Navigation – Plan du site
Colloques | 2007
La route de Naples aux Indes occidentales Paris 8-9 décembre 2006
José M. Portillo Valdés

Constitucionalismo antes de la Constitución. La Economía Política y los orígenes del constitucionalismo en España

[28/01/2007]

Texte intégral

1.- De la economía política a la constitución

1“Don Lope.- ¿Más leyes todavía? Ve aquí otra razón para que no le lea. Estamos plagados de ellas; no damos un paso sin que nos salgan al encuentro. ¡Y se quiere todavía que tengamos más leyes!

2Don Julián.- No, señor; lo contrario. Se quiere reducir a menos estas leyes o, por mejor decir, se quiere que tengamos pocas, y si usted me apura, ninguna.”1

3En este esbozo de divertimento que dejó escrito Gaspar Melchor de Jovellanos sobre el texto trabajado por él y asumido por la Sociedad Económica Matritense como propio, resumía con concisión cuál era exactamente el mensaje esencial que quería transmitir. Habían pasado casi veinte años desde que, a instancias del conde de Campomanes, el Consejo de Castilla remitiera a la Sociedad Económica Matritense el expediente de Ley Agraria solicitando su informe, y casi treinta desde que el mismo fiscal decidiera resumir una serie de asuntos contenciosos entre arrendatarios y propietarios en un único expediente que se conoció ya con aquel nombre2. Entre el memorial ajustado formado en el Consejo y los expedientes y documentación acumulados sobre este asunto, a la Sociedad madrileña se le endilgaron varios estantes de documentación que debía ser revisada e informada. Esto puede explicar la lentitud con que procedió, interrumpiendo en repetidas ocasiones el examen del asunto, tanto en la Clase de Agricultura donde primero se vio, como en la comisión específica de Ley Agraria que se creó más tarde o, finalmente, en la propia redacción final del informe encomendada a Jovellanos y que le ocupó desde 1787 hasta 1794.

4En correspondencia privada dejó noticia el asturiano de que la redacción del informe solicitado por la Matritense le ocupaba todo el tiempo que sus ocupaciones le dejaban libre. No debió ser mucho, pues fueron aquellos años bastante agitados en la vida de Jovellanos, incluyendo su primer “destierro” de 1790 –la orden de salir de la corte hacia Asturias para realizar informes sobre la minería del carbón, tras volver a ella desde Salamanca para interesarse por la suerte de su amigo Cabarrús, mandado detener por el ministro Lerena- y sus constantes viajes durante los primeros cinco años de la década de los noventa3. Lejos de Madrid, a veces sin asistencia técnica de ningún tipo, redactó Jovellanos un texto, publicado en 1795, que tuvo que ser chocante incluso formalmente. Tras expedientes interminables, un extenso memorial ajustado, nuevos informes y resúmenes emanados de la Matritense se llegaba a fundir todo en un pequeño volumen de 149 páginas. Además, de todo cuanto había estado en el origen de este largo asunto poco quedaba en su informe final, habiéndose cambiado el orden del día drásticamente desde que Jovellanos tomara cartas en el asunto en 1787. No era ya punto si debía limitarse el número de yuntas por labrador o las fanegas de tierra de que podía hacerse cargo cada uno, ni tampoco la forma de pago de la renta para que no fuera onerosa al arrendatario ni perjudicial al arrendador. Lo relevante pasaba a ser lo que el informe final llamó obstáculos a la agricultura, tanto físicos como legislativos y morales. Dicho de otro modo, el asunto de la Ley Agraria acabó revelándose como la mejor ocasión para plantear la relevancia política de la nueva ciencia que tanto Jovellanos como otros ilustrados tuvieron por la más importante con mucho, la economía política.

5Este giro puede tener mucho que ver con la concisión, que desde luego marcaba muy notoriamente las diferencias con el gusto por los largos y plúmbeos expedientes al uso entre los oficiales de la monarquía. Podría aquélla haber llegado a su grado máximo, como quería dar a entender el propio magistrado asturiano en el diálogo citado al comenzar estas páginas condensando el mensaje en el lema “la mejor ley agraria es ninguna”. Es ese el sentido de la primera parte de este influyente texto que, sin embargo, no mantuvo gran coherencia al proponer luego medidas y actuaciones legislativas concretas. En una a menudo recordada carta, Jovellanos excusaría esta falta de consecuencia aludiendo al carácter del propio texto que era obra suscrita por un cuerpo académico y no un ensayo propio4. Ya lo recogía el propio título del texto, donde se indicaba que la redacción de Jovellanos respondía también a ideas de sus otros socios. Por otro lado, y dado que enseguida el informe se conoció como obra personal suya, a la vista de la intervención de la Inquisición contra este texto en 1797 no le faltaban razones al asturiano para presumir que, de haberse tratado de un texto verdaderamente propio, sin ataduras a informes y sensibilidades varias, probablemente no habría podido ni publicarse. Aunque como se acabaría viendo ante el momento más decisivo de la crisis de la monarquía en 1808, al asturiano no le sobraba en absoluto la nobleza dentro de su ideal de sociedad equilibrada, lo cierto es que el informe de 1794 acababa siendo un tanto decepcionante en el tratamiento concreto de la propiedad privilegiada y mantenía el peso de su carácter rompedor cargado en su primera parte5.

6Los de la redacción del informe son años, por lo que cuentan sus más autorizados biógrafos, en que Jovellanos se estaba literalmente empapando de una literatura muy centrada en la “nueva ciencia” que tanto deslumbraba a los amantes de las luces. Había para entonces ya leído buena parte de la literatura de base para imponerse en la economía política más en candelero entonces en los mentideros ilustrados, e incluso traducía y extractaba en sus notas las partes que más le interesaban, pero era justamente en el momento de la redacción de este informe que había descubierto, leído y “rumiado”, como gustaba decir él mismo, la obra que daría imperecedera fama a Adam Smith6. La leyó en francés primero y en inglés después, aunque desde 1794 se contaba con traducción publicada en castellano7. Desde que circulaba en su versión francesa publicada en Londres en 1788, la obra del profesor escocés topó con la ignorante y trasnochada censura de la Inquisición española, algunos de cuyos calificadores ni sabían quién era el autor de tan gran obra, aunque no fue suficiente el empeño para detener la curiosidad de los literati españoles por el libro de moda en los salones de Europa. Carlos Martínez de Irujo, oficial de la Secretaría de Estado, escogió en 1792 la vía de ofrecer la versión resumida que había elaborado el marqués de Condorcet, unas trescientas páginas en las que se eludía el nombre del autor escocés y se suprimían algunos pasajes comprometidos para su publicación en la todavía monarquía católica8.

7El influyente John Geddes, rector del colegio de escoceses de Valladolid, ya había llamado la atención del conde de Campomanes y hasta traducido algunos pasajes de Smith para uso del fiscal, señalando la conveniencia de tener presente esta obra sobre el escritorio de cualquier político, consejo que de inmediato hizo bueno el asturiano9. Es la valoración, extremadamente sucinta, que mereció la publicación de la traducción del resumen de Condorcet al ser anunciada en la Gaceta de Madrid: “Es utilísima para todo hombre público, y particularmente para propagar en las Sociedades Económicas principios verdaderos que deben dirigir sus operaciones hacia el bien general de la Monarquía.”10 La traducción de José Alonso Ortiz, que había mostrado ya su pericia y olfato de traductor con la versión castellana de los poemas de Ossian, fue alentada desde la primera secretaría de Estado enviando, para empezar, su censura a la Real Academia de la Historia donde el clérigo José Banqueri, amigo personal de Manuel de Godoy, se ocupó de evacuar el encargo. Advirtió que venía ya expurgada en el proceso de traducción pues algunos pasajes sobre tolerancia religiosa y enseñanza se habían suprimido totalmente, y opuso aún algún que otro reparo, sobre todo en el tratamiento de las pasiones y el lujo11. La valoración que se hizo de esta traducción fue muy coincidente con la del resumen precedente: “Sus ventajas, y aún su necesidad, se extienden a toda clase de personas, especialmente a las Sociedades Patrióticas y a todos los que por su ministerio están obligados a promover y fomentar los adelantamientos públicos en todos los ramos.”12

8Si Adam Smith se valuaba autor necesario para cualquier persona empeñada en asuntos públicos, Jovellanos con su Informe publicado en 1795 se convertiría en la referencia por excelencia de la economía política española entre finales del setecientos y comienzos del ochocientos13. Como es sabido, este lugar de excelencia se reconocería oficialmente en las Cortes poco antes de sancionarse la primera constitución española, declarando a Jovellanos benemérito de la patria muy particularmente por haber escrito aquel informe. No era sencillo pasar este reconocimiento en las Cortes, dado el fuerte compromiso de Jovellanos con la Junta Central y el modo en que ésta se había liquidado –que forzó al propio asturiano a escribir una enjundiosa memoria en su defensa. El Informe, sin embargo, pesaba ya tanto en su biografía intelectual que fue motivo suficiente para la declaración realizada por el Congreso el 8 de enero de 1812. Afirmó este decreto que el informe sobre la Ley Agraria “desenvolviendo los principios de la naturaleza con aquella religiosidad que para nuestra gloria jamás ha de apartarse del nombre español, y los fundamentos de las leyes de los hombres con la crítica y el miramiento que le debían hasta las preocupaciones y los mismos errores, forzó en cierto modo a los hombres a que busquen su bienestar en el cultivo de la tierra, donde el Ser Supremo les libró la subsistencia en la agricultura, que es la madre benéfica de todos, la escuela práctica de la virtud, y el manantial inagotable de la verdadera riqueza, del poder y de la felicidad de los estados.”14 No era en su etapa en primera línea política en la Junta Central sino en la elaboración del informe sobre la Ley Agraria que entendieron las Cortes haber rendido Jovellanos su muestra más loable de patriotismo.

9La valoración que hacían las Cortes, a iniciativa del Conde de Toreno, tenía, de nuevo, que ver fundamentalmente con la primera parte de aquel informe. Que el contexto constitucional requería algo más audaz que las propuestas concretas que se contenían a lo largo de su desarrollo, lo asumieron las Cortes cuando durante el Trienio liberal tuvieron tiempo de entrar más a fondo en la cuestión. Sin embargo no era ahí, en las propuestas constitucionales concretas del sabio asturiano, donde la generación que vivió Cádiz en su plenitud encontraba la labor “patriótica” que decía el decreto de 1812, sino en las primeras páginas del informe. En realidad, así, para su efectividad, le sobraban aún páginas. Podía haber ocupado unas diez o doce y habría seguido valiendo. Era el mensaje del diálogo entre Don Lope y Don Julián el que contaba.

10Tal y como las Cortes afirmarían, Jovellanos había tenido el acierto de abordar la árida cuestión que se le planteó considerándola como un problema político que solamente podía solventarse si previamente se asumía que la modernidad planteaba también un problema moral de enorme envergadura en un medio como el de la monarquía católica. De hecho, los temores del propio Jovellanos a una actuación directamente contra él por parte de la Inquisición –que mostró acusadamente en los años inmediatamente posteriores a la publicación del Informe- se referían a esta última cuestión. El principio era de economía política, tal y como entonces se entendía, es decir, como la ciencia encargada de “la indagación de las fuentes de la pública prosperidad y la de los medios de franquear y difundir sus benéficos raudales”, pero implicaba, por ello mismo, una cuestión de orden moral: “Sean las que se quieran las ideas de los hombres acerca de la moral, es innegable su influjo en la prosperidad de los Estados. Bastaría para demostrar esta verdad que no hay especie de verdadera felicidad individual sobre la tierra que no se derive de las ideas y sentimientos morales del hombre.”15

11Si la legislación, como afirmaba Jovellanos en este borrador, debía procurar la felicidad de los individuos que componen las sociedades y ello dependía de las ideas y sentimientos morales, nada mejor que abordar la cuestión que tenía ante sí al aceptar hacerse cargo de redactar el informe de la Matritense desde su presentación como una cuestión moral. El problema no estaba definitivamente en fabricar nuevas leyes sino en percatarse de que la causa de los males de la agricultura española estaba “por la mayor parte en las leyes mismas”. Dicho de otro modo, la legislación existente y disponible no había sido producida anteponiendo un principio moral evidente: “que el único fin de las leyes respecto de la agricultura debe ser proteger el interés de sus agentes, separando todos los obstáculos que pueden obstruir o entorpecer su acción y movimiento.”16 Principio que se seguía de la observación de las “leyes eternas de la naturaleza” que, como defendieron siempre los católicos ilustrados, se encontraban mejor explicadas que en ningún texto filosófico en el Génesis. El mandato divino de procrear, multiplicarse y henchir la tierra contenía en sí el mensaje moral que implicaba la necesidad de una legislación que adoptara el interés individual como el bien jurídico esencial de su protección.

