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Colloques | 2008
Coloquio Internacional GRESCH: "¿Chile de país modelado a país modelo?" (Santiago, 5 y 6 de septiembre 2007) – Coloquio realizado en la Biblioteca de Santiago de Chile el 5 y 6 de septiembre 2007
Martín Tironi et Francisco Carreras

Expectativas de equidad y ciudadanía social: Desafíos de legitimación e integración de la democracia chilena.

[14/01/2008]

Résumés

One of the most important challenges of the current democratic order in Chile refers to the need to satisfy the citizenship’s expectations of equity and fairness.  These expectations are fundamentally related with the demand for protection of social rights.  The existing institutional framework has not been able to respond adequately to these expectations as a result of the emphasis that public administration has placed on economic growth and rights associated with free entrepreneurship according to individual efforts and abilities. The political system’s requirement for legitimacy requires, however, an adequate response to these yet unanswered expectations.  Being able to comply and satisfy them not only fosters the material integration of the population, but also contributes to the generation of symbolic mechanisms of social integration, from which subjects can recognize themselves as members of a community of equals.

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Texte intégral

“Todo esfuerzo por construir una sociedad igualitaria sin individuos libres o por afirmar la libertad individual, pero sin sentido de solidaridad, transforma a la sociedad o bien en una prisión o bien en una selva.”
Bernardo Sorj

Diagnóstico: Incremento de las Expectativas de Equidad

1En Chile el debate político de los últimos años ha estado fuertemente marcado por el tema de la desigualdad. Basta recordar lo sucedido en las dos últimas elecciones presidenciales. En el 2005 las cuatro candidaturas a la presidencia pusieron la problemática de la equidad en el centro de sus respectivas campañas. Previamente Ricardo Lagos logró ganar la elección bajo el lema ‘crecer con igualdad’, y en la actualidad figuras eclesiásticas han vuelto a poner este tópico en el centro de la discusión refiriéndose a la necesidad de establecer un “salario ético”.

2Esta preocupación viene corroborada por antecedentes empíricos que ubican a Chile dentro de los países con peor distribución del ingreso del mundo. Aunque los resultados de la encuesta Casen 2007 establecen una mejora en los niveles de pobreza, la brecha social no muestra una reducción significativa: el decil más rico concentra el 56% de los ingresos, frente al exiguo 4% que alcanza el decil más pobre.

3Planteamos que la relevancia que adquiere la problemática de la desigualdad en los círculos políticos, tiene su correlato sociológico en el incremento de expectativas de equidad de la población, lo que exige desafíos considerables para el régimen democrático.

4Las expectativas de equidad definen lo que Rawls denomina “índice de bienes primarios”, es decir, el acceso a un conjunto de derechos, libertades, oportunidades, poderes, ingreso y riqueza, que en una sociedad determinada una persona puede razonablemente esperar (Rawls 2002). Una sociedad justa – plantea Rawls – es aquella capaz de garantizar los derechos y libertades básicas, que no varían en su distribución, y el acceso en condiciones de equidad a aquellos bienes primarios que sí varían, como el poder, el dinero y la riqueza.

5El incremento de expectativas de equidad queda evidenciado en el Estudio Genera 2006, el cual indaga acerca de cómo la población nacional comprende y asocia la noción de ‘derechos ciudadanos’3. En éste, conceptos como salud (38%), seguridad y protección (29%), igualdad (25%), educación (23%) y trabajo (17%) aparecen todos por sobre el derecho a votar y elegir (13%).

6Cuando le digo ‘derechos ciudadanos’, ¿qué ideas vienen a su mente?

7Igualmente, al inquirir a la población por los derechos más importantes de proteger hoy en Chile, las cinco primeras menciones son educación, salud, derecho a la vida, igualdad ante la ley y vivienda. A excepción del derecho a la vida, los cuatro restantes hacen alusión a expectativas de equidad y protección social, lo que reflejaría la demanda actual por aminorar las diferencias socioeconómicas a través del establecimiento de mínimos sociales.

8¿Cuáles son los derechos más importantes de proteger o garantizar hoy en Chile?

