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Colloques | 2009
Los actores locales de la nación, siglos XVII-XXI. Análisis interdisciplinarios. – Facultad de Filosofía y Letras – BUAP y El Colegio de Tlaxcala, A. C., 2-3 dic. 2008.
Lidia E. Gómez García

La Jura de la Constitución de 1824 en los pueblos nahuas de la jurisdicción de San Juan de los Llanos, Puebla

[27/03/2009]

Résumés

In 1812 the Court of Cadiz launched a new Reform with the particular goal of removing the institutions of the Indian Republic. This proposal of Reform caused a strong reaction from the elites in power in San Juan de los Llanos. The advent of the Reform, like it happened in the 16th C., caused the rise of a new ruling class, which later played a leading role in the establishment of a new order. The resistance offered by the indigenous elites led to a negotiation with the new ruling class. This negotiation allowed the indigenous people to share a role into the new order. This process sheds light on the way the new Ayuntamientos Constitucionales, in places where indigenous presence was strong, were established.

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Texte intégral

1La jurisdicción de San Juan de los Llanos presenta un caso particular para el estudio del surgimiento de los ayuntamientos constitucionales, a partir de la estructua de los antiguos cabildos indios novohispanos. Ello se debe a la importancia de este pueblo como cabecera jurisdiccional de una región muy importante del estado de Puebla. Fundado a mediados del siglo XVI, el pueblo de San Juan de los Llanos desplazó al linage prehispánico del señorío de Iztacamaxtitlan, predominante en la región a la llegada de los españoles, hacia la nueva fundación de San Juan Iztacamaxtitlan (después llamada San Juan de los Llanos y actualmente Libres, en el Estado de Puebla), motivo por el cual el centro de poder se trasladó de la cabecera del antiguo señorio de Iztacamaxtitlán a la nueva fundación de San Juan de los Llanos. Este cambio provocó nuevos equilibrios políticos en la región, mismos que consolidaron la supremacía de esta nueva fundación y su cabildo indio.

2Las reformas impulsadas en las Cortes de Cadiz, en especial su política pública encaminada a la desaparición de los cabildos indios y todos los demás privilegios que gozaba la República de Indios, provocó una fuerte reacción por parte de las élites en la región.  Este reacomodo de poder entre las élites permitirán, al igual que sucedió en el siglo XVI, el surgimiento de una nueva clase gobernante, que será instrumental en el establecimiento del nuevo orden. La resistencia de las élites indias, su posterior negociación para insertarse al nuevo orden y la capacidad para canalizar sus diferencias a través de los instrumentos que el nuevo sistema les imponía, nos revela estrategias políticas que iluminan el proceso de establecimiento de los Ayuntamientos Constitucionales en zonas de fuerte presencia india.

3Este artículo pretende estudiar estos mecanismos y estrategias partir de los documentos resguardados en el Archivo Municipal de Libres, Puebla. La riqueza de su información y el buen estado en que se encuentra hace de estos documentos fuentes obligadas de consulta para el estudio de los pueblos indios en la región.

1. El sistema de alianzas como estrategia política en el establecimiento de los cabildos indios.

  • 1  Lidia E. Gómez García, “La nobleza india de San Juan de los Llanos en el siglo XVI”, en Análisis m (...)

4Después del contacto cultural entre los pueblos mesoamericanos y los españoles colonizadores, el principal escenario de legitimación de poder de las élites indias en el ámbito novohispano fue el de la República de Indios, entendida como un sistema de protección que incluía privilegios: Juzgado General de Indios, derecho a cabildo diferente al de españoles, derecho a elegir sus gobernantes, derecho a no ser juzgados por la inquisición; pero también como un sistema de obligaciones: tributo y servicio. La refuncionalización de las antiguas estructuras de poder en las nuevas instituciones establecidas con el régimen novohispano requirió de procesos intensos de negociación y adaptación en los cuales las élites indias lograron importantes espacios políticos a través de los cuales perpetuarse. Sin embargo estos procesos no necesariamente presentaron dos frentes claros y coherentes entre élites indias y españolas. Todo lo contrario, el surgimiento del sistema de cabildos indios estuvo inmerso en enfrentamientos entre grupos diversos y disímbolos, donde predominaron alianzas estratégicas como parte del sistema de negociación política mesoamericana. Dentro de este intenso proceso de instauración del nuevo  sistema colonial, la antigua tradición mesoamericana de alianzas político-militares funcionó como mecanismo de negociación. Las alianzas eran el pilar de un complejo sistema político-militar  prehispánico (recordemos por ejemplo la Triple Alianza, o los cuatro señoríos de Tlaxcala) y su mejor forma de expresión la representa la organización interna del altépetl. Por lo tanto no es de sorprender que fuera precisamente a través de las alianzas que los pueblos mesoamericanos establecieron acuerdos con los colonizadores para apoyarlos en sus intenciones de conquista y, posteriormente, colonización a cambio de ciertos privilegios.1

  • 2  Por “indio” considero aquellos individuos pertenecientes a la República de Indios o de Naturales, (...)
  • 3  Lidia E. Gómez García… op. cit.
  • 4  Lidia E. Gómez García, “La nobleza india…”, op. cit.

