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Dossier. Les sociétés démocratiques en France et en Espagne : fragilités et mutations

Las iniciativas participativas en España: ¿amenaza u oportunidad para la democracia representativa?

Les initiatives participatives en Espagne : une chance ou une menace pour la démocratie représentative ?
Participatory initiatives in Spain: a chance or a threat for representative Democracy?
Mathias Rull Jan
p. 133-149

Résumés

L’article présente plusieurs éléments tendant à considérer les expériences participatives menées depuis le début du siècle en Espagne, ainsi que les revendications démocratiques des mouvements sociaux (nationaux et locaux), comme une opportunité pour le renouvellement de la démocratie (représentative). Il part du constat que l’immense majorité des innovations expérimentées ont été impulsées par les dirigeants au pouvoir. Ces derniers ne sont autres que des représentants qui, en nombre croissant, assument « l’impératif délibératif » (Y. Sintomer), c’est-à-dire la (nécessaire ?) consolidation de la démocratie à travers une augmentation de la participation en complément de la représentation. L’article analyse ensuite l’impact sur la fonction d’élu de plusieurs expressions de la société civile en faveur de la participation citoyenne : le mouvement du 15-M au niveau national, ainsi que des groupes locaux de promotion de processus participatifs dans plusieurs communes.

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Texte intégral

  • 1 Ibarra & Ahedo, 2007.
  • 2 Vallespín, 2003.
  • 3 Ver entre otros: Habermas, 1992; Mouffe, 1999 e Ibarra, 2011.

1Una de las principales causas del desencanto creciente por la política en las democracias occidentales no es otro que el distanciamiento entre gobernantes y gobernados1. De ahí que se cuestione el funcionamiento de la representación política, llegando algunos autores a hablar de «crisis de gobernabilidad». Fernando Vallespín considera de hecho que esta crisis es el principal factor del surgimiento de la participación, tanto en la teoría política como en las algunas reivindicaciones sociales2. Varios son los modelos o denominaciones surgidas en las últimas décadas para «superar» este sistema representativo considerado deficiente: por orden de aparición, democracia participativa (cuyos precursores fueron en los años setenta los norteamericanos Carol Pateman y C. B. MacPherson, vinculados a la Nueva Izquierda), democracia deliberativa (Jürgen Habermas), democracia radical (Chantal Mouffe) o, últimamente —y en España—, democracia relacional (Pedro Ibarra)3.

  • 4 Véanse Godbout, 1983, e Hirschmann, 1991.

2Estas propuestas han encontrado un eco reducido en las élites de Occidente, tanto políticas como intelectuales. Muchos colegas de los autores de estos modelos simplemente no creen que sean factibles (en su funcionamiento) y/o eficaces (de cara a resolver los problemas de las sociedades actuales). Incluso algunos consideran que comportan peligros para la propia democracia. En este caso, serían totalmente contraproducentes con respecto a los fines que exhiben. Entre ellos hay quienes, como Jacques Godbout y Albert Hirschman, han desarrollado un sólido argumentario4.

3Sin detenerse en los argumentos de la teoría política a favor y en contra de la democracia participativa, nos interesaremos por elementos de respuesta a una de las preguntas que pueden extraerse de dicho debate: ¿son las iniciativas participativas una amenaza o una oportunidad para la democracia representativa?

4Esta reflexión parte de la observación de lo sucedido en España en los últimos años. Analizamos los hechos para determinar si estas iniciativas contribuyen a fortalecer o, al contrario, a debilitar los cargos de representación. Bajo la denominación de «iniciativas participativas», abarcamos dos tipos de fenómenos: por una parte, los mecanismos participativos en sí (presupuestos participativos, consejos territoriales, jurados ciudadanos, agendas 21, etc.); por otra parte, los movimientos sociales que promueven una reforma del sistema democrático actual. En otras palabras, se trata tanto de la oferta de democracia participativa (organizada y/o apoyada por las autoridades públicas) como de la demanda de la misma (por parte de la sociedad civil). Empezaremos hablando de los primeros: los mecanismos o procesos participativos desarrollados en España en los años recientes.

Procesos participativos en España

La participación ciudadana en España: una iniciativa institucional

5Una primera constatación es que la gran mayoría de los mecanismos participativos puestos en marcha lo han sido a iniciativa de las autoridades públicas, es decir, de los representantes electos. Por tanto, la introducción de modalidades participativas en el sistema democrático español ha sido netamente top-down («desde arriba hacia abajo»), desde los poderes públicos (arriba) hacia la sociedad civil (abajo).

  • 5 Fue el primero de esta naturaleza hecho en España.
  • 6 Ajangiz, Blas, 2008, p. 60.

6La característica bottom-up («desde abajo hacia arriba») de los procesos ha sido ampliamente minoritaria incluso en las regiones con una gran tradición de participación social, como el País Vasco. Es lo que refleja el diagnóstico de mecanismos participativos realizado en 2007 por el equipo Parte Hartuz de la Universidad del País Vasco. Según este estudio pionero5, es la ciudadanía («en general» —36— o «mediante organizaciones sociales» —21—) «quién lidera la puesta en marcha del mecanismo» en 57 de las 243 experiencias censadas6. Es decir, el 23,5 % del total de mecanismos identificados, menos de una de cada cuatro experiencias, habría sido bottom-up.