12La ley en este planteamiento tenía la relevancia de constituir el vehículo que transmitía a la organización social el modelo de constitución de la misma que mejor se adaptaba a la “ley natural”. Aconsejando a Godoy en aquellos mismos años cómo afrontar la tarea de gobierno de la monarquía le recordaba que una nación ilustrada “conocerá que la agricultura, la industria, el comercio, la población y aun las costumbres son en todas partes (prescindiendo de la situación y circunstancias locales) lo que permite la legislación”17 . Por ello debía la ley limitarse a dejar expedito el camino a “la acción y al movimiento de este interés” que, junto al de los demás, debía necesariamente dar como resultante la felicidad común.

13Ahí estaba, sin embargo, justamente el problema. Si este aserto tan simple como razonable era evidente, ¿por qué los gobiernos humanos se habían empeñado en hacer lo contrario? Demostrando el provecho que le había hecho tanta lectura de filosofía escocesa, Jovellanos no dudó en responder que el equívoco había consistido en confundir el interés público con la ley que limitaba y coartaba el interés particular. Si esto se había hecho históricamente –y ahí estaba toda la legislación a la que daba luego el conveniente repaso- había sido por creerse que el individuo no se las bastaba por sí para doblegar las pasiones a sus verdaderos intereses. Frente a ello debían considerarse la utilidad y la conveniencia, como eficaces instrumentos de domesticación de las pasiones, mientras la ley debía reservarse únicamente para marcar los límites que el interés de todos oponía al interés individual18. Cerraba el círculo el asturiano bastantes páginas más adelante, al recordar de nuevo que en esa conciliación entre el interés público y el privado estaba el meollo de la cuestión política esencial de la procuración de la felicidad, y que esto era cosa de la economía civil, “ciencia que enseña a combinar el interés público con el individual y a establecer el poder y fuerza de los imperios sobre la fortuna de los individuos …”19 .

14Intereses, pasiones, leyes. Esta era la tríada que debía ahora articular la reflexión sobre las posibilidades que la nueva ciencia ofrecía a la monarquía católica para su regeneración y acoplamiento al mundo moderno. Dejar obrar libremente a los primeros, admitir la existencia de las segundas y concederles un benéfico papel en el progreso de las sociedades siempre que no se desenfrenaran por falta de freno en la razón, y promover leyes sólo en la medida en que fueran necesarias para regular el juego libre de pasiones e intereses particulares. He ahí la receta a que estaba llegando, al menos idealmente, un buen puñado de filósofos españoles a la altura de las dos últimas décadas del siglo XVIII. Como ha sido justamente señalado, una disputa sobre la presencia de Adam Smith en el Informe de Jovellanos es académicamente estéril –entre otras cosas porque hay únicamente un par de referencias directas al escocés-, pero no lo es una consideración y valoración de la recepción de Smith alrededor de la publicación del texto del asturiano y de las lecturas que pudo inducir20.

15Teniendo todo ello en cuenta, el punto puede formularse del siguiente modo. El interés por la economía política y la lectura motivada por él de la literatura más relevante al efecto que se estaba produciendo en Europa –fundamentalmente en Nápoles, Escocia y Francia- pudo conducir a una parte significativa de la ilustración española a entroncar con el debate esencial sobre la modernidad. Ese debate tenía que ver con la tríada mencionada arriba y ofrecía como frutos ya muy elaborados una nueva filosofía moral y una nueva “ciencia del legislador”, una Scienza della Legislazione como dirá uno de sus más destacados cultivadores, Gaetano Filangieri. Que los discursos políticos de David Hume fueran traducidos en 1789 no es una causalidad, como tampoco lo fue que Adam Smith viera la luz en español cinco años después. Tampoco  que el traductor del primero anunciara aquella colección de artículos como propios de la “Economía Política”, ni que Alonso Ortiz presentara la Riqueza de las Naciones como una investigación que se ocupaba de los asuntos “puramente civiles [de los que] habla la Economía Política”21. Por otro lado, menos casual aún es que de la traducción de Hume se cayeran deliberadamente cuatro ensayos y que algunos pasajes de Smith fueran literalmente seccionados en su versión española, precisamente en ambos casos los que tenían relación con materias religiosas y de conciencia.

16Con sus limitaciones derivadas de la determinante Weltanschauung católica, algunos destacados intelectuales españoles estaban aceptando entre los años ochenta y noventa del setecientos una parte sustancial del mensaje de la modernidad ilustrada y considerando los modos de darle consecuencia en el ámbito de la monarquía. El vehículo de llegada y asimilación del mensaje estaba siendo la economía política, la nueva ciencia que se ocupaba básicamente de la articulación de pasiones, intereses y leyes. Pero su alcance iba más allá pues si se aceptaba como principio de articulación social lo que el Informe de Jovellanos proponía –básicamente la interacción de los tres elementos mencionados- las consecuencias de orden constitucional debían ser muy otras que las que allí se insinuaban. Una sociedad en que el interés particular había de actuar libremente, donde las pasiones se disciplinaban mediante la razón y la legislación acabaría requiriendo de una más directa intervención ciudadana en la política o, dicho de otro modo, de una constitución. Si el arranque se situaba en la economía política la llegada estaba en un constitucionalismo ilustrado que tendrá notable presencia entre 1810 y 1812, cuando se elabora la primera constitución española.

17Los textos producidos en el favorable ambiente de las Sociedades Económicas ofrecen una buena pista para el seguimiento de este trayecto, pues fueron redactados en buena medida con una evidente intención pedagógica. Se trataba de presentar a los socios de las mismas los fundamentos de aquella nueva ciencia que cualquier ilustrado tenía por la más interesante. Vicente Alcalá Galiano escogió para la sesión inaugural de la Sociedad Económica de los Amigos del País de Segovia en 1781 un discurso sobre la industria y en 1783 pronunció ante sus socios un conocido discurso sobre economía política, marcando así muy claramente el espíritu que animaba aquel cuerpo. No se trataba de otra cosa que de establecer los rudimentos, de explicar lo esencial, lo que a nosotros nos viene también de perlas para iniciar nuestro recorrido. Diferenciaba así la economía doméstica de la “política o general”. Era la primera obviamente competencia del “Jefe legítimo de la casa… el Padre de Familias”, como sabía cualquiera que hubiera topado con Aristóteles o Jenofonte en su formación. La segunda, la economía política, “se extiende a la grande Familia del Estado” y traía su origen de la formación misma de las sociedades civiles con el ánimo de proteger colectivamente “los bienes, la vida y la libertad de cada uno de sus Miembros”, lo que exigía, a diferencia de la economía doméstica, “la más perfecta comunicación entre todos los Miembros que componen cualquier República, para que formando exactamente un Todo, un Cuerpo único que tenga una sola voluntad general, un solo interés común pueda realizarse y conseguirse el principal fin porque se reunieron los Hombres.” Dicho de otra forma, la economía política como ciencia del gobierno de la república o Estado requería compulsar y conocer la “voluntad general”. No va más allá este razonamiento, prefiriendo claramente la tangente para huir del punto a que se llegaba: “Me separaría infinito de mi principal objeto si me detuviese en manifestar ahora dónde reside esta voluntad general y cómo debe consultarse.”22

18El texto de Alcalá Galiano recogía y comunicaba los rudimentos esenciales que compartían entonces quienes se interesaban por el alcance de la economía política. De hecho, tomaba buena parte de lo expuesto del texto que por aquel entonces estaba de moda y que servía para la cátedra de Filosofía Moral del Seminario de Nobles de Madrid. Su autor, y encargado de esa cátedra, Bernardo Danvila y Villarrasa, optaba desde la presentación de su texto por la denominación de economía civil frete a la más tradicional de ciencia del comercio, a la vez que hacía la misma distinción que hará Alcalá Galiano entre economía doméstica o de las familias y economía civil o de la “Sociedades civiles”23.  A partir de ahí el guión exigía dar explicación del origen de las sociedades, no de las familias que eran ya sólo la materia prima dada por supuesta, y de la evolución de las mismas. Danvila resumía en su texto una historia de las sociedades civiles que asumía la teoría de los estadios que Adam Smith había establecido tan contundentemente hacía tres años y cuya lectura ya sabemos que estaba entonces empezando a hacerse en España. La ciencia de esa economía de las naciones se prestaba así para asumir nuevas teorías de la sociedad que vinculaban su formación a la propiedad de la tierra y la necesidad de su defensa, y su perfeccionamiento a la complejidad en las formas de propiedad –trabajo, industrias, dinero- y al comercio necesario para poner en comunicación a sus propietarios.

19Para el rastreo de la conexión entre la ciencia de la economía civil y el constitucionalismo lo relevante es la asunción que se hacía desde este pionero texto académico de la conciencia de la modernidad política como resultado de la evolución social. Eran el comercio y la educación, la división de la sociedad en clases y la sofisticación de las artes que inducen el lujo, concluía Danvila, lo que reclamaba la necesidad de un sistema de gobierno fijo y sistemático “fundado en las leyes que forman la constitución, o derecho público de cada nación”24. Insistía especialmente el resto de esta primera lección de economía civil en la relevancia de la propiedad privada para el desarrollo y progreso de las sociedades descartando cualquier posibilidad de progreso social sin que aquélla se extendiera a todas las cosas. Es, de entre las tesis que defendía este curso –y que se resumen al final del mismo-, la que servía de puntal a todas las demás. La “división de las personas”, fundamento de la industria y el comercio, la actividad mercantil y su estrecha relación con la libertad así como la necesidad creciente de educación y las ciencias eran comprensibles únicamente bajo el imperio del “derecho de propiedad” sobre todas las cosas. Danvila testimoniaba la recepción así de un mensaje esencial: entre la oeconomica y la economía civil debía medir la legislación y la jurisprudencia civil, lo que acercaba a constitución pues se trataba de un orden de propietarios con intereses y no del orden familiar de aquéllos en relación a sus dependientes.

20Por medio de la economía política era posible que se conectara con la nueva filosofía que animaba la modernidad comercial europea del setecientos. No es sólo que se acabara traduciendo a Hume y a Smith, sino que, sobre todo, se estaban estableciendo los puentes necesarios para asimilar cuando menos una parte relevante del mensaje filosófico con que ellos y otros pensadores europeos trataban de crear una nueva teoría moral. Un autor especialmente activo entonces en esa labor divulgadora en España, Valentín de Foronda, trataba de convencer a los mayorazgos presentes en la Junta General de la Real Sociedad Bascongada de los amigos del País celebrada en Bilbao en 1778 de las ventajas que se debían prometer de la promoción del comercio. Era el modo más seguro de convertirse en una elite dirigente como la inglesa, les decía. El beneficio, en realidad, según el intelectual alavés era social pues el comercio significaba ante todo una proceso de civilización, esto es, de domesticación de pasiones: “Si no hay comercio no puede haber agricultura e industria pujante; y no habiendo agricultura, industria ni comercio los hombres vivirán en la ociosidad y entonces las pasiones adquieren fuerzas, se chocan entre sí con más violencia y turban la armonía general que debe reinar en un Estado.”25

21Aquel discurso, publicado años después en la colección citada, se había pronunciado cuando las elites vascas se debatían entre las propuestas de quienes, como Foronda, veían en el decreto que ese año estableció la habilitación de los puertos peninsulares con América una ocasión inmejorable para conformar una sociedad comercial en el Atlántico hispano y quienes, por el contrario, se asían a las “libertades forales” para seguir disfrutando de un espacio exento fiscalmente a pesar de quedar descolgados del pastel comercial que se prometía repartir26. Las sonoras disputas que tuvieron como escenarios esenciales los espacios públicos de las Juntas Generales de las provincias vascas y de la Bascongada evidenciaron la contraposición entre modernidad y tradición que no escapó a la incisiva pluma de Foronda27. Aún en los años treinta del siglo siguiente se seguirían las consecuencias de este desencuentro llevando a una separación efectiva entre ambas concepciones de la relación entre orden provincial tradicional y modernidad comercial plasmada en la segregación de la ciudad de San Sebastián de la Provincia de Guipúzcoa28.

