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Mariana Iglesias

En procura del orden interno: sentidos y estrategias en torno a la sanción de medidas de excepción en el Uruguay de mediados del siglo XX

[08/09/2009]

Résumés

El presente artículo propone abordar la implementación de mecanismos orientados a preservar el orden interno mediante la disposición de medidas de excepción por parte de gobiernos democrático-liberales en el Uruguay de mediados del siglo XX. El análisis se centra en la construcción del conflicto social y de la noción de peligrosidad por parte de los actores gobernantes teniendo en cuenta simultáneamente la conformación del campo político interno y las repercusiones que el contexto internacional tuvo en el marco ideológico signado por la Segunda Guerra Mundial. Se presta especial atención a distintos espacios de enunciación en los cuales los gobernantes desplegaron sus estrategias para argumentar la pertinencia del recurso a medidas autoritarias para dirimir conflictos sociales. Con ello, se busca detectar rasgos que permitan analizar la pervivencia de tradiciones institucionales autoritarias de largo aliento en un país que ha sido caracterizado históricamente solamente por los rasgos democráticos que lo diferencian del resto de América Latina.

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Texte intégral

Introducción

  • 1  El desarrollo de esta investigación es posible gracias al apoyo del Programa Regional de Becas Cla (...)
  • 2  Ver, entre otros, López Chirico, 1985; Amarillo, 1986; Rama, 1987; Gillespie, 1991; Costa Bonino, (...)

1En Uruguay, existe un fuerte consenso social e historiográfico en lo que respecta a las virtudes democráticas del país. Mayoritariamente, la producción académica enmarca el análisis de los rasgos autoritarios de su historia entre la década del 60’ y el fin de la dictadura cívico-militar. La tónica interpretativa general sitúa a mediados de los 50’ -con el inicio de la crisis económica- el comienzo de un proceso que culminó con la erosión del sistema político democrático-liberal conformado a principios del siglo XX1. En ese marco, los partidos políticos son presentados como incapaces de generar respuestas que permitieran hacer frente a las demandas sociales emergentes tras el desajuste económico. Así, queda habilitado el camino analítico que permite buscar las causas del golpe de estado de 1973 a partir de ese momento, no obstante, el período previo a la crisis permanece al margen de un análisis crítico en tal sentido. Los estudios aludidos2 destacan los elementos democráticos, consensuales y negociadores mediante los que se tramitaron los conflictos sociales en los 40-50 –ya sea porque los analizan explícitamente o porque éstos resaltan de forma implícita al plantear que fueron quebrados en el período posterior- y se omite el análisis de mecanismos de represión y control social a los que se apeló para asegurar la pervivencia del orden sociopolítico.

2El trabajo realizado por diversos cientistas sociales ha logrado, en los últimos años, instalar la necesidad de analizar el período dictatorial de los 70’ ya no como un paréntesis en la historia del país sino como el resultado de su propia historia. Sin embargo, los estudios siguen focalizándose en el análisis de las causas del golpe de Estado de 1973 con lo cual, el abordaje histórico continúa restringiéndose al período posterior a la década del 60’.

  • 3  Las medidas prontas de seguridad son la principal figura de excepción prevista por la Constitución (...)

3En este artículo proponemos analizar algunas estrategias, implementadas por actores gubernamentales, para enfrentar conflictos sociales en el Uruguay de mediados de siglo XX. Concretamente, las caracterizadas por el recurso a las medidas prontas de seguridad (MPS)3 como medio para mantener el orden interno y el control social. Si bien éstas no fueron una herramienta utilizada periódica y sistemáticamente por los distintos gobiernos a lo largo del siglo, existieron reiteradas ocasiones en que se sancionaron. Ello, hace que su estudio sea un aporte al conocimiento de ciertas tradiciones institucionales autoritarias y de las dinámicas represivas implementadas por el Estado uruguayo en el largo plazo. En esta instancia, proponemos abordar el problema a partir del posicionamiento que dos gobiernos, pertenecientes al mismo partido político, adoptaron en el marco de conflictos protagonizados por gremios o sindicatos. Primero, en 1946 y luego, en 1952.

4El objetivo, en primer lugar, es analizar el modo en que se realizó la construcción del conflicto social y la noción de peligrosidad por parte de integrantes del Poder Ejecutivo (PE) en ambas coyunturas; en segundo lugar, analizar las representaciones sociales que surgieron en el marco de los conflictos señalados referidas a cómo debían dirimirse los choques entre intereses disímiles y a quiénes eran considerados representantes legítimos de grupos sociales. En este punto, el marco de análisis está puesto en las argumentaciones públicas, en las consideraciones de quienes impulsaron la sanción de MPS y en sus interpretaciones sobre qué era legal y qué no.

Entre la dictadura y la democracia. Posicionamientos político partidarios a mediados del siglo XX

5Para comprender el mapa político de Uruguay a mediados del siglo XX, el sentido de varios planteos realizados en las discusiones parlamentarias que analizaremos y las constantes referencias a las implicancias que podían traer las MPS es necesario retrotraernos brevemente a las reconfiguraciones partidarias efectuadas tras el golpe de Estado de 1933.