  • 7 El proyecto MECPALO (Proyecto CSO2009-08968 del Plan Nacional de I+D+I) está dirigido por Joan Fon (...)
  • 8 Agrupaban el 48,1 % de la población española en 2014.

7En el resto de España la proporción de los procesos participativos que se originan en la sociedad civil es mucho menor aún. El proyecto de investigación MECPALO censó 326 experiencias participativas7 llevadas a cabo en la primera década del siglo xxi en las tres comunidades autónomas más pobladas de España: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid8. Determinó que los actores de la sociedad civil habían asumido «algún papel» (más o menos relevante) en la aparición de apenas 32 de éstas. El resto (el 90 %) se gestó íntegramente en la administración.

  • 9 La misma constatación es válida para otros países europeos, entre ellos Francia (Polère, 2007).
  • 10 Font, Sesma, Fontcuberta, 2014, p. 62.

8Este dato deja poca duda en cuanto a que, en los años recientes, las innovaciones democráticas puestas en marcha en España han sido impulsadas muchísimo más desde el aparato estatal que desde la sociedad civil9. En consecuencia, son «representantes» electos los que abren espacios de participación ciudadana en los procesos de toma de decisión política. Y lo han hecho generalmente por iniciativa propia y no por ninguna presión social en este sentido, según otros resultados del proyecto MECPALO10. Esta constatación inicial nos lleva a interrogarnos sobre la pregunta que sigue.

¿Pueden las experiencias participativas lideradas por representantes políticos ser dañinas para la democracia representativa?

9O, dicho de manera más coloquial, ¿puede que los representantes tiren piedras sobre su propio tejado? Ciertamente, algunas experiencias de origen institucional han tenido un impacto negativo sobre la percepción ciudadana de los cargos electos que las echaron a andar. Este efecto negativo se produce habitualmente cuando la experiencia decepciona a los ciudadanos que participan de ella, pues estos responsabilizan a los políticos promotores de lo que a su criterio fue un proceso fallido.

10Varios pueden ser los motivos de decepción del ciudadano. Mencionaremos tres relativamente comunes. Uno es que la participación ciudadana no sea realmente la finalidad del proceso. Sucede cuando las autoridades solo quieren legitimar decisiones tomadas de antemano. En este caso, no se trata de que la sociedad civil contribuya a una decisión con sus ideas y sugerencias, sino simplemente que la avale. Cuando esto ocurre, y cuando la sociedad civil se da cuenta de ello (lo cual no siempre sucede), la sensación de engaño es importante y el político pierde crédito.

11Otro motivo de decepción resulta de los procesos mal diseñados. Son los que carecen de objetivos y/o procedimientos bien definidos. Estos mecanismos suelen desarrollarse de forma desordenada y, en consecuencia, sus resultados son de escasa utilidad. No permiten una mejora de las políticas públicas ni la satisfacción de quienes se involucraron en el proceso.

12Un tercer elemento de crítica tiene que ver con el impacto a posteriori del proceso. Cuando las políticas públicas producto de procesos participativos no se llevan a cabo o se realizan de manera demasiado parcial (principalmente por no asignarles los recursos necesarios), la decepción de los participantes en el proceso es notable. Y, nuevamente, va acompañada de la sensación de haber sido engañados.

  • 11 Font, Navarro, 2013.
  • 12 Talpin, 2011.
  • 13 Pinnington, Schugurensky, 2010.

13En resumidas cuentas, los procesos participativos son valorados negativamente por la ciudadanía, entre otros motivos, cuando no son sinceros, cuando están mal planteados o cuando no surten efectos tangibles. También, obviamente, cuando confluyen varias de estas situaciones. Y esta valoración negativa de una experiencia participativa es un motor de descrédito de los cargos electos impulsores de la misma. De hecho, el incremento de la desconfianza hacia los políticos, producto de procesos participativos decepcionantes, ha sido constatado en estudios recientes en España11, pero también en Francia12 o en Canadá13.

¿Cuán elevado es el «coste político» de un proceso participativo fallido?

14Toda acción de gobierno que no satisface a los electores conlleva cierto nivel de descontento popular, crítica o descrédito. Ahora bien, ¿tiene particularidades el impacto negativo de una acción política «impopular» de tipo participativo? Considero que puede encerrar tres características que le son, en buena medida, específicas. Una sucede de manera prácticamente sistemática, mientras que las otras dos intervienen solamente en ocasiones.

15La particularidad habitual se refiere a la extensión del rechazo al político promotor del mecanismo participativo. En efecto, el descontento lo suele sentir un número reducido de ciudadanos, que corresponde a la pequeña minoría de la población que se involucra en procesos participativos. Por consiguiente, el descrédito producto de un proceso fracasado suele estar muy poco difundido en la ciudadanía.

16Una segunda particularidad concierne la intensidad del efecto negativo, su grado o su fuerza. Puede llegar a ser especialmente alta entre los ciudadanos afectados, por al menos dos razones. Una radica en las expectativas levantadas. Éstas suelen ser mayores en políticas públicas definidas con participación. Al poder contribuir, los ciudadanos piensan que influirán en la decisión tomada. Si ésta finalmente no recoge su participación o no responde a sus expectativas, la decepción es especialmente grande.

17La otra razón de una mayor intensidad del rechazo es el coste personal de la participación. Ésta supone una inversión de tiempo y energía superior a la simple participación electoral. Si este coste personal produce escaso o ningún beneficio (a ojos del interesado), la evaluación negativa de la experiencia será mayor. En definitiva, el nivel superior al habitual tanto de expectativas como de implicación provoca que, en caso de decepción, el rechazo a los políticos promotores del mecanismo participativo «fallido» sea especialmente elevado.

