• 1 Galeano, Diego (2007) “En nombre de la seguridad: Lecturas sobre policía y formación estatal” en Cu (...)
• 2 Chiarini, Sebastián y Portugheis, Rosa, Plan Conintes, Represión Política y sindical, Ciudad Autóno (...)

1El D2, código con el cual es identificado el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) dentro de las policías provinciales, fue uno de los dispositivos que integró la trama represiva articulada por el Estado argentino bajo los gobiernos militares y civiles de la segunda mitad del SXX. Si bien el proceso por el cual la vigilancia política se constituyó en una función policial trasciende a los gobiernos del periodo, fue con la difusión continental de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y la Doctrina de Contrainsurgencia (DC) que la inteligencia se convirtió en un recurso estratégico en la lucha contra el enemigo interno. Sus postulados respecto de la guerra revolucionaria aportaron a la base doctrinaria sobre la que se edificó el plan CONINTES (1958-1962) y posteriormente la Ley de Defensa Nacional (1967) que subordinaron a las policías al control y objetivos represivos de las Fuerzas Armadas. En ese contexto fueron sancionadas las primeras leyes orgánicas policiales que establecían la creación de un departamento especial con funciones de contrainteligencia: el DIP. Aunque la vigilancia política había sido una función que las policías desarrollaron desde su nacimiento como institución, acentuándose a partir del régimen conservador de la década del 301, la investigación, infiltración y persecución de los militantes políticos y/o sindicales pasó a ser la tarea prioritaria en la segunda mitad del siglo XX2.

• 3 El archivo fue allanado en marzo del año 2004 por orden de la justicia federal y provincial, hallán (...)

4A través de un estudio de caso el artículo indaga en las continuidades y reformulaciones en las actividades de inteligencia desarrolladas en Santiago del Estero por un organismo policial que comenzó a funcionar formalmente como DIP en 1972 hasta la fecha de su clausura en el año 20043. La continuidad de las actividades del D2 santiagueño a través de las distintas experiencias políticas e institucionales que tuvieron lugar en nuestro país entre 1973-2004, permite observar las líneas de continuidad, de ruptura y de reformulación entre el llamado “pasado reciente” y el presente, entre el autoritarismo y la democracia.

• 4 Kalmanowiecki, 2003 citado en Galeano, Diego, Op. Cit., 2007.
• 5 Barreneche, Osvaldo y Galeano, Diego “Nota sobre las reformas policiales en la Argentina, siglos XI (...)
• 6 Barreneche, Osvaldo y Diego Galeano, Op. Cit, 2008, p. 98

7Por una parte, el aparato represivo policial organizado desde fines del siglo XIX, y que se militarizó aceleradamente en los años 30, instaló la idea de un “enemigo interno” en el núcleo de sus prácticas y en sus mecanismos de construcción de identidad4. Durante las primeras décadas del siglo XX fue creciendo la idea de organizar profesionalmente a las fuerzas policiales sobre una base militarista que se concretó con el advenimiento del peronismo. En efecto la reforma policial en Buenos Aires llevada adelante en los años cuarenta por Adolfo Marsillach impuso un modelo basado en la doctrina militar: mando centralizado, con una organización jerárquica de escalafones y disciplina5. Por otra parte, la recopilación de información sobre asuntos políticos fue una actividad que las policías habían incorporado como una función propia entre fines del siglo XIX y principios del XX6

• 7 Chiarini y Portugheis, Op. Cit, 2014.

