- 1 Carmona et al. 2019.
- 2 Simpson et al. 2020.
1La España liberal (1830-1930) ha sido a menuda valorada por su capacidad para impulsar el acceso a la propiedad y reducir las desigualdades. Este asunto se ha vuelto a situar en tiempos recientes en el centro del debate historiográfico. En un artículo reciente, Carmona, Roses y Simpson presentan un argumento optimista, según el cual hubo una fuerte reducción en el número de trabajadores sin tierra y un aumento relativo de propietarios o arrendatarios agrarios1. Su tesis ha tenido una continuación en un libro que sintetiza una nueva perspectiva sobre la evolución de la economía agraria en el largo plazo2. Carmona y Simpson rescatan la importancia de las pequeñas explotaciones familiares que existían en toda la geografía del país. Desde su perspectiva, el campesino propietario no sería entonces una condición única del norte de España, sino que se habría ido generalizando –en mayor o menor grado, como no podía ser de otra manera– por toda la geografía del país. En suma, estos campesinos, y no los terratenientes o los jornaleros, se habrían convertido en el verdadero motor del cambio histórico en España.
- 3 Robledo – González Esteban 2017; Robledo Hernández 2022.
- 4 Malefakis 1976; Naredo 1977; Leal Maldonado – Martín Arancibia 1977; Carrión 1932.
- 5 Rey Reguillo 2008; Domènech et al. 2022.
2Esta nueva perspectiva ha generado una pequeña polémica historiográfica. Ricardo Robledo defienden que las dificultades al acceso a la propiedad se mantuvieron como una condición permanente en la España meridional3. En muchos sentidos, sus argumentos actualizan las ideas presentadas por las generaciones anteriores de académicos, principalmente Malefakis, pero también Naredo, Leal Maldonado y Carrión, que también destacaron el peso dominante de la gran propiedad4. Este asunto también tiene importantes ramificaciones para entender el ámbito social y político. Muchos estudios han destacado que la desigualdad en el campo podía ser una causa fundamental del conflicto político. Tal como han destacado Rey Reguillo en un excelente estudio local, o Domenech y Sanchez Cuenca en el largo plazo5, las zonas en donde predominaba los jornaleros tuvieron un mayor arraigo de las organizaciones socialistas (partido y sindicato) y mostraron mayor conflictividad en la década de 1930.
3Sin embargo, un hecho más que sorprendente es que buena parte de esta discusión sobre el acceso a la propiedad, la desigualdad y la prevalencia (o no) del campesinado familiar se produzca con un uso muy selectivo de fuentes históricas. En ocasiones da la sensación de que cada investigación utiliza un tipo de registros distinto para cada problema, pero que rara vez se busca dar una visión coherente de las fuentes disponibles y las contradicciones que arrojan. Hasta el momento se han utilizado fundamentalmente dos tipos de registros. Por un lado, están los bien conocidos censos de población, que incluyen no solo los censos decenales, sino también registros específicos como el censo de campesinos de 1932-1933 o los censos agrarios que sirven de referencia imprescindible en el franquismo. Por otro lado, está la abundante documentación relacionada con la Contribución Territorial y el Catastro, que comenzó a publicar Pascual Carrión y que muchos historiadores han seguido utilizando. El problema es más que conocido. Cada registro se refiere a conceptos fundamentalmente distintos. El censo depende fundamentalmente de la ocupación declarada por las personas, mientras que los datos de los impuestos sobre la propiedad clasifican la tenencia de activos.
4En este capítulo busco abordar una revisión de estas fuentes para contrastar la hipótesis de si se produjo un creciente acceso de la población a la propiedad desde mediados del siglo XIX hasta los años que precedente a la Guerra Civil. Como punto de partida, realizo una revisión de los censos de población para argumentar que las categorías que tradicionalmente aparecen (tales como propietario, agricultor o jornalero) carecen de la suficiente homogeneidad como para abordar este problema. Como alternativa, se argumentará sobre la necesidad de hacer un uso más intensivo de las fuentes administrativas relacionadas con el pago de los impuestos directos. Con estos registros se puede documentar un lento pero continuado proceso de compra de bienes inmuebles (fincas rústicas y urbanas) pero también el rápido ascenso de empresarios (comerciantes, profesionales, industriales, etc.) con negocios propios. Las fuentes disponibles no permiten distinguir claramente entre estas situaciones. Sin embargo, sí permiten destacar las fuertes diferencias regionales, al igual que la creciente brecha entre el campo y la ciudad. El alcance de estos cambios todavía no se ha estudiado en profundidad y las ideas aquí presentadas son solo una primera aproximación.
- 6 Borderías 2003; Humphries et al. 2012.
- 7 Espinoza Guerra et al. 2007.