22El caso referido muestra cómo los debates sobre el comercio y la ciencia de la economía política podían estimular otros directamente políticos. Hacia finales de la década de los ochenta del setecientos, antes del cambio de actitud adoptado por Floridablanca después de julio de 1789, a través de la reflexión sobre los asuntos relacionados con la economía política se empezaba a estar en disposición de asumir también la necesidad de la constitución como una consecuencia lógica de los postulados enseñados por aquella ciencia. Como veremos en el siguiente epígrafe, entre esos momentos y las vísperas de crisis de la monarquía se produjo en España el florecimiento de un constitucionalismo ilustrado que asumió los puntos fuertes de la cultura de la constitución desde la previa asimilación de la una moral de los intereses que llegó por vía de la economía política. No se trataba de que a través de la lectura, tan preferida de los ilustrados españoles, de Hume se estuviera extendiendo una especie de secta mandevilliana a escondidas y haciéndose del egoísmo el criterio moral esencial de la sociabilidad humana, pero sí estaba llegando el mensaje mucho más sosegado y estimulante del Hume que había leído con fruición a Bernard de Mandeville –costándole un enfado permanente con Francis Hutcheson- y que proponía entender el rol de los intereses y las pasiones humanas en la evolución social. Es cierto que a ilustrados católicos como Jovellanos la filosofía de Hutcheson les resultó especialmente atractiva porque ponderaba los valores morales innatos y permanentes en la naturaleza humana de los que Mandeville hacía chanza. No quita ello, creo, para que esos mismos lectores pudieran asimilar, como un rasgo sobresaliente de la ciencia de la economía política la relevancia del interés privado como fundamento del orden social y de su funcionamiento.

23La preocupación sobre el lujo que recorre tantos textos producidos en estos años es una buena medida de la operación que se estaba llevando a cabo. Juan Sempere y Guarinos, que era capaz de escribir un tratado sobre cada asunto en que metía mano, no anduvo tardo en publicar precisamente en 1788 una Historia del lujo donde, como era su costumbre, se ofrecía una compendiosa recopilación de legislación y costumbres sobre esta materia desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. Al abordar el inevitable punto de la relación entre la moral y el lujo, tras citar referencias de los más salientes tratadistas europeos (Hume, Melon, Mirabeau, Genovesi) concluía: “Regla general. No está el vicio en las cosas que usa el hombre, sino en el uso desordenado de ellas”, siendo el criterio que permite medir ese desorden la costumbre nacional al respecto. Ya las lecciones de Danvila a que nos hemos referido anteriormente hacían del lujo uno de los motores propulsores del desarrollo del comercio y con él de las sociedades, advirtiendo también de los riesgos morales que corren las sociedades cuando del estado de civilización y cultura, conseguido gracias a la industria la educación y el comercio se transitaba a otro de lujo y capricho como puro deleite de la imaginación29. La parábola de Eusebio, el noble desconectado de cualquier actividad productiva y dedicado a la pura ociosidad, narrada en las páginas de El Censor, el periódico de moda en aquellos años, recogía perfectamente el mensaje: “No es el lujo -concluye- la causa de nuestros males, sino la ociosidad que le acompaña.”30

24El discurso en que esto se afirmaba se abría justamente rebatiendo la interpretación republicana que hacía Gabriel Bonnot de Mably de las predicciones sobre la abundancia de riqueza como estimulador de la pobreza que había hecho Richard Cantillon. Frente al repudio del lujo como reflejo evidente de la desigualdad de fortunas destructora del ideal republicano del compacto social, el periódico ilustrado presentaba el lujo como un efecto salutífero siempre y cuando viniera moderado por la razón. El lujo razonable –“moderado” es el término que suele preferirse- se consideraba, así, un síntoma de modernidad y desarrollo social. Era, de hecho, el factor que había permitido construir sociedades complejas que superaran los estadios depredador y recolector. Manuel de Aguirre, en un discurso sobre la cuestión que presentó ante la Bascongada en 1776 y que publicó de nuevo en 1787, sintetizó esta posición: “¡Y cuán al contrario se presenta nuestra sociedad, establecida y aumentada por las lisonjeras leyes del honesto lujo! Fuerza respetable, aumento de población y riquezas con que hacer frente a cualesquiera opresores, son los que ha ganado en la mudanza de sus ideas y admisión del lujo.”31 La aceptación del lujo en intelectuales como Aguirre se vinculaba muy estrechamente a su simpatía con una filosofía del placer y del deleite sensorial que por fuerza tenía que irritar a los rancios inquisidores: “estatuas merece con más razón que los conquistadores –concluía provocador-, aquel hombre que inventa para sus semejantes un gusto, un placer honesto, que haga más llevaderos sus contratiempos e inevitables aficiones.”32

25En realidad, el acuse de recibo que se constata en los escritos de economía política españoles de la década de los ochenta sobre la relevancia para el orden social y político del interés privado, la libertad de la propiedad y el tráfico y el lujo moderado podía dar lugar a distintas y enfrentadas conclusiones. Cabía que de la aceptación de la modernidad comercial se dedujera la necesidad de un reforzamiento de la posición del príncipe como exclusivo director de la sociedad. El “arquitecto civil” del fiscal Campomanes respondía a esta vía interpretativa de la modernidad para la que asumir el valor civilizador del comercio, el beneficio social de la libertad de producir e intercambiar y el fomento que llevaba implícito de las artes, el gusto, el trato, el lujo y demás “virtudes comerciales”, demandaba un príncipe capaz de dirigir con eficacia una sociedad concebida como concurrencia de intereses.

26El papel que asignó el asturiano en 1774 a las Sociedades Económicas como instrumentos supletorios de comunicación ente el rey y el reino no fue mucho más allá del consejo y la asistencia administrativa en las tareas de la jefatura social que se entendía exclusiva del monarca33. En los años noventa existe una literatura que enfatizó esta exclusividad política del príncipe, aún asumiendo la conveniencia de la modernidad comercial con toda su coda de fomento de los intereses privados y exaltación de los beneficios públicos que podían conllevar. El razonamiento expuesto desde este punto de vista entendía que la modernidad propia de una sociedad comercial compleja, para lo que la monarquía hispana, dadas sus dimensiones, estaba en inmejorable posición, y la idea del príncipe y su gobierno como centro único de la política eran perfectamente compatibles34. Hubo, por otro lado, otra literatura que de los postulados asimilados a través de la economía política llegó a la conclusión de la necesidad transformar aquella presencia civil en una más regular forma de representación, sobre todo, como se verá en el siguiente epígrafe, a través de ayuntamientos y provincias. La necesidad de la constitución en la España de finales del siglo XVIII surge de este tipo de posicionamientos, que terminaron por concluir que la falta más notable en la monarquía española para el encaje de todas aquella saludables medidas que dictaba el estudio de la economía política residía en su falta de constitución.

2.- Constitucionalismo ilustrado

27En un conocido texto de Valentín de Foronda, que se presenta bajo título también de economía política, es posible detectar tal tránsito desde esa ciencia hacia el pensamiento constitucionalista35. Se trata de unas cartas escritas originalmente entre  1788 y 1790 y retocadas hasta su tercera edición en 1821, dirigidas a un príncipe amigo al que se le aconseja sobre qué principios construir su nuevo reino, que no es otro que España, como deja ver al referir sus límites geográficos  y su población,  que justamente entonces estrenaba monarca36. Tampoco era tan extraño que esto pudiera ocurrir, que un príncipe se decidera a dotar a su reino de una nueva constitución informada por la nueva filosofía y la experiencia constitucional recientemente adquirida de Norteamérica, como en aquel entonces demostraba el gran duque Leopoldo de Toscana. Se ventilan en esas cartas cuestiones relativas a aduanas, impuestos, comercio, industria y demás puntos habituales en cualquier escrito relacionado con la economía política. Se le dan consejos a este príncipe como que no estorbe la circulación de bienes y de personas, que adopte un sistema de contribuciones personales, que no introduzca ni permita privilegios en su reino. Se argumenta, en fin, a favor de la unificación de pesos y medidas, de la corrección moral de los préstamos monetarios con interés y de la conveniencia de deshacerse de colonias improductivas.

28“Amable amigo –arranca una de estas cartas ya avanzada la obra-: Todo lo que he dicho a Vmd. hasta ahora es incontrastable si son ciertos los principios que senté en la segunda carta; pero si son falsos, iguale con cero todo lo que he escrito; avíseme de haberlo hecho así, para que una vez que determino interrumpir por ahora la carrera de mis delirios y entregarme al reposo no salga de este tranquilo estado, más que venga a chocar contra mi toda la cordillera de los Pirineos.”37 Aquella segunda carta, en realidad la primera que entraba en materia, sentaba, efectivamente, un principio que animaba toda la larga reflexión de economía política contenida en la serie que le seguía. “Lo primero que aconsejo a Vmd. es que reconcentre toda su atención para penetrarse de la verdad importante, que los derechos de propiedad, libertad, seguridad e igualdad son los cuatro manantiales de la felicidad del Estado.”38 El derecho a poseer la propia persona y las cosas beneficiadas por su industria y conocimientos, el derecho a usar de la propiedad según la conveniencia del propio interés siempre que no vulnere los derechos ajenos y el derecho a la certidumbre de que ni la persona ni sus bienes han de depender del capricho del magistrado componían el conjunto esencial de principios “a cuyo favor se resolverán un gran número de problemas político-económicos”39. El príncipe perfecto que imaginaba en estas cartas Foronda para España en el entrante Carlos IV era uno que podía hacer “todo aquello que no viole estos sagrados derechos”, aceptando que constituían límites indisponibles para su propia capacidad legislativa. Consecuentemente, por ejemplo, podía ahora argumentar Foronda que la legislación que estableciera la libertad de producir y de comerciar, o que removiera, como dirá Jovellanos, todo obstáculo natural, legislativo o moral que opuesto a esa libertad era un imperativo constitucional para el príncipe.

29La posición defendida en 1788 por Foronda es comprensible desde los propios postulados que se asumen de la economía política: si se aceptaba que el interés individual y su libre acción formaban el núcleo duro de todo progreso social los derechos que se asociaban al mismo sujeto –propiedad, libertad, seguridad- debían concebirse como fundamentos de la acción política encaminada a su protección. Este paso hacia el constitucionalismo debía, sin embargo, completarse pues hasta ahí podían llegar también quienes, sin embargo, concluían que era al príncipe en exclusiva y sin más concurso que el de su gobierno a quien tocaba ocupar en exclusiva el ámbito de la política. Como antes se insinuó, fue desde la experiencia de las Sociedades Económicas que se atisbó el modo de dotar de contenidos más audaces a la idea de la comunicación política entre el príncipe y la sociedad, lo que fue también un nutriente muy interesante para el incipiente constitucionalismo de finales del siglo.