9La Guerra Fría supuso para América Latina la difusión de la DSN que, entre otros puntos, promovía la adhesión de las fuerzas armadas latinoamericanas a la estrategia de lucha contra la subversión desplegada por Estados Unidos. Los movimientos independentistas que estaban desarrollándose en los países coloniales y el equilibrio nuclear alcanzado por la Unión Soviética, llevaron a Estados Unidos a desplegar una estrategia de contención de la insurgencia armada en el continente americano. Dado el carácter global que adquiría la lucha contra el comunismo, las acciones defensivas tenían carácter continental como la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). A través de la Junta Interamericana de Defensa (JID), creada con otra finalidad en 1942, consiguió que los países americanos suscribieran en 1947 al TIAR que establecía un pacto interamericano de defensa mutua en caso de ataque armado e instaba a los Estados firmantes a intensificar la “preparación en la paz para la guerra”7. Así es que fue sancionada la primera doctrina de defensa nacional la Ley Nº 13.234 de Organización de la Nación para Tiempo de Guerra (1948) durante la presidencia de Perón. Otras acciones de política exterior implementadas por Estados Unidos como parte de la DSN incluyó el programa de ayuda económica, política y social conocido como Alianza para el Progreso (1961), programas militares de entrenamiento de oficiales latinoamericanos, la creación de instituciones de entrenamiento en técnicas de guerra contrarrevolucionaria y de vinculación sistemática entre los oficiales de las tres fuerzas armadas de todo el hemisferio, y la entrega de armas en el marco del Plan de Asistencia Militar.

• 9 De acuerdo al decreto Nº337/46 la CIDE tenía como misión “suministrar al Poder Ejecutivo nacional y (...)

12La Secretaría de Informaciones de Estado (SIDE), primer órgano estatal centralizado de información e inteligencia, adquirió importancia estratégica. La secretaría había comenzado a funcionar en 1956 luego de una re-estructuración de la Coordinación de Informaciones de Estado creada en 1946 por el Presidente Perón9.

• 10 En 1959 el presidente Frondizi creó una comisión encargada de “planificar, dirigir y supervisar la (...)

13La progresiva re-significación de la seguridad nacional operada en el contexto de la Guerra Fría y la importancia creciente adquirida por la inteligencia determinaron una re-estructuración de la secretaría en 1962, luego de la cual la SIDE asumió la función de “realizar actividades informativas y producir inteligencia en interés de la seguridad de la Nación, para la conducción de los asuntos de Estado y para la acción contra el comunismo”10.

• 11 Oliveira, Alicia y Tiscornia, Sofía, “Estructuras y prácticas de las policías en Argentina. Las red (...)

14Con la sanción de la Ley 16.970 la defensa nacional fue equiparada a la seguridad interior, produciendo una serie de modificaciones en la estructura orgánica y funcional en las fuerzas de seguridad, y adscribiéndolas a los objetivos y comando de las Fuerzas Armadas. Con la reorientación de la actividad policial al control social se produjo la “intensificación de prácticas policiales destinadas al espionaje, la invasión de la vida privada de los ciudadanos, el ejercicio de la coerción por motivos políticos y la creación de divisiones especiales para estos fines”11.

• 12 La estructura orgánica de las policías provinciales se encuentra divida en departamentos identifica (...)

15Una de las divisiones especiales creadas con este fin en el ámbito de las provincias fue el DIP (identificado bajo el código D2 dentro de las estructuras policiales)12. En el caso de la Policía de Santiago del Estero la creación del D2 fue establecida por la Ley Orgánica Nº 4793 de 1979. No obstante de la lectura de documentos pertenecientes a su archivo de legajos de inteligencia surge que su actividad es anterior a esa fecha. El organismo había sido puesto en funcionamiento en 1972 y ratificado al año siguiente por decreto del gobernador constitucional Carlos Arturo Juárez (1973-1976), quien además ordenó el entrenamiento de Antonio Musa Azar en la Escuela de Guerra de las Américas de Buenos Aires para posteriormente designarlo Jefe del DIP y de la Superintendencia de Seguridad (Res. 366, 30 de enero de 1975). Si bien la vigilancia política se acentuó durante los setenta, ésta era una función que la policía local ya ejercía con antecedencia. Este aspecto se desarrolla en el último apartado donde analizamos dos legajos del archivo del D2.

• 13 Art. 175, Cap. III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía de Santiago del Estero Nº 4793.
• 14 “Principales puntos que deben tener en cuenta los señores Jefes de Unidades Regionales, Comisarías (...)

