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Colloques | 2007
La route de Naples aux Indes occidentales Paris 8-9 décembre 2006
Juan Camilo Escobar Villegas et Adolfo León Maya Salazar

Los procesos de codificación penal en Nueva Granada: una ruta para la mundialización de las ideas ilustradas.

Lectores y lecturas de la obra de Gaetano Filangieri en la Colombia del siglo XIX.1
[09/05/2007]

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Géographique :

Nueva Granada

Palabras claves :

Ilustración
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Texte intégral

Presentación

1En el marco de la investigación La ruta de Nápoles a las Indias Occidentales, constitucionalismo, codificación y cultura política en el mundo ibérico durante el siglo XIX, hemos podido reunir un importante corpus documental que nos ha puesto ante la presencia de la obra del napolitano Gaetano Filangieri (1753-1788), a lo largo del siglo XIX, en medio de los debates jurídico políticos de los granadinos. Dicho grupo de documentos nos planteó a su vez un reto: emprender una historia social del derecho penal en Colombia. En efecto, mientras que leíamos la obra de Filangieri, rastreábamos sus lectores en Nueva Granada e indagábamos por las formas de administrar justicia en su época, nos percatamos de un gran vacío historiográfico en el que abogados e historiadores habíamos hecho tímidos adelantos: el de la historia de las leyes penales, de la administración de justicia y del control social en Colombia. Sin pretensiones de exahustividad recurrimos por lo tanto a nuestro acervo documental, lo comparamos con las reflexiones histórico-jurídicas existentes en una buena cantidad de obras sobre el derecho penal y concluimos que la historia de la codificación penal colombiana ha estado encerrada en una perspectiva de análisis técnico-nacionalista que no le ha permitido comprender el sentido de las conexiones que la unen con las otras partes del mundo.

2Presentamos a los lectores nuestras reflexiones en tres acápites: uno sobre el contexto reformista que afectó la cultura penal en los tiempos de Gaetano Filangieri, otro sobre las ideas expuestas en la Ciencia de la legislación en relación con las formas de administrar justicia y sus lectores en Nueva Granada y, finalmente, una historia sobre el código penal neogranadino de 1837, que nos vincula al problema de la formación de los estados modernos y las culturas políticas, en la que se plantea una perspectiva de análisis ampliada gracias al uso de un variado conjunto de fuentes documentales.

1. La ebullición codificadora en la época de las revoluciones modernas, un signo de reformas en la administración de justicia y en el control social.

“La legislación criminal debe combinar el temor del malvado con la seguridad del inocente”. Filangieri, 1783.

3Cuando Gaetano Filangieri publicó su “libro terzo” sobre las leyes criminales, en 1783 en Nápoles, capital del Reino de las Dos Sicilias, la obra De los delitos y de las penas de Cesare Bonesana Marchese di Beccaria cumplía diez y nueve años de haber salido de las imprentas de Milán. En otro libro de su obra, en el cual Filangieri expuso sus ideas sobre “los obstáculos al comercio”, reconoció la celebridad de Beccaria, pues el milanés también había incursionado teóricamente, gracias a su pertenencia a aquella comunidad de intelectuales que se leían y se escribían cartas, en las discusiones que en su época se llevaban a cabo sobre problemas económicos.2 Sin embargo, Filangieri no sigue de cerca las ideas de Beccaria en cuanto a los asuntos criminales. En efecto, de acuerdo con la edición crítica de la Ciencia de la legislación (2004), el napolitano concibe la obra clásica del milanés como “un modelo en negativo” (Tocchini, 2004, p.VII)a pesar del lugar privilegiado que el texto Dei delitti e delle pene ha ocupado desde su primera edición en la historia moderna del derecho penal. Llama la atención que Filangieri cite solamente una vez a Beccaria en su Ciencia de la legislación. Ahora bien, en cuanto al lugar que ocupa cada uno de estos dos teóricos en la historia del derecho penal moderno, es necesario tener en cuenta el efecto Beccaria sobre la difusión, apropiación e invisibilización de la obra de Gaetano Filangieri en la historiografía de las leyes penales en general, y, de manera particular, en la historiografía política colombiana.

4Por otra parte, es necesario decir que estos dos escritores de lengua italiana no fueron únicos en la literatura penal que desde mediados del siglo XVIII comenzaba a circular y a incidir en las formas de administrar justicia en Euroamérica. Editados, traducidos y leídos en diferentes ciudades del mundo, compartieron con muchos otros ilustrados las preocupaciones teóricas y prácticas por las diversas formas de control social de su época. Época de revoluciones políticas modernas que sombreaba sobre Europa  y América, la del norte y la del sur. Un tiempo sobre el cual la obra de Michel Foucault, Vigilar y Castigar (1975), avanzó sugestivos análisis sobre la historia de la administración de la justicia penal moderna. Aunque Foucault porta el sello del eurocentrismo, cuando dice que aquellos años, entre 1760 y 1850, constituyeron “la época en que fue redistribuida, en Europa y los Estados Unidos, toda la economía del castigo” (Foucault, 1999, p.40), su riguroso trabajo histórico y su buen uso de las fuentes lo condujeron a señalar y a reconocer transformaciones fundamentales en las formas de castigar a los “delincuentes”, entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, particularmente en Francia. En efecto, a la lista que Foucault realiza sobre los proyectos y redacción de códigos ‘modernos’: Rusia, 1769, Prusia, 1780; Pensilvania y Toscana, 1786; Austria, 1788; Francia, 1793, 1808 y 1810” (Foucault, 1999, p.40) debe adjuntarse otra lista que revela una historia euroamericana, y que no ha sido suficientemente estudiada, sobre la codificación penal: España, 1822; Bolivia, 1826; Perú, 1828; Brasil, 1830; México, 1831; Colombia y Ecuador, 1837; Venezuela, 1863 (Uribe Urán, 2006).

5Ahora bien, ¿quiénes estaban detrás de toda esta ebullición codificadora en los dos mundos? ¿Por qué razones los filósofos y juristas codificaron con tanta abundancia? ¿Qué bases ideológicas respaldaron el trabajo de aquellos legisladores? ¿Existían fines políticos e intenciones de control social detrás de cada código de estos? Y finalmente, dos preguntas más: ¿Tuvieron los códigos un impacto directo sobre las escenas donde se administraba justicia? ¿Qué resistencias encontraron los promotores de los nuevos sistemas penales que ahora se enunciaban en forma de articulados sistemáticos? Estos interrogantes acompañarán la siguiente reflexión que hemos construido con base en las fuentes documentales recopiladas en Colombia.

6De acuerdo con el minucioso estudio archivístico de Foucault pareciera posible plantear el establecimiento de un sistema penal “totalmente nuevo” a mediados del siglo XIX: “a fines del siglo XVIII y en los comienzos del XIX, a pesar de algunos grandes resplandores, la sombría fiesta punitiva está extinguiéndose”, anota el historiador francés a partir de sus reflexiones sobre los suplicios infligidos al condenado Robert-François Damiens en 1757; y líneas más adelante agrega: “los trabajos públicos (…) se suprimen casi en todas partes a fines del XVIII y en la primera mitad del XIX”. No obstante, como bien lo advierte el mismo Foucault líneas después, las prácticas jurídicas permiten pensar estos cambios de manera menos abrupta y ver en ellos procesos de larga duración en los cuales los modelos se desconfiguran, se reinventan, se reelaboran, se desplazan de un lugar a otro o desaparecen en ocasiones casi de forma total. En Nueva Granada por ejemplo, en el primer código penal (1837), se clasificaron con precisión los castigos en penas corporales y no corporales.3 Dicha clasificación es una muestra de la convivencia de la “sombría fiesta punitiva” (suplicios, escarnio público, torturas, etc.) y del ideal ilustrado de Filangieri y demás autores que defendieron la “proporcionalidad” entre los delitos y las penas.4 En efecto, la lucha por introducir la “correcta proporción” entre los delitos y las penas es uno de los fundamentos del andamiaje teórico de los reformadores. Para Filangieri, por ejemplo, “la proporción entre la pena y la cualidad del delito debe depender del influjo que tiene en el orden social el pacto que se viola”. (Filangieri, 1836, p.242).

7Ahora bien, la Ciencia de la legislación en sus análisis sobre las leyes criminales (libro tercero), ilustra algunos aspectos que nos interesan en este apartado y nos permiten formular otras preguntas: ¿Contra qué está escribiendo el autor napolitano? ¿Cuáles son las formas de administrar justicia a finales del siglo XVIII? ¿Qué valoraciones filosóficas y morales sustentan luego su propuesta? De acuerdo con sus palabras y el examen que hace de la Europa de su tiempo, las leyes penales no llegan a conseguir en la mayor parte de las naciones ni el “temor del malvado” ni la “seguridad del inocente”, los dos “principales apoyos de las leyes” y de la totalidad del “sistema del juicio criminal” que plantea en su obra (Filangieri, 1835). Filangieri denuncia, al mismo tiempo que propone sus ideas, irregularidades presentes en las prácticas de los tribunales y las sutiles y subjetivas combinaciones que hacían los jueces de las legislaciones heredadas desde la antigüedad. Por ello dice que “la monstruosa confusión de los principios de la jurisprudencia romana con los de la legislación de los bárbaros, del sistema feudal y de las leyes canónicas”, así como la existencia de “algunas máximas contrarias a la libertad del hombre y destructivas de los derechos más preciosos del ciudadano” son signos de las arbitrariedades del juicio criminal y de la “estúpida veneración” que los tribunales del settecento incorporaban en calidad de cánones para hacer funcionar las condenas y aplicar los castigos (Filangieri, 1836, p.243).

8En consecuencia, para comprender mejor el alcance de la obra de Filangieri, para entender las relaciones entre el pensamiento ilustrado y las leyes penales que se producen durante la época de las revoluciones políticas modernas en Euroamérica, con el fin de conocer los procesos históricos que rodearon la proliferación codificadora sobre los asuntos criminales y que han ido configurando las formas de administrar justicia y han determinado los contornos de las culturas políticas en los mundos tocados por la modernidad, es necesario estudiar, entre otros aspectos, las prácticas judiciales que jueces, defensores, pueblo, acusados y acusadores llevaban a cabo en los estrados en donde se condenaba o se exoneraba a los reos. La Ciencia de la legislación es una fuente para ello. Es un texto que, compilando y discutiendo con una gran variedad de autores que le precedieron o que le eran contemporáneos, revela características con y contra las cuales se han instituido los órdenes políticos modernos. En efecto, la presentación que hace Gaetano Filangieri en su capítulo sobre “la acusación judicial entre los modernos” señala y critica lo que él denomina unas veces “los vicios de la justicia de los modernos”, otras “los secretos misteriosos y arbitrarios de nuestro modo de enjuiciar” y algunas otras veces “un método absurdo y feroz que sólo podría idearse por el despotismo, difundirse por la superstición, adoptarse y sostenerse en su gran parte de los tribunales de Europa por la ignorancia de algunos siglos y por la indolencia de los gobiernos”, es decir, por “un juez que sólo es accesible a la opulencia y a la grandeza” (Filangieri, 1836, pp.291 y 293).

