1En Chile la asimetría estructural entre-del hombre y la mujer de-proviene de un rígido sistema patriarcal1, implantado desde tiempos de la conquista, basado en el establecimiento de un rol secundario para la mujer y en una tajante diferenciación entre el espacio público y el espacio privado –y sus respectivos roles–. Esta diferenciación institucionalizó la asimetría entre el hombre y la mujer con estereotipos sexistas, e implantó un modelo en extremo patriarcal, donde lo femenino estuvo subordinado históricamente a lo masculino.
2Debido a lo anterior, las relaciones y diferencias de género se han constituido como un importante pilar para la ordenación jerárquica de las relaciones sociales y de poder en Chile. Esta jerarquización desigual en base a los roles sexuales, se expresan en la mujer bajo formas de subordinación y discriminación, tanto institucionales como culturales, constituyendo como consecuencia, una lógica de violencia de género hacia las mujeres.
3La violencia, de manera general, es considerada como una forma de ejercer poder sobre alguien situado en posición de inferioridad jerárquica o de subordinación. Se deduce entonces que la violencia de género “refleja las relaciones asimétricas entre varones y mujeres en cuanto al poder económico, social, moral, psicológico, etc. y perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino”2.
4A partir de estos preceptos, se configura un dispositivo de poder en Chile relacionado con las desigualdades funcionales de los géneros, que revela los patrones culturales desde donde se enmarca y construye la violencia institucionalizada o estructural, “que es aquella que expresa la opresión a las personas por sistemas políticos, económicos y sociales”3. Este dispositivo de violencia estructural se manifiesta más agudamente durante el período de dictadura en Chile, que se caracterizó por la implantación de políticas, ideologías y prácticas continuadas de violencia estatal contra toda la sociedad civil arraigadas en diferentes organismos gubernativos. Parte de los conceptos ideológicos propios de la dictadura sirvieron parta perpetuar y abogar la desigualdad de los géneros y la violencia contra la mujer.
5El golpe militar de Septiembre de 1973 marcó el final del mito de la estabilidad del Estado-nación chileno, constituyéndose una dictadura totalitaria inédita que aspiraba a la refundación de Chile. Desde sus inicios, el gobierno castrense propuso un proyecto restaurador del capitalismo y refundacional de la ‘verdadera’ patria chilena, lo que se manifestaba en la radicalidad de sus propósitos y a la magnitud del terror factual y simbólico acaecido desde entonces. Para la constitución de este nuevo orden social de la nación chilena, los militares adoptaron los valores de jerarquía, disciplina y respeto al orden, autodefiniéndose como los líderes ‘mesiánicos’ de una cruzada ‘salvadora’ de la patria.
6Este nuevo orden se sustentó principalmente con las doctrinas de ‘seguridad nacional’, por medio de la que se justificó la represión y asesinatos posteriores que sufrieron variados sectores de la sociedad civil considerados ‘enemigos internos’. Este modelo político-ideológico de ‘reconstrucción’ y ‘reconciliación’ nacional significó la obnubilación de la participación activa de toda la sociedad civil; a través de una campaña de terror, basada en la premisa de una ‘guerra interna y externa’, por lo cual requerían medidas de acción exhaustivas para ‘salvar a la patria’ del marxismo y comunismo.
7Fue precisamente la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el organismo con el cual se institucionalizó una maquinaria política represiva con una extensa red de agentes e informantes, financiamiento público, centros de detención y tortura, unidades de servicio médico, y contactos con organismos de inteligencia y terrorismo en el extranjero. La DINA -que en agosto de 1977 pasó a llamarse Central Nacional de Informaciones (CNI)- era controlada personalmente por Augusto Pinochet, presidente de la Junta de Gobierno y funcionaba independiente a cualquier otra estructura militar.
8Sin embargo, actualmente a nivel gubernamental, se reconoce que la violencia política y la tortura fue una práctica habitual durante todo el régimen militar. El Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura del año 2004, conocido como el Informe Valech, establece que: “la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas”4. Es así que por medio de la violencia política, los militares imponen un discurso y una práctica autoritaria, instituyendo una lógica de la violencia para toda la sociedad, en tanto política planificada e institucionalizada de este nuevo orden. Una de las aristas de este proyecto de naciente orden social, es la promoción y ejecución de una política-ideológica específica hacia la mujer, como forma de ejercer un poder internalizado y hegemónico en el sujeto femenino, mediante la exacerbación de los roles que tradicionalmente ésta había ocupado en la estructura social, es decir, su construcción de género.
