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Paulo Román Margaría et Celeste Schnyder

La política bajo sospecha. Regularidades y reformulaciones de la vigilancia política en Argentina: la policía de Santiago del Estero

Politics under suspicion. Regularities and reformulations on political surveillance in Argentina: the police of Santiago del Estero
[11/06/2015]

Résumés

Pese al cambio de régimen político y la recuperación del Estado de Derecho permanecieron organismos de espionaje político-ideológico en el ámbito de las fuerzas policiales argentinas. A partir del caso de un organismo de inteligencia policial de una provincia del norte argentino, indagamos en las regularidades y reformulaciones en las lógicas de clasificación y modalidades de intervención policial empleadas para la gestión del orden político en diferentes momentos político-institucionales que atravesó el país en la segunda mitad del siglo XX. El análisis de informes de inteligencia pertenecientes al Departamento de Informaciones Policiales de Santiago del Estero, activo desde la década del 50 hasta el año 2004, aportó elementos para poner en cuestión las miradas dicotómicas sobre el pasado reciente argentino que oponen autoritarismo-democracia, violencia-política y fuerzas de seguridad-sociedad civil. Los archivos de la represión son la expresión material de la institucionalización, más allá de las fronteras entre regímenes políticos, de una lógica estatal que encuentra en el control político-ideológico una herramienta de preservación del orden establecido.

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Introducción

  • 1 Galeano, Diego (2007) “En nombre de la seguridad: Lecturas sobre policía y formación estatal” en Cu (...)
  • 2 Chiarini, Sebastián y Portugheis, Rosa, Plan Conintes, Represión Política y sindical, Ciudad Autóno (...)

1El D2, código con el cual es identificado el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) dentro de las policías provinciales, fue uno de los dispositivos que integró la trama represiva articulada por el Estado argentino bajo los gobiernos militares y civiles de la segunda mitad del SXX. Si bien el proceso por el cual la vigilancia política se constituyó en una función policial trasciende a los gobiernos del periodo, fue con la difusión continental de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y la Doctrina de Contrainsurgencia (DC) que la inteligencia se convirtió en un recurso estratégico en la lucha contra el enemigo interno. Sus postulados respecto de la guerra revolucionaria aportaron a la base doctrinaria sobre la que se edificó el plan CONINTES (1958-1962) y posteriormente la Ley de Defensa Nacional (1967) que subordinaron a las policías al control y objetivos represivos de las Fuerzas Armadas. En ese contexto fueron sancionadas las primeras leyes orgánicas policiales que establecían la creación de un departamento especial con funciones de contrainteligencia: el DIP. Aunque la vigilancia política había sido una función que las policías desarrollaron desde su nacimiento como institución, acentuándose a partir del régimen conservador de la década del 301, la investigación, infiltración y persecución de los militantes políticos y/o sindicales pasó a ser la tarea prioritaria en la segunda mitad del siglo XX2.

2La restitución del Estado de Derecho y la institucionalización del régimen democrático no impidieron que durante varios años el D2 siguiera en funciones en policías como las de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, entre otras. A lo largo de estas décadas fue derogada la ley de Defensa Nacional que hacía de la política interior una hipótesis de trabajo de las Fuerzas Armadas y fue sancionada la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 (2001) que prohibía el control ideológico de la población, sin embargo en las provincias no se registran avances significativos en relación a la ilegalización de la vigilancia política.

3La actividad de este tipo de organismo diseñado para la espía y represión de la población en la postdictadura abre interrogantes sobre las condiciones que hicieron posible su permanencia, así como también sobre el sentido de sus prácticas dentro de un contexto histórico – político donde los principios de respeto a las libertades públicas y garantías individuales han resignificado los límites del conflicto político en democracia.

  • 3 El archivo fue allanado en marzo del año 2004 por orden de la justicia federal y provincial, hallán (...)

4A través de un estudio de caso el artículo indaga en las continuidades y reformulaciones en las actividades de inteligencia desarrolladas en Santiago del Estero por un organismo policial que comenzó a funcionar formalmente como DIP en 1972 hasta la fecha de su clausura en el año 20043. La continuidad de las actividades del D2 santiagueño a través de las distintas experiencias políticas e institucionales que tuvieron lugar en nuestro país entre 1973-2004, permite observar las líneas de continuidad, de ruptura y de reformulación entre el llamado “pasado reciente” y el presente, entre el autoritarismo y la democracia.

5El artículo parte de una reconstrucción del contexto histórico en el que fueron creados los distintos servicios de inteligencia y el D2 santiagueño en particular, teniendo en cuenta la trama normativa e institucional que convirtió a la política interior en objeto de la vigilancia policial. Continúa con una revisión de las principales redefiniciones legales e institucionales en torno a la seguridad interior ocurridas luego de la recuperación democrática para problematizar en qué medida éstas han permitido o no la desarticulación de la actividad de inteligencia en la provincia. Sostenemos que las políticas que fueron implementadas para desmilitarizar las instituciones policiales se han focalizado en el gobierno político y un modelo de organización comunitario, descuidando los dispositivos de vigilancia política articulados en base a la noción de enemigo interno. Por medio del análisis de documentos policiales y entrevistas en profundidad con agentes que desempeñaron funciones en el DIP santiagueño, el artículo prosigue con una descripción de las prácticas de vigilancia policial en la provincia durante el periodo estudiado (1972-2004). Para ello seleccionamos dos informes de inteligencia del D2 santiagueño pertenecientes a referentes sociales y políticos a quienes el seguimiento policial dio lugar, por un lado, al secuestro y posterior desaparición, y por otro, a prácticas más sutiles de disciplinamiento político.

Contexto de formación del Departamento de Informaciones Policiales

6La militarización de las fuerzas policiales y la vigilancia política no son un producto exclusivo de las políticas de seguridad de gobiernos militares de la segunda mitad del siglo XX.

  • 4 Kalmanowiecki, 2003 citado en Galeano, Diego, Op. Cit., 2007.
  • 5 Barreneche, Osvaldo y Galeano, Diego “Nota sobre las reformas policiales en la Argentina, siglos XI (...)
  • 6 Barreneche, Osvaldo y Diego Galeano, Op. Cit, 2008, p. 98

7Por una parte, el aparato represivo policial organizado desde fines del siglo XIX, y que se militarizó aceleradamente en los años 30, instaló la idea de un “enemigo interno” en el núcleo de sus prácticas y en sus mecanismos de construcción de identidad4. Durante las primeras décadas del siglo XX fue creciendo la idea de organizar profesionalmente a las fuerzas policiales sobre una base militarista que se concretó con el advenimiento del peronismo. En efecto la reforma policial en Buenos Aires llevada adelante en los años cuarenta por Adolfo Marsillach impuso un modelo basado en la doctrina militar: mando centralizado, con una organización jerárquica de escalafones y disciplina5. Por otra parte, la recopilación de información sobre asuntos políticos fue una actividad que las policías habían incorporado como una función propia entre fines del siglo XIX y principios del XX6

8Pero con la incorporación progresiva de doctrinas contrainsurgentes en las Fuerzas Armadas en el contexto internacional de Guerra Fría, la militarización de las fuerzas policiales así como la producción de inteligencia y la vigilancia policial de los movimientos políticos se vio profundizada.