  • 14 Funes, Talpin, Rull, 2014, pp. 178-182.

18Ahora bien, no todos los procesos levantan altas expectativas ni requieren una implicación pesada. De hecho, la mayoría de los procesos son de corta duración. Incluyen pocas actividades (y, en ocasiones, sólo una). En estos casos breves, el impacto de la experiencia sobre los participantes suele ser reducido. Y lo es especialmente en cuanto a cambios de opinión sobre los responsables políticos de la experiencia14. La intensidad mayor del rechazo interviene en procesos más largos, que levantan más expectativas y requieren más inversión personal.

  • 15 Para un análisis de este caso, véase Brugué, Parès, 2012.

19Finalmente, una tercera particularidad puede observarse, aunque es la menos frecuente. Tiene que ver con la responsabilidad política. En ocasiones, contrariamente a lo que ocurre con una decisión política tomada sin concertación, en el caso de un proceso participativo se puede atribuir parte del «fracaso» a otro actor. Ocurre en especial cuando una parte de la sociedad civil, con sus posturas demasiado corporativistas, exigentes o cerradas (a ojos de otros participantes, al menos), impide la consecución de un producto que satisfaga en mayor o menor medida a todos. Esto pasó, por ejemplo, en el caso de la Mesa Aragonesa de la Montaña, convocada en 2009 y 2010 para definir un modelo de desarrollo de las áreas de montaña de Aragón. El acuerdo final no contó con la unanimidad anhelada. Y este fracaso parcial fue atribuido por distintos agentes, entre ellos otros firmantes y el Gobierno de Aragón, a la intransigencia de los ambientalistas15. Esta lectura de los hechos, difundida por los medios de comunicación regionales, contribuyó a que la ciudadanía fuera indulgente con la autoridad convocante con respecto a este proceso político.

20En ocasiones, cuando la sociedad civil es en parte responsable del fracaso del proceso, se produce incluso una mejora de la imagen de los políticos convocantes. Ante la falta de acuerdo entre componentes de la sociedad civil, algunos ciudadanos se terminan convenciendo más de las bondades de los representantes políticos y de la necesidad de la existencia de mediadores de los diversos intereses presentes en una sociedad cada vez más compleja y diversa.

  • 16 Funes, Talpin, Rull, 2014, p. 180.

21De hecho, entre los participantes en procesos que entrevistamos en el marco del proyecto MECPALO, no son pocos los que manifestaron haberse dado cuenta gracias a esta experiencia de lo difícil que puede ser ejercer un cargo público. De la complejidad que encierra, a la hora de decidir, el tomar en cuenta todos las demandas y opiniones en presencia. Y el descubrimiento de las dificultades que entraña la función representativa favorece una valoración más positiva de quien la asume16.

22En definitiva, el descontento por un proceso participativo fallido puede llegar a ser alto entre los ciudadanos que lo sienten. Pero esta inconformidad no siempre es alta, y los descontentos suelen ser poco numerosos. Por último, a veces, la «culpa» del fracaso no es sólo de los políticos convocantes. Por consiguiente, el riesgo asumido por las autoridades que lanzan procesos participativos es limitado. Para ellos, el coste político (cuando lo hay) suele ser reducido.

¿Cómo afectan los procesos participativos a la figura de representante político?

  • 17 Alarcón, Font, Madrid, 2015, p. 5.

23Un proceso participativo de origen institucional, por fallido que sea, difícilmente puede llevar a que cuestionemos la validez de la figura del representante. Muchos decepcionados culpan al representante responsable del proceso, pero no a la figura en sí del representante. Esto ocurre aún más debido a que «las experiencias de innovación democrática […] continúan siendo más la excepción que la norma17» en el funcionamiento de la democracia española. Por consiguiente, es difícil atribuir el fracaso de estas experiencias y la consiguiente decepción al conjunto de la «clase política». En definitiva, el desgaste no será atribuido a la figura en sí de representante político, menos aún al concepto mismo de la representación. Y cuando sale mal la participación, el impacto negativo sobre la representación es mínimo o nulo.

24Dicho esto, cabe preguntarse ahora cuál es el efecto, para la imagen de los políticos y de la política, de aquellos procesos participativos que «salen bien». Es decir, procesos que satisfacen a todos o a la mayoría de implicados. En estos casos, los cargos electos convocantes se pueden atribuir la mayor parte del mérito del éxito y los participantes se lo suelen reconocer. Incluso estos representantes ven su aceptación mejorar.

25Ciertamente, esta mejora afecta generalmente a una parte reducida de la población: la que se implicó de alguna manera en la experiencia. Asimismo, tampoco en estos casos «virtuosos» se trasladará esta mejora de la imagen al conjunto de la clase política (lo mismo que la pérdida de crédito cuando sale mal). No obstante, la experiencia exitosa y su consecuente valoración positiva alimentan una convicción entre la población: la convicción de que no todos los políticos son iguales. La experiencia les lleva a constatar que algunos cargos electos llevan a cabo políticas diferentes o, al menos, formuladas de manera distinta.

26Esta convicción se encuentra en neto retroceso en las democracias occidentales. Y sin embargo, resulta esencial para la solidez de dichas democracias. Pues el «todo son iguales» constituye el cimiento del desinterés y de la pasividad política. Esta abstención (electoral e incluso ciudadana) debilita la legitimidad de las autoridades electas y, más allá, el propio sistema democrático.

