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Celeste Schnyder

Democratización subnacional a la luz de los usos políticos del poder de policía del estado santiagueño durante el juarismo, 1995-2004

Extracto de la tesis defendida el 5 de octubre de 2011 en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, ante el tribunal constituido por la Dra. María Matilde Ollier (UNSAM), Dr. Gabriel Vommaro (UNGS) y Dr. Carlos Zurita (UNSE). Directora de tesis, Dra. Cecilia Lesgart (UNR/CONICET).
[29/03/2012]

Résumés

This thesis analyzes the relationship between politics and violence in democracy and contrast to the particular uses and meanings of institutional violence present in the political practices of a political regime: the Juarismo in Santiago del Estero between 1995 and 2004. We argue that the functioning of democratic political regime does not mean that politicians and police to articulate, through the state, violent practices that challenge its legality and legitimacy.
The liberal thought in the second half of XX century has neglected the analysis of violence as a component of power relations in the democratic politics. Studies of democratization in sub-national level were subsumed in the categories produced to think the national political regime, and were focused on domination types or the political regime. Santiago del Estero´s case indicates that the practices of institutional violence have been one of the elements that helped to structure the political bond.
We studied the practices of institutional violence through the analysis of state police power focusing on the police and intelligence agency. We address the formation of informal and hidden links between PJ-Juarista leaders and police that enable the use of DIP to carry out surveillance practices and political discipline.

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Texte intégral

1Desde su restitución luego de las dictaduras instaladas en las décadas del ’60 y ’70 del siglo XX en América del Sur, la democratización ha sido uno de los principales ejes de reflexión de las ciencias sociales. Mientras que en los 80´ la preocupación fue la transición a la democracia, en la década siguiente fue la consolidación de sus instituciones, en los albores del siglo XXI comenzó a enfocarse en la desigualdad del proceso de democratización dentro de los territorios nacionales. Así, la política comparada ha incorporado el estudio de las democracias provinciales e inclusive del llamado “autoritarismo sub-nacional” a su agenda de investigación. La atención estuvo centrada en el funcionamiento del régimen político, sin embargo y pese a su rol decisivo en la conformación de los procesos autoritarios y la articulación de violencia política en la región, el Estado ha sido el gran ausente en estos estudios. Nos proponemos problematizar la democratización de un régimen político de una provincia del norte argentino considerado como un caso de autoritarismo sub-nacional, el juarismo en Santiago del Estero, desde la perspectiva del poder de policía de su Estado provincial.

2¿Porqué estudiar el Estado? No solo porque su sistema legal promulga los derechos y libertades que garantizan la vigencia del régimen democrático, sino también porque detenta un poder de policía, es decir, un conjunto de prerrogativas que, con el fin de preservar el orden público, le permiten limitar libertades públicas y derechos individuales. Si bien el monopolio de la violencia física legítima es su atributo constitutivo, las burocracias que la ejecutan –ejército y policía-, lejos de ser ámbitos regulados por la racionalidad weberiana y el desinterés de sus funcionarios, reconocen historicidades específicas, tradiciones institucionales, intereses particulares que guían las prácticas de los agentes que las encarnan. Se debe añadir que, en sistemas federales como el argentino, las elites políticas provinciales han jugado diferentes roles respecto de las burocracias estatales. En ese sentido es significativo que, pese a su participación en la represión ilegal durante la última dictadura, la mayoría de los gobiernos provinciales no introdujeron reformas que democraticen sus policías. Este trabajo propone caracterizar el poder de policía del Estado santiagueño, materializado en la ley orgánica de su policía y en particular de su órgano de inteligencia: el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) o D-2, y sus principales usos políticosdurante los gobiernos del juarismo entre 1995-2004 a partir de material periodístico, documentos policiales y entrevistas con agentes de policía.

  • 1  Russo, Juan, “La alternancia imperfecta”, en Revista Estudios Sociales. Santa Fe: Nº 23, año XIII, (...)
  • 2  Ibid.

3 Santiago del Estero integró el conjunto de provincias argentinas que, entre 1983 y 1999, exhibió un sistema de partidos predominante peronista y una media de apoyo electoral del 51%1. La continuidad no se registró sólo a nivel del sistema de partidos sino también de liderazgos políticos en los ejecutivos provinciales, como los caudillos tradicionales o las llamadas “familias políticas” que hegemonizaron por largos periodos la competencia política y “colonizaron” las estructuras administrativas provinciales2 permitiéndoles adquirir un rol gravitante en la estructuración de las prácticas políticas. En el caso santiagueño la fuerza política liderada por Carlos Juárez, el juarismo, fue gobierno en 1949, 1973, 1983, 1995, 1999, 2002 hasta que, en el año 2004, el presidente de la nación Néstor Kirchner ordenó la Intervención Federal como consecuencia de la crisis institucional desatada por la protesta social y las repercusiones de la investigación judicial de los asesinatos de dos jóvenes mujeres por los cuales fueron procesados funcionarios, policías y uno de los secretarios de inteligencia de la provincia. El caudillo fue procesado en las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato entre 1973-1976 y por espionaje ilegal. La provincia comparte un conjunto de rasgos comunes con otras provincias del norte: una estructura económica poco diversificada, altamente dependiente de los fondos de coparticipación federal, en la que la administración pública constituye la principal fuente de empleo; la permanencia de represores en gobiernos democráticos ejerciendo cargos políticos o funciones de seguridad; la continuidad de burocracias policiales íntimamente ligadas a la represión ilegal durante la última dictadura militar. Conocer la política santiagueña puede contribuir a iluminar el modo cómo se estructura y practica la política cotidiana en provincias con características análogas.

4Este artículo está organizado en tres apartados. En el primero abordamos el proceso de expansión del poder de policía del estado nacional y su impacto en la militarización de las policías provinciales durante las dictaduras que asolaron la región en las décadas del ’60 y ’70 del siglo XX. En ese contexto situamos la creación del DIP en la provincia. En el segundo apartado analizamos el poder de policía del estado santiagueño centrándonos en las funciones y facultades de la policía, en especial de su órgano de inteligencia política. A continuación indagamos los usos políticos del DIP a partir de la descripción de los mecanismos de vigilancia y modalidades de archivo. Por último presentamos algunas consideraciones acerca de la democratización en los niveles sub-nacionales.

1. Dictadura, expansión del poder de policía y militarización de las policías

  • 3  Tiscornia Sofía, “Entre el imperio del Estado de Policía y los límites del derecho. Seguridad Ciud (...)
  • 4  Tiscornia Sofía, “Límites al poder de policía. El activismo del derecho internacional de los derec (...)
  • 5  Ugarte, José Manuel, “Los conceptos de defensa y seguridad en América Latina: sus peculiaridades r (...)
  • 6  Un antecedente de militarización y subordinación de las policías provinciales a las Fuerzas Armada (...)
  • 7  Tiscornia, Sofía y Oliveira, Alicia, “Estructuras y prácticas de las policías en Argentina. Las re (...)

