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Colloques | 2007
Organización de partidos en América Latina: procesos competitivos y prácticas informales. Congreso de Latinoamericanistas Europeos (CEISAL), Bruselas, 11-14 de abril de 2007
Miriam Álvaro

La Parapolítica: la infiltración paramilitar en la clase política colombiana

[15/05/2007]

Résumés

This article analyses the informal practices that derive from the implication of actors armed in the development and organization of the political parties in Colombia. One is a preliminary study that shows the relation between paramilitary groups and Colombian political class. The central problem of this investigation is to examine how and when this union between paramilitary and political groups was carried out and, how the networks between these two actors were woven. The paramilitary groups created authentic the paraestados premises, being satisfied like the new regional elites. The violence and the clientelism were the used strategies to extend their networks in the political class, the political parties and the elections to the Senate and the House of Representatives.

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Texte intégral

Introducción

“Cuando respondamos ante la justicia, vamos a decir toda la verdad, pero Colombia debe estar preparada", Diego Vecino, jefe paramilitar de Sucre.

1“La pérdida de horizonte por parte de los partidos políticos ha sido encubierta por la irrupción de un conjunto de reglas de juego informales, a través de las cuales los políticos procesan sus intereses particulares como si se tratara del interés general”1. Con esta afirmación Pedro Medellín denuncia aquellas prácticas informales que asedian la organización y comportamiento de los partidos políticos en Colombia. Estas prácticas o instituciones informales, siguiendo a O’Donnell2, difuminan la frontera entre la esfera pública y la privada.  El clientelismo forma parte de estos mecanismos informales de lealtades asimétricas, mediante el cual se intercambian bienes y servicios por apoyo electoral, recursos públicos, generando unas dinámicas de interacción que involucran  cada vez un menor grupo de personas dentro de los beneficios que puede ofrecer un Estado débil como el colombiano3. En este contexto, el Estado colombiano se caracteriza por relaciones de poder personalizadas y por fragilidad e inestabilidad estatal y gubernativa. El Estado y el gobierno colombiano  no son capaces para mantener la unidad del poder político institucionalizado, ni la unidad de acción de sus instituciones. Es decir, podemos considerar a Colombia como un Régimen de Obediencias Endebles4.

2En esta misma línea, esta investigación tiene por objeto el estudio de las prácticas informales de clientelismo que se derivan de la ingerencia de grupos paramilitares en la clase política colombiana. Sin embargo, para tener una comprensión más amplia de lo que está pasando, es necesario recordar que la penetración de los grupos armados irregulares en la política tuvo su origen en el proceso de descentralización política y administrativa de comienzos de los años ochenta, oportunidad que fue aprovechada por grupos guerrilleros para iniciar la infiltración y la toma del poder local y regional. Guerrilleros y paramilitares asediaron el sistema de partidos políticos y el sistema político colombiano, en general, mediante: el saqueo de las finanzas de centenares de municipios y de algunos departamentos, el asesinato en las elecciones de alcaldes, concejales, diputados y parlamentarios, la adjudicación de contratos, el desvío de regalías, etc. Este comportamiento demostró una lucha por el poder local y los recursos públicos. En este contexto, la desmovilización de grupos paramilitares llevada a cabo por la Administración de Álvaro Uribe desde el 2003, tuvo como efecto colateral y positivo las acusaciones a determinados políticos por sus nexos con grupos paramilitares por varios motivos como la conformación de grupos armados, el desvío de parte del presupuesto local a las arcas paramilitares, el apoyo a determinados candidatos en las elecciones o por la reunión con varios jefes paramilitares. Por tanto, la infiltración paramilitar en la política colombiana forma parte del proceso de desmovilización.

3Las evidencias investigadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía nos indican que en un determinado momento de la historia de Colombia, políticos de diferentes partidos establecieron relaciones con grupos paramilitares motivados por intereses personalistas. Para llevar acabo esta investigación, en primer lugar se examina el origen de esta situación, es decir, el proceso por el cual los grupos paramilitares cooptaron el ámbito local. El segundo apartado se divide en tres puntos. En un primer momento se describe el sistema de partidos políticos, la descentralización y la reforma política que afectó al comportamiento de los partidos políticos. Posteriormente se investiga las prácticas informales de actuación de los paramilitares respecto a la clase política y, en último lugar se analiza las evidencias parapolíticas, las zonas de actuación y los partidos y movimientos políticos implicados.

¿Cómo y cuándo se llegó a esta situación?

4El origen de este escenario hay que situarlo en el proceso de desarrollo y creación de grupos armados de autodefensas en la década de los años ochenta. El entorno político ofreció las oportunidades necesarias para que los grupos paramilitares pudieran organizarse y movilizarse. Tanto las oportunidades estables como las coyunturales fueron relevantes para afirmar la acción de un grupo en un territorio determinado. La influencia de aliados en el desarrollo de estos grupos fue un factor esencial. Así la elite política y económica, regional y nacional, constituyó un referente importante en el sostenimiento de estos grupos armados. Por su parte, la Fuerza Pública asumió parte de la responsabilidad de creación de estos grupos como una sexta división dentro del Ejército que facilitara la seguridad y cooperación con esta Institución y en contra de los grupos insurgentes. La capacidad del gobierno estuvo determinada por la tolerancia y participación en la creación de estos grupos, en la elaboración de legislación favorable a la existencia de éstos y por último, la asociación de varios miembros y oficiales del Ejército, del DAS y la oficina de la DEA en Bogotá. De esta manera, los grupos de narcotraficantes vieron en la creación de grupos de autodefensas el aliado necesario para la protección de su negocio ilícito. En esa mezcolanza de paramilitares y narcotraficantes, muchos “narcos” fueron liderando estos grupos conformando así varios ejércitos personales en determinados territorios. La división de la elite debido a los procesos de paz elaborado por el gobierno de Betancur (1980-1984) supuso una ruptura y desconfianza de estas elites que vieron con temor como podrían romperse el equilibrio de poderes por la aparición de nuevos actores en la arena política.