5Los censos de población constituyen el punto de partida para estudiar el mundo rural en la historia. En España, el primer censo moderno se realizó en 1860 y desde entonces se han venido realizado con la debida periodicidad, generalmente cada década. Su principal ventaja radica en que proporcionan la mejor estimación sobre la distribución de la población activa por grupos de actividad, principalmente, entre la agricultura, la industria y los servicios. Por supuesto, el uso de los censos de población presenta también claros inconvenientes. En las últimas décadas son muchas las investigadoras que han insistido en que los censos subestiman en gran medida el trabajo femenino y este fenómeno ocurre en muy diversos sectores y lugares6. Otro inconveniente que no se ha destacado de forma suficiente es que, antes de 1950, sólo dos censos (los de 1860 y 1920) intentaron clasificar a la población según su situación laboral, es decir, entre asalariados, trabajadores autónomos y otras situaciones. Sabemos que en el sector agrario las categorías referidas a los asalariados («jornaleros», «braceros») y agricultores («labradores» y «propietarios») se utilizaban con una gran laxitud en función del contexto político o económico. En estos dos censos (1860 y 1920), sin embargo, no sabemos cómo se aplicaban estas categorías y ello genera importantes distorsiones. Junto a estos censos, existen también otras fuentes demográficas para momentos específicos. Así, por ejemplo, en el periodo republicano, los investigadores han acudido al Censo de campesinos desarrollado en los años 1933-1935 para clasificar a los potenciales beneficiarios de la reforma agraria en curso7. Este censo sí establecía normas más claras –como luego detallaré–, y es la base de las estimaciones de Carmona y sus coautores.
6En el trabajo se presenta un nuevo procedimiento para estimar la proporción de jornaleros sin tierra con respecto al total8. El punto inicial es el total de trabajadores agrícolas, según el censo de 1860, y la correspondiente división entre las tres categorías incluidas (propietarios, arrendatarios y jornaleros). Su estimación final para 1930 toma la población agrícola del censo de 1930 y luego se compara con los jornaleros sin tierras de acuerdo con el censo de campesinos de 1933-1935. Los propietarios y arrendatarios se estiman como la diferencia entre el total y los jornaleros. De forma adicional, Carmona, Roses y Simpson proporcionan dos estimaciones para el periodo intermedio a través de un procedimiento más complejo, que toma la proporción de contribuyentes (según la Contribución Territorial) sobre el total de la población agraria en los dos años que ya disponen de información (1860 y 1930). A partir de este indicador obtienen dos estimaciones adicionales en 1890 y 1910 en lo que también se conocen cifras de contribuyentes y de población agraria.
Gráf. 1. Porcentaje de asalariados en la población activa en la agricultura (1860-1981).
Fuente: JGE 1863; INE 1953; INE 1973; INE 1984; INE 1995; Carmona et al. 2019.
7El gráfico 1 presenta estas estimaciones junto con otras fuentes primarias. La tendencia general apunta a un descenso del trabajo asalariado en el largo plazo, lo cual dice mucho de la fortaleza del campesinado familiar durante todo este periodo. Sin embargo, dentro de esta tendencia hacia la reducción en la proporción de los jornaleros es importante medir el ritmo del cambio, en particular cuando existen tendencias tan distintas. Si se toman al pie de la letra los censos de 1860 y 1950, España era un país con una elevada proporción de asalariados en el campo y solo hay una pequeña caída en este periodo de casi cien años (del 55 al 48 %). Carmona, Simpson y Roses apuntan precisamente a una tendencia completamente opuesta y afirman que de 1860 a 1930 la proporción de jornaleros sin tierras se redujo a un ritmo muy notable (del 55 % al 30 % del total).
- 9 League of Nations 1938, p. 10.
- 10 INE 1965.
8Hay razones para tomar todas estas estimaciones con mucha cautela y considerar en cada caso las discrepancias más importantes. Gran parte de estas diferencias se deben en realidad a la forma en que se enumeran y clasifican a los trabajadores familiares. Estos son trabajadores en la explotación de un pariente, con el que generalmente conviven y que no perciben una contraprestación pactada9. Como el lector podrá imaginarse, el trabajo familiar no es una pequeña categoría en el mundo rural y, por citar un caso, en los registros más elaborados (la Encuesta de Población Activa o EPA) de mediados de la década de 1960, la «ayuda familiar» representaba más del 30 % de los trabajadores agrarios10. Además, la propia EPA indica que los trabajadores familiares no era una categoría exclusivamente femenina, sino que había un equilibrio al 50 % entre ambos sexos.