  • 7 Chiarini y Portugheis, Op. Cit, 2014.

9La Guerra Fría supuso para América Latina la difusión de la DSN que, entre otros puntos, promovía la adhesión de las fuerzas armadas latinoamericanas a la estrategia de lucha contra la subversión desplegada por Estados Unidos. Los movimientos independentistas que estaban desarrollándose en los países coloniales y el equilibrio nuclear alcanzado por la Unión Soviética, llevaron a Estados Unidos a desplegar una estrategia de contención de la insurgencia armada en el continente americano. Dado el carácter global que adquiría la lucha contra el comunismo, las acciones defensivas tenían carácter continental como la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). A través de la Junta Interamericana de Defensa (JID), creada con otra finalidad en 1942, consiguió que los países americanos suscribieran en 1947 al TIAR que establecía un pacto interamericano de defensa mutua en caso de ataque armado e instaba a los Estados firmantes a intensificar la “preparación en la paz para la guerra”7. Así es que fue sancionada la primera doctrina de defensa nacional la Ley Nº 13.234 de Organización de la Nación para Tiempo de Guerra (1948) durante la presidencia de Perón. Otras acciones de política exterior implementadas por Estados Unidos como parte de la DSN incluyó el programa de ayuda económica, política y social conocido como Alianza para el Progreso (1961), programas militares de entrenamiento de oficiales latinoamericanos, la creación de instituciones de entrenamiento en técnicas de guerra contrarrevolucionaria y de vinculación sistemática entre los oficiales de las tres fuerzas armadas de todo el hemisferio, y la entrega de armas en el marco del Plan de Asistencia Militar.

10En el país los preceptos de la DSN dieron forma a la Ley de Defensa Nacional N°16.970. La ley sancionada en 1966 durante el gobierno de la autodenominada Revolución Argentina profundizó la incorporación de doctrinas militares contrainsurgentes iniciado durante la elaboración del Plan CONINTES. En especial de la doctrina militar francesa que modificó la concepción del enemigo, del territorio y de las formas de guerra.

  • 8 Chiarini, Sebastián y Portugheis, Rosa, Op. cit, 2014, p. 46-47.

“El concepto de guerra revolucionaria, o guerra ideológica, sustituyó al de guerra convencional entre Estados delimitados por sus espacios nacionales; del mismo modo, la idea de soberanía dejó de aludir a las fronteras geográficas para referirse a las ideológicas y políticas (…) El concepto de enemigo interior pasó a hallarse vinculado a todo individuo, grupo u organización susceptible de servir, directa o indirectamente, a intereses opuestos al interés nacional. Y, por carácter transitivo, la población en su conjunto era percibida como parte de ese enemigo, o como su base de apoyo”8.

11Estas modificaciones abrieron paso a la zonificación del territorio y la distribución de áreas de responsabilidad entre los tres cuerpos del ejército durante la ejecución del Plan CONINTES (1958 y 1961), sobre la que luego se organizaría el terrorismo de Estado. Esta concepción del territorio puso al control ideológico como un aspecto nodal y a la inteligencia como el componente más importante de la lucha antisubversiva.

  • 9 De acuerdo al decreto Nº337/46 la CIDE tenía como misión “suministrar al Poder Ejecutivo nacional y (...)

12La Secretaría de Informaciones de Estado (SIDE), primer órgano estatal centralizado de información e inteligencia, adquirió importancia estratégica. La secretaría había comenzado a funcionar en 1956 luego de una re-estructuración de la Coordinación de Informaciones de Estado creada en 1946 por el Presidente Perón9.

  • 10 En 1959 el presidente Frondizi creó una comisión encargada de “planificar, dirigir y supervisar la (...)

13La progresiva re-significación de la seguridad nacional operada en el contexto de la Guerra Fría y la importancia creciente adquirida por la inteligencia determinaron una re-estructuración de la secretaría en 1962, luego de la cual la SIDE asumió la función de “realizar actividades informativas y producir inteligencia en interés de la seguridad de la Nación, para la conducción de los asuntos de Estado y para la acción contra el comunismo”10.

  • 11 Oliveira, Alicia y Tiscornia, Sofía, “Estructuras y prácticas de las policías en Argentina. Las red (...)

14Con la sanción de la Ley 16.970 la defensa nacional fue equiparada a la seguridad interior, produciendo una serie de modificaciones en la estructura orgánica y funcional en las fuerzas de seguridad, y adscribiéndolas a los objetivos y comando de las Fuerzas Armadas. Con la reorientación de la actividad policial al control social se produjo la “intensificación de prácticas policiales destinadas al espionaje, la invasión de la vida privada de los ciudadanos, el ejercicio de la coerción por motivos políticos y la creación de divisiones especiales para estos fines”11.

  • 12 La estructura orgánica de las policías provinciales se encuentra divida en departamentos identifica (...)

15Una de las divisiones especiales creadas con este fin en el ámbito de las provincias fue el DIP (identificado bajo el código D2 dentro de las estructuras policiales)12. En el caso de la Policía de Santiago del Estero la creación del D2 fue establecida por la Ley Orgánica Nº 4793 de 1979. No obstante de la lectura de documentos pertenecientes a su archivo de legajos de inteligencia surge que su actividad es anterior a esa fecha. El organismo había sido puesto en funcionamiento en 1972 y ratificado al año siguiente por decreto del gobernador constitucional Carlos Arturo Juárez (1973-1976), quien además ordenó el entrenamiento de Antonio Musa Azar en la Escuela de Guerra de las Américas de Buenos Aires para posteriormente designarlo Jefe del DIP y de la Superintendencia de Seguridad (Res. 366, 30 de enero de 1975). Si bien la vigilancia política se acentuó durante los setenta, ésta era una función que la policía local ya ejercía con antecedencia. Este aspecto se desarrolla en el último apartado donde analizamos dos legajos del archivo del D2.

  • 13 Art. 175, Cap. III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía de Santiago del Estero Nº 4793.
  • 14 “Principales puntos que deben tener en cuenta los señores Jefes de Unidades Regionales, Comisarías (...)

16El D2 nació con la misión de “reunión de información, procesarla, evaluarla y difundirla en la medida correspondiente, programando las acciones a adoptarse en lo que a su especialidad respecta, y realizar tareas de contra-inteligencia y la confección de los anexos y/o apartados correspondientes a su Jefatura de los planes y órdenes del Jefe de Policía”13. Para ello “desarrolla actividades las 24 horas del día, de manera tal, que cualquier información llega en forma inmediata al conocimiento de la superioridad”14. Se estructuraba en tres salas de trabajo –explotación de prensa, operaciones especiales, de situación- dedicadas a producir, clasificar, evaluar distintos tipos de información sobre la actividad de instituciones y ciudadanos bajo sospecha policial y una Sección de Archivo.

  • 15 El informe Nunca Más elaborado por la CONADEP identificó como centros clandestinos de detención los (...)