9Esta tendencia a revindicar el valor de la igualdad es coincidente con los datos de Lationobaromentro 2006, en el que Chile aparece como el segundo país de América Latina en que más se asocia el concepto de democracia con igualdad y justicia4.

10Estos antecedentes darían cuenta de una evolución en la percepción ciudadana a revindicar valores de igualdad y protección social que los actores políticos y la institucionalidad existente no han logrado atender cabalmente, producto del predominio de un modelo de desarrollo y de gestión pública que ha tendido a enfatizar el crecimiento económico y a aquellos derechos asociados a la autonomía y el libre emprendimiento, según las capacidades y esfuerzos individuales.  

11Esta tendencia reflejaría una ampliación del horizonte normativo de la sociedad chilena en relación a la situación de comienzos de los 90’, período en que las demandas asociadas a libertades civiles y derechos políticos iban en consonancia con los objetivos de gobernabilidad que planteaba el regreso a la democracia.

12Resulta clara la dificultad del régimen democrático actual para satisfacer y realizar el conjunto de expectativas de equidad de la ciudadanía. Esta brecha entre expectativas sociales y marco institucional/normativo requerido para realizarlas, es lo que estaría generando una inflación en la percepción de vulneración de derechos5.

13El desacoplamiento entre expectativas y marco institucional se explica en parte por la reducción que ha sufrido el Estado en sus atribuciones. Se produce así un reemplazo, a partir de la década de los 70’, del principio de asistencialidad por uno de subsidiariedad en lo que refiere a la provisión y prestación estatal de servicios básicos. El Estado ya no es el eje coordinador ni la institución que garantiza el cumplimiento de la mayor parte de las funciones sociales (Cousiño y Valenzuela 1994; Mascareño y Mereminskaya 2005). A juicio de Norbert Lechner, este nuevo orden genera una serie de sensaciones de frustración y desprotección, pero sobre todo un proceso de crisis de expectativas ante una incapacidad institucional de satisfacerlas (Lechner; 2002).

14Bajo los términos recién descritos, lo que nos interesa es establecer la relación que se produce entre el incremento de las expectativas de equidad con los fenómenos de desvalorización de la democracia y desafección política, en el contexto de un Estado que ha visto limitada su capacidad de asegurar la integración material y simbólica de la sociedad.

La Demanda por Derechos Sociales

15A nuestro entender, las actuales expectativas de equidad de la población se relacionan, de acuerdo a los datos antes comentados, con una demanda de protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante DESC o derechos sociales).

16En términos históricos, los derechos sociales emergen durante el siglo XX en la tercera fase de desarrollo de la doctrina de los derechos humanos, con posterioridad a los derechos civiles (siglo XVIII) y los derechos políticos que se afirman a partir del siglo XIX.

17Los DESC representan un paso significativo en la evolución normativa de la sociedad. Ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 consignaba tanto derechos civiles y políticos (también llamados derechos liberales) como derechos sociales. Éstos vendrían a formalizarse en 1966 cuando Naciones Unidas aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual entra en vigencia diez años después.

18Los DESC cubren derechos tales como la educación, el trabajo, la protección de la salud, vivienda, alimentación, seguridad social, nivel de vida adecuado, expresión cultural, entre otros. Su protección plantea un desafío ético para toda comunidad o nación, en tanto implica asumir que la desigualdad social y la pobreza no son fruto únicamente del mal funcionamiento del mercado, sino que responden también a cierta reticencia a reconocer el carácter universal e integral de los derechos humanos (Salvat 2002).

19El conjunto de derechos humanos (civiles, políticos y sociales) es un producto histórico, según el cual la sociedad moderna ha sido capaz de traducir los sentimientos, expectativas y valores de los agentes sociales en un momento determinado. Ser titular de derechos es una puerta de entrada a una sociedad, al tiempo que establece un límite a la autoridad del Estado y a la acción del mercado, impidiendo la coacción e inhibiendo la generación de inequidades (Ottone, Pizarro; 2003).

