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Laura Brondino

Romana Falcón, El jefe político. Un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856-1911

El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2015, 744 p.
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Romana Falcón, El jefe político. Un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856-1911, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2015, 744 p.

[01/12/2015]

Texte intégral

  • 1 Poco antes, se volvió a publicar un artículo de J. Lloyd Mecham, inicialmente aparecido en 1933, «  (...)

1Esta obra de Romana Falcón se presenta, modestamente, como un estudio de caso sobre la figura del jefe político en la segunda mitad del siglo XIX. En realidad, al encarar y analizar lo que denomina como “dominio negociado”, la obra abarca, conectándolas, varias problemáticas y ámbitos que se suelen estudiar por separado. De hecho, en sus más de setecientas páginas (incluidos anexos), confluyen y culminan varias vetas de investigación en las que Romana Falcón ha profundizado desde hace muchos años. Ciertamente, la autora relanzó el interés1 por el estudio de los jefes políticos a partir de finales de los años ochenta, centrándose en casos y circunstancias diversas en varios estados; además, su apasionado interés por las clases subalternas” ha ido explorando y afinando un tipo de análisis socio-histórico “a ras de suelo” de los procesos históricos del siglo XIX. En esta obra, claro está, la confluencia no es casual y resulta atinada no sólo porque, como se propone Romana Falcón, implica el cruce de la historia institucional con la historia social para captar las dinámicas de construcción del dominio y de la subordinación, sino porque además permite enfocar claramente la función fundamental de la institución de los jefes políticos: la mediación.

2En efecto, a lo largo de su existencia, grosso modo desde las primeras constituciones estatales del México independiente hasta su supresión definitiva en la Constitución de 1917, estos empleados públicos fueron la punta de lanza de los gobiernos estatales – y en más de una ocasión directamente de Palacio Nacional – a nivel local. Al encabezar los desaparecidos distritos y ser directamente dependientes de los gobernadores de los Estados (que en muchos casos también los nombraban, en particular en la segunda mitad del siglo XIX), superiores jerárquicos de los ayuntamientos, fueron el primer vis a vis de los gobiernos con la población. De hecho, tenían amplias facultades coercitivas sobre la población cuya inmensa mayoría – recordemos lo obvio – ocupaba los escalones más bajos de la sociedad, y que fue profundamente afectada por las políticas de los gobiernos de la segunda mitad del siglo XIX. Por lo anterior, estos intermediarios formales entre las políticas elaboradas en las cúpulas del poder y hasta el último habitante del país, constituyen efectivamente un observatorio especialmente adecuado para analizar la “dialéctica del dominio”, dominio que estaban encargados de implantar a nivel local. Hay que señalar, además, que Romana Falcón precisa, a lo largo de la obra, su “bagaje conceptual” (p. 28) insistiendo, entre otras cosas, en la naturaleza intrínsecamente relativa de las categorías de dominio y de subalternidad para referirse a la situación de los actores y a sus relaciones, siempre fluctuantes.

3El corte temporal de la obra abarca el periodo 1856-1911, aunque ocasionalmente se flexibiliza, pues para entender el surgimiento de los jefes políticos y las políticas que se enfocan hay que remontarse por lo menos al periodo gaditano. Este lapso resulta particularmente coherente, pues corresponde no sólo al apogeo de la figura del jefe político en los distritos, sino que contempla el arranque y las largas décadas de implantación de las políticas liberales apoyadas por los diversos gobiernos del periodo. En este sentido, al no haberse adentrado en la crisis del gobierno porfiriano, Romana Falcón presenta una visión que considera todo el periodo, evitando leerlo a partir de su derrumbe. Así, el lector queda en libertad de enfocar su atención en la actuación de los diversos gobiernos, o bien de percibir contrastes y contrapuntos entre las prácticas de los distintos actores dentro del espíritu general de las políticas liberales encaminadas, según sus impulsores, a lograr el progreso.