9La primera divergencia, y la más fácil de explicar, se expresa en el período de 1950 a 1980 cuando se compara la proporción del empleo asalariado en los censos de población y en la Encuesta de Población Activa. Esta discrepancia es principalmente debida a que esta última encuesta contabiliza con mayor precisión a los trabajadores11, especialmente en un sector con un amplio margen de empleo irregular como la agricultura. De esta manera, la EPA presenta (y lo sigue haciendo) estimaciones más fiables que incluyen a las mujeres y otros parientes que trabajan en negocios familiares. Dado que en gran medida estos trabajadores no son asalariados, la proporción de jornaleros es menor en las encuestas sobre el empleo (y viceversa, es mayor en los censos).
- 12 Aguilera 2020, p. 531-534.
- 13 Aguilera 2020, p. 621.
10La cuestión de los trabajadores familiares es igualmente importante al tratar los registros anteriores a 1950. Como ha estudiado Aguilera con sumo detalle, los estadísticos que confeccionaron los primeros censos de 1858 y 1860 veían como una prioridad que se distinguiera correctamente a los «propietarios» de los «obreros» como forma de apuntalar el nuevo orden liberal12. Eso conducía a que en el censo de 1860 se utilizaran tres grandes categorías para la agricultura: propietarios, arrendatarios y jornaleros. Estos conceptos son fácilmente distinguibles y los historiadores los han seguido utilizando hasta la actualidad. Sin embargo, la publicación del censo no aclaraba donde se ubicaban los trabajadores familiares, pero en las instrucciones enviadas a las delegaciones provinciales se afirmaba sin lugar a dudas que: «Los hijos o hermanos u otros parientes de los propietarios, labradores, o fabricantes, tienen que figurar como operarios, es decir como jornaleros, si es que ayudan al trabajo material, aun cuando no reciban salario13.»
- 14 Whittle 2017.
- 15 Este cambio tan repentino entre los censos de 1860 y 1877 no se produce en el trabajo doméstico de (...)
11Al estar incluido el trabajo familiar en la categoría de «jornaleros», la proporción de trabajo asalariado fue artificialmente alta en ese año. Pero también es probable que muchos de estos trabajadores familiares estuvieran en realidad clasificados en «sus labores» (caso de las mujeres) o, fuera del sector agrario, como «sirvientes». En la época, esta categoría incluía no solo al trabajo doméstico en su sentido actual, sino también a jóvenes que trabajaban y vivían con otra familia antes de casarse14. Basta señalar que en el censo de 1860 se registran casi 400 mil hombres como sirvientes, mientras que apenas unos pocos años más tarde, en 1877, su número había caído de forma abrupta a 93 mil personas15. Como se ve, en los censos, detrás de lo que parecen categorías muy intuitivas, se esconde una situación mucho más compleja.
- 16 Decreto de 13 de diciembre de 1934.
12El mismo problema, pero con un sesgo distinto ocurre al analizar la situación en 1930. Dado que el censo de campesinos de la Segunda República consideraba como obrero agrícola sólo a aquel «que habitualmente se dedica a trabajos del campo por cuenta ajena y mediante salario16», claramente se dejaba fuera a los trabajadores familiares. Carmona, Simpson y Roses, al igual que muchos otros historiadores, se interesan primero por la proporción de asalariados sobre la población agraria como un indicador útil en sí mismo. Sin embargo, en este análisis es habitual asumir que los trabajadores que no son jornaleros eran propietarios o arrendatarios. En este caso, las ayudas familiares se identifican erróneamente como agricultores que dirigen una explotación, cuando en realidad eran la mano de obra que proporcionaba el complemento necesario en estas tierras. En conclusión, la que podría decirse que es la mejor estimación sobre el trabajo asalariado y el acceso a la propiedad en este periodo se enfrenta al problema de que las categorías ocupacionales más habituales no tienen un significado homogéneo en el tiempo.
- 17 Pro Ruiz 1994; Vallejo Pousada 2001.
13Dado que los censos de población no permiten establecer una comparación homogénea, en el resto de este capítulo es necesario combinar y reinterpretar las fuentes fiscales disponibles. Este nuevo enfoque comienza por los dos principales impuestos directos de la época: la Contribución Territorial, que gravaba la propiedad inmobiliaria, y la Contribución Industrial y de Comercio, que recaía sobre las actividades industriales y de servicios. Ambos tributos funcionaban sobre un procedimiento bien estudiado por los historiadores17. La administración fiscal establecía un rendimiento presunto en base a una serie de parámetros (tipo de cultivo, tamaño y ubicación de la finca o negocio, etc.) y no aspiraba a conocer los rendimientos reales de los contribuyentes. Todos los historiadores coinciden en señalar que las rentas sujetas al impuesto (la base imponible) estaba muy por debajo de los ingresos reales. Sin embargo, este hecho tiene una importancia secundaria para el argumento que subyace a este capítulo y es que estos dos impuestos proporcionan la mejor estimación sobre el número de contribuyentes en cada caso (fincas rústicas, urbanas, industrias y negocios comerciales).