5Poder de policía es una noción de cuño foucaultiana empleada para señalar la expansión del poder administrativo coactivo del Estado sobre el campo social con el fin de conservar el “buen orden”. La expansión en América Latina del poder policial estuvo orientada, más que a moldear subjetividades y cuerpos dóciles para el trabajo fabril como en Europa, a la edificación de la nación en el siglo XIX y la defensa de la seguridad nacional en el siglo XX3. Como técnica de gobierno propia del Estado, el poder de policía se ha traducido, entre otras manifestaciones, en las leyes orgánicas de la policía4. Con la instalación de las dictaduras en el Cono Sur en las décadas del ’60 y ’70 del siglo XX, los gobiernos militares introdujeron modificaciones orgánico – funcionales en las instituciones policiales acordes a las nuevas nociones de defensa y seguridad impuestas por la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN)5 que impulsaron la militarización de los distintos órganos represivos del Estado. Las modificaciones realizadas en este periodo subordinaron a las policías provinciales a los objetivos castrenses de lucha contra el movimiento comunista internacional, los movimientos guerrilleros y preservación del orden interno6. La homogeneización de las leyes orgánicas de las policías provinciales permitió su articulación al esquema represivo de la Junta Militar. La normativa legal y reglamentaria incorporaba criterios castrenses en la formación y adiestramiento de los agentes, en la organización y funciones de la institución configurando un modelo policial militarizado7.

  • 8  “El poder policíaco debe actuar «sobre todo»: no es en absoluto, sin embargo, la totalidad del Est (...)
  • 9  Para una genealogía de la institución policial en Latinoamérica consultar Saín, Marcelo, El leviat (...)
  • 10  La policía secreta del régimen nacionalsocialista es un ejemplo paradigmático de ello.

6El mantenimiento del orden público es una de las funciones constitutivas de las policías. Fue el centro de las preocupaciones de la “ciencia policial” del siglo XVII al punto que la institución policial nació, en los siglos XVIII y XIX, con un carácter co-extensivo al cuerpo social8. La reforma liberal de la institución de fines del siglo XIX y principios del XX produjo una minimización de sus funciones, la legalización de sus intervenciones y erigió a la policía en la única agencia habilitada para aplicar la ley9. La policía quedó configurada como una institución especializada y como uno de los órganos que detenta el monopolio estatal de la violencia legítima. Sin embargo, esto no impidió que desempeñara funciones extra-legales10. Aunque esta reforma acotó sus campos de intervención, la policía moderna conservó el mantenimiento del orden público y el control del delito como sus dos funciones básicas.

  • 11  “La categoría de delincuente no incluye solamente a aquellas personas que atentan contra la vida o (...)
  • 12  Pita, María Victoria, Lo infinitamente pequeño del poder político. Policía y contravenciones en el (...)
  • 13  Oliveira y Tiscornia, Ob. Cit, 1997; Pita, Ob. Cit, 2003; Frederic, Sabina y Saín, Marcelo Fabián, (...)

7En América Latina esta expresión ha estado asociada a los procesos autoritarios dado que la restauración del orden fue una de las justificaciones para la instalación de las dictaduras. El restablecimiento del orden, asimilado a la defensa de la seguridad nacional, implicaba el combate de la delincuencia subversiva que, además del disciplinamiento social, supuso la eliminación física de los actores sociales y políticos caracterizados como tales11. Así, la noción de orden público estuvo más asociada a la represión que a la protección de los derechos y las libertades ciudadanas12. Estos procesos fueron configurando una policía más proclive a la protección de los intereses del poder, que de los derechos y libertades ciudadanas13.

  • 14  El subrayado es nuestro. Saín, Ob. Cit, 2008, p.131.

“Las instituciones policiales de nuestro país, lejos de constituirse como policías civiles y ciudadanas, fueron conformándose como guardianes del orden político y del disciplinamiento social y como policías militarizadas y estatalistas, más sensibles a las orientaciones e intereses de los gobiernos de turno y al control social disciplinante”14

  • 15  A partir de 1930 se produjo una militarización de la vida política que fue inescindible de la poli (...)
  • 16  Pese que la Intervención Federal sancionó en noviembre de 2004 la Ley Nº 6689 aún no entró en vige (...)
  • 17  Como antecedentes de policías políticas en la provincia pudimos identificar la Dirección Provincia (...)
  • 18  Franco, Marina, “La "seguridad nacional" como política estatal en la Argentina de los años setenta (...)

8En  este contexto, la creación del DIP en la policía de Santiago del Estero fue una expresión local de un proceso regional de militarización de la política y, en particular, de las fuerzas de seguridad en la segunda mitad del siglo XX15. La estructura orgánica de la policía provincial fue adquirida en 1971 mediante un decreto-ley del gobernador de facto Jensen Viano, que fue reemplazado por la Ley Orgánica Nº 4793 de 1979 que continúa a la fecha continúa vigente16. El DIP, órgano de inteligencia policial, fue creado por el decreto de 1971, ratificado en 1974 por decreto del gobernador constitucional Carlos Juárez tras suscribir, a fines de 1973, el “Acta de compromiso de la seguridad nacional”17. Esta fijaba mecanismos de coordinación entre las fuerzas de seguridad nacional y provinciales para la intervención inmediata en caso de actos definidos como delictivos o atentatorios contra el orden público18. En términos de poder de policía, el D-2 constituyó un instrumento institucional para el control político e ideológico y la represión de aquellas actividades políticas consideradas amenazantes o atentatorias del orden público.

  • 19  Las policías de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, a partir de la segunda mitad de la déca (...)

9Este organismo existe en la estructura burocrática de cada policía provincial y tuvo un desempeño similar en relación a la represión ilegal durante la última dictadura. El informe Nunca Más elaborado por la CONADEP identificó como centros clandestinos de detención los D-2 de las policías de Córdoba, Mendoza, Misiones, San Juan, Jujuy y Santiago del Estero. En la actualidad está siendo investigada la participación del D-2 en actividades represivas durante la dictadura en el marco de los juicios que se están desarrollando en las provincias de Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Tucumán y Santiago del Estero. Aunque en el debate sobre la seguridad ciudadana existe consenso en torno al problema de la militarización de las instituciones policiales, los programas de reformas en marcha no han tenido en cuenta la reforma de dicho organismo19. La permanencia post-dictadura de las facultades policiales instituidas en función de una noción de orden que diera lugar a intervenciones violentas en los ’70, fue una herramienta institucional disponible para el uso de los distintos gobiernos postdictadura.

2. El Estado santiagueño a la luz de su poder policial: entre el control del delito y control disciplinante

  • 20  Art. 1 del Cap. I de la Ley Orgánica Nº 4793.
  • 21  Esta condición determinó el procesamiento de Carlos Juárez por la desaparición de personas ejecuta (...)

10La Ley Orgánica Nº 4793 de 1979 define a la policía provincial como una “institución civil armada que tiene a cargo el mantenimiento del orden público, la seguridad general, colaborando con la obtención de la paz social”20. Recibe las directivas del Ejecutivo a través de su Ministerio de Gobierno21 y tiene la atribución de:

“Procurar el mantenimiento del orden público, la represión de la delincuencia subversiva, la preservación de la seguridad pública y la represión de los delitos y faltas” (art. 15, Cap. IV “Atribuciones y Obligaciones”).