30Las ideas de Campomanes al respecto antes recordadas constituyeron el punto de arranque para una apuesta mucho más civil respecto del papel que debían jugar estas “juntas”. Es lo que en 1784 daba a entender Jovellanos ante la Sociedad Económica de Madrid al recordar que la labor de sus miembros era loable por su altruismo y porque “al mismo tiempo cooperan, por decirlo así, con el Gobierno en el importante ministerio de labrar la felicidad del Estado…”40. Antes, en 1781, había recordado a los miembros de la Sociedad  de Amigos del País de Asturias que entre las obligaciones de sus socios debía contarse el estudio de la economía política, “que es la ciencia del ciudadano y del patriota.”41 Como juntas de patriotas, de ciudadanos que se interesaban en el progreso y el bienestar de sus sociedades locales, que colaboraban con el gobierno en esa labor, las Sociedades se tuvieron entonces como espacios de desenvolvimiento civil. Manuel de Aguirre en 1785 resumió perfectamente esta idea al afirmar que las “Sociedades Patrióticas” debían actuar como vehículos de comunicación entre el monarca y su pueblo. De manera más penetrante proponía el “Militar Ingenuo” que la posibilidad de comunicación se hiciera extensiva al conjunto de la sociedad: “Puesto que no tiene el pueblo ocasión alguna en que mostrar sus necesidades y opresión, el Director de la Sociedad y los de las Comisiones Sociales deberían tener en su casa una caja con abertura y conducto puesto a la calle y que estuviese abierto dos días a la semana, para que echase el que quisiera, como en el Correo, los papeles de sus reflexiones y noticias.”42

31Es idea que seguirá teniendo recorrido. Aprovechando el paso efímero de Jovellanos por la secretaría de Estado de Justicia, le remitía Miguel Ignacio Pérez Quintero una serie de reflexiones para la promoción de la agricultura española que fueron publicadas en 1798. Pérez Quintero es un personaje de muy trasera fila en el paisaje de la república de las letras, respondiendo el suyo al tipo social del eterno postulante a puestos oficiales en la corte que trataba de hacerse visible a través de escritos, de más que notable extensión, que rara vez llegaban a ver en letras de molde. Su interés radica, por tanto, más en lo que replica que en lo que aporta43. Allí proponía crear una suerte de consulados de agricultores en cada provincia, con delegaciones locales, que se articularan con las Sociedades Patrióticas para el fomento y la gestión de los progresos de la agricultura. La idea era crear una articulación reticular de corporaciones agrarias –“sociedades municipales agronómicas”- y de las ya existentes Sociedades Económicas provinciales cuya utilidad consistía, por un lado, en confiarles ámbitos de administración de intereses locales –como la de los pósitos- y, por otra parte, precisamente en comunicar el país y el gobierno para una adecuada toma de decisiones en lo que hacía a la política agraria44.

32Abordando su aproximación desde distintos puntos de vista, siempre en estrecha relación con la economía política, el pensamiento político español de finales del setecientos llevará este planteamiento hasta la formulación constitucional de la necesidad de la representación. Se tratará ya no sólo de proponer que las Sociedades Económicas jueguen un papel de comunicación entre el gobierno y la sociedad sino, más en la línea de la cultura constitucional que entre América y Europa se abría paso, se  manifestaba la urgencia de reformar el orden interno de la monarquía de modo que tuviera cabida en él la actividad política de los ciudadanos. Si a estos la economía política los había ya situado en un plano protagonista respecto del desarrollo de la monarquía, su bienestar y riqueza, ahora se procederá a reivindicar también su centralidad política a través de la representación. Fue ahí donde se produjo la fisura más notable entre quienes asumían la modernidad constitucional sin variar su posición respecto a la adjudicación de la dirección política de la monarquía en exclusiva al rey y su gobierno y quienes, por el contrario, entendieron que sin un sustancial viraje constitucional que limitara el poder y creara un espacio representativo de la ciudadanía no podía irse mucho más allá.

33Espoleado por lo que entendía un vicio constitucional del sistema de rentas de la monarquía, lo que lo hacía ineficaz por mucho que se esforzaran los ministros y consejeros en buscar nuevos caladeros fiscales, escribió León de Arroyal unas conocidas cartas sobre economía política donde se materializó con evidencia ese tránsito hacia el constitucionalismo45. En la cuarta de estas misivas, fechada a mediados de 1789, expuso Arroyal con nitidez el nexo que entendía insuperable entre fiscalidad y necesidad de la constitución. Aducía allí que resultaba imposible seguir usando y abusando del crédito público en el contexto político de la monarquía, como había quedado demostrado en la operación de los vales reales y en el recurso permanente al empréstito como forma de financiación. Como es sabido en no muchos años esta vía efectivamente se agotará y el propio Godoy llegará a la misma conclusión que exponía aquí Arroyal: la estructura política de la monarquía resultaba totalmente inadaptada para enfrentar sus propias necesidades fiscales46. En Nueva España se vivirá precisamente una clara muestra de esa relación entre fiscalidad y despotismo patrimonial que constituirá una de las lecciones mejor aprendidas por sus elites sobre los límites de la monarquía47.

34El mismo año que escribía esto Arroyal se había publicado la traducción antes mencionada de los ensayos de David Hume. De la purga confesada por el traductor se había librado el célebre ensayo sobre el crédito público donde el escocés advertía sobre los perniciosos efectos que tenía el abuso de los empréstitos públicos para la salud del cuerpo político48. Compartiendo esta opinión, Arroyal aconsejaba centrarse en diseñar un sistema de rentas basado en contribuciones ordinarias adecuado a las necesidades del Estado, dejando el empréstito como mecanismo puramente excepcional. Y ahí justamente es donde se hacía necesaria la comunicación constitucional entre el gobierno y la sociedad porque, de otro modo, no podía tampoco esperarse implicación social en el mantenimiento del cuerpo político: “Para que en España pudiésemos fiar en los empréstitos e impuestos de Inglaterra y Holanda, era necesario que nos viésemos en iguales circunstancias… que nuestro gobierno fijase los límites de su poder y, sobre todo, que lográsemos aquella constitución popular que mueve en los hombres el espíritu de patriotismo y los interesa particular y generalmente en la causa pública”49.

35El mito estaba entonces plenamente vigente. Hacía unos años tan sólo Pedro Malo de Luque, duque de Almodóvar, había ofrecido un curioso compendio de la constitución de Inglaterra que había colado en una adaptación para españoles de la Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes (empezada a publicar en 1770) de Guillaume Thomas de Raynal, y que había escrito tirando del famoso ensayo de Jean Louis De Lolme, Constitution de l’Angleterre (1771)50. Las lecciones provenientes de esta y otras fuentes cuajaban en intelectuales como Arroyal: “Un inglés está seguro de que el método ordinario de gobierno no se inmutará sin el consentimiento de la nación, que no se impondrá un ochavo sin el consentimiento de la nación… un español, al contrario: toda su vida la pasa entre la desconfianza y el temor...”51. Dicho de otro modo, la diferencia no estaba en qué impuestos se pagaran o en qué medida la monarquía se entrampara, sino en la existencia o no de seguridad constitucional del ciudadano y, aunque el modelo ideal, el británico, estaba alejado de la mano no así otras maniobras constitucionales que podían imitarse, como las mencionadas de Leopoldo de Toscana52.

36Como la aventura editorial de estas cartas es enrevesada (con atribuciones de autoría a Cabarrús, Campomanes o Jovellanos durante bastante tiempo y con una segunda parte desconocida hasta la edición que venimos refiriendo de 1971), nunca sabremos si la data de las cartas contiene o no un mensaje. El hecho es que esta cuarta carta se fecha a 13 de julio de 1789, un día antes de la emblemática fecha del 14 de julio, y contiene una evidente propuesta de reforma constitucional de la monarquía española. No se trata de una presentación articulada de un texto constitucional, que se hará en la segunda tanda de cartas dirigidas a Saavedra, sino del señalamiento de los problemas constitucionales que debía tener presente cualquier intento de reforma de la monarquía aprovechando que el monarca se estrenaba entonces en su trono.

37El primero de ellos se refería a la mano que necesariamente había que meter a los asuntos eclesiásticos, reformando el tamaño y rentas de las sedes episcopales para adecuarlas a las necesidades espirituales de la sociedad, estableciendo rentas medias de las sedes en toda la monarquía, regulando el sistema de oposiciones para el acceso a la carrera eclesiástica y procurando que la Iglesia se asemejara lo más posible a la primitiva. Se trataba, en suma, de fomentar la formación de un clero más “nacional”, tal como desde el episcopalismo y el febronianismo proponían otros textos coetáneos y como se intentó promover también por el liberalismo católico entre 1810 y 181453. Debía también considerarse la reforma del sistema provincial para crear cuerpos más adaptados a la administración territorial que a la casualidad histórica. Dadas las dimensiones de la monarquía, resultaba un punto de indudable trascendencia constitucional que habrían hecho suyo sin duda algunos diputados americanos en Cádiz: “La igualdad en la división de las provincias es el cimiento de la buena administración económica, civil y militar; es el gran fundamento de la exactitud en el arte de calcular, y es la única que nos puede poner en estado de fomentar este gigante cuerpo de la monarquía.”54 Se requería también delimitar la función judicial del magistrado separándola exquisitamente de la legislativa, vinculándolo estrechamente a la ley, estableciendo garantías en el proceso y, simultáneamente, prohibiendo la interpretación de la ley y obligando a la motivación de las sentencias. Sugería, finalmente, un programa de unificación de costumbres sociales que permitiera superar la situación de confederación de repúblicas locales que, de facto, presentaba la monarquía. Un “catecismo político” podría ayudar, y mucho, a generar una conciencia de ciudadanía colectiva, pero era sobre todo obra legislativa que tenía que ir limando prácticas sociales tan envejecidas como inconvenientes55.

38Son todas cuestiones que estarán presentes en el programa constitucional del primer experimento constitucional español entre 1810 y 1812 y, como entonces, sabía el autor de estas cartas que todo ello debía envolverse en un principio que formaba el núcleo esencial de la reflexión constitucional: “Háganse las mejores reformas, créense las mejores costumbres, introdúzcase el orden más admirable; mientras no se modere la autoridad soberana, todo será vano.”56 Era justamente lo que el inglés tenía a diferencia del español, esto es, un sistema constitucional que servía de muralla constitucional a la voluntad del príncipe. En el fondo, argüía Arroyal, no se trataba más que de utilizar el poder del propio príncipe para restituir las cosas a un estado que había sido alterado por el feudalismo y el despotismo. Es una idea de retorno a una situación ideal que compartió gran parte del pensamiento ilustrado y que el discurso preliminar del proyecto constitucional de 1810 hará de nuevo suya.

39El ejemplo norteamericano tuvo mucho que ver sin duda en esta querencia de la ilustración por aquel paraíso perdido en que ni el feudalismo ni el despotismo impedían la efectividad de una benéfica constitución. Manuel de Aguirre alababa la elegancia matemática del constitucionalismo naciente en América justamente por la economía legislativa que rememoraba los momentos originales en que las sociedades se habían dado leyes por vez primera57. A ese momento refería su respuesta a una cuestión que tenía, sin embargo, muy directamente que ver con España: “¿Cuál debe ser el verdadero espíritu de la legislación para fomentar con fruto la agricultura, la industria, las artes y el comercio en un gran reino, contrayendo las reglas que se indiquen a la extensión de los dominios de España con relación a la diversidad de sus climas, de sus producciones naturales y al carácter nacional de sus habitadores?” La pregunta la había formulado José del Río, ministro de Carlos III ante la corte portuguesa como concurso literario al que Aguirre presentó su discurso con escasa fortuna en cuanto al premio. La cuestión era de economía política y la respuesta que dio el vizcaíno fue de constitucionalismo, con proyecto articulado incluido58.