4Ahora bien, tal como queda explícito desde la introducción hasta el final de la obra, la óptica de la “dialéctica del dominio” busca liberar la interpretación histórica de dos tendencias. En primer lugar, va encaminada a evitar una “interpretación formal” (p. 335) de los documentos – en su mayoría, correspondencias oficiales – “que hace de los historiadores meros escribas de los gobernantes” (passim) y, en segundo lugar, busca romper con la imagen sosegada que el estado tiende a dar de sí mismo, para desvelar el carácter activo de los gobernados, carácter que obligó, según Romana Falcón, a la negociación del dominio. Otra preocupación conceptual y metodológica en la que insiste la autora, y que “guía” el análisis de la dialéctica del dominio, va en contra de la “sobrevaloración juridicista” (p. 314) en la que puede caer la historia social al olvidar que, por más que el estado intentara monopolizar la producción del derecho y homogeneizarlo, en la época la cultura jurídica seguía siendo plural y “algunos estratos pueblerinos” manejaron con terquedad otras concepciones de “lo justo” (p. 19). Ello muestra la necesidad de una interpretación no lineal de la concreción de las leyes expedidas desde arriba.

5El interés que priva en estas dos preocupaciones metodológicas, y el objetivo último del análisis de la dialéctica del dominio (lo que se aclara y precisa tras los dos primeros capítulos introductivos), es antes que nada ver esa dialéctica “desde abajo” (p. 244): escuchar a los de abajo, remarcar su dinamismo y precisar cómo vivieron y fueron protagonistas activos en la negociación del dominio. Si, deliberadamente, Romana Falcón escoge estudiar la relación de los jefes políticos con los de abajo – si bien toma en cuenta a lo largo de la obra a la pluralidad de actores sociales – es también porque, como puntualiza, se les escucha primeramente por sus acciones y a través del filtro de las autoridades, leyendo a contrapelo y a trasluz la cuantiosa documentación de la que se encargaron en gran medida los jefes políticos.

6El primer capítulo (“El entorno, los pobladores y su historia”), añadido a posteriori por la autora, presenta un panorama detallado de los diversos distritos del Estado de México, en particular de la variada composición étnica, las jerarquías territoriales cambiantes y la multiplicidad de las estructuras de la propiedad. Con respecto a esta última, se destaca, en términos globales, la permanencia de muchos pueblos y el desarrollo de la pequeña propiedad. Este capítulo, junto con los cuadros y mapas que lo acompañan, es sumamente útil para quien quiera releer cada estudio de caso ubicándolo dentro de su contexto específico.

7El segundo capítulo (“Del poder: facultades, límites y estilo”) presenta el perfil legal de los jefes políticos para puntualizar la situación estratégica que les permitió “ir moldeando a la sociedad mexicana dentro de una estructura centralizada y relativamente homogénea” (p. 239). Romana Falcón resalta la función de centralización y control de los jefes políticos haciendo un detallado recuento de sus ámbitos de vigilancia y actividad, desde su primera formulación en la Constitución de Cádiz hasta, como era de esperarse, las leyes vigentes durante el periodo estudiado, las de 1852 y de 1868.

8Después de recordar las atribuciones comunes a todos los jefes políticos – como publicar las leyes y velar por su cumplimiento, ser conducto de comunicación entre el gobierno y ayuntamientos y población – Romana Falcón organiza otras atribuciones bajo distintos rubros, comenzando por las de carácter coercitivo, como el control de los ayuntamientos, de los asuntos municipales, de hacienda, justicia, agrarios, militares en sentido amplio (guardias nacionales, leva) que les dan – en particular éstas últimas – un carácter autoritario, discrecional y proclive a la arbitrariedad y el abuso. También se hace hincapié en el objetivo de control y de implantación de “la modernidad”, por medio del conocimiento racionalizado, pues los jefes políticos contaban con prerrogativas relativas a la recopilación estadística de la población y de los recursos (incluyendo todo tipo de registros y matrículas). Este conocimiento, no hay que olvidarlo, incrementa el poder coercitivo de los jefes políticos pues, por ejemplo, pueden decidir de forma discrecional a quiénes enviar a la leva. Por último, se nos presentan las atribuciones abocadas a la “creación de consenso” (p. 180), es decir, las relativas al establecimiento de escuelas, a la salud pública, al control de calidad de productos o la estandardización de pesos y medidas, así como la injerencia en la vida privada y las diversiones populares en nombre de la “moral pública”. Se trata, en suma, de un cuadro detallado de las amplias facultades que permitieron a los jefes políticos insertarse entre los pliegues del gobierno y de las sociedades locales. Esta acumulación de funciones, señala la autora aunque sin desarrollar el argumento, “anquilosó” las jefaturas “en contra de la racionalidad y separación de funciones propias de una forma administrativa más moderna” (p. 155). Paradójicamente, empero, Romana Falcón resalta que fueron estas funciones las herramientas fundamentales para imponer su “moldeo” modernizador.

