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Debates | 2018
Dynamiques révolutionnaires. Politique(s), État et société au Mexique – Coord. Romain Robinet
Evelyne Sanchez

Entre el caudillo y el Presidente: el papel de los juristas en la implementación de la Reforma agraria. Estado de Tlaxcala, 1915-1923

Between the caudillo and the President: the role of lawyers in the implementation of agrarian reform. Tlaxcala, 1915-1923
[16/02/2018]

Resumos

La degradación de la relación justicia-sociedad a lo largo del siglo XIX llevó a la marginalización de las instancias judiciales como mediadores privilegiados para la resolución de conflictos. Durante la Revolución, la desconfianza hacia la justicia fue alimentada por un ejecutivo que fomentaba la sospecha hacia los jueces susceptibles de simpatizar con los partidarios del Antiguo Régimen. Pero a la hora de institucionalizar la Revolución – con los Constitucionalistas – los jueces se convirtieron en socios necesarios para la aplicación de la ley agraria del 6 de enero de 1915. Es este papel de mediador entre actores opuestos y moviéndose en un juego cuyas reglas eran sólo en parte nuevas, lo que estudiamos “a ras de suelo” en un Estado del México central donde las fuentes se encuentran excepcionalmente bien conservadas.

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Notas do autor

Esta investigación se realizó en el marco del proyecto ECOS N° M16H01 titulado “Justice et société au Mexique, XVIIIè-XXIè siècles”.

Texto integral

Introducción

  • 1 Ferro, Marc, Le ressentiment dans l’Histoire. Comprendre notre temps, Paris, Odile Jacob, 2007, p.  (...)
  • 2 La referencia básica sobre la defensa por Molina Enríquez de campesinado construido alrededor de la (...)

1El papel de los juristas en los procesos revolucionarios ha sido subrayado en múltiples ocasiones. Marc Ferro comparó la participación de abogados en la revolución rusa – con Kerenski, Nabokov, Godnev, Lénine – y entre los primeros revolucionarios franceses en 1789 – con Desmoulins, Le Chapelier, Danton y Robespierre. El historiador resumió de esta forma su interpretación de la sobre-representación de esta categoría socio-profesional en los movimientos revolucionarios: “su profesión les predisponía a conocer mejor los problemas de la vida cotidiana de la gente, a escucharlos mejor que los letrados o los ‘filósofos’. Estaban más en capacidad de dar al movimiento de la Revolución el sentido que ésta tuvo al inicio: poner fin a las injusticias, a los abusos y a los privilegios, a los atentados a la dignidad”1. En el caso de la revolución mexicana, la historiografía ha subrayado el compromiso de varios abogados, formados durante el Porfiriato pero críticos con el régimen. Andrés Molina Enríquez, adversario declarado de la gran propiedad y famoso por haber sido co-autor de la ley agraria del 6 de enero de 1915 que proponía la restitución y dotación de tierras a los pueblos, figura en buen lugar en la lista de los abogados que participó en diseñar las grandes líneas del proyecto revolucionario. Más allá de su influencia en artículos clave de la Constitución de 1917, la que tuvo en la interpretación histórica del mundo rural le valió también ser objeto de importantes publicaciones en la historiografía actual sobre el tema del latifundio2.

  • 3 Garciadiego, Javier, « ¿Por qué, cuándo, cómo y quiénes hicieron la Constitución de 1917?”, Histori (...)

2Con la necesidad de redactar una Constitución adaptada a las reivindicaciones sociales expresadas en la Revolución, el Presidente Venustiano Carranza llamó a que se reuniera una Asamblea Constituyente de la que quedaban excluidos todos los opositores a los Constitucionalistas, o sea los Huertistas (apegados al General Huerta quien había dirigido la contra-revolución, junto con Felix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz), los Villistas y los Zapatistas. Además de ese criterio ideológico y de lealtad y considerando la naturaleza de la tarea que esperaba a los diputados por elegir, se agregaba de forma implícita y pragmática la necesidad de contar con un número suficiente de juristas. Y en efecto, los abogados fueron mayoritarios con 28% (61), lejos delante de los ingenieros y los médicos (9% cada uno), los profesores (7%) y los periodistas (4%)3.