5Sin embargo, fue el proceso de descentralización la clave para explicar la consolidación de grupos paramilitares en el territorio colombiano. A mediados de la década de los ochenta se inició el proceso de descentralización política y administrativa en Colombia, que provocó un cambio en el marco institucional del Estado al favorecer el fortalecimiento del ámbito municipal en materia política, administrativa y fiscal. Uno de los avances más importantes de la descentralización política fue la elección popular de alcaldes a partir de 1988. Asimismo la descentralización política provocó el surgimiento de nuevas alternativas políticas, pues entre los objetivos de este proceso se encontraba el incremento de la legitimidad política del régimen democrático colombiano, incrementando la participación política y la gobernabilidad democrática. Esta medida otorgó un papel preponderante al municipio sin embargo en un contexto de conflicto armado, el proceso descentralizador intensificó y expansionó la violencia de los grupos armados. La trasferencia de poder que significó la descentralización convirtió el conflicto armado interno en una disputa por el poder local. De este modo, el proceso de descentralización fue utilizado por los grupos armados para acceder al sistema en el ámbito regional y local.

6En un primer momento, los grupos paramilitares aparecieron como respuesta a la actuación de grupos guerrillero. Pero, con el tiempo se fueron transformando en un proyecto propio de Estado local y regional. Estos grupos se organizaron en diferentes bloques o frentes, autónomos, vinculados a diferentes actores institucionales o fuera del ámbito institucional, como narcotraficantes, y que ejercen un control del poder político, económico y social, sobre todo en el ámbito regional. Es decir, se impusieron como nuevas elites regionales. Entorno a ellos se reorganizó la base de un nuevo poder que articulaba la vida social, política y económica de un territorio determinado. Estos grupos han construido un sistema alternativo de gobierno sin acceder al Estado. Organizaron y estructuraron un paraestado con reglas de juego diferentes, amenazando la construcción de la gobernabilidad, el desarrollo institucional, la seguridad colectiva y la Democracia.

7El resultado del fenómeno paramilitar es que su presencia se reparte por veintiséis de los treinta y dos departamentos de Colombia, entre los que se encuentra Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta, Casanare, Vichada, Boyacá, Caldas, Santander, Arauca, Risaralda, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Atlántico, Chocó, Quindío, Cesar, Huila, Guaviare, Norte de Santander y La Guajira. Según la Contraloría los grupos paramilitares tienen un total de 4 millones de hectáreas y en la actualidad, según datos de la Fundación Seguridad y Democracia, tienen presencia en 712 municipios de acuerdo con las diferentes estructuras que componen los grupos paramilitares5.

¿Cómo se tejieron las relaciones entre estos dos actores?

8En este apartado paso a examinar brevemente el comportamiento de los partidos políticos en el ámbito regional y nacional como punto de partida del estudio. En segundo lugar se detallan los comportamientos informales de los partidos políticos, en especial del clientelismo. Por último, se expone los casos de parapolítica, las áreas de influencia y los partidos políticos afectados.

 Sistemas de Partidos Políticos, Descentralización y Reforma Política

9Los partidos políticos en Colombia se convirtieron en el referente del sistema político pues éstos absorbieron prácticamente el total de la vida política colombiana. Respecto al sistema de partidos políticos, buena parte de la literatura relativa a este tema toma en consideración que Colombia se caracteriza por un sistema de partidos bipartidista. Sin embargo, debemos matizar esta afirmación pues en determinas épocas se configuraron otros sistemas diferentes del bipartidismo. Siguiendo a Guzmán6 destaca varios periodos hegemónicos tanto de liberales como de conservadores a finales del siglo XIX; o los del periodo del Frente Nacional o, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En estas épocas el sistema político colombiano puede ser considerado como un sistema con partido predominante y un número desconocido de bloques o multipartidismo moderado (en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente). A esta reflexión debemos añadir que el bipartidismo significa la alternancia en el poder de dos partidos. Pero, desde 1986 y hasta 1998, el Partido Liberal acaparó más del 50% de los escaños del Congreso. Si a lo anterior agregamos que desde 1986 el partido del gobierno es liberal, estaríamos enfrente de un sistema de partido predominante7. Sin embargo, entre 1998 y 2002 se produjo un descenso en los resultados electorales del Partido Liberal. La división y la fragmentación del partido, en serpistas y uribistas que aglutinaron múltiples movimientos, fue considerada como la explicación de este fenómeno8.

10La descentralización política llevada a cabo en Colombia para potenciar los gobiernos locales y regionales, complicó el sistema de partidos políticos en su dimensión regional y local desde el punto de vista de la distribución territorial del poder. Con la descentralización se produjo una mayor oferta de opciones político partidista9 y la Constitución de 1991 otorgó mayor libertad para organizar partidos políticos. El resultado fue que a partir de 1988 se configuraron subsistemas regionales de partido que van desde el bipartidismo hasta el multipartidismo atenuado10. Fue a partir de 1992 cuando se produjo en el nivel regional y local un aumento de los sistemas con tendencia al multipartidismo. Las fuerzas no bipartidistas o tercerías obtuvieron mejor resultados desde 1992 y hasta 2000. En este intervalo los partidos tradicionales  perdieron espacio en la mitad de los municipios a favor de las tercerías. Aunque en este periodo post-constitucional no existieron muchos casos de que las tercerías tuvieron una presencia alta o muy alta su representación que se situó entre un 5 y 23%. Las tercerías que estuvieron presentes en el periodo 1988-2000 se repartieron de la siguiente manera: 31.5% de los municipios consiguieron niveles de presencia importantes y una alta permanencia, entre el 60 y 100% de las elecciones. Por otra parte, un 35% de los municipios la presencia de las tercerías fue efímera con niveles de presencia bajos o medios. Por último, el 27% de los municipios mostró una alta permanencia pero con bajos niveles de presencia. Por consiguiente, las tercerías lograron que en una tercera parte de los municipios obtuvieran altos niveles de permanencia y representación11.