20Los diversos tipos de derechos especifican formas de relación entre individuo y Estado, esto es, expresan diferentes tipos de ciudadanía:

  • Ciudadanía civil: Se desarrolla fundamentalmente como mecanismo de defensa del ciudadano frente al poder del Estado (resguardo de la integridad física y psíquica, libertad de expresión, etc.). Los derechos civiles limitan la acción del Estado y garantizan la libertad de las personas en materia de exclusiva soberanía de las mismas (Ottone, Pizarro; 2003).

  • La ciudadanía política apunta a la participación del ciudadano en las decisiones de la comunidad (derecho al sufragio, delegación de representatividad, autodeterminación política, etc.). Este tipo de ciudadanía requiere de instituciones representativas mediante las cuales las personas puedan expresar su voluntad.

  • La ciudadanía social refiere, de acuerdo a TH. Marshall, a que cada ciudadano pueda “gozar de lleno de la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado de acuerdo con los niveles que prevalecen en la comunidad” (Marshall 1998). Marshall fue el primero en plantear la distinción entre ciudadanía civil, política y social. Concretamente, este último tipo de ciudadanía plantea un conjunto de prestaciones que garanticen o promuevan el bienestar equitativo de una sociedad. La ciudadanía social busca compensar el desfase entre igualdad jurídica y desigualdad social, tratando de generar condiciones mínimas de equidad y de protección a las personas.

21De esta forma, una vez materializada la ciudadanía civil y política, la democracia moderna plantea el paso a la ciudadanía social, la cual se desarrolla en interdependencia con las dos anteriores. En la medida en que éstas no logran mitigar la desigualdad que resulta del funcionamiento del mercado, la ciudadanía social emerge como un mecanismo de contrapeso indispensable. Ésta consagra los llamados derechos de segunda generación o derechos sociales. Es ciudadana no sólo aquella persona a la que la comunidad le reconoce y protege los derechos civiles y políticos, sino también aquella que logra un mínimo de bienestar a través del reconocimiento y resguardo de sus derechos sociales (Cortina 1998).

Progresividad y dilemas de los derechos sociales

22Los derechos humanos, desde un punto de vista normativo, son indivisibles (Declaración de Viena 1993) en la medida que se refuerzan recíprocamente y amplían la ciudadanía. A medida que los DESC prescriben como deber de los Estados el promover mayor integración al trabajo, a la educación, a la información y el conocimiento, se vuelve posible también un mayor ejercicio de los derechos civiles y políticos, mejorando la capacidad ciudadana para participar en el diálogo público. Una ciudadanía integral requiere de medios materiales para su realización efectiva.

23Al mismo tiempo, una mayor igualdad en el ejercicio de derechos políticos, en el sentido de mayor injerencia de los ciudadanos en los asuntos públicos, aumenta las posibilidades de los grupos excluidos de participar en decisiones que inciden en las políticas distributivas, y por ende, permite extender la ciudadanía política a la ciudadanía social (CEPAL 2006). A su vez, el cumplimiento de las obligaciones que prescriben los derechos sociales sólo puede ser fiscalizado y supervisado mediante el ejercicio de las libertades básicas y los derechos de participación política. Sin estos últimos el Estado se apropiaría de la discusión sobre cuáles son las necesidades sociales a satisfacer (CEPAL 2006).

24Nuestro país firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1976, no obstante, su vigencia en la legislación nacional se produce sólo a partir de la vuelta a la democracia. Ello explicaría que el avance sustantivo que se ha producido en el plano de los derechos liberales, no se ha traducido en una mayor titularidad de los derechos sociales, por lo que se vuelve central dinamizar la ciudadanía social como forma de profundizar nuestra cultura democrática.

25A diferencia de los derechos negativos y los de participación, que se instauraran a partir de un acto político, los derechos sociales son parte de un proceso de orientación progresiva y gradual, en tanto requieren de un incremento y mejoramiento de los recursos físicos y humanos, así como instituciones capaces de hacer frente a las demandas sociales y distribuir de manera más justa los recursos existentes (CEPAL 2006). Así, la protección de los derechos sociales debe tener en consideración los medios o mecanismos más adecuados para hacer efectiva su titularidad, tomar en cuenta las restricciones, recursos y desarrollo de un país.