5Ese fue el caso de las élites nahuas del otrora importante señorío prehispánico de Iztacamaxtitilán, quienes ante la coyuntura histórica de la conquista española tomaron decisiones que marcarían su inserción en el nuevo sistema colonial. Estas decisiones estuvieron en las manos de la nobleza que, pese a que supo dar lectura al momento que enfrentaba y actuó en consecuencia para defender sus intereses –marcando con ello el futuro de sus pueblos– transformó su forma de dominio al ver debilitada su antigua hegemonía basada en el linaje, y permitió el surgimiento de nuevas élites formadas a través de las instituciones coloniales, en especial la de la República de Indios y el sistema de cargos o fiscalía.2 Mediante alianzas se estableció el reacomodo de poder de los linajes prehispánicos y el nacimiento de un nuevo polo de poder politico, que constituyó el cambio de cabecera de San Francisco Iztacamaxtitlán (antigua cabecera del señorío) al nuevo asentamiento, producto de las políticas de congregación impulsadas por la corona, de San Juan Iztacamaxtitlán. Siendo San Francisco Iztacamaxtitlán uno de los señoríos prehispánicos de la región, hacia principios del siglo XVII, San Juan Ixtacamaxtitlan –ya entonces denominado San Juan de los Llanos– se convirtió en la cabecera donde residía el alcalde mayor. La jurisdicción estaba compuesta por importantes asentamientos indios ahora sujetos al nuevo centro de poder. La resistencia a dicho cambio no se hizo esperar, incluso con enfrentamientos violentos entre pueblos por la preeminencia de sus privilegios de linaje, como fue el caso del conflicto entre la cabecera del antiguo señorío de San Francisco Iztacamaxtitlán y el nuevo de San Juan Iztacamaxtitlán.3 El desarrollo posterior y la supremacía de San Juan sobre los antiguos señoríos fue producto, entre otras cosas, de las alianzas de los principales y cabildos indios con los alcaldes mayores y en general con los pocos españoles que habitaban en los pueblos, quienes eran dueños de una gran cantidad de haciendas productoras de trigo y ganado en la región. Ello implicó una división de lealtades al interior del señorío de ancestrales linajes prehispánicos y su posterior fractura y decadencia.4 Así, el nuevo sistema de organización política española tuvo que ser negociado con las prácticas existentes del sistema prehispánico.

  • 5  Laura E. Matthew and Michel R. Oudijk (eds), Indian Conquerors. Indigenous Allies in the Conquesto (...)
  • 6  La congregación de pueblos consistió en desplazar asentamientos indios de su lugar de origen a una (...)
  • 7  Dorothy Tank de Estrada,: Atlas ilustrado de los pueblos de indios: Nueva España, 1800. (México, D (...)

6La colonización en la Nueva España, como en el resto de las colonias españolas, se sustentó jurídicamente a través de la institución municipal. Con la fundación del primer ayuntamiento, instalado en la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519, se dio el primer paso a la organización de este cuerpo político y jurídico en la Nueva España. Una vez consolidada la conquista, con el apoyo fundamental de las alianzas con los señoríos prehispánicos,5 se realizó la división del territorio en entidades jurídico-políticas que respetaban la división original de los señoríos ya existentes, y en las extensiones territoriales donde no existía tal división, la milicia se encargaba de ello por medio de la figura jurídica de las capitulaciones reales, es decir por medio de conquistas militares. Más tarde la división territorial se organizó en provincias, que se conformaban por pueblos indios pre-existentes o congregados6 en nuevas fundaciones con la reducción de varios de ellos a un nuevo asentamiento. Sin embargo, cada provincia ya fuera instalada respetando los antiguos señoríos o estableciendo acuerdos con los pueblos asentados, debían tener una cabecera donde residiera el poder de la corona, es decir el alcalde mayor, siendo obligatorio establecer un cabildo o concejo municipal en todos los asentamientos indios, respetando sus formas de organización tradicional. Es decir, esta compromiso de estabelcer un nuevo sistema de gobierno pero respetando las formas tradicionales implicaba reconocimiento de privilegios en base a las lealtades manifestadas en las alianzas. Pese a que había diferencias de privilegios entre pueblos cabeceras y pueblos sujetos, todos y cada uno de ellos debía contar con su propio cabildo, incluso los que se encontraran asentados en las ciudades de españoles. Debido a ello, hubo más cabildos indios que españoles en la Nueva España.7

  • 8  James Lockhart, The nahuas after the Conquest. A Social and Cultural History of the Indians of Cen (...)
  • 9  James Lockhart, The nahuas after the Conquest…. p. 22-24.

7Mientras ese era el caso para la organización territorial de las instituciones españolas, al interior de los asentamientos indios, ya fueran prehispánicos o nuevas fundaciones producto de la política de congregación de pueblos, la organización política se estableció refuncionalizando tradiciones prehispánicas a las nuevas exigencias del sistema español. La figura del altépetl como modelo de organización político-social de los pueblos indios fue esencial para implementar el sistema de República de Indios encarnada en los cabildos de indios. El altepetl consistía en una alianza de pueblos que compartían un territorio y un cuerpo de gobierno o cabildo, encabezado por el gobernador. En la época prehispánica el altépetl era una organización social y territorial autosuficiente, cuyos integrantes producían bienes necesarios para su subsistencia y estaban organizados en base a alianzas cuya característica consistía en una distribución rotativa del poder.8 Cada altépetl o unidad mayor estaba dividido en varias sub-unidades (que los españoles denominaron “barrios”, aunque también llamaban así a pueblos sujetos a otro pueblo cabecera) denominadas en documentos nahuas de la zona de la jurisdicción de San Juan de los Llanos como tlaxilacalli. Estas sub-unidades estaban distribuidas alrededor de un centro aunque no necesariamente de manera simétrica (había algunos mayores y otros menores) pero casi siempre coincidiendo en números pares, generalmente cuatro. Esta organización se reproducía al interior de cada sub-unidad. El punto de coincidencia de todas las sub-unidades era el centro, el cual era concebido como de todos y de nadie a la vez, era un lugar común. En el centro era donde se situaba el templo, el tianguis y residía el poder. Lo mismo sucedía en las sub-unidades.9 Estas unidades se rotaban el poder por ciclos que se iban trasladando de sub-unidad en sub-unidad siguiendo un estricto orden ya fuera de acuerdo a las manecillas del reloj o en sentido contrario. Es decir, cada sub-unidad participaba en una especie de economía de poder donde todos participaban y eran representados a través de sus tlahtoani.