9Otra herramienta en la que profundiza la autora en este capítulo, es el poder informal que obtuvieron los jefes políticos por medio de su inserción en las redes clientelares, lo que reforzó su autoridad y su capacidad de “injerencia” – incluso como alfiles en contra de la autonomía de los Estados, al poder actuar como agentes de Palacio Nacional. Sin embargo, este poder era un arma de doble filo, pues los jefes políticos dependían del débil equilibrio que tenían que encontrar entre diversos actores de mayor y de menor jerarquía, lo que enfatiza el carácter intrínsecamente relativo y precario del dominio que podían alcanzar. Por último, la autora comenta los intentos por limitar las arbitrariedades y abusos de los jefes políticos, intentos que se efectuaron por medio de la precisión de obligaciones y prohibiciones, así como a través de la institución de los visitadores de jefes políticos. Por otra parte, Romana Falcón ya introduce en este capítulo ejemplos de las estrategias que adoptan los más humildes para “protegerse” ante el poder formal e informal de los jefes políticos y otros poderosos. Lo anterior apunta hacia la existencia de una política de control de estos empleados públicos más desarrollada en el Estado de México que en otras partes del país. Cabría insistir también en que las propias prerrogativas de los jefes políticos de la entidad también en muchos ámbitos fueron más amplias que en otros, como se verá a continuación.

10Después de haber mostrado las amplias prerrogativas que permitieron a los jefes políticos enlazar “dominantes y dominados”, Romana Falcón se propone contrastar estos “fundamentos legales (…) con la actuación en la vida real y, especialmente, en la dialéctica con los grupos populares, meollo de este libro” (p. 244). Para ello, entre las muchas esferas de interacción, la autora elige el ámbito agrario, el cual ya había utilizado anteriormente como escenario para el estudio de los jefes políticos. Nos aclara que se trata de un observatorio ideal, en el caso del Estado de México, para analizar la dialéctica mencionada pues en una sociedad básicamente rural, la política agraria del periodo afectó a los grupos populares y generó muchas tensiones y contrapuntos o, en palabras de la autora, “escenarios de contención” (p. 245). Los capítulos III y IV (“Bienes, derechos e impuestos” y “La precaria modernización liberal”) se adentran, pues, en la problemática de los derechos sobre los bienes raíces y en las políticas de desamortización y de deslinde de baldíos, ejes de una política modernizadora cuyo anhelo era disolver a los antiguos actores corporativos – los pueblos – y promover y consolidar una sociedad de individuos, propietarios privados y contribuyentes, lo cual iba de la mano con la modernización jurídica homogeneizante. La idea central, sustentada en análisis detallados de casos y en la amplia bibliografía sobre el tema, es que la puesta en planta de las políticas liberales en este ámbito siguió caminos sinuosos, hasta quedar de cierta manera trunca.

11Sin ocultar la pluralidad de factores que influyeron en ello, Romana Falcón primero resalta, a través de casos esclarecedores, la frecuente falta de unidad del propio centro del poder en la concepción e instrumentación de la desamortización. Lo que nos muestra es un “centro” desmembrado por desacuerdos internos entre sus distintos niveles y compartimentos: gobernadores, legislaturas, federación, etc. – pese a que progresivamente va ganando “coherencia y estabilidad” (p. 355) a partir de la República Restaurada. También retoma y explica la vasta cuestión de las borrosas y fluidas definiciones de los recursos del común (que no tuvieron delimitación desde las primeras épocas), lo que dificultaba, en las situaciones más concretas, la identificación de los recursos mismos. Romana Falcón subraya que si bien esto último pudo generar conflictos entre pueblos, ambos factores (falta de unidad central y carencia de definiciones), fueron aprovechados por los campesinos comuneros para defender con tenacidad sus recursos, para luego precisar las modalidades, variaciones y matices de este dinamismo, así como los valores que lo sustentaron. También destaca, en estos capítulos y hasta el final de la obra, cómo los campesinos comuneros fueron amalgamando lo viejo y lo nuevo - privilegios, derechos y costumbres, procedimientos –en combinaciones fluctuantes, con una buena dosis de infrapolítica y economía moral, dándole así “nuevos significados” (p. 409) a la modernidad.