Gráf. 2. Contribuyentes registrados en los principales impuestos directos en España (1855-1942).
Fuente: DGC 1855; DGC 1879; DGC 1900-1935; DGIGE n. d.
14El gráfico 2 presenta las pocas cifras disponibles para este periodo. Como puede verse, las fincas rústicas eran el activo con mayor número de contribuyentes (entre 3 y 4 millones), mientras los negocios industriales y comercial registraban cifras más bajas (en torno a 400 mil hasta 1920). Sin embargo, estas series tienen el principal inconveniente de que presentan una óptica basada en la simple agregación de la información disponible a escala municipal. De esta manera, el número de contribuyentes contabiliza a los individuos por tantas fincas tuvieran en diversas localidades18. Este hecho, conocido por los contemporáneos, ha conducido a que la mayoría de las investigaciones solo hagan uso de los registros fiscales para estudios locales. Existe, no obstante, una manera de salir de este callejón sin salida. Ello obliga, no obstante, a relacionar estos registros fiscales con otras dos fuentes: los censos electorales en época del sufragio censitario y las cédulas personales. Aunque ambas fuentes tienen un origen muy distinto, comparten una característica decisiva al agregar los impuestos pagados por una misma persona.
- 19 Barreda 1986.
- 20 Linz et al. 2005.
15Los censos electorales durante el periodo de 1840 a 1890 recogen, por definición, a la población con derecho al sufragio. Estas cifras eran publicadas generalmente antes de cada proceso electoral. Adicionalmente, se conservan los censos publicados en los boletines oficiales de cada provincia y que han sido objeto de monografías19. Durante esta época, la participación en las elecciones estaba limitada a los hombres adultos (mayores de 25 años) que pagasen por contribuciones directas una cantidad superior al mínimo fijado en la ley electoral20. El hecho decisivo es que los censos electorales tomaban como referencia el lugar de residencia de los electores y agregaban todas las cuotas pagadas con independencia de donde radicasen sus propiedades. Los criterios basados en las contribuciones coexistían con otras fórmulas para acceder al sufragio, las llamadas «capacidades» que reunían los funcionarios, los profesionales y otros oficios. Sin embargo, como luego detallaré, su número es pequeño y además pueden identificarse sin excesivo problema.
16Las cantidades que marcaban el umbral para ser elector no fueron constantes ni a lo largo del tiempo ni en cada proceso electoral. En las elecciones a Cortes, los moderados (1845-1864) establecieron un mínimo relativamente alto (100 pesetas o 400 reales), pero con la Unión Liberal (1865-1867) se produjo una notable reducción (a 50 pesetas o 200 reales). Tras el breve periodo de sufragio universal masculino ocurrido durante el Sexenio Democrático, la nueva ley electoral de 1877 introdujo una nueva reducción, que benefició a los contribuyentes por Territorial (pasando a ser 25 pesetas), mientras que las cantidades por Contribución Industrial permanecieron igual (50 pesetas). En cambio, hasta 1880, en las elecciones a las Diputaciones provinciales participaban todos los contribuyentes, con independencia de la cantidad pagada.
- 21 Melis 2019.
- 22 Bernard 1925, p. 232.
17El sufragio censitario fue sustituido en 1890 por el sufragio universal masculino y ello impide continuar usando esta fuente. Afortunadamente existe otro registro complementario en el Impuesto de cédulas personales, un tributo creado en 1874 que obligaba a toda persona mayor de 14 años a proveerse de una cédula. La cuantía de la cédula variaba en función de tres indicadores del estatus socioeconómico: las contribuciones directas, los alquileres y los salarios21. Los detalles sobre los que operaba este sistema se detallan en la tabla 1. Era un sistema muy complejo, pero la lógica quedaba claramente resumida por un diplomático extranjero: «estas tres divisiones operan como un control automático sobre los individuos, de manera que prácticamente es imposible evadirse del pago del impuesto y, a su vez, facilitan la determinación de la clase a la que se pertenece22».