8Al incorporar el sistema de gobierno español en la figura de los integrantes del cabildo indio, los nahuas importaron los oficios de cabildo pero mantuvieron la estructura y organización interna de tiempo prehispánicos, aunque modificada para cumplir los requerimientos coloniales. Los indios principales y nobles de todas las sub-unidades se reunían en el centro del altépetl para elegir un gobernador de entre los principales indios de una sub-unidad. Al año siguiente se elegiría, por el mismo procedimiento, al gobernador de entre los principales de la siguiente sub-unidad siguiendo ya sea las manecillas del reloj o bien el movimiento contrario a ellas. Y así sucesivamente se iban eligiendo año con año hasta que se iniciaba nuevamente el ciclo, pero era indispensable que no se saltara niguna parcialidad o sub-unidad. Este procedimiento se repetía al interior de cada sub-unidad, de tal manera que todas las sub-unidades estuvieran representadas y tuvieran acceso al poder en algún momento.

9Así, aunque los oficios y figuras políticas cambiaron, no así el sistema de organización. Incluso en cuanto a las funciones de los oficiales de república, podemos decir que pese a adoptar el nuevo sistema, lograron perpetuar algunas de sus características anteriores. Si bien en la época prehispánica diferentes funcionarios realizaban acciones específicas, tales como el tecuhtli, que era responsable de la milicia, adiestraba a los jóvenes y dirigía las tropas en caso de guerra; los tequitlatos dirigían los trabajos comunales; los calpixques recaudaban los tributos; los tlacuilos eran escribanos y pintores de códices; los teopixque eran funcionarios del templo que tenían también atribuciones dentro del gobierno del altépetl. En la época novohispana el cabildo en su conjunto: gobernador, alcaldes y regidores, escribano, fiscal de la iglesia, alguaciles, y otros, desempeñaban funciones similares a las de los oficiales prehispánicos, aunque con sustento jurídico diferente. Los oficiales de república de indios estaban involucrados en funciones de  gobierno, impartición de justicia y hacienda (recolección de tributos),  sin olvidar que una de sus reponsabilidades era cuidar de la educación cristiana de sus gobernados. Asimismo, los cargos de oficiles de República de Indios tenían compromisos con sus gobernados en cuanto a que, pese a estar exentos de pago de tributos, ayudaban en el pago de cargas sobre los pueblos de indios generando con ello una relación de reciprocidad como principales que eran de ellos.

10Como hemos podido apreciar, cada pueblo indio por pequeño que fuera estuvo gobernado por un cabildo indio que realizaba las funciones de justicia, recolector de tributos (hacienda) y gobierno. Estas eran las mismas funciones que ejercían los integrantes de los cabildos españoles. No obstante, la relación entre ambos cabildos con el alcalde mayor, representante de los intereses de la corona, era de distinta índole. Los cabildos españoles conformaban ayuntamiento al incorporar al alcalde mayor a sus cabildos para presidir sus sesiones. El alcalde mayor, en cambio, no conformaba ayuntamiento con el cabildo indio, es decir, no presidía sus sesiones, sino que supervisaba las funciones de sus integrantes, a menudo una sola vez al año durante la visita a la que estaba obligado. Sin embargo, dada la extensión de los territorios de su jurisdicción, salvo en el caso del cabildo indio del pueblo cabecera, en el resto había poco control incluso cuando se realizaban las visitas de rutina.

11Cada pueblo indio elegía de entre sus principales a sus gobernantes bajo la estricta vigilancia ya fuera del alcalde mayor o bien del cura (muchas veces produciendo descontentos por interferencias de lo cual surge toda una legislación al respecto). La corona se esforzó durante todo el virreinato por impulsar una política que permitiera la libertad a los principales indios de cualquier pueblo para que realizaran sus elecciones de una manera libre, aunque no siempre fue este el caso y abundan evidencias de procesos judiciales por este motivo. Esta disposición imperial permitió que el sistema político tuviera amplia aceptación entre los pueblos indios, ya que les confería poder para elegir sus autoridades y que éstas tuvieran una cercana relación con el pueblo en base a sus intereses. En otras palabras, pese a ser principales los oficiales de república, sus intereses personales coincidían con los del común debido entre otras cosas a que el prestigio de principal estaba ligado al servicio a la comunidad.

  • 10  De hecho es reconocido la capacidad de los indios para implementar el sistema de justicia por ejem (...)