11En resumen, podemos concluir que los resultados en el ámbito municipal  son mixtos: hay casos de multipartidismo, pero igualmente persisten los sistemas de dos partidos y los unipartidismos fuertes y atenuados. Por tanto en el nivel municipal se ha producido un aumento de la heterogeneidad de los sistemas partidistas. En este contexto, la Constitución de 1991 no requirió la organización de partidos políticos pues la ley prohibió que se estableciera exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos. Sólo en algunos estatutos se recogieron disposiciones relativas a la participación de afiliados en la selección de candidatos y en el nombramiento de autoridades internas mediante consultas internas o mediante convenciones y congresos. Pero en la práctica las decisiones fueron adoptadas por las propias directivas de los partidos. Es decir,  los partidos contaron con sus estatus tal y como marca la ley pero en realidad tan sólo constituye  una mera formalidad12 (Hernández, 2006). Estas medidas tomadas sobre la organización interna de los partidos y movimientos políticos permitieron la precipitación de los partidos tradicionales en un proceso de desintegración interna en grupos organizados alrededor de notables, grandes electores y caudillos regionales. Es decir, liberales y conservadores constituyeron  partidos y movimientos políticos nuevos con personería jurídica. Así, accedieron a la financiación directa del Estado, inscribieron a candidatos a las elecciones y usufructuaron espacios gratuitos en los medios de comunicación masiva del Estado13. Siguiendo a Eduardo Pizarro14, la consecuencia de este nuevo marco legal fue la atomización interna de los partidos en micro empresas electorales. Este proceso de atomización partidista tuvo su origen durante el Frente Nacional  pero fue en los años noventa cuando se disparó llegando a alcanzar en 1998 un total de 316 listas para el Senado en representación de 80 partidos, movimientos o coaliciones. Pedro Medellín15 subraya que para frenar esta situación se planteó que mediante el acto legislativo n.º 1 de 2003 o reforma política de 2003 se modificara las reglas de juego electoral para acceder a los cargos de elección popular. Con ello esta ley buscaba la agrupación de los políticos para el ejercicio de la política mediante la introducción de un umbral mínimo (2%). Igualmente se buscó acabar con las campañas electorales individuales y establecer mecanismos para hacer más transparentes la financiación de las campañas políticas.

12En esta coyuntura política el Congreso expidió la Ley 974 del 22 de julio de 2005 para reglamentar la actuación en bancada de los miembros de las corporaciones públicas (Congreso de la República, asambleas departamentales, concejos municipales, juntas administradoras locales) elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos. De esta manera sus miembros actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar decisiones al interior de las corporaciones16. Estas dos leyes mejorarán el comportamiento de los partidos políticos pues, comenta Pedro Medellín17 que los acuerdos políticos que antes eran unipersonales, ahora estarán sometidos a la aprobación de las dirigencias políticas. Igualmente estas medidas aseguran un cambio cualitativo en el debate parlamentario de los problemas y las decisiones regionales y nacionales y, dificulta la compra de voto, pues, en adelante, si quisieran comprar votos, tendrían que tranzarse a todos los miembros de la bancada.  Estas dos leyes reforman aspectos esenciales del comportamiento del Congreso al modificar aspectos  reglamentarios  que impedían una acción transparente a los congresistas.

Prácticas informales: clientelismo armado y clientelismo mafioso

13Estas medidas adoptadas respondían  a la problemática evolución de los comportamientos y las reglas del juego político que rigen la acción de los partidos políticos. Los partidos políticos constituyen el núcleo principal del ámbito de la representación. La representación es el acto mediante el cual un representante – gobernante o legislador- actúa en nombre de un representado para la satisfacción de los intereses de éste, sin que ello implique su exención de tener que cumplir con la ley como cualquier otro ciudadano18. Pero en Colombia la crisis de representación tiene su principal referente en la crisis de los partidos políticos por varias razones. Como anota Medellín19, han perdido su capacidad para constituirse y proyectarse como una opción política de poder. Los partidos políticos terminan absorbidos por el burocratismo y los liderazgos personalistas. Las propuestas políticas se llenan de intereses personales y fragmentados.  De esta manera el papel de  los candidatos y políticos individuales es supremo. Así, los partidos colombianos se encuentra entre los más personalistas y atomizados del mundo. Los partidos han financiado proyectos personalistas a través de candidatos presidenciales, parlamentarios, departamentales, locales y sus campañas electorales. Por tanto, los partidos han perdido legitimidad como instancia de representación política y se han convertido en pequeñas empresas a favor de los intereses de los dirigentes políticos. En medio de estas prácticas informales, el clientelismo es uno de los rasgos más característicos de la práctica política y de la sociedad colombiana. Durante el periodo del Frente Nacional el clientelismo fue el factor esencial del sistema político. Tras este periodo, se proyectó como la relación política principal para articular el sistema del nuevo régimen. Es decir las relaciones de clientela se convirtieron en el articulador principal del sistema político. Los recursos estatales proporcionaron los medios necesarios para mantener esa relación. De esta manera los políticos se convirtieron en el sostén de la actividad  partidista apoyados en las relaciones de clientela que les proporcionaba su articulación con el Estado y los partidos políticos tradicionales utilizaron el clientelismo como el medio para controlar el régimen político20.

14En este contexto, la Constitución de 1991 pretendió eliminar las prácticas clientelistas y la intermediación política a través de la descentralización, la elección popular de alcaldes y gobernadores y, la reglamentación de las Juntas Administradoras Locales. Con estas medidas la ciudadanía podría ejercer control político y ciudadano. Sin embargo las prácticas clientelares sobrevivieron adaptadas y modificadas al nuevo diseño institucional del régimen político colombiano. Dentro de esta dinámica, la clase política se convirtió en “líderes políticos que representan pequeños sectores locales o regionales que deben proteger sus electores de otros líderes que los querrán para sus respectivas clientelas” 21. En los últimos años la estrategia de los candidatos a la Cámara de Representantes, los concejales y los ediles fue actuar de manera individual dentro de una zona específica y conseguir los recursos necesarios para financiar su campaña y armar sus redes de intermediación clientelista. Dávila y Delgado22, ante estos comportamientos, concluyen que los partidos políticos se han transformado en un agregado de redes formadas al amparo de la dinámica electoral. En resumen, los partidos se comportaron como pequeñas fuerzas que buscaban un peso significativo durante las elecciones bajo el marco de un liderazgo personalista.