Tabla 1. Criterios de valoración en el impuesto de cédulas personales (1884-1925).
|
Clase de cédula
|
Importe de las contribuciones directas
|
Sueldos
|
Alquileres (en Madrid)
|
|
Especial
|
> 10.000
|
–
|
> 10.000
|
|
1
|
5.000
|
10.000
|
> 30.000
|
7.500
|
1.000
|
|
2
|
3.000
|
5.000
|
12.500
|
30.000
|
5.000
|
7.500
|
|
3
|
2.500
|
3.000
|
10.000
|
12.500
|
3.500
|
5.000
|
|
4
|
2.000
|
2.500
|
6.500
|
10.000
|
2.500
|
3.500
|
|
5
|
1.500
|
2.000
|
4.000
|
6.500
|
2.000
|
2.500
|
|
6
|
1.000
|
1.500
|
3.500
|
4.000
|
1.500
|
2.000
|
|
7
|
500
|
1.000
|
2.500
|
3.500
|
1.000
|
1.500
|
|
8
|
300
|
500
|
1.250
|
2.500
|
750
|
1.000
|
|
9
|
25
|
300
|
750
|
1.250
|
500
|
750
|
|
10
|
1
|
25
|
1
|
750
|
250
|
500
|
|
11
|
Jornaleros, sirvientes y mujeres sin rentas propias
|
Fuente: Real Decreto de 27 de mayo de 1884 y Ley de 31 de diciembre de 1905.
Nota: todas las cantidades en pesetas. La cédula de clase especial fue creada en 1905. Hasta entonces solo hubo 11 clases de cédulas.
18Para el objetivo de este capítulo, es importante recalcar que las cédulas personales tomaban el pago de contribuciones directas como un indicador fundamental. En este caso, los informes de la administración fiscal indican con gran detalle cuál era el procedimiento de trabajo (DGCIR 1910, 12-17). Los agentes recaudadores debían utilizar los registros de ambas contribuciones (Territorial e Industrial) y formar censos que distinguieran entre los propietarios locales y los forasteros. Estos últimos eran analizados por separado para que fueran evaluados correctamente en su lugar de residencia sobre la base de agregar todas las cuotas pagadas en distintos lugares. Gracias a este procedimiento más elaborado, el impuesto de cédulas personales constituye la mejor alternativa para estudiar el acceso a la propiedad en la España de Alfonso XIII (1886-1931).
19No obstante, deben tomarse una serie de cautelas al realizarse una comparación, principalmente porque estas dos fuentes guardan ligeras diferencias entre sí. En los censos electorales, los electores eran, por definición, ciudadanos españoles mayores de 25 años y, por lógica, se excluían a los menores de edad, a los extranjeros y a las mujeres. En las cédulas personales, en cambio, todos estos grupos sí eran incluidos. Las diferencias en el número de propietarios jóvenes (es decir entre 14 y 25 años) y de extranjeros es muy pequeña como para alterar cualquier estudio a escala nacional. El distinto cómputo de las mujeres sí es más relevante, aunque la práctica indica que los dos registros funcionaban sobre principios muy similares. En las elecciones, la ley autorizaba a que, en las parejas casadas, el hombre recogiera bajo su nombre las contribuciones pagadas por las propiedades a nombre de su mujer. En estos mismos casos, también hay fuertes indicios de que en las cédulas personales era habitual que el marido declarara bajo su nombre los activos propiedad de la familia nuclear. Las mujeres casadas eran así contabilizadas por defecto en la última clase, junto con los jornaleros y personas sin rentas, tal como señalaba en la anterior tabla. De esta manera, las diferencias quedan limitadas a las mujeres solteras o viudas que sí tenían propiedades. Es una diferencia significativa, pero no sustancial.
20El otro ajuste necesario se refiere al hecho de contabilizar solo a los propietarios de inmuebles o activos empresariales. En el censo electoral, junto con los electores que accedían por su condición de contribuyentes, había aquellos que lo eran por sus capacidades. Afortunadamente, su número es fácilmente distinguible en los resúmenes elaborados durante el reinado de Isabel II (1833-1868). En 1865, por ejemplo, sumaban casi 63 mil personas (JGE 1866). Después, durante la época final del sufragio censitario (1878-1890), no se conoce su número a escala nacional. No obstante, en los censos provinciales que sí están disponibles se constata que se movían en una magnitud similar al periodo anterior. De esta manera, he asumido que, para cada provincia, los electores por capacidades se mantuvieron invariables después del Sexenio.
- 23 Las investigaciones en curso analizan la ciudad de Madrid y varios municipios de la provincia de Ba (...)
- 24 DGC 1901-1935.
21El segundo ajuste se produce en las cédulas personales. Como reflejaba en la tabla 1, aunque el pago de las contribuciones era uno de los criterios para pagar una cédula, también había personas que lo fueron por salarios o alquileres. La información disponible antes de 1926 no permite separar entre estas situaciones, si bien diversas investigaciones en curso indican que antes de la Primera Guerra Mundial, el pago de contribuciones era la condición que prevalecía en la mayoría de los casos23. No obstante, para ajustar de la mejor manera posible las estadísticas disponibles para 1889 y 1904, se ha restado para cada clase de cédula el número de funcionarios civiles, militares y empleados privados según otra estadística fiscal24. Este cambio no es perfecto pues sigue incluyendo a las personas que eran clasificadas por sus alquileres, aunque de nuevo, cabe incidir que en 1889 y 1904 su número era muy pequeño. Finalmente, para dar mayor consistencia a la comparación, se he excluido del estudio a País Vasco y Navarra, pues en las provincias en régimen foral las contribuciones directas funcionaban sobre criterios muy distintos a los del resto de España.