12Lo anterior nos indica en primer lugar que, dado que las jurisdicciones de las alcaldía mayores eran muy extensas, los pueblos indios gozaban de cierta autonomía y se sentían representados por la elección de sus gobernantes, ya que difícilmente tenían contacto con algún otro tipo de autoridad. En segundo lugar, nos indica que este sistema funcionó porque logró incorporar las tradiciones de alianzas políticas entre señoríos que componían los antiguos centros de poder indios, incluido el sistema político del altépetl y sus formas de distribución de poder. Esta economía circular de poder permitió que las sub-unidades se fortalecieran y llevaran en sí mismas la semilla para reproducir el sistema. Esto implica una tendencia hacia lo endógeno, es decir, al sistema de lazos de relación donde prevalecen la negociación, alianza y retribución hacia el interior para garantizar la fuerza política necesaria que logre reproducir el esquema hacia afuera. En ese sentido se reforzó la identidad india, no en tanto india, sino local: huexotzincas, tlaxcaltecas, etc., apelativos con que se identifican los indios en los documentos en náhuatl. Todo ello evidencia una tradición de elecciones y distribución del poder que, pese a los cambios sufridos con la colonización, logró incorporar al sistema español importantes privilegios para los pueblos indios en materia de cultura política.10

2. El nacimiento del ayuntamiento constitucional y los cambios en los equilibrios políticos de los pueblos de San Juan de los Llanos.

  • 11  Hira de Gortari Rabiela, “Nueva España y México: Intrendencias, modelos constitucionales y categor (...)
  • 12  Andrés Lira, Comunidades indígenas frente a la ciudad de México. Tenochtitlan y Tlatelolco, sus pu (...)
  • 13  Archivo Municipal de Libres, en adelante AML, Caja 16, leg. 5, exp. 9, fol. 110r-116v, Año 1762.

13El sistema descrito con anterioridad fue modificado en el siglo XVIII con las reformas borbónicas y luego con el surgimiento del ayuntamiento constitucional. En 1786, la Real Ordenanza de intendentes consideraba a la Nueva España como un distrito formado por 12 intendencias, que comprendía jurisdicciones, territorios y partidos. Estas reformas jerarquizaban el territorio en función de las dimensiones de sus jurisdicciones en donde cada partido tenía un número determinado de pueblos y por tanto de ayuntamientos, y varios partidos formaban un distrito.11 Es decir, mientras en los siglos XVI y XVII los pueblos y sus cabildos representan la base del sistema político con dos repúblicas, una de indios y otra de españoles, con las reformas borbónicas los ayuntamientos de los pueblos representan la dimensión más reducida de la jerarquía territorial para fines eficientistas de recaudación. En dicha jerarquía se establecen tres niveles de gobierno desde la perspectiva territorial: distritos, partidos y el de los ayuntamientos. Tal diferencia de perspectiva no tardó en dejarse sentir en los pueblos, sobre quienes se inició la presión para eficientar sus pagos de tributo y los reportes sobre sus cajas de comunidad.12 Lo cual empezó a erosionar las lealtades al interior de los pueblos, tal es el caso de Miguel Benito, indio cacique y principal de San Francisco Ixtacamaxtitlán que en 1762 se queja del gobernador de dicho pueblo, don Manuel Ignacio porque habiendo sido electo como topile (regidor) del barrio de Santa María de dicho pueblo, argumentando que “aunque no ejerzo la vara como los de demás operarios pero estoy condenado a pagar todas la obenciones que pagan los demás anualmente sin atender a los privilegios que puedo gozar y gozo de mis antepasados que fueron fundadores del anunciado pueblo”.13 Y añade en su argumento que “jamas nos han electo por tales topiles o regidores en dicho pueblo sólo el actual porque aunque dice que me pide el común me pide por advitrio suyo y demás no salí electo en las elecciones ni me pidió el común al tiempo de dichas elecciones”.

  • 14  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 19, fol.262r-163r. Año 1820.
  • 15  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 11r. Año 1822.
  • 16  Carlos Marichal y Daniela Marino (compiladores), De colonia a nación. Impuestos y política en Méxi (...)

14Los pueblos indios de San Juan de los Llanos trataron de compensar este desequilibrio en sus tradicionales espacios de poder mediante el establecimiento de nuevas estrategias de alianzas. Debido a que con las reformas se multiplicaron los funcionarios españoles, en especial los tenientes de alcalde mayor, las élites indias maniobraron sin oponerse al nuevo sistema para influir en la designación de estos funcionarios a fin de obtener el mayor posicionamiento posible frente a ellos.  Sin embargo, los cambios más importantes se produjeron con las reformas de la Constitución de Cádiz que adjudicaban al indio la ciudadanía y el ejercicio de los derechos de propiedad y comercio, lo cual significaba la extinción de la República de Indios para erigirlos en ayuntamientos constitucionales. Esta reforma, en aras de la igualdad, suprimía el derecho que por cerca de trescientos años gozaron los indios, entre ellos el de una especie de fuero judicial que representaba el Juzgado General de Indios, cuya desaparición marcó un parte aguas en los derechos y privilegios de los indios. Este cambio importante se inicia en diciembre de 1820 en la jurisdicción de San Juan de los Llanos, cuando se llevan a cabo las elecciones en los pueblos, no sin resistencia de los indios quienes veían coartados sus derechos a ser los únicos que podían elegir gobernantes para ellos. A diferencia de las elecciones de cabildos indios, esta vez los electores no fueron indios ni se reunieron en las casas de comunidad, sino que se llevó a cabo mediante una elección parroquial donde se nombraron cierto número, dependiendo del pueblo, de electores que después elegirían a sus miembros de cabildo, esta vez ya conformado en ayuntamiento independientemente del tamaño del pueblo o si fuera cabecera o no.14 Bajo este esquema el anterior sistema de economía circular de poder no se cumplía y además la iglesia era ahora el lugar donde se llevaba a cabo la elección, eliminando la imagen del anterior cabildo indio y su casa de comunidad, lo cual además de sorpresa entre los indios despertó malestar sobre todo entre su élite. Sin embargo, dos años más tarde se implementaron nuevas políticas, una de ellas fue la abolición de las cargas impositivas a que estaban sometidos, tal es el caso de las contribuciones de comunidad, hospital y ministros.15 Sin embargo, la carga fiscal de ciudadanos era por mucho superior en cuanto a imposiciones se refiere que la que tenían como República de Indios.16