9Este dispositivo de dirección moral e intelectual, ensalzó a las mujeres como pilares de la reconstrucción nacional, exaltando las funciones y roles sociales que le eran propios en el sistema social del período. Además, en un retorno a los valores tradicionales, se hizo necesario que se orientara el discurso y la práctica de las mujeres hacia una recuperación de sus roles inmanentes de esposas y madres. Este dispositivo se institucionaliza públicamente como política en el discurso público, mediante la perpetuación de un sistema de subordinación y dependencia, que relegaba a la mujer al espacio privado y doméstico.
10Para las mujeres disidentes a este modelo ideológico militar, se llevó a cabo una especie de arte de la ortopedia que debía encauzarlas nuevamente en los deberes del ‘ser mujer’. De hecho, la mujer militante de partidos o movimientos políticos, o cualquiera con alguna participación activa en el ámbito público-político “se conformará como un elemento trasgresor y rupturista con el tradicional sistema patriarcal chileno y por ende, con los roles genéricos socialmente asignados. Este es un elemento fundamental para comprender en qué medida las presas políticas sufrieron las prácticas llevadas a cabo por los órganos estatales a la hora de reprimir la subversión”5. Para éstas mujeres ‘desvirtuadas’ los objetivos de disciplinamiento de género, se ejecutaron por medio del instrumento central que es el “poder-terror” desplegado durante las sesiones de tortura.
11De esta forma la violencia política efectuada contra mujeres disidentes apresadas y torturadas durante la dictadura militar, se orientó en gran mayoría a una violencia de género, que iba desde la violencia psicológica -con respecto a su condición de mujer’-, hasta el uso de la violencia sexual6 como método de tortura inicial o reiterado que sumaban una consideración más a la violencia política. De esta manera, las mujeres detenidas por el régimen militar sobrellevaron una represión con pautas de castigos específicos, un trato diferente con respecto a su género. Destaca por esto, el castigo de carácter sexual y de género en sus sesiones de interrogatorio y tortura, que operó con un tipo de ideario social-cultural fundamentado en las desigualdades relacionales entre géneros, y que condujeron a pautas determinadas de castigo marcadas por su condición de mujeres.
12Así, prevaleció una especificidad de género en el castigo a prisioneras políticas en el contexto del régimen militar en Chile durante las sesiones de tortura y prisión política, que se orientaba hacia la re-imposición de un orden social patriarcal resaltado por la dictadura, lo cual produjo una exclusividad tanto en la representación dada a las mujeres para la sociedad y sus significantes, como en las formas determinadas de tortura para ellas, en general, ambas maneras persiguieron disciplinarlas material y simbólicamente. En este sentido, el régimen militar materializó la definición de una política concreta hacia las mujeres durante la dictadura, que se expresó de la forma más tosca y brutal en la tortura sexual, constituyéndose ésta como parte de la totalidad de un dispositivo de disciplinamiento social para alcanzar los objetivos ideológicos y materiales del nuevo ordenamiento político-social militar. En base a esto, la violencia sexual como forma de tortura a mujeres se constituyó como una práctica permanente y legitimada por la dictadura militar, es decir, en una política de género institucionalizada como estrategia disciplinante hacia las mujeres.
13El concepto de género da cuenta de la construcción cultural de los roles apropiados a mujeres y hombres, y sus respectivas relaciones de poder. Así también, la violencia de género refleja una manifestación tangible de la construcción social del desequilibrio entre los sexos.
14De esta manera, la violencia contra las mujeres se encuentra anclada en las construcciones de poder derivadas de las relaciones inter-genéricas, que naturalizan sus roles y le asignan funciones propias e inmanentes. Se trata de un tipo particular de violencia arraigada en la cultura, que opera como mecanismo social clave para perpetuar la inferiorización y subordinación de las mujeres. Esta violencia, legitimada socialmente en la construcción del género, opera como un dispositivo de control continúo sobre los cuerpos y deseos de las mujeres, que las afecta en distintas etapas de sus vidas, y que en su forma más extrema y brutal termina en muerte.
15En este sentido, la violencia contra la mujer, según las Naciones Unidas, es hoy considerada como “todo acto de violencia basado en la subordinación de género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción, o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”7.
