4Un paso decisivo sería dado si los gobiernos argentino y uruguayo realizaran un esfuerzo para crear en alguna universidad un centro especializado en esta clase de estudios. No es el tipo de cosas que pueden hacerse de un día para el otro, pero con un conflicto que lleva ya varios años y que tiene todos los visos de amplificarse en los años venideros3, es una medida que resultaría muy útil no sólo frente a la actual situación sino de cara al futuro. Desde este punto de vista, debe inscribirse el conflicto actual en el marco de la industria papelera en su conjunto, e incluso en la relación de la industria con el medio ambiente. Como no dejan de señalarlo algunos de los trabajos incluidos en este dossier, este tipo de organismo ayudaría a regular el altamente deficitario estado de algunas de las pasteras argentinas –y brasileras-, por no citar otros ejemplos, como los de las curtiembres que tanto impacto tienen en varios puntos de la cuenca del Plata. Porque uno de los problemas fundamentales en juego es la cuestión del riesgo ambiental, tanto a nivel de los efectos de la actividad industrial en condiciones normales de funcionamiento de las fábricas, como en el de los eventuales accidentes. Ninguna industria está exenta de riesgo, y sabemos que los accidentes son tanto más frecuentes cuanto más débiles son los mecanismos de control y de regulación estatal. Incluso allí donde los sistemas de control institucional son sólidos, la contingencia no desaparece. Tómese como ejemplo reciente el accidente ocurrido en Kaunas (Finlandia), en la empresa UPM-Kymmene (accionista principal de Botnia) en 20034.

5Pero no hace falta ir tan lejos para ver los beneficios de una base tan objetiva y consensual como sea posible para la resolución de conflictos por parte de los Estados. Tenemos en el contexto local un buen ejemplo del rol que universidades y profesionales pueden jugar en la resolución de situaciones complejas. En el plano de los derechos humanos, el ya célebre Equipo argentino de antropología forense ha jugado un papel sumamente importante otorgando bases científicas a una discusión extremadamente densa y de altísima sensibilidad política5.

6Pero enseguida nos topamos los problemas de indudable factura política, como el evocado en el trabajo del ingeniero Alexander Ferluc: ¿cuales son las normas ambientales que deberían regir en Fray Bentos? ¿Las de Finlandia? ¿O las “nuestras”? (“Nuestras”: ¿uruguayas, argentinas, rioplatenses o regionales?). Dada la debilidad de las organizaciones ecologistas y de los organismos públicos de regulación en ambas márgenes del Plata, es claro que la posibilidad real de hacer cumplir normas “altas” de defensa del medio ambiente es bastante débil. Podría pensarse que del mismo modo que varios países juzgan in situ los delitos de corrupción realizados por empresas nacionales en el Tercer Mundo, no estaría mal que eso se exigiese también en el caso del impacto ambiental, cuando la empresa en cuestión no cumpla con la normativa sobre el medio ambiente vigente en su país de origen. Pero ello implicaría que los industriales “caseros” –tal el caso de las papeleras instaladas en la Argentina- gozarían de un “derecho de polución” superior al de las multinacionales, como bien dice Ferluc. El problema exige una adecuada reflexión, cuya consecuencia es obvia: habría que obligar también a las fábricas locales a respetar idénticas normas. Pero, ¿quien le pone el cascabel al gato? Los vecinos de Capitán Bermúdez -donde esta una de las fábricas de Celulosa Argentina- algo saben al respecto ya que les toca gozar de las delicias cotidianas del olor a cloro y a huevo podrido. No está demás recordar que Celulosa Argentina –después de haber sufrido uno de esos procesos de adquisición y posterior vaciamiento típicos de la década del noventa- es, desde el año 2002, propiedad de capitales chilenos, brasileños y… uruguayos (¡lo que no deja de ser un detalle picante en el marco de esta polémica!)6. En síntesis, el problema de la localización industrial (y de la normativa que se le aplica en cada caso) no es menor. Hay allí un enorme enjeu económico que probablemente yace en el fondo del problema: el desarrollo económico de los países del Sur reposa actualmente sobre su capacidad para aceptar los costos que las empresas buscan externalizar de sus países de origen. Estos costos son esencialmente fiscales, sociales y ambientales. Es una de las marcas de la llamada “deslocalización” industrial: unas sociedades buscan hacer pagar a otras los costos indeseables de su consumo (ésta es una de las respuestas de la industria, que se ve así empujada a mudarse para hacer frente al problema de la presión fiscal, ecológica y social). Los países más débiles, a su vez, están tan sedientos de inversiones de cualquier tipo que para satisfacer une sequía interminable, ceden con frecuencia casi todo, y terminan compitiendo entre sí por ver quién cede más. La mundialización encuentra aquí un evidente componente nacional con un protagonismo incuestionable de los Estados.