  • 17  Andrés Lira, Comunidades indígenas… p. 23-25
  • 18  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 1, fol. 21v. Año 1820.
  • 19  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 1, fol. 18r-19v. Año 1820.

15Los oficios de los funcionarios de los ayuntamientos constitucionales cambiaron, así como la manera de elegirlos. Se extinguía la figura de gobernador de indios junto con la de República de Indios, en su lugar quedaba el alcalde de primera y segunda nominación, que no era electo en cada sub-unidad el altépetl, sino de una selección de “hombres de bien e ilustes” de cada pueblo, que solían considerarse entre ellos los europeos. El ayuntamiento constitucional también incluía regidores y un procurador síndico, todos ellos presididos por un Jefe Político, que era el representante del gobierno central dentro del  departamento o partido.  Las elecciones de ayuntamiento ese año se llevaron a cabo sin ningún contratiempo. Pese a que en la jurisdicción de San Juan de los Llanos esta política tuvo lugar hasta 1820, ya se sentían sus efectos en otras partes como en la Ciudad de México donde no llegó siquiera a ponerse en práctica cuando se dictaminó su abolición en 1814 con la llegada al poder del virrey Félix María Calleja.17 El cambio más significativo de la Constitución de 1812 para el indio fue el político, ya que introdujo una vinculación entre representación y territorio nunca antes planteada. La jurisdicción territorial no era sólo cuestión de administración y gobierno, sino que a partir de 1820, cuando se establecieron los ayuntamientos constitucionales, la jurisdicción marcaba la demarcación política electoral.  En San Juan de los Llanos este proceso inicia en mayo de ese año, cuando se manda que una vez establecidos los ayuntamientos debe cesar la jurisdicción de los tenientes de justicia y de los gobernadores de indios incluso en sus empleos y recida el oficio en los alcaldes que se hayan electo.18 Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar y los indios rehusaron elecciones donde no se siguiera la tradición y mucho menos donde fueran electas personas ajenas a la República de Indios, por lo cual se mandó que se “instruya a aquellos [indios] que  se oponen a que en el nuevo ayuntamiento haya individuos de los que llaman de razón, y para que juntamente con el cura manifiesten como el gobierno ha de ser uno sólo por lo que es conveniente que el ayuntamiento se componga de unos y otros”.19

  • 20  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 1, fol. 15v. Año 1820.
  • 21  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 1, fol. 19v. Año 1820.

16Si la renuencia india a las elecciones de ayuntamientos fue notoria, ya para junio de 1820, fecha en que se que se manda jurar la Constitución de 1812 el desacato era frontal.20 Tal es el caso del pueblo Cuyuaco que se negó a jurar la constitución y a aceptar la elección del ayuntamiento constitucional. En virtud de la negativa a aceptar los lineamientos de la nueva constitución en lo referente a la elección de Ayuntamientos, se mandó jurar nuevamente la constitución para lo cual se envió un como comisionado para llevarlo a cabo, y se mandó que si alguna persona se opusiese a ello, se reportara inmediatamente para proceder a hacer las indagaciones pertinentes.21

  • 22  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 5, fol. 89r-127v. Año 1822.
  • 23  Idem.
  • 24  Idem.

17El cambio constitucional en la concepción de electores y elecciones rompía con los acuerdos que se habían establecido con las alianzas de los pueblos indios. Una muestra de ello fue la renuencia a aceptar el liderazgo de gobiernos no electos por los indios. Un ejemplo de ellos es el proceso que forma el juez de letras, Alvaro Herrera, contra Irineo Zerón, argumentando que se reúne en los barrios [indios] a almuerzos o meriendas “con una gran porción de lépreos en ellos” y teniendo al pueblo asustado por que podían atentar contra los “europeos honrrados”.22 Por tal razón mandó se pegaran en las esquinas de la plaza un pasquín que menciona que se abstengan de tales manifestaciones, “de inquietar el Pueblo de noche con corridas de Gallo [serenatas] con Jaranitas y otros instrumentos que aún de día he oído tocar en la plaza pública, con no poco dolor mío por ser falta de subordinación”.23 Mediante bandos el alcalde prohibió los almuerzos y en respuesta los indios “estuvieron […] tocando y cantando debajo del balcón de mi habitación, un diluvio de insolencias y desafíos”.24

  • 25  Idem.
  • 26  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 15, fols. 199r-216r. Año 1820
  • 27  AML, Ubicación: Caja 30, leg. 2, exp. 20, fol. 212r, 1818.