27Por consiguiente, un proceso participativo llevado a cabo a iniciativa de la administración y valorado positivamente por la sociedad, constituye un factor de rehabilitación de la función representativa. Asimismo, es una muestra de la existencia de pluralidad entre las opciones políticas en presencia.

28En conclusión, resulta sensato afirmar que los procesos participativos casi nunca son un factor de descrédito de la función representativa. Y en cambio, cuando satisfacen a la colectividad, pueden tener efectos favorables a una buena imagen de los políticos, o al menos de parte de ellos. En este sentido, los procesos participativos parecen representar mucho más una oportunidad que una amenaza para la democracia representativa. Por supuesto, hacen falta más estudios y, sobre todo, más experimentos participativos, para ratificar del todo esta afirmación basada en la observación parcial de un fenómeno aún marginal.

Los movimientos sociales pro-participación

  • 18 Lo es también en Francia (Blondiaux, 2008, p. 31).

29Ya hemos visto que las experiencias participativas españolas han sido mucho más el fruto de la administración que de la sociedad civil. En paralelo, la demanda social de participación es reducida18. Si bien algunas movilizaciones corresponden al nivel nacional, otros colectivos se circunscriben al ámbito local, que es también la escala territorial que acoge a la mayor parte de los experimentos participativos.

Las iniciativas locales

30Éstas han sido escasas, y más todavía si nos centramos en las que han conseguido cierta permanencia en el tiempo y algunos logros (en términos de democratización). Me referiré aquí a dos de ellas: el Grupo Motor del Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona y el Colectivo Ciudadano por la Participación de Mejorada del Campo, a 20 kilómetros al este de Madrid. El primero nació en 2004 y el segundo en 2008. Esto es, mucho antes del movimiento del 15-M (surgido en 2011) e incluso antes del inicio de la crisis económica a finales de 2008.

31¿Cuáles eran las reivindicaciones de estas iniciativas locales? El grupo pamplonés quería que se formulara mediante un Plan Integral de Desarrollo del centro histórico de la ciudad. Por su parte, el colectivo mejoreño tenía dos objetivos. Uno era que existiera un centro comunitario autogestionado por las entidades sociales del municipio. El segundo se refería a la implantación de presupuestos participativos en el municipio. La consecución de estos objetivos ha sido limitada. En Mejorada, se ha habilitado un centro para asociaciones, pero la gestión sigue siendo íntegramente del ayuntamiento. Y los presupuestos participativos han tardado cuatro años en implantarse y han funcionado con montos netamente inferiores a los pactados inicialmente (y, en todo caso, testimoniales para un municipio de 20.000 habitantes). En Pamplona, tras dar su apoyo inicial, el ayuntamiento se retiró del proceso. El Grupo Motor logró realizar por su cuenta (y con la ayuda de la universidad) un diagnóstico exhaustivo del barrio, pero no pudo dar el salto al anhelado plan.

  • 19 En su ponencia «Parlamento y reforma constitucional», dictada en la jornada La reivindicación de l (...)

32Con sus reivindicaciones, los colectivos de Pamplona y Mejorada exigían que la ciudadanía tomara parte en las decisiones políticas. No hacían más que promover el cumplimiento del derecho de los ciudadanos españoles a «participar en los asuntos públicos, directamente» (artículo 23 de la Constitución Española). Dicho artículo estipula que esa participación puede darse «directamente o por medio de representantes libremente elegidos» y, como señala el catedrático de Derecho Constitucional Manuel Contreras, «no introduce matices o diferenciaciones entre ambas formas de participación19».

  • 20 Quince entrevistas realizadas entre enero y abril de 2016.

33¿Qué alcance debía tener, para estos grupos, esta participación directa? Encontramos planteamientos distintos, incluso entre los integrantes de un mismo grupo20, correspondientes a diferentes grados de participación ciudadana en la toma de decisión. Pero ninguno de ellos afirma que su intención era que los cargos electos simplemente se limiten a ejecutar «lo que diga la gente». Los hay, incluso, que, aún siendo defensores activos de la participación, consideran que la decisión «final» debe ser de los políticos. El primer motivo que dan para ello es que, por su cargo (de autoridad pública), ellos son los responsables de administrar de la mejor manera el dinero público, que es el dinero de todos. El otro, es que gozan de una legitimidad que no tienen las asociaciones: representan a más personas; tienen mucho más votantes que ellas socios. Se trata de un claro reconocimiento, por parte de promotores activos de mecanismos participativos, de la validez de la figura del representante.

34No es por tanto la figura, el concepto de la representación lo que critican, sino el funcionamiento de estos cargos; la forma en que muchos políticos los ejercen. Entre las críticas más comunes aparecen la falta de escucha de las demandas sociales, la desconexión con la población (incluso en un marco más próximo como el municipio) y el hecho de atender más a los suyos (sus partidarios) que al interés general. La participación es vista entonces como una vía para corregir estos disfuncionamientos de los cargos de representación. Pues les obliga a conectar de nuevo con los ciudadanos de a pie, con la esfera civil.

35¿Ha evolucionado, con su experiencia, la percepción que estos grupos tienen de las bondades de la participación ciudadana? ¿Y de los defectos de la representación política? Dado el poco grado de consecución de sus objetivos, principalmente por razones de bloqueo institucional, podríamos pensar que su imagen de la esfera política ha empeorado. Pero nos encontramos con que no ha sido así, al menos en buena parte de ellos.