22Al iniciar este capítulo señalábamos las dificultades para establecer el número de propietarios durante el largo periodo de hegemonía del liberalismo. Si acudimos a los censos electorales y las cédulas personales, la cuestión admite una respuesta algo más precisa. Como se indica en la tabla 2, en 1880, había aproximadamente 1,4 millones de hombres que pagaban contribuciones directas. Unas décadas más tarde, en 1889, cuando se inician los registros de las cédulas personales, la estadística permite calcular en 1,9 millones el número de propietarios. Una diferencia de medio millón de propietarios es bastante significativa, lo cual indica la dificultad de reconciliar por completo ambas fuentes y, en especial, de contar a los muy pequeños propietarios que se movían en los márgenes del sistema. Pero incluso con estas prevenciones se obtiene una estimación que reduce bastante la incertidumbre sobre el punto de partida. Asimismo, las series indican que el acceso a la propiedad fue un proceso gradual y no hubo cambios repentinos en coyunturas específicas (la crisis finisecular o la Primera Guerra Mundial). Al final del periodo analizado, disponemos de la estimación más fiable gracias a la estadística de cédulas personales de 1926. La condición de propietario de bienes inmuebles o negocios era entonces compartida por dos millones de personas.
Tabla 2. Número de propietarios con contribuciones directas por encima de distintos umbrales.
|
Año
|
+ 1 peseta
|
+ 25 pesetas
|
+ 50 pesetas
|
+ 100 pesetas
|
|
A: Censos electorales
|
|
1850
|
–
|
–
|
–
|
121.770
|
|
1851
|
–
|
–
|
–
|
122.499
|
|
1853
|
–
|
–
|
–
|
122.700
|
|
1857
|
–
|
–
|
–
|
148.975
|
|
1858
|
–
|
–
|
–
|
148.975
|
|
1863
|
–
|
–
|
–
|
170.417
|
|
1864
|
–
|
–
|
–
|
153.736
|
|
1865
|
–
|
–
|
334.692
|
–
|
|
1867
|
–
|
–
|
317.880
|
–
|
|
1880
|
1.433.102
|
–
|
–
|
–
|
|
1884
|
–
|
703.240
|
–
|
–
|
|
1886
|
–
|
761.299
|
–
|
–
|
|
B: Cédulas personales
|
|
1889
|
1.935.772
|
725.587
|
373.772
|
192.542
|
|
1904
|
1.892.188
|
720.719
|
408.984
|
232.085
|
|
1926
|
2.001.637
|
886.900
|
518.204
|
302.780
|
Fuente: los cifras de propietarios según los censos electorales (DGIGE n. d.; IGCE 1888; Sámchez Ortiz 1886); los propietarios en las cédulas personales (IGAE 1891; CETIC 1910; CCFP 1928).
Nota: se han excluido el número de propietarios registrados en País Vasco y Navarra.
23La comparación es más precisa si se traslada el foco de análisis a aquellos que pagaban contribuciones por encima de un umbral determinado. La ventaja de esta perspectiva es que hay razones para pensar que la administración hizo un mayor esfuerzo por contabilizar a las personas que tenían un patrimonio por encima de los niveles que podría considerarse como muy modestos. Así, si se toman los límites que marcaron las elecciones a Cortes durante el siglo XIX (25, 50 y 100 pesetas), se constata que los dos registros proporcionan una imagen mucho más coherente (ver tabla 2). El número de propietarios para cada nivel fue ascendiendo ininterrumpidamente desde mediados del siglo XIX hasta 1926. Es el resultado que cabría esperar en una sociedad que aumentaba su producción y población, pero también fruto del dinamismo en el mercado de la tierra.
Gráf. 3a. Porcentaje de hogares con activos inmuebles o empresariales (1880).Gráf. 3b. Porcentaje de hogares con activos inmuebles o empresariales (1926).
Fuente: ver tabla 2.
- 25 La elección del hogar como unidad de medida tiene una doble lógica. Por un lado, resulta preferible (...)
24El ligero pero continuo acceso a la propiedad a escala nacional oculta, sin embargo, fuertes diferencias regionales. El periodo de 1880 a 1930 estuvo marcado por el incremento de la desigualdad regional, con el consiguiente aumento de la industria y los servicios en determinadas provincias. Asimismo, se produjo un notable proceso de migración, tanto entre regiones, como al extranjero (principalmente a América Latina). En estas circunstancias, que en algunas zonas solo hubiera un ligero incremento del número de propietarios puede suponer un cambio más sustancial si se pone en relación con los cambios demográficos. Con vistas a ilustrar esta situación, en los gráficos 3a y 3b se representan el número de propietarios en relación del total de hogares25.