Imagen que representa el suplicio aplicado al parricida Robert-Francois Damiens después de haber atentado en 1757 contra el rey Luis XV. Tomada de: http://www.paris-pittoresque.com/​rues/​img/​damiens.jpg

9Detengámonos un instante entonces en la noción “la justicia de los modernos” estudiada por Filangieri. Después de revisar las prácticas y las leyes penales en los antiguos, o más exactamente, en los hebreos, egipcios, griegos y romanos, el reformador napolitano5 se refiere a los modernos, es decir, a franceses e ingleses. Sus palabras conllevan un diálogo crítico con los ilustrados francos y sajones, en particular, con el autor del Espíritu de las leyes.6 Recogiendo con beneplácito las prácticas acusatorias entre los antiguos, Filangieri asegura categóricamente que “en otros tiempos todo era público” (Filangieri, 1836, p.286). Una defensa y promoción del sentido de lo público, una más entre su larga lista de avatares,7 en la cual las ideas de Montesquieu (1689-1755), pero también su conocimiento histórico, son duramente cuestionadas. Observaciones que, por otra parte, pueden estar en los orígenes de lo que llamamos al comienzo de este texto el efecto Beccaria sobre la invisibilización de la obra de Gaetano Filangieri. En efecto, mientras que el texto del milanés es respaldado rápidamente por los líderes del movimiento ilustrado francés: en 1769, cinco años después de la primera edición italiana y después de que Catalina II invitara a Beccaria a Rusia en 1767, Voltaire (1694-1778) reedita su comentario elogioso en la segunda edición inglesa luego de que ya lo había hecho en París en 1766, la obra del napolitano recibe unos duros y, por pasajes, descalificadores comentarios de Benjamín Constant (1767-1830).8 Beccaria es por consiguiente respaldado rápida y ampliamente en Europa y se le tuvo, según palabras de Voltaire, como el trabajador y defensor de “la razón y la humanidad” en unos tiempos en los que “se teme ser humano tanto como se debería temer ser cruel”.9

10Volviendo al concepto “la justicia de los modernos” en la Scienza della legislazione, es necesario precisar que éste se entiende como la combinación de unas prácticas que se llevan a diario en las salas judiciales de las “potencias europeas” con unas ideas que circulan ampliamente favorecidas por los diversos grupos ilustrados. La crítica a dicha mezcla de acciones y razones es lo que hace de ésta obra un tratado polémico y propositivo, un texto que entra al escenario abierto por Beccaria, pero sobrepasando las razones filosóficas, morales y “humanitarias” que dieron tanto brillo al manifiesto del milanés. En efecto, la obra de Filangieri trata con mucho más detalle los procedimientos judiciales que deberían implantarse en la administración de justicia y utiliza una rigurosa metodología histórica que le permite citar fuentes que argumentan en su favor y controvertir con los más destacados tratadistas y teóricos de su siglo. Así lo hace cuando discute con Montesquieu sobre el significado de “la libertad de acusación” en los sistemas judiciales. Como este último respalda con su Espíritu de las leyes la desaparición de “la libertad civil de acusar”, signo de la confianza y de la igualdad entre los ciudadanos, y a cambio propone un sistema acusatorio basado en la denuncia oculta y en un acusador especializado, y no en la acusación abierta y pública, Filangieri reacciona y asegura que tanto la práctica en los juzgados como la “apología del sistema” de Montesquieu significan “destruir los más sanos principios de la política, confundir las ideas más inconexas, mostrarse ignorante en la jurisprudencia antigua y moderna, y deducir de un principio una consecuencia opuesta a la que naturalmente debería inferirse de él” (Filangieri, 1836, pp.295-296). Dado que Montesquieu defiende la posibilidad de la acusación libre solamente en una república y no en una monarquía, Filangieri razona de tal forma que termina siendo crítico no sólo ante el autor galo, abanderado de la ilustración europea, sino también ante los defensores del absolutismo de su tiempo.

11Agreguemos a la problematización anterior que el método analítico desarrollado por Filangieri es en consecuencia importante para la producción intelectual de la nueva filosofía, como para la administración de justicia y el control social que se ejerce a partir de las reformas y concesiones impulsadas por los absolutismos dieciochescos en sus dominios. En efecto, bajo “la luz de la razón”, propia de los idiomas ilustrados, el napolitano propone examinar “profundamente las legislaciones de todos los pueblos y de todos los tiempos” con el objetivo de, y he aquí la fortaleza de su método histórico-propositivo, “ver al mismo tiempo lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que se debería hacer, a fin de alejar, en cuanto sea posible, del inocente todo temor [a ser acusado injustamente], del reo toda esperanza [a evitar la consecuente pena a su delito] y de los jueces toda arbitrariedad” [en tanto deben regirse por unas leyes preestablecidas] (Filangieri, 1836, t. 4, pp.248-249). Sus análisis del pasado y del presente se ven entonces complementados por una propuesta de juicio criminal estructurada sobre seis momentos o seis partes: acusación; citación y seguridad del acusado; pruebas e indicios del delito; división de funciones judiciales y elección de los jueces; defensa del reo y finalmente sentencia. De las seis partes, la cuarta, es decir, “la división de funciones judiciales y elección de los jueces”, resulta ser la de mayor impacto sobre las formas de administración de justicia a finales del siglo XVIII euroamericano, puesto que con ella se introduce el juicio por jurados y se critica duramente la condición vitalicia de un cuerpo de jueces que no tendrían “otro oficio, y a quienes la costumbre suele endurecer”. “Dar a un senado permanente la facultad de juzgar”, dice Filangieri, es un “método funesto y espantoso”, pues es “hacer de un arte que se reduce todo al examen de los hechos, el patrimonio exclusivo de un cuerpo limitado” (Filangieri, 1836, t. 5, pp.184-185). En otras palabras, lo que Filangieri propone significa una expresión más de las revoluciones modernas contra lo que él mismo denomina “las prerrogativas feudales” (Filangieri, 1836, p.257).

12No olvidemos que las ideas y la propuesta sistemática de Filangieri para reformar la administración de justicia no están aisladas de las discusiones filosóficas, jurídicas, políticas y morales que se suceden en diferentes lugares de los dos mundos. Tanto en Europa como en América, las propuestas reformistas, en las décadas finales del “siglo de las luces”, están circulando en los diferentes escenarios donde lo criminal es debatido. Así, como bien lo demuestra Michel Foucault, “la protesta contra los suplicios se encuentra por doquier en la segunda mitad del siglo XVIII: entre los filósofos y los teóricos del derecho; entre juristas, curiales y parlamentarios; en los cuadernos de quejas y en los legisladores de las asambleas” (Foucault, 1999, p.123). De nuevo las finas apreciaciones del historiador y filósofo francés se mantienen en los ámbitos del eurocentrismo, pues de acuerdo con el documentado trabajo de la historiadora colombiana Beatriz Patiño, sobre la criminalidad en la Provincia de Antioquia, por la misma época (finales siglo XVIII), funcionarios, abogados, jueces y anónimos observadores de las prácticas legales discutían en torno a la legitimidad y pertinencia del tormento para producir la confesión del reo. En efecto, en un caso de homicidio, entre otros, el juez subdelegado de bienes de difuntos, como defensor, se opuso a la solicitud de tortura que había expresado el fiscal del proceso. Para ello argumentó lo siguiente: “cuando el reo justifica su inocencia, debe ser libre sin pasar a tortura, o cuando se le justifica el delito, debe ser castigado sin tortura” (Patiño, 1994, p. 99).

13En conclusión, es necesario plantear, para el problema que tratamos en este apartado, que la historia de la codificación en Europa y América nos pone de nuevo frente a una serie de hechos que revelan preocupaciones comunes, que indican la existencia de una comunidad intercontinental de hombres que producen intelectualmente y, que expresan la presencia de unas tensiones en las cuales es posible seguir planteando lo que, en otro lugar, hemos denominado la mundialización política de las ideas ilustradas (Escobar y Maya, 2006). Seguir diciendo que Beccaria fue el primero en oponerse a los usos de la tortura o a los “excesos” de las penas, es continuar repitiendo un lugar común que simplifica y acota el problema del control social y de la administración de justicia a una mirada unidireccional, reduccionista, en la que las fuentes se hayan desconectadas. Por ello, nos hemos propuesto poner frente a frente, y lado a lado, unas con otras, series documentales que nos explicitan convergencias, simultaneidades, conexiones, influjos, desplazamientos y creaciones en las cuales es posible observar y visibilizar hombres, instituciones, ideas, sensibilidades y prácticas en conjunto participando de una misma historia: la historia de la codificación en Euroamérica. En esa dirección, y para el caso de una Nueva Granada estudiada en el contexto euroamericano, hemos construido lo que denominamos un hexágono documental: textos teóricos de la época estudiada (1760-1850), historias del derecho penal, archivos judiciales, códigos penales, actas de los legisladores y archivos de las escuelas de jurisprudencia. Veamos pues aparecer en los siguientes apartados algunas reflexiones en torno a la codificación, gracias al ejercicio de análisis documental antes mencionado.

2. Los lectores de la Ciencia de la legislación y los debates sobre el orígenes de la leyes penales en Nueva Granada.

 “Si las leyes criminales impiden los delitos, aterrorizando al ciudadano con la amenaza de las penas, no pueden seguramente llegar a ser un germen de virtudes”. Filangieri, 1783

14La revisión de las ideas de Filangieri que realizamos va más allá de rescatar el valor de un autor que fue llevado al olvido. Como bien lo dice el título de nuestra investigación,10 queremos reconstruir y visibilizar los hitos, los elementos, las rupturas y los referentes teóricos y filosóficos de un problema mayor: la conformación de una cultura política, o de unas culturas políticas, con propósitos de control social, en los espacios euroamericanos durante los  tiempos de las revoluciones modernas.11 Culturas políticas que, de otra parte, y esto es una hipótesis para demostrar, se extienden y se infiltran más allá de sus ámbitos de origen, llegando hasta el presente. En consecuencia, queremos restablecer las vías, las rutas, los flujos y el conjunto de mecanismos sociales por medio de los cuales las ideas de Gaetano Filangieri participaron en la generación de ciertas formas de mandar y obedecer, de educar y estructurar una nueva legislación; en una palabra, de legitimar a través de una cultura política en constante movimiento, los nuevos órdenes de poder que los tiempos modernos impulsaban con el objetivo de racionalizar, controlar e intervenir la vida social.