40La reflexión de Aguirre partía del imperativo del mundo moderno que exigía hacer compatible la promoción el interés particular con el social. Imaginó una situación ideal en que el feudalismo y el despotismo no hubieran impedido esta confluencia y la tradujo como propuesta constitucional. Lo interesante es que el Militar Ingenuo no está interesado en un constitucionalismo primitivo en el sentido que lo podía estar Mably, esto es, como contraposición a la modernidad comercial y como reflejo de la virtud republicana. Del discurso republicano le interesaba el argumento sobre la desigualdad porque le permitía pronunciarse contra la desproporción patrimonial introducida por el feudalismo y la idea del pacto social como fundamento filosófico de la legislación por consentimiento59. Su remisión al pasado, sin embargo, no se hace en busca de un republicanismo primitivo que reivindicar como modelo sino, más bien al contrario, suponiendo que hubiera sido posible la conciliación de la modernidad comercial, del juego de intereses y pasiones como fundamento de la dinámica social, con una constitución que hubiera esquivado los graves errores del feudalismo y el despotismo.

41Esa situación constitucional ideal –que es, en realidad, la propuesta que hace para España respondiendo a la pregunta formulada por José del Río- integraría elementos como el blindaje legislativo frente al estanco de la propiedad, el fomento de la nobleza del mérito y no del apellido, la libertad del comercio, la libertad de imprenta, o las costumbres sociales que fomentaban la ilustración y las virtudes ciudadanas. Al igual que Arroyal y otros autores, Aguirre entraba en el constitucionalismo de la mano de la economía política llegando a plantearse no solamente el principio de su necesidad sino también la consecuencia de la legislación, es decir, de las reformas que debía conllevar la introducción del constitucionalismo en la monarquía española. Organización territorial, religión, justicia, costumbres sociales y libertades son los puntos que aquel constitucionalismo ilustrado identificaba como los nodos que debían formar el nuevo tejido constitucional de la monarquía.

42No se trató, por tanto, solamente de un pensamiento sintomático sino que surgen en esos textos también propuestas terapéuticas muy concretas, tanto que se presentan articuladamente. Así Aguirre, deduciendo siempre de esa situación ideal que imaginaba, presentaba como primer artículo de las “Leyes constitucionales, cuya observancia es una obligación inviolable para todos los individuos de la sociedad” precisamente la limitación del poder del soberano mediante un “supremo Consejo de Estado que represente la voz del pueblo todo y su voluntad general.”60 Que el poder del príncipe y su gobierno no debía entenderse ya monopolizador de la capacidad de decisión política, es algo que intuyeron buena parte de los textos que imaginaron las reformas constitucionales a finales del setecientos. La presencia ciudadana en el ámbito de la política a través de la representación se entendía también diversa, desenvolviéndose en pueblos y provincias para conformar luego instituciones generales cerca del “Jefe Supremo de la Sociedad” –que, por otra parte, no necesariamente tenía que ser un monarca en el modelo constitucional que presentó este discurso.

43De esta imaginación de la representación en el escrito pionero de Aguirre interesa tomar nota de su repercusión en distintos ámbitos desde el local hasta el general de la monarquía. Si la reflexión sobre la importancia de los ámbitos municipales como escuelas de ciudadanía ya había apuntado en la ilustración española, Aguirre realiza la proyección de la ciudadanía hacia el espacio público de la monarquía. No era ya cosa únicamente –como había expuesto otro vizcaíno, José Agustín Ibáñez de la Rentería- de lograr un buen gobierno municipal gestionado por los patricios locales en su calidad de ciudadanos, sino de idear maneras de representación general de la sociedad para poder participar también así en la legislación61. La posición constitucional de Aguirre exigía de suyo la superación del ideal del “repúblico” local y la eclosión de una ciudadanía de referencia global a la sociedad española. La reforma constitucional necesaria implicaba, en fin, la reunión de un parlamento con funciones colegislativas. De la relevancia de los intereses particulares para el correcto funcionamiento de la sociedad que se había traído de la economía política se llegaba a la del consentimiento para fundamentar la obligación política. Así lo estipulaba el tercer artículo de la constitución ideal propuesta por Aguirre: “El consentimiento de los diputados mencionados en el artículo antecedente, el del consejo de estado y la voluntad del depositario del poder o fuerza ejecutriz de la sociedad, han de constituir lo que se llame ley; y para toda novedad esencial en el gobierno y exacción de tributos han de convenir estas tres voluntades, como también para suspender el uso o moderar las leyes ya publicadas”.

44El cambio de rumbo en la política española protagonizado por el conde de Floridablanca desde 1789 y a ratos continuada por Manuel de Godoy desde 1792 afectó sin duda a la continuidad de este pensamiento, sobre todo por lo que hace a sus expresiones públicas, pero no logró, desde luego, sofocar totalmente los rescoldos del mismo que continuaron mostrándose a lo largo de todo el período que conduce a la crisis constitucional de 1808-1812. Es en ese reguero que van dejando algunos textos producidos a lo largo de las dos décadas que preceden al debate abierto el 24 de septiembre de 1810 que se puede seguir el rastro de la conexión entre la primera constitución española y el constitucionalismo ilustrado.

45Como es sabido, el conde de Floridablanca adoptó como estrategia preventiva ante los acontecimientos desatados en Francia desde 1789 el corte en seco de la comunicación fluida que se daba en el espacio transfronterizo de la república de las letras.  Por ponerle nombre, se trataba de que la maravillosa operación de comunicación que había realizado el duque de Almodóvar durante su embajada en París no se pudiera repetir ahora por miedo a que pudiera importar el virus revolucionario62. Suele asumir la historiografía que el intento fue más bien vano, pues siguieron igualmente llegando noticias, a través de textos de diverso tipo o de personas, que tuvieron a los intelectuales españoles al cabo de lo que ocurría y se pensaba en el país vecino en la hora crítica de su revolución constitucionalSin embargo, las restricciones impuestas desde el ministerio a la difusión de las letras, sobre todo de aquellas que, como las que tenían que ver con la economía política más se estaban acercando al constitucionalismo, tuvo el efecto inmediato de cortar la fluidez con que en la década de los ochenta se habían transmitido, sobre todo a través de publicaciones periódicas como El Censor o El Correo de Madrid.

46El dominio que llegó a adquirir Manuel de Godoy en el gobierno de la monarquía española, intensificado en el contexto de la guerra de la Convención y su final en 1795, le permitió manejar con habilidad la política de publicaciones. Aferrado a lo que su biógrafo principal ha llamado la “política pragmática”, el príncipe de la Paz básicamente dio continuidad a las políticas de Floridablanca y Aranda bajo el norte siempre del servicio personal de los reyes y de la posición en que lo había constituido el propio Carlos IV de favorito y, con ello, de cliente directo de los monarcas, condición que mantendrá más allá de la crisis de 180863. No entraba en tal estructura de prioridades políticas nada que tuviera que ver con una reforma constitucional de la monarquía, ni tan siquiera con retoques que pudieran poner en cuestión lo esencial, esto es, que el rey era el único centro político de la monarquía, que el gobierno estaba para ejecutar la voluntad y dirección política y el pueblo para obedecer64. A tales principios se atuvo también la política editorial de Godoy, abriendo y cerrando la mano a demanda de las situaciones concretas pero sin permitir en ningún caso que se conformara un estado de opinión que pudiera cuestionar los aludidos principios básicos y casi únicos de su política.

47Esto explica que los textos más interesantes que se produjeron en esos momentos relativos al tránsito de la economía política al constitucionalismo que aquí interesa no vieran la luz. No significa ello que no fueran leídos y conocidos en versiones manuscritas, pero, por lo general, les faltó el complemento de la publicación para su difusión. Esta condición de existencia fue la que afectó más claramente a los textos que nos interesa más concretamente considerar por contener propuestas constitucionales concretas. La segunda parte de las Cartas económico-políticas ya referidas de León de Arroyal datan de los años 1792 a 1795 y, como se ha recordado, permanecieron inéditas hasta 1971. No obstante, como su editor anota en la presentación del texto, el manuscrito original se encontró entre papeles que pertenecieron a Jovellanos, quien sin duda fue el destinatario elegido por Arroyal para remitirle estas cartas quizá con vistas a su publicación en el momento en que el asturiano ocupaba la Secretaría de Estado de Gracia y Justicia en 1798. Los Apuntamientos para una reforma de España de Victorián de Villava (1797) fueron escritos a miles de kilómetros de la corte, en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, y permanecieron igualmente inéditos hasta que en 1822 se dieran a la imprenta en el contexto de los debates sobre el fracaso de la primera constitución de las Provincias Unidas de 181965. Finalmente, un curioso texto de incierta historia presentado como Teoría de una constitución política para España y escrito por Ramón de los Santos García entre 1799 y 1805, según dice en su prólogo, no conoció pública edición hasta 182266.

48Si a esto añadimos que otros rastros de este incipiente constitucionalismo quedaron plasmados en textos destinados a promover rebeliones desde el interior de la monarquía o a fomentarlas desde el exterior, y por ello reducidos al restringido espacio de la administración de justicia, la repercusión pública de estos textos puede darse por escasa. Su relevancia radica más bien en la continuidad que muestran, en el pulso tenue que bombea únicamente lo preciso para no extinguirse y que recuperará rápidamente tono desde 1808 para manifestar todo su esplendor en la primera de las constituciones españolas. Como ha mostrado la historiografía que se ha ocupado de ello, de las conspiraciones –todas ellas en grado de proyecto más bien precario- que se producen en los años noventa no se puede decir que estuvieran respaldadas por elaborados discursos políticos. Algunas, como las apellidadas por el conde Aranda, el de Teba o Alejandro Malaspina, ni siquiera deberían ser consideradas propiamente como conspiraciones sino como la expresión de la oposición al gobierno de Godoy, mientras otras más propiamente tales, como la ideada por Juan Bautista Picornell, no brillaron precisamente por su elaboración67. El punto fuerte del Manifiesto de los conjurados para el día de San Blas de 1795 consistía en la formación de una Junta Suprema que actuara como institución representativa de emergencia para dar paso, luego de normalizado el gobierno mediante una nueva constitución, a un parlamento con funciones puramente legislativas68. Es el mismo mensaje que José y José Hevia enviaron al gobierno de París desde Bayona como eje principal de la campaña de fomento revolucionario en España que pergeñaban y que basaban en la convocatoria de las Cortes para proceder a una reforma constitucional69.

49En los textos que he aludido antes y que pueden mostrarnos el rastro del pensamiento constitucionalista hasta su eclosión en la crisis de la monarquía, la idea de fondo es la misma, esto es, proceder a una reforma constitucional de la monarquía que, ante todo, implicaba la presencia parlamentaria de la nación. La primera de las cartas que Arroyal dirigió a Saavedra (1792), tras realizar un recorrido europeo que mostraba las posibilidades de la reforma, advertía respecto a España que tenía a su favor algunas leyes fundamentales aprovechables –sobre todo la que impedía al rey hacer leyes sin el concurso del reino-, y en su contra que le faltaban definiciones precisas acerca de aspectos esenciales de una sólida arquitectura constitucional: de dónde dimana el poder, el derecho del pueblo a la representación, la regulación de la sucesión, minoría y tutela en la monarquía, las funciones de los “estados generales” y la definición de las funciones de los Consejos70. Eran las cuestiones constitucionales que preocuparon a un buen ramillete de intelectuales españoles de la década de los noventa. En buena medida si interesó la reforma constitucional fue para ofrecer vías que evitaran la revolución tal y como se estaba desarrollando en el país vecino.

50Como se ha recordado, Victorián de Villava escribió sus Apuntamientos para una reforma de España desde la distancia. En realidad, el título completo de su texto da mejor idea de su finalidad pues añade sin perjuicio de la Monarquía ni de la Religión. Estimando precisa una explicación sobre la intención con que se ponía manos a la obra en la ciudad de La Plata, arrancaba el prólogo del autor: “En una época en que el espíritu de libertad hace tantos progresos, y en que el entusiasmo que le subsigue hace tantos estragos, debe todo buen Ciudadano dedicar sus meditaciones a evitar una revolución, que los mismos abusos preparan, que el ejemplo de los demás Pueblos anticipa, y que debe temerse mas que los males que padecemos, y tanto más deseamos enmendar.”71 Dar un “nuevo ser” a la nación sin los riesgos “del hierro y del fuego” de la revolución era el propósito del texto del aragonés que, como se ha dicho, quedará inédito hasta 182272.