26Con esto no queremos afirmar que los derechos sociales sean secundarios respectos a los derechos civiles y políticos. Si desde un punto de vista normativo no son jerarquizables, desde un punto de vista fáctico deben existir mecanismos jerarquizados de exigibilidad de los derechos, en atención a la disponibilidad de recursos con que cuenta una sociedad. En esto consiste el carácter progresivo de aplicación de los derechos sociales. La sociedad debe ponerse de acuerdo acerca de cuáles son los mínimos sociales, económicamente factibles, que se han de garantizar a todos sus miembros (CEPAL 2006).

27Las consideraciones normativas en esta materia son también relevantes no sólo porque pueden determinar el diseño de la política pública, sino también porque constituyen un campo donde se entrecruzan diferentes concepciones sobre lo que son los derechos, la igualdad, el rol del Estado, entre otros temas.

28Esta discusión tiene como antecedente el período de la Guerra Fría, en que cada uno de los bloques en disputa se erigía como defensor de los derechos humanos. Mientras Occidente priorizaba los derechos liberales, es decir, los civiles y políticos, el Bloque Soviético ponía el énfasis en los derechos sociales. Tras la caída de los socialismos reales a fines de la década del 80` y el triunfo del libre mercado como modelo hegemónico de desarrollo, no obstante, los derechos sociales entran en un proceso de desprestigio en las políticas de los gobiernos, con lo que se debilita la bandera de la igualdad y “tiende a imponerse una idea normativa de libertad en cuyo altar cabe inmolar toda intervención estatal redistributiva” (Ottone, Pizarro 2003).

29Los DESC comienzan a mirarse con suspicacia los derechos sociales en tanto se teme que las demandas que subyacen a éstos conlleven un proceso de estatización y uniformidad de la sociedad, donde el valor de la igualdad pase a primar por sobre la libertad personal, anulando la creatividad y favoreciendo el paternalismo. Incluso, algunos enfoques liberales cuestionan el que se hable de derechos sociales, planteando que se trata más bien de necesidades a satisfacer en el mercado.

30El objetivo de minimizar las desigualdades de origen consagrado por los DESC, contrasta con perspectivas que comprenden la equidad fundamentalmente como un incremento en las condiciones de igualdad de oportunidades o como mera igualdad jurídica y política de los sujetos. Una noción más restrictiva de los derechos humanos se opondrá a utilizar el poder del Estado para intervenir, depositando la confianza en el mercado y en el crecimiento económico como mecanismos para atenuar las desigualdades en las condiciones materiales de vida de las personas (Esquella 1995).

31La antinomia libertad/igualdad, o si se prefiere, derechos liberales/derechos sociales se vuelve – a nuestro entender - inconducente desde el momento en que la sociedad concuerda en que ambos son fundamentales para el desarrollo democrático. La idea que se impone con fuerza en la actualidad es que la democracia es capaz de hacer confluir los intereses y libertades personales con las necesidades generales de equidad y solidaridad. Más allá de los maniqueísmos, hoy la sociedad no puede abandonar a la libertad en nombre de la igualdad, ni tampoco renunciar a la igualdad en nombre de la libertad (Bobbio 1995).

Equidad y Legitimidad Democrática

32En nuestro país la relativa desprotección de los derechos sociales está en consonancia con la reducción que sufre el Estado en su actividad prestacional. Esto a su vez se acompaña de una creciente desvalorización de la democracia y cierta indiferencia hacia la actividad política. Los signos de desafección política han sido recogidos por múltiples estudios6 y se expresan también en la baja adhesión a partidos y coaliciones, y la escasa renovación del padrón electoral. Algunos autores se han referido a este proceso en términos de una despolitización de la sociedad chilena (Cousiño y Valenzuela 1995; Larraín 2001).