36Una de las razones del no empeoramiento de esta percepción del representante es que estos grupos han sabido atribuir «culpas» a políticos concretos (los gobiernos locales de turno), y no a la clase política en su conjunto. Otro motivo es que sus experiencias les han permitido descubrir (o corroborar) defectos o debilidades de la sociedad civil. Dos vuelven a menudo en las reflexiones de los activistas. La primera es que poca gente está realmente dispuesta a implicarse en los asuntos públicos. La segunda se refiere a la parte organizada de la sociedad civil: varios activistas, tanto de Mejorada como de Pamplona, observan apenados que muchos colectivos no se preocupan realmente por el bien común. Una vez conseguido su objetivo particular, o constatado que no lo van a conseguir por esa vía, se desentienden del proceso participativo. Algunos «militantes de la participación» ya se lo esperaban, pero confiaban que al crear los espacios de encuentro, esa apertura a las necesidades de otros se iba a producir. Pero ocurrió muy poco (según su punto de vista). De allí que constaten con amargura que no han «logrado fomentar conciencia colectiva» (dice uno), «identidad de barrio» (expresan otros). Esta visión nada idílica, incluso más bien crítica, de la esfera civil, contribuye a rehabilitar la esfera política. Ni la primera es tan pura, ni la segunda es tan defectuosa.

El nivel estatal

37Por su relevancia social, política y mediática, la mayor parte de este apartado se refiere al movimiento del 15-M. El 15-M, o movimiento de los Indignados, nació el 15 de mayo de 2011 a raíz de una concentración ciudadana en la Puerta del Sol y se convirtió en un amplio movimiento de protesta ciudadana contra la situación política y social del país. Entre sus lemas más representativos figuraban «Democracia Real Ya» (que a su vez era el nombre de la plataforma convocante de la concentración del 15 de mayo); «No somos mercancías en manos de políticos y banqueros»; «No somos antisistema, el sistema es antinosotros», y el famoso «No nos representan». Estas proclamas podían dar a entender que el movimiento rechazaba de plano el sistema político español; o sea, la democracia representativa española. Otro factor abogaba en ese sentido: el rechazo a toda clase de jerarquía en el seno del movimiento. No se nombró a ningún cargo individual, ni siquiera de «portavoz» (sin poder decisorio). Por consiguiente, no había ningún representante, de ninguna clase, en el seno del 15-M.

  • 21 Dolidier, 2012.

38¿Significa ello que los integrantes del 15-M renegaban de la idea de que existieran representantes de la sociedad? ¿Y, por tanto, fueran contrarios a la democracia representativa? Parte de la opinión pública española llegó a pensarlo, en consonancia con la imagen de «antisistemas» que parte de los medios de comunicación españoles difundió en la sociedad21. No obstante, varios elementos demuestran que el movimiento del 15-M no representó ninguna amenaza para el sistema político español. Podemos citar al menos tres: sus prácticas internas (más allá de la ausencia de jerarquía); la trayectoria personal de no pocos indignados; y su ideario político.

39Las principales reivindicaciones políticas del 15-M aparecen recogidas en un manifiesto titulado «¡Cambio de modelo ya!», hecho público en noviembre de 2011 y producto del trabajo de numerosos grupos temáticos22. Tres proclamas encabezan dicho manifiesto: Defensa de lo público / Participación Ciudadana / Stop corrupción. No obstante, más allá del encabezado, la participación ciudadana está poco presente en las propuestas formuladas en el manifiesto. Solamente dos de las doce exigencias listadas hacen referencia al sistema de gobierno (mientras que ocupan mucho más espacio los temas económicos y sociales). El manifiesto pide «mayor democracia para todos» y hace propuestas concretas de mecanismos: presupuestos participativos, jurados ciudadanos, consultas ciudadanas o vecinales, audiencias públicas de autoridades y concejos (municipales) abiertos.

40En primer lugar, cabe recordar que todas estas modalidades se habían experimentado en España en los años anteriores al 15-M. Además, lo habían sido, como ya dijimos, principalmente a instancias de la administración. Incluso algunos de estos instrumentos participativos cuentan con un ordenamiento jurídico que los ampara. Es el caso de la audiencia pública, de las consultas populares y de los concejos abiertos (que se mantienen en pequeños municipios del País Vasco, Navarra y Aragón). Por consiguiente, el 15-M no plantea la introducción de prácticas ajenas al sistema político español, sino la generalización de vías de participación que ya existían, pero que sólo se habían usado de forma marginal hasta la fecha.

41Por otra parte, es llamativa la casi ausencia del manifiesto de mecanismos de democracia directa, con excepción de la «consulta ciudadana/vecinal». Además, por su propia formulación (lo «vecinal»), la modalidad parece enfocarse al nivel local, como, de hecho, prácticamente todas las modalidades propuestas. No se recogen en el manifiesto mecanismos como la Iniciativa Legislativa Popular, el referendo o el plebiscito revocatorio. Esto tiende a indicar una apuesta por una democracia más participativa (el ejercicio del poder con el pueblo) que directa (el ejercicio del poder por el pueblo).