  • 4  A partir de la Constitución de 1918, el Poder Ejecutivo quedó conformado por el Presidente de la R (...)
  • 5  El sector riverista fue una escisión del Partido Colorado que tuvo lugar a mediados de la década d (...)
  • 6  Sector liderado por Luis Alberto de Herrera.
  • 7  Sector batllista que tomó distancia del Presidente Terra.
  • 8  Sector conformado inicialmente en el interior del Partido Nacional luego de 1931.
  • 9  El Radicalismo Blanco, dirigido por Lorenzo Carnelli, junto con la Democracia Social, de Carlos Qu (...)
  • 10  Jacob, 1989.

6En marzo de 1933, el entonces presidente del Uruguay, Dr. Gabriel Terra, dictó MPS aduciendo la necesidad de poner un freno a las declaraciones aparecidas en diversos periódicos mediante las que se le adjudicaban intenciones dictatoriales. La Asamblea General resolvió no aprobar las medidas enviadas por el Poder Ejecutivo y, como consecuencia, éste disolvió el Consejo Nacional de Administración4 y el Parlamento. Terra actuaba con el apoyo, entre otros, del coloradismo riverista5 y el sector herrerista6 del Partido Nacional. Se inició a partir de ese momento un régimen dictatorial que perduró aproximadamente una década y que mostró cierta afinidad con las ideas fascistas. Hasta 1942, tanto batllistas “netos”7 como nacionalistas independientes8 y blancos radicales9 -principales impugnadores del gobierno de facto- se abstuvieron de participar en las elecciones e identificaron su accionar con la defensa de la democracia. Los restantes sectores opositores -comunistas, socialistas y cívicos- mantuvieron su participación electoral e incluso accedieron a bancas en la Cámara de Representantes tras las elecciones de 193410.

  • 11  Ver Frega y otros, 1987.
  • 12  Tanto el batllismo como el nacionalismo independiente se identificaron con el panamericanismo y la (...)
  • 13  Se denomina lema al partido político en su conjunto mientras que los sublemas son los distintos se (...)

7El régimen terrista se extendió hasta 1938, año en que fue electo presidente el general retirado Alfredo Baldomir. Con su gobierno, se inició tímidamente la restauración del régimen democrático11 y comenzó a resquebrajarse la alianza que sustentó al régimen previo. Las reconfiguraciones partidarias desembocaron en la ruptura del coloradismo oficialista con el herrerismo y en el paulatino acercamiento al batllismo. Este período de transición se caracterizó por la crítica y la deslegitimación del régimen precedente y por la presencia pública de una  retórica  caracterizada por la revalorización de la democracia. A su vez, ello estuvo en sintonía con el apoyo a la causa de los aliados, impulsado tanto por el gobierno como por los sectores políticos que hasta el momento se habían mantenido en la oposición12. Simultáneamente, el batllismo disidente abandonó su postura opositora y abstencionista mediante la reincorporación al lema Partido Colorado13. Por su parte, el nacionalismo independiente también se reincorporó a la vida electoral del país pero como un partido independiente, ya no como fracción del Partido Nacional.

8La Constitución sancionada bajo el régimen terrista había establecido la división del senado y de los ministerios exclusivamente entre los dos partidos más votados, que eran los colorados marzistas y el herrerismo. Hacia 1942, la negativa del último a reformar la carta magna -iniciativa impulsada por el gobierno-, su oposición a la política internacional pronorteamericana y una importante crisis ministerial tensaron la situación política a tal punto que el PE decidió ponerle fin mediante un golpe de Estado. A partir de ello, el Ejecutivo asumió el compromiso de reforma y de asegurar las elecciones que estaban previstas para noviembre de ese año. En esa oportunidad, el quiebre institucional contó también con el apoyo de colorados batllistas, nacionalistas independientes y comunistas.

9En 1942, el Partido Colorado concurrió a las elecciones con una fórmula apoyada tanto por el oficialismo colorado como por el batllismo: Amézaga como candidato a presidente y Alberto Guani como candidato a vicepresidente, ministro de RREE de Baldomir y ferviente partidario del alineamiento pronorteamericano del gobierno. A partir de este momento, el batllismo fue afianzándose en las esferas de gobierno y ganando cada vez más espacio en la interna del Partido Colorado, proceso que se concretó en 1946 con el triunfo electoral de la fórmula presidencial promovida por el sector: Berreta-Batlle Berres. A partir de ese momento y hasta 1951, el principal partido de oposición fue el Partido Nacional, controlado por el herrerismo. Los restantes partidos cuyos grados de crítica y afinidad con el gobierno colorado batllista variaron a lo largo -del período- fueron el Partido Nacional Independiente, la Unión Cívica, el Partido Comunista y el Partido Socialista.