15En esta misma línea, los grupos de paramilitares utilizaron el clientelismo como medio para infiltrarse en el poder político local y en la clase política local y regional. Sin embargo, en un primer momento utilizaron la violencia como intención de apropiación o ingerencia en distintas instituciones estatales. Investigaciones recientes llevadas a cabo por la analista Claudia López23 y basada en las estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, planteaban que entre 1998 y 2001 se incrementaron los asesinatos de dirigentes políticos por parte de los paramilitares. Así, las masacres aumentaron en un 140% y las que llevaron a cabo grupos paramilitares en un 664%. Se amplió el número de municipios afectados por estos asesinatos, pasando de 52 municipios en 1998 a 63 en el bienio 2002-2003. Posteriormente establecieron el control militar y continuaron con su penetración en política y en economía local mediante el clientelismo armado24 en zonas rurales y el clientelismo mafioso en zonas urbanas. Mediante estas dos tácticas penetraron en los municipios, desplazaron a los grupos guerrilleros y se establecieron como actor hegemónico. La táctica usada por los grupos paramilitares para acceder al poder político local fue mediante el clientelismo armado, es decir, la apropiación privada de bienes públicos a través de la amenaza de las armas. Mediante el uso del clientelismo armado les permitió acceder a representaciones de poder importante en los cuerpos legislativos de la Nación y dominar los gobiernos locales de sus zonas de influencia a través de sus redes o aliándose con políticos tradicionales. Las formas que adoptó este tipo de clientelismo eran las habituales del clientelismo tradicional: contratación en cargos públicos de personal recomendado por los grupos paramilitares, retención de un porcentaje de sus sueldos, concesión de contratos de obras públicas, pago de coimas por los contratistas, entre otras25. Duncan26 añade que en las ciudades predominó el clientelismo mafioso. Se diferencia del clientelismo armado en que la intimidación se daba hacia una de las partes de la relación del intercambio entre patronos y clientelas: los miembros de la clase política. En las ciudades las redes mafiosas estaban en condiciones de intimidar únicamente a los políticos profesionales, los contratistas del Estado y la burocracia que ocupaba los cargos públicos, pues a la población civil que componía la clientela de otros competidores resultaba muy complejo amenazarla. Sin embargo en los municipios y zonas campesinas patronos y clientes eran intimidados además de pagar comisiones y obligados a votar por los candidatos señalados.

16Mediante estas dos estrategias, violencia y clientelismo, los paramilitares se infiltraron en el ámbito local. Para ello, la clase política era necesaria como medio para introducirse en las instituciones del Estado, gobernar en las regiones y capturar las rentas del presupuesto público. Igualmente, necesitaron a los políticos para adentrarse en el poder legislativo y judicial, lograr nombramientos burocráticos en el poder ejecutivo e imponer candidatos en las elecciones afines a su ideología.

17El paramilitarismo desarrollado en la Costa Atlántica es un ejemplo destacado para comprender la estrategia del clientelismo por parte de los grupos paramilitares. Un caso sobre la relación entre paramilitares y presupuestos locales fue la acusación al alcalde de Río Hacha, Wilder Antonio Ríos Rojas, de desviar dinero de la salud hacia las arcas del grupo paramilitar de Jorge 4027. Según el departamento de investigación de El Tiempo “tras cuatro meses de investigación, el ente acusador concluyó que Ríos era pilar fundamental de las autodefensas en esa administración y que a través de él se desviaron parte de los fondos del Régimen Subsidiado de Salud que recibe ese municipio: unos 3 mil millones de pesos al año”28. En el computador de Jorge 40 existen evidencias de que algunos funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER- han colaborado con ellos y que con notarios a su servicio han legalizado tierras robadas. Se teme que además de cobrar elevadas cuotas a los contratistas sobre las obras de los departamentos y alcaldías, los paramilitares estén entrando directamente en negocios como el cobro de impuestos, la recolección de basuras y el transporte publico. En esta línea, el gobernador del Magdalena Trino Luna, está acusado por mantener un negocio de cobro de basura con Jorge 40. Otro suceso que saltó a la prensa nacional fue el acaecido en  Cúcuta, en el Norte de Santander, por la infiltración de paramilitares en la Fiscalía a través de la fiscal Ana María Flórez Silva para intercambiar información29.

La parapolítica: políticos y paramilitares

18Una vez expuesta la estrategia de los grupos paramilitares para cooptar la clase política, el siguiente reto es exponer y examinar, a partir de las evidencias existentes hasta el momento, las áreas geográficas donde se relacionan paramilitares y políticos y señalar los partidos políticos afectados y el tipo de relaciones entre estos dos actores.

19La mayor parte de las fuentes que nos proporciona información al respecto son periodísticas que se derivan de investigaciones realizadas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. A través de los documentos publicados por este medio nos ofrece datos relativos a la relación de paramilitares con la clase política colombiana. Entre los documentos que se analizan por su actualidad y relevancia destaca el documento firmado por paramilitares y políticos en el año 2001 en Ralito (Córdoba), las investigaciones sobre el fraude electoral de paramilitares en las elecciones del 2002, la información descodificada del computador de Jorge 40, y las declaraciones de Rafael García, Miguel de la Espriella y el ex paramilitar Jairo Castillo Peralta. Entre las declaraciones que causaron  estupor en los medios de comunicación destaca las del senador de Sucre Miguel de la Espriella quien confesó haber mantenido relaciones con grupos paramilitares. También reveló que en 2001 los paras organizaron una reunión en Ralito (Córdoba) en la que políticos de ese departamento y de otras regiones de la Costa Atlántica firmaron un documento en el que se comprometieron a defender las tesis políticas de las Autodefensas Unidad de Colombia- AUC. "Estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados..."30. Como señaló el senador, en una finca recién construida a pocos kilómetros de Santa Fe Ralito se reunieron los jefes paramilitares, que estaban a la cabeza de un ejército ilegal de 15.000 hombres, con 11 congresistas, dos gobernadores, tres alcaldes, varios concejales y funcionarios públicos. En total, 32 personas, custodiados por tres anillos de seguridad31. Varios académicos presentaron el proyecto ideológico y político de las autodefensas. Después de un debate sobre los pilares para construir "una Nueva Colombia", Mancuso, como portavoz de los paramilitares, remató la reunión con unas palabras e invitó a sellar el compromiso con la firma de un documento confidencial y secreto32. Es decir, políticos y paramilitares estaban fraguando, un nuevo pacto social y político antidemocrático a espaldas de la sociedad colombiana.

20En esta misma línea, el testimonio de Jairo Castillo Peralta es de gran relevancia pues él fue escolta del ganadero Joaquín García, presunto patrocinador de grupos paramilitares en Sucre. Jairo es el principal testigo contra tres congresistas de Sucre que fueron detenidos por sus implicaciones en la conformación de grupos paramilitares. Los encarcelados son el senador por Colombia Democrática Álvaro García responsable también de la masacre en Macayepo y Chengue, el senador por Colombia Viva Jairo Merlano y el gobernador de Sucre Erick Morris. De igual importancia es el testimonio de Rafael García, ex jefe de informática del DAS, que acusó a Jorge Noguera, ex director de esta institución, haber puesto la entidad al servicio de los paramilitares. En la Corte Suprema Rafael relacionó a varios congresistas con las AUC entre ellos el senador del Cesar Manuel Pimiento, por el Partido de la U, los representantes del Magdalena Jorge Luis Caballero (Partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Luís Eduardo Vives (Partido de la U), el ex representante José Gamarra (Cambio Radical) y Salomón Saade (Colombia Viva)33.