51Buena parte del pensamiento español de finales del siglo XVIII interesado en explorar las posibilidades que ofrecía el constitucionalismo tuvo claro el hecho de que, bien entendida la idea de una reforma constitucional, podía resultar inmejorable preservativo ante la revolución que se mostraba peligrosamente como un desenfreno de pasiones. Las cuestiones que debían preocupar al respecto eran, más o menos, las listadas por Arroyal en la carta recién mencionada, esto es, las medidas que tenían que servir para domesticar las pasiones políticas y evitar el despotismo. Tanto en la versión que se mostraba a la vista en la Francia posterior al 10 de agosto de 1792 como en su versión de gobierno personal sin controles efectivos que se hacía valer en buena parte de Europa, el riesgo del despotismo y la tiranía fue la espuela que movió a realizar las propuestas de reforma constitucional que se contienen en estos textos.

52Adviértase que para todos ellos es punto preferente de atención una reforma de la religión. No es casual, desde luego, pues era tratando de esta materia que se establecían las reservas más patentes respecto del fanatismo. Si Villava prevenía contra el fanatismo político que adivinaba en la actitud revolucionaria, no menos lo hacía, en su obra escrita y en su profesión fiscal, contra el religioso que conducía en derechura también a la tiranía. Al presentar su proyecto constitucional, León de Arroyal tuvo un exquisito cuidado al referir dónde quería entroncarlo: a pesar de haber sido parida por los enemigos de España, en la constitución francesa “de 1789”. Sabía bien que de aquel año arrancaba un profundo proceso de reforma constitucional que culminó en 1791. No decía mal, porque los mismos protagonistas del drástico cambio político en Francia decidieron en 1791 coser como parte primera de su constitución el texto de la declaración de derechos del 26 de agosto de 1789, que era también constitución73. Cuando él escribe su proyecto existe en Francia ya otro modelo diseñado y listo, el de 1793, pero ante todo se ha producido la traumática experiencia del giro hacia el radicalismo jacobino. Al igual que harán Álavaro Flórez Estrada y otros liberales españoles de primera hora, Arroyal prefirió hacer como si no existiera tal experiencia emparentándose con el momento de la “reforma” de 1789-1791.

53En esa órbita se movía, como mucho, Victorián de Villava sin llegar nunca a obtener conclusiones del análisis de la historia de la revolución como las del prócer liberal asturiano74. Un moderado como él podía asumir casi todo lo que le venía vía economía política, pero tenía que andarse con tiento a la hora de extraer lecciones constitucionales. Una cosa era traducir a Genovesi y otra muy distinta aceptar el trastorno político como vía para el cambio constitucional. A pesar de ello, su proyecto debió sorprender a quienes pudieron verlo porque, a diferencia de lo que era norma, no arrancaba por la parte de la religión sino directamente por la política, tratando, cual si de un proyecto de constitución en efecto se tratara, de la monarquía y sus reglas de funcionamiento y sucesión, del modo de hacerse las leyes en colaboración con la representación nacional, de la justicia, la educación, la milicia y la hacienda. La segunda parte, ya se encargaba de poner las cosas en su sitio estableciendo de entrada la superioridad teológica y moral de “nuestra Religión” frente a quienes le imputaban “el despotismo y la ignorancia”. Se trata, en suma, del esqueleto constitucional que también formó la anatomía de Cádiz pues, como es sabido, la idea entonces fue redondear la obra constitucional con una constitución religiosa y un concilio nacional75. Tanto empeño puso el fiscal aragonés en asumir la trascendencia política de la verdad revelada –sobre todo por lo que hacía a la obligación política- como en manifestar la necesidad de una reforma en el gobierno y administración de la Iglesia que devolviera su protagonismo original a obispos y curas junto al Papa. De manera muy similar a Arroyal entendió que era ese uno de los aspectos centrales de la reforma de costumbres sociales que el pensamiento ilustrado venía demandando y que debía acompañarse de una corrección en las manifestaciones externas de la religión que rozaban más con el fanatismo que con la asimilación del mensaje evangélico.

54El fanatismo religioso y el político constituían dos manifestaciones de distorsión del orden que el constitucionalismo debía enfrentar mediante la adopción de medidas correctoras. Por ello Villava, como Arroyal, proponía una batería de medidas que tenían que ver lo mismo con la reforma de sabor episcopalista, con el reparto más justo de los beneficios eclesiásticos –dando efectividad al principio de que los curas eran de esencia a la Iglesia- o con la creación de cuerpos de representación provincial y nacional para el asesoramiento público del monarca en la labor legislativa. Al proponer la creación de un Consejo Supremo de la Nación, formado por representantes electos en las provincias, argumentaba Villava: “Supuesto que la Constitución Monárquica exige un cuerpo autorizado, en donde se propongan y ventilen las Leyes, y especialmente habiendo sido siempre en España una práctica inconcusa desde los Reyes Godos el tratar en Cortes así los nuevos Reglamentos como las nuevas imposiciones y tributos, tampoco me persuado que les sea sensible sacrificar una parte de su poder para asegurar otra parte, y para establecer un Gobierno fijo, equitativo y permanente”.

55Tanto él como Arroyal, o antes Aguirre como vimos, imaginaban esa representación nacional como un congreso compuesto por diputados provenientes de elecciones o sorteos, tanto les daba en el fondo, realizados en parroquias, partidos y provincias. Se pensaba también en formas de representación propias para esos espacios locales y provinciales con capacidad para hacerse cargo de la administración de sus propios intereses, siguiendo la máxima que Jovellanos trasladaría a su influyente Informe de que nadie mejor que los interesados para dirigir y gobernar sus propios intereses controlando y refrenando las pasiones. Como veremos luego, especial fruto adivinaba Villava en tal sentido para instituciones de autogobierno en América. El de la nación, como supremo, debía ser un consejo o congreso que tuviera ante todo el cometido de la colegislación con el monarca: “La principal incumbencia de este Consejo sería rever la legislación y reformarla con aprobación del Soberano, examinar las leyes, y darles o no el pase, aprobar o reprobar los nuevos impuestos y contribuciones y tomar cuentas anualmente al Ministro de Hacienda, imprimiéndolas y publicándolas para que toda la Nación supiera la entrada, la salida, la buena o mala inversión de los caudales Públicos y del estado actual del crédito.” Más audaz, Arroyal afirmaba al respecto en frase que es casi replicada el 24 de septiembre de 1810 en la primera sesión de las Cortes de Cádiz: “Las Cortes representan el reino, y en ellas reside la soberanía nacional, siendo el rey la cabeza de este augusto cuerpo. En ellas se forman y promulgan las leyes, se decide de la paz y de la guerra, se imponen las contribuciones y se acuerdan los grandes negocios del estado”76.

56Animado por la libertad recobrada en 1795 –tras haber sido encarcelado por Pedro de Lerena- el conde de Cabarrús escribió una carta a Manuel de Godoy, ya príncipe de la Paz y en el cenit de su poder, donde le aconsejaba la línea política que debía profundizar. El favorito de Carlos IV debía, a su vez, al conde la intercesión ante su hija Teresa y su yerno Jean-Lambert Tallien para llevar a buen puerto las negociaciones que fructificaron en la paz de Basilea, por lo que aquel se permitió el desquite de presentarse como consejero de príncipes en la mencionada misiva fechada en diciembre de 1795. “Sentemos pues –afirmaba Cabarrús- que el único medio de perpetuar y asegurar las monarquías es el reconciliarlas con el interés y la voluntad general, o con el objeto del pacto social…”, lo que no implicaba necesidad alguna de trastorno revolucionario sino tan sólo de sabia reforma: “le basta [al príncipe

57] poner en distintas manos la administración de justicia y el gobierno, sin permitir que estas cosas, distintas por su naturaleza, se reúnan, conservando al mismo tiempo a cada una de ellas los atributos que le son esenciales.”77 Cabarrús, que había devorado, rumiado y asimilado como pocos la nueva ciencia de la economía política extraía también las consecuencias constitucionales de sus principios. Si la sociedad debía conceptuarse como conjunto concurrente de intereses, su organización racional requería del constitucionalismo, esto es, de seguridad judicial de los derechos –y en especial el de la propiedad- y de consentimiento en la legislación como principio de obligación política.

58Aun con la moderación que su propio talante le imprimía y que el destinatario de la misiva casi obligaba, la reforma del gobierno que le insinuó en esta carta al príncipe de la Paz –con nulo éxito- reproducía los lugares comunes de los textos que venimos viendo: “Sustituir al Consejo en el reino, y a los Acuerdos en las provincias cuerpos mejor organizados para consultar a S.M. las leyes o providencias gubernativas por medio de las secretarías, a esto ciño todo el sistema de gobierno.” El Consejo lo quería transformado en un parlamento de sesenta y seis diputados (tres por provincia) empeñado en la tarea de asesoramiento legislativo, dejando la ejecución material de la legislación en los territorios en manos de diputaciones provinciales presididas por el intendente78. La Teoría de una Constitución política para España, por su parte, proponía adoptar una serie de medidas transitorias encaminadas a facilitar el tránsito hacia un sistema constitucional, como la creación de un directorio encargado del ejecutivo y “un senado de 30 a 50 personas que ayuden al poder ejecutivo con sus consejos y provea todos los empleos nacionales”. Se completaba este sistema transitorio con una junta “compuesta de diputados nacionales elegidos en cada provincia, y tendrá la facultad de velar sobre los intereses de la nación relativos a su libertad.”79 Por ahí andaba entonces la propuesta, digamos, más habitual: dándole vueltas a la necesidad de una institución representativa de la nación y compuesta por diputados enviados por las provincias.

59Aunque a Cabarrús esto le importaba seguramente bastante menos, los autores que más decididamente incursionaron en la elaboración de un constitucionalismo ilustrado, como Villava o Arroyal, no dudaron en establecer en el mensaje evangélico el principio de la obligación política. En una línea muy marcada de pensamiento político que llega con claridad al arranque de la historia constitucional de España, apreciaron el derecho de las naciones a constituirse y la capacidad social de alterar las reglas esenciales del gobierno –las leyes fundamentales- para procurarse su felicidad deduciéndolo del mandato divino de multiplicarse, poblar y henchir el mundo dado a la humanidad en su creación en la persona de Adán. Del mismo modo, se defenderá que el pacto social, la creación de la sociedad y de su orden político por consentimiento, no era más que la traslación político constitucional de “orden admirable” establecido por Dios en el universo. La carta cuarta de Arroyal, de mayo de 1793, planteando una reflexión sobre los derechos del hombre como base de la constitución prescindía deliberadamente de las enseñanzas de la filosofía política para quedarse con el evangelio en una mano y la observación de la Creación en la otra. Se trata de una actitud que reproduce luego Pablo de Olavide cuando compone, traduciendo e innovando de nuevo como era casi norma en la república de las letras, su Evangelio en Triunfo, donde se ensaya un completo tratado de moral para la ciudadanía católica80. Será ese mismo hilo el que seguirán conspicuos liberales de ambas partes del mundo hispano, como Francisco Martínez Marina o Juan Germán Roscio81.

60No era sólo una manera de sortear a Mandeville y quedarse, sin embargo, con Hume sino que conformó toda una vía de acercamiento a un constitucionalismo fundamentado, por un lado, en la apertura del ámbito legislativo a la colaboración nacional con el príncipe y, por otro, en la asunción de la libertad civil, la propiedad y la seguridad como derechos. Si la economía política ya había aleccionado sobre ello, al trasladarse el principio al constitucionalismo buscará seguridad en el “orden eterno” de disposición divina, como hizo Arroyal en la carta aludida. Esta línea de reflexión podía fundamentar la capacidad social a alterar las reglas de gobierno cumpliendo su obligación primera de proporcionar justicia, seguridad y abundancia –los fundamentos de la felicidad- a la nación qua comunitas. Aun con las limitaciones sobre el conocimiento que tenemos del momento de redacción de la Teoría antes referida, no deja de ser coherente con este mismo planteamiento el hecho de que esta extensa reflexión se centre en el derecho de la nación a constituirse y derive luego hacia los derechos de la propia nación, para hacer su aparición los referidos a los individuos ya muy avanzado el proyecto en capítulos de justicia y ciudadanía82.