42En concordancia con esta tendencia —y al contrario de lo que parecía indicar la organización interna del movimiento—, el manifiesto no plantea la eliminación de la representación política, ni siquiera la reducción del número de cargos o de órganos electos. En cambio, los Indignados proponen un par de reformas relativas a los cargos electos. Una es la elección ciudadana del poder judicial. Esta modalidad es bastante novedosa, pues sólo se encuentra desarrollada en algunos Estados de la Unión Americana y, desde ese mismo año 2011, en Bolivia. La otra propuesta es la aprobación de una «ley electoral justa», al considerar que la actual no refleja con exactitud las opciones elegidas por el electorado.

43Se trata, por tanto, no de debilitar la representación, sino de volverla, valga la redundancia, más representativa. Y esta mayor representatividad consta de dos dimensiones. Una concierne el modo de designación de los representantes, que se pretende que sea más acorde a lo expresado por el electorado en las urnas (mediante esta nueva ley electoral con mayor grado de proporcionalidad). La otra se refiere al ejercicio del cargo de representación. Éste debe ser más cercano a los ciudadanos, a sus necesidades y aspiraciones. Pues, según el 15-M, estos cargos se han desconectado progresivamente de la población, a la vez que han estrechado vínculos con agentes de poder ajenos a la soberanía popular (los «mercados», la Comisión Europea) y con intereses no siempre compatibles con el bien común.

  • 23 Esa misma lógica, reformista, vinculada al movimiento altermundialista, se encontraba en el ideari (...)

44Los indignados proyectan conseguir esta «reconexión» entre ciudadanos y administración mediante los mecanismos participativos que plantean23. Más allá de consideraciones prácticas sobre su puesta en marcha, a nivel de principios no parece que estas propuestas, que ambicionan volver a los representantes políticos más representativos de la sociedad, puedan encerrar un peligro para la democracia.

Las prácticas internas de los Indignados y de otros militantes pro-participación: una escuela política

45Habitualmente, en las organizaciones sociales, y en muchos movimientos populares, observamos la existencia de dos componentes básicos: una cabeza pensante y un cuerpo social «actuante». En otras palabras, se encuentran por un lado una élite, una minoría, que reflexiona, determina posturas y diseña acciones; por el otro, una gran mayoría que se limita a ejecutar dichas acciones (pegar carteles, repartir propaganda, acudir a manifestaciones…).

46El 15-M no siguió este patrón. El trabajo de reflexión colectiva ocupaba mucho tiempo de los participantes y, sobre todo, implicaba a la inmensa mayoría de éstos. Había una verdadera construcción compartida de reivindicaciones, de objetivos y de estrategias a poner en práctica para conseguirlos. Esta misma dinámica caracteriza el funcionamiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca24, una de las primeras respuestas sociales a la crisis, pues nace a principios de 2009 para defender el derecho a la vivienda. La PAH se dotó de una estructura reticular, sin jerarquía entre los grupos locales que la conformaban, los cuales gozaban de amplia autonomía para definir sur posturas y acciones. La misma estructura horizontal impera también en grupos locales pro-participación como los de Pamplona y Mejorada del Campo.

47En todos los casos, se cuidó especialmente la calidad democrática de los debates, con reglas claras y la ausencia de jerarquía interna en los grupos de discusión. Los participantes ejercían activamente su ciudadanía, con todas las habilidades que ello requiere: el respeto de los turnos de palabra, la tolerancia de opiniones contrarias a las propias, la búsqueda de confluencias y de acuerdos. En definitiva, tuvieron una actividad de tipo parlamentario, como la que se tiene (o se debería tener) en el pleno de un ayuntamiento o en cualquier órgano legislativo.

48En función de sus trayectorias individuales previas, los participantes simplemente sacaron provecho de habilidades personales previamente asentadas —en el caso de militantes con largo recorrido—, las perfeccionaron o, en el caso de los novatos, las fueron adquiriendo. Además de habilidades, los debates permitieron a todos descubrir nuevos conocimientos gracias a las aportaciones de los demás, y precisar o modificar sus convicciones.

  • 25 Palabras de Clara Marañón Heras, indignada y posteriormente militante de Podemos, en: Herdwig Malz (...)

49Por consiguiente, para todos los participantes, en mayor o menor medida según sus experiencias anteriores y su grado de implicación, estos movimientos constituyeron verdaderas escuelas de formación política. También ha sido para algunos el detonador de una implicación en los asuntos públicos mayor que antes o simplemente inaudita. Retomando las palabras de una de ellas, algunas personas han «nacido a la política en la Puerta del Sol25». Otras lo hicieron en el Grupo Motor de Pamplona y en el Colectivo Ciudadano de Mejorada.

Trayectorias militantes: del «no nos representan» al cargo de representación

50En el caso del 15-M, muchas personas se han seguido implicando políticamente más allá del movimiento. Algunas lo han hecho desde el campo social, por ejemplo a través de las «mareas» en defensa de los servicios públicos (verde para la educación, blanca para la sanidad…) o de iniciativas como la plataforma Stop Desahucios26.

51Pero otros Indignados han dado el salto a la política institucional, a la búsqueda y ejercicio de cargos públicos. Los encontramos en el partido Podemos, que nace en 2014, pero también en plataformas políticas como Ahora (Madrid y otros), En común (en Barcelona y más sitios), o Ganemos. La finalidad de esta última es permitir a grupos de vecinos presentar candidaturas a las elecciones locales al margen de los partidos constituidos27. Es decir, facilitar que actores no tradicionales participen en la actividad más habitual del sistema representativo: las elecciones.