  • 22  Art. 17 del Cap. IV “Atribuciones y Obligaciones” del Reglamento de la Ley Orgánica Nº 4793.

11En función de Policía Judicial la institución desempeña tareas atinentes a su carácter de auxiliar permanente de la administración de justicia en relación a delitos y faltas. Por ejemplo, investigar y reprimir delitos, realizar pericias, detener personas con orden de detención o de comparendo, perseguir y detener prófugos de la Justicia o de otras policías provinciales o nacionales, elaborar prontuarios, secuestrar efectos de delitos o instrumentos para consumarlos22. Todas estas tareas se encuentran encuadradas por el derecho y son ejecutadas bajo los parámetros establecidos por los procedimientos legales para cada caso.

12En cambio, en su función de Policía de Seguridad la institución debe atender una amplia gama de asuntos a fin de:

“Prevenir y reprimir toda perturbación del orden público, enfatizando especialmente en garantizar la tranquilidad de los pobladores, seguridad de las personas y proteger los bienes públicos y privados” (Art. 16, inc. 1. Cap. IV “Atribuciones y Obligaciones”, Ley Orgánica Nº 4793)

  • 23  Rico, José María, “El poder discrecional de la policía y su control” en Rico, José María, (comp), (...)

13El problema es que, en general, dichos asuntos no constituyen delitos por lo que los agentes carecen de un marco legal que regule y fije procedimientos para la intervención, dando lugar a una cuota de discrecionalidad en la práctica policial23. Por ejemplo, la policía puede:

“Detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes […] Inspeccionar los vehículos en la vía pública, talleres, garajes y locales de ventas. Así también hoteles, casas de hospedaje y establecimientos afines […] Reprimir las contravenciones y faltas a fin de preservar la moralidad, salubridad y seguridad de la población […] asegurar el desarrollo normal de los espectáculos […] Mantener el orden en las elecciones Nacionales, Provinciales y Municipales […] Intervenir mediante el control respectivo en la venta, tenencia, portación, transporte y demás actos que se realicen con armas de fuego, municiones y explosivos […] Recoger los presuntos alienados que se encuentren en lugares públicos y entregarlos a parientes, curadores o guardadores […] En igual forma deberá proceder con los alcohólicos crónicos o toxicómanos o adictos a estupefacientes que pudieran dañar su salud y la de terceros o afecten la tranquilidad pública […] Asegurar los bienes dejados por desaparición, alienación o fallecimiento del propietario sin derecho habientes conocidos […] Proteger a los desvalidos, impedidos, abandonados e incapaces […] Dictar las medidas preventivas y determinar la organización de los servicios de lucha contra el fuego y otros estragos” (Art. 16, inc. 2 a 16, Cap. IV “Atribuciones y Obligaciones”, Ley Orgánica Nº 4793).

14Esta diversidad de asuntos no delictivos vinculados con la moralidad y salubridad pública que quedan constituidos en materia policial es una manifestación de la expansión sobre el campo social propia de la Policía Moderna. Pero además refleja la pretensión de control social impuesta por la noción de seguridad interna propagada por la DSN, legalizada por los gobiernos dictatoriales y heredada por los gobiernos democráticos.

3. Arquitectura de un dispositivo de vigilancia política: función, facultades y organización interna del DIP

  • 24  Capítulo III de la Ley Nº 4793. Posteriormente fue creado el D-6 Depto. de Investigaciones (Delito (...)

15La estructura orgánica de la policía se compone de cinco departamentos cuyos jefes integran la Plana Mayor. Cada uno es designado con una D y un número que jerarquiza su importancia dentro de la estructura de la fuerza: D-1 es Personal, D-2 es Informaciones de la Policía (DIP), D-3 Operaciones, D-4 Logística y D-5 Judicial24.

16En el plano normativo el D-2 tiene las siguientes competencias:

  • 25  Artículo Nº 175 del Reglamento de la Ley Orgánica Nº 4793 de la Policía de Santiago del Estero.

“Dirigir la reunión de información, procesarla, evaluarla y difundirla en la medida correspondiente, programando las acciones a adoptarse en lo que a su especialidad respecta, y realizar tareas de contra-inteligencia y la confección de los anexos y/o apartados correspondientes a su Jefatura de los planes y órdenes del Jefe de Policía”25 (art. 175, Cap. III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nº 4793).

  • 26  La Brigada “funcionará también como órgano de la Policía Judicial y Administrativa y para los caso (...)

17Cuenta con un organismo de ejecución, la Brigada de Investigaciones, que “actuará como organismo secreto de comando especializado y tecnificado, a fin de prevenir y reprimir el delito organizado”26. Sus competencias son:

“1) Prevenir y reprimir los delitos y las faltas, 2) Perseguir y detener a los prófugos de la justicia, 3) Proteger a los incapaces, 4) Asegurar los bienes dejados por desaparecidos, alienación o fallecimientos de sus propietarios y recoger a los perdidos y abandonados, 5) Preservar el orden público, 6) Detener a las personas con fines de investigación, conocer sus antecedentes, medios de vida o cuando se nieguen a identificarse en un todo de acuerdo a lo normado por el artículo 13º de la Ley Orgánica, 7) Disponer la realización de pericias técnicas que la investigación del delito requiera, 8) Vigilar, registrar y calificar a las personas o entes colectivos dedicados o sospechosos de sus presuntas actividades ilícitas, conforme a sus “modus operando”, 9) Controlar el movimiento de pasajeros de hoteles y toda otra casa de hospedaje, 10) Toda otra función por las leyes relativas a la policía de seguridad o necesarias para el cumplimiento de su función” (art. 175, Cap. III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nº 4793).

  • 27  En este punto cabe aclarar que el reglamento del D-2 de la policía provincial, como del resto de l (...)

18Surge una clara división del trabajo: las tareas relativas a la reunión y organización de la información y las tareas de inteligencia para producir información. Pese al carácter refractario que reviste el organismo, reconstruimos su organización interna y funciones a partir de entrevistas con informantes calificados de la policía y el análisis de documentos internos del departamento27.

19Por un lado el D-2 tiene a su cargo la reunión de toda información específica que permita satisfacer las necesidades del Departamento. Debe registrar, clasificar, archivar las noticias, datos, informes relacionados con actividades delictivas provinciales que puedan satisfacer requerimientos de otros organismos provinciales o del Estado. Para ello contaba con:

201) Sala de Situación a cargo de las tareas de: a) llevar actualizada la carta de situación general de toda la provincia y de todas aquellas cartas de situación particular de cada asunto de competencia del DIP, b) proponer las directivas y órdenes a las que se ajustarán los órganos de informaciones de las unidades regionales y comisarias, c) confeccionar y mantener actualizadas las fichas de referencia que complementen la carta de situación.