7En relación con la cuestión ambiental finalmente, quisiéramos evocar aquí el espinoso asunto de la intensificación, tanto en el Uruguay, como en Brasil y Argentina, de las plantaciones de especies arbóreas exóticas, fenómeno estrechamente ligado al de las radicaciones actuales y futuras de empresas papeleras en la región. El trabajo que incluimos de Pierre Gautreau muestra algunas de las consecuencias más peligrosas para la estabilidad de los ecosistemas silvícolas de este tipo de actividad conexa con la industria del papel. Todo indica que esta industria va a desarrollarse en forma importante durante los próximos años en una vasta región (el sur del cono sur, Rio Grande do Sul, Misiones)7. Nuevamente hay aquí una serie de cuestiones ecológicas que la mayor parte de los estudios realizados en apoyo de esa industria han minimizado y que exigen de parte de los gobiernos y sobre todo, de las asociaciones y colectivos de la sociedad civil, un  renovado esfuerzo de investigación y de vigilancia ante eventuales contingencias que, lamentablemente, nadie está en condiciones de asegurar que no se van a presentar. El problema de esta “forestación” tal vez no tenga parangón con el desmonte que desde el Chaco hasta la Amazonia enfrenta el subcontinente, pero no por ello es de menor talla.

8Así llegamos a lo que constituye, sin duda, el segundo gran causante del conflicto, paralelo, e incluso anterior, a la cuestión ambiental: el problema del desarrollo económico, sobre todo en una coyuntura en la que ambos países salen de una recesión sin precedentes. Se sabe que ambos temas se encuentran íntimamente ligados. Sin embargo en los márgenes del Río Uruguay las cosas se encuentran irremediablemente separadas: mientras los uruguayos invocan su derecho al desarrollo (frente a inescrupulosos argentinos que están dispuestos a contaminar Riachuelos, cuencas subterráneas, Reconquistas y otros ríos Matanza), los argentinos invocan su irreductible derecho al agua limpia y al aire respirable (frente a inescrupulosos intereses multinacionales y a la traición de sus vecinos orientales prestos a venderse al vil precio de la necesidad). Del lado uruguayo se ha insistido en la importancia de la inversión realizada por Botnia y en su papel como fuente de trabajo en Fray Bentos. Es evidente que para el Uruguay, una inversión industrial como la de Botnia significa mucho, muchísimo en el marco de su (frágil) historia industrial8. Y la cuestión de la fuente de trabajo en el mercado laboral local –si bien la situación actual de estabilidad, con la planta ya en funcionamiento, apunta a un impacto mucho más reducido en términos de empleo- es enorme para una población como la de Fray Bentos (23.000 habitantes) con sus 4.000 operarios trabajando en los momentos iniciales9 La entrevista a François Graña que incluimos en el dossier, muestra hasta que punto este argumento es importante a ojos de los uruguayos. Y no podía ser de otro modo, pensemos sino que ocurriría en Gualeguaychú (73.000 habitantes) si un emprendimiento industrial permitiera crear 13.000 puestos de trabajo. Es tan absurdo no tomar en cuenta estos argumentos, como lo sería desconocer la importancia que tiene el turismo para una ciudad como Gualeguaychú y el temor de que el eventual impacto sobre el medio ambiente ocasionado por la pastera amenace esa fuente de trabajo y recursos. La inversión de Botnia se inscribe para Uruguay en una estrategia de desarrollo de un complejo agroindustrial en torno a la industria del papel. Aprovechando sus recursos hídricos, el país apostó hace veinte años a un complejo de puertos e industrias ligadas al papel que no se limita al caso de la empresa finlandesa: la cuestión se presenta como clave para la coyuntura actual del país. Esto explica en parte la intransigencia del gobierno uruguayo (un gobierno del Frente Amplio que no sólo hereda esta estrategia de desarrollo del gobierno “blanco” de Luis Alberto Lacalle y luego del gobierno “colorado” de Jorge Batlle, sino que criticó fuertemente esa elección en los años noventa10). ¿Cómo explicar ahora la intransigencia del gobierno argentino, que fue hasta llevar al Uruguay frente al Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya, cosa que no hizo ni con Chile ni con el Reino Unido?