52En definitiva, a raíz del 15-M, se ha producido un incremento de la masa crítica de ciudadanos implicados en asuntos públicos, desde los movimientos sociales, pero también desde formaciones partidistas. Las personas que se involucran en estas segundas no aspiran a eliminar cargos representativos, sino a que ellos o sus correligionarios los ocupen. A día de hoy (finales de 2016, a más de cinco años del surgimiento del movimiento de los Indignados), no son pocos estos activistas que ejercen cargos de concejales, alcaldes o diputados. Un ejemplo paradigmático es el de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona desde mediados de 2015, que antes fue portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

  • 28 Una sola lo ha hecho en el grupo de Pamplona, también en Podemos.

53Esto también ha sucedido en uno de los movimientos locales a los que nos hemos referido: el de Mejorada del Campo. Una parte de los militantes del Colectivo Ciudadano por la participación se unió a personas más jóvenes que se habían implicado en el 15-M y juntos crearon un partido local, «Mejoremos», íntimamente vinculado a Podemos28. Se trata de personas mayores de cincuenta años, con una larga trayectoria de implicación social, pero nula en la política institucional (o, para algunos de los más mayores, que se remontaba al inicio de la democracia en pequeños partidos —de izquierda— sin cargos electos). Mejoremos ocupó el segundo lugar en las elecciones municipales de mayo de 2015.

54Varios elementos, que adoptan distintas relevancias y articulaciones según las personas, son mencionados por estos activistas locales por la democracia participativa para explicar su salto al ejercicio de cargos representativos. Ya hemos mencionado uno de estos motivos: la constatación, mediante la ejecución de actividades participativas, de la escasa voluntad de implicación en los asuntos públicos de buena parte de la sociedad. Esta debilidad de la esfera pública como defensora del interés general contribuye a rehabilitar la esfera política, en tanto instrumento para dicha defensa.

55Otra razón es la convicción de contar con la capacidad de actuar (correcta y eficazmente por el bien común) desde la política institucional. Esta competencia es producto, según los entrevistados, de las habilidades adquiridas mediante la militancia social, pero también de la participación activa en los presupuestos participativos (llevados a cabo en Mejorada a partir de 2011). En consecuencia, tal y como ocurre con los espacios de debate internos a los colectivos sociales, los mecanismos de deliberación pública constituyen otro factor relevante de formación política. Y permiten la adquisición de conocimientos mucho menos presentes en espacios propios de la esfera pública: el funcionamiento del aparato estatal.

56En fin, un tercer motivo es la convicción (cada vez más firme) de que es imprescindible el relevo en sus cargos de los políticos tradicionales. Y la creencia de que ellos pueden contribuir a esta renovación política. Según los militantes locales que decidieron entrar en política, esta «necesidad» se origina en dos factores relativamente nuevos. El primero es la pérdida de derechos y calidad de vida consecutiva al estallido de la crisis económica en 2008. Y la constatación de que los «políticos de siempre» no resuelven esta problemática con sus decisiones. El segundo factor consiste en la percepción de que las formaciones políticas tradicionales no practican el debate de fondo que debería ser inherente a la toma de las mejores decisiones para el bien común. El principal freno que ven a la deliberación política es la «lógica de partidos». La dicotomía gobierno-oposición domina el funcionamiento de los órganos de poder, y uno se posiciona sistemáticamente en contra de determinada propuesta no por su contenido, sino porque viene del otro. Esta eterna lucha partidista hace que se pierda de vista el interés general.

  • 29 Entrevista con Consuelo L., 09/05/16.

57Por último, esta necesidad sentida de implicarse viene acompañada de la percepción de una ampliación de las oportunidades de cambiar las cosas. Y a esta ampliación de perspectivas contribuyó en buena medida el 15-M, no sólo por sus ideas y prácticas novedosas, sino por la esperanza y el dinamismo que trasmitían. Es así como «la energía de estos jóvenes [nda: los Indignados], su apoyo, su alegría, su cariño29» fueron determinantes para que una activista social mejoreña de más de 60 años diera el salto a la política institucional.

La participación: ¿una vía de mejora de la representación?

  • 30 Fillieule, 2001, p. 199.
  • 31 Para otros ejemplos europeos de «salto» a la política institucional, véase Talpin, 2008, pp. 158-1 (...)

58No todos los promotores de mecanismos participativos que realizan el análisis arriba mencionado se «tiran a la piscina» institucional. No abordaré aquí «la[s] modalidad[es] por la[s] que una disposición a se traduce en una acción efectiva30». Me limitaré a mencionar que, además de las convicciones, deben existir condiciones mentales (el carácter, la confianza en sí mismo, la fortaleza del momento) y físicas (estabilidad material, disponibilidad de tiempo y buena salud) para que el activismo social dé paso a la militancia política o se complemente con ella. De cara a nuestra reflexión, basta con constatar que algunos de estos militantes pro-democracia participativa pasan a buscar —y lograr para algunos— el ejercicio de cargos de representación31.

  • 32 Ibid., p. 163.

59Por consiguiente, los movimientos sociales pro-participación, los Indignados y, en menor medida, grupos locales, han tenido entre sus efectos una repolitización de una parte de la población española. Y una implicación en política de personas que se han formado políticamente desde esferas distintas a los partidos tradicionales. Estas «caras nuevas» constituyen un factor de diversificación de la oferta política y, por tanto, de regeneración democrática. Por tanto, la hipótesis de Julien Talpin según la cual «la democracia participativa podría jugar un rol nada despreciable en la renovación del gobierno representativo32» se verifica en cierta medida en la España actual.