17Aunque el organismo no tiene facultades represivas, el D2 desarrolló una faz operativa cuando funcionaron como centros clandestinos de detención y sus agentes integraron grupos de tareas durante la última dictadura militar15, tal como se pudo demostrar en los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron o están desarrollándose en algunas provincias del país.

Reformas normativas y resistencias institucionales: la continuidad del DIP

18Con la recuperación del régimen democrático el gobierno del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) intentó, dentro del estrecho margen de acción impuesto por la coyuntura de la transición, resguardar los asuntos vinculados a la seguridad interior del Estado de la injerencia de los órganos de información e inteligencia de las Fuerzas Armadas.

  • 16 Boletín Oficial de la Nación, 05-05-1988. La derogación de la ley 16.970 (1967) no obstante no supu (...)

19Una medida importante fue la separación normativa de la seguridad interior respecto de la defensa nacional fijada por la nueva Ley de Defensa Nacional Nº23.554 (1988), la que establecía además que “las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militar”16.

  • 17 Conformado por el Ministro del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores y Culto, el Secretario de (...)
  • 18 Este Consejo de Seguridad fue disuelto en diciembre de 1989 mediante el decreto Nº 1573.

20Sin embargo el copamiento del Regimiento 3 de Infantería en localidad bonaerense La Tablada en 1989 y, en un contexto de tensión con las Fuerzas Armadas, determinaron la creación del Consejo de Seguridad17. Habilitando la intervención operativa y de inteligencia de las jefaturas militares en cuestiones de seguridad interior vinculadas con prevención y conjura de “todo hecho de violencia organizada”, el desarrollo de “estrategia para la acción antisubversiva”, y la “articulación de las tareas de inteligencia operativa” (decreto Nº83, Boletín Oficial de la Nación, 31-01-1989)18.

  • 19 Decreto 392, Boletín Oficial de la Nación, 07-03-1990.

21Estas competencias fueron ampliadas bajo la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) por medio del decreto Nº392 de 1990. A la prevención y conjura de la formación o actividad de grupos armados que pusieran en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, la vida, libertad, propiedad o seguridad de la Nación, el decreto añadía la preparación de medidas tendientes a afrontar hechos que constituyan un estado de conmoción interior. En ese caso debía formarse un Comité de Seguridad Interior para coordinar “eventuales acciones conjuntas de las Fuerzas Policiales, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas” y “requerir la colaboración de los organismos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia”19.

  • 20 Esos casos excepcionales eran apoyo logístico en acciones de seguridad interior emprendidas por fue (...)
  • 21 Art. 35to, Boletín Oficial, 17-01-1992.

22Incluso la nueva Ley de Seguridad Interior Nº 24.059 (1992) preveía una eventual intervención de las Fuerzas Armadas para el re-establecimiento de la seguridad interior en situaciones excepcionales20, dejando en suspenso la distinción jurisdiccional entre seguridad interior y defensa nacional. Otro aspecto relevante es que la nueva ley fijó la conducción política –a cargo del Presidente de la Nación a través del Ministro del Interior- y el control parlamentario de las actividades e instituciones creadas por esta nueva norma de “la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la constitución nacional, así como de las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos denominada Pacto de San José de Costa Rica”21.

23Estas dificultades en el plano de la separación de las fuerzas armadas respecto de la política interna pueden observarse también respecto a los organismos de inteligencia.

  • 22 Saín, Marcelo, Op. Cit., p. 152.
  • 23 Así como tampoco a los organismos militares como la Central Nacional de Inteligencia (CNI), el Cons (...)

24Una de las primeras medidas adoptadas por Alfonsín fue la redefinición de las funciones de la SIDE. Sin embargo el decreto que derogaba sus “facultades represivas, compulsivas o policiales”, por causas que no profundizaremos aquí, fue dejado sin efecto por decretos posteriores. De este modo la secretaría siguió dedicada a la “producción de inteligencia referida a todos los asuntos del Estado, en particular, a los concernientes tanto a la seguridad exterior como a la seguridad interior del Estado en su conjunto”22. Inclusive el control parlamentario fijado por la nueva ley de seguridad interior a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia no alcanzó a la SIDE23 en tanto no integraba el esquema de organismos creados por la nueva ley de seguridad interior.

  • 24 Si bien la CNI se mantuvo como organismo encargado de la elaboración de la inteligencia estratégica (...)

25La superposición de órganos de información e inteligencia y las dificultades para su coordinación ha sido un desafío para los gobiernos electos en la postdictadura24. Como ha señalado Saín la secretaria no solo se ha autonomizado de la conducción política y del propio sistema institucional de seguridad interior y de defensa nacional, sino que también se ha dedicado al

  • 25 Saín Marcelo “Nunca es tarde”, Página 12, 25/01/15.

“espionaje y operaciones políticas, la influencia y/o manipulación judicial; el financiamiento espurio de políticos, periodistas, empresarios, jueces, fiscales y/o legisladores; el pase de información reservada a periodistas “amigos” para que la difundan como resultados de investigaciones independientes; la conformación de emprendimientos económicos tanto “legales” como ilegales, tales como cabarets, agencias de seguridad, estudios jurídicos y/o contables, empresas de limpieza, compañías informáticas, servicios aeroportuarios, redes de comercialización de sustancias prohibidas, “cuevas” financieras y mesas de dinero, etc.; y las maniobras al servicio de organismos de Inteligencia y seguridad de otros países”25.

  • 26 Ley Nº25.520, Boletín Oficial de la Nación, 06-12-2001.
  • 27 Saín Marcelo “Nunca es tarde”, Página 12, 25/01/15.

26Hacia el año 2001 fue promulgada la Ley de Inteligencia Nacional Nº25.520 que estableció un Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) para la toma coordinada de decisiones en materia de seguridad interior y exterior. La ley parte de la diferenciación entre seguridad interior y defensa nacional para distinguir la inteligencia nacional, de la criminal y de la estratégica-militar y establece que el SIN debe ajustarse a las previsiones establecidas por la Constitución Nacional (1994). Esto supuso la ilegalización de: la inteligencia sin orden judicial, así como de la recopilación de información o producción de inteligencia por razones de fe, raza, opinión política, participación en organizaciones sociales y políticas. También prohíbe la influencia en la política interior o exterior; las escuchas telefónicas26. Además la SIDE fue sustituida por la Secretaría de Inteligencia (SI) aunque sin que cambiaran sustancialmente sus prácticas. “El más serio problema institucional es que hace mucho tiempo que la SI no cumple integralmente con las funciones asignadas legalmente (…) como una herencia incólume de la década menemista, la SI dirige la labor de numerosos magistrados y fiscales federales y ordinarios en todo el país: son los jueces y fiscales de la SI. Y con ellos, digitan causas judiciales, inventan acusaciones, garantizan impunidad, imputan delitos a inocentes, extorsionan”27.

27En enero de 2015 fue sancionada la creación de la Agencia Federal de Inteligencia luego de la crisis desatada por la muerte del fiscal federal Alberto Nisman a pocos días de presentar una denuncia contra la Presidente Cristina Fernández. La decisión de disolver la SI llegó después de que quedara en entredicho los vínculos del fiscal fallecido con Antonio Stiuso, ex Jefe de Operaciones de la SI. Vínculos que abrieron el debate sobre el uso de fondos reservados para el pago de sobornos, escuchas ilegales y chantajes, pero especialmente sobre la relación de políticos, fiscales y jueces por fuera de los canales institucionales con agentes de inteligencia.