33Jürgen Habermas (1981) relaciona el problema de la despolitización a una legitimidad decreciente a la que se expone el sistema político en el contexto de una consolidación de la economía de mercado. El concepto de legitimidad nos remite al hecho de que todo sistema político supone un modelo de autoridad, que implica una diferenciación entre un cuerpo gobernante y una masa de gobernados

34Antes que la sumisión física, un modelo de autoridad requiere de nuestro consentimiento y cooperación (Ricoeur 2001). El cuerpo gobernante reclama la pretensión de legitimidad, es decir, el reconocimiento por parte de los gobernados. A su vez, los gobernados deben desarrollar la creencia en la legitimidad de la autoridad (Weber 1994), esto es, deben creer que las decisiones y procedimientos llevados a cabo por ella son válidos y merecen reconocimiento social. Los gobernados se someten a la autoridad no tanto en virtud de la fuerza, sino porque creen que el cuerpo gobernante ostenta una posición legítima que le permite ejercer el poder.

35En condiciones actuales, ¿cómo es posible asegurar la legitimidad de nuestro régimen democrático, frente a la insatisfacción de las expectativas de equidad en la ciudadanía? Las naciones en que ha prosperado el Estado de Bienestar ensayaron una solución parcialmente exitosa a esta problemática precisamente en el entronque de ambos requerimientos (pretensión de legitimidad y expectativas de equidad).

36A medida que se eleva el desarrollo económico de una sociedad, la población sólo es capaz de brindar legitimación al sistema político en la medida que el Estado sea eficiente en la actividad prestacional, de modo de garantizar la satisfacción de las necesidades materiales de los sujetos.

37El régimen democrático, en condiciones de bienestar y desarrollo sostenido, se encuentra cada vez más en condiciones de asegurar derechos de acceso y participación en cada vez más subsistemas, se trate de mercados, empresas, puestos de trabajo, de cargos, tribunales, escuelas, hospitales, teatros y museos, etc. (Habermas 1998). Pero esta fórmula demuestra sus falencias en el momento mismo que las demandas sociales se elevan a un nivel superior a las capacidades prestacionales que el Estado puede ofrecer, dando lugar a una crisis de input de lealtad de masas, una crisis de legitimación (Habermas, 1981).

38La deuda pendiente en nuestro país respecto a satisfacción de expectativas de equidad puede saldarse en la medida que existan mecanismos efectivos que hagan posible la exigibilidad de los derechos sociales, por un lado, y políticas públicas que eleven la calidad y cantidad de prestaciones que el Estado entrega, por otro. Sin embargo, el aumento de las prestaciones estatales no consagra por sí sola el paso hacia a la ciudadanía social de la que habla Marshall, pues los derechos sociales pueden también ser otorgados en términos paternalistas, posibilitando una clientelización de la ciudadanía.

Evolución normativa y extensión de la ciudadanía

39Desde el punto de vista normativo, los derechos sociales vienen a garantizar el cumplimiento de las legítimas aspiraciones a una participación justa de la riqueza social. No obstante, desde un punto de vista funcional validaron la expansión de la burocracia estatal ocurrida bajo el Estado de Bienestar (Habermas 2001). Adela Cortina coincide en que la experiencia política del Estado benefactor dio lugar a una ciudadanía pasiva, “acostumbrada a recibirlo todo del Estado-providencia” (Cortina 1998), lo que sería una contradicción en los términos, pues “ciudadana es la persona protagonista de su vida personal y compartida, no la que depende de señores feudales”.

40Frente a estos peligros, Habermas deja entrever sus reparos respecto a que la llamada ciudadanía social sea situada en un nivel superior de la evolución normativa de la sociedad. A juicio de este autor, sin desconocer la importancia que adquieren los derechos sociales en la vida moderna, sólo los derechos políticos podrían consagrar efectivamente el ejercicio de la ciudadanía en el sentido estricto del término (Habermas 1998). Reconociendo la validez de este argumento, creemos que el asunto no estriba en invertir el problema situando ahora a los derechos políticos por sobre los sociales, lo cual iría en contra de la doctrina de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.

41Lo que se recoge aquí es la necesidad de que las políticas sociales que tengan como objeto el resguardo de los DESC, se lleven a cabo en simultaneidad con mecanismos que permitan el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos en torno a decidir y participar en determinadas etapas del diseño y la gestión de la política social. Igualdad sin participación es paternalismo autoritario de Estado, del mismo modo que participación sin verdadera equidad es cooptación de la ciudadanía y sus organizaciones.