60Este fenómeno ya sucedió en este país en la década de 1980 cuando numerosos dirigentes sociales, especialmente del movimiento vecinal y de los sindicatos, pasaron a la política institucional. En aquella ocasión, lo hicieron sumándose a formaciones políticas existentes, especialmente de izquierda. Su especificidad se fue en buena medida diluyendo en estas maquinarias partidistas. En la actualidad, la mayor parte de los que dan el salto lo hacen a través de agrupaciones nuevas. Y esta diferencia, sin dar garantías al respecto, es más propicia a cierta renovación política del país. A esta renovación podrían contribuir también los partidos tradicionales, si se reforman de manera a responder mejor a las aspiraciones de los ciudadanos.

61En todo caso, resulta difícil imaginar que una ciudadanía más activa, así como un incremento de las opciones políticas entre las cuales las y los españoles puedan decantarse, representen un peligro, una amenaza para la democracia española. Una democracia española que, a todas luces, debería seguir siendo altamente representativa. Pues el más exitoso (electoralmente hablando) de los «hijos políticos» del 15-M, Podemos, tiene a fin de cuentas planteamientos relativamente modestos en cuanto a introducción de mecanismos participativos en el funcionamiento del Estado español. Su lema de campaña de 2015 lo señala claramente: habla de «gobernar para la gente», y no con la gente.

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Notes

1 Ibarra & Ahedo, 2007.

2 Vallespín, 2003.

3 Ver entre otros: Habermas, 1992; Mouffe, 1999 e Ibarra, 2011.

4 Véanse Godbout, 1983, e Hirschmann, 1991.

5 Fue el primero de esta naturaleza hecho en España.

6 Ajangiz, Blas, 2008, p. 60.

7 El proyecto MECPALO (Proyecto CSO2009-08968 del Plan Nacional de I+D+I) está dirigido por Joan Font del CSIC y de cuyo equipo formó parte el autor del presente artículo. Se trata del censo más amplio levantado hasta la fecha en España. Véase Font, Della Porta, Sintomer, 2014.

8 Agrupaban el 48,1 % de la población española en 2014.

9 La misma constatación es válida para otros países europeos, entre ellos Francia (Polère, 2007).

10 Font, Sesma, Fontcuberta, 2014, p. 62.

11 Font, Navarro, 2013.

12 Talpin, 2011.

13 Pinnington, Schugurensky, 2010.

14 Funes, Talpin, Rull, 2014, pp. 178-182.

15 Para un análisis de este caso, véase Brugué, Parès, 2012.

16 Funes, Talpin, Rull, 2014, p. 180.

17 Alarcón, Font, Madrid, 2015, p. 5.

18 Lo es también en Francia (Blondiaux, 2008, p. 31).

19 En su ponencia «Parlamento y reforma constitucional», dictada en la jornada La reivindicación de las instituciones. Retos contemporáneos de los parlamentos, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 27 de abril de 2016. Disponible en vídeo en <http://www.fundacionmgimenezabad.es/index.php?option=com_weblinks_video&view=weblink_video&view=category&id=226&Itemid=100823&idv=485&av=2016&limitstart=&codint=1991902> (última consulta: 19/09/16).

20 Quince entrevistas realizadas entre enero y abril de 2016.

21 Dolidier, 2012.

22 Véase <http://madrid.tomalaplaza.net/2011/10/16/13n-manifiesto-completo/> (consulta: 26/01/16).

23 Esa misma lógica, reformista, vinculada al movimiento altermundialista, se encontraba en el ideario de la plataforma Democracia Real Ya. Véase <http://www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/>.

24 Véase <http://afectadosporlahipoteca.com/>.

25 Palabras de Clara Marañón Heras, indignada y posteriormente militante de Podemos, en: Herdwig Malzorf, Ernesto Ganuza, «Les indignés au pouvoir ? Le cas de Podemos en Espagne», en línea en <http://dormirajamais.org/podemos/#identifier_0_12548> (consultado el 05/02/16). Otra entrevistada dijo que había «nacido como activista social» con los Indignados.

26 Nacida de la confluencia del 15-M con la PAH. Véase <http://afectadosporlahipoteca.com/category/propuestas-pah/stop-desahucios/> (consultado el 07/02/16).

27 Véase <http://www.ganemos.es/>.

28 Una sola lo ha hecho en el grupo de Pamplona, también en Podemos.

29 Entrevista con Consuelo L., 09/05/16.

30 Fillieule, 2001, p. 199.

31 Para otros ejemplos europeos de «salto» a la política institucional, véase Talpin, 2008, pp. 158-159.

32 Ibid., p. 163.

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Pour citer cet article

Référence papier

Mathias Rull Jan, « Las iniciativas participativas en España: ¿amenaza u oportunidad para la democracia representativa? »,Mélanges de la Casa de Velázquez, 47-2 | 2017, 133-149.

Référence électronique

Mathias Rull Jan, « Las iniciativas participativas en España: ¿amenaza u oportunidad para la democracia representativa? », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 47-2 | 2017, mis en ligne le 01 janvier 2018, consulté le 22 septembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/mcv/7777 ; DOI : 10.4000/mcv.7777

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Auteur

Mathias Rull Jan

Lycée Jules Fil, Carcassonne

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