12Según Romana Falcón, fue gracias a lo anterior que muchos pueblos lograron conservar buena parte de sus recursos. Nos recuerda, además, que lo que estaba en juego, más allá de lo meramente material, era la organización y la identidad comunera. Al respecto, apoyándose en particular en la lecturas de varios estudios de caso del Estado de México, la autora señala que, más allá de la variedad de procesos disímiles según las configuraciones socio-económicas y las correlaciones de fuerza, la adjudicación de tierras de repartimiento tuvo buena aceptación, a diferencia de los bienes del común amenazados en particular por el deslinde de baldíos que se emprendió a partir de mediados de la década de 1880, cuestión que todavía queda por estudiar a fondo. En este punto, se nos presenta la hipótesis de que el contundente rechazo a esta individualización de la tenencia de la tierra vino, principalmente, de los sectores pueblerinos más bajos por ser más dependientes de los bienes del común. Además, se matiza acerca de la conservación de las tierras indicando que, con frecuencia, la individualización redundó en la concentración de los recursos o de las competencias sobre los mismos en manos de los ya más pudientes, socavando así la organización social comunera y fomentando la percepción de agravios.

13Volviendo a la dialéctica del dominio, estos capítulos III y IV que dibujan la complejidad y tortuosidad general del proceso de modernización en varias de sus facetas, muestran también a los jefes políticos como “herramientas fundamentales” para socavar las formas de propiedad y posesión no individuales, no sólo gracias a sus atribuciones directamente relacionadas con la adjudicación de tierras que les permitían “conferir o restar poder a cada actor” (p. 402) en los conflictos, sino también gracias a sus demás atribuciones y a su “poderío informal” que les permitían conocer desde dentro las instituciones y sociedades locales y coercionarlas en otros ámbitos conectados, como el de los impuestos.

14Pese a lo anterior, Romana Falcón muestra que los jefes políticos, al ser intermediarios ineludibles entre el gobierno y los campesinos, por un lado padecieron los vacíos y contradicciones de las directivas superiores, orillados muchas veces a la duda y a la inacción, y, por otro lado, al buscar un equilibrio con las situaciones locales y por ende sometidos ellos mismos a presiones colectivas, también pudieron contribuir a institucionalizar la mencionada amalgama de aspectos modernizadores con derechos de antiguo cuño. Lo anterior, por medio de aceptar y promover hacia arriba procedimientos, argumentos y reivindicaciones de antiguo régimen, como por ejemplo las peticiones de exención a la ley. También señala la autora la simple y llana ineficacia de los jefes políticos o la falta de colaboración en ámbitos anexos como el cobro de la contribución predial.