21Asimismo Édgar Fierro, 'don Antonio', fue capturado con un computador del jefe paramilitar Jorge 4034 donde encontraron grabaciones, fotos y documentos que demostrarían que los paramilitares apoyaron a congresistas en varias elecciones. Esta última fuente de información, el computador de Jorge 40, es considerada, hasta el momento como la mayor fuente de información sobre las actividades de los grupos paramilitares. “El resumen del informe final de la Fiscalía sobre el contenido del computador, incluye la lista de 558 personas que los paramilitares asesinaron en Atlántico, las entidades del Estado bajo su dominio y cómo sacaban el 10 por ciento a todos los contratos, los correos que prueban las trampas que le hicieron al Gobierno en su desmovilización, quiénes son los que les ayudan a traficar cocaína, y qué funcionarios del Estado están en su nómina”35. El informe final de la Fiscalía sobre el computador de Jorge 40, involucra a varios funcionarios de la clase política costeña, región donde operada el citado jefe paramilitar. Entre los mencionados en el computador destaca la presencia del senador del Cesar Álvaro Araujo y el senador por el Atlántico Dieb Maloof, ambos investigados por la Corte por vinculación con grupos paramilitares y concierto para delinquir. Zulema Jatin, Senadora del Partido de La U por Córdoba y ex presidenta de la Cámara recibió dineros de Auc para su campaña al Senado. La Fiscalía pidió que investigara a David Char, senador por Cambio Radical del Atlántico,  porque Don Antonio tenía un acta de campaña del político. El senador de Bolívar por Cambio Radical, Javier Cáceres, es mencionado en el computador. Una de las personas detenidas con Don Antonio portaba un carné de escolta del entonces congresista Pedro Peñalosa. El Gobernador del Magdalena, Trino Luna, se reunió con Don Antonio sobre unos negocios de basuras. Vinculados a este proceso e investigados en el informe de la Fiscalía sobresale Héctor Julio Alfonso López y Lidio García Turbay, representantes a la Cámara, Vicente Blel, ex senador liberal y Luis Daniel Vargas, ex gobernador de Bolívar, como beneficiados por el apoyo paramilitar a sus candidaturas. Hasta el momento la Corte está investigando a cuarenta políticos relacionados con estos actores armados y llamará a declarar en los próximos meses a sesenta personas entre dirigentes nacionales, regionales, oficiales de la Fuerza Pública y ex paramilitares.

22En esta misma línea, un análisis de las elecciones legislativas del 2002, basado en la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, indica la conformación de distritos electorales en los que se promovió una pareja de candidatos, uno para la Cámara y otro para el Senado, que arrasaron en las zonas que pareciera haberles correspondido. El caso del Magdalena es el más atípico pero el patrón se repite en César, Córdoba, Sucre, Antioquia, los Santanderes y algunas zonas de Boyacá. Adicionalmente, la Corporación Nuevo Arco Iris denuncia que Colombia vivió en 2002 y 2003, en los comicios para el Congreso y luego para mandatarios locales, un fenómeno atípico, pues hubo departamentos donde un candidato arrasó con un promedio del 70% de los votos de un municipio. Esta dinámica de actuación parece afirmar que en determinados departamentos se ha ejercido presión social para favorecer a ciertos miembros políticos vinculados al paramilitarismo.

23En el departamento del Magdalena encontramos altas concentraciones electorales atípicas donde se eligieron a candidatos congresistas y senadores en los mismos municipios. El representante a la Cámara Jorge Luis Caballero, fue inscrito en 2002 como candidato por el Partido Liberal y ahora miembro del partido Cambio Radical, concentró su votación en los municipios ribereños del Río Magdalena en la zona norte del departamento. En municipios como El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia, Pedraza, y Tenerife, el representante Caballero obtuvo entre el 93% y el 97% del total de la votación del municipio, y en otros como Plato y Sitio Nuevo obtuvo entre el 70% y el 80%. Sin embargo, este comportamiento electoral se repitió con el senador Salomón Saade en los mismos municipios. En otros municipios se repite este mismo esquema. En los municipios de la zona central se localizaron que los congresistas José Gamarra, por el partido Cambio Radical y Dieb Maloof, inscrito por el partido MIPOL, coincidieron en concentraciones electorales que oscilaron entre el 79% y el 94% en los mismos municipios de Pivijai, Zapayan, Chivolo, Sabanas de Ángel, Ariguani, Algarrobo. Por otro lado obtuvieron victoria electoral en algunos municipios del norte pero no en aquellos donde arrasaron electoralmente Saade y Caballero.  En la zona sur, la pareja electoral que obtuvo la victoria en determinados municipios fue Alfonso Campo a la Cámara y Luis Eduardo Vives al Senado, por el partido MIPOL. Concentraron votaciones entre el 71% y el 93% en los municipios de Guamal, Nueva Granada, San Sebastián de Buenavista, Santa Ana, San Zenón, Piñón del Carmen, Santa Bárbara del Pinto y el Banco36.
En el departamento de Córdoba impresionó  la representante por el partido Movimiento Popular Unido Eleonora Pineda que fue electa concejal del municipio de Tierralta en el año 2000 con 748 votos, mientras que en el año 2002 obtuvo como candidata a la Cámara 82.082 votos, de ellos 16.233 votos los obtuvo en Tierralta. El senador Miguel Alfonso de la Espriella repitió el patrón de concentración electoral de la representante Pineda en los municipios de Valencia, Tierralta, San Antero y Pueblo Nuevo37.

24Al igual que en el Magdalena y Córdoba, en el departamento de Antioquia hubo una concentración electoral en municipios de la ribera del Río Magdalena, eje estratégico del país La fortaleza electoral de la representante Rocío Arias, inscrita en 2002 por el Movimiento Convergencia Popular Cívica, se dio en los municipios de Puerto Triunfo, donde concentró el 55% del total de la votación, pasando por Puerto Berrío, El Bagre, Yondó-Casabe, Puerto Nare y Zaragoza, donde obtuvo el 30,85% del total de la votación. Por su parte, el senador Carlos Arturo Clavijo Vargas, inscrito también por el Movimiento Convergencia Popular Cívica, obtuvo un patrón de fortaleza electoral similar al del Representante Arias en Antioquia.