212) Sala Explotación de Prensa a cargo de las tareas de: a) efectuar la explotación de prensa de las publicaciones que se editen en el ámbito provincial y todas aquellas que hagan referencia a asuntos de competencia de la provincia, b) proporcionar a la sección de archivos todos los antecedentes que se obtengan sobre personas y/o asuntos que sean competencia del DIP, c) llevar un registro actualizado de todas las publicaciones que se editen en el ámbito provincial, d) archivar las publicaciones que se exploten.

223) Sala de Operaciones Especiales a cargo de las tareas de: a) proponer la organización y conducir el servicio secreto encargado de satisfacer determinadas necesidades informativas, b) confeccionar y mantener actualizado los registros y legajos de confidentes y colaboradores, c) realizar investigaciones de lealtad y detección de elementos disconformes dentro de las propias tropas policiales.

234) Sección de Archivos a cargo de las tareas de a) organizar y mantener actualizado el fichero general y el archivo de informaciones de la división, b) reunir, clasificar y registrar las informaciones recibidas, c) redactar los documentos de información que deba confeccionar la división, d) solicitar los antecedentes de personas y/o asuntos a otros organismos provinciales o nacionales, como así también los escalones subordinados, e) redactar informes sobre personas o asuntos para responder a pedidos de antecedentes formulados por la propia repartición u otros organismos provinciales y/o nacionales.

24Para las tareas de contra-inteligencia el D-2 contaba con una “cadena de informaciones” integrada por las “unidades regionales, comisarias y sub-comisarias [que] deberán contar con una dependencia afín con las actividades que realiza el DIP” y asignar “personal policial que manifiesta una actitud especial para tareas informativas”. Reproducimos algunos de los principales puntos que debían tenerse en cuenta:

PUNTO UNO. Cada Unidad Regional, Comisaria y Sub-comisaria, deberán contar, por lo menos con 2 hombres para cumplir la labor de información, quienes deben mantener absoluta reserva en su trabajo, concientizarse de la misión que cumple, tener en cuenta la forma de realizar ambientales y de contestar los pedidos de antecedentes[…]
PUNTO DOS. La información debe ser rápida y oportuna, debiendo participar al DIP (D-2) en forma simultánea a la comunicación de sus órganos director, y facilitar de esta manera una evacuación clara y concisa de la situación que se informe […]
PUNTO 3. Llevar actualizado el panorama en relación a delitos comunes, actividades subversivas, asuntos políticos, gremiales, estudiantiles, migratorios, turísticos, etc., que tengan repercusión en la jurisdicción y por ende en el ámbito provincial[…]
PUNTO 4. Estos informes que son volcados en panoramas diarios, deben ser profundamente analizados de inmediato e informar, y no limitarse a poner “sin novedad” en todos los rubros, recordando el estricto cumplimiento que ello debe ocurrir a diario y en término[…]
PUNTO 8. Tener debidamente conformados los puntos estratégicos de la jurisdicción, como así, aquellos domicilios que por sus antecedentes, se crea conveniente una observación que se determine[…]
PUNTO NUEVE. Debe tenerse en cuenta, que una novedad o información, que aparentemente carezca de importancia, al ser analizado en el DIP (D-2), pueda resultar fundamental para el estudio del hombre de inteligencia, siempre y cuando la información, tenga la valoración que a criterio del informante y la procedencia de la fuente de información […]
PUNTO DIEZ. Recordar que el DIP (D-2) desarrolla actividades las 24 horas del día, de manera tal, que cualquier información llega en forma inmediata al conocimiento de la superioridad” (el resaltado con negrita es nuestro).

  • 28  “Datos que deben reunir las unidades policiales de la Capital e interior de la provincia” en Docum (...)

25Este conjunto de directivas ilustra el contenido que, de modo abstracto y elusivo la Ley Orgánica de la Policía enuncia como la “especialidad” o “asunto de competencia” del D-2. Dejando a un lado el delito común (cuya prevención justifica la existencia de las tareas de inteligencia), la especialidad del D-2 consiste en realizar tareas de contra-inteligencia respecto de lo que se define como “actividades subversivas” y los “asuntos políticos, gremiales, estudiantiles, migratorios, turísticos”. Respecto de los asuntos políticos y sociales encontramos una lista amplia de instituciones sobre las cuales cada dependencia integrante de la cadena de información debe recabar datos: nómina de autoridades, integrantes de sus comisiones directivas, sus direcciones y números de documento. El listado tiene un carácter general e incluye autoridades y organismos de diferentes áreas del sector público, organizaciones de la sociedad civil, religiosas, gremiales y profesionales, medios de comunicación, entre otras. El objetivo de relevar la mayor cantidad posible de actividades, esas “cosas de cada instante” que decía Foucault, responde a la directiva que cualquier “novedad o información, que aparentemente carezca de importancia (…) pueda resultar fundamental para el estudio del hombre de inteligencia”28.  

4. Usos del poder policial del Estado durante el Juarismo (1995-2004)

  • 29  “Informe reservado. Una investigación sobre los servicios de inteligencia de la provincia”. Suplem (...)

26Pese a que el DIP es un órgano estrictamente policial, el juarismo pudo articular distintos usos políticos a partir de la creación, en julio de 1995, de la Dirección General de Seguridad (DGS). Este órgano político tuvo la función de relevar información necesaria para las tareas de gobierno para las cuales se valió de la infraestructura del DIP29. Conformada por una Sub-Secretaría de Informaciones Policiales y una Sub-Secretaría de Seguridad, fueron designados en su dirección dos represores: el Crio. (r) Antonio Musa Azar y el Mayor (r) Jorge D´amico, respectivamente.

  • 30  Al respecto un entrevistado refirió que “el que manejaba la fuerza era Musa Azar. Era el que más p (...)
  • 31  Nos referimos a Daniel Enrique Dichiara desaparecido el 9/08/1976 y a Julio César Salomón desapare (...)

27Durante el periodo analizado encontramos que Musa Azar, pese a estar ya retirado de la fuerza, decidía respecto de designaciones, ascensos y retiros dentro de la policía30. Su carrera policial estuvo estrechamente vinculada con el Juarismo: había ingresado a la fuerza en 1956 y fue designado en el DIP en 1972 pero con la llegada de Juárez al gobierno fue becado para entrenarse en la Escuela de Guerra del Ejército en 1974. A su regreso, fue ascendido a Jefe del DIP en enero de 1975, designado Jefe de la Superintendencia de Seguridad y promovido al rango de Comisario. Durante la dictadura fue ratificado en su cargo y ascendido a Comisario General. Fue identificado como represor por la CONADEP, procesado y detenido por secuestro y desaparición de dos ciudadanos santiagueños por la Justicia provincial en 198431. Tras ser beneficiado por la Ley de Obediencia Debida retornó a la función pública el 19 de julio de 1995 como Sub-Secretario de Informaciones del cuarto mandato de Juárez. A fines del año 2003 fue imputado y detenido en el marco de la megacausa 9002 que investiga 45 detenciones ilegales y 14 desapariciones en el periodo 1973-1976 y 40 casos de detenciones y 17 desapariciones durante la dictadura. En 2010 fue condenado por la desaparición de Cecilio Kamenetzky el 9/08/1976.