15Tras haber presentado un detallado marco bajo el signo de la amalgama, es en los capítulos V y VI cuando se adentra en la naturaleza de las jefaturas políticas, como piezas clave del “dominio negociado”. A través de las diversas “palestras contenciosas” (p. 411) que nos descubre Romana Falcón, vemos la interacción entre los jefes políticos y diversos estratos sociales a lo largo y ancho de toda la amplia gama de configuraciones de negociación, desde la negociación pacífica, formal y/o informal, hasta la violencia simbólica o armada, con sus cambios, deslices y traslapes. La función de intermediario del jefe político cobra aquí lineamientos muy precisos que permiten aprehender su sentido. Subrayemos el interés del caso del Estado de México en este sentido: si todas las jefaturas políticas mexicanas estuvieron encargadas, en los hechos y en la legislación, de la intermediación y negociación, no todas tuvieron herramientas institucionales de arbitraje tan desarrolladas como las mexiquenses. Las que enfoca la autora en el capítulo V (“Viejas querellas y nuevas arenas: la ciencia y el arte de la contención”) nos remiten a la naturaleza de la función mediadora: sus atribuciones conciliadoras, es decir, atribuciones de cuño judicial para la resolución de contenciosos entre actores colectivos y particulares. Éstas son también la contraparte de su facultad de otorgar permiso de litigar judicialmente al “ayuntamiento, municipio o pueblo” que lo requiriera (primero con posibilidad de recurso ante el gobierno estatal, luego como propuesta dejando al gobernador la decisión definitiva), así como de aprobar al apoderado de estos litigantes. Lo anterior hace explícita la función de los jefes políticos en la resolución de conflictos y como árbitros, y también la forma en que encauzaban estos conflictos en el marco institucional pues, como precisa la ley respectiva, se trataba sobre todo de “evitar las vías de hecho” y Romana Falcón recuerda el temor de las élites a que estallaran nuevas “guerras de castas”.

16Me parece que el estudio minucioso de los trámites, maniobras y transacciones a los que dieron lugar varios casos de avenimiento y de otorgamiento o rechazo de permisos para litigar es muestra, además, de que estas facultades les dieron a los jefes políticos poder y margen de negociación, poder sumamente flexible y discrecional comparado con el de los jueces, cada vez más arrinconados a ser meras “bocas de la ley”. Romana Falcón resalta el aspecto fundamental en que desembocan estas facultades: los jefes políticos pudieron filtrarse en los entresijos de las sociedades rurales, hasta llegar a los detalles más ínfimos de la vida de los pueblos, “tomarles el pulso” (passim) en palabras de la autora. Y ello les permitió ser intermediarios eficaces entre las políticas mandadas por el centro del poder y “la realidad”, como destaca la autora en varios ejemplos que muestran que la solución a un contencioso sobre tierras entre pueblos o con particulares también era aprovechada por los jefes políticos para comprometer a los pueblos a aceptar la adjudicación individual de tierras.

17En este sentido, Romana Falcón resalta en su interpretación la “relevancia (de los jefes políticos) en la paz relativa que se experimentó en varias regiones de la entidad” (p. 431), así como una de sus consecuencias, la consolidación de su poder formal e informal como autoridad ineludible en la vida de las sociedades rurales – y, por ende, el avance de las políticas liberales, con las concesiones, amalgamas y contradicciones que fueran. Por otra parte, el involucramiento y dinamismo de los actores colectivos pueblerinos confirma que ellos mismos reconocieron la efectividad de los jefes políticos como mediadores. Sutilmente, la autora relativiza el peso de estos mecanismos institucionales de mediación al subrayar, entre otras cosas, que probablemente la mayoría de las diferencias y conflictos no se dirimieron por cauces institucionales, aunque éstos muchas veces permitieron generar ajustes precarios, muchas veces restauradores o conservadores de la llamada “tranquilidad pública”. También nos recuerda que los márgenes equilibradores de los jefes políticos se restringían drásticamente al estar involucrados querellantes poderosos bien relacionados con la cúspide del poder.

18Antes de seguir recorriendo todo el espectro de las formas de dirimir diferencias hasta la ruptura en la violencia material, se nos ofrece una “apreciación general de las alianzas y enfrentamientos típicos entre jefes políticos y vecinos de los pueblos” (p. 412). Esto por medio de la exposición de diversos y matizados casos de apoyo o de contención a los vecinos, así como retomando las quejas de las que más frecuentemente fueron objeto los jefes políticos. Su objetivo principal es evitar caer en una caracterización unívoca de la actuación de los jefes políticos que repita la “leyenda negra” de unos empleados todopoderosos, atrabiliarios y abocados a la represión, o que apunte a una nueva “leyenda rosada” con motivo del apoyo que algunos brindaron a los grupos populares. Romana Falcón, de hecho, precisa que probablemente la mayoría se abstuvo de “tomar partido alguno” (p. 412). En términos de “estilo de mando”, llama la atención la mezcla de amenazas o uso de la represión y de recurso al “cariño” en el caso de uno de los jefes políticos más afectos a la mano dura (p. 471-472). Esto nos remite de nuevo a que el uso de la fuerza armada fue más bien excepcional, debido tanto a la presión social a la que estaban sometidos los jefes políticos, como a su función central de conciliación y conservación de la “tranquilidad pública”. Sin embargo, aclara la autora, otros muchos jefes políticos compartieron la tendencia a la mano dura, a la arbitrariedad y al trato displicente, cuando no represivo “particularmente en contra de los ‘indígenas’” (p. 484).