42La demanda por mayor equidad no implica sólo un involucramiento estatal activo que permita la provisión de servicios que aseguren la protección de los derechos sociales, sino también que el propio Estado establezca espacios de deliberación y participación sobre las condiciones en que se realiza dicha protección.

43Si el tránsito de un Estado subsidiario corregido hacia una nueva fórmula de Estado benefactor se desarrolla conservando el carácter eminentemente técnico de gestión de la actividad prestacional - sin mecanismos de inclusión política que involucren participación social en la toma de decisiones - es probable que se utilice un remedio que agrave la enfermedad. Es decir, que la satisfacción de necesidades materiales en vez de mitigar, pueda transitoriamente estimular aún más la despolitización social.  

44De lo anterior, se desprende la necesidad del sistema político de dar paso a una solución a los problemas de legitimidad en el largo plazo. Ello implica que las fuentes de legitimación que respaldan moralmente el modelo de autoridad encuentren anclaje en el mundo-de-la-vida7, en el compromiso subjetivo hacia la democracia. En virtud del desarrollo de la sociedad moderna actual esto sólo es posible, para Habermas, en el contexto de un estadio normativo posconvencional en el cual las legitimaciones sólo pueden asegurarse por medio de un proceso de formación autónoma de la voluntad popular, sobre la base de principios universales deliberativamente formulados como los derechos humanos y los valores democráticos.

45El estadio posconvencional de la evolución normativa define una moral pública capaz de “articular principios racionales de convivencia (...) para individuos que, procedentes de diferentes comunidades de creencia, se encuentran condenados a entenderse para vivir dentro de una misma sociedad. Este entendimiento sólo podrá alcanzarse ya en la dimensión política, que define a los individuos, en cuanto ciudadanos, como sujetos racionales con igualdad de derechos” (Alútiz 2004).

46El estado actual del desarrollo normativo de las sociedades se expresa con claridad, como hemos dicho anteriormente, en la instauración de principios y valores que consagra el régimen democrático, como también al conjunto de derechos y libertades que consigna la doctrina de los derechos humanos. Todos éstos definirían - en términos de Durkheim – el momento actual de la conciencia colectiva en un nivel abstracto y no necesariamente empírico, pero sí estructurante de instituciones y prácticas.

47En tal sentido, la protección de los derechos sociales en nuestro país – en términos de una comprensión normativa de lo que lleva aparejado la noción de ciudadanía y no como asunto meramente técnico o económico - se vuelve hoy una necesidad ineludible no sólo porque hacia allá apuntan las demandas principales de la población, sino también por los requerimientos de legitimidad política e integración social.

Cultura de derechos e integración social

48El problema de cómo asegurar la integración social frente a los embates de los procesos de modernización no reside en un momento único de la historia de Occidente. Cada transformación sustantiva de las sociedades lleva aparejada esa pregunta, cuya respuesta no puede plantearse en forma unívoca.

49Tradicionalmente el concepto de integración social refiere a un conjunto de normas, creencias y sentimientos fuertemente consensuados entre los miembros de una sociedad que permite a las personas percibirse pertenecientes a un proyecto común, a un Nosotros. Para Durkheim en ausencia de esta ‘conciencia colectiva’ u horizonte de sentido compartido sería la ley del más fuerte la que reina.

50Con el devenir de los procesos destradicionalización de la sociedad, la integración ya no puede descansar sólo en la cultura, en universos semánticos de símbolos y valores; se requiere también de la eficiencia de mecanismos institucionales que permitan ligar estos fundamentos simbólicos con las condiciones materiales de existencia. La posibilidad de un ‘Nosotros’ compartido que despierte adhesión entre las personas precisa de un ideario normativo, pero también debe expresarse y recrearse en la convivencia social, en la cotidianeidad del ciudadano. En definitiva, la integración en sociedades democráticas requiere de ‘puentes’ que permitan disminuir la distancia entre los ideales normativos y la vida real de las personas.