18El desacato no se limitaba a estos actos de desafío  a la autoridad, que también sucedían con los oficiales de República de indios, sino que empezaron a fraguarse formas de resistencia que marcaban claramente una ruptura en la alianza entre indios y autoridades. Tal es el caso de rehusarse a utilizar la casa de comunidad, que fungía como mesón para recibir a los forasteros, a fin de no apoyar económicamente al nuevo ayuntamiento, y promoviendo en cambio que se hospedaran en las casas de los barrios.25 Además, los indios rehusaron seguir prestando servicio como sucedió en 1820 con Pablo Galindo, indio de San Francisco Ixtacamaxtitlán, quien insultó al encargado de justicia de dicho pueblo, don Juan Nepomuceno Jiménez, cuando publicaba un bando donde se les mandaba que aderezaran los caminos.26 En este caso se acusó al último gobernador en oficio de haber sido el promotor del desorden. Esta actitud parece comprensible si atendemos al hecho de que los indios fueron obligados a financiar la milicia realista y ahora se les quería obligar a financiar al nuevo régimen constitucional.27

  • 28  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 27r-27v. Año 1823.
  • 29  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 5r-6r. Año 1821.

19A diferencia del cabildo indio, la organización de ayuntamientos municipales se concibió no como una instancia básica de gobierno, sino como una organización territorial y poblacional sustentada en la representación por medio de elecciones. Si bien esto daba fin a las regidurías perpetuas o compradas en los cabildos españoles, en los pueblos indios implicaba que no era necesario ser principal ni mucho menos indio para poder ser electo. Ello significó que accedieran al poder personas que no eran indios principales (que para ser electos debían saber leer y escribir) incluso en pueblos donde la población era mayoritariamente india. Como resultado muchos de los electos no eran letrados y carecían no sólo de experiencia sino del respaldo de los gobernadores y alcaldes indios que habían ejercido el oficio en el pasado, por lo que los trámites tan sencillos como recibir órdenes por escrito resultaba inoperante, así lo reporta M. Vivanco en una solicitud que remite la autoridad de la cabecera al superior gobierno pidiendo se mande que en los pueblos donde sólo hay “ciudadanos de los que llaman indios cuenten con un sujeto instruido y juicioso que los dirija”. Y entre sus argumentos resalta el hecho de que “por lo regular en esa poblaciones apenas hay uno o dos que len y escriben […] con que o se les ponen directores o se quitan esos Ayuntamientos...28 Debido a ello sólo fue posible contar con las actas de instalación de ayuntamientos hasta enero de 1821, y algunas nunca se llegaron a realizar porque, se quejan los oficiales de la cabecera, “la mayor parte de los Pueblos de Yndios solo tienen un descuadernado acopio de testimonios, bandos y superiores órdenes, pero no hay libros de actas ni más formalidad que la verificada de modo que lo que se ha logrado inutilizar es entusiasmar una porcion de Yndios ignorantes que fungiendo [sic por fingiendo] autoridad y sabiduría no solo no cumplen sino que ni aun preguntan por no abatirse pareciéndoles bajeza aconsejarse de los que antes los gobernaban.29

  • 30  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 17v. Año 1823.
  • 31  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 16r. Año 1823.
  • 32  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 16v-17r. Año 1822.
  • 33  Idem.

20Fue hasta febrero del año de 1823 que se juró lealtad a Iturbide como nuevo monarca en los pueblos de la jurisdicción: San Francisco Iztacamaxtitlán, Zacapoaxtla, Xochitlán, Nautzontla, Huahuaxtla, Cuetzalan, Cuyoaco, Teteles, Hueyapan, Yaonahuac, Tlatlauhquitepeque, Tepeyahualco, Chilchotla, Quimistlán, y Chichiquila.30 A la vieja usanza del régimen español, trató de llevarse a cabo esta ceremonia solemne que, por lo relatado en actas, parece haberse quedado corta en cuanto a alcances. Sin los tradicionales arreglos pertinentes para tal evento excepto el cobro de contribuciones para los gastos,31 se dio paso a la solemne jura únicamente en la cabecera jurisdiccional en cuanto se recibe el bando, sin contar con la presencia de los pueblos de indios sino sus nuevos representantes constitucionales. Al salir de misa, se procedió a dar lectura al bando por el cura párroco a las puertas de la iglesia, y de inmediato inició el júbilo que reporta el acta: “a pesar de no haber venido de oficio dicho bando, lo hicimos publicar con brevedad, para no perder la oportunidad de que habiendo tanto concurso como día de mercado se instruyesen todos de tan fausto acontecimiento”.32 Tal y como sucedía en las juras de monarcas españoles, se sacó una imagen de Iturbide “adornado en lo posible” por la premura del evento y acompañado de los miembros del ayuntamiento uniformados, el comandante militar, el juez y el alcalde de primera nominación se procedió a llevarlo en procesión alrededor de la plaza, para luego introducirla en la iglesia y allí cantar el Te Deum. De allí fue llevado a la casa consistorial entre vivas, cuetes y repique de campanas. Pese a que el ritual es apegado al llevado a cabo con la jura de monarcas españoles, las diferencias ante el público indio parecen más que evidentes: no fueron convocados a acudir para decoro de las calles y plazas, por lo cual ni siquiera se mencionan pendones y luminarias en la relatoría del acta, ni fueron invitados a participar en los festejos como cuerpo independiente. Ni siquiera se mencionan las tradicionales corridas de toros y festejos similares tan del agrado del pueblo indio. Lo que sí fue evidente fue el malestar que ya mostraban los indios entre el público, lo cual obligó a las autoridades a contar con el apoyo de la división del comandante don Joaquín Herreta, a quien tuvieron que pagarle cinco mil pesos más ministrarle efectivos sin los cuales “no se hubiera hecho respetable  con tanta violencia si no ha sido para tan oportuno y considerable auxilio el cual no se recomendó a la superioridad con la energía a que se hizo acreedor el público por que el tiempo y ocupaciones no permtirian hacerlo al citado señor comandante”.33

  • 34  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 16r. Año 1822.