28Las garantías establecidas por la ley de Inteligencia Nacional que ilegalizan el espionaje y las operaciones de inteligencia para condicionar o influir en los procesos políticos, así como no han logrado penetrar en la SIDE, tampoco en la actividad del D2 santiagueño como desarrollaremos en el próximo apartado. La política interior dejó de ser una hipótesis de trabajo de los organismos de inteligencia militares, no así de los departamentos de informaciones policiales.

29La heterogeneidad en el sistema legal argentino, por la cual a nivel nacional la política dejó de ser un eje de las acciones de inteligencia -salvo la existencia de orden judicial-, y en la jurisdicción de algunas provincias sigue siendo hipótesis de trabajo de los organismos policiales de informaciones ha dado lugar a una “zona gris” donde la vigilancia político-ideológica es posible.

  • 28 Posición encarnada por los documentos del CELS y las investigaciones del Equipo de Antropología Jur (...)
  • 29 Ver Saín, Marcelo, El Leviatán Azul. Política y Policía en Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008
  • 30 Kobilansky Salles, Facundo "La política de las reformas policiales a nivel subnacional en Argentina (...)
  • 31 Nos referimos a las policías de Catamarca, La Pampa, Salta, San Luis, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, S (...)
  • 32 Nos referimos a Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Neg (...)

30En razón de la organización federal del Estado argentino son los gobiernos provinciales los que deciden sobre la organización y competencias de sus fuerzas policiales. Durante la década del noventa el activismo de organizaciones de derechos humanos y las protestas sociales frente a casos graves de violencia y corrupción policial arrancaron a los gobiernos de provincias como Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Chubut, por ejemplo, medidas para depurar y modernizar sus policías. Dos interpretaciones han guiado las reformas: la violencia como consecuencia de la militarización de las estructuras policiales28 y la corrupción como efecto del desgobierno político de las fuerzas policiales29. En ese marco los esfuerzos para desmilitarizar y lograr la conducción civil de las fuerzas policiales ha seguido al modelo de organización policial comunitario de la tradición anglo-americana y ha incluido cambios la separación de la función preventiva de la investigativa; mayor presencia policial en las calles; la promoción de la participación ciudadana; la creación de órganos de contralor y de mecanismos de rendición de cuentas vertical y horizontal, aunque no han sido políticas sostenidas en el tiempo30. Desde el año 2004 el Consejo de Seguridad Interior puso en marcha el Programa Nacional de Capacitación, Apoyo a la Formación y Actualización de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en una iniciativa que pone de relieve la relevancia asignada a la profesionalización para modernizar las fuerzas policiales. Si bien las provincias habían realizado algunos avances en sus policías en términos de formación y actualización, de tecnificación, de incorporación de la participación comunitaria, de descentralización territorial y funcional; no se observa que los esfuerzos por desmilitarizar las policías hayan avanzado sobre una crítica del papel de la información y la producción de inteligencia sobre la disidencia política. Del conjunto de provincias argentinas, once provincias aún mantienen el D2 en sus leyes orgánicas policiales, de las cuales solo en Santa Fe y Santiago del Estero han sido clausurados31. En el resto de las provincias el D2 fue removido de sus leyes orgánicas32 aunque esto no necesariamente implica que el espionaje político haya desaparecido.

  • 33 Muzzopappa, Eva y Villalta, Carla, “Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas so (...)

31Si bien es cierto que las reformas policiales no siempre se inician con una modificación normativa, las leyes tampoco son letra muerta. Y aunque no constituyen un reflejo directo de las prácticas que efectivamente desarrollan las instituciones, es importante considerar que las leyes actúan a la manera de guías de acción, consagran lo que es correcto y deseable, constriñen las prácticas cotidianas reforzando determinadas lógicas de funcionamiento institucional y opacando otras33.

32En ese sentido interesa el análisis del D2, en este caso de la policía santiagueña, no solo porque permite visibilizar el objetivo para el cual ha sido creado y los supuestos político-ideológicos que dieron forma a este tipo de burocracia. Sino también por los efectos prácticos que tiene en la actualidad la permanencia normativa y/o institucional del D2 tales como la criminalización y persecución de la disidencia política.

33El abordaje de los documentos de un archivo como el del D2 permite despegar el análisis de las tramas represivas respecto de las antinomias que han organizado el estudio del pasado reciente, para atender a las regularidades y reformulaciones entre el pasado y presente, entre lo militar/policial y lo civil, entre regímenes autoritarios y democráticos, entre violencia y política.

El D2 santiagueño: del control político represivo al control político disciplinante

  • 34 “Principales puntos que deben tener en cuenta los señores Jefes de Unidades Regionales, Comisarías (...)
  • 35 Dado que las unidades regionales, comisarías y sub-comisarías integran la “cadena de informaciones” (...)

34Durante los allanamientos ordenados por la Justicia Federal en marzo del año 2004 fueron encontrados documentos clasificados de acuerdo a dos criterios. Por un lado legajos pertenecientes a personas que contenían distintos tipos de documentos y registros. Desde la ficha de antecedentes penales, recortes de prensa, hasta “informes ambientales” basados en la infiltración y el seguimiento, y escuchas telefónicas. Y por otro lado carpetas clasificadas según los departamentos de la provincia con las novedades diarias producidas en cada distrito sobre “delitos comunes, actividades subversivas, asuntos políticos, gremiales, estudiantiles, migratorios, turísticos, etc”34. Las carpetas contenían recortes de prensa y “panoramas diarios” enviados por las unidades regionales, comisarías y sub-comisarías al D235.

35Seleccionamos a modo de casos testigo dos legajos pertenecientes a referentes de la política local, a quienes el seguimiento policial dio lugar, por un lado a la detención, secuestro y desaparición, y, por otro lado a sanciones más sutiles de disciplinamiento político. Ambos fueron recuperados mediante el pedido de habeas data presentado en el marco de denuncias por detenciones ilegales y desapariciones durante la dictadura realizadas por organismos locales ante la Secretaria de DDHH de la Nación en el año 2003 en el contexto de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Serán nombrados bajo nombres de fantasía para preservar su identidad.

36El tipo de documentación contenida en ambos legajos es diversa, combina registros de procedimientos burocráticos internos, con información obtenida de fuentes primarias y secundarias. El legajo 1, que llamaremos Caso Horacio, tiene como portada su ficha prontuarial y contiene memorándums internos entre diferentes secciones, informes reservados, y en menor medida, recortes de prensa. Los primeros registros de seguimiento comienzan en mayo de 1952 y terminan con la fecha de su desaparición el 13 de marzo 1976. No obstante se observa el registro de actividades de sus familiares hasta marzo de 1991, fecha en que asistieron a la inauguración de un monolito en homenaje a los desaparecidos santiagueños donde Horacio es mencionado.