16El D2 nació con la misión de “reunión de información, procesarla, evaluarla y difundirla en la medida correspondiente, programando las acciones a adoptarse en lo que a su especialidad respecta, y realizar tareas de contra-inteligencia y la confección de los anexos y/o apartados correspondientes a su Jefatura de los planes y órdenes del Jefe de Policía”13. Para ello “desarrolla actividades las 24 horas del día, de manera tal, que cualquier información llega en forma inmediata al conocimiento de la superioridad”14. Se estructuraba en tres salas de trabajo –explotación de prensa, operaciones especiales, de situación- dedicadas a producir, clasificar, evaluar distintos tipos de información sobre la actividad de instituciones y ciudadanos bajo sospecha policial y una Sección de Archivo.

• 15 El informe Nunca Más elaborado por la CONADEP identificó como centros clandestinos de detención los (...)

17Aunque el organismo no tiene facultades represivas, el D2 desarrolló una faz operativa cuando funcionaron como centros clandestinos de detención y sus agentes integraron grupos de tareas durante la última dictadura militar15, tal como se pudo demostrar en los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron o están desarrollándose en algunas provincias del país.

• 16 Boletín Oficial de la Nación, 05-05-1988. La derogación de la ley 16.970 (1967) no obstante no supu (...)

19Una medida importante fue la separación normativa de la seguridad interior respecto de la defensa nacional fijada por la nueva Ley de Defensa Nacional Nº23.554 (1988), la que establecía además que “las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militar”16.

• 17 Conformado por el Ministro del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores y Culto, el Secretario de (...)
• 18 Este Consejo de Seguridad fue disuelto en diciembre de 1989 mediante el decreto Nº 1573.

20Sin embargo el copamiento del Regimiento 3 de Infantería en localidad bonaerense La Tablada en 1989 y, en un contexto de tensión con las Fuerzas Armadas, determinaron la creación del Consejo de Seguridad17. Habilitando la intervención operativa y de inteligencia de las jefaturas militares en cuestiones de seguridad interior vinculadas con prevención y conjura de “todo hecho de violencia organizada”, el desarrollo de “estrategia para la acción antisubversiva”, y la “articulación de las tareas de inteligencia operativa” (decreto Nº83, Boletín Oficial de la Nación, 31-01-1989)18.

• 19 Decreto 392, Boletín Oficial de la Nación, 07-03-1990.

21Estas competencias fueron ampliadas bajo la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) por medio del decreto Nº392 de 1990. A la prevención y conjura de la formación o actividad de grupos armados que pusieran en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, la vida, libertad, propiedad o seguridad de la Nación, el decreto añadía la preparación de medidas tendientes a afrontar hechos que constituyan un estado de conmoción interior. En ese caso debía formarse un Comité de Seguridad Interior para coordinar “eventuales acciones conjuntas de las Fuerzas Policiales, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas” y “requerir la colaboración de los organismos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia”19.

• 20 Esos casos excepcionales eran apoyo logístico en acciones de seguridad interior emprendidas por fue (...)
• 21 Art. 35to, Boletín Oficial, 17-01-1992.

22Incluso la nueva Ley de Seguridad Interior Nº 24.059 (1992) preveía una eventual intervención de las Fuerzas Armadas para el re-establecimiento de la seguridad interior en situaciones excepcionales20, dejando en suspenso la distinción jurisdiccional entre seguridad interior y defensa nacional. Otro aspecto relevante es que la nueva ley fijó la conducción política –a cargo del Presidente de la Nación a través del Ministro del Interior- y el control parlamentario de las actividades e instituciones creadas por esta nueva norma de “la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la constitución nacional, así como de las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos denominada Pacto de San José de Costa Rica”21.

• 22 Saín, Marcelo, Op. Cit., p. 152.
• 23 Así como tampoco a los organismos militares como la Central Nacional de Inteligencia (CNI), el Cons (...)