15En primera instancia, quisiéramos resaltar un documento euroamericano de 1838. Se trata de un texto publicado en Bogotá algunos meses después de que el primer código penal colombiano fuera “sancionado” por el congreso de 1837. No tiene un autor reconocido, pues se firma con el patriótico, moderno y político nombre de “Un Granadino”. El texto se publica en catorce entregas, cada una semanalmente. Es decir, una producción intelectual que crea una polémica constante en la prensa durante más de tres meses. Prueba de ello es el capítulo once de las observaciones del Granadino, en el cual debate largamente con el redactor del periódico El Argos, quien asegura que las Observaciones son “inoportunas” y algunas de ellas “infundadas” (El Argos, 1838, p.68). Consideramos, por otra parte, que las críticas del Granadino permiten mostrar aspectos centrales de una cultura política en movimiento. Sus fundamentos están en consonancia con las premisas ilustradas porque primero, habla en nombre de la “facultad que le concede la Constitución, el código de los códigos”; segundo, emite sus opiniones y solicita que se hagan las reformas que indica invocando “los axiomas  más claros y universales de la justicia, la moral y la costumbre del pueblo en que debe regir” [la ley penal]; y tercero, se apoya en “las doctrinas de autores clásicos en los cuales [ha] aprendido a pensar” (Un Granadino, 1838, p.3). Y allí, entre los autores ingleses y franceses que cita con frecuencia, el napolitano Filangieri ocupa un lugar principal. En otras palabras, encontramos en la manera de argumentar del Granadino, por una parte, una triada ilustrada que legitima y soporta las instituciones republicanas: constitución, pueblo y razón, y por otra, la presencia de la ruta de Nápoles en los debates jurídico-políticos en Nueva Granada durante el siglo XIX.

16También hemos indagado por la identidad del referido granadino, intentando obtener información suficiente para darle contexto social al texto que conecta los problemas políticos y jurídicos que inquietaban a los constituyentes de Europa y América. De acuerdo con Rubén Pérez Ortiz, autor de Seudónimos colombianos, Francisco de Paula Santander (1792-1840) y Santiago Pérez Manosalvas (1830-1900), dos ex-presidentes decimonónicos de la república, firmaban en algunas ocasiones como “Un Granadino”. Datos importantes para nuestra reflexión, puesto que las Observaciones sobre el código penal pudieron haber sido hechas por un poderoso hombre de estado, o por un funcionario judicial, o por un catedrático, o bien por un ciudadano ilustrado que sigue con atención los esfuerzos de los legisladores euroamericanos. Se trata, como se aprecia, de un autor formado académicamente en la lectura de una amplia gama de filósofos y teóricos sobre las leyes criminales, pero sobre todo, se trata de un productor de ideas, de un intelectual que genera pensamiento para la creación de un nuevo ordenamiento político y de una moderna gramática jurídica, portadora esta última de una racionalidad empeñada en transformar las prácticas y la escenografía judicial en la que se administraba justicia y se establecían estrategias para el control social. El granadino que escribe nuestro documento de marras es por lo tanto, y a la vez, un hombre de letras, un actor político, un conector intercontinental y un mundializador de las ideas ilustradas en y desde Nueva Granada.

17En efecto, el granadino es un hombre de letras en tanto que escribe, publica, cita a sus contemporáneos, contacta editores, está convencido de que las palabras escritas circulan y tienen efectos en sus lectores, porque además elabora con el cuidado de un gramático cada una de sus frases. Ese mismo autor es también un actor político porque sus escritos no buscan solamente la estética del texto, de la palabra justa y precisa y de la metáfora que argumenta y enriquece el sentido. Más allá de la belleza textual, el granadino produce un hecho político con su acto literario, pues él escribe para afectar el orden del poder de castigar y controlar las conductas de sus coetáneos. Sus observaciones versan sobre el control social, discuten el trabajo de los legisladores y el proyecto jurídico modernizador de los hombres de estado, de quienes agencian, después de los acontecimientos independentistas, la potestad de normar y proponer un tipo de sociedad y un sistema de valores políticos que cohesionen los nuevos sujetos republicanos. En realidad, todos los esfuerzos de los teóricos, legisladores, críticos, catedráticos y jueces del derecho penal hacen parte del amplio conjunto de acciones sociales y políticas tendientes a definir formas de control social. En ese sentido, compartimos aquella perspectiva, propia de los tratadistas del derecho penal contemporáneo, que concibe las leyes penales como una forma de control social.12

18Por otra parte, el granadino es a su vez también un conector entre los continentes porque sus preocupaciones no son exclusivas de la Nueva Granada, tampoco de América, son propias de los mundos que para la época han iniciado reformas políticas que buscan la institucionalización de poderes regidos por legislaciones precisas, sistemáticas, especializadas y codificadas. Es decir, sociedades de “códigos modernos” en los que se comparten fundamentos culturales comunes, ciudades y estados en los que circulan nuevos dispositivos de control social, nuevas sensibilidades frente al criminal, cambios en las condiciones materiales y reconfiguraciones entre lo eclesial y lo civil, y entre lo público y lo privado. Además, el granadino es igualmente un mundializador de las ideas ilustradas. Él mismo es un ilustrado, un cosmopolita. Su texto, como lo veremos enseguida, es la confluencia de prácticas, ideas, autores y propuestas que se están discutiendo simultáneamente en otras ciudades del planeta. La elaboración de códigos penales así lo demuestra. El pensamiento de Beccaria había sido integrado al orden político ruso poco después de la publicación de su obra De los delitos y de las penas (1764), los trabajos de Franco Venturi lo han indicado (Venturi, 1965-1998). Los textos de derecho penal no dejan de repetir su importancia y los hallazgos que hemos hecho de las primeras ediciones de las obras de los ilustrados en diversas bibliotecas del mundo pueden confirmar que la difusión del pensamiento sobre criminalidad es otra forma de mundializar las ideas ilustradas.13

19Como lo advertimos líneas atrás, el granadino expresa las simultáneas preocupaciones que recorren las mentes de reformistas, republicanos y tratadistas de legislación más allá de su espacio local de referencia [Santa Fé de Bogotá o Nueva Granada] cuando asegura que Constant y Bentham “arrastran la admiración de ambos mundos por los torrentes de luz que han derramado en la ciencia de la legislación por medio de sus profundos escritos” (Un Granadino, 1838, p.7). De dichas consideraciones se puede observar en consecuencia la presencia de Euroamérica entre los editores y los lectores neogranadinos de 1838. Por su carácter ilustrado, su razón le permite reconocer, debatir e insinuar otra ruta, al lado de las dos canónicas vías francesa e inglesa de difusión del pensamiento del iluminismo, la de Nápoles, en la medida en que Gaetano Filangieri es invocado para reforzar sus observaciones a las leyes penales. El Granadino lo hace múltiples veces al referirse a “la pena de trabajos públicos”, a “las penas pecuniarias”, a “la infamia y a la perdida de derechos políticos y civiles”, a “la fuga de los reos” y a “los delitos cometidos por medio de la palabra y de los impresos” (Un Granadino, 1838). El publicista granadino alude por tanto a una comunidad de pensadores y a una serie de legislaciones que deben vincularse con los contextos sociales en los cuales éstas se construyen. Para ello acude al “luminoso Filangieri”, al “inmortal Beccaria”, al “profundo Bentham”, a Rousseau, Diderot y al “celebre Constant” en medio de los debates que tiene con los legisladores neogranadinos de 1837 y con el redactor del periódico El Argos.

20Ahora bien, si las fuentes para la historia del derecho penal granadino muestran los variados influjos de ideas provenientes de diferentes centros de difusión y atestiguan la permanente creación de cultura jurídico-política por parte de los legisladores,  ¿Por qué los autores de los textos sobre el derecho penal colombiano han limitado sus reflexiones a la presencia exclusiva de Beccaria y de los códigos franceses y españoles en la formación de las leyes penales?

21En efecto, una primera aproximación a los tratados de derecho penal, entre los cuales se encuentran textos desde 1879, permite asegurar que en ellos se incurre en un lugar común. Allí se reitera la generalización, la simplificación y el acotamiento de la compleja historia de las leyes penales y el control social. Lugar común que reduce y limita a una copia el trabajo y la producción jurídico-política de los legisladores neogranadinos. Veamos algunos ejemplos sobre el código penal de 1837. De él se dice que “es el mismo de España” (Porras, 1879, p.401), o que está “inspirado en el código penal francés de 1810” (Vicente Arenas, 1967, p.8), o que “seguía las directrices del código francés de 1832” (Peláez Vargas, 1981, p.53), o bien, que el código granadino en mención era “una copia de las leyes españolas que reglamentaban delitos y penas, especialmente el código de 1821, y también traía disposiciones que se habían tomado del código francés de 1810, en cuyos principios filosóficos se inspiraba” (Barrientos Restrepo, 1962, p.80). Para uno de ellos, la historia del código penal de 1837 se reduce a un párrafo y en él vuelve a decirse que “se había inspirado en el código penal de 1810” (Vargas Vargas, 2001, p.51). Continuando con lo sabido y repetido, sin citar fuentes, el tratadista Luís Carlos Pérez asegura que el código sobre el cual trabajamos “se modeló sobre el código francés de 1810” (Pérez, 1981, p.47). Otros más categóricos, pero no menos eurocentristas, afirman: “sin duda, el estatuto se inspiraba en el código penal francés de 1810 y en el proyecto español de 1821” (Velásquez Velásquez, 1997, p.194), o bien, “estaba calcado sobre el francés, tal como éste último quedó en 1832” (Gómez Prada, 1959, p.66) y “estaba modelado sobre los lineamientos del código francés en 1810 llamado código napoleónico” (Bolívar Acuña, 1976, p.56). Por último, un reciente y célebre autor penalista del siglo XX en Colombia, el catedrático Antonio José Cancino, de quien se deben destacar sus aportes al derecho penal moderno, no duda tampoco en repetir que: “los principales aspectos filosóficos y normativos se calcaron del código penal francés, tal como este último quedó en 1832, sin que se pueda negar la influencia del código español” (Cancino, 1986, p.10).

22Para aquellos autores no existieron por tanto las discusiones ni los debates que se realizaron desde 1833 en el consejo de estado y en las cámaras legislativas. Tampoco se reconoce la presencia de otros tratadistas y catedráticos euroamericanos como Manuel de Lardizábal y Uribe (1739-1820), Gaetano Filangieri (1753-1787), José Duque Gómez (1808-1841), José Ignacio de Márquez (1793-1880), Florentino González (1805-1874), Jerónimo Torres (1771-1839) o Charles Louis de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu (1689-1755) y sus discípulos franceses, entre tantos otros filósofos y teóricos influyentes en la elaboración de las leyes penales de 1837. Por ninguna parte aparecen las reacciones y las discusiones que se dieron en la prensa como la de El Granadino y la del redactor del periódico El Argos. Están totalmente ausentes los certámenes literarios en los cuales los estudiantes de legislación penal discutían sobre el sentido de las penas y de los delitos. Quedaron por fuera, asimismo, las prácticas, experiencias y doctrinas judiciales que los jueces, defensores y acusadores realizaban a diario en los estrados penales. En suma, la historia del derecho penal colombiano se ha agotado en una serie de comentarios repetidos en los cuales las diversas fuentes, ricas en referencias socioculturales y en nuevos criterios de control social y administración de justicia, quedan circunscritas y relegadas a unas pocas líneas en las que se repite lo mismo; en las que se excluyen y se invisibilizan las complejas dinámicas de la difusión, recepción, apropiación y producción de ideas y prácticas sociales; en las que se unidireccionalizan las conexiones continentales y mundiales, instituyendo con ello una perspectiva de análisis en la que sólo se ve una relación directa de causalidad y de “dominación ideológica y política” entre las sociedades durante la época de las revoluciones modernas.