51Para Lechner, en el caso de Chile los valores de la democracia no están produciendo significados comunes ni logran permear las experiencias cotidianas, generándose una desvinculación emocional hacia el régimen democrático. Ello ha derivado en un ‘debilitamiento del imaginario colectivo’ (Lechner 2006). Este autor teme que el piso subjetivo de la democracia se fragilice, que ésta permanezca huérfana de afectos y compromisos, relegando a la política a una cuestión puramente administrativa y procedimental. A su juicio, al margen de los logros de gobernabilidad, la democracia chilena no ha sabido en la práctica producir un sentido colectivo que permita a los ciudadanos apropiarse de la realidad y recrear un Nosotros aglutinador.

52Desde nuestra perspectiva, una sociedad que deja de producir estos significados que posibilitan la integración, da cuenta de una cultura que se ha vuelto incapaz de promover los valores asociados a la dignidad y los derechos de todas las personas. Es aquí donde se torna necesario pensar en una ‘cultura de derechos’ como un nuevo ideario cohesionador.

53La progresiva institucionalización de los derechos sociales contribuye a la integración material de la sociedad, en tanto posibilita a las personas, independientemente los méritos y la condición social, participar de un ‘mínimo civilizatorio’. Para el Consejo de Europa la integración es concebida precisamente como integración material, esto es, como la capacidad de una sociedad de asegurar el bienestar de todos sus miembros, minimizando disparidades y permitiendo el acceso equitativo a los recursos disponibles (Consejo de Europa 2005).

54Con todo, la titularidad de los derechos sociales no sólo posibilita esta integración material, sino que contribuye también a plasmar ciertos valores y principios democráticos sin los cuales la sociedad pierde rumbo y debilita su poder integrador. Las prestaciones materiales en el ámbito de la salud, educación, previsión, vivienda, etcétera, son herramientas que garantizan la inclusión de las personas en el desarrollo del país, pero también en cuanto derechos poseen una función preformativa, en tanto permiten a los sujetos auto-percibirse como pertenecientes a una comunidad de iguales y, por ende, dar un fundamento emocional-subjetivo a la integración material. En suma, si bien los derechos sociales no garantizan la integración simbólica, contribuyen a ésta última al profundizar la recreación de los valores democráticos en al menos tres aspectos: i) posibilitando el desarrollo de consensos compartidos en torno a mínimos normativos a garantizar ii) facilitando que valores éticos de solidaridad e igualdad sean difundidos en los lazos sociales e institucionales y iii) fortaleciendo el reconocimiento social y el respeto a la dignidad de todas las personas.

55Planteamos que una forma de revertir la desvinculación emocional con la democracia es promoviendo el desarrollo de una cultura de derechos, y a través de ella generar los recursos simbólicos y materiales para el diálogo, la participación y la equidad entre los ciudadanos. Avanzar en la universalidad de los derechos sociales y en los niveles de protección que éstos exigen, permite que la democracia vaya tomando cuerpo en situaciones concretas, pero sobre todo que las vivencias subjetivas de las personas formen parte de un horizonte común. Los derechos sociales también permiten que el ideal de sociedad justa y equitativa se extienda en la cotidianeidad de las relaciones sociales, en el ámbito privado y público, como también en la dimensión institucional y cultural. Una cultura de derechos posibilitaría que los principios de igualdad y libertad que consagran las democracias modernas superen el plano de las utopías, y se practiquen en la interacción social misma, para volverse parte de un “sentido común” que sirva de fundamento para nuestra convivencia.

Conclusiones.

56El incremento de expectativas de equidad comporta desafíos significativos en torno a cómo lograr satisfacerlas en un contexto de un Estado que ha visto reducida sus atribuciones, fundamentalmente en lo que respecta a la protección de los derechos sociales de igualdad y de garantía de los derechos de participación política. Aun cuando esta satisfacción de expectativas se torna imperiosa, tanto frente a los requerimientos de legitimidad política como de integración social, lo cierto es que estas demandas deben ser comprendidas mucho más allá del mero acceso a servicios y prestaciones.

57En tal sentido, el progresivo cumplimiento de los derechos sociales depende en gran medida de los recursos disponibles, pero también del compromiso de los diversos actores políticos y sociales para fijar un mínimo civilizatorio para todos los individuos independientemente los méritos.  