25Entre el punto de inicio y el final existen cambios muy relevantes. En todo el territorio nacional, el porcentaje de hogares con activos apenas había variado en este periodo: en 1880 un 37,6 % de los hogares tenían propiedades o negocios y en 1926 era un 39 %. Pero a escala provincial las diferencias eran muy palpables. La brecha entre el norte y el sur de España, que ya era muy considerable al inicio del periodo, se fue acentuando. En las provincias castellanas, en Aragón y en el interior de Cataluña, el acceso a la propiedad se convirtió en una condición mayoritaria. En cambio, en las provincias con un fuerte crecimiento urbano (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, etc.), al igual que en casi todas las regiones de Andalucía, el acceso a la propiedad fue un proceso muy limitado o casi inexistente.
26Como señalaban Carmona, Simpson y Roses, las migraciones podían favorecer el acceso a la propiedad por parte de aquellos que permanecían en el ámbito rural. El mayor incremento de los salarios en comparación con el valor de la tierra también habría sido otro factor decisivo. De esta forma, comprar tierras (o la vivienda en un pequeño pueblo) podían ser una posibilidad al alcance de miles de familias. Pero también hay otros procesos que no se han estudiado con tanto detalle y que podían constituir barreras importantes, como los elevados costes de comprar una finca en zonas en donde prevalecía el latifundio o el acceso a la vivienda en las ciudades más pobladas. También cabe destacar que en una sociedad en donde el trabajo asalariado en la agricultura, la industria, la construcción y buena parte de los servicios se pagaba fundamentalmente a jornal diario, las economías familiares tenían que hacer frente a distintos ciclos de cambios en sus ingresos. Comprar una propiedad no tenía por qué ser la mejor opción.
27Ni las cédulas personales ni los censos electorales permiten responder a estas incógnitas. Pero por su propia naturaleza, ambas fuentes sí permiten esbozar una última cuestión como es el distinto acceso a la propiedad de la tierra, a las fincas urbanas o a los negocios empresariales. Como se señalaba, los registros administrativos presentados en este capítulo dependían de distintos impuestos que luego se consolidaban en una sola persona. En la mayoría de los casos, desafortunadamente, las fuentes no proporcionan el detalle que permite saber la propiedad de cada tipo de activo. Sin embargo, en otros casos, las fuentes sí informan de esta diversidad de situaciones.
28A modo de ejemplo, en la tabla 3, se presenta el resumen de una pequeña muestra contribuyentes de la ciudad de Cádiz en el censo electoral de 1867. El ejemplo es muy limitado, pues solo incluye a unos pocos centenares de personas que pagaban contribuciones por encima de 50 pesetas. Cádiz era, además, una ciudad próspera en la época y que mostraba una elevada concentración de la propiedad. Este ejemplo ilustra con un extraordinario grado de detalle cómo se combinaba la propiedad de activos inmobiliarios (sujetos a la Contribución Territorial) y de los negocios (que pagaban la Industrial). En total, de casi 300 personas, aproximadamente dos terceras partes eran propietarias de inmuebles y algo más de la mitad, disponían de negocios de distinto tipo. En otras palabras, un número relevante (59 personas o un 20 % del total) de los contribuyentes de Cádiz reunía la doble condición de ser propietario e industrial (o comerciante). Además, como bien se ilustra, esta situación era más frecuente a medida que los individuos declaran un nivel más alto de contribuciones.
Tabla 3. Clasificación de una muestra de contribuyentes por tipo de impuesto (Cádiz, 1867).
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Tramos de contribuciones (en pesetas)
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A
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B
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C
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Todas las contribuciones
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Contribución Territorial (Fincas rústicas y urbanas)
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Contribución Industrial y de Comercio
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|
Sin activos (= 0)
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–
|
108
|
133
|
|
Con activos (> 1)
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300
|
192
|
167
|
|
1
|
49
|
–
|
2
|
6
|
|
50
|
99
|
41
|
32
|
21
|
|
100
|
199
|
89
|
50
|
63
|
|
200
|
499
|
98
|
59
|
57
|
|
500
|
–
|
72
|
49
|
20
|
Fuente: Diputación provincial de Cádiz 1867, varios números.
Nota: la distribución por tramos se hace por separado en cada caso para ilustrar cómo la combinación de cuotas por Territorial e Industrial se consolida en el total de contribuciones.