10El gobierno conformado en 1943 reflejó los acuerdos políticos entre los sectores del Partido Colorado que apoyaron la fórmula ganadora. Posteriormente, hacia fines de 1945, tras denuncias de corrupción efectuadas por legisladores herreristas, se realizaron modificaciones en el gabinete ministerial con el objetivo de garantizar el respaldo de diversos sectores al PE. Así, se llevó adelante un nuevo acuerdo político que cristalizó en la modificación del cuerpo ministerial y el nacionalismo independiente pasó a integrar el PE a partir de aceptar la conducción de algunas carteras ministeriales.

11En 1951 tuvo lugar un nuevo acuerdo entre el Partido Colorado y el herrerismo para impulsar una reforma constitucional mediante la que se instauró un Ejecutivo colegiado (compuesto por nueve miembros) e integrado por los dos partidos políticos más votados. De esa manera, el herrerismo logró acceder al PE para ocupar los tres lugares reservados a la minoría.

1946. En defensa del abastecimiento/ Prevención antifascista

  • 14  Ver Ley N° 10.075 de 23 de octubre de 1941 en www.parlamento.gub.uy .

12Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los problemas de abastecimiento se convirtieron en una realidad constante que los distintos gobiernos debieron afrontar. En el caso de Uruguay, el gobierno de Baldomir tomó variadas medidas para asegurar el abastecimiento de productos básicos. Hacia 1941 se sancionó una ley que otorgaba al PE la potestad de regular, entre otras cosas, los precios de los artículos de primera necesidad y los precios del trigo destinado a la elaboración de pan.14

  • 15  Ver Diario de Sesiones de la Asamblea General (DSAG), Tomo XXIII, Sesión de los días  25 y -26 de (...)
  • 16  Ley N° 10.075.
  • 17  Decreto de 19 de julio de 1946, en RNLD, p. 792.
  • 18  Ibídem.

13En este contexto, tras un prolongado conflicto con los productores de pan, el PE sancionó MPS luego de que éstos decidieran cerrar sus establecimientos como medida de presión15. El Ejecutivo dispuso la intervención de las panaderías y esgrimió tres elementos que le permitieron insertar la medida tomada en el marco de la normatividad vigente. En primer lugar, destacó el carácter público del servicio que cumplían las panaderías aunque no estuvieran insertas en la órbita estatal y, como consecuencia, que debían acatar las disposiciones amparadas en la llamada ley de subsistencias16. La que fue presentada como “un régimen de medidas de seguridad en defensa de intereses de orden público”17; en segundo lugar, sostuvo que la suspensión de la producción de pan generaba el “riesgo de conmoción pública al privar arbitrariamente a la población de un alimento necesario”18. En tercer lugar, destacó como peligroso el hecho de que los patrones panaderos desobedecieron la autoridad estatal. De este modo, la medida de presión dispuesta por el gremio fue presentada como un hecho grave, por las consecuencias que podía generar; ilícito, por desconocer la autoridad y violento, por ser ilegal.

14La decisión de intervenir las panaderías –apoyada por los sectores del Partido Colorado que controlaban el Ejecutivo, por la Unión Cívica, el Partido Nacional Independiente y el Partido Socialista e impugnada por el herrerismo, el coloradismo independiente y el Partido Comunista- fue presentada como un acto de defensa, tanto de la población como de la autoridad gubernamental. Desde este punto de vista, el origen del relato y del problema fue el cierre de las panaderías. Se construyó la idea de una situación protagonizada por dos actores; uno agresor, el otro agredido. El primero -encarnado por los patrones panaderos-, acusado de poner en riesgo a la población tras tomar una medida que buscaba perjudicarla, de actuar movido por intereses particulares que no consideraban el bienestar común sino que lo ponían en peligro y de desconocer a la autoridad legalmente constituida. El segundo -el gobierno-, presentado simultáneamente como defensor del Estado y del pueblo; uno afectado por el desconocimiento de su normatividad y de la autoridad encargada de hacerla cumplir, el otro por la falta de pan. La intervención fue concebida como una reafirmación de la autoridad gubernamental, como una acción orientada a velar por un nosotros supuestamente perjudicado por una minoría. Las dos partes del conflicto fueron integradas en un esquema de inclusión y exclusión de un colectivo amplio y abstracto que apareció representado por el gobierno:

  • 19  Ministro del Interior, Dr. Juan José Carbajal Victorica en DSAG, Tomo XXIII, Sesión del 25-26 de j (...)

“La actitud asumida por los dirigentes del gremio de panaderos debe ser examinada en sus dos aspectos: actitud de desafío, de desobediencia a las autoridades y a las disposiciones que estas dictan conforme a la ley; en segundo lugar, el efecto de esa actitud, el privar de pan a la población. Quien proclama su desafío y su desobediencia a las autoridades asume una actitud ilícita, que cuando no es delito puede ser factor de perturbación del orden público que debe ser conjurado de inmediato.”19

15La autoridad estatal procedió, por un lado -a partir de mantener el control sobre la interpretación de los textos legales en la esfera pública-, a defender su competencia para pautar cuándo una acción podía desarrollarse según su adecuación o no a la norma. Por otro, a resguardar la exclusividad que el gobierno tenía de actuar por fuera de la ley argumentando que no se apartaba de ella en tanto la disposición de MPS era una atribución constitucional. Como consecuencia, en la medida en que el PE lograra establecer cuándo una acción social era contraria a las normas vigentes y establecer a partir de ello el límite que definía cuándo una acción se convertía en una amenaza, quedaba habilitado -dentro de su propia lógica- para tomar medidas que pusieran en suspenso el estado de derecho:

  • 20  Ministro del Interior, Dr. Juan José Carbajal Victorica en DSAG, Tomo XXIII, Sesión del 25-26 de j (...)