28Partimos de indagar en la práctica cotidiana de los agentes durante el periodo analizado. Encontramos que el trabajo dentro del DIP, si bien siguió patrones estandarizados configurados a lo largo de sus años de funcionamiento del organismo, a la vez se caracterizó por la desprofesionalización de sus agentes y una alta cuota de discrecionalidad en la práctica policial.

29Por un lado, los agentes entrevistados reconocen la existencia de un “modelo de trabajo”consistente en“detectar cualquier tipo de conflicto” en los ámbitos político, gremial, religioso, cultural, estudiantil y “desarticular cualquier situación contraria al régimen”. La reproducción del control político, naturalizada como una tarea “absolutamente normal, lógica y obligatoria en todas las policías”, forma parte de una representación negativa de la participación política y la movilización social que permanece vigente, pese a la democratización del régimen político, en la institución. El conflicto, más que una expresión propia de la política democrática, representaba una posible amenaza al orden político en el universo simbólico de los agentes.

30Si bien estaba claro para los agentes porque las normativas internas y la tradición institucional así lo señalaba que los “blancos” a vigilar eran los actores políticos y sociales, por otro lado, señalan la ausencia de instrucciones sobre qué aspectos de sus actividades vigilar y de un entrenamiento específico para las tareas de espionaje.

31La ausencia de instrucciones tuvo como contrapartida el seguimiento de “todos los detalles de la vida privada o social del tipo”. Esto abrió un marco de discrecionalidad para la práctica policial dentro del D-2. Es decir, los actores disponen de un amplio margen de iniciativa y decisión personal en relación con aspectos que no están estricta y específicamente regulados por las reglas legales (Rico, 1983 citado en Saín, 2008:105).

32En rigor, existe un conflicto entre el reglamento del D-2 sancionado por un gobierno de facto y las garantías contenidas en los capítulos 1 y 2 de la Constitución Nacional en las que se basa la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. La ambigüedad producida por este conflicto se presenta en la práctica laboral de los agentes que señalan “no hay una reglamentación clara” al tiempo que reconocen que la función formal del D-2 contradecía la legalidad: “el espionaje, si vos te vas a regir por la ley, no está permitido. Nosotros podemos actuar digamos en la vida privada de las personas o de las instituciones únicamente con orden exclusiva de un juez. Pero que es lo que pasa… para que suceda eso el hecho tiene que estar ya explotado, tiene que haber dejado de ser latente”.

  • 32  Ampliar en Godoy, Mariana, “El PJ-juarista en la espesura del régimen. Un mapa de la estructura pa (...)
  • 33  “Existen numerosos casos de personal que ingresó a la fuerza sin cumplir todos los requisitos bási (...)
  • 34  “Es indudable que no existe profesionalismo en la Policía santiagueña. Ello como consecuencia de l (...)
  • 35  El entrevistado cita un ejemplo: “no es que vos vas y dices “yo soy policía”… no. Sino que por ahí (...)

33A la discrecionalidad y la ambigüedad normativa se añade la desprofesionalización de los agentes que se desempeñaban en el D-2. Esto tuvo una doble causa. Por un lado, la particular dinámica partidaria desplegada por el juarismo permitió que sus dirigentes controlaran las designaciones, ascensos y retiros en cargos en la administración pública provincial32, incluida la institución policial33. El ingreso a la fuerza, muchas veces como una alternativa laboral a la desocupación, estuvo fuertemente condicionado por la presentación de avales políticos, obtenidos generalmente como resultado del “trabajo político” dentro de las redes partidarias, en detrimento de postulantes formados y con vocación34. Pero, por otro lado, la institución tampoco ofrecía entrenamiento específico para las tareas de inteligencia tal como describe uno de los agentes “cuando ingresé me dijeron, “vos vas a trabajar con este” y yo seguía los pasos de ese […] no había una instrucción fehaciente,  no había preparación, era improvisar. Si vos eras caradura bien, ahora si vos eras medio apichonado, te cagabas de infeliz! Encima no se podía venir sin nada”. La falta de capacitación debía ser sustituida por habilidades individuales como la creatividad, la extroversión, la picardía, la audacia para poder llevar adelante el trabajo35.

34Bajo la injerencia de Musa Azar el trabajo del DIP estuvo orientado predominantemente al control político. El objetivo de “tener la información de dirigentes, de políticos, de cualquier persona que le interesaba al gobierno” era “saber qué tipo de actividad estaba desarrollando, a qué signo político pertenecía, en que cosas turbias o no andaban”. Se trataba de determinar “si estaba o continuaba activamente trabajando en política para el oficialismo o no, si se ha pasado de bando, si cometían como ellos llamaban algún acto de traición que era ir en contra del pensamiento de ellos”.

35El control político demandó el desarrollo de mecanismos de vigilancia y de un registro documental.

5. Mecanismos de vigilancia y modalidades de archivo

36La compleja red de vigilancia del DIP pudo sostenerse por la cooperación entre los canales formales policiales y las redes informales del partido juarista. Entre los canales formales del D-2 encontramos:

  • 36  “Informe reservado. Una investigación sobre los servicios de inteligencia de la provincia”. Suplem (...)

37a) la cadena de información integrada por las Unidades Regionales, Comisarias y Sub-comisarias de todo el territorio provincial. Cada una debía producir un “panorama diario” donde se registrara toda actividad, información o rumor relativo a actividades subversivas, asuntos políticos, gremiales, estudiantiles, etc. Dicho informe debía ser elevado al Jefe del D-2. Ejemplos de organizaciones identificadas como subversivas fueron el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Coordinadora de Desocupados y Sub-ocupados36.

38b) la Sala de Explotación de Prensa realizaba el relevamiento diario de información sobre la actividad de partidos políticos, gremios y asociaciones profesionales y organizaciones sociales publicadas en distintas fuentes públicas y oficiales. La información era clasificada por rubros y archivada en legajos personales o carpetas de cada departamento de la provincia. A partir del análisis de la información se identificaban situaciones probables, potenciales o latentes de conflictos, elaboraban hipótesis de conflicto acerca de “que es lo que puede pasar y si tienen connotaciones políticas, de qué manera le puede afectar o no al gobierno, si hay un trasfondo político o no”.

39c) El “servicio de calle” producía información a partir de a) la infiltración en instancias de participación colectivas y/o de carácter público como actos, asambleas, reuniones, movilizaciones, manifestaciones, conferencias de prensa, charlas, disertaciones, congresos, etc. de partidos políticos, gremios, organizaciones sociales. La información es producida a través de la observación directa y la recopilación de documentación como la prensa partidaria, panfletos, revistas; b) el seguimiento de “objetivos individuales” como funcionarios públicos, referentes, dirigentes, autoridades de organizaciones partidarias, políticas, sociales, gremiales. La información podía ser obtenida a través de la observación directa, escuchas telefónicas, filmaciones, fotografías, charlas con informantes ocasionales. Tanto la información producida como la documentación eran archivadas en legajos personales.