37El legajo 2, que llamaremos Caso Jacinto, también tiene su ficha prontuarial como portada, incluye el registro mecanografiado de sus declaraciones indagatorias tomadas durante sus detenciones, informes – manuscritos y otros transcriptos – de seguimiento de actividades públicas (tales como presentaciones de libros, conferencias partidarias, reuniones gremiales) y privadas (reuniones familiares, escuchas telefónicas) y, en mayor medida, de recortes periodísticos. Los primeros registros dan cuenta de su primer detención en febrero de 1972 en ocasión de “encontrarse fijando carteles y pintando leyendas alusivas al Frente de Izquierda Popular”. A partir de ahí se observa el registro de actividades de seguimiento hasta diciembre de 2002.

Caso Horacio

  • 36 Un viejo aljibe ubicado al costado de las vías del ferrocarril que se usaba para alimentar de agua (...)
  • 37 En el lugar ya fueron identificados restos de nueve víctimas del terrorismo de Estado, aunque los p (...)

38Horacio nació el 28 de junio de 1912 en la localidad de Añatuya, Santiago del Estero. Abogado y militante del Partido Radical, fue diputado provincial (1946) e integró la delegación argentina que participó en el Congreso Mundial por la Paz en Europa. Su actuación como abogado defensor de presos políticos y las denuncias sobre corrupción publicadas en el periódico local surgen como las causantes del comienzo del seguimiento policial. Horacio fue secuestrado el 13 de Marzo de 1976 en una plaza pública de la capital provincial por un grupo de tareas del DIP. Se desconocía su paradero hasta que el 5 de julio de 2013 fueron identificados sus restos en una fosa común conocida como "Pozo de Vargas"36 ubicada en la provincia de Tucumán. La causa judicial fue abierta hace una década pero recién en año 2014 se realizaron las inspecciones y el trabajo de excavación del Equipo Argentino de Antropología Forense37.

39Si bien el legajo pertenece al archivo del D2, los registros sobre Horacio permiten dar cuenta de que la recopilación de información no nació con este organismo y que, de modo similar a lo descripto anteriormente en relación al orden nacional, la actividad de vigilancia política estaba comenzó a ser desarrollada tempranamente por la policía santiagueña. Un memorando interno archivado en su legajo es ilustrativo de esto.

40La publicación en el diario local fechada el 11 de junio de 1970 de una denuncia de Horacio sobre irregularidades en la administración de la recaudación por el juego oficial. Por esta causa el Ministerio de Gobierno envía el 24 de junio un “Memorándum reservado” al Jefe de Policía donde pide información sobre “Situación familiar, Situación económica (información bancaria en lo posible), Prestigio en el medio, Ideología política, Vinculación con capitalistas y juegos de azar”. En respuesta la “Dirección de Coordinación y Enlace” eleva el mismo día un primer informe donde señala: “en los medios en donde actúa se lo tiene conceptuado como una persona de carácter rebelde y pendenciero, no gozando de mucha simpatía”. Prosigue “el causante está catalogado como elemento izquierdista, dejando traslucir en sus conversaciones una orientación comunista”.

41Al día siguiente la “Dirección de Coordinación y Enlace” elevó un segundo informe “estrictamente confidencial y secreto” elaborado con información de archivo en relación a “antecedentes policiales y judiciales, antecedentes políticos e ideológicos, situación económica, situación familiar y prestigio ambiental”. Este segundo documento detalla información más detallada sobre actividades de Horacio y reproduce informes elaborados por medio de la infiltración del personal de la “Sección Orden Social y Político” de la “Coordinación de Informaciones”: “en el año 1940 habría sido detenido por sus actividades comunistas en la ciudad de Córdoba. […] El 11 de enero de 1946, dictó una conferencia en el local del Partido Comunista, según consta en acta que fuera secuestrada en un allanamiento realizado en el mencionado local. […] En las elecciones nacionales de 1946 fue elegido Diputado Provincial por la UCR de esta provincia… en diversas oportunidades ha defendido en su posición de abogado a dirigentes del Comunismo”. Las actividades e intervenciones de los militantes y dirigentes del Partido Comunista en el Consejo por la Paz (1952), en especial las de Horacio, quedaron registradas.

42El caso de Horacio permite señalar dos cuestiones relevantes para repensar las tramas represivas a través del tiempo.

  • 38 Dado que la documentación no ofrece más datos, queda pendiente establecer desde que fecha comenzó a (...)
  • 39 Aristóbulo Mittelbach, Carlos Juárez y Francisco González.

43En primer lugar, los informes requeridos a la policía por el gobierno a raíz de la denuncia pública de Horacio evidencian que la vigilancia política era una actividad preexistente a la creación del D2 (1972). En los años inmediatamente anteriores a su creación encontramos a la “Dirección de Coordinación y Enlace” que funcionó durante el gobierno de facto de la revolución argentina en la provincia38. Aun mas, los registros asentados en los documentos descriptos más arriba permiten identificar la presencia de otros organismos que venían desarrollando la función de recopilación de información previamente a la implementación del CONINTES (entre 1958-1961) y la militarización de las fuerzas de seguridad puesta en marcha por la ley de defensa nacional 16.970 (1966). En efecto, los registros de la “Sección Orden Social y Político” de la “Coordinación de Informaciones” de la provincia citados en el informe remiten los seguimientos a un periodo anterior, inclusive a la fundación de la propia Policía de la provincia el 25 de agosto de 1952. Los ingresos de informaciones en los años 1940, 1946, 1952 son significativas porque dan cuenta de que la vigilancia política lejos de ser una potestad exclusiva de los gobiernos peronistas de la época, fue una actividad promovida por los gobiernos conservadores antecedentes, continuada durante los tres gobiernos peronistas en Santiago del Estero39. Luego de la sanción de la ley “de organización de la Nación para tiempo de guerra” fue creada en la provincia la División de Investigaciones (1949) en el marco de la cual funcionó la Coordinación de Informaciones de la provincia.

44En segundo lugar, la recopilación de informaciones emerge como una función asumida por la actividad policial incluso antes de su consolidación como institución, siendo la cuestión del comunismo una preocupación que tempranamente guio la vigilancia política.

Caso Jacinto

45Jacinto nació en Santiago del Estero el 10 de Octubre de 1945. Abogado y militante del Frente de Izquierda Popular (FIP) desde su creación en la provincia en 1971. Su legajo registra dos detenciones en la década del setenta, antes y durante la dictadura, aunque no permaneció detenido por largos periodos. Tras la recuperación democrática Jacinto ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero hasta el año 2009, cuando falleció. Fue investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, dramaturgo dedicado a la difusión de distintas problemáticas sociales de la provincia.

46A diferencia de Horacio los informes archivados en este legajo centran sus registros en la dinámica interna de las instituciones en las que Jacinto tenía participación, más que en una caracterización político-ideológica personal. Los informes están centrados en su militancia en el FIP, su desempeño como abogado defensor de militantes acusados de “subversión”, como asesor jurídico gremial, como docente investigador universitario, como dramaturgo.

