

Peugny, Camille (2009), Le déclassement, París, Grasset.

Revelli, Marco (2015), La lucha de clases existe… ¡y la han ganado los ricos!, Madrid, Alianza.

Ricœur, Paul (2003), Amour et justice, París, Seuil, col. «Points».

Rosanvallon, Pierre (2012), La sociedad de los iguales, Barcelona, RBA.

Ruesga, Santos (2002), «Desempleo y precariedad laboral en Europa», Acciones e Investigaciones Sociales, 14, pp. 5-33.

Sassen, Saskia (2015), Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, Buenos Aires, Katz.

Standing, Guy (2013), El precariado. Una nueva clase social, Barcelona, Pasado y Presente.

Standing, Guy (2014), Precariado. Una carta de derechos, Madrid, Capitán Swing.

Stockammer, Engelbert (2009), «The finance-dominated accumulation regime, income distribution and the present crisis», Papeles de Europa, 19, pp. 58-81.

Stuckler, David, Basu, Sanjai (2013), Por qué la austeridad mata. El coste humano de las políticas de recorte, Madrid, Taurus.

Taibbi, Matt (2015), La brecha, Madrid, Capitán Swing.

Todd, Emmanuel (2010), Después de la democracia, Madrid, Akal.

Haut de page

Notes

1 Alonso, Fernández, Ibáñez Rojo, 2015.

2 Anisi, 1995 y 2010.

3 Cingolani, 2015.

4 Alonso, 2007.

5 Harvey, 2007.

6 Galbraith, 1984.

7 Aglietta, Orléan, 1990.

8 Graeber, 2012.

9 Gil Calvo, 2013.

10 Klimecki, Willmott, 2012.

11 Ruesga, 2002.

12 Lazzarato, 2012.

13 Damon, 2013.

14 Standing, 2013.

15 Foucault, 1990.

16 Standing, 2014.

17 Paugam, 2007.

18 Taibbi, 2015.

19 Stockhammer, 2009.

20 Flores d’Arcais, 2013; Galli, 2013.

21 Berlin, 1998.

22 Revelli, 2015.

23 Balibar, 2012.

24 Crouch, 2004.

25 Todd, 2010.

26 Crozier, Huntington, Watanuki, 1975.

27 Bobbio, 1985.

28 Foucault, 2006 y 2009.

29 Alonso, Fernández (eds.), 2012 e Id., 2013.

30 Gaggi, Narduzzi, 2006; Hernández, 2014.

31 Koch, 2011.

32 Gil Calvo, 2013; Dufour, 2012.

33 Stuckler, Basu, 2013.

34 Maurin, 2009.

35 Peugny, 2009.

36 Chauvel, 2006.

37 Rosanvallon, 2012.

38 Cowen, 2014.

39 Sassen, 2015.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Luis Enrique Alonso Benito, « La crisis de la ciudadanía social y el malestar de la democracia en Europa »,Mélanges de la Casa de Velázquez, 47-2 | 2017, 29-46.

Référence électronique

Luis Enrique Alonso Benito, « La crisis de la ciudadanía social y el malestar de la democracia en Europa », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 47-2 | 2017, mis en ligne le 01 janvier 2018, consulté le 26 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/mcv/7693 ; DOI : 10.4000/mcv.7693

Haut de page

Auteur

Luis Enrique Alonso Benito

Universidad Autónoma de Madrid

Haut de page

Droits d’auteur

© Casa de Velázquez

Haut de page
  • Logo Casa de Velázquez
  • OpenEdition Journals