“Las medidas prontas de seguridad son esencialmente medidas de previsión. Se estableció en la Constitución esa competencia del Poder Ejecutivo para que tuviera el arma adecuada al fin de evitar las perturbaciones del orden público. Si prevé que se va a producir la agresión exterior o la conmoción pública interior, debe adoptar las medidas para impedir que se produzcan, en vez de actuar a posteriori, en un juego de represión, que siempre es de consecuencias desagradables. […] En nuestro caso, bajo la Constitución, conforme a las leyes, defendemos el interés público. Hay una cita predilecta en todos los que justifican graves medidas de seguridad de carácter político, que no pertenecen al ramo de las medidas de seguridad que hoy defiendo; es la frase de Montesquieu que dice: ‘A veces, los Estados, como los pueblos antiguos en los días de desgracia, deben poner velos sobre sus dioses y en las circunstancias extraordinarias que mueven esa competencia, defensiva, a veces es imprescindible en nombre del orden ponerle velos a la libertad’”20

16En el ámbito parlamentario, la mayoría de los actores buscaron encauzar el debate en términos de los derechos y obligaciones que las partes tenían dentro de los marcos jurídicos que las normas establecían según sus interpretaciones. Por un lado, quienes defendieron la intervención plantearon que la medida del gobierno era constitucional, ajustada a las normas de derecho y que respondía al proceder ilegal de los patrones panaderos en tanto generaba peligro de “conmoción pública”. Por otro lado, quienes eran contrarios a tal medida,  argumentaron que no existía ninguna conmoción y que por tanto no estaba configurada la situación que habilitaba al Ejecutivo a disponer medidas de seguridad, que el gobierno era el causante de haber llevado el conflicto a ese punto, que los patrones de panadería habían contado con el debido asesoramiento jurídico y que tenían derecho a disponer el cierre de los establecimientos.  

  • 21  La vinculación de ambos medios de prensa con los sectores políticos mencionados es totalmente expl (...)

17En el debate que se llevó adelante a través de la prensa, las argumentaciones de corte legalista estuvieron presentes y siguieron un criterio argumentativo similar al desplegado por los sectores oficialistas en el ámbito parlamentario. No obstante, hubo más espacio para desplegar las aristas político-partidarias del conflicto. Igualmente, en este punto pueden destacarse diferencias entre la postura adoptada por el diario más directamente comprometido con el sector gobernante mayoritario, el batllista El Día, y el vocero del nacionalismo independiente, El País, cuya participación directa en el Ejecutivo mediante la integración de algunos ministerios era más reciente.21

18Por su parte, El Día reprodujo la visión oficial del conflicto y destacó la medida de los patrones panaderos como una amenaza a la autoridad constituida, como una medida que perjudicaba directamente al pueblo, cuyas graves consecuencias justificaban plenamente las medidas sancionadas por el gobierno:

  • 22  El Día, Montevideo, 20 de julio de 1946, p. 7.

“… se trata de una posición capaz de producir conmoción pública, no sólo por los trastornos inmediatos que produciría en los recursos alimenticios de la población, sino también por el efecto psicológico a causarse en la gran masa consumidora. Se está, pues, ante un hecho que configura caracteres graves […] De acuerdo con el planteamiento extremo de esta cuestión por el que se enfrenta a toda la población y a las autoridades por parte de los panaderos con la amenaza de dejar al país sin pan […] resulta lógico que las autoridades nacionales enfrenten este caso excepcional adoptando medidas de emergencia dirigidas a tutelar tanto como el derecho y las necesidades del pueblo, la preservación del orden en las relaciones de capital, Estado y trabajo…”.22

19El País hizo explícito también su apoyo al proceder del gobierno. En el periódico se cuestionó la medida adoptada por los patrones panaderos, se la vinculó directamente con intereses políticos del herrerismo y también con el accionar de actores “falangistas” que, se suponía, operaban en contra del gobierno. De esta manera, se estableció un nexo entre la situación política nacional y el panorama internacional en lo que respecta a la construcción de una fuente de peligrosidad externa que podría llegar a explicar la adopción de medidas contrarias al bienestar general por parte de actores locales. Cabe resaltar que, simultáneamente, este medio de prensa impulsaba una ferviente defensa del alineamiento panamericano del país, que tenía en el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, el nacionalista independiente Eduardo Rodríguez Larreta, uno de sus defensores más visibles:

 “En forma reiterada y desde hace meses se pretende, por cualquier medio, perturbar el normal abastecimiento de la población, con miras a crear el clima propicio para los escándalos políticos destinados a desprestigiar el país y sus instituciones democráticas.