21Si bien la jura a Iturbide resintió ya los cambios de régimen, en 1822 la jura al nuevo Congreso Constituyente tuvo mayores oposiciones. Un oficio reporta que había dudas y diversidad de opiniones sobre ese reconocimiento, juramento y obediencia al soberano congreso consituyente sobre todo en lo relativo a si “toca exigir el juramento del clero y si concluida la misa, ha de prestar el juramento el pueblo en la Parroquia o fuera de ella, pues se disputa, que siendo dentro, no lo debe exigir ninguna autoridad civil, sino eclesiástica. Aquí no hay otros juren más que el clero, y el pueblo”.34

  • 35  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 6r. Año 1823.
  • 36  Andrés Lira, Comunidades indígenas … p. 23-24.
  • 37  AML. Caja 32, leg. 4, exp. 1, fol. 1r-3v. Año 1824.

22El apremio como fue conducido el evento de la jura de Iturbide era ya evidencia de que las antiguas alianzas estaban fracturadas, lo cual se manifestaba no sólo en los cambios políticos y fiscales, sino también en los códigos mediante los cuales se pactaban esas alianzas, como la recién ejecutada orden de retirar todas las insignias reales españolas, incluso las que estaban colocadas en las bancas de la iglesia.35 Este debe haber sido un momento difícil de comprender para los indios de los pueblos puesto que durante tres siglos habían visto esa imagen como la garantía de un estado protector ante quien podían recurrir cuando fuesen objeto de algún oprobio. Los códices, memorias indias e incluso argumentos legales en procesos judiciales registran relaciones de méritos y narrativas que exaltan la lealtad al rey como protector de indios. De tal manera que el significado de la desaparición de estas imágenes, más allá del asombro y confusión que causaba a los indios, empezaba ya a mostrarse en la justa dimensión de su realidad. Donde de evidenció más este cambio de códigos fue en los problemas que se desataron con las nuevas disposiciones en relación a las tierras comunales los pueblos indios y que ha sido ampliamente documentado.36 Mientras los pueblos hasta ese momento habían elaborado documentos que recopilaban relaciones de méritos basados en la lealtad al monarca y régimen español, ahora se encontraban con la realidad de que ya no eran útiles para tales efectos. Ya no podían recurrir a esos documentos y tuvieron que establecer rápidamente estrategias para reivindicar sus derechos. Los amotinamientos y levantamientos empezaron surgir en la región, como el ocurrido en Quimistlán y Huacaleca, lo cual motivó que las autoridades empezaran a buscar otras medidas para controlar a los pueblos.37 Otra estrategia, quizás la más efectiva, tuvo que ver con la innegable dependencia que el sistema político y económico tenía de la contribución india al erario. Para el momento de la jura de la Constitución de 1824, era ya evidente que los cambios no podían efectuarse sin ciertas concesiones a los pueblos indios.  

  • 38  AML, Caja 32, leg. 3, exp. 14, fol. 129r-129v. Año 1824.
  • 39  AML, Caja 32, leg. 3, exp. 1, fols. 2r-2v. Año 1824.

23La Constitución de 1824 fue jurada en la jurisdicción con todo el protocolo que anteriormente se asumía en las juras reales: “el ayuntamiento a todo el común del pueblo tomó el juramento […] concluido este acto, al momento pasamos a la Parroquia, en donde se cantó el Tedeum se selebró una misa […] habiendo salido de la iglesia, se dispuso un paseo con música a salva y repique de campanas, y en la noche se iluminó la iglesia, plaza y calles y todo lo que se pudo demostraron el júbilo tan grande que tuvieron los ciudadanos de este Pueblo […] al siguiente día se prosedió con el Paseo habiendo colocado la Constitución en un pendón bien adornado para más lucimiento siguiendo la iluminación habiendo en este intermedio sus peleas de gallos. El tercer día hubo lo mismo con lo que se concluyó este acto”.38 Junto con el regocijo vinieron las modificaciones a los cambios constitucionales, siendo el primero de ellos la concesión para que en los barrios indios se eligieran alcaldes para el buen orden de los barrios, cuya jurisdicción se limitaba a los barrios y cuya principal función sería la recaudación de las contribuciones.39 Cada barrio nombró un alcalde, y regidores menores y mayores a quienes se les entregaron las listas de comunidad para que éstos se encarguen de cobrar dos y medio real por cada peón. Asimismo, a los alcaldes de barrio se les liberó del pago de contribución de los tres reales para el fondo de la Milicia durante el tiempo de su comisión.

24Junto a estas estrategias indias, surgió una de mayor impacto para  los pueblos indios: el reconocimiento de autoridad de los fiscales y la construcción del actual sistema de cargos, pero por cuestiones de  espacio dejaremos esa discusión a otro artículo. Así, las estrategias indias fortalecieron las identidades locales al transferir la fuerza política hacia en interior y la defensa de sus intereses locales. Sobra decir que las elecciones de ayuntamiento de ese año se realizaron sin  ningún contratiempo.