24Una de las primeras medidas adoptadas por Alfonsín fue la redefinición de las funciones de la SIDE. Sin embargo el decreto que derogaba sus “facultades represivas, compulsivas o policiales”, por causas que no profundizaremos aquí, fue dejado sin efecto por decretos posteriores. De este modo la secretaría siguió dedicada a la “producción de inteligencia referida a todos los asuntos del Estado, en particular, a los concernientes tanto a la seguridad exterior como a la seguridad interior del Estado en su conjunto”22. Inclusive el control parlamentario fijado por la nueva ley de seguridad interior a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia no alcanzó a la SIDE23 en tanto no integraba el esquema de organismos creados por la nueva ley de seguridad interior.

• 24 Si bien la CNI se mantuvo como organismo encargado de la elaboración de la inteligencia estratégica (...)

25La superposición de órganos de información e inteligencia y las dificultades para su coordinación ha sido un desafío para los gobiernos electos en la postdictadura24. Como ha señalado Saín la secretaria no solo se ha autonomizado de la conducción política y del propio sistema institucional de seguridad interior y de defensa nacional, sino que también se ha dedicado al

• 26 Ley Nº25.520, Boletín Oficial de la Nación, 06-12-2001.
• 27 Saín Marcelo “Nunca es tarde”, Página 12, 25/01/15.

26Hacia el año 2001 fue promulgada la Ley de Inteligencia Nacional Nº25.520 que estableció un Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) para la toma coordinada de decisiones en materia de seguridad interior y exterior. La ley parte de la diferenciación entre seguridad interior y defensa nacional para distinguir la inteligencia nacional, de la criminal y de la estratégica-militar y establece que el SIN debe ajustarse a las previsiones establecidas por la Constitución Nacional (1994). Esto supuso la ilegalización de: la inteligencia sin orden judicial, así como de la recopilación de información o producción de inteligencia por razones de fe, raza, opinión política, participación en organizaciones sociales y políticas. También prohíbe la influencia en la política interior o exterior; las escuchas telefónicas26. Además la SIDE fue sustituida por la Secretaría de Inteligencia (SI) aunque sin que cambiaran sustancialmente sus prácticas. “El más serio problema institucional es que hace mucho tiempo que la SI no cumple integralmente con las funciones asignadas legalmente (…) como una herencia incólume de la década menemista, la SI dirige la labor de numerosos magistrados y fiscales federales y ordinarios en todo el país: son los jueces y fiscales de la SI. Y con ellos, digitan causas judiciales, inventan acusaciones, garantizan impunidad, imputan delitos a inocentes, extorsionan”27.

• 28 Posición encarnada por los documentos del CELS y las investigaciones del Equipo de Antropología Jur (...)
• 29 Ver Saín, Marcelo, El Leviatán Azul. Política y Policía en Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008
• 30 Kobilansky Salles, Facundo "La política de las reformas policiales a nivel subnacional en Argentina (...)
• 31 Nos referimos a las policías de Catamarca, La Pampa, Salta, San Luis, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, S (...)
• 32 Nos referimos a Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Neg (...)