11¿Esto exime a la Asamblea de Gualeguaychú de su responsabilidad por el impacto sobre la economía uruguaya de los cortes de ruta que realiza desde hace bastante tiempo? La cuestión no es sencilla, pero imaginemos el cuadro inverso: ¿qué pasaría si movimientos sociales en Chile o Brasil cortaran los pasos a la Argentina? ¿Podrían animarse a hacer algo similar los uruguayos desde su “paisito”? ¿Aceptarían los argentinos tal escenario? Esto es hacer ciencia ficción, pero nos parece que aquí (y eso se ve muy bien en las reacciones uruguayas) surgen rastros de una historia entre un país pequeño y su vecino grandote que viene de lejos. Además, los efectos desastrosos de la crisis argentina de 2001 sobre la economía del Uruguay, dejaron un muy mal recuerdo. Relacionado con este último, hay aquí otro problema, tal la certeza uruguaya de que los acuerdos del Mercosur sólo benefician a sus dos poderosos vecinos Brasil y Argentina, mientras el Uruguay y el Paraguay tienen la impresión de asistir a la fiesta en calidad de comparsas (y esto no parece arreglarse, sino agravarse11). Es cierto que los dos grandes del Mercosur poco y nada han hecho para proteger a sus aliados menores de los desequilibrios evidentes que genera el acuerdo de libre cambio, y que están lejos de promover el desarrollo de los pequeños como un modo de fortalecer el bloque (como en su momento Francia y Alemania lo hicieron frente a los entonces rezagados España y Portugal a través de los famosos “fondos estructurales” que tanto ayudaron a esas economías del Sur). En el caso del Uruguay, los desequilibrios comerciales que tiene con Argentina y Brasil, que efectivamente se presentan comparativamente como potencias industriales y comerciales, son enormes. Un claro ejemplo que mucho tiene que ver con la cuestión de las papeleras: en los años 1990, más del 90% de la inversión extranjera que llegó al Mercosur se instaló en uno de los dos grandes socios. Paraguay y Uruguay han tenido vanas promesas de ayudas para el desarrollo tendientes a enderezar los desequilibrios, pero poco se ha hecho en concreto. Finalmente, debe señalarse que los dos líderes del bloque están demasiado preocupados por los problemas que el otro gran socio le genera a cada uno de ellos como para organizar un proyecto estructural de división internacional del trabajo en el seno del Mercosur.

12Habría muchos otros aspectos que merecerían ser discutidos en este dossier (entre otros, el espinoso tema del tratado del Río Uruguay firmado con Montevideo en 1975 y la disímil interpretación argentina y uruguaya acerca de su posible no cumplimiento por parte del Uruguay12).