Conclusiones:

25Las estrategias indias, sustentadas sobre todo en el sistema de alianzas, permitieron a los pueblos nahuas de la jurisdicción de San Juan de los Llanos adaptarse a las nuevas circunstancias a las que se enfrentaron. Una vez consolidada la independencia, estas estrategias implicaron también una nueva forma de autoridad india. Pese a que desaparecieron los cabildos indios y se incorporó el sistema judicial como poder diferente del político, hubo una autoridad que perduró y se fortaleció, la de los fiscales, cuyas características se mezclaron con las del antiguo sistema de cabildo indio y finalmente, hasta el día de hoy, sigue siendo un referente político indiscutible en los pueblos de la zona.

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Notes

1  Lidia E. Gómez García, “La nobleza india de San Juan de los Llanos en el siglo XVI”, en Análisis multidisciplinar de la nobleza indiana de origen prehispánico en la Nueva España, presentado en el 52º. ICA (Sevilla, julio de 2006). En prensa.

2  Por “indio” considero aquellos individuos pertenecientes a la República de Indios o de Naturales, es decir, a la jurisdicción de los cabildos indios y que por lo tanto tenían privilegios y obligaciones espedíficas. En cuanto al término “fiscal”, éste corresponde al titular de una institución india conocida como fiscalía, definidas por Luis Reyes como “una organización de carácter político-religioso que ha funcionado durante más de 450 años, y que ha sido en muchos sentidos el eje regulador de la vida social y cultural de los pueblos nahuas”, Luis Reyes García, Las fiscalías de Tlaxcala y sus archivos. Manuscrito inédito.

3  Lidia E. Gómez García… op. cit.

4  Lidia E. Gómez García, “La nobleza india…”, op. cit.

5  Laura E. Matthew and Michel R. Oudijk (eds), Indian Conquerors. Indigenous Allies in the Conquesto of America, (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2007).

6  La congregación de pueblos consistió en desplazar asentamientos indios de su lugar de origen a una nueva fundación, con el objeto de evangelizarlos y tener un mayor control sobre ellos, debido entre otras cosas a la debacle en la población india por mortandad.

7  Dorothy Tank de Estrada,: Atlas ilustrado de los pueblos de indios: Nueva España, 1800. (México, D. F.: El. Colegio de México 2005), 268 p.

8  James Lockhart, The nahuas after the Conquest. A Social and Cultural History of the Indians of Central Mexico,  Sixteenth Through Eighteenth Centuries, (Stanford: Stanford University Press, 1992), p. 22.

9  James Lockhart, The nahuas after the Conquest…. p. 22-24.

10  De hecho es reconocido la capacidad de los indios para implementar el sistema de justicia por ejemplo, y hacer uso de él para su propio beneficio.

11  Hira de Gortari Rabiela, “Nueva España y México: Intrendencias, modelos constitucionales y categoryas territoriales, 1786-1835”, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. X, núm. 218 (72), 1 de agosto de 2006.

12  Andrés Lira, Comunidades indígenas frente a la ciudad de México. Tenochtitlan y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919, (México, D.F: El Colegio de México, 1995), p. 23-24.

13  Archivo Municipal de Libres, en adelante AML, Caja 16, leg. 5, exp. 9, fol. 110r-116v, Año 1762.

14  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 19, fol.262r-163r. Año 1820.

15  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 11r. Año 1822.

16  Carlos Marichal y Daniela Marino (compiladores), De colonia a nación. Impuestos y política en México, 1750-1860, (México: El Colegio de México, 2001).

17  Andrés Lira, Comunidades indígenas… p. 23-25

18  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 1, fol. 21v. Año 1820.

19  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 1, fol. 18r-19v. Año 1820.

20  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 1, fol. 15v. Año 1820.

21  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 1, fol. 19v. Año 1820.

22  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 5, fol. 89r-127v. Año 1822.

23  Idem.

24  Idem.

25  Idem.

26  AML, Caja 31, leg. 2, exp. 15, fols. 199r-216r. Año 1820

27  AML, Ubicación: Caja 30, leg. 2, exp. 20, fol. 212r, 1818.

28  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 27r-27v. Año 1823.

29  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 5r-6r. Año 1821.

30  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 17v. Año 1823.

31  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 16r. Año 1823.

32  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 16v-17r. Año 1822.

33  Idem.

34  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 16r. Año 1822.

35  AML, Caja 32, leg. 1, exp. 2, fol. 6r. Año 1823.

36  Andrés Lira, Comunidades indígenas … p. 23-24.

37  AML. Caja 32, leg. 4, exp. 1, fol. 1r-3v. Año 1824.

38  AML, Caja 32, leg. 3, exp. 14, fol. 129r-129v. Año 1824.

39  AML, Caja 32, leg. 3, exp. 1, fols. 2r-2v. Año 1824.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Lidia E. Gómez García, « La Jura de la Constitución de 1824 en los pueblos nahuas de la jurisdicción de San Juan de los Llanos, Puebla », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 27 mars 2009, consulté le 17 octobre 2019. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/55524 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.55524

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Auteur

Lidia E. Gómez García

Colegio de Historia-FFyL, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tepontla.cholula@gmail.com

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