30En razón de la organización federal del Estado argentino son los gobiernos provinciales los que deciden sobre la organización y competencias de sus fuerzas policiales. Durante la década del noventa el activismo de organizaciones de derechos humanos y las protestas sociales frente a casos graves de violencia y corrupción policial arrancaron a los gobiernos de provincias como Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Chubut, por ejemplo, medidas para depurar y modernizar sus policías. Dos interpretaciones han guiado las reformas: la violencia como consecuencia de la militarización de las estructuras policiales28 y la corrupción como efecto del desgobierno político de las fuerzas policiales29. En ese marco los esfuerzos para desmilitarizar y lograr la conducción civil de las fuerzas policiales ha seguido al modelo de organización policial comunitario de la tradición anglo-americana y ha incluido cambios la separación de la función preventiva de la investigativa; mayor presencia policial en las calles; la promoción de la participación ciudadana; la creación de órganos de contralor y de mecanismos de rendición de cuentas vertical y horizontal, aunque no han sido políticas sostenidas en el tiempo30. Desde el año 2004 el Consejo de Seguridad Interior puso en marcha el Programa Nacional de Capacitación, Apoyo a la Formación y Actualización de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en una iniciativa que pone de relieve la relevancia asignada a la profesionalización para modernizar las fuerzas policiales. Si bien las provincias habían realizado algunos avances en sus policías en términos de formación y actualización, de tecnificación, de incorporación de la participación comunitaria, de descentralización territorial y funcional; no se observa que los esfuerzos por desmilitarizar las policías hayan avanzado sobre una crítica del papel de la información y la producción de inteligencia sobre la disidencia política. Del conjunto de provincias argentinas, once provincias aún mantienen el D2 en sus leyes orgánicas policiales, de las cuales solo en Santa Fe y Santiago del Estero han sido clausurados31. En el resto de las provincias el D2 fue removido de sus leyes orgánicas32 aunque esto no necesariamente implica que el espionaje político haya desaparecido.

• 33 Muzzopappa, Eva y Villalta, Carla, “Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas so (...)

31Si bien es cierto que las reformas policiales no siempre se inician con una modificación normativa, las leyes tampoco son letra muerta. Y aunque no constituyen un reflejo directo de las prácticas que efectivamente desarrollan las instituciones, es importante considerar que las leyes actúan a la manera de guías de acción, consagran lo que es correcto y deseable, constriñen las prácticas cotidianas reforzando determinadas lógicas de funcionamiento institucional y opacando otras33.

• 34 “Principales puntos que deben tener en cuenta los señores Jefes de Unidades Regionales, Comisarías (...)
• 35 Dado que las unidades regionales, comisarías y sub-comisarías integran la “cadena de informaciones” (...)

34Durante los allanamientos ordenados por la Justicia Federal en marzo del año 2004 fueron encontrados documentos clasificados de acuerdo a dos criterios. Por un lado legajos pertenecientes a personas que contenían distintos tipos de documentos y registros. Desde la ficha de antecedentes penales, recortes de prensa, hasta “informes ambientales” basados en la infiltración y el seguimiento, y escuchas telefónicas. Y por otro lado carpetas clasificadas según los departamentos de la provincia con las novedades diarias producidas en cada distrito sobre “delitos comunes, actividades subversivas, asuntos políticos, gremiales, estudiantiles, migratorios, turísticos, etc”34. Las carpetas contenían recortes de prensa y “panoramas diarios” enviados por las unidades regionales, comisarías y sub-comisarías al D235.

• 36 Un viejo aljibe ubicado al costado de las vías del ferrocarril que se usaba para alimentar de agua (...)
• 37 En el lugar ya fueron identificados restos de nueve víctimas del terrorismo de Estado, aunque los p (...)

38Horacio nació el 28 de junio de 1912 en la localidad de Añatuya, Santiago del Estero. Abogado y militante del Partido Radical, fue diputado provincial (1946) e integró la delegación argentina que participó en el Congreso Mundial por la Paz en Europa. Su actuación como abogado defensor de presos políticos y las denuncias sobre corrupción publicadas en el periódico local surgen como las causantes del comienzo del seguimiento policial. Horacio fue secuestrado el 13 de Marzo de 1976 en una plaza pública de la capital provincial por un grupo de tareas del DIP. Se desconocía su paradero hasta que el 5 de julio de 2013 fueron identificados sus restos en una fosa común conocida como "Pozo de Vargas"36 ubicada en la provincia de Tucumán. La causa judicial fue abierta hace una década pero recién en año 2014 se realizaron las inspecciones y el trabajo de excavación del Equipo Argentino de Antropología Forense37.

• 38 Dado que la documentación no ofrece más datos, queda pendiente establecer desde que fecha comenzó a (...)
• 39 Aristóbulo Mittelbach, Carlos Juárez y Francisco González.