16Además, precisamente es en contextos de conflicto armado o no democrático, cuando aparece con mayor claridad el asesinato de mujeres equiparadas al enemigo; por tanto son objetualizadas y devaluadas genéricamente, “son abusadas, agredidas, violadas y asesinadas por hombres como una forma de propinar una derrota a otro grupo de hombres”8.
17Particularmente se considera forma de violencia sexual cualquier conducta que tenga una connotación sexual y que se ejerza sobre una persona por su condición de género mediante acciones como amenazas, intimidación, y uso de fuerza que apunten a destruir, violentar o humillar a la víctima. Este concepto se enmarca dentro de la legislación vigente sobre Derechos Humanos, y por el cual las Naciones Unidas ha insistido muchas veces que todo tipo de violencia sexual es una forma de tortura y un crimen de lesa humanidad. La violencia sexual igualmente es precedida por normas culturales derivadas de la relación entre el hombre y la mujer. La agresión o violencia sexual “consiste en forzar a una persona mediante coacción física o psicológica, a realizar o padecer actos de carácter sexual”9. De manera general, se puede deducir entonces que los diversos tipos de violencia sexual se desprenden de un significado cultural y social, ya que la violencia sexual es también un acto de poder, de dominación, o sea, de carácter no sexual debido a los significantes implicados en ella.
18En definitiva, la satisfacción de esta violencia sexual, reside en la relación de poder y sometimiento de la sexualidad de la víctima, a través de la significación de las relaciones del poder. En síntesis, se puede develar que todos los actos de violencia de género ejercidos contra mujeres prisioneras políticas durante la dictadura militar chilena, reflejan la configuración de una claro mecanismo de poder, dominación y/o control hacia ellas, práctica que identifica asimismo, dinámicas sociales construidas como resultado de las relaciones asimétricas de poder entre los géneros.
19En Chile, se desconoce aún la magnitud real de los significantes implicados en la violencia de género institucionalizada durante la dictadura, donde miles de mujeres fueron torturadas sexualmente por agentes del Estado, debido a no ajustarse a las normas y representaciones que definían -e imponían- su ‘deber ser’. Esta violencia de género generalizada se presenta como política planeada e institucionalizada, y se manifiesta en los discursos y prácticas que criminalizan a las mujeres –o que exaltan su virtuosismo– actuando como dispositivos de disciplinamiento y domesticación, enfocados hacia el control y la producción de cuerpos dóciles para la construcción de modos de feminidad y sexualidad femenina que aseguren el sostenimiento de las relaciones patriarcales, y los conceptos ideológicos que perpetúen la desigualdad de género y la violencia contra la mujer.
20La dictadura militar impuso una ideología social donde primaba la familia, la cual estaba instituida sobre el papel autoritario de los hombres proveedores y patriarcales. Esta representación ideológica se traspasó al espacio público con la representación del Estado autoritario como el ‘pater familias’. Así la política de seguridad nacional, unida a la exacerbada ideología de género durante el periodo de dictadura, re-presentaron en el discurso hacia la mujer, a las oposiciones del modelo mariano con la imagen de una mujer subversiva que desvirtuaba y envilecía tanto a la naturaleza intrínseca, como a los valores verdaderos del rol social femenino. Por esto, y como parte de una necesidad de acatamiento y control, se hizo necesario definir una clara y específica “política de género que a lo menos neutralizara a las mujeres, las mantuviese supeditadas y les señalase qué se esperaba de ellas y los castigos que arriesgaban si no se ceñían a lo establecido”10.
21De esta manera, la dictadura militar utilizó las herramientas del poder político, represivo y de las comunicaciones de masas para conservar el apoyo económico e ideológico, transformando a las mujeres chilenas en su sostén ideológico y espiritual.
22La política de la dictadura con respecto a la cuestión femenina era un discurso tradicional y conservador, que se enfocaba en la protección de los valores familiares tradicionales y en el reforzamiento del modelo patriarcal, fortaleciendo la visión vigilante de la mujer-madre abnegada. De esta forma, el papel central de la mujer dentro de la ideología militar se concentró en la reproducción del rol de la mujer ‘madre-esposa’: el discurso ideológico dirigido a la mujer buscaba legitimar el nuevo orden mediante un modelo de mujer centrado en labores espirituales y valóricas, nunca políticas.