  • 37  “Tanto la subsecretaría como el D-2 se apoyan en una red de informantes a los que la subsecretaría (...)
  • 38  “nos llegaba la información por el temor y por querer acomodarse, me entiendes?(…) te pasaban info (...)

40Otro canal de información fueron las redes informales del partido juarista. Distinguimos los informantes rentados financiados por la Subsecretaría de Informaciones que desempeñaban funciones como empleados en distintas áreas de la administración pública37, de los informantes informales que aportaban datos de modo intermitente, en general bajo la modalidad del chisme, el rumor, la delación38. Estos fueron recursos estratégicos para la competencia y las disputas de posiciones de poder dentro del partido. La gama de colaboradores que se pueden identificar en las entrevistas es amplia e incluyó: a) altos funcionarios de distintos estamentos del Estado (como jueces, ministros, diputados), b) empleados de diferentes categorías de la administración pública, c) dirigentes, referentes y militantes de las redes partidarias, d) dirigentes gremiales afines con el juarismo.

41La confluencia entre el trabajo del D-2 y la cooperación informal de actores civiles, políticos y partidarios dio lugar a una compleja red de vigilancia, con controles verticales y horizontales, que colocó a los distintos actores del juarismo en un doble registro de relaciones: quien era informante podía ser también delatado.

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42El archivo, ubicado en el mismo edificio donde funcionaba el D-239, quedó al descubierto luego de una serie de allanamientos ordenados en el año 200440. Allí desempeñaban funciones apenas 30 agentes en contraste con los cerca de 40 mil legajos de espionaje archivados en 20 ficheros metálicos. La Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos de Santiago del Estero que participó de los allanamientos señaló que algunos de ellos registraban actividad desde 1962, otros de 1952 e inclusive en 194841. Los legajos contienen información referida a los datos de identificación, actividad laboral, ideología política, detalles de la vida privada y social de funcionarios, dirigentes políticos y sociales, sindicales, periodistas, religiosos, profesionales y ciudadanos en general. Mientras que los legajos conforman elemento de prueba de la causa judicial por espionaje político, el edificio ha sido recuperado como un lugar de memoria en el que funciona actualmente una Biblioteca Pública de Derechos Humanos.

43Podemos identificar diferentes modalidades de archivo:

  • 42  Art.237 del Reglamento de Ley Nº 4794 de Generalidades para el personal policial.

44a) legajos personales que reunían: a) documentación, en general, recortes periodísticos provistos por la Sala de Explotación de Prensa, b) Informes ambientales sobre “las condiciones morales y el concepto que goza” la persona en base a la averiguación encubierta de la conducta, comportamiento, relaciones y hábitos sociales42, c) Informes de calle resultante de la infiltración, seguimientos, escuchas telefónicas.

45b) panorama ambiental diario constituido por los Informes Diarios elevados por las unidades regionales, comisarias, sub-comisarias integrantes de la cadena de información. Estos registran la actividad producida en el “factor político”, el “factor gremial”, el “factor social” y en el “factor varios” como resultado de la infiltración y/o de seguimientos.

46c) carpetas departamentales que compilaban recortes periodísticos provistos por la Sala de Explotación de Prensa con publicaciones relativas al “factor político”, el “factor gremial”, el “factor social” producidas en cada departamento.

47En cambio, los rumores y los chismes aportados por los informantes desde las redes partidarias no se constituían en informes. Su principal función fue la de originar el requerimiento de un informe ambiental de la persona acusada por el rumor.

48Aunque el contenido de los informes podía ser inexacto, su origen policial lo convertía en una prueba documental oficial utilizada como un medio para construir a la persona espiada como sospechosa, siendo la pertenencia política o la demostración de lealtad partidaria los aspectos evaluados. “si te tenían ubicado como que pertenecías a un determinado signo político, como que sos radical o que este es socialista, te marcaban (…) si protestabas te consideraban como un rebelde, como que querías desestabilizar al gobierno y te marcaban […] querían saber si realmente estas con ellos o bajo el poncho estás haciendo algún acto de traición, trabajando para otras personas que no son del mismo partido”.

49Pero los informes también fueron un fin en sí mismo: “Juárez si quería saber de un fulano de tal o por ejemplo si quería joder a algún ministro le pedía a Musa que le arme algo, le decía a este liquídalo, entonces, Musa le inventaba una historia”. La efectividad de los informes radicaba, antes que en la veracidad de la información, en su capacidad de rotular como “enemigo” o “traidor” a la persona espiada.

50Referentes de las distintas organizaciones sociales a los que pudimos entrevistar han expresado que, a causa de su actividad, han experimentado desde “aprietes” policiales, seguimientos, intervención de sus líneas telefónicas, amenazas de despidos en el caso de quienes eran empleados del Estado, hasta denuncias judiciales. Como es de esperar, no existen registros oficiales que permitan constatar la cantidad de casos de violencia física que involucraran a agentes estatales. Esta invisibilización tuvo su contrapartida en la creación de la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos del Obispado en 1997. En su Informe de Situación de los Derechos Humanos (2003) preparado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que de las 225 denuncias recibidas entre 1999 y 2003, un 36 % involucraba a la policía y un 25% al PJ. De los casos denunciados un 27 % correspondía a apremios ilegales, torturas, violencia policial y penintenciaria; un 19 % a abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público; un 17% a discriminación; un 14% a impunidad, inseguridad jurídica y personal, inacción policial y judicial, un 11% corresponde a asesinatos y desapariciones, un 9% a persecuciones política, gremial, policial, amenazas y un 2% a privación ilegítima de la libertad. La violencia física fue una manifestación extrema e intermitente surgida de un trasfondo de prácticas de disciplinamiento regulares presentes en los intercambios cotidianos al interior del juarismo.

6. Consideraciones finales

51Nos propusimos problematizar el problema de la democratización desde una perspectiva centrada en el Estado y su poder de policía como alternativa de análisis a los enfoques que privilegian el funcionamiento de las instituciones del régimen político. Desde un estudio de caso, el juarismo en Santiago del Estero, indagamos las funciones y facultades formales de la policía, en especial, del DIP para iluminar la persistencia de un modelo policial militarizado en el seno de la burocracia de un Estado que se reivindica como de Derecho pero sigue conservando prerrogativas que fueron sancionadas por los gobiernos de facto para el control político e ideológico de la sociedad civil. Esta herramienta institucional, disponible desde 1971 para los diferentes gobiernos, ha recibido distintos usos. Mientras que en los años 70´ el D-2 estuvo orientado predominantemente hacia la represión de la llamada “delincuencia subversiva”, en décadas siguientes viró hacia el control político, tal como quedó confirmado por el archivo de legajos de espionaje político allanados en el año 2004.

52Los usos políticos del DIP nos enfrentan a la coexistencia conflictiva al interior del Estado entre una burocracia policial orientada al control político y su sistema legal que garantiza las libertades públicas y que hacen al régimen democrático. La legalidad formal de una ley de la dictadura carente de legitimidad democrática y en contradicción con las garantías constitucionales ha revestido de un halo de ambigüedad al trabajo cotidiano del DIP que favoreció a la discrecionalidad de sus intervenciones como a la clandestinidad de sus procedimientos de espionaje.