61El constitucionalismo ilustrado se orientaba así, en buena medida, hacia un planteamiento que proponía una reforma de la monarquía centrada en la nación. Con el punto de partida situado en la economía política había podido integrar un discurso moral basado en el interés y la domesticación racional de las pasiones, lo que estaba a un paso evidentemente de ponderar como elementos centrales de la constitución social los derechos –a la vida, la propiedad y la seguridad- y a dos de proponer una distinción entre gobernar y legislar aduciendo la necesidad de una colaboración nacional en lo segundo, entrando así también en el terreno de la constitución política. Con ser relevante para este pensamiento la idea de la justicia como facultad independiente y regulada de dirimir conflictos y reconocer derechos, ya dejó constancia de una mayor confianza en el cuerpo de la nación que en el de los magistrados para la defensa y garantía de los mismos.

62La constitución social hacía referencia al modo ideal de estar articulada una sociedad de padres de familias, parroquianos y capaces de mantenerse “con decencia”. “Para ser vecino –proponía Arroyal- es necesario ser cabeza de familia o poseer hacienda propia e independiente.”83 La Teoría, por su parte, al llegar al ámbito local de gobierno abría capítulo propio para el “gobierno patriarcal de las familias” entendiéndolo medular para el correcto funcionamiento del sistema y, a la vez, extraño al orden propiamente político: “Esta autoridad –la patriarcal- residirá siempre en el varón de mayor edad de cada familia o línea de sangre”; “Para ejercer los derechos de esta autoridad no será necesaria elección ni aprobación de nadie…”; “… todo patriarca podrá instruir, amonestar, corregir, castigar sensiblemente a cualquiera de su familia…”84. No es en absoluto casual que Victorián de Villava abordara su proyecto de reforma en medio de la sonora y tensa disputa que mantuvo con el gobernador de Potosí, Francisco de Paula Sanz, y su asesor letrado, Vicente Cañete, sobre el incremento de la mita del Potosí. La existencia misma de esta práctica del trabajo compulsivo le pareció a quien venía de traducir a Gaetano Filangieri y Antonio Genovesi y de iniciar en la universidad Sertoriana de Huesca la enseñanza del derecho natural y la política, un auténtico desorden de la constitución social. No sólo por lo que más le competía como protector de indios en su calidad de fiscal, sino sobre todo intelectualmente Villava se opuso cuanto pudo más que a la ampliación pretendida por Sanz y Cañete a la supresión sin más de la mita por entender que alteraba todos los principios de una constitución social justa al colocar fuera del orden doméstico regular a una buen cantidad de dependientes en régimen de semiesclavitud. No es que Villava pusiera en cuestión la esclavitud –él mismo fue dueño de esclavos y comerció con ellos- pero sí su traslación a las relaciones entre sus tutelados y los dueños de ingenios, que debían más bien establecerse como pura relación comercial de compraventa de trabajo85.

63En esa constitución social imaginaban todos estos textos también el humus que nutría a la nación española. La nación como compuesto de españoles lo era de vecinos: “Español se entiende: el nacido en dominio de España, el que tenga algún abuelo o abuela españoles hasta la cuarta generación permanente en el reino, el que ha sido ya vecino de cualquier pueblo de España.”86 La nación, dicho de otro modo, podía imaginarse como un pueblo colectivo de todos los pueblos: “La palabra Nación contiene las mismas ideas que la palabra Pueblo, pues todos los pueblos, hasta una aldea, componen la integridad de la nación. Así pueblo y nación son una misma cosa, tienen los mismos derechos, las mismas facultades y las mismas obligaciones.”87 La nación como compuesto de pueblos que, organizados en parroquias, agrupaban familias gobernadas extrapolíticamente por padres de familia es el tipo ideal que hará suyo, comos se sabe, la constitución de 1812.

64Era la nación, no los individuos propiamente, quien requería constitución política, distinción de potestades con participación en la de hacer las leyes. Se trataba de la relevancia constitucional de la distinción de poderes que aseguraba el buen orden de la constitución política, lo que acabará siendo el alma también de la Constitución política de la monarquía española de 1812, y que en 1797 sintetizaba Villava: “Si la potestad legislativa que requiere madurez, reflexión, conocimientos y experiencia debe templarse en las Monarquías con un cuerpo intermedio entre el Rey y el Pueblo; si hecha ya la ley y tomada la determinación, la potestad de ejecutarla debe residir enteramente en el Monarca, porque por su naturaleza exige actividad y prontitud, el juzgar según la ley, el adjudicar según ella los bienes, el determinar la pena según el delito, en una palabra, la potestad judicial debe hallarse del todo separada de la Corona, y depositada en las Justicias, que la misma elija con alunas formalidades y requisitos”.

65Nación es término que en este y otros sentidos se está ya vulgarizando en los finales del setecientos y que tuvo que convivir con y significarse ante la idea de la monarquía de uso y recurso mucho más habitual aún. Si en Cádiz se llega a identificar ambos espacios, esto no estaba aún ni mucho menos claro y establecido en el momento en que la monarquía entra crisis dejando espacio suficiente a la nación. El guión, en el contexto de la crisis, se cambió para dar pábulo a la idea del mantenimiento de la unidad de la monarquía a pesar del grave delito político cometido por el rey y el príncipe de Asturias. Fue entonces cuando decididamente se apostó por identificar la nación con la monarquía. Previamente ambos conceptos ni mucho menos caminaban en paralelo.