23Como lo mostramos en un primer texto sobre “la ruta de Nápoles a las Indias Occidentales”, los lectores de Filangieri en Nueva Granada no fueron pocos ni estaban distantes de la construcción de la cultura política con la cual se agenciaban los poderes que emanaban de las “nuevas” instituciones republicanas (Escobar y Maya, 2006). En efecto, hombres como José Duque Gómez y Florentino González fueron simultáneamente lectores del napolitano, catedráticos de legislación penal y miembros de las cámaras legislativas que discutieron y sancionaron el primer código penal de Nueva Granada en 1837 y las constituciones de la primera mitad del siglo XIX. González era en 1835 el profesor de legislación penal en el colegio de San Bartolomé y en 1858, promoviendo los principios de una legislación penal, asegura que los publicistas filósofos de los tiempos modernos Beccaria, Servan, Filangieri, Montesquieu y Bentham han escrito bajo la inspiración de este principio: las penas no deben infligirse sino para ser mejor o menos malo al individuo; y los tribunales no se han instituido para ser instrumentos de venganza (González, 1981, p. 333). Por otra parte, Duque Gómez era también catedrático de legislación penal en el mismo año en el Colegio del Rosario, y ocupaba una curul en la Cámara de representantes en donde se debatía el futuro código granadino (Ospina, 1927, p.683) Esta simultaneidad de acciones llevada a cabo por profesores, políticos, teóricos y legisladores indica que la famosa copia, remedo o calco de los modelos europeos no explica ni permite comprender la complejidad de la historia social del derecho.

24En otros términos, podemos afirmar que el proceso de producción de leyes penales, de control social y de administración de justicia es mucho más que el simple traslado mecánico de textos europeos a los mundos americanos con el fin de repetir lo que se hace, se piensa y se escribe en el viejo mundo. Consideramos que la historia de América en general y, en particular, la del derecho penal en Nueva Granada, objeto de nuestra reflexión, es la expresión de múltiples y variadas acciones, influjos, movimientos, réplicas, copias también, pero no mecánicas exclusivamente, de prácticas y problemas sociales en los cuales intervienen diversos actores en diferentes ámbitos institucionales. En las páginas siguientes podremos apreciarlo con más claridad. Mostraremos que la historia del código penal, tanto en sus etapas previas de debate como en las que siguieron a su aprobación, está atravesada por una interesante conjugación de ideas que se mundializan, de hombres cosmopolitas, de textos que circulan ampliamente, de autores citados con frecuencia, de prácticas pedagógicas, de planes oficiales de estudio, de actos de valoración jurídica, de instituciones adaptadas y, detrás de todo lo anterior, como sosteniendo una frágil estructura, la historia del código penal de 1837 es la expresión de una tensión social, política y cultural que revela una historia problema, siguiendo la perspectiva de Lucien Febvre, que no se agota en la repetición ingenua de unas élites incapaces de crear y entrar en los debates de una comunidad intercontinental de intelectuales comprometidos con la puesta en marcha de proyectos que son, a su vez, locales y globales.

3. Las fuentes del primer código penal colombiano o los rastros de una mundialización jurídico-política.

 “Si las leyes son las fórmulas que expresan los pactos sociales, toda trasgresión de la ley es la violación de un pacto” Filangieri, 1783

25Aunque quisiéramos tener al alcance de nuestro estudio documentos semejantes a los que hemos hallado para el caso colombiano, pero producidos en otros países (Rusia, Prusia, Francia, España, Estados Unidos, México, Perú, etc.), debemos por ahora circunscribirnos a los neogranadinos para continuar nuestro análisis. No obstante, los documentos colombianos y algunas pistas sobre otros registros históricos en países vecinos, nos permiten sustentar la tesis según la cual los procesos de codificación penal expresaron una historia intercontinental y una mundialización política de las  ideas ilustradas. En otras palabras, podemos afirmar que en la construcción de constituciones, códigos penales y culturas políticas concretas en las sociedades incididas por las revoluciones modernas, se conectaron hombres, grupos y ciudades de “otras partes del mundo” tal como se percibió en la Gaceta de Colombia en 1823, cuando anunció a sus lectores la “edición de nuestra constitución publicada en Ámsterdam en idioma alemán”.14 Allí, en ese complejo proceso, Gaetano Filangieri y su Scienza de la legislazione confirman la afortunada expresión de Luis Castro Leiva: “La ruta de Napoles a las Indias Occidentales” (Castro Leiva, 1994, pp.129-165).

26Proponemos por tanto seguir relacionando, en los límites de este artículo, el hexágono documental que resulta de las siguientes fuentes recopiladas: primero, los documentos oficiales de gobierno (decretos, mensajes, informes) y las actas de algunos de los debates al código penal de 1837 en Nueva Granada; segundo, el articulado del código penal mismo; tercero, los archivos judiciales; cuarto, los planes de estudio y los asertos para los certámenes públicos en las escuelas de jurisprudencia; quinto, las obras de los filósofos y teóricos de las leyes criminales tanto en Europa como en América, publicadas en ocasiones en la prensa, como la disputa entre Un Granadino y el redactor de El Argos; y sexto, algunas historias del derecho penal. Con ese ejercicio no estaremos cerrando un capítulo, sólo lograremos abrir unas vías de análisis para un campo en el cual abogados e historiadores hemos ahondado poco en Colombia.15

27Empecemos haciendo alusión a un texto pionero, pero insular, en la historiografía del derecho colombiano y euroamericano. Se trata de la tesis de grado en 1898 del abogado y escritor Arturo Quijano (1878-1935), defendida ante los profesores de la escuela de jurisprudencia de la Universidad Republicana.16 Su trabajo de estudiante fue bien recibido y publicado de inmediato en la colección de libros de derecho de la mencionada institución. Siguiendo las líneas y las perspectivas de algunos textos anteriores sobre la historia del derecho en general  y del derecho civil en particular en Colombia, Quijano efectúa un trabajo de historiador cuando resuelve “recopilar, exponer y sacar a la luz lo que dormía en las bibliotecas y en los archivos nacionales” (Quijano, 1898, p.11).17

28En ese sentido, la obra precursora de Quijano, Ensayo sobre la evolución del derecho penal en Colombia, se distancia de las escuetas historias que presentan los tratadistas del siglo XX en sus textos de derecho penal para uso de los abogados y estudiantes de leyes. Aunque no cita con suficiente rigor todos los documentos que utiliza, sí son variadas las fuentes con las cuales construye el ambicioso programa en el que incluye la “ley positiva prehistórica”, es decir, la “parte indígena”, el “Derecho Español” o la “parte española” y, finalmente, el “Derecho Nacional” o la “parte colombiana (1819-1858)”.

29En efecto, Arturo A. Quijano Otero desarrolla una propuesta que todavía es un reto para los historiadores del derecho y de la política en Colombia. Resaltemos, en primer lugar, las referencias a Gaetano Filangieri cuando presenta el apartado sobre el “Derecho Español”. Allí subraya una idea del napolitano respecto a las consecuencias políticas y sociales de los errores en legislación penal por parte de los gobiernos, acudiendo a las páginas de la Ciencia de la legislación dice: “Filangieri observa que a errores penales se debió la decadencia de España” (Otero, 1898, p.41). Esta es, terminando el siglo XIX, una referencia más a la ruta de Nápoles, confirmada a renglón seguido cuando el autor asegura que a Filangieri “no le falta razón”. Para el joven jurisconsulto colombiano, siguiendo al escritor napolitano, los errores penales son “las leyes que castigaban los delitos imaginarios (…), delitos imaginarios contra la religión, la industria, la Real Hacienda, la seguridad, la tranquilidad, la salubridad, etc., etc.,” (Otero, 1898, p.41).

30Palabras interesantes para una historia socio-cultural de la política y del derecho. Sin ahondar demasiado, Arturo Quijano propone una herramienta conceptual para el análisis y la lectura de las prácticas jurídico-políticas, la administración de justicia y el control social. En efecto, la noción “delito imaginario” nos invita a pensar en su anverso: los imaginarios del delito, además nos permite mostrar que este interesante estudio de Quijano pudo haber pasado al silencio por la “hegemonía” cultural e intelectual de una matriz sacralizante como la que se ve manifiesta en la obra de uno de sus contemporáneos y luego presidente de Colombia: José Vicente Concha (1867-1929).

31En su tratado de derecho penal y ante sus estudiantes de la escuela de jurisprudencia, a comienzos del siglo XX, Concha asegura que “el derecho penal tiene su origen y su norma en una ley absoluta que constituye el orden según la mente del Creador. Los que desconocen la existencia de tal ley, y consideran como única génesis del derecho las leyes del Estado, desconocen la existencia de Dios. Subordinadas así a una norma absoluta, las leyes penales, en sus principios cardinales son absolutas, pero pueden trocarse relativas en la forma de su aplicación.” (Concha, 1929, p.13).

32Una concepción como ésta, arraigada en la tradición y argumentación escolástica y iusnaturalista, para explicar el origen de las leyes y la codificación no es extraña en la historia de Colombia. Al contrario, es recurrente, es una impronta del pensamiento y de la cultura política. Ella no es tampoco exclusiva del siglo XIX, transita de diferentes formas a lo largo del siglo XX.18 La resistencia de ese conjunto de representaciones en los hombres de estado y en las instituciones culturales vuelve pertinente la noción “repúblicas católicas” para pensar la historia política en Hispanoamérica, a pesar de los “radicalismos liberales” de algunos grupos de intelectuales. La historia del derecho es, en consecuencia, una historia política, social y cultural. Los códigos no son tampoco simples textos técnico-jurídicos, poseen una enorme cantidad de elementos socio-políticos e ideológicos que los vuelven objeto de estudio para la historia y la sociología de la cultura política.

33Como lo hemos indicado con algunos ejemplos, en la historia del derecho penal en Colombia intervienen grupos sociales que develan luchas de representaciones y choques institucionales, así las que en ocasiones se revelan entre rosaristas y bartolinos19 o entre clérigos y gobernantes, conflictos que expresan la presencia de sistemas de valores y de estructuras morales en la producción de leyes y normas supuestamente “positivas” y “racionales”. Basta leer los preámbulos de las constituciones para reconocer allí los fundamentos de las repúblicas católicas o de las versiones republicanas de regímenes de cristiandad que se levantaron en Euroamérica desde finales del siglo XVIII.