25Asimismo se han vertido más acusaciones sobre nexos con los paramilitares hacia las candidatas al Congreso Rocío Arias y Eleonora Pineda. Se las tacha de simpatizar con los grupos de paramilitares de sus zonas de candidatura, Córdoba y Antioquia. Estas acusaciones de congresistas y senadores relacionados con paramilitares se vieron reforzadas con la entrevista realizada al jefe paramilitar de las AUC Vicente Castaño que afirmó que contaba en el Congreso con 35% simpatizantes, cifra también confirmada por el paramilitar Mancuso38. Según un estudio realizado por la Corporación Nuevo Arco Iris, en el año 2002 tuvieron 26  senadores y sus correspondientes en la Cámara de Representantes y en el año 2006 33 senadores y 50 representantes que si los sumamos da 83, que se acerca al 32% de los 268 curules disponibles39.

26De estas investigaciones se deduce que los departamentos donde se observa una mayor organización de las estructuras paramilitares en su relación con la clase política son los departamentos de la costa atlántica, es decir, Antioquia, Córdoba, La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena. Asimismo otros departamentos del interior como Casanare, Santander y Norte de Santander han sido objeto de presiones paramilitares, políticos vinculados con paramilitares en diferentes negocios y elecciones influenciadas por candidatos apoyados por este grupo armado. Esta reorganización del territorio por parte de estos actores armados fue más contundente a partir de su expansión en el territorio colombiano iniciada en 1997 y hasta 2003. Los partidos políticos que se han visto envueltos en su relación con los grupos paramilitares por la cercanía de determinados políticos, en su mayoría, son pequeños movimientos que comenzaron en las elecciones regionales y locales de 1997. Estos movimientos  aparecieron con fórmulas electorales que juntaban candidatos tradicionales con otros desconocidos. La consolidación en las urnas de estos movimientos coincidió con la expansión del paramilitarismo que a partir de 1997 llegó a 223 municipios según estimaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris40. La presencia municipal de partidos políticos –cuyos miembros hoy son cuestionados como MPU (Movimiento Popular Unido), MIPOL, Movimiento de Integración Regional y el Movimiento Nacional Progresista, ALAS, en alianza con el Partido Liberal tradicional, llegó a tener algo más del 40% de control sobre las elecciones locales de departamentos como Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Sucre, Atlántico y Magdalena41. Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira fueron el escenario para el Movimiento de Integración Popular (Mipol), por el cual salieron elegidos senadores Dieb Maloof, Vicente Blel Saade, Luis Vives Lacouture y Mario Salomón Nader. Con excepción del último, todos los demás están investigados por la Corte o han sido separados de las listas uribistas en la famosa purga de febrero de 2006. En las elecciones del 2002 el partido Cambio Radical eligió a Jairo Merlano como senador y como Representante a la Cámara a Muriel Benito Revollo. Los dos hoy están en la cárcel. Y dice que también eligió al Senado a Rubén Darío Quintero "con votos en zonas de evidente control paramilitar". Este partido tuvo candidatos en Meta y Casanare, como Miguel Ángel Pérez, quien después como gobernador fue capturado por vínculos con las autodefensas y hoy está preso.

27Otros partidos o movimientos políticos que recientemente han sido afectados por la relación de sus candidatos son el Movimiento Colombia Democrática, Movimiento Nacional Progresista,  Colombia Viva,  Movimiento Sí Colombia, Partido de la U, Partido Liberal y Partido Colombiano. Es decir, las evidencias demuestran que existe nexos entre paramilitares y políticos que, en su mayoría, pertenecen a movimientos políticos creados a partir de 1997 pero igual afecta, en algunos casos,  a los partidos que tradicionalmente se han denominado históricos, es decir, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Las relaciones que hasta el momento se han evidenciado a través de las investigaciones de la Fiscalía y la Corte identifican que determinados políticos establecieron con los grupos paramilitares relaciones destinadas a conformar grupos paramilitares, financiamiento de campañas electorales, negocios, contrataciones ilegales, desvío de fondos públicos a las arcas de los paras y establecieron ciertas reuniones en determinadas regiones.

28Si, a las conclusiones que hemos llegado, respecto a la influencia paramilitar en determinadas áreas geográficas y en determinados partidos políticos, lo unimos al dato proporcionado por la Corporación Nuevo Arco Iris respecto a una influencia mayor en el senado y cámara de representantes de redes de políticos con nexos paramilitares, el panorama es desalentador. Pues esta coyuntura que vive Colombia, demuestra que las medidas aprobadas en el año 2003 y 2006 no han sido efectivas desde el punto de vista de las prácticas clientelistas y de transparencia. En este sentido, el aumento de la influencia de estos grupos armados en las instituciones nacionales indica que los intereses de cada político continúan encontrándose por encima de las formas y canales de organización y expresión política. La transparencia que prometía la ley de bancadas sirvió para desentrañar los negocios e intereses de congresistas y senadores con paramilitares pero no para mejorar los aspectos reglamentarios que impedían una actuación más transparente de los congresistas.

A manera de conclusión

29La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía evidenciaron penetración paramilitar en las instituciones nacionales como el Senado y la Cámara de Representantes, tanto para las elecciones del año 2002 como para el año 2006. La mayoría de los partidos o movimientos políticos de los políticos imputados pertenecían al proceso de apertura política de la década de los noventa aunque también comprobaron algún caso dentro de los partidos tradicionales. Igualmente, en las elecciones del 2002 se registró distritos electorales en los que se promovió una pareja de candidatos, uno para la Cámara y otro para el Senado, que arrasaron en las zonas que pareciera haberles correspondido. El caso del Magdalena es el más atípico pero el patrón se repite en César, Córdoba, Sucre, Antioquia, los Santanderes y algunas zonas de Boyacá.