En íntima conexión con la prédica desorbitada de los caudillos herreristas, vienen actuando varios dirigentes patronales, que son los principales responsables de la absurda resolución adoptada ayer […].

  • 23  El País, Montevideo, 19 de julio de 1946, p. 3.

Fueron esos dirigentes patronales […] extranjeros, de conocida filiación ideológica falangista, quienes en delegación salieron hace algún tiempo fuera de fronteras en cumplimiento de las referidas maniobras.”23

1952. Por la salud de todos/ Contra el totalitarismo

20El crecimiento de la economía uruguaya en el período de la segunda posguerra fue óptimo. Sin embargo, la coyuntura enmarcada entre los años 1951 y 1952 evidenció serios problemas económicos generados como consecuencia de oscilaciones en los precios internacionales de los productos exportables y de tendencias inflacionistas en el mercado interno. Tal situación provocó un aumento del número de huelgas y de la conflictividad sindical. A lo largo de 1952 el país vivió reiterados conflictos entre los trabajadores y sus patrones, tanto públicos como privados.

  • 24  Ese año entró en vigencia una nueva Constitución que modificó, entre otras cosas, la conformación (...)
  • 25  Decreto de 20 de marzo de 1952, en RNLD, p. 368.

21En marzo de 195224 los trabajadores del Ministerio de Salud Pública se declararon en huelga y reclamaron que el Parlamento discutiera inmediatamente el proyecto de presupuesto que el anterior gobierno había presentado para esa repartición. Poco después, el Ejecutivo dispuso MPS arguyendo que la “actitud asumida por los funcionarios de Salud Pública, en el abandono de sus tareas” configuraba “un estado de conmoción interna y de subversión institucional, susceptible aún de agravarse”25. Se dispuso la intervención de los hospitales públicos por parte de efectivos del ejército; la prohibición de las reuniones públicas de los funcionarios en conflicto, de la difusión de información que promocionara la huelga y la suspensión de todos los trabajadores del Ministerio de Salud Pública que hubieran abandonado su trabajo –éstas fueron apoyadas por el batllismo, el herrerismo y, aunque con algunas críticas o distanciamientos, por otro sector del batllismo, del nacionalismo independiente y de la Unión Cívica; la oposición estuvo encabezada principalmente por el Partido Socialista y el Partido Comunista y el sector colorado riverista.

22El argumento central del gobierno se afirmó en el supuesto de que el desconocimiento de la autoridad estatal por parte de los funcionarios, quienes pretendían continuar con su trabajo pero bajo las órdenes del Comité de Huelga, generaba una situación de peligrosidad de tal magnitud que debía ser enfrentada rápida y enérgicamente. Las medidas de seguridad fueron presentadas como un acto de defensa del Estado, la Constitución, las leyes y el pueblo, en tanto se lo presentó como el creador de las anteriores. Según el Ejecutivo, la paralización de los servicios públicos podía dejar al gobierno en una situación de vulnerabilidad frente a potenciales intentos de derrocamiento y propiciar el surgimiento de un líder político identificado con el fascismo. Si bien uno de los legisladores que promovió la defensa de las medidas de seguridad identificó al comité de huelga con un Soviet, las referencias al peligro totalitario fascista fueron las que primaron en el correr de la discusión. Igualmente, el peligro de amenaza estaba identificado con el totalitarismo como fenómeno general y, según las particularidades de cada expositor, éste se corporizaba como fascismo o comunismo:

  • 26  Ministro del Interior, Dr. Antonio Fusco, en DSAG, Tomo XXVIII, Sesión del 21-22 de marzo de 1952, (...)

23“Señor presidente: el Gobierno de la República, gobierno auténticamente democrático, no permitirá que en este país se cree una situación que pueda servir para el advenimiento de un Mussolini. Eso es lo que ha hecho el gobierno con estas medidas de emergencia e irá con ellas hasta donde haya que llegar, porque si con éstas no basta, vendrá a dar cuenta a la Asamblea de todas las demás que corresponda adoptar.”26El posicionamiento adoptado por diversos medios de prensa reprodujo, en líneas generales la postura que los legisladores adoptaron en las discusiones llevadas adelante en la Asamblea General. En todos los periódicos se encaró el tema de la huelga de los funcionarios de Salud Pública teniendo en cuenta cómo esta se inscribía en el marco de la legalidad vigente. No obstante existieron matices diferenciadores.

  • 27  Desde hacía varios años existía una fuerte división en el interior del batllismo. Por un lado se e (...)
  • 28  El Día, Montevideo, 23 de marzo de 1952, p. 7.