43En primer lugar, los informes requeridos a la policía por el gobierno a raíz de la denuncia pública de Horacio evidencian que la vigilancia política era una actividad preexistente a la creación del D2 (1972). En los años inmediatamente anteriores a su creación encontramos a la “Dirección de Coordinación y Enlace” que funcionó durante el gobierno de facto de la revolución argentina en la provincia38. Aun mas, los registros asentados en los documentos descriptos más arriba permiten identificar la presencia de otros organismos que venían desarrollando la función de recopilación de información previamente a la implementación del CONINTES (entre 1958-1961) y la militarización de las fuerzas de seguridad puesta en marcha por la ley de defensa nacional 16.970 (1966). En efecto, los registros de la “Sección Orden Social y Político” de la “Coordinación de Informaciones” de la provincia citados en el informe remiten los seguimientos a un periodo anterior, inclusive a la fundación de la propia Policía de la provincia el 25 de agosto de 1952. Los ingresos de informaciones en los años 1940, 1946, 1952 son significativas porque dan cuenta de que la vigilancia política lejos de ser una potestad exclusiva de los gobiernos peronistas de la época, fue una actividad promovida por los gobiernos conservadores antecedentes, continuada durante los tres gobiernos peronistas en Santiago del Estero39. Luego de la sanción de la ley “de organización de la Nación para tiempo de guerra” fue creada en la provincia la División de Investigaciones (1949) en el marco de la cual funcionó la Coordinación de Informaciones de la provincia.

• 40 “Al respecto, cabe hacerse la reflexión de que en la guerra revolucionaria, el enemigo no puede con (...)

48La vigilancia de la disidencia política basada en el seguimiento de la persona y a través de ella, de la vida interna de las instituciones es una práctica que adquirió sentido en relación a la presencia de una estrategia de control de un enemigo interno. Si la población era la base de apoyo del enemigo subversivo y por lo tanto el terreno donde se desarrolla el combate, las técnicas de infiltración y contraespionaje debían detectar además la red de vínculos que directa o indirectamente servía de base de apoyo a la persona bajo sospecha policial40.

• 41 El juarismo fue un sector del peronismo provincial, conducido por Carlos Juárez y su esposa Mercede (...)

50El legajo de Jacinto exhibe por un lado la continuidad de las actividades de vigilancia política del D2 luego de la desarticulación del bloque cívico-militar que lo diseñó para el control y represión de la disidencia política. En el caso santiagueño se mantuvieron vigentes tanto la ley orgánica que dio origen al D2, como la actividad de dicho organismo. Si bien podría pensarse que ambos fenómenos eran un legado institucional no buscado por los gobernadores de la época, en el mismo periodo se registra la designación de dos de los máximos responsables del terrorismo de estado en la provincia en la Dirección General de Seguridad como Sub-Secretarios de Informaciones y de Seguridad. Nos referimos a la designación en 1995 del comisario Antonio Musa Azar y al mayor del Ejército Jorge D´amico, respectivamente por decreto del gobernador Carlos Juárez41. Con esta decisión el gobernador daba continuidad no solo al DIP sino también a parte de los funcionarios que habían contribuido a configurar modelos de trabajo y la práctica policial adentro de dicho organismo.

• 42 Consultado sobre los acuartelamientos Marcelo Saín señaló “Es la policía de esta política. Acá hubo (...)

61La percepción de que los acuartelamientos policiales podían convertirse en un factor de desestabilización democrática tenía un antecedente cercano en la protesta de Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval (2012) y un aire de familia con los intentos de “golpe suave” que tuvieron como protagonistas a las fuerzas policiales de Bolivia (2008 y 2012) y Ecuador (2010). En ese contexto fue que el oficialismo, las principales fuerzas de la oposición y distintas organizaciones sociales coincidieron en el repudio de los acuartelamientos y en la demanda por la democratización de las estructuras policiales. Los acuartelamientos muestran otra arista de la relación de la policía con la política. En los casos de las policías de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires la medida de fuerza explicitaba el reclamo por la ruptura de un pacto político-policial42.