30La ingerencia de estos actores en el sistema de partidos y en el sistema político colombiano se llevó a cabo mediante la utilización de la violencia y el clientelismo. En este último caso, los grupos paramilitares utilizaron el clientelismo armado y mafioso para aprovecharse del poder y obtener ventajas electorales de tipo personal, puestos públicos y favores personales con los recursos del Estado. Es decir, los intereses personalistas que se derivaron de esta práctica siguen vigentes y aplicándose  como articulador principal del sistema político. Como resultado de estas prácticas la hegemonía paramilitar se expandió por doce departamentos y 712 municipios. La clase política fue necesaria para infiltrarse en las instituciones del Estado y así gobernar en las regiones y obtener las rentas del presupuesto público. Asimismo necesitaron a los políticos para mediar en el poder nacional en espacios como el poder legislativo, lograra nombramientos burocráticos, influir en las elecciones o en las decisiones del aparato judicial. Es de esperar que en las regiones de dominio paramilitar los senadores, alcaldes, concejales, entre otros, hayan tenido algún tipo de relación o compromiso con estos grupos e incluso que sean una articulación más de la organización paramilitar. De esta manera, estos actores armados conformaron un sistema alternativo de gobierno, sin acceder al Estado, y reorganizaron las bases de un nuevo poder que articuló la vida social, política y económica de las regiones bajo su influencia. Así, las prácticas informales de la clase política profundizaron aun más la crisis de representación de los partidos políticos y la inestabilidad estatal y gubernativa.