19El último capítulo (“Los pueblos ante el último recurso: breve matrícula de la violencia”) explícitamente se centra en “tomar el pulso de las acciones plebeyas”, presentando de forma analítica los repertorios contenciosos y de acción colectiva que los “dominados” reformulan y recrean (p. 488). La autora retoma y profundiza “desde abajo” en muchas de las estrategias que ya han aparecido anteriormente, para mostrar el continuum y, en más de una ocasión, el traslape entre las acciones pacíficas (desde las oblicuas, como la ignorancia fingida, hasta el aprovechamiento de todos los recursos legales y amalgamas argumentativas que convinieran) y el uso de la violencia simbólica o armada.

20Si bien la segunda parte del capítulo está abocada a descifrar la “genealogía de los repertorios y percepciones populares” (p. 490), el análisis del “último recurso” que constituye la violencia completa el amplio y complejo espectro de la “dialéctica del dominio”, abriendo al lector otra extraordinaria ventana sobre el desenvolvimiento de los jefes políticos. Cuando no se logra evitar el rompimiento de la siempre frágil paz rural por insurrecciones populares, las élites se aglutinan en su contra – y Romana Falcón puntualiza que la principal insurrección del periodo, la de Chalco, se da en una región donde los hacendados llegaron a concentrar y a controlar la mayoría de los recursos. Entonces, los jefes políticos llegan a ser personajes clave, primero por sus amplias atribuciones relativas a las fuerzas armadas en sentido amplio, lo que los pone en primera línea cuando se trata de reprimir (de hecho, algún jefe político pudo especializarse en ello, convirtiéndose en una especie de jefe político itinerante en función de los brotes insurreccionales). Sobre todo, se muestra con gran detalle cómo los jefes políticos, además de actuar en colaboración con sus homólogos de otros distritos según exijan los disturbios, unen y coordinan a los diversos actores sociales e institucionales que se involucran contra los actores populares sublevados, aprovechando y renovando así redes formales e informales de información y de apoyo espontáneo o inducido. Por otro lado, si los contextos de desbordamiento popular polarizan las posiciones y desvelan las dotes y recursos represivos de los jefes políticos, el análisis de la empresa de “pacificación”, vuelve a mostrar, con más nitidez aún, el margen relativo de acción y, por ende, la diversidad de gestión por parte de los jefes políticos que, por ejemplo, pudieron atenerse a la mera pacificación militar o investigar las causas del malestar social tratando de remediarlo – pacificar reanudando con la negociación.

21De este estudio de la conformación y dinámica de las negociaciones de dominio en el México rural del ochocientos, tan esmerado en aprehender cada matiz y restituir la complejidad de “sociedades en movimiento” (p. 316) – de los que hemos dado aquí sólo un pálido reflejo –, se desprenden nítidamente actores populares pujantes que crearon “su propia forma de progreso” (p. 602) gracias a su capacidad de adaptación y a su terquedad. También encontramos, como vuelve a subrayar la autora en sus conclusiones, unos jefes políticos cuya “actuación cardinal” y más frecuente residió en la conciliación que les permitió “introducirse en los pliegues” (p. 600) de las sociedades rurales mexiquenses y apuntalar su relativa estabilidad, a pesar de la frecuente ineficacia y corrupción de que adolecieron. Ambos grupos fueron actores del “dominio negociado”.

22Al sacar a luz la centralidad de la negociación en la puesta en planta de las políticas liberales del ochocientos, este estudio genera preguntas y sugiere más de una veta de investigación. Ciertamente, a lo largo de la obra se hace hincapié en las estrategias de los sectores “dominados” que permitieron frenar, alterar y en muchos casos truncar la embestida liberal – en este sentido, por muy poderosos que fueran los jefes políticos, “hubieron que pactar” (p. 12) –, así como una cultura política propia difícil de rastrear en los archivos pues muchas veces sólo deja huellas e indicios indirectos en las fuentes disponibles.