23Así la mujer se convierte en un instrumento más de divulgación de una política ideológica que buscaba la legitimación del modelo tradicional, es decir, la mujer como garantía de la integridad de la familia chilena y promotora de los valores de un nuevo orden estatal. Esta instrumentalización de las mujeres se centraba en las premisas de patriotismo, patriarcalismo, y defensa de la patria.
24A través de esta política de género se difundía un mensaje con valores tradicionales sobre los roles de la mujer, claramente esta tarea discursiva denotaba una re-imposición del discurso de dominación y disciplinamiento para las mujeres que intentaba construir el nuevo orden militar. Es un discurso de manipulación ideológica que busca en las mujeres sólo un beneficio de utilidad, convirtiéndolas en una masa de apoyo o en agentes de propagación ideológica del proyecto militar.
25De esta forma, este discurso busca otorgar a la mujer sólo una participación en el plano de la legitimación del ideario masculino, puesto que su papel recae en colaborar y apoyar al hombre en su vida cotidiana, cuidar de la casa y de los hijos. Esta secundariedad se basa en la consideración de la mujer como un menor político, que necesita de una autoridad, de un saber-poder que internalizara en ellas la obediencia y utilidad del rol de reproductora social. El objetivo de esta ideología y política de género era alejar de la esfera pública y política al conjunto de las mujeres chilenas, es decir, la despolitización de la mujer. Para este efecto, se aplicaron diferentes políticas de depuración, por medio de discursos y prácticas represivas.
26En este contexto, las mujeres que rompían con estas prácticas, las indisciplinadas militantes de los partidos y organizaciones de la oposición política, representaban un modelo de mujer que el Estado militar no estaba dispuesto a tolerar. Justificación suficiente para que “las mujeres que sobrepasaban el límite señalado fueran consideradas enemigas y tratadas como tales”.11
27Tanto hombres como mujeres prisioneros políticos, fueron sometidos a diversas prácticas de torturas por parte del Estado militar, cuyos objetivos eran infligir dolor físico, aflicción mental y sufrimiento general. Por esto, y de acuerdo con el discurso público dirigido hacia las mujeres, se configuró una lógica y modo de disciplinamiento específico para las mujeres en las sesiones de tortura. Es sólo recientemente que los estudios e informes sobre tortura comienzan a reconocer una diferencia en la aplicación de estas a hombres y mujeres durante el periodo dictatorial. 12
28Sólo en el contexto de prisión política clandestina e ilegal, se despliegan actos criminales de exacerbada violencia sexual y de género13, destinados al castigo femenino mediante su humillación física y moral, y propiciado en el ámbito de la construcción cultural de su feminidad. De esta manera, durante los procesos de prisión y tortura a mujeres, se implementó, a partir de las estructuras militares-políticas de violencia organizada, una violencia de tipo sexual a mujeres o con connotaciones de género que se instituyó como una práctica sistemática y generalizada.
29Este tipo de violencia de género masiva a mujeres se constituyó como una de las expresiones más graves de la violencia durante la dictadura, y se le otorgó un carácter de género específico porque pretendía deliberadamente afectar la sexualidad de la víctima, estableciendo una relación de sometimiento y de desigualdad de poder. Por esto se entiende que la violencia de género o violencia con carácter sexual, es una de las principales características de la represión a mujeres en la tortura, a través del cual el castigo adquiere una especificidad, en el sentido que el dolor físico es magnificado de manera consciente con degradantes métodos de tortura dirigidos en contra de su identidad sexual y su anatomía física, pero enfatizando el impacto del castigo en su integridad moral y psicológica propia del ‘ser mujer’. Así la violencia contra las mujeres en la tortura utiliza su condición sexual, entendida como su condición de género con todos los significados socio-culturales y políticos implicados que conlleva.
30La violencia de género, cuya expresión máxima sería la tortura sexual hacia mujeres en distintos grados, forma parte de una política propiciada por el Estado militar chileno, que justificó el uso de diversos tipos de violencia específica para mujeres por razón de su sexo y para la consolidación infranqueable de su proyecto hegemónico. La única identidad femenina aceptable para todas las mujeres, era la mariana, de madre-esposa. Esta política se basa en la violencia y en la dominación, cuya ejecución buscaba la efectiva coerción de las mujeres, por medio del terrorismo de Estado y de la tortura. Este tipo de especificidad se centraba en la exacerbación y magnificación de la posición subordinada de la mujer y sus pasivos-privados roles sociales asignados, es decir en su construcción de género; y buscaba “castigar a algunas y atemorizar a todas las otras. Se ejemplificaba cómo se trataría a aquellas que osaran salirse del modelo único de mujer impuesto por la dictadura”14.