En El Día27 se presentó a la huelga como una acción ilegal (al igual que en El País) y se justificó la pertinencia de las medidas de seguridad dictadas por el Ejecutivo haciendo uso de un lenguaje ceñido estrictamente a la terminología relacionada con la normativa: “Si hubiera un ejemplo para ilustrar el caso de ‘conmoción interior’ que la Constitución menciona como una de las eventualidades en que cabe recurrir a medidas prontas de seguridad, sería difícil hallar uno más adecuado que la alteración generalizada o la situación de los servicios de Salud Pública. La necesidad de recurrir a medidas prontas de seguridad surge frente a un riesgo inminente. […] La huelga iniciada por los funcionarios de Salud Pública implica riesgo de tal magnitud que encuadra perfectamente en las situaciones en las cuales es facultad del Poder Ejecutivo hacer lo necesario para cumplir con su deber, manteniendo el orden y la seguridad pública, orden y seguridad que no consisten meramente en impedir que haya tiros o pedradas por la calle, sino en hacer que se cumplan las leyes cuyo desconocimiento afectarían vitales intereses.”.28

  • 29  Fue una característica del batllismo liderado por Luis Batlle Berres hasta este momento su disposi (...)
  • 30  Acción, Montevideo, 21 de marzo de 1952, p. 3.
  • 31  Acción, Montevideo, 24 de marzo de 1952, p. 3.

24Desde una posición conciliadora con los trabajadores, Acción intentó mantener una postura más equidistante entre la decisión de los funcionarios y la del gobierno sin dejar de reivindicar por ello la institucionalidad vigente como medio para solucionar los conflictos sociales29. Si bien en distintas editoriales el diario planteó que confiaba en que el movimiento huelguístico buscaba atentar contra las instituciones constitucionales, advertía que los funcionarios estaban incurriendo en un error al presionar para que el Parlamento tratara un tema (como era el del presupuesto) en tiempos y mediante procedimientos que este no consideraba ajustados a los preceptos que regían su funcionamiento: “Nadie tiene el derecho de exigir mediante el uso de medios coactivos, que el Parlamento actúe al margen de las normas constitucionales. Quien así lo haga, cualquiera sea la institución, cualquiera sea el propósito, cualquiera sean las razones de las que se crean asistidos, está hiriendo de muerte la vigencia y el funcionamiento de las instituciones.”30 Así también, desde este medio de prensa se puso un freno a los alarmismos promovidos desde otros medios de prensa sobre posibles infiltraciones ideológicas en el movimiento de los funcionarios: “… Ahora insisten en conectar ese movimiento con los comunistas. Las pruebas que se adoptan son carteles de los comunistas que con fruición publican ‘El Día’ y ‘El Debate’. Ya lo hemos dicho más de una vez. Donde exista agitación social, los comunistas o los fascistas, tratarán de explotarla a su favor. Que los comunistas traten de sacar tajada, no quiere decir que maneje.”.31

  • 32  El Debate, Montevideo, 21 de marzo de 1952, p. 1.
  • 33  El Debate, Montevideo, 21 de marzo de 1952, p. 2.
  • 34  El Debate, Montevideo, 22 de marzo de 1952, p. 3.

25El herrerismo, en este momento integrante del PE, defendió intensamente las medidas tomadas por el gobierno. No obstante, El Debate mostró un matiz distinto con respecto a los diarios antes mencionados. Si bien hizo hincapié en el carácter ilegal que a su modo de ver tenía la huelga y en el objetivo que perseguía el Ejecutivo en lo que respecta a la defensa del orden legal, la acción de los funcionarios fue presentada principalmente como un ataque a la sociedad más que al Estado y sus instituciones. Desde ese lugar, la acción del gobierno parecía estar orientada principalmente a la defensa de aquélla. Así, en distintas instancias el medio tituló: “En defensa del orden público el gobierno enfrenta a la subversión”32, “El Conflicto de Salud Pública Pone En Peligro la Seguridad Colectiva”33, “En defensa de la sociedad”34.

Reflexiones para continuar

26El análisis realizado en las páginas precedentes pone a la luz ciertos elementos sustanciales para desplegar líneas analíticas que guíen etapas posteriores de la investigación.

27En primer lugar, es destacable el mecanismo que apareció reiteradamente en ambas coyunturas como elemento central de las argumentaciones que justificaron la pertinencia de sancionar MPS: la apelación a la idea del complot. Ésta, permitió crear un vínculo entre los enemigos internacionales y los actores políticos y sociales nacionales. En 1946, el vínculo se estableció entre el fascismo, el herrerismo y el gremio de industriales panaderos. En 1952, la tendencia mayoritaria fue a introducir el peligro fascista mediante la apelación a la idea de conformación de un potencial clima que podía desembocar en el advenimiento de un líder totalitario ejemplificado mediante la figura de Mussolini. Posteriormente, en ese mismo año, tras el resurgimiento de conflictos sindicales, algunos líderes políticos (el ex presidente Luis Batlle Berres) sugirieron la conexión entre el accionar de los sectores movilizados y agitadores políticos enviados por el gobierno peronista y sostuvieron que el herrerismo era afín a ellos. Más allá de lo anecdótico, cabe resaltar que, en 1952, fue muy evidente el recurso a la noción de totalitarismo como peligro y a la construcción de esa amenaza externa como orquestadora de la acción de los sindicatos; elemento que sirvió para abonar las sospechas sobre la acción de las instituciones colectivas conformadas por los trabajadores.