Haut de page

Notes

1 Gaspar Melchor de Jovellanos, “Dos diálogos sobre crítica económica” (1799), en, del mismo, Obras, vol. V, Marid, BAE, tomo LXXXVII, 1956 (edición y estudio preliminar de Miguel Artola) p. 336.
2 Gonzalo Anes, La Ley Agraria, Madrid, Alianza, 1995.
3 José Miguel Caso, Jovellanos, Barcelona, Ariel, 1998 caps. 3 y 4.
4 Señalaba la cuestión Bartolomé Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836, Madrid, Siglo XXI, 2ª ed., 1989 cap. XIV.
5 Fernando Baras, El reformismo político de Jovellanos (Nobleza y Poder en la España del Siglo XVIII), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1993 sección III.
6 En 1796 anotaba en su diario ir entonces por la cuarta lectura de la Riqueza de las naciones, según refiere Javier Varela, Jovellanos, Madrid, Alianza Editorial, 1988 p. 117.
7 Información sobre la difusión de esta obra en España en los años alrededor de su primera traducción completa (1794) en el estudio preliminar de Enrique Fuentes Quintana  y Luís Perdices a la edición facsimilar de la misma (Valladolid, Junta de Castilla y León, 1996).
8 Recoge las censuras de las versiones francesa y españolas –las de Carlos Martínez de Irujo en compendio y la de José Alonso Ortiz completa- Javier Lasarte, Economía y Hacienda al final del Antiguo Régimen. Dos estudios, Madrid, Instituto de Estudio Fiscales, 1976.
9 Vicent Llombart, Campomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, Alianza, 1992  pp. 296 ss.
10 Javier Lasarte, Economía y Hacienda cit., p. 120.
11 La censura de Banqueri en ibid., pp. 99-104.
12 Ibid., pp. 121-122.
13 Vicente LLombart, “El Informe de Ley Agraria y su autor en la historia del pensamiento económico”, en Ángel García Sanz y Jesús Sanz Fernández, Reformas y políticas agrarias en la historia de España, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1996.
14 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, Madrid, J.A. García, 1870, nº 468, p. 2582.
15 Gaspar Melchor de Jovellanos, Introducción a un discurso sobre el estudio de la Economía civil (1796), en, el mismo, Obras, cit., p. 7.
16 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley Agraria, extendido por su individuo de número el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos a nombre de la Junta encargada de su formación, y con arreglo a sus opiniones, Madrid, Sancha, 1795 p. 7.
17 Gaspar Melchor de Jovellanos, “sobre el medio de promover la prosperidad nacional” (1796), en, del mismo, Obras completas, vol. XI (Escritos políticos), Oviedo, Ayuntamiento de Gijón- Instituto Feijoo-KRK Ediciones, 2006 (edición y estudio preliminar de Ignacio Fernández Sarasola), pp. 51-52.
18 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte, cit. pp. 9-10.
19 Ibid., p. 111.
20 Vicente LLombart, “El Informe de Ley Agraria y su autor…”, cit. p. 150.
21 Discursos políticos del señor David Hume, caballero escocés, traducidos del francés al castellano, Madrid, González, 1789 “Advertencia del traductor”, sin paginar; Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Obra escrita en Inglés por Adam Smith, Doctor en Leyes e individuo de la Real Sociedad de Londres y de Edimburgo; Comisario de la Real Hacienda en Escocia; y Profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow, Valladolid, Viuda e Hijos de Santander, 1794 “El traductor”, sin paginar.
22 Vicente Alcalá Galiano, “Sobre la Economía Política” (1783) en, del mismo, Sobre la Economía Política y los impuestos, Segovia, Academia de Artillería de Segovia, 1992 (con instructivo estudio preliminar de José Manuel Valles Garrido) pp. 227-230.
23 Que, a su vez, estaba directamente inspirada en la voz “Economie” que Jean-Jacques Rousseau había escrito para la Encyclopedie (versión electrónica en http://portail.atilf.fr/encyclopedie/).
24 Bernardo Joaquín Danvila y Villarrasa, Lecciones de economía civil o de el comercio, escritas para el uso de los caballeros del Real Seminario de Nobles, Madrid, Ibarra, 1779, lección I p. 15.
25 Valentín de Foronda, “Disertación sobre lo honrosa que es la profesión del comercio” (1778), en, del mismo, Miscelánea o colección de varios Discursos…, Madrid, Benito Cano, 1787 (edición facsimilar Madrid, Marcial Pons, 1996) p. 30. Sobre sus deudas intelectuales con David Hume insistió su biógrafo actual José Manuel Barrenechea, Valentín de Foronda, reformador y economista ilustrado, Vitoria, Diputación Foral, 1984.
26 Recogió los puntos esenciales del debate Pablo Fernández Albaladejo, “Algunos textos sobre la polémica entre Libre Comercio y Fueros hacia 1780”, Boletín de la RSBAP, XXXII, 1976. Realizó un análisis de esta polémica como querella sobre el sentido del orden  foral vasco Javier Fernández Sebastián, La génesis del fuerismo. Prensa e ideas políticas en la crisis del Antiguo Régimen (País Vasco, 1750-1840), Madrid, Siglo XXI, 1991 pp. 69 ss. El análisis más penetrante por lo que se refiere a la participación en este debate de los ilustrados, entre ellos Foronda, es el de Jesús Astigarraga, Los ilustrados vascos. Ideas, instituciones y reformas económicas en España, Barcelona, Crítica, 2003.
27 En 1783, rescoldando aún en su ánimo la cerrazón de las elites vascas a admitir el comercio libre, escribía. “La gente de peluca, pero de mollera cerrada, adicta a las rancias máximas de sus abuelos, se opone tercamente a las ideas profundas de algunos patriotas políticos que les pronostican las consecuencias más funestas de la obscura y terrible borrasca que tienen sobre su cabeza en caso de que no se desprendan voluntariamente de una parte de sus privilegios por no perderlos todos.” (Cartas de Mr. De Fer al autor del Correo de Europa, e que da noticias de los que ha observado en España, citado por José Manuel Barrenechea, “Estudio preliminar” a la edición facsimilar –Vitoria, Parlamento Vasco, 1994- de Valentín de Foronda, Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política y sobre las leyes criminales -1789-1794).
28 Ciudad de San Sebastián, Memoria justificativa de San Sebastián para el fomento de la industria y comercio de Guipúzcoa (1832), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1996 (edición de Coro Rubio).
29 Danvila, Op. cit., pp. 15 y 88.
30 El Censor, obra periódica (1781-1787), edición facsimilar a cargo de José Miguel Caso, Oviedo, Instituto Feijoo, 1989, discursos 4 (1781) y 132 (1786).
31 Manuel de Aguirre, Discurso sobre el lujo (1776 y 1787), en, del mismo, Cartas y discursos, cit. p. 170. La nota que añade Antonio Elorza al comienzo de este texto informa que, al igual que el discurso 4 de El Censor, fue denunciado a la Inquisición y finalmente prohibido y condenado en 1790.
32 Ibid., p. 173.
33 Vicente Llombart, Campomanes, cit. pp. 277 ss.
34 Datos sobre esta literatura en el primer capítulo de José M.Portillo, Revolución de Nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, CEPC, 2000.
35 Valentín de Foronda, Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía-política y sobre las leyes criminales, Pamplona, 1821 (ediciones anteriores en 1789-1794). Cito de la edición facsimilar de Vitoria (Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, 1994) con un completo estudio preliminar que informa cumplidamente de la historia y contenido del texto de José Manuel Barrenechea.
36 La referencia geográfica en pp. 260-261 y sobre la población en p. 218.
37 Ibid., p. 175.
38 Ibid., p. 4. Las cursivas son originales. En el estudio preliminar se informa oportunamente que la inclusión de la igualdad en esta nómina de derechos es la única alteración que, para su edición de 1821, prefirió Foronda no advertir en nota sino dejarla incorporada al propio texto (p. CXXV).
39 Ibid., p. 6 y p. 13.
40 En Obras, cit. tomo L p. 29.
41 Ibid., p. 439.
42 Manuel de Aguirre, Sistema de hacer más ventajosas las Sociedades Patrióticas (1784), en, del mismo, Cartas y discursos del Militar Ingenuo al Correo de los Ciegos de Madrid, San Sebastián, Patronato José María Cuadrado, 1974 con edición y estudio preliminar de Antonio elorza p. 80.
43 Da noticia de todos los datos disponibles sobre la azarosa fortuna de este escritor Manuel José de Lara, Un heterodoxo en la Huelva de la Ilustración: Miguel Ignacio Pérez Quintero, Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 1995.
44 Miguel Ignacio Pérez Quintero, Pensamientos políticos y económicos dirigidos a promover en España la agricultura y demás ramos de industria, a extinguir la ociosidad y dar ocupación útil y honesta a todos los brazos, Madrid, Benito García de Lastra, 1798  pp. 57 ss.
45 Como es sabido, las cartas de Arroyal están escritas en dos momentos distintos, entre 1787 y 1790 la primera tanda, dirigida al conde de Lerena, con quien estaba enfrentado, y entre 1792 y 1795 la segunda remitida al ministro Francisco Saavedra, con quien mantuvo cierta amistad. Cito de León de Arroyal, Cartas económico-políticas (con la segunda parte inédita), Oviedo, Universidad de Oviedo, 1971 con edición, prólogo y notas de José Caso.
46 Emilio la Parra, Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 2002 cap. 6.
47 Gisela von Wobeser, Dominación colonial. La consolidación de vales reales, 1804-1812, México DF, UNAM, 2003.
48 Discursos políticos del señor David Hume, cit. pp. 189 ss.
49 León de Arroyal, Op. cit. p. 81.
50 Duque de Almodóvar, Constitución de Inglaterra, Madrid, CEPC, 2000 edición de Jesús Vallejo de cuyo estudio preliminar están tomadas las alusiones a De Lolme y Raynal. El libro de De Lolme, referencia obligada en la Europa literaria, acabará siendo traducido también, como se sabe, en 1812 (edición actual: Jean Louis De Lolme, Constitución de Inglaterra, Madrid, CEPC, 1992 edición de Bartolmé Clavero).
51 León de Arroyal, Op. cit. p.  82.
52 Pablo Fernández Albaladejo, “León de Arroyal: del «sistema de rentas» a la «buena constitución»” en, del mismo, Fragmentos de Monarquía, Madrid, Alianza, 1992.
53 Emilio la Parra, El primer liberalismo y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz, Alicante, Instituto Juan Gil Albert, 1985.
54 León de Arroyal, Op. cit. pp. 105-106.
55 Ibid., pp. 104-114.
56 Ibid., p. 115.
57 Manuel de Aguirre, Discurso sobre legislación (1786) en Cartas y discursos del Militar Ingenuo, cit. pp. 179-180.
58 El proyecto, junto a otros interesantes a nuestro objeto, lo recoge la compilación de Ignacio Fernández Sarasola, Proyectos constitucionales en España (1786-1824), Madrid, CEPC, 2004.
59 Así lo expresa, refutando el rechazo que Cristóbal Cladera había expresado respecto a la idea de pacto social por sus carencias historiográficas, en Discurso erudito del Militar Ingenuo (1788), en Cartas y discursos del Militar Ingenuo, cit. pp. 349 ss.
60 Ibid., pp. 190-195.
61 josé Agustín ibáñez de la Rentería, Discurso sobre el gobierno municipal, que cito de Javier Fernández Sebastián (edición y estudio introductorio), La ilustración política. Las “Reflexiones sobre las formas de gobierno” de José A. Ibáñez de la Rentería, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994. El discurso de Ibáñez de la Rentería es de comienzos de los ochenta, editado en 1790 junto a otros que se reproducen en esta edición.
62 Sobre esta operación, contenida en su Década epistolar sobre el estado de las letras en Francia, cfr. el estudio introductorio de Jesús Vallejo a Duque de Almodóvar, Constitución de Inglaterra, cit.
63 Emilio la Parra, Manuel Godoy, cit. pp. 159 ss.
64 Ibid., pp. 248-249.
65 Ofrezco más noticias sobre el autor y el texto en la edición crítica del mismo que prepara la colección Prisma Histórico de la Fundación Mapfre.
66 La historia de este texto es de lo más incierta, pues por su contenido muy buen puede estar dispuesto, al menos algunos capítulos, hacia finales del setecientos, mientras otros se reescriben para adaptarlos al texto gaditano para su publicación durante el Trienio. Existe una edición con pie de imprenta en Orihuela, 1805 que es claramente espuria. Ya en el momento de su publicación se manifestaron serias dudas sobre las referencias que se daban en su prólogo acerca de la confección entre 1799 y 1805, creyendo los redactores de El Censor que se trataba de un texto republicano camuflado: El Censor. Periódico político y literario 91, 27 abril 1822. Véase para estos detalles Cayetano Mas Galván, “Una Teoría constitucional española de ¿1805?” en Pedro Molas (ed.), La España de Carlos IV. I Reunión científica de la Asociación de Historia Moderna, Madrid, Tabapress, 1991, que es quien ha establecido l autoría pues el texto impreso va únicamente con iniciales.
67 Ibid.,  pp. 122 ss.
68 El texto en Pan y toros y otros papeles sediciosos del siglo XVIII (recogidos y recopilados por Antonio Elorza), Madrid, Ayuso, 1971.
69 Juan Francisco Fuentes, José Marchena. Biografía política e intelectual, Barcelona, Crítica, 1989 cap. III.
70 León de Arroyal, Op. cit. pp. 151 ss.
71 De este texto existe una edición de Ricardo Levene (Buenos Aires, Peuse, 1946) que, al seguir la de 1822 se despega en puntos relevantes del manuscrito original. Mis citas proceden del que me parece ser el manuscrito más fiel a lo que escribió Villava y que utilizo en mi edición del texto que he referido anteriormente, donde doy cumplida noticia de los distintos manuscritos y su relevancia textual.
72 Aunque no ofrece referencias concretas, afirma que circuló ampliamente como manuscrito Peggy K. Liss, Los imperios trasatlánticos. Las redes del comercio y de las Revoluciones de Independencia, México D.F. FCE, 1989 p. 171.
73 De hecho su traducción al español llevará esta idea en su título: La constitución francesa. Decretada por la Asamblea Nacional constituyente en los años de 1789, 1790 y 1791 aceptada por el rey en 14 de setiembre de 1791, Madrid, 1814.
74 Joaquín Varela, “Retrato de un liberal de izquierda: Álvaro Flórez Estrada” en, del mismo, Asturianos en la política española. Pensamiento y acción, Oviedo, KRK, 2006.
75 Emilio la Parra, El primer liberalismo y la Iglesia, cit. cap. III.
76 León de Arroyal, Op. cit. p. 235.
77 Conde de Cabarrús, “Carta al Excelentísimo Seño. Príncipe de la Paz”, en, del mismo, Cartas, Madrid, Castellote, 1973 (edición y estudio preliminar de José Antonio Maravall) pp. 66 y 71.
78 Ibid., p. 73-74.
79 Teoría de una Constitución política para España. Por un español, Valencia, Venancio Oliveres, 1822 p. 8.
80 Pablo de Olavide, El Evangelio en Triunfo, o historia de un filósofo desengañado (1798), Madrid, 1803 (vols. I y II) y 1808 (vols. III y IV). Sobre este fino ensayo de requiebro dialéctico –el filósofo desengañado que resulta a la postre más philosophe- dan noticias interesantes de su relación con la obra de Lamourette –Les delices de la Religión, 1788- Marcelline Defourneaux, Pablo de Olavide ou l’afrancesado (1725-1803), París, 1959 y Luis Perdices, Pablo de Olavide (1725-1803). El ilustrado, Madrid, 1992, cap. 9. Por mi parte, analicé más en pormenor la aportación de esta obra al pensamiento ilustrado en Revolución de Nación, cit. cap. 1.
81 Francisco Martínez Marina, Principios Naturales de la moral, la política y la legislación (1824), Oviedo, Junta del Principado de Asturias, 1993 (edición y estudio preliminar de Joaquín Varela Suanzes ahora también en, del mismo, Asturianos en la política española, cit.). Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Es la confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos, y dedicado a desagraviar en esta parte a la religión ofendida con el sistema de la tiranía (1817), Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1996 (prólogo, cronología y bibliografía Domingo Miliani). Sobre la idea de “cristianismo cívico” que está tras estas reflexiones Pablo Fernández Albaladejo, “El cristianismo cívico de Francisco Martínez Marina”, en, del mismo, Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna, Madrid, Marcial Pons, 2007.
82 Así el artículo primero de este proyecto rezaba: “Toda nación es libre en convenirse para señalar la Constitución que le ha de gobernar, y a la que ha de obedecer.” El quinto: “El derecho de hacer una Constitución política existe en el mayor número de ciudadanos. …” El apartado siguiente –parte II- se centraba en “los derechos y las obligaciones principales de la nación española.” Sólo en parte XV aparecerá la referencia individual expresa: “De los derechos legítimos del hombre”.
83 León de Arroyal, Op. cit. p. 231.
84 Teoría, cit. pp. 189-195.
85 Rose Marie Buechler, Gobierno, minería y sociedad. Potosí y el “renacimiento” borbónico, 1776-1810, La Paz, Biblioteca Minera, 1989; Enrique Tandeter, Coacción y mercado. La minería en el Potosí colonial, 1692-1826, Madrid, Siglo XXI, 1992. Datos sobre la disputa entre Villava y los mandarines potosinos en mi introducción a la edición de los Apuramientos.
86 León de Arroyal, Op. cit. p. 231.
87 Teoría, cit. p. 115.
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

José M. Portillo Valdés, « Constitucionalismo antes de la Constitución. La Economía Política y los orígenes del constitucionalismo en España », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 28 janvier 2007, consulté le 22 septembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/4160 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.4160

Haut de page

Auteur

José M. Portillo Valdés

(Universidad del País Vasco, Universidad de Santiago de Compostela)

Haut de page

Droits d’auteur

Licence Creative Commons
Nuevo mundo mundos nuevos est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Haut de page