34Aún más, una ojeada a los códigos penales permite confirmar las ideas anteriores. En concreto, veamos algunos apartes del código de 1837 en los cuales la religión ocupa un lugar central en los procesos de castigo. Una compleja escenografía y una serie de consideraciones muestran la combinación y los entrecruzamientos de fuerzas tradicionales y modernas en los “principios cardinales” del derecho. El artículo 30 del primer código penal sancionado en Colombia, discutido y revisado durante más de tres años por los legisladores granadinos, dispone que “ninguna condenación podrá ser ejecutada en domingo, ni en día de fiesta de ambos preceptos, ni en los de la semana santa” (Código penal, 1837). ¿Ambos preceptos? ¿Se trata del estatal y del eclesiástico? ¿Del civil y el religioso? ¿Del republicano y el católico? Todo parece indicar que sí, pues luego, el artículo 34 dispone con más detalle el ceremonial penal de los condenados a “las penas corporales”. En efecto, allí se dice que “…en todo caso, los reos irán acompañados de los ministros de la religión, del subalterno de justicia que presida la ejecución, del escribano y alguaciles, en traje de luto, y de la escolta correspondiente”.20

35Ahora bien, retomemos el hilo de nuestra reflexión sobre la rica documentación existente en los archivos colombianos para efectuar una historia del constitucionalismo, la codificación y la cultura política. Volvamos también al interesante y sugestivo “ensayo”, o pionero trabajo histórico sobre la Evolución del derecho penal en Colombia. Por segunda vez, Arturo Quijano visibiliza la presencia de Gaetano Filangieri en la controversia que en ocasiones se agudizaba por las declaraciones de los “ministros” de “ambos preceptos”, o por las luchas de imaginarios y representaciones de las cuales hablamos líneas atrás. Testimonio de ello son las listas que desde el siglo XVIII habían puesto los textos de Filangieri y otros clásicos de las diversas ilustraciones de Euroamérica, entre los libros prohibidos por la Sagrada Congregación del Índice.

Portada de una de las tantas ediciones del Índice de libros prohibidos, publicado en Roma en 1819, y página en la cual se encuentra la Ciencia de la legislación de Gaetano Filangieri.

36Esas listas las conocía el obispo de Cartagena en 1810. Las conocía también el mexicano gobernante y revolucionario José Ignacio Cavero y Cárdenas. El clérigo se llamaba Custodio Díaz Merino y se distinguió por su oposición a la declaración de independencia firmada por Cavero el 11 de noviembre de 1810 en la mítica ciudad “heroica”. La disputa entre los dos  hombres en torno a los hechos políticos del momento la recoge Arturo Quijano y ve en ella un documento de la historia del derecho colombiano. Historia aún más interesante si se le piensa desde la perspectiva de las historias conectadas. Pues allí, en medio de las amenazas inquisitoriales del obispo y de las respuestas del gobernante, aparecen hombres, ideas, ciudades, instituciones, prácticas y representaciones de dos de los mundos atlánticos. En efecto, Roma, Nápoles, Cartagena, México, Madrid, Milán, París y Londres entre las ciudades; Filangieri, Beccaria, Grocio, Locke, Cavero, Díaz Merino entre los hombres; autoridad civil y eclesiástica, libertad de prensa, libros prohibidos y delitos contra la moral y la religión entre las ideas y las representaciones; inquisición y persecuciones, juntas de gobierno y declaraciones de independencia e iglesia y confesiones entre las prácticas y las instituciones.

37A lo anterior es pertinente agregar algo más. Detrás del enfrentamiento de aquellos hombres, el uno defensor del sistema eclesiástico y el otro del civil y republicano, se vislumbran dos tipos de cultura política, dos maneras de administrar justicia y de agenciar el poder, dos formas de control social y dos fundamentos divergentes de las leyes penales. En otras palabras, existen en los términos del obispo y del gobernante civil dos lógicas que legitiman, cada una, los órdenes políticos desde representaciones sociales opuestas. En efecto, el presbítero Merino Díaz se sorprendía, según Ignacio Cavero, por “la abolición del santo oficio” y porque el nuevo gobierno actuaba “sin temer las penas de la Iglesia”. Por su parte, el hombre de estado veía en las reacciones del clérigo una “conspiración de los inquisidores contra la soberanía popular rebelada”.21

38Es la época de las revoluciones modernas. Cavero y Merino Díaz representan los “dos preceptos” de los que hablamos antes, significan la tensión que se había gestado entre las élites intelectuales y políticas por la presencia de los idiomas ilustrados, entre muchas otras razones de las transformaciones revolucionarias, y demuestran una vez más la importancia de una historia política que visibilice los libros, los lectores, las formas de lectura, las bibliotecas, los editores y todo el conjunto de dispositivos propios del sistema educativo y cultural.22 Las disputas entre “la razón emancipada” y la “autoridad de la fe” dieron pie al surgimiento de estructuras racionales para legislar, codificar y administrar justicia, permitieron lo que en historia y sociología política se ha denominado “la laicización del pensamiento” y provocaron la eclosión de asambleas constituyentes y de constituciones, de cámaras legislativas y de códigos y proyectos de códigos, y de nuevas maneras de hacer política en las cuales se imbrican legados del pasado e innovaciones del presente, rompiendo de esa manera las dualidades puristas que impiden ver las mixturas, las combinaciones y las hibridaciones.

39Veamos ahora otro grupo de fuentes intercontinentales sobre la historia del derecho penal y la codificación en Euroamérica. El que representan los textos de los filósofos y teóricos de las leyes penales y/o criminales, si seguimos las palabras de uno de ellos, las del escritor, catedrático y hombre de estado Medardo Rivas (1825-1901) cuando dice que: “El estudio de las acciones que deben prohibirse, es lo que se llama legislación criminal, y penal, cuando comprende también el de las penas que deben aplicarse a los que las ejecutan” (Rivas, 1893, p.17). Rivas Mejía realizó una serie de dieciocho conferencias en la Universidad Republicana a finales del siglo XIX, justamente allí donde Arturo Quijano Otero efectuaba sus estudios de jurisprudencia en medio de un círculo liberal de profesores que reivindicaba la cátedra libre.

40Entre los temas tratados por Medardo Rivas se destacan sus reflexiones sobre “la legislación”, “la idea de justicia”, “la responsabilidad social del delito”, las “diversas clases de penas” y sobre aquel otro concepto que Quijano Otero no olvidó gracias a la lectura de las obras de sus maestros: “los delitos imaginarios”. Ahora bien, lo que sorprende en el texto del profesor Medardo Rivas es la frecuente referencia a Gaetano Filangieri para finalmente solicitar en su conclusión, “la modificación del ‘Código Penal’, que tan cruelmente martiriza y mata a los infelices hijos del pueblo” (Rivas, 1893, p.185). En doce ocasiones aparece citado el napolitano y su Ciencia de la legislación, sin olvidar, como es lógico, a Beccaria y demás reformadores del derecho penal desde el siglo XVIII (Montesquieu, Lardizabal y Diderot, entre otros). Sobre los errores en legislación, Rivas y Filangieri coinciden. Allí se proclama abiertamente que una equivocada ley puede producir un “mal irremediable” (Rivas, 1893, p. 65). Luego, en la décima conferencia sobre los “errores de la época”, confirma la idea anterior al empezar su intervención citando a Filangieri: “los errores de un siglo son desconocidos de los más ilustrados del mismo siglo, mientras que el más ignorante de los que nacen después se sonríe de los errores de sus padres; pero sin fijar la atención en los que le son sustituidos” (Rivas, 1893, p.73).

41Las referencias anteriores nos permiten seguir argumentando que los procesos de codificación penal fueron una historia intercontinental. Veamos otros ejemplos de las discusiones y fundamentos sobre la pertinencia de códigos penales y de procedimientos precisos para administrar justicia que, por otra parte, nos confirman las conexiones existentes entre los miembros de una comunidad intercontinental de ilustrados mundializando las nuevas ideas sobre las formas de control social. Es en este sentido que Medardo Rivas sugiere, en su segunda conferencia sobre “legislación”, que “los hombres de nuestro continente que conquistaron la independencia y la libertad, no deberían olvidar, al expedir el código penal, las palabras elocuentes dirigidas por Filangieri a los americanos del norte cuando iban a expedirlo” (Rivas, 1893, p.31). Esta alusión del catedrático y teórico colombiano a Italia y Estados Unidos proviene de la Ciencia de la legislación, donde Filangieri, como se lo indicaba su método histórico, evoca con frecuencia lo que estaba sucediendo en el norte de América a partir de los sucesos independentistas en la década de 1770. No obstante, es preciso recordar que los vínculos entre Nápoles y Filadelfia no estaban solamente en la obra cumbre de Filangieri, sino también en el fluido intercambio epistolar entre el filósofo napolitano y Benjamín Franklin (1706-1790), reformador y legislador moderno euroamericano. En efecto, estos dos hombres, miembros de logias masónicas, intercambiaron cartas entre 1782 y 1787 y se enviaron regalos de un continente a otro, entre los cuales iban y venían libros ilustrados como la Scienza della legislazione, traducciones francesas de varias constituciones de los nuevos estados unidos e invitaciones mutuas para participar en los procesos de codificación que reformadores, revoluciones y nuevas condiciones sociales y económicas capitalistas impulsaban entre ambos mundos.23

42Pareciera en ocasiones que los textos de los americanos son los que, con exclusividad, se refieren a los “progresos e inventos europeos”, con el fin de legitimar sus reformas sociales y políticas. Así se podrían interpretar las siguientes palabras del reformador granadino Demetrio Porras cuando presentaba su proyecto de código penal a finales del siglo XIX: “Al cometer, pues, la notable tarea de reformar y revisar el código vigente, no hará el congreso sino seguir la de otras naciones europeas y americanas que han renovado y mejorado las leyes penales. Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Hungría, Luxemburgo, México, Chile y el Brasil han promulgado sus nuevos códigos; y en el reino de Italia, patria de los más esclarecidos criminalistas modernos y maestros de la ciencia y del derecho moderno se discuten actualmente los proyectos presentados para su aprobación al parlamento por Zanardeli” (Rivas, 1893, p.32).

43No obstante, en el texto de Demetrio Porras están América y Europa, así como lo están en la obra de Gaetano Filangieri. Si revisamos ésta última se pueden encontrar múltiples referencias a pueblos, ciudades y regiones del Nuevo Mundo, entre ellos América, México y Nueva España, Indias Occidentales, Antillas, Caribe, Perú, Potosí y Santo Domingo. En relación con este último territorio, Filangieri elabora un interesante pasaje de sociología política sobre las consecuencias de la esclavitud, análisis retomado y citado por Medardo Rivas cuando, en la misma dirección, razona sobre “el espanto que el código penal derrama” sobre las regiones donde se han concentrado “las poblaciones de indios y de negros” en Colombia. El pasaje de Filangieri referido a “los negros” de Santo Domingo dice así: “es preciso ver que si los negros que han roto sus cadenas han sido feroces, han castigado unas crueldades espantosas, con espantosas crueldades; ¿pero quien tiene la culpa? ¿Habían ellos venido a las costas habitadas para traer el incendio y el asesinato? ¿Con que derecho se les mantuvo en la esclavitud? ¿Cuales eran sus deberes para con unos hombres culpables de rapto y de asesinato? Y ¿Cuál es el tratado entre esas dos razas de hombres que pueda comprometerlos?” (Rivas, 1893, p.21).