58Se debe advertir, no obstante, que el hecho de asegurar mayor cobertura y calidad de servicios tales como la salud, la educación o la previsión no va de suyo aparejado de una mayor adhesión de la ciudadanía hacia el régimen democrático. Un ciudadano que alcanza un estándar de vida digno no necesariamente participa, ni se involucra más en las decisiones públicas. Los desafíos de legitimación que experimenta nuestra democracia no se reducen a la necesidad de efectuar cambios en las orientaciones de las políticas de protección social. Se requiere también de mecanismos de inclusión política, tanto en la apertura de las estructuras de participación, como en la corrección de las falencias actuales de las estructuras de representación.

59La ciudadanía social, entendida sobre la base de la titularidad de derechos sociales, posibilita la integración material en el marco de una comunidad política, permitiendo ‘aterrizar’ y formalizar ciertos valores de la democracia. Así, la protección y ejercicio de los derechos sociales contribuye también a la integración simbólica de la sociedad, al consagrar y poner en práctica los principios de igualdad y solidaridad. Esto, a su vez, permite recrear y fortalecer la base ética y cultural de la democracia, entendida como una cultura de derechos, sin la cual el régimen democrático se transforma en mera técnica de administración del poder y competencia de elites.

60Por último, consideramos que las expectativas de equidad postergadas, no pueden encontrar satisfacción exitosa bajo el supuesto de que ésta depende del mero desarrollo material. En tal sentido, el resguardo de los derechos sociales no es cuestión de tiempo, ni de eficiencia tecno-política. La tesis según la cual el crecimiento por sí solo va a mejorar las condiciones de vida de las personas diverge abiertamente de la teoría acerca del carácter progresivo de los derechos sociales, pues éste comprende también consensos éticos y voluntades políticas.

61Las comunidades humanas avanzan en el umbral civilizatorio no porque sigan leyes naturales, sino porque son capaces de darse a sí mismas sus reglas de convivencia. El desarrollo social – al no ser fruto de un proceso espontáneo - exige más que nunca la conducción normativa del crecimiento económico.

Agradecimientos

62Este artículo no hubiese sido posible sin la ayuda de muchas personas que, directa o indirectamente, facilitaron su realización. Queremos agradecer a la organización Genera y todo su equipo humano, particularmente a su Directora, María Eugenia Díaz, por brindarnos la confianza y oportunidad de desarrollar estas ideas. No obstante, los errores y limitaciones que puedan contener estas páginas son de exclusiva responsabilidad de los autores.

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Notes

1 Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador Área de Estudios, Genera.
2 Sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado. Investigador Área de Estudios, Genera.
3 Este esquema se desprende de la elaboración de una “red semántica”, cuyo objetivo consiste en reconstruir la malla de significados asociados a un concepto particular. En este caso, el concepto a desagregar es el de “derechos ciudadanos”. Las personas podían mencionar espontáneamente hasta cinco términos que relacionaran al concepto original.
4 Este resultado se obtiene a partir del total poblacional en América Latina que asocia democracia con igualdad, excluyendo todas las demás asociaciones posibles. Es necesario decir, sin embargo, que en todos los países de la región – a excepción de Uruguay - la democracia se asocia en primer lugar con libertades civiles e individuales.
5 El Estudio Genera 2006 constata que 50% de la población reconoció haberse visto enfrentada en el último año a una situación en que sus derechos no fueron respetados, y el 77% considera que en Chile los derechos de las personas se respetan poco o nada.
6 Según el informe PNUD 2004 apenas la mitad de la población se manifiesta a favor de la democracia como mejor forma de gobierno. A esto se suma el hecho de que en la actualidad un 45% de la población no se identifica con ninguna tendencia política (CEP 2007).
7 Habermas asocia el concepto de mundo-de-la-vida a la constitución social de marcos de sentido que sirven para interpretar y actuar en la realidad. Éstos remiten a un conjunto de patrones de interpretación que son transmitidos culturalmente y organizados lingüísticamente (Habermas, 1981).
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Pour citer cet article

Référence électronique

Martín Tironi et Francisco Carreras, « Expectativas de equidad y ciudadanía social: Desafíos de legitimación e integración de la democracia chilena. », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 14 janvier 2008, consulté le 23 août 2019. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/11402 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.11402

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