29Hay razones para pensar que este caso no era anecdótico. Sabemos que muchos agricultores podían a su vez tener otro oficio durante el resto del año, trabajando como herreros, molineros o regentando una taberna. En las ciudades también es fácil de identificar casos de profesionales (abogados, médicos, arquitectos, etc.) o incluso de jornaleros que disponían de propiedades urbanas o de fincas en el campo26. Son infinidad de situaciones que los historiadores a menudo pasamos por alto dada las limitaciones de las fuentes. A modo de conclusión, en la tabla 4, se estima cuál podría ser el número de propietarios de activos inmuebles en España. Este cálculo se inicia con los propietarios según las cédulas y lo pone en relación con los contribuyentes por la Contribución Industrial. El supuesto implícito es que en este último impuesto el número de contribuyentes registrados se aproxima mejor al de personas dado que era muy infrecuente desarrollar actividades mercantiles en diversos municipios. El punto clave radica en estimar el número de propietarios de fincas asumiendo que el porcentaje de aquellos que a su vez eran contribuyentes por Industrial. Los números indicados son meramente aproximativos pues lo más probable es que no hubiese un porcentaje fijo de coincidencia en este periodo, sino que este fuera incrementándose. De esta manera, no hay razón para dudar del aumento en el acceso a la propiedad inmueble, pero sí obliga a los historiadores a seguir pensando en las pautas y mecanismos que explican este proceso.
Tabla 4. Estimación del número de propietarios por tipo de activo.
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Año
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Total de propietarios (Cédulas personales)
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Propietarios con negocios (Contribución Industrial)
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Propietarios con activos inmuebles (Contribución Territorial)
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Coincidencia del 10 %
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Coincidencia del 50 %
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1889
|
1.935.772
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365.141
|
1.607.145
|
1.753.202
|
|
1904
|
1.892.188
|
380.526
|
1.549.715
|
1.701.925
|
|
1926
|
2.001.637
|
641.216
|
1.424.543
|
1.681.029
|
Fuente: véase tablas anteriores y texto.
30Reconociendo el carácter tan provisional de estas cifras, que el número de propietarios de activos inmuebles se moviera en una horquilla de entre 1,5 y 1,7 millones de personas no es una cifra que deba pasarse por alto. Es una magnitud muy superior al millón y pico (1,16 millones) de «patronos» identificados en la agricultura según el censo de 1920, pero cercana a la suma de «propietarios» (200 mil) y de «colonos, arrendatarios y labradores» (1,4 millones) del censo electoral de 1907.27 Como señalaba antes, la condición de propietario estaba lejos de ser mayoritaria si se pone en relación con el número de hogares (aproximadamente 5 millones de familias, o un 32 % del total), pero tampoco era una proporción insignificante.
31En este capítulo he argumentado sobre la importancia de que los historiadores hagan un esfuerzo sincero al utilizar las categorías sociales más habituales de la sociedad liberal decimonónica. Los conceptos de «propietarios» y «jornaleros» aparecen de forma recurrente en multitud de fuentes de la época, pero su uso y significado estuvo lejos de ser inequívoco, más bien al contrario, hubo un uso muy diferenciado en función del tipo de registros. En los censos de población, y también en los padrones municipales, existía un margen bastante amplio entre la declaración de los interesados y los criterios que imponían los agentes del Estado. La familiaridad de estas fuentes no debe ocultar que había situaciones asimiladas a la fuerza, como, por ejemplo, el trabajo familiar que en gran medida estaba concebido como parte de la condición de «jornalero», o simplemente no estaba registrado en el caso de las mujeres, incluidas en «sus labores». Equiparar la prevalencia del concepto de jornalero con el trabajo asalariado supone una enorme simplificación que va contra la lógica de muchas otras fuentes históricas.
32La principal alternativa consiste en acudir a los registros administrativos y, especialmente, de las fuentes asociadas a las elecciones censitarias y al impuesto de cédulas personales. En este caso, el historiador está tratando únicamente con las categorías que imponían los dos principales impuestos directos de la época, la Territorial y la Industrial, y deja de lado la diversidad de conceptos que utilizaban los protagonistas históricos. Sin embargo, al menos desde esta óptica, los investigadores pueden estar seguros de que las definiciones empleadas son mucho más homogéneas en un periodo relativamente largo de más de medio siglo.
33El lector tiene derecho a pensar que todo este trabajo plantea una tarea larga y ardua, lo cual es bastante cierto. Pero esta conclusión va acorde con la magnitud del problema originalmente planteado: ¿Qué significaba ser propietario en el largo siglo XIX? ¿Qué efectos tuvieron las reformas liberales? ¿Fue España una excepción marcada por la prevalencia de una masa de jornaleros? Estas preguntas merecen ser abordadas desde una nueva mirada que vuelva sobre muchas fuentes hasta ahora olvidadas.