53El recorrido realizado a través de un estudio de caso nos permitió mostrar que la instalación del régimen democrático en el nivel nacional no ha sido concomitante con una democratización en todas las dimensiones del Estado, ni en todos los territorios provinciales. El carácter paradojal que asume el monopolio de la violencia estatal en la provincia ha repercutido en la persistencia de mecanismos de control político y en la formación de un espacio público refractario a la expresión pública de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y en la desarticulación de la movilización del tejido social heterogéneo. Sin embargo, los estudios sobre autoritarismo en los niveles sub-nacionales centrados en la falta de alternancia partidaria, el desequilibrio en la relación de fuerzas entre partidos, la falta de independencia de los poderes republicanos, permanecen indiferentes a los mecanismos de control político que se pueden articular desde la burocracia estatal.

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Bibliographie

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Fuentes

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Informe de Situación de los Derechos Humanos. Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos del Obispado de Santiago del Estero, 2003.

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Archivo del diario provincial El Liberal.

Archivo del diario nacional Página 12.

Documento interno del D-2 de la Policía de Santiago del Estero “Directivas para las Unidades Regionales, Comisarias y Sub-comisarias”.

Ley Orgánica Nº 4793

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Notes

1  Russo, Juan, “La alternancia imperfecta”, en Revista Estudios Sociales. Santa Fe: Nº 23, año XIII, p. 9-30. ISSN 0327-4934

2  Ibid.

3  Tiscornia Sofía, “Entre el imperio del Estado de Policía y los límites del derecho. Seguridad Ciudadana y policía en Argentina” en Nueva Sociedad, Buenos Aires: Nº191, mayo / junio, 2004, p. 78-89. ISSN: 0251-3552.

4  Tiscornia Sofía, “Límites al poder de policía. El activismo del derecho internacional de los derechos humanos y el caso Walter Bulacio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en Tiscornia, Sofía y Pita, María Victoria (ed.), Derechos Humanos, tribunales y policía en Argentina y Brasil. Estudios de antropología jurídica. Buenos Aires: Colección Antropología Social. Instituto de Ciencias Antropológicas, UBA, 2004, p. 41-68.

5  Ugarte, José Manuel, “Los conceptos de defensa y seguridad en América Latina: sus peculiaridades respecto de los vigentes en otras regiones, y las consecuencias políticas de tales peculiaridades”. LASA, 2001. En línea: http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/UgarteJoseManuel.pdf

6  Un antecedente de militarización y subordinación de las policías provinciales a las Fuerzas Armadas es el plan CONINTES de marzo de 1960. Con el re-establecimiento de la democracia en 1983, se dictaron nuevas leyes de Defensa Nacional (Ley 23.554) y Seguridad Interior (24.059) que produjeron una diferenciación entre ambos conceptos que fueron unificados por la DSN. Palmieri, Gustavo, “Normativa y estructura de los organismos de seguridad pública interior”, documento de trabajo del Seminario de control democrático de los organismos de seguridad interior en la República Argentina. Buenos Aires: CELS, 1997, p. 7-24.

7  Tiscornia, Sofía y Oliveira, Alicia, “Estructuras y prácticas de las policías en Argentina. Las redes de la ilegalidad”, documento de trabajo del Seminario sobre Control democrático de los organismos de seguridad interior en la república Argentina. Buenos Aires: CELS, 1997, p. 57-99.

8  “El poder policíaco debe actuar «sobre todo»: no es en absoluto, sin embargo, la totalidad del Estado ni del reino, como cuerpo visible e invisible del monarca; es el polvo de los acontecimientos, de las acciones, de las conductas, de las opiniones- «todo lo que pasa»-; el objeto de la policía son esas «cosas de cada instante»” Foucault, Michel, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. 2º edición, 1º reimpresión, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008, 359 p. ISBN 978-987-629-057-9

9  Para una genealogía de la institución policial en Latinoamérica consultar Saín, Marcelo, El leviatán azul. Política y policía en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 328 p. ISBN 978-987-629-030-2; Sozzo, Máximo, “Usos de la Violencia y construcción de la actividad policial en Argentina”, en Gayol, Sandra y Kessler, Gabriel (Comp.), Violencias, Delitos y Justicias en la Argentina. Buenos Aires: Manantial - Universidad Nacional de General Sarmiento, 2002, 358 p. ISBN 987-500-073-6.

10  La policía secreta del régimen nacionalsocialista es un ejemplo paradigmático de ello.

11  “La categoría de delincuente no incluye solamente a aquellas personas que atentan contra la vida o  propiedad de otras, sino también, llegado el caso, a opositores o disidentes políticos y sociales, a grupos que defienden sus derechos ciudadanos, a los jóvenes en general, a personas indocumentadas migrantes pobres de países vecinos, a homosexuales y travestis y, en general, a amplios sectores que ejercen, para la subsistencia, una serie de trabajos tales como venta ambulantes, puestos callejeros, etc.”. Oliveira, Alicia y Tiscornia, Sofía, Ob. Cit, 1997, p. 62.

12  Pita, María Victoria, Lo infinitamente pequeño del poder político. Policía y contravenciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tesis de Maestría en Administración Pública, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. 2003.

13  Oliveira y Tiscornia, Ob. Cit, 1997; Pita, Ob. Cit, 2003; Frederic, Sabina y Saín, Marcelo Fabián, “Profesionalización y reforma policial: concepciones sobre las prácticas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, en Álvarez, Alejandro, Estado, democracia y seguridad ciudadana. Aportes para el debate. Buenos Aires: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008, p. 221-242, ISBN 978-987-22328-7-0.

14  El subrayado es nuestro. Saín, Ob. Cit, 2008, p.131.

15  A partir de 1930 se produjo una militarización de la vida política que fue inescindible de la politización del Ejército. Rouquié, Alain, Poder militar y sociedad política en Argentina. Buenos Aires: Emecé, Vol. 2, 1982, 450 p. ISBN 950-614-532-8.

16  Pese que la Intervención Federal sancionó en noviembre de 2004 la Ley Nº 6689 aún no entró en vigencia.

17  Como antecedentes de policías políticas en la provincia pudimos identificar la Dirección Provincial de Defensa Nacional; la División de Investigaciones y la Inspección General de Jefaturas Políticas creadas en 1950 durante el primer mandato de Carlos Juárez.

18  Franco, Marina, “La "seguridad nacional" como política estatal en la Argentina de los años setenta” en Antíteses, Brasil: Universidade Estadual de Londrina, vol. 2, núm. 4, p. 857-885, ISSN 1984-3356

19  Las policías de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, a partir de la segunda mitad de la década del 90´, afrontaron una serie de reformas institucionales vinculadas al gobierno y control de las policías; las instancias de participación ciudadana en el diseño de la actividad policial; la organización de las policías en razón de su especialización, centralización o descentralización; y los elementos del perfil profesional. Ampliar en Saín, Marcelo, Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina. Buenos Aires: FCE, 2002, 158 p. ISBN: 9505575165; González Gustavo, “Intentos de reformas policiales en Argentina: los casos de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires”, en Dammert, Lucía y Bailey, John (coord.), Seguridad y reforma policial en las Américas: experiencias y desafíos. México: Siglo XXI, 2005, 379 p. ISBN 968-23-2605-2

20  Art. 1 del Cap. I de la Ley Orgánica Nº 4793.

21  Esta condición determinó el procesamiento de Carlos Juárez por la desaparición de personas ejecutada por la D-2 entre 1973 y 1976.