23Tal vez por eso queda una duda al terminar la obra: ¿los jefes políticos “hubieron que pactar” o estaban diseñados para hacerlo, como se demuestra finalmente? Ambas cosas, por supuesto. Sin embargo, me parece que lo segundo, que Romana Falcón relaciona con la “tradición política” mexicana, no tiene menos importancia para aquilatar la dialéctica del dominio tal como se llevó en México. En efecto, la función cardinal de los jefes políticos y varios casos más, son muestra de que los propios legisladores y gobernantes pensaron implantar sus declaraciones y leyes más contundentes acerca de la modernidad por medio de dispositivos de antiguo cuño. La función judicial del jefe político es un magnífico ejemplo de un gobierno cuyo eje no es el monopolio de la coerción legítima ni del derecho, sino la negociación. El conjunto del perfil del jefe político es una amalgama entre nuevas y antiguas formas de legitimación del mando – subrayamos aquí las antiguas (vimos que la conciliación no fue la única) que a la vez que potencian la figura del jefe político prolongan una concepción antigua del gobierno: cuando gobernar, para decirlo en una nuez, se identificaba a juzgar, es decir componer un conflicto “declarando el derecho” (y no aplicándolo), en un proceso a través del cual, por lo menos en principio, hasta el más ínfimo individuo estaba autorizado a alegar acerca de ello. Que esta antigua forma de mando fue puesta al servicio de objetivos “nuevos” (y profundamente modificada por ellos, con resultados en los que no podemos profundizar aquí) queda perfectamente claro en la obra, lo cual invita a reconsiderar la propia modernidad de “los de arriba”, no para denegársela sino para analizar cómo ellos también – a veces “en contra” de sus propósitos declarados – participaron en la forja de una versión peculiar de la modernidad.

24Más allá del caso de los jefes políticos, habría que poner a prueba otra lectura de las “paradojas” y “contradicciones” de los de arriba a favor de la modernidad. Tomemos por caso la que se dio entre la ley federal de desamortización y la ley del Estado de México que sí reconocía de manera indirecta la personalidad jurídica de los actores colectivos. Tal vez habría que plantearnos si esta contradicción lo es realmente en una cultura jurídica compartida e “impura”, en la que cabe la lógica casuista – si ya no como interpretación tratadística, sí como espíritu pragmático de los gobernantes. Me parece que los múltiples casos similares y hasta de contradicciones internas de la legislación “modernizadora”, nos invitan a tomar en cuenta no sólo las debilidades del gobierno –que las hubo, y muy contundentes – sino también una cultura compartida por gobernantes y gobernados con respecto a las formas y prácticas de mando y de sujeción.

25Ello (la integración entre lo antiguo y lo nuevo, sin detenerse frente a la contradicción no sólo de dos conjuntos de preceptos, sino de dos lógicas distintas) ha comenzado a plantearse para la primera mitad del siglo XIX y, en general, para todo el subcontinente, por lo menos en términos de “transición”. Tal vez al matizar la embestida liberal de la segunda mitad del siglo XIX mexicano, logremos dar un paso más y definir mejor la cultura jurídica y política mexicana que se forjó a partir de una imbricación sui generis.

26Si Romana Falcón evoca la falta persistente de más estudios de caso para emprender una valoración cabal del desenvolvimiento de las jefaturas mexicanas en el periodo, su aporte es una referencia ineludible para cualquier estudioso de esta figura de mando que también existió y sigue existiendo en otros países de América Latina.

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Notes

1 Poco antes, se volvió a publicar un artículo de J. Lloyd Mecham, inicialmente aparecido en 1933, « El jefe político en México », Secuencia, n. 4, enero-abril 1986, p. 143-156.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Laura Brondino, « Romana Falcón, El jefe político. Un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856-1911 », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Comptes rendus et essais historiographiques, mis en ligne le 01 décembre 2015, consulté le 17 juin 2019. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/68586

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