13Finalicemos con la constatación de un desacuerdo de fondo y la inmensa dificultad de ambos países (y del Mercosur también) para encontrar salidas. Vistas las cosas desde una de las riveras, estamos en medio de un serio problema ocasionado por las inversiones de una multinacional que, según todos esperan, ganará una fortuna con este negocio13, pero que por otra parte, se desentiende de lo que muchos dan por descontada como una segura catástrofe ecológica. Vistas las cosas desde el margen opuesto, se espera que dé sus frutos el prácticamente único proyecto de desarrollo agroindustrial que el país se diera a sí mismo luego de los frigoríficos de fines del siglo XIX. Sin embargo, el pésimo manejo de la cuestión por parte de las autoridades de los dos países, la ha convertido en un conflicto “nacional” entre los uruguayos y los argentinos. De uno y otro lado se ha dado a entender que es la “patria” o la soberanía lo que aquí está en juego. Así, “El presidente Néstor Kirchner agitó hoy una banderita con la leyenda ‘Fuera Botnia, viva la Patria’ que le acercaron asambleístas de Gualeguaychú al palco oficial del acto por el Día de la Bandera que se realizó en esta ciudad [de Rosario]”14. Y el presidente Tabaré Vázquez se ha cansado de presentar el tema en términos de soberanía nacional, de movilizar al ejército y de crear un clima de confrontación patriótica. Paradojalmente, han pasado a un segundo plano los problemas del tipo de desarrollo económico y el impacto ambiental, ambos temas compartidos entre las dos orillas. Pues si es evidente que la instalación de fábricas de pasta de papel en la margen oriental del río afectará inevitablemente a la vecina orilla, está clarísimo que el camino de desarrollo seguido en ésta otra rivera del río cooperará o entrará en competencia con lo que ocurra del otro lado. Las agriculturas, las estructuras industriales y las posiciones geográficas siguen haciendo del Uruguay y de la Argentina dos sociedades nacidas para cooperar. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que dos gobiernos “progresistas” como son el de Kirchner y el de Tabaré encuentren más fácil apelar al siempre latente espectro de la “nación amenazada” para dirimir un conflicto, en lugar de sentarse a discutir seriamente y con argumentos racionales –surgidos de estudios especializados? No cabe duda de que no es comportándose como guapos de barrio que se puede llevar adelante una discusión serena que vuelva encarrilar las relaciones entre los dos países. Pero cabe preguntarse si esa dificultad no proviene, en parte, precisamente de las propias culturas de izquierda que han llegado al gobierno, cuyos discursos están estructurados alrededor de una matriz nacionalista. El Frente Amplio hoy en el gobierno se organizó desde los años 1970 menos en torno al marxismo que alrededor de una revisión histórica de la figura de José Artigas, batiéndose heroicamente contra el imperio del Brasil, los centralizadores porteños y sus aliados imperialistas15. Y el gobierno de Tabaré Vázquez sacó al Uruguay de la crisis con el proyecto de un “Uruguay productivo” que se opusiera a la especulación financiera, al país de los servicios, y que pudiera así resistir mejor a los malos vientos provenientes del exterior. Y ese exterior inmediato y amenazante tiene dos ejemplos recientes, la devaluación de Brasil cuando el “tequilazo” y la crisis argentina de 2001. Del lado argentino no es necesaria mucha argumentación para recordar la matriz nacionalista del peronismo, sea éste de izquierda o de derecha. Tras haber ganado las elecciones de 2003 con un débil caudal de votos, el gobierno de Nestor Kirchner logró salir del “que se vayan todos” y construir poder con un discurso que encontró en las multinacionales al principal enemigo del país y al responsable directo de la crisis. Estos razonamientos tienen seguramente base cierta. Pero en las condiciones actuales obturan la posibilidad de pensar en las propias responsabilidades y en el hallazgo de caminos de salida. Al contrario, uno y otro gobierno sienten que escuchar lo que el otro pide equivale a una desestabilización de aquello que más ha costado construir. Tal vez tengan algo de razón también en ello, y tal vez de ahí venga lo paradójico de la situación. Pero, ¡que triste panorama! Sobre todo cuando las únicas posibilidades de diálogo están depositadas en las resoluciones de la Corte Internacional o en la figura del Rey de España. Puede entreverse ya que difícilmente alguna de las soluciones propuestas por estas instancias logrará abrir el diálogo. Son los argentinos y los uruguayos quienes están irremediablemente condenados a lograrlo.