22  Art. 17 del Cap. IV “Atribuciones y Obligaciones” del Reglamento de la Ley Orgánica Nº 4793.

23  Rico, José María, “El poder discrecional de la policía y su control” en Rico, José María, (comp), Policía y sociedad democrática. Madrid: Alianza Editorial, 1983, p. 211-233, ISBN 978-842-062-357-3

24  Capítulo III de la Ley Nº 4793. Posteriormente fue creado el D-6 Depto. de Investigaciones (Delitos Comunes).

25  Artículo Nº 175 del Reglamento de la Ley Orgánica Nº 4793 de la Policía de Santiago del Estero.

26  La Brigada “funcionará también como órgano de la Policía Judicial y Administrativa y para los casos que provengan de propia acción o reciban mandato del Jefe de Policía”.

27  En este punto cabe aclarar que el reglamento del D-2 de la policía provincial, como del resto de las provincias, tiene carácter reservado. Por esa razón y por el código de secreto que existe en la cultura institucional no pudimos acceder al mismo. La descripción que aquí presentamos fue reconstruida a través de entrevista con un agente que se desempeña desde 1983 en la dependencia, del análisis del documento interno “Directivas para las Unidades Regionales, Comisarias y Sub-comisarias” del D-2 e informes periodísticos.

28  “Datos que deben reunir las unidades policiales de la Capital e interior de la provincia” en Documento interno del D-2.

29  “Informe reservado. Una investigación sobre los servicios de inteligencia de la provincia”. Suplemento del diario El Liberal Investiga Nº1. 19 de mayo de 2000.

30  Al respecto un entrevistado refirió que “el que manejaba la fuerza era Musa Azar. Era el que más poder tenía que el otro dentro de la institución, porque D´amico manejaba la parte política como seguimientos políticos, movimientos políticos, esas cosas. Musa Azar manejaba eso pero aparte la institución”. En el mismo sentido “la situación de la Policía de la Provincia no puede ser abordada sin comprender el papel dramáticamente clave que el Crio. (R) Musa Azar ha cumplido en la organización y doctrina de la fuerza”. Informe Santiago, Secretaría Nacional de Derechos Humanos, 2003, p. 3.

31  Nos referimos a Daniel Enrique Dichiara desaparecido el 9/08/1976 y a Julio César Salomón desaparecido el 24/03/76.

32  Ampliar en Godoy, Mariana, “El PJ-juarista en la espesura del régimen. Un mapa de la estructura partidaria para ir hacia las prácticas” y Vommaro, Gabriel, “Redes políticas y redes territoriales en la construcción del posjuarismo”, en Silveti, María Isabel (comp), El protector ilustre y su régimen: redes políticas y protesta en el ocaso del juarismo”. Santiago del Estero: Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2009, 232 p., ISBN 978-987-05-6170-5.

33  “Existen numerosos casos de personal que ingresó a la fuerza sin cumplir todos los requisitos básicos. Además el acceso a los ascensos tanto para los suboficiales como para los oficiales, está muy mediado por padrinazgos y lealtades”. Informe Santiago, 2003.

El Reglamento de la Ley Nº 4794 de Generalidades para el Personal Policial, establece que el ingreso del personal está supeditado a la aprobación de los cursos de capacitación dictados en la Escuela de Policía.  

34  “Es indudable que no existe profesionalismo en la Policía santiagueña. Ello como consecuencia de la violación a la Ley de Generalidades 4794 de parte del Gobernador de la Provincia. Existen nombramientos en el cargo de Agente de Policía de personas que no están debidamente formados, y sin el correspondiente examen psico-físico. Tanto al ingreso a la Institución Policial, como durante su función, no se les hace una adecuada práctica de tiro, no se verifican los antecedentes familiares y socio-ambientales de los postulantes, pareciera que sólo importa la militancia partidaria de estos y sus familias”. Informe sobre Derechos Humanos en Santiago del Estero de la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos. Obispado de Santiago del Estero, p.3.  

35  El entrevistado cita un ejemplo: “no es que vos vas y dices “yo soy policía”… no. Sino que por ahí metías alguna novia, algún amigo, que se yo, o sino esperabas que termine y bueno utilizabas tu astucia para saber que era más o menos lo que se había tratado, el tema de la reunión”.

36  “Informe reservado. Una investigación sobre los servicios de inteligencia de la provincia”. Suplemento El Liberal Investiga Nº1. 19 de mayo de 2000.

37  “Tanto la subsecretaría como el D-2 se apoyan en una red de informantes a los que la subsecretaría paga un sueldo y que abarca todos los ámbitos de la administración pública y de la sociedad: hay docentes, empleados del IPVU, de Defensa Civil, de la Secretaría de la Gobernación y hasta periodistas (…) sus sueldos según fuentes cercanas a este organismo, oscilan entre 500, 1000, 1500 y 2000 pesos de acuerdo a la jerarquía y de la información que se pueda aportar”. “Informe reservado. Una investigación sobre los servicios de inteligencia de la provincia”. Suplemento El Liberal Investiga Nº1. 19 de mayo de 2000

38  “nos llegaba la información por el temor y por querer acomodarse, me entiendes?(…) te pasaban información la misma gente amiga del que iba a padecer el castigo, me entiendes? y así nosotros no necesitábamos tener un aparato, es más, no costaba mucho tema”.

39  Una casa residencial de dos plantas ubicada en el macrocentro de la ciudad sin ningún tipo de identificación externa.

40  El primer allanamiento en el archivo del D-2 fue realizado el 6 de marzo tras el recurso de habeas data presentado por dos particulares. Al día siguiente se produjo un segundo allanamiento ordenado por la Justicia Federal en el marco de la causa por espionaje político. El segundo procedimiento fue monitoreado por organizaciones de derechos humanos y ex presos políticos y la Oficina Anti-impunidad.

41  La Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos de Santiago del Estero tiene en su poder los legajos de los detenidos y desaparecidos que constituyen un documento de prueba en el marco de la causa 9003.

42  Art.237 del Reglamento de Ley Nº 4794 de Generalidades para el personal policial.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Celeste Schnyder, « Democratización subnacional a la luz de los usos políticos del poder de policía del estado santiagueño durante el juarismo, 1995-2004 », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Extraits de thèses, mis en ligne le 29 mars 2012, consulté le 24 novembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/62810 ; DOI : https://doi.org/10.4000/nuevomundo.62810

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Auteur

Celeste Schnyder

Dra. en Ciencia Política. Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. E-mail: celesteschnyder@gmail.com

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