28En este punto, la influencia del contexto internacional parece haber sido decisiva puesto que en ambas coyunturas el factor destacado como más peligroso fue el fascismo. Si pensamos en el contexto mundial de la Segunda Guerra -que en Uruguay parecería haberse prolongado unos años más dada la presencia del régimen peronista- el tipo de argumentaciones cobra sentido ya que el trasfondo está signado por la defensa de la democracia en contra del totalitarismo, lo que permitió armonizar las medidas represivas tomadas por los distintos gobiernos con el posicionamiento que el país adoptó en el marco de ese conflicto mundial y en la región. De esa manera, los gobiernos podían disponer medidas que afectaran las garantías individuales o que afectaran a la oposición política sin dejar de ser, por ello, un estandarte de la defensa de los valores democráticos frente al resto del mundo.

29En segundo lugar, otro elemento a destacar, vinculado con el recurso a la idea de complot, es el constante repudio que los gobernantes mostraron ante la posibilidad de la movilización social y de la acción de los distintos actores sociales por fuera de los marcos de acción institucionales, es decir, los controlados por los partidos políticos. Esto evidencia una profunda concepción procedimental de la democracia entre los actores políticos y una arraigada concepción sobre quiénes eran los actores aceptados para actuar en representación de la sociedad y quiénes estaban habilitados para tomar parte en la resolución de conflictos sociales. En tal sentido, la defensa del monopolio de la representación social de los actores político-partidarios, designados en elecciones, fue un elemento que apareció con fuerza en las instancias analizadas. En este marco cobraron sentido las reiteradas alusiones a la defensa del gobierno, el Estado, la legalidad y las instituciones esgrimidas por los gobernantes. De ahí las reiteradas suspicacias frente a la acción de los sindicatos en tanto existía el temor de que estos se convirtiesen en enemigos al ser concebidos como vías de infiltración del peligro totalitario.

30En tercer lugar, es pertinente señalar y tener en cuenta para posteriores análisis las constantes referencias a la eventualidad de un desenlace dictatorial como consecuencia de que las medidas de seguridad fueran utilizadas por el PE para aumentar sus propias prerrogativas. La posibilidad de una dictadura en el horizonte de posibilidades que se abrían tras la adopción de este tipo de medidas, remitía incesantemente al período histórico comprendido entre 1933 y 1942. Las reminiscencias a un pasado autoritario aparecieron con mucha frecuencia en los debates analizados, lo cual evidencia la sedimentación de una experiencia social que, lejos de olvidarse rápidamente permaneció vigente y continuó manteniendo sentido durante varios años. En función de ello tal vez habría que repensar si las advertencias sobre posibles desencadenamientos de soluciones políticas autoritarias a partir de los 60’ fueron anuncios de lo que sucedería en la década posterior o interpretaciones sustentadas en experiencias históricas de un país que sufrió más de una experiencia autoritaria a lo largo del siglo XX.

31Como corolario de lo anterior, parecería posible plantear que no basta solamente con repensar el período histórico de los 60’-70’ y abordarlo bajo el supuesto de que no fue un paréntesis en la historia del país. Para analizar con mayores herramientas las particularidades de ese período, parece ser necesario hacer una revisión de diversos temas-problemas de la historia nacional en el largo plazo. Esto es, para analizar el impacto de la dictadura, del proceso previo a ella y sus singularidades, es necesario desarrollar una revisión de la historia nacional en su conjunto que preste atención y analice varios de los aspectos –más oscuros si se quiere- que han sido dejados de lado o tratados como excepciones hasta el momento.

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Bibliographie

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Notes

1  El desarrollo de esta investigación es posible gracias al apoyo del Programa Regional de Becas Clacso-Asdi. Una versión preliminar fue presentada en las II Jornadas Nacionales de Historia Social, La Falda, mayo de 2009. Agradezco los comentarios realizados por Osvaldo Barreneche y Lila Caimari ya que sugirieron líneas analíticas enriquecedoras para el desarrollo de la investigación. Los comentarios de Marina Franco fueron fundamentales para el armado de la presente versión. Cristiana Schettini fue, con sus pacientes comentarios, una gran ayuda en todo este tiempo. A ellas dos, mis afectuosos agradecimientos.

2  Ver, entre otros, López Chirico, 1985; Amarillo, 1986; Rama, 1987; Gillespie, 1991; Costa Bonino, 1985 y 1995; Nahum y otros, 1990; Caetano y Rilla, 2005.

3  Las medidas prontas de seguridad son la principal figura de excepción prevista por la Constitución nacional uruguaya. Da la potestad al Poder Ejecutivo de tomar medidas que entren en contradicción con el derecho positivo vigente en casos “graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior”, las que deben ser luego aprobadas por la Asamblea General.

4  A partir de la Constitución de 1918, el Poder Ejecutivo quedó conformado por el Presidente de la República y el Consejo Nacional de Administración. Éste, era un órgano colectivo integrado por nueve miembros, seis pertenecientes al partido más votado en las elecciones y tres al que le seguía en cantidad de votos. La presidencia de la República le correspondía a la fórmula presidencial más votada del partido más votado.