47Un informe ambiental de 1977 ilustra un desplazamiento desde la recopilación de información centrada en el individuo hacia la producción de inteligencia sobre la “base de apoyo” de Jacinto: “en la fecha se pudo saber de fuentes que merecen fe, que el día 7 del cte. a horas 09,10, en el gremio de los Petroquímicos según la fuente informativa estaban reunidos con gente que vino desde Clodomira, entre los cuales se encontraba (nombre suprimido por los autores) y (nombre suprimido por los autores), el nombrado en segundo término hacía de campana y cuando llegaba alguno les hacía pasar, lo que quiere decir que las puertas permanecían cerradas para disimular. Según el informante las reuniones como ya se informó en partes anteriores son de carácter político y a los vehículos los dejan en las inmediaciones de la fábrica FACA.- Santiago del Estero, diciembre 8 de 1977”.

  • 40 “Al respecto, cabe hacerse la reflexión de que en la guerra revolucionaria, el enemigo no puede con (...)

48La vigilancia de la disidencia política basada en el seguimiento de la persona y a través de ella, de la vida interna de las instituciones es una práctica que adquirió sentido en relación a la presencia de una estrategia de control de un enemigo interno. Si la población era la base de apoyo del enemigo subversivo y por lo tanto el terreno donde se desarrolla el combate, las técnicas de infiltración y contraespionaje debían detectar además la red de vínculos que directa o indirectamente servía de base de apoyo a la persona bajo sospecha policial40.

49Esta práctica seguirá presente en los registros de información posteriores al periodo dictatorial. Sin embargo se advierte que el control ideológico se amplía hacia otras figuras de sospecha diferentes a la comunista. Así, a medida que transcurren los años después de la recuperación democrática, en los partes informativos se observa que las actividades del FIP son desplazadas por otros ámbitos de actuación de Jacinto.

“14-5-80; en la fecha se tuvo conocimiento que el causante se desempeña como profesor en la Escuela Normal Benjamín Gorostiaga de la Ciudad de La Banda.-”
“23-09-96: mediante panorama de la fecha, se toma conocimiento, que los días 20, 21 y 22-09-96 se puso en escena en el Paraninfo de la UNSE, la obra “EL ENEMIGO DEL PUEBLO”, obra del causante, asistiendo la primera noche 160 personas, entre ellas el Obispo Sueldo, el Profesor (nombre suprimido por los autores), periodistas de Nuevo Diario y profesores de la UNSE. La segunda noche asistió igual cantidad de público y la última noche 80 personas, entre ellas seis monjas del Obispado local. La obra en sí referencia a los abusos de un poder autoritario. Integraron el elenco (nombres suprimidos por los autores)”.
“14-11-01: el diario el liberal publica, que el causante se postula candidato a Decano de la Facultad de Humanidades de la UNSE, junto con su compañera de fórmula Lic. (nombre suprimido por los autores), se propusieron buscar el mejoramiento funcional de la facultad, como ser pasantías, en igualdad de condiciones, fomentarle vecas (sic), etc”.

  • 41 El juarismo fue un sector del peronismo provincial, conducido por Carlos Juárez y su esposa Mercede (...)

50El legajo de Jacinto exhibe por un lado la continuidad de las actividades de vigilancia política del D2 luego de la desarticulación del bloque cívico-militar que lo diseñó para el control y represión de la disidencia política. En el caso santiagueño se mantuvieron vigentes tanto la ley orgánica que dio origen al D2, como la actividad de dicho organismo. Si bien podría pensarse que ambos fenómenos eran un legado institucional no buscado por los gobernadores de la época, en el mismo periodo se registra la designación de dos de los máximos responsables del terrorismo de estado en la provincia en la Dirección General de Seguridad como Sub-Secretarios de Informaciones y de Seguridad. Nos referimos a la designación en 1995 del comisario Antonio Musa Azar y al mayor del Ejército Jorge D´amico, respectivamente por decreto del gobernador Carlos Juárez41. Con esta decisión el gobernador daba continuidad no solo al DIP sino también a parte de los funcionarios que habían contribuido a configurar modelos de trabajo y la práctica policial adentro de dicho organismo.

51Por otro lado ofrece pistas sobre la reformulación de las figuras sociales bajo sospecha policial, en un desplazamiento del enemigo interno desde el delincuente subversivo construido en base a la hipótesis de conflicto elaborada por las fuerzas militares, al opositor político construido en base a una hipótesis de conflicto elaborada desde el gobierno juarista.

“25MAR98. En la fecha el causante participó en el acto de recordación del Golpe de Estado en la Plaza del Maestro organizado por dirigentes del MST”.

“28-11-01: D. liberal publica que el causante como profesor de historia de la Universidad de Santiago del Estero, investigador del Conocet (sic) y Miembro activo de la Red Internacional de Historia a debate, 83 intelectuales de América Latina, Europa, Norteamérica, dirigieron una carta abierta al Presidente de la Nación Fernando De La Rúa motivados por la preocupación de enjuiciamiento del causante el próximo 10 de diciembre, en la carta abierta a De La Rúa, le advierten (sic) que un ex funcionario del gobierno, querelló al causante por supuestas calumnias e injurias”

52A su vez, un análisis de los registros revela que la información, además de ser recopilada de la prensa, aún seguía siendo producida en base a fuentes primarias mediante técnicas de infiltración y contraespionaje en las actividades de las personas y la vida interna de las instituciones. Este rasgo que refleja la centralidad que siguió teniendo la información dentro de las estrategias de gobernabilidad.

Notas finales

53De esta primer aproximación a los documentos del archivo del D2 santiagueño surge que la vigilancia política fue una actividad desarrollada por la policía aun antes de su conformación como institución en 1952 y del proceso de militarización promovido por la DSN. No obstante bajo el influjo de las doctrinas contrainsurgentes que permearon tanto al Plan CONINTES como a la normativa relativa a defensa y seguridad que subordinaron las policías a las fuerzas armadas, se produjo un salto cualitativo desde la recopilación de información a la producción de inteligencia para aconsejar cursos de acción.

54La vigilancia política no fue interrumpida en la provincia por la instalación del régimen democrático, aun cuando fueron desmanteladas las políticas de defensa nacional y seguridad interior que propiciaron la creación del D2 como organismo policial de inteligencia.

55Las condiciones que posibilitaron la continuidad del D2 santiagueño son múltiples pero aquí quisimos llamar la atención sobre una. La distribución de responsabilidades entre nación y provincias establecida por la organización federal del Estado argentino reserva para los gobernadores la potestad de modificar las estructuras policiales. Pero los gobiernos provinciales se han mostrado indiferentes o reticentes a la reforma de sus estructuras policiales pese a las modificaciones en el sistema normativo nacional que avanzó, no sin contradicciones, en una separación entre defensa y seguridad, en el desplazamiento de los organismos de inteligencia militar de la política interior, y en la ilegalización de la vigilancia política.