44Las palabras del párrafo anterior no sólo significan la larga presencia de las ideas del filosofo napolitano en Nueva Granada, sino que revelan a su vez la existencia de una comunidad intercontinental de autores que a través de sus obras, sus conferencias, sus cartas y demás prácticas de sociabilidad mundializaban las ideas ilustradas y conectaban territorios, ciudades y problemas jurídico-políticos compartidos por las élites intelectuales de los dos mundos. Entre Medardo Rivas (1825-1901) y Gaetano Filangieri (1753-1788) existe una serie de hilos que permite restablecer un tejido cultural que imbrica las ciudades distanciadas unas de otras y las épocas separadas por el paso del tiempo.

45Ahora bien, la historia de la codificación penal, en el caso de la Nueva Granada, como lo venimos planteando, implica seguir haciendo aparecer variados documentos en los que se advierten problemas más complejos que los simples datos cronológicos, o que los reductores juicios con los cuales la historicidad de las modernas formas de administrar justicia, en Iberoamérica, ha sido el simple traslado mecánico e ingenuo de las creaciones de “los países civilizados” a “las razas bárbaras y salvajes”.

Portadas del Código penal de la Nueva Granada editado en París en 1840 y de la Ciencia de la legislación de Gaetano Filangieri, obra publicada en la misma ciudad en 1836. En el centro, encabezamiento del texto que recoge una de las sesiones del Diario de debates de la Honorable Cámara del Senado en 1836.

       

46En esa dirección, veamos lo que se creó en el terreno de los hombres de estado, es decir, en la producción documental originada por los gobernantes y legisladores en Nueva Granada. Desde sus inicios republicanos, en la década de 1820, puede seguirse el rastro a una amplia experiencia deliberante sobre la importancia y el sentido político de un “código penal moderno” que evite “las trabas y embarazos que ofrece la actual legislatura española” (Gaceta de Colombia, 1822, N. 28, p. 1). Son palabras de Francisco de Paula Santander, vicepresidente y encargado del poder ejecutivo, ellas representan la gestión que las nuevas élites granadinas e ilustradas llevaban a cabo para instaurar una república moderna. Allí, en un documento oficial, el decreto de gobierno del 5 de enero de 1822, se aseguraba que era necesario presentar al congreso proyectos modernos para la creación de los códigos civil y criminal. Para ello, “se creó una comisión de letrados” que, partiendo del estudio de los “códigos civiles y penales más celebres en Europa, de la legislación española y de las bases fundamentales sobre las que se ha organizado el sistema de gobierno de Colombia, redacte un proyecto de legislación propio y análogo a la República” (Gaceta de Colombia, 1822, N. 28, p. 1). No se trataba entonces de copiar o calcar, se trataba de producir y crear, en medio de unas condiciones comunes a Europa y América, un texto jurídico, una sensibilidad administrativa y una cultura política capaz de afrontar los retos de un estado independiente y de una ideología utilitarista.

47La comisión de letrados encargada del proyecto de codificación penal estuvo conformada por hombres ilustrados y funcionarios del nuevo gobierno republicano, formados bajo las instituciones educativas que los borbones españoles habían reformado desde la década de 1760. Allí se nombró a José Manuel Restrepo (1781 – 1863), en calidad de secretario del interior; a José Félix Restrepo (1760 – 1832), ministro de la Alta Corte; a Diego Fernando Gómez (1786 – 1854) también ministro de una corte de justicia; al senador Jerónimo Torres (1771 – 1837) y al abogado Tomás Tenorio (1758 – 1827). Esta comisión redactó un proyecto de código penal  que fue publicado en 1823 en Bogotá. Dice su subtitulo que tuvo presente el proyecto de código penal que se presentó a las cortes españolas en 1821, pero “con las variaciones necesarias” (Proyecto de Código Penal para Colombia, 1823). Esa referencia no significa copia indiscriminada y ciega, más bien representa, una vez más, el proceso de mundialización de las ideas ilustradas. Ellas se ven claramente en las palabras que pronunció Jerónimo Torres en 1823 ante el senado, como vicepresidente de esa corporación. En nombre de “la constancia y de las luces” asegura que el trabajo de los congresistas “ha comenzado a plantear las bases fundamentales del santuario de las leyes que deben elevar a esta República a la cumbre de felicidad y opulencia a que la llaman sus destinos”. Declara igualmente que los legisladores han dejado “redactadas las leyes orgánicas para el régimen económico y político de la República, sustanciación y poder judicial, juntamente con un código penal, que tienen un contacto más inmediato con la seguridad, honor y vida de un pueblo, no esclavo ya, sino libre y en posesión de la plenitud de sus derechos” (Gaceta de Colombia. N. XCVI, 1823, p.3).

48Por otra parte, debemos recordar que los archivos colombianos conservan, aunque parcialmente, las actas de las sesiones del congreso entre los años 1834 y 1837, cuando se debatió ampliamente el proyecto del que fue luego el primer “código criminal” del país.24 Hubo allí, entre los legisladores, laicos y religiosos –el arzobispo de Antioquia, José María Gómez Plata, era el presidente del senado- una amplia polémica sobre fiscales, pruebas judiciales, arbitrio de los jueces, vindicta pública, males de la sociedad, fuga de los reos y escarmiento de los delincuentes, entre otros aspectos propios de los principios y procesos en las causas criminales. Se hizo, por parte del Sr. Valentín Froes (1789-1840), una referencia al “derecho natural” como el fundamento de las leyes penales y se aseveró que no era posible que “la legislación de un país libre trate de ponerle trabas” (Diario de debates de la honorable Cámara del Senado, 1836, p.19). Las actas muestran, por otra parte, que las discusiones se hacían artículo por artículo y que después de cada una de ellas se votaban las diversas proposiciones. Fueron muy activos en esos debates el cartagenero Eusebio Maria Canabal (1774-1853), también constituyente por Mompox en 1830, y Antonio Malo, constituyente asimismo por Tunja en 1831. Tenemos por lo tanto un escenario deliberante que expresa y produce cultura política, codificación y constitucionalismo. En efecto, los señores Eusebio María Canabal y Antonio Malo estuvieron compartiendo estudios de jurisprudencia, debates en el congreso en torno al código penal y amplias discusiones político-constitucionales en los procesos constituyentes. Sus actividades fueron reseñadas en la prensa, publicadas en las imprentas de la primera mitad del siglo XIX25 y en las actas y diarios de debates del senado de 1836. Diez años después ambos fueron candidatizados para la vicepresidencia de la república (Arboleda, 1919, p.277).

49Estas élites intelectuales, cosmopolitas y políglotas, pasaban con gran facilidad de lo político a lo jurídico y de allí a lo académico y periodístico. Lectores de los filósofos y teóricos del derecho penal, llevaron a los debates sobre la codificación colombiana las ideas que venían circulando en Euroamérica, desde la segunda mitad del siglo XVIII, concernientes a la administración de justicia y el control social. Las intervenciones de Valentín Froes, Antonio Malo, Eusebio María Canabal y del arzobispo Gómez Plata en cuanto a las “declaraciones de los testigos”, nos remiten de inmediato a las reflexiones de Gaetano Filangieri sobre la “libertad de acusación” que presentamos en el primer acápite de este artículo. Así como el Cavalieri napolitano discutía con Montesquieu sobre la confianza y la transparencia del sistema acusatorio, desestimadas por el filósofo francés al proponer un proceso de acusaciones basado en la denuncia oculta, los legisladores colombianos se introdujeron en puntuales discusiones sobre “los testigos que se retractaran” o sobre “los falsos testigos y el perjurio en que incurren”. Ello los condujo a contemplar la posibilidad de “los testigos de buena fe” y a plantear “la seguridad de los ciudadanos” -concepto de claro sello ilustrado- como el trasfondo que legitima todo el sistema penal y el ordenamiento constitucional (Diario de debates de la honorable Cámara del Senado, 1836, pp.21-22). Trasfondo que revela un entramado complejo en el cual convergen ideas, libros, autores, imaginarios del delito, actores políticos y sociales y, finalmente, tensiones entre tradición y modernidad que muestran, a su vez, las especificidades locales de los procesos de codificación y los rasgos generales compartidos por los intelectuales euroamericanos del siglo XIX.

50Terminemos esta presentación de las fuentes producidas por las instituciones oficiales destacando las palabras de los legisladores granadinos de 1836 sobre la proporcionalidad entre delito y pena y sobre la pena de muerte. Son declaraciones que parafrasean a los teóricos y filósofos que se estudiaban en las escuelas de jurisprudencia y se invocaban en los artículos de prensa, como el de Un Granadino. Los mismos legisladores -Malo, Gómez Plata, Canabal y Froes- comparten las luces de su siglo y las del anterior. Lo dicen expresamente y lo indican cuando defienden sus percepciones sobre la aplicabilidad, o no, de la pena de muerte. Valentín Froes, por ejemplo, asegura que “los más ilustres escritores de este último siglo, todos de común acuerdo, han convenido en que la sociedad no tiene derecho a imponer la pena de muerte”, y concluye tajantemente, en una especie de acuerdo intercontinental, que todos aquellos ilustres escritores “han declarado la injusticia de ella” (Diario de debates de la honorable Cámara del Senado, 1836, p.124). Por su parte, el señor Antonio Malo recurre a lo que se ha terminado por denominar un tanto anacrónicamente, “la humanización del derecho penal”.26 En efecto, para Malo la pena de muerte no “da esperanzas de que ese hombre que ha sido condenado a ella, pueda reformar sus costumbres y ser útil a la sociedad”. Envuelto en el halo optimista de los ilustrados, el legislador citado invita al congreso en pleno a “mejorar la suerte de esos desgraciados echando una mirada a los tiempos futuros, en los cuales puede ser, que el hombre condenado a trabajos forzados vuelva sobre sí, enmiende su conducta, y dé una garantía a la sociedad para que vuelva a incorporarlo en ella”. (Diario de debates de la honorable Cámara del Senado, 1836, pp.123 y124).