31Esta forma de tortura expresaba una forma real de materializar el castigo subjetivado, y a la vez, una manera simbólica de disciplinar debido a las significaciones que conllevaba la definición identitaria de las mujeres en base a su sexo. Entonces, se deduce que este tipo de castigo se efectúa por el traspaso de los roles culturalmente asignados a las mujeres, debido a lo que representan estas mujeres ‘desvirtuadas’ y ‘disidentes’ dentro proyecto social definido. Así, la finalidad y satisfacción de esta violencia, reside en la relación de poder y sometimiento extremo manifestada en el sexo de la víctima, que perseguía jerarquizar y disciplinar mediante la desigualdad sexual. Debido a esto se puede concluir que los sistemas de género manifestados en la sociedad patriarcal se exacerban en los sistemas de tortura y represión para las mujeres durante la Dictadura.
32La reafirmación de este sistema de sexo-género tradicional se plantea como un doble castigo, ya que socializa un modelo de mujer y luego utiliza esta socialización como método de tortura. Es decir, el abuso de su sexualidad mezclado con el abuso de sus roles de madre, representa una doble significación de su castigo, ya que los valores morales y su sagrada sexualidad atribuida a las mujeres en el discurso, se relativiza en la ejecución necesaria del castigo disciplinario del poder, suprimiendo los conceptos valóricos para aquellas mujeres que no se ajustaran al modelo impuesto.
33Por esto la violencia de género manifestada, tanto en la tortura física como psicológica a mujeres, se presenta fácilmente al análisis como la cristalización de una extensión lógica del patriarcalismo, ya que se utilizan los mismos valores de la mujer, por ejemplo el de madre, para ejercer un tipo de violencia que contiene una perversión cultural, en la reducción extrema de su cuerpo y sexualidad.
34Así entonces, la prisionera simboliza a la mujer política-pública, personificando una representación social del ser mujer alternativa al modelo propuesto, y que contiene significantes de una mujer activista en el espacio público y político, que traspasa sus acciones a todos los espacios sociales. Estas mujeres expresan una representación social y política de ser mujer que no es compatible con el proyecto de hegemonización social de la Dictadura militar.
35De esta manera se explica el porqué se utiliza la representación de la mujer disidente como la constitución de “una sola que representa para los agentes represores, para la ideología militar, la puta/traidora”15; y debido a su acción publica, activa, y autónoma, es preciso castigarla y disciplinarla, valiéndose de la construcción social del poder compuesto en el sistema histórico de género. De esta forma, las mujeres políticas en el espacio público se constituían como una representación social disidente de los tradicionales patrones –que lógicamente no concordaban con el proyecto de hegemonización militar–, por lo que era preciso denigrarla y satanizarla, realizar con ella un proyecto de rehabilitación y encauzamiento que traspase su conciencia personal y que se extrapole a toda la sociedad femenina.
36De la anterior exposición se constata que la violencia sexual como tortura durante el régimen militar chileno representa una de las formas más brutales de violencia perpetuada a las mujeres, sólo por su condición de tales. Tal situación desplegada como dispositivo de castigo y de disciplinamiento hacia las presas políticas, se constituyó como un plan programado y fundamentado desde el Estado militar, sustentado en un dispositivo de neutralización femenina y social como reglamento de seguridad social.
37Este dispositivo operó justamente en el campo de la sexualidad femenina en donde se define y manifiesta la extrapolación de una estructura social que interioriza un estado de desigualdad entre los sexos. Por tanto, esta política represiva impulsada por la dictadura, se basa en el desequilibrio tradicional de los esquemas de género. Por esto hablamos de una dimensión de poder masculino en el disciplinamiento de las mujeres presas políticas relacionada con el lugar social asignado para ellas en este tipo de sociedades.
38En este dispositivo político, el castigo del cuerpo femenino representaba una múltiple significación, ya que el mismo cuerpo-sexo de las mujeres representa para ellas un lugar simbólico de subordinación social y que por medio de éste se fustiga.