56En el caso analizado, el D2 no fue removido ni a nivel normativo, ni a nivel institucional. Inclusive los casos testigo ponen de relieve la continuidad de la práctica del espionaje político-ideológico y con ello, la persistencia de la idea de un enemigo interno. Aunque esto no supone que no existan diferencias entre los cursos de acción políticos a los que los informes de inteligencia dieron lugar. Por el contrario. En el caso que llamamos Horacio el seguimiento dio lugar a su secuestro y posterior desaparición. Por su parte, el caso de Jacinto expone que la continuidad del espionaje político – ideológico no ha excluido la reconfiguración de los sentidos que componen la figura de la sospecha, desde el “subversivo” al “opositor”, ni la reformulación de las formas de intervención, desde la represión a las prácticas disciplinantes. La profundización del análisis de este tipo de archivos en relación a la trama de relaciones civiles-militares-policiales que hicieron posible este tipo de práctica es un aspecto pendiente en la agenda de investigación de las ciencias sociales y un tema a desarrollar en próximas investigaciones.

57Como señalamos anteriormente la continuidad normativa de la función de vigilancia política y del D2 como burocracia estatal ha contribuido a la reproducción de las prácticas y a configurar un escenario político atravesado por la sospecha sobre los distintos actores de la política democrática.

58La vigilancia política se especializó como producción de inteligencia en la segunda mitad del siglo XX para la planificación y ejecución de la represión de la disidencia, pero sus raíces se hunden en el propio proceso de formación estatal donde los distintos regímenes políticos de la época hicieron de la información una estrategia de control social.

59Sin embargo los vínculos de la policía con los actores del campo del poder trascienden la relación institucional existente entre las fuerzas de seguridad y el poder ejecutivo. Los acuartelamientos policiales del año 2013 aportan elementos adicionales en ese sentido.

60En diciembre del año 2013 las policías de diecisiete provincias argentinas dejaron de prestar servicios. La prescindencia policial ante los saqueos a supermercados, locales comerciales y robos a particulares que se produjeron durante esos días dio lugar a incidentes con muertos y heridos. El reclamo de aumento salarial y mejores condiciones de trabajo se anunciaron como principal motivo para la medida de fuerza, en algunos casos se exigía, de modo soterrado, la reincorporación de policías exonerados. La medida que comenzó en la provincia de Córdoba y fue replicada por las policías de dieciséis provincias más, no solo tuvo gran repercusión social sino también política al punto que el gobierno nacional la definió como una acción extorsiva contra los gobiernos provinciales. Aunque la seguridad es una potestad de los estados provinciales no delegada a la Nación, en el año 2010, a partir de la represión de la Policía Federal y la Policía Metropolitana durante la toma de tierras en el Parque Indoamericano de la ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional creó el Ministerio de Defensa para coordinar pero también controlar el accionar policial.

  • 42 Consultado sobre los acuartelamientos Marcelo Saín señaló “Es la policía de esta política. Acá hubo (...)

61La percepción de que los acuartelamientos policiales podían convertirse en un factor de desestabilización democrática tenía un antecedente cercano en la protesta de Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval (2012) y un aire de familia con los intentos de “golpe suave” que tuvieron como protagonistas a las fuerzas policiales de Bolivia (2008 y 2012) y Ecuador (2010). En ese contexto fue que el oficialismo, las principales fuerzas de la oposición y distintas organizaciones sociales coincidieron en el repudio de los acuartelamientos y en la demanda por la democratización de las estructuras policiales. Los acuartelamientos muestran otra arista de la relación de la policía con la política. En los casos de las policías de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires la medida de fuerza explicitaba el reclamo por la ruptura de un pacto político-policial42.

62Por último la persistencia de dispositivos como el D2, desde un punto de vista analítico, invita a cuestionar una de las más influyentes claves de lectura del pasado reciente que opone autoritarismo y democracia, violencia y política, fuerzas de seguridad y sociedad civil. El abordaje de las regularidades y reformulaciones en los dispositivos policiales de control social constituye un campo de estudio fértil para las ciencias sociales y abre interrogantes sobre el papel de la información y la inteligencia dentro de las estrategias de gobernabilidad desplegadas en la política postdictadura.

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Notes

1 Galeano, Diego (2007) “En nombre de la seguridad: Lecturas sobre policía y formación estatal” en Cuestiones de Sociología (4), pp. 102-128.

2 Chiarini, Sebastián y Portugheis, Rosa, Plan Conintes, Represión Política y sindical, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos, Archivo Nacional de la Memoria, 2014.

3 El archivo fue allanado en marzo del año 2004 por orden de la justicia federal y provincial, hallándose alrededor de 40 mil legajos de ciudadanos e instituciones santiagueñas.

4 Kalmanowiecki, 2003 citado en Galeano, Diego, Op. Cit., 2007.

5 Barreneche, Osvaldo y Galeano, Diego “Nota sobre las reformas policiales en la Argentina, siglos XIX y XX”, en Cuadernos de Seguridad, Nº 8, Consejo de Seguridad Interior, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, 2008

6 Barreneche, Osvaldo y Diego Galeano, Op. Cit, 2008, p. 98

7 Chiarini y Portugheis, Op. Cit, 2014.

8 Chiarini, Sebastián y Portugheis, Rosa, Op. cit, 2014, p. 46-47.

9 De acuerdo al decreto Nº337/46 la CIDE tenía como misión “suministrar al Poder Ejecutivo nacional y demás organismos del Estado las informaciones que se consideren útiles o les sean requeridas, centralizando y coordinando las que se originen en los servicios especializados y en los organismos gubernamentales”. Saín, Marcelo, “Condiciones institucionales para el control parlamentario de las actividades y organismos de inteligencia del Estado”, en Centro de Estudios Legales y Sociales, Control democrático de los organismos de seguridad interior en la república Argentina, Buenos Aires, CELS, 1997.

La misión de la SIDE no difería sustancialmente de la que tenía la CIDE: “recoger, centralizar, coordinar la información necesaria para la conducción del Estado”, solo que el decreto 776/1956 agregaba “el empleo de medios secretos para su obtención”. Chiarini y Portugheis, Op. cit, 2014, p. 38.

10 En 1959 el presidente Frondizi creó una comisión encargada de “planificar, dirigir y supervisar la acción del Estado en materia de comunismo y otros extremismos” (decreto 4965/59) pero pronto estas funciones fueron delegadas a la SIDE por medio del decreto 2985/619 de abril de 1961. Saín, Op. cit, 1997, p. 146.

11 Oliveira, Alicia y Tiscornia, Sofía, “Estructuras y prácticas de las policías en Argentina. Las redes de la ilegalidad”, en Centro de Estudios Legales y Sociales, Control democrático de los organismos de seguridad interior en la república Argentina, Buenos Aires, CELS, 1997, p. 62.

12 La estructura orgánica de las policías provinciales se encuentra divida en departamentos identificados con un número que indica su importancia dentro de la fuerza: D1 es Departamento Personal, D2 Departamento de Informaciones Policiales, D3 departamento Operaciones, D4 Departamento Logística, D5 Departamento Judicial. Los DIP tienen un antecedente en las Divisiones de Orden Político surgidas dentro de la fuerza en la década del 30 bajo el gobierno de Justo.

13 Art. 175, Cap. III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía de Santiago del Estero Nº 4793.

14 “Principales puntos que deben tener en cuenta los señores Jefes de Unidades Regionales, Comisarías y Sub-comisarías, referente al enlace de información con del Departamento de Informaciones Policiales (D-2)”, citado en el Documento interno del D2 “Directivas para las Unidades Regionales, Comisarías y Sub-comisarías”, s/f.