51Ahora bien, con el fin de seguir completando el hexágono documental propuesto, veamos algunas fuentes que provienen del campo educativo y que nos permiten continuar demostrando la compleja producción intelectual, política y jurídica en los procesos de codificación, como se puede visibilizar en la agitada y convulsiva tensión que implicó la creación del código penal de 1837. Ese pulso entre hombres de diferentes regiones, profesiones y filiaciones ideológicas, traduce simultáneamente una tensión entre lo legal y lo legítimo, entre lo cultural y lo político, entre lo público y lo privado, entre el estado y la población y entre lo moral y lo jurídico. Las disputas y las reformas en torno a los planes de estudio así lo demuestran. Lo confirma el entramado escenográfico e ideológico que se desarrolla en las aulas de clase, en las instituciones educativas y en los certámenes públicos donde se evalúan los procesos de adoctrinamiento y formación intelectual de las elites decimonónicas en Nueva Granada. En ese sentido, leamos la definición que se dio, en 1855, en los Prospectos del Colegio i Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, “fundado en la capital de la Nueva Granada para la educación y enseñanza de los señoritos pensionistas i niños esternos”. El capítulo sexto de dicho documento declara entonces lo siguiente: “Entiéndase por acto literario público el espreso testimonio i la mejor prenda que, de su laboriosidad i vijilias, da un tierno i grato hijo a sus generosos i juiciosos padres; la clara manifestación del aprecio i amor con que el alumno ha correspondido al asiduo trabajo de sus activos i vijilantes superiores, i a los cuidadosos desvelos de sus prudentes e instruidos profesores; la prueba pública i solemne que un establecimiento literario da a la sociedad del aprovechamiento de sus alumnos, i del interés con que en él se trabaja por mejorar la suerte de la humanidad”. (Prospectos del Colegio i Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1855, p.14)

Pensionista del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, imagen inserta en Prospectos del Colegio i Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1855)

52Interesante definición de los certámenes públicos o actos literarios. Eventos académicos y políticos que se venían realizando desde el siglo XVIII en las instituciones educativas granadinas, como lo ha reseñado Renán Silva (Silva, 1992, p.124). Los archivos del Colegio Mayor de San Bartolomé conservan una abundante colección de actos literarios en donde se defendían las proposiciones o asertos de cada cátedra. En la imagen siguiente pueden apreciarse los correspondientes actos de las cátedras de “teología natural y psicología” y “lógica” que realizaron en 1807 y 1803 Francisco de Paula Santander y Antonio Ricaurte, respectivamente. Observando las colecciones de asertos y leyendo las convocatorias a los certámenes públicos se comprende mejor el sentido de la definición dada por el Colegio y Escuela del Sagrado Corazón de Jesús a los actos literarios. En ella se cruzan actores sociales como hijos y padres, venidos del ámbito de lo privado; alumnos, profesores y superiores, de la esfera de lo público y, por encima de ellos, dos conceptos absolutos y omnipresentes que se han incorporado al lenguaje y a la cultura política del mundo moderno: sociedad y humanidad. Dos constructos que han dado fuerza a la gran mayoría de las reformas políticas desde el siglo XVIII en Occidente y a cuyo nombre se han armado ejércitos y partidos. El concepto sociedad, por ejemplo, ha circulado de tal forma por Euroamérica que, en palabras de Javier Fernández Sebastián “la crisis abierta en 1808 iba a evidenciar por primera vez en el siglo esa extraordinaria operatividad y capacidad vertebradora del concepto de sociedad legado por la Ilustración a la hora de afinar las diferentes ideologías y proyectos políticos en lisa” (Sebastián, 2002, p.660). Los actos literarios eran por tanto un escenario de mundialización ideológica, un territorio urbano en el que se cruzan fuerzas políticas, civiles y académicas. En términos del historiador Alberto Echeverri, “los certámenes públicos son al mismo tiempo tribuna política, espectáculo civil y vitrina de las ciencias.” (Echeverri, 1989, p.282).

Avisos manuscritos invitando a los actos literarios de Francisco de Paula Santander en 1807 y de Antonio Ricaurte en 1803. Archivo del Colegio Mayor de San Bartolomé, Bogotá.

   

53En efecto, allí se manifestaban los poderes del estado y de la iglesia, pues con frecuencia los actos literarios se realizaban en las capillas, donde asistían, como invitados especiales, las autoridades eclesiásticas y políticas de la localidad. El examen público efectuado a los estudiantes granadinos era entonces expresión de una secularización del sistema educativo regulada por la moral católica. Por otra parte, la evaluación sometía a los estudiantes a un combate intelectual con sus maestros y sus superiores del que podían salir lastimados en su honor y su reputación, ellos mismos y sus familias. Por último, los certámenes públicos ponían en circulación los nuevos saberes que la república protegía y a la vez controlaba por medio de la cuidadosa selección de autores y libros que efectuó a través de la legislación. Basta hojear los tres tomos de los decretos y leyes que se promulgaron entre 1819 y 1837 en torno a la educación en general y sobre la educación jurídica en particular (López Domínguez, 1990).

54En aras de cerrar parcialmente nuestro periplo por las variadas fuentes documentales neogranadinas sobre la codificación penal, digamos con Julio Gaitán Bohórquez que las colecciones de asertos y certámenes públicos literarios conforman una fuente explorada insuficientemente por la historiografía colombiana (Gaitán Bohórquez, 2002, p.24). En efecto, esos documentos constituyen una veta de información para comprender los avatares de la historia de la cultura política en Colombia y las múltiples rutas por las que circularon las ideas y los libros en Euroamérica. Como ejemplo de ello presentamos la convocatoria que se hizo, en 1833, a los actores sociales mencionados en la definición del Colegio y Escuela del Sagrado Corazón de Jesús para que, bajo la dirección del catedrático Rafael María Vásquez “los alumnos de la clase de filosofía del Colegio de San Bartolomé (...) presentarán seis actos literarios (…) en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores (antes Castrense)”. Ahora bien, la convocatoria pública sobrepasa las fronteras capitalinas y el carácter local del evento, deducibles a partir de una primera mirada, cuando en un párrafo destacado y señalado se reúnen dos intelectuales euroamericanos con el fin de ser homenajeados: Félix Restrepo, calificado de “benemérito conciudadano recientemente muerto” y Mr. Desttut conde de Tracy, adjetivado como “profundo ideologista”. El anuncio es, como muchas otras portadas de libros y folletos del siglo XIX, un texto mundializado e intercontinental y la representación del carácter de las repúblicas católicas construidas por las élites decimonónicas en Euroamérica. (Ver imagen siguiente).

Invitación pública a seis actos literarios en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, Colegio de San Bartolomé, Bogotá, 1833.

55En esa dirección puede entenderse la resolución del presidente Santander previniendo los catedráticos sobre las enseñanzas de Jeremías Bentham (1748-1832) en 1835. A pesar de la defensa que desde la década de 1820 había hecho de la obra del inglés, el gobernante granadino tiene que sucumbir ante la tradición y tranzar con las fuerzas conservadoras que tomaban el control de las instituciones políticas. Parafraseando los tres artículos que constituyen la resolución del 15 de octubre de 1835 (citada en Jaramillo Alzate, 1977, p.195) el presidente Santander previene a los catedráticos de legislación universal para que, bajo la más estricta responsabilidad y mientras se designa otro autor, expliquen las doctrinas y las proposiciones de Bentham, pero de tal forma que no se lesionen las enseñanzas de la moral, del derecho natural y de la religión revelada. Allí se piensa no solamente en encontrar otra obra extranjera que remplace a la del jurisconsulto inglés, sino también, aunque con algunas dificultades, en la posibilidad de que se redacte en el país una obra perfectamente adaptada a nuestros principios religiosos y políticos. El texto jurídico, finalmente, exige a los catedráticos que lean la resolución a todos sus alumnos en las aulas de clase. Dicho documento está en consonancia con las colecciones de asertos que se expidieron a los largo del siglo XIX y a lo ancho del territorio colombiano. En efecto, en Bogotá, Medellín, San Gil, Vélez, Cali, Tunja, Pasto, Panamá, Cartagena y en todas las demás poblaciones en las cuales hubo enseñanza pública, se celebraban actos literarios que en palabras del gobernador Francisco Antonio Obregón (1801-1869) “dejarían satisfecho al más severo censor” (Jaramillo Alzate, 1977, p.195).

56Siguiéndole la pista a estos documentos relativos al sistema educativo neogranadino, en particular a los relacionados con la enseñanza del derecho penal, podemos asegurar que desde el comienzo y hasta el final del siglo XIX la presencia de la obra de Gaetano Filangieri, al lado de los clásicos franceses e ingleses, permeó la cultura política y los procesos de constitucionalismo y codificación en Nueva Granada. El abogado e ilustrado Vicente Azuero, quien intervino en la creación del plan de estudios de 1826 y luego fue designado para enseñar los principios de legislación universal y legislación civil y penal en la Universidad Central en Bogotá (López Domínguez, 1990, p.359), publicó un folleto en 1826, contra “las criminales difamaciones de un eclesiástico faccioso y rebelde a las leyes de la república”, refiriéndose al presbítero Francisco Margallo (1765-1837). Allí, Azuero recuerda al napolitano autor de la Ciencia de la legislación. En efecto, el catedrático escribe: “teníamos antes de él [Bentham], a Montesquieu, Beccaria, Filangieri; pero estas obras, llenas ciertamente de riquísimas preciosidades, eran todavía muy imperfectas, no abrazaban varias materias, dejaban mucho que desear” (Azuero, 1981, p.236).

57En suma, el recorrido que hemos hecho por el conjunto de fuentes, dentro de las cuales dejamos por fuera los documentos de los archivos judiciales, porque ellos mismos demandan un tratamiento más detenido, nos permite expresar que “La ruta de Nápoles a las Indias Occidentales” se inscribe en una historia de las leyes penales, la administración de justicia y el control social en el marco de la época de las revoluciones modernas en Euroamérica. El caso del código penal de 1837, en Nueva Granada, lo ilustra, lo respalda y lo confirma.

Corolario

58Podemos concluir, soportados en el hexágono documental presentado, que los previos a la expedición del primer Código Penal pertenecen a una historia de la codificación en Euroamérica. El entorno que crearon los debates, las representaciones, las interlocuciones, las percepciones frente a los delitos y las penas; las ideas de límite o alcance del control social, así como las concepciones respecto a la administración de justicia, demarcó unos tópicos de cultura política que, a su vez, fueron dejando su impronta en las formas como los colombianos han afrontado y resuelto sus problemas jurídico-políticos.

59De allí se desprende que la historia del código penal es también la de ideas políticas que se mundializan, de granadinos que se hacen cosmopolitas, de obras jurídicas que circulan sin referentes nacionalistas, de ilustrados que se citan en Euroamérica, de textos que se estudian ampliamente entre intelectuales de ambos mundos, de prácticas pedagógicas en consonancia con las culturas políticas y de planes de estudio del espesor de las diferencias políticas.

60Así, “La ruta de Nápoles a las Indias Occidentales” se inscribe en la época de las revoluciones modernas como en la historia social y política de las leyes penales y la administración de justicia en Euroamérica. Los documentos hallados en las bibliotecas colombianas ilustran los avatares ideológicos, culturales y políticos que acompañaron la expedición del primer código penal de 1837, pero a su vez, refrendan la presencia de la obra de Gaetano Filangieri, al lado de clásicos franceses e ingleses, demostrando con ello la existencia de otra ruta para pensar y reescribir la historia política colombiana en la perspectiva abierta por las historias conectadas.