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Notes

1 Pedro Medellín, “De la crisis de la representación a la representación de la crisis en Colombia. Análisis de las alternativas de salida ofrecidas por el Acto Legislativo nº 1 de 2003 y la Ley de Bancadas de 2005”, en Miguel Cardenas Rivera, La reforma política del Estado en Colombia. Una salida integral de la crisis, Bogotá, FESCOL, CEREC, 2005.
2 Guillermo, O´Donnell, Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Buenos Aires, Paidos, 1997.
3 Andrés Dávila; Natalia Delgado, “La metamorfosis del sistema político colombiano: ¿clientelismo de marcado o nueva forma de intermediación?” En Francisco Gutiérrez, Degradación o cambio? Evolución del sistema político colombiano, Ed. Bogotá, Norma, IEPRI, 2001.
4 Pedro Medellín, La política de las políticas públicas: propuesta teórica y metodológica para el estudio de políticas públicas en países de frágil institucionalidad, Santiago de Chile, CEPAL, 2004.
5 Fundación Seguridad y Democracia, La magnitud de la verdad del paramilitarismo, 21 de enero 2007.
6 Carlos Enrique, Guzmán Mendoza, “Nuevas acciones, viejas prácticas: partidos, movimientos políticos y sistema de partidos en Colombia, 1974-2002”, Reflexión política, junio, año/vol 006, n.º 011, Santander-Colombia, Universidad de Bucaramanga, Santander, 2004, pp. 99-119; Carlos Enrique, Guzmán Mendoza, “Liberalización y redemocratización. De la representación a la participación, 1988-2000” en Política, Descentralización y Subsistemas Regionales de Partidos en Colombia, 1988-2000. Una explicación teórica y un análisis empírico, Colombia, Universidad de Ibagué, 2005.
7 Entre 1974 y 2002 el Partido Conservador perdió en términos absolutos 42 curules en la Cámara de Representantes que equivale a cerca del 68% de representación.
8 El uribismo se consolidó en los comicios del poder Legislativo del 2006, una amplia mayoría, que le garantizará en un eventual nuevo mandato con una amplia gobernabilidad. Obtuvo en los comicios entre 60 y 65 curules, de los 102 que tiene el Senado colombiano, de siete listas distintas, aunque todas avaladas por el mandatario. Uribe se enfrentó al candidato oficial del Partido Liberal, Horacio Serpa, y a Carlos Gaviria, del Polo Democrático Alternativo, de la izquierda colombiana, que ganaron las consultas internas de sus colectividades, hechas simultáneamente con la elección de los nuevos legisladores. El Partido Conservador Colombiano, una de las dos colectividades tradicionales del país, y que apoya a Uribe, obtuvo 18 curules,  mientras que el Partido Liberal, su tradicional contendiente, mayoritario en el Congreso, se quedó en 17 curules cuando aspiraba a tener entre 25 y 30.
9 Entre las nuevas opciones políticas destaca las siguientes opciones: Polo Democrático Alternativo, Partido Convergencia Ciudadana, Partido Cambio Radical, Partido de Unidad Nacional o Partido 'De la U', Partido Colombia Democrática, Movimiento Colombia Viva, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta MIRA, Movimiento Apertura Liberal, Movimiento Alas Equipo Colombia, Partido Opción Centro, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Movimiento Alianza Social Indígena, Movimiento Político "AFROUNINCCA" , Movimiento Alianza Social Afrocolombiana, Movimiento Dejen Jugar al Moreno, Partido Comunista Colombiano (PCC), Unión Patriótica (UP), Partido Visionario con Antanas Mockus, Partido Nacional Cristiano, Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista (PCdeC-ML), Presentes por el Socialismo (PPS), Polo Democrático Independiente (PDI), Alianza Democrática M-19 (AD M-19), Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP), Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido del Trabajo de Colombia (moirista) (PTC(M), Grupo Comunista Revolucionario (GCR), Partido Social Colombiano, Movimiento Revolucionario Liberal, Alianza Nacional Popular (ANAPO), Nueva Fuerza Democrática, Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad C-4, El país que soñamos.
10 Guzmán Mendoza, Op. Cit, 2004
11 Diana Hoyos, “Evolución del sistema de partidos en Colombia 1972-2000. Una mirada a nivel local y regional”, Revista Análisis Político, nº 55, agosto/diciembre, 2005, pp. 1-26.
12 Augusto Hernández, “Regulación jurídica de los partidos políticos en Colombia” en Daniel, Zovatto, Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina, Suiza, UNAM, IDEA, 2006.
13 Augusto Hernández, Op. Cit, 2006
14 Eduardo, Pizarro, “La atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las microempresas electorales”, Working Paper nº 292, 2002
15 Pedro Medellín, Op. Cit, 2005
16 Augusto Hernández, Op. Cit., 2006
17 Pedro Medellín, Op. Cit, 2005
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Francisco Leal ; Andrés Dávila, Clientelismo. El sistema político y su expresión regional, Bogotá, Tercer Mundo Editorial, IEPRI, 1991
21 Dávila y Delgado, Op. Cit., 2001
22 Ibid.
23 Claudia, López, Mapas electorales 1998-2002: Votación congresistas en regiones con presunta influencia paramilitar (Departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Antioquia, Santander, Cesar, Bolívar, Boyacá).
24 Este concepto fue desarrollado por Andrés Peñate (1999) con relación a las estrategias llevadas a cabo por el Ejercito de Liberación Nacional- ELN. En esta investigación subraya que el ELN se ha erigido en actor clientelista, como cualquier viejo barón electoral tradicional que busca comprar apoyo de sectores de la población local a través de facilitar atajos hacia las arcas de los recursos públicos, que suelen ser eficaces en tanto se acompaña con frecuencia de amenazas de muerte
25 Alfredo Rangel, Guerra insurgente: conflictos en Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia, Bogotá, Intermedio editores, 2001.
26 Gustavo Duncan, Del Campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra, Bogotá, CEDE, Universidad de los Andes, 2005.
27 Jorge 40 es miembro de una prestante familia de Valledupar, departamento del Cesar. Fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Valledupar antes de ingresar en las AUC y convertirse en segundo al mando del Boque Norte comandado por Salvatore Mancuso. Controla parte de la sierra de Santa Marta y tiene gran influencia en toda la Costa Atlántica hasta el Norte de Santander. En junio del año 2004 puso en jaque el proceso negociador al secuestrar al ex senador Jorge Eduardo Gnecco, liberado tres días después. Estados Unidos lo pidió en extradición. Forma parte del estado mayor del proceso de negociación con el gobierno presidido por Álvaro Uribe.
28 “Alcalde de Riohacha busca acogerse a los beneficios de Ley de Justicia y Paz”, El Tiempo, 31 de enero d3 2006.
29 “La fuga de Batichica”, Revista Semana, 22 de mayo de 2004.
30 “El de siempre”, Revista Semana, nº 1283, diciembre de 2006.
31 El documento en cuestión fue firmado por las siguientes personas: Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar; 'Don Berna' ex jefe del Bloque 'Cacique Nutibara'; Edward Cobos 'Diego Vecino' ex jefe de las Autodefensas; Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40' ex jefe de las Auc; William Montes, ex senador conservador; Sigilfredo Senior, ex alcalde de Tierralta; Miguel Alfonso De la Espriella, senador; Pepe Gnecco, dirigente del Cesar; Freddy Sánchez, ex representante a la Cámara; Eleonora Pineda, ex representante a la Cámara; Wilmer Pérez, ex alcalde de San Antero; Antonio Sánchez, periodista; Rodrigo Burgos De la Espriella, ex senador; Juan Manuel López Cabrales, actual senador de la República; Reginaldo Montes, senador de la República; Álvaro Cabrales, ex diputado de Córdoba; Jesús María López, ex gobernador de Córdoba; Jaime García Exbrayat, ex director de la CVS; José De los Santos Negrete Flórez, representante a la Cámara; José María Imbeth, ex representante a la Cámara; Salvador Arana, ex gobernador de Sucre; Luis Carlos Ordosgoitia, ex director del Inco, Luis Álvarez, ex alcalde de Chinú; Alfonso Campo Escobar, actual Representante a la Cámara por el Magdalena; Edwin Mussy, ex alcalde de Ovejas (Sucre); los ex mandatarios de San Onofre (Sucre), Sabas Balseiro y Luis Salaimán (asesinado), el ex representante Jorge Luis Feris; Rodolfo Vargas y Víctor Guerra De la Espriella. Para más información consulte El Meridiano, edición 4286, 20 de enero de 2007.
32 “Pacto con el diablo. Qué significa para el país la revelación del explosivo documento firmado por políticos y jefes paramilitares”, Revista Semana, nº 1290, 20 de enero de 2007.
33 En enero del 2006, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, jefes del partido de 'la U' y Cambio Radical, respectivamente, anunciaron la expulsión de Habib Merheg, Jorge Luis Caballero, Jorge Castro, Dieb Maloof, y Luis Eduardo Vives, de sus movimientos a raíz de las acusaciones contra ellos por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Estos mismos fueron presentados como candidatos para las elecciones que fueron definidas como atípicas por la conformación de distritos electorales irregulares. Posteriormente acudieron a otros partidos que les acogieron. Así, Vives se incorporó a Convergencia Ciudadana, Maloof y Merghe en Colombia Viva, Castro en Cambio Radical, Caballero fue expulsado de Cambio Radical y luego admitido en Apertura Liberal .
34 Jorge 40 es miembro de una prestante familia de Valledupar, departamento del Cesar. Fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Valledupar antes de ingresar en las AUC y convertirse en segundo al mando del Boque Norte comandado por Salvatore Mancuso. Controla parte de la sierra de Santa Marta y tiene gran influencia en toda la Costa Atlántica hasta el Norte de Santander. En junio del año 2004 puso en jaque el proceso negociador al secuestrar al ex senador Jorge Eduardo Gnecco, liberado tres días después. Estados Unidos lo pidió en extradición. Forma parte del estado mayor del proceso de negociación con el gobierno presidido por Álvaro Uribe.
35 “Así opera el imperio criminal del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'”, El Tiempo, 8 de octubre de 2006.
36 En regiones como Magdalena y Cesar, en las últimas elecciones el comportamiento de los votantes varió súbita y sorprendentemente. En el Magdalena, en las elecciones para alcaldes de 2000, 14 municipios, de los 29 que tiene el departamento, registraron candidatos únicos a las alcaldías y listas únicas al Concejo. Durante las elecciones de 2002 en este departamento, donde tradicionalmente había una cerrada disputa por cada cargo, un solo candidato arrasó con la votación para Senado y otro para Cámara en 22 municipios y se postuló un solo contendor para la gobernación. “Los nuevos caciques: El clientelismo armado es el método usado por los paramilitares para acceder al poder político regional”, Revista Semana, 24 de abril de 2005.
37 Claudia, López, “Del control territorial a la acción política”, Arcanos, 11, diciembre, 2005, pp. 39-47.
38 “Representantes Rocío Arias y Eleonora Pineda dicen que subirá el 35% de amigos de Auc en el Congreso”, El Tiempo, 12 de septiembre, de 2005. “Habla Vicente Castaño: El verdadero jefe de las autodefensas le da la cara al país por primera vez”, Revista Semana, 16 de junio de 2005
39 Corporación Nuevo Arco Iris (2007): “Para entender la parapolítica” en Revista Semana, edición 1293, 10 de febrero de 2007.
40 Ibid.
41 Lara Bonilla, “Elecciones y cooptación de la institucionalidad en Colombia: el paramilitarismo en la Costa Atlántica” en Actualidad Colombiana, 7 de noviembre de 2006.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Miriam Álvaro, « La Parapolítica: la infiltración paramilitar en la clase política colombiana », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 15 mai 2007, consulté le 22 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/4636 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.4636

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Auteur

Miriam Álvaro

IUI Ortega y Gasset

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