15 El informe Nunca Más elaborado por la CONADEP identificó como centros clandestinos de detención los D-2 de las policías de Córdoba, Mendoza, Misiones, San Juan, Jujuy y Santiago del Estero. En la actualidad está siendo investigada la participación del D-2 en actividades represivas durante la dictadura en el marco de los juicios contra los represores que se están desarrollando en las provincias de Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Tucumán y Santiago del Estero.

16 Boletín Oficial de la Nación, 05-05-1988. La derogación de la ley 16.970 (1967) no obstante no supuso la eliminación de la CIN “siguió funcionando en base al conjunto de normativas y resoluciones secretas –todas ellas de menor jerarquía jurídica que las citadas leyes- que regulaban algunos aspectos de su integración, funcionamiento y misiones –como, por ejemplo, el dto. 1917/83 que, aunque no era secreto, nunca fue publicado-”, Saín, Marcelo, Op. Cit., p. 156.

17 Conformado por el Ministro del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores y Culto, el Secretario de Inteligencia de Estado, los Jefes de Estado Mayor Conjunto y de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas.

18 Este Consejo de Seguridad fue disuelto en diciembre de 1989 mediante el decreto Nº 1573.

19 Decreto 392, Boletín Oficial de la Nación, 07-03-1990.

20 Esos casos excepcionales eran apoyo logístico en acciones de seguridad interior emprendidas por fuerzas policiales y de seguridad, y cuando el sistema federal de seguridad interior resultara insuficiente para controlar y conjurar hechos que vulneren la seguridad pública.

21 Art. 35to, Boletín Oficial, 17-01-1992.

22 Saín, Marcelo, Op. Cit., p. 152.

23 Así como tampoco a los organismos militares como la Central Nacional de Inteligencia (CNI), el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) y el Comité Militar encargados de producir inteligencia para la defensa nacional creados por la ley 16.970.

24 Si bien la CNI se mantuvo como organismo encargado de la elaboración de la inteligencia estratégica nacional, por distintas razones no logró convertirse en una instancia de coordinación de las actividades de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales.

25 Saín Marcelo “Nunca es tarde”, Página 12, 25/01/15.

26 Ley Nº25.520, Boletín Oficial de la Nación, 06-12-2001.

27 Saín Marcelo “Nunca es tarde”, Página 12, 25/01/15.

28 Posición encarnada por los documentos del CELS y las investigaciones del Equipo de Antropología Jurídica de la UBA dirigido por Sofía Tiscornia.

29 Ver Saín, Marcelo, El Leviatán Azul. Política y Policía en Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

30 Kobilansky Salles, Facundo "La política de las reformas policiales a nivel subnacional en Argentina: algunas contribuciones y lecciones desde la Ciencia Política", en Cuadernos de Seguridad, N°14, Buenos Aires, Ministerio de Seguridad de la República Argentina, 2011.

31 Nos referimos a las policías de Catamarca, La Pampa, Salta, San Luis, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán.

32 Nos referimos a Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, San Juan, Tierra del Fuego. En todas ellas, excepto Rio Negro y Tierra del Fuego, existen testimonios sobre la participación de sus respectivos D2 en la represión ilegal en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad.

33 Muzzopappa, Eva y Villalta, Carla, “Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales”, en Revista Colombiana de Antropología, Vol. 47, N°1, 2011, p. 36.

34 “Principales puntos que deben tener en cuenta los señores Jefes de Unidades Regionales, Comisarías y Sub-comisarías, referente al enlace de información con del Departamento de Informaciones Policiales (D-2)”, citado en el Documento interno del D2 “Directivas para las Unidades Regionales, Comisarías y Sub-comisarías”, s/f.

35 Dado que las unidades regionales, comisarías y sub-comisarías integran la “cadena de informaciones” del D2, debían “contar con una dependencia afín con las actividades que realiza el DIP” y asignar “personal policial que manifiesta una actitud especial para tareas informativas” (…) por lo menos con 2 hombres para cumplir la labor de información, quienes deben mantener absoluta reserva en su trabajo, concientizarse de la misión que cumplen, tener en cuenta la forma de realizar ambientales y de contestar los pedidos de antecedentes. Consecuente a ello, la superioridad de cada área, deberá dotar a ese personal de todos los medios y hacerse que su función sea dentro de la mayor conciencia, un trabajo completamente reservado”. Ibidem.

36 Un viejo aljibe ubicado al costado de las vías del ferrocarril que se usaba para alimentar de agua a locomotoras.

37 En el lugar ya fueron identificados restos de nueve víctimas del terrorismo de Estado, aunque los peritos del Centro Antropología Memoria e Identidad de Tucumán estimaron que al menos deben haber sido enterrados allí los cadáveres de 23 personas.

38 Dado que la documentación no ofrece más datos, queda pendiente establecer desde que fecha comenzó a funcionar este organismo.

39 Aristóbulo Mittelbach, Carlos Juárez y Francisco González.

40 “Al respecto, cabe hacerse la reflexión de que en la guerra revolucionaria, el enemigo no puede considerárselo, como en la guerra clásica, el ejército adversario, sino también a la población que lo apoya con hombres, víveres, dinero, refugio, atención médica, información, etc.”. Teniente coronel Alcides López Aufranc citado en Chiarini y Portugheis, Op. Cit, 2014, p.201.

41 El juarismo fue un sector del peronismo provincial, conducido por Carlos Juárez y su esposa Mercedes “Nina” Aragonés, que fue seis veces electo para el gobierno de la provincia. El primer mandato de Carlos Juárez fue durante la primer presidencia de Perón, entre 1949-1952. Fue el gobernador electo en las aperturas democráticas de 1973 y 1983. En la década del noventa ejerció su cuarto gobierno (1995-1999), siendo re-electo para un quinto mandato (1999-2002). La longevidad del caudillo y los conflictos en torno a una renovación dirigencial en el seno del peronismo, derivaron en la candidatura de su esposa, quien fue electa en 2002 y ejerció el gobierno hasta la Intervención Federal pedida por el presidente Kirchner y sancionada por el Congreso de la Nación en abril de 2004.

42 Consultado sobre los acuartelamientos Marcelo Saín señaló “Es la policía de esta política. Acá hubo 20 años de un acuerdo tácito de que los gobiernos delegaran el poder de la gestión de la seguridad pública a las policías y éstas gestionan la problemática criminal, en algunos casos incluso participando en el crimen. Este doble pacto es lo que se empieza a agrietar”. Página 12, 15-12-2013.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Paulo Román Margaría et Celeste Schnyder, « La política bajo sospecha. Regularidades y reformulaciones de la vigilancia política en Argentina: la policía de Santiago del Estero », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Questions du temps présent, mis en ligne le 11 juin 2015, consulté le 21 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/68129 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.68129

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Auteurs

Paulo Román Margaría

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social (INDES), Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. oluapmarg@gmail.com

Celeste Schnyder

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social (INDES), Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina.
celesteschnyder@gmail.com

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