5  El sector riverista fue una escisión del Partido Colorado que tuvo lugar a mediados de la década de 1910 como consecuencia de las discusiones que en el partido se daban sobre la reforma constitucional. El sector, encabezado por Pedro Manini Ríos, era contrario a la iniciativa de Poder Ejecutivo colegiado que impulsaba José Batlle y Ordoñez.

6  Sector liderado por Luis Alberto de Herrera.

7  Sector batllista que tomó distancia del Presidente Terra.

8  Sector conformado inicialmente en el interior del Partido Nacional luego de 1931.

9  El Radicalismo Blanco, dirigido por Lorenzo Carnelli, junto con la Democracia Social, de Carlos Quijano, fueron sectores del Partido Nacional afines a las reformas económicas y sociales del primer batllismo.

10  Jacob, 1989.

11  Ver Frega y otros, 1987.

12  Tanto el batllismo como el nacionalismo independiente se identificaron con el panamericanismo y la idea de defensa de la democracia a nivel mundial. Ver, entre otros, Frega y otros, 1987; Caetano y Rilla, 2005; Rilla, 2008.

13  Se denomina lema al partido político en su conjunto mientras que los sublemas son los distintos sectores que lo integran. En esta época, cada sublema se podía presentar a las elecciones con una fórmula presidencial propia así como con sus candidatos a senadores y diputados. La fórmula presidencial ganadora era la perteneciente al sublema más votado del lema que, en su totalidad, había alcanzado más votos.

14  Ver Ley N° 10.075 de 23 de octubre de 1941 en www.parlamento.gub.uy .

15  Ver Diario de Sesiones de la Asamblea General (DSAG), Tomo XXIII, Sesión de los días  25 y -26 de julio de 1946;  El Día, julio de 1946; El País, julio de 1946.

16  Ley N° 10.075.

17  Decreto de 19 de julio de 1946, en RNLD, p. 792.

18  Ibídem.

19  Ministro del Interior, Dr. Juan José Carbajal Victorica en DSAG, Tomo XXIII, Sesión del 25-26 de julio de 1946, pp. 792-793.

20  Ministro del Interior, Dr. Juan José Carbajal Victorica en DSAG, Tomo XXIII, Sesión del 25-26 de julio de 1946, pp. 794-798.

21  La vinculación de ambos medios de prensa con los sectores políticos mencionados es totalmente explícita. Tanto en El Día como en El País, se difundía información sobre reuniones de las respectivas agrupaciones políticas y se reproducían las intervenciones parlamentarias de sus propios representantes.

22  El Día, Montevideo, 20 de julio de 1946, p. 7.

23  El País, Montevideo, 19 de julio de 1946, p. 3.

24  Ese año entró en vigencia una nueva Constitución que modificó, entre otras cosas, la conformación del Poder Ejecutivo. Éste se convirtió en un órgano colegiado llamado Consejo Nacional de Gobierno y estuvo integrado por nueve miembros, seis asignados al partido más votado en las elecciones y tres al que le seguía en cantidad de votos.

25  Decreto de 20 de marzo de 1952, en RNLD, p. 368.

26  Ministro del Interior, Dr. Antonio Fusco, en DSAG, Tomo XXVIII, Sesión del 21-22 de marzo de 1952, pp. 407-408.

27  Desde hacía varios años existía una fuerte división en el interior del batllismo. Por un lado se encontraba el sector liderado por los hijos de José Batlle y Ordóñes, los Batlle Pacheco y, por otro, el liderado por Luis Batlle Berres. Para este momento, El Día era expresión del primer sector, representado electoralmente por la lista 14. Batlle Berres, cuya participación en las elecciones era mediante la lista 15, había fundado su propio periódico, Acción, en 1948.

28  El Día, Montevideo, 23 de marzo de 1952, p. 7.

29  Fue una característica del batllismo liderado por Luis Batlle Berres hasta este momento su disposición a la negociación en casos de conflictividad social y su predisposición positiva frente a las demandas de los sectores trabajadores. Igualmente, cabe tener en cuenta que la responsabilidad sobre las modificaciones presupuestarias a partir de las cuales los trabajadores de Salud Pública iniciaron el conflicto, habían sido responsabilidad del anterior gobierno, presidido por Luis Batlle. No obstante, si bien desde este medio de prensa se adoptó tal postura, los representantes de la lista 15 que ocupaban bancas parlamentarias y ministerios apoyaron las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Al respecto ver además D’Elía, 1982.

30  Acción, Montevideo, 21 de marzo de 1952, p. 3.

31  Acción, Montevideo, 24 de marzo de 1952, p. 3.

32  El Debate, Montevideo, 21 de marzo de 1952, p. 1.

33  El Debate, Montevideo, 21 de marzo de 1952, p. 2.

34  El Debate, Montevideo, 22 de marzo de 1952, p. 3.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mariana Iglesias, « En procura del orden interno: sentidos y estrategias en torno a la sanción de medidas de excepción en el Uruguay de mediados del siglo XX », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Questions du temps présent, mis en ligne le 08 septembre 2009, consulté le 22 novembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/56848 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.56848

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