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Notes

1 Agradecemos la colaboración recibida por parte de los auxiliares de investigación Camilo Arango Osorno, Natalia Jaramillo Bustamante y Natalia Isaza Jaramillo, a los integrantes del Semillero en Investigación Histórica de la Universidad EAFIT (SIHUE), al abogado e historiador del derecho penal Nodier Agudelo Betancur, al profesor e investigador Andrés Botero Bernal y a la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT.
2 La obra de Beccaria es Del disordine e de’rimedi delle monete nello Stato di Milano nell’anno 1762. Lucca, 1762.
3 República de la Nueva Granada (1837) Código penal de la Nueva Granada, espedido por el Congreso en sus sesiones de 1837, Bogotá, Imp. J. A. Cualla. Las penas corporales, según el artículo 19, son: la pena de muerte (todo condenado a muerte sufrirá la conocida por el nombre de garrote, art. 32), la de trabajos forzados, la de presidio, la de reclusión en una casa de trabajo, la de vergüenza pública, la de prisión, la de expulsión del territorio de la República, la de confinamiento en un distrito parroquial, cantón o provincia determinada y la de destierro de un lugar o distrito determinado. Entre las no corporales están: la infamia, la privación o suspensión de derechos, la vigilancia de las autoridades, la inhabilitación, privación o suspensión  para ejercer empleo, el arresto, el apercibimiento judicial, la fianza de buena conducta y la multa, entre otros.
4 El principio de proporcionalidad no se encuentra expreso en el código penal neogranadino de 1837; no obstante, se puede inferir su presencia en el articulado del título segundo: “de las circunstancias que agravan o disminuyen los delitos y las culpas, y del modo de graduarlos y aplicar las penas”.
5 Para más detalles sobre su formación, ver nuestro artículo en la revista del Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT Co-herencia, No. 4, Medellín, enero-junio de 2006.
6 La primera edición de esta obra en 1748 publicada en Ginebra se tituló así : De l'Esprit des loix, ou du Rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, etc. [par le président de Montesquieu], à quoi l'auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les loix romaines touchant les successions, sur les loix françaises et sur les loix féodales [publié par J. Vernet], Genève, Barrillot et fils, 1748.
7 Remitimos al proyecto de investigación del grupo Sociedad, Política e Historias Conectadas, a cargo del profesor Adolfo Maya Salazar, “Avatares de lo público: historias de la razón y de la acción política”, actualmente en proceso de formalización ante la Universidad EAFIT.
8 Oeuvres de G. Filangieri, trad. de l'italien [par J.-Ant. Gauvain Gallois], nouv. éd., accompagnée d'un commentaire par M. Benjamin Constant et de l'éloge de Filangieri par M. Salfi, Paris, P. Dufart, 1822-1824. Encontramos un ejemplar de esta edición en la biblioteca de la Universidad de Antioquia en Medellín.
9 Carta de Voltaire a Beccaria del 30 de mayo de 1768. Tomamos los datos de: Beccaria, Cesare (1994) De los delitos y de las penas. Barcelona, Altaza, pp.178-179
10 “La ruta de Nápoles a las Indias Occidentales: cultura política, constitucionalismo y codificación en el mundo ibérico durante el siglo XIX. El caso de la Nueva Granada”.
11 Entendemos por cultura política: el conjunto de prácticas y representaciones que modelan, determinan y expresan las formas como los hombres se relacionan con el poder.
12 Remitimos al trabajo de Juan Oberto Sotomayor, en particular el capítulo primero, “El derecho penal como mecanismo colectivo de control social”, en su obra Inimputabilidad y sistema penal, Bogotá, Temis, 1996. Según Sotomayor, siguiendo diversos autores (Lumia, Kaiser, Muñoz Conde, Miralles, Hassemer, entre otros), “en el derecho penal como en las otras instancias de control social se presentan los mismos elementos estructurales: la norma que define un comportamiento como desviado, la sanción o reacción vinculada a la desviación y el proceso como prolongación de las dos primeras a la realidad” (p.4).
13 Sobre los libros ilustrados en diversas bibliotecas del mundo, antes de 1850, cabe destacar el numero de publicaciones por autor: Biblioteca Nacional de Australia: Filangieri (2), Genovesi (2), Montesquieu (2), Diderot (1), Locke (1), Hobbes (1), Voltaire (1); Biblioteca Nacional de Israel: Muratori (1), Montesquieu (1), Biblioteca Nacional de Rusia: Montesquieu (4), Beccaria (2), Verri (2), Voltaire (5), Locke (5), Hobbes (9); Biblioteca Nacional de Turquía: Montesquieu (1); Biblioteca Nacional de Surafrica: Beccaria (1), Run Run Shaw Library. University City of Hong Kong: Beccaria (1).
14  Gaceta de Colombia, No. LXXXVIII, Bogotá, 15 de junio de 1823, p.3. En el prologo de los traductores se lee además lo siguiente: “Por acostumbrada que esté la presente generación a las más extraordinarias e importantes mutaciones, acaba de verificarse una de gran trascendencia, tanto por su efecto presente como por el prospecto que ofrece para lo futuro: tal es la formación de gobiernos independientes y libres en el hemisferio occidental, que hasta ahora estaba excluido de toda comunicación con las otras partes del mundo”.
15 El abogado e historiador Andrés Botero Bernal está realizando una investigación de historia del derecho con base en fallos judiciales de los jueces antioqueños a lo largo del siglo XIX. Los resultados de esta investigación están próximos a publicarse. De acuerdo con algunos de sus comentarios personales, allí se plantean importantes análisis en cuanto a los recursos jurídicos que los jueces aplicaban en la administración de justicia durante el siglo republicano, de tal forma que “antiguo y nuevo régimen pervivían en una compleja amalgama”.
16 La Universidad Republicana fue fundada en 1890 con “la intención de crear una escuela de cátedra libre –practicada por los claustros docentes durante el radicalismo [liberal 1863-1886]- y como una ampliación del Colegio Académico ‘Miguel Antonio Rueda’. (…) En 1910, la Universidad Republicana sufrió graves tropiezos económicos. Un grupo de profesionales, empeñados en salvarla, fundaron una ‘compañía anónima de capital limitado’, que tendría como aporte principal la Universidad Republicana ya existente, la cual sería cedida por su propietario, el doctor Eugenio J. Gómez, a la sociedad que se iba a crear” (Liliana López Bueno, 2002) . Cabe destacar el esfuerzo que hacía, en plena hegemonía del proyecto católico-conservador de la Regeneración, un amplio grupo de catedráticos en Colombia por mantener un espacio de reflexión crítica. Liliana López Bueno (2002)
17 Quijano Otero (1898). Quijano Otero referencia en particular el trabajo de Fernando Vélez, Datos para la historia del derecho nacional, Medellín, Imprenta Departamental, 1891.
18 Quizás sean insuficientes los ejemplos, pero podría pensarse en la historia de la consagración del país al Sagrado Corazón. En efecto, en la década de 1890 hubo una serie de consagraciones oficiales en diferentes municipios y ciudades de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. A partir del 20 de julio de 1891 se inició una cadena de consagraciones en las ciudades de Colombia. El Acuerdo 10 de 1892 del Concejo Municipal de Bogotá consagró la ciudad a partir de las siguientes consideraciones: “1. Que representa a una ciudad que para honra suya tiene la merecida reputación de ser una de las más católicas del orbe; 2. Que es deber de todo pueblo cristiano hacer actos públicos de fe y contribuir a la mayor honra y gloria de Dios; 3. Que la soberanía social de Nuestro Señor Jesucristo debe ser explícitamente reconocida por los gobiernos católicos”.  La última consagración tuvo lugar en 1992 bajo la presidencia del liberal Cesar Gaviria Trujillo. El centenario de la independencia de Colombia en 1910 estuvo enmarcada en una multitudinaria Misa Campal. Un siglo después, el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, reelegido por segunda vez, celebró con una concurrida celebración católica con el fin de proteger su nuevo periodo de gobierno 2006-2010. Para más detalles sobre la historia del símbolo religioso, ver: Henríquez, Cecilia (1996).
19 Estos adjetivos hacen referencia a los estudiantes de los colegios mayores de San Bartolomé y del Rosario. Colegios fundados en Santafé de Bogotá en 1604 y 1635 respectivamente. Sobre algunas de las disputas y diferencias entre estos dos grupos de colegiales ver: María Clara Guillén (2002)
20 En el artículo 34 también se lee lo siguiente: “Los reos condenados a muerte serán conducidos al suplicio con túnica y gorro negro, y con las manos atadas por delante con una cuerda, cuyo extremo llevará el ejecutor de la justicia vestido de negro. Si el delincuente fuere asesino, llevará la túnica blanca y ensangrentada; si traidor, irá descalzo, la túnica hecha pedazos y las manos atadas a la espalda; si parricida, irá igualmente descalzo, con la túnica blanca ensangrentada y desgarrada, con una cadena al cuello y con las manos atadas a la espalda”.
21 Esta disputa puede encontrarse en Quijano Otero, Arturo (1898)
22 En esta dirección se debe mencionar la obra de Roger Chartier, en particular sus trabajos sobre la historia de la lectura: Chartier (1993) y Chartier (1994).
23Around Napoli, sitio web: http://www.napoli.com/english/blog22.php, consultado el 15 de noviembre de 2005.
24 Los documentos encontrados relativos a estos debates son: Diario de debates de la honorable Cámara del Senado, Bogotá, Imp. por J. A. Yarza, 1836 y Diario de debates de la Honorable Cámara de Representantes de la Nueva Granada en sus sesiones de 1837, Bogotá, Imp. de N. Lora, 1837.
25 El Constitucional publica en Bogotá, en el número 91 del 25 de mayo de 1826, unas “Misceláneas Políticas”, un “Comunicado”, un “Aviso” y una “Satisfacción Pública” de Antonio Malo; de Canabal se puede reseñar: Senatoría del dr. Eusebio María Canabal, Cartagena, Imp. por E. Hernández, 1836.
26 ¡El derecho penal anterior al siglo XIX también era un producto humano!
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Table des illustrations

Légende Imagen que representa el suplicio aplicado al parricida Robert-Francois Damiens después de haber atentado en 1757 contra el rey Luis XV. Tomada de: http://www.paris-pittoresque.com/​rues/​img/​damiens.jpg
URL http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/3960/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 36k
URL http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/3960/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 16k
Légende Portada de una de las tantas ediciones del Índice de libros prohibidos, publicado en Roma en 1819, y página en la cual se encuentra la Ciencia de la legislación de Gaetano Filangieri.
URL http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/3960/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 48k
Légende Portadas del Código penal de la Nueva Granada editado en París en 1840 y de la Ciencia de la legislación de Gaetano Filangieri, obra publicada en la misma ciudad en 1836. En el centro, encabezamiento del texto que recoge una de las sesiones del Diario de debates de la Honorable Cámara del Senado en 1836.
URL http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/3960/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 20k
Légende Pensionista del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, imagen inserta en Prospectos del Colegio i Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1855)
URL http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/3960/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 16k
Légende Avisos manuscritos invitando a los actos literarios de Francisco de Paula Santander en 1807 y de Antonio Ricaurte en 1803. Archivo del Colegio Mayor de San Bartolomé, Bogotá.
URL http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/3960/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 20k
Légende Invitación pública a seis actos literarios en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, Colegio de San Bartolomé, Bogotá, 1833.
URL http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/3960/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 12k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Juan Camilo Escobar Villegas et Adolfo León Maya Salazar, « Los procesos de codificación penal en Nueva Granada: una ruta para la mundialización de las ideas ilustradas. », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 09 mai 2007, consulté le 15 septembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/3960 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.3960

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