39El régimen militar re-ordena los espacios de poder referente al género, pero se vale de los mismos para el castigo. Para esta dinámica de poder sexista en la violencia de género, se invierten los valores de ejecutar el disciplinamiento simbólico de las mujeres.
40Entonces, la tortura sexual y de género se transforma en el mecanismo y norma fija de tortura para lograr el control social de las mujeres encarceladas que extrapola las nociones del género femenino en la sociedad. Sin embargo, el ‘marianismo’ como dispositivo moral asignado a mujeres, más que estar internalizado en los torturadores y legitimado por la costumbre social, se presenta como una clara y planificada estrategia de coacción política.
41Las mujeres comprometidas políticamente se transforman en blanco del castigo y del disciplinamiento político, cuyo objetivo primordial es controlarlas mediante un modelo único, y producir la internalización de la amenaza del temor para enseñarles a no osar en salirse de los esquemas de género y roles asignados de esposa y madre.
42Asimismo, es necesario destacar el rol del sistema ideológico difundido durante la dictadura, ya que éste contribuyó a la legitimación, justificación y naturalización de la escalada de violencia contra las mujeres. En efecto, el discurso sobre las mujeres y la represión que operó como parte del dispositivo para la domesticación, así como el control y la producción de cuerpos dóciles para la construcción de modos de feminidad y sexualidad femenina, buscaba asegurar el sostenimiento de las relaciones patriarcales óptimas para el proyecto hegemónico. Este se basó en construcciones discursivas arquetípicas arraigados en las mentalidades de las mujeres y hombres, utilizando los roles sociales tradicionales atribuidos a la mujer para refrenar procesos de autoconciencia y cambio, para recuperar el orden atribuido a mujeres y hombres desde perspectivas de género, y para retomar su proyecto de trascendencia. Este re-adoctrinamiento femenino se llevará a cabo re-posicionando en la sociedad los prototipos del patriarcado como dispositivos de dominación y control social.
43En síntesis, la presentación naturalizada de los hechos de violencia de género, y específicamente de la tortura sexual, como actos sólo derivados de patrones violentos de la construcción de la masculinidad, omiten la importancia de la función política y de control social sobre las mujeres que cumple la violencia de género. Los casos de violencia sexual con connotaciones de género, no puede ser comprendido como producto de fuerzas irracionales, sino más bien como la consecuencia lógica de un aparato represivo que disciplina a las mujeres por medio de un orden social de supremacía masculina, y que en la época de dictadura, extrema la representación fusionada del sexo con la violencia. Los conceptos de género y la violencia que conllevan éstos, se exacerban y agudizan en los contextos de conflictos armados o estados de excepción, sin obviar los factores políticos e ideológicos generales que sustentaron la ejecución de la violencia para la mayoría de la población.
44Los hechos de la violencia sexual ejercida contra las mujeres como forma de tortura, han sido escasamente cuantificados por los organismos de derechos humanos. Sólo el año 2004, con la publicación del Informe Valech, el Estado chileno comienza a reconocer la especificidad de género en la represión durante la dictadura. Los testimonios de mujeres sobrevivientes torturadas por la dictadura militar, plantean la necesidad de que se reconozca su experiencia y se difunda la atrocidad cometida con ellas, y que se propicien las bases legales, institucionales y culturales que comprometan inexcusablemente a toda la sociedad para que no vuelvan a sucederse tales tipos de violencia contra la mujer en Chile.
45Es en la década de los 90’ que el Estado en Chile comenzará a introducir una legislación preventiva de la violencia en contra de las mujeres creando algunos programas nacionales, insuficientes aún, pero que han permitido visualizar el problema, incorporando un análisis de género en la comprensión de la violencia contra las mujeres, y crear una conciencia pública y programas de sensibilización nacional destinados a prevenir, sancionar y erradicar de manera efectiva, este tipo de violencia. Los esfuerzos iniciales realizados por los gobiernos democráticos han configurado una política de Estado que busca reconocer de manera efectiva la violación de los derechos humanos de las mujeres. La comprensión política de la violencia de género contra las mujeres durante la dictadura militar ha determinado la obligatoriedad del Estado para detener la impunidad en la que estos crímenes ocurrieron, y lo conmina a promover cambios culturales y legales expresados en políticas públicas para garantizar el respeto de los derechos a la integridad y la vida de las mujeres en cualquier contexto o coyuntura social y política.