  • 4 “Carranza obtuvo satisfacción: el poder presidencial salió de ahí considerablemente reforzado; todo (...)
  • 5 Ese fue el análisis de Emilio Rabasa (1856-1930) abogado, político, novelista, diplomático, periodi (...)
  • 6 Knight Alan, « La Révolution mexicaine : révolution minière ou révolution serrano ? », Annales. Éco (...)

3A cien años de la promulgación de la Constitución mexicana, este evento aparece todavía como un parte aguas en la historia del México contemporáneo. En efecto, a pesar de que la Constitución de 1917 fue en gran parte copiada de su antecesora liberal de 1857, algunos de sus artículos formaron el marco que posibilitó varios grandes cambios políticos y sociales. No era para sorprenderse ya que Carranza había específicamente dejado a los diputados el corto plazo de dos meses, no para redactar una nueva Constitución sino para hacer los cambios necesarios al texto de 1857 para incluir en él los frutos de la labor legislativa llevada a cabo desde 1914. Para J. Meyer, la principal característica de la nueva Constitución fue el presidencialismo; el poder ejecutivo salió fortalecido a costa del conjunto de los otros poderes y contra-poderes4. En este sentido, la Constitución de 1917 dio al régimen su carácter autoritario, casi trece años antes de la creación del Partido Nacional Revolucionario, antepasado del Partido Revolucionario Institucional todavía hoy en el poder. Ese elemento era nuevo ya que, a juzgar por la opinión de un jurista especialista en derecho constitucional contemporáneo de la Revolución, la Constitución de 1857 dejaba al ejecutivo en manos del poder legislativo, motivo por el cual los presidentes nunca la respetaron, desde Benito Juárez hasta Porfirio Díaz5. De su lado, A. Knight, en desacuerdo con la insistencia de F-X Guerra en subrayar las continuidades entre Antiguo Régimen – o sea el Porfiriato – y la Revolución, se focalizaba sobre los artículos centrados en las cuestiones sociales6. Éstos eran dos, el artículo 27 que retomaba la ley agraria del 6 de enero de 1915 y el 123 sobre derechos laborales, en particular de los obreros.

  • 7 La cuestión de la degradación de la imagen de la justicia civil y penal en México durante el siglo (...)
  • 8 Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (AHET), Fondo Revolución Régimen Obregonista, Sección Just (...)
  • 9 Todos estos puntos están ampliamente desarrollados en el artículo mencionado antes. Sólo para puntu (...)
  • 10 Puente, Ramón, “Francisco Villa”, Historia de la Revolución Mexicana, México, INEHRM, 1987, tomo 1, (...)

4Pero si el nuevo régimen en construcción se edificó con la ayuda muy activa de los juristas y de la ley, en el terreno – o sea entre los ciudadanos y entre los justiciables – la imagen de la justicia y de sus representantes se degradaría de forma exponencial a medida que avanzó el siglo XIX. No desarrollamos aquí una argumentación que se presentó en varios espacios y que será objeto de una publicación amplia sino que nos centraremos sobre el tema de la reforma agraria propiamente dicho7. Vale la pena sin embargo resumir brevemente dos puntos. Primero, con la profesionalización de los jueces de los juzgados de primera instancia (creados en el papel en 1824 pero con jueces propios, licenciados en derecho y con experiencia en el oficio de abogado, a partir de mediados del siglo XIX) y la promulgación en los años 1880 de códigos de procedimientos, la justicia se volvió cada vez más cara y a la vez más limitada en su capacidad de mediar entre las partes. Segundo, una serie de leyes – la última del 15 de enero de 1910 – prohibió el recurso a tinterillos8. Estos permitían el acceso a la justicia a personas que no estaban en capacidad de pagar abogados titulados cuando la Constitución de 1857, al poner fin a la figura jurídica de pueblo, hacía caduca la contratación colectiva de un jurista9. El resultado de esta evolución aparece claramente en las fuentes judiciales: en cada pleito en el que se enfrentan un hacendado y un campesino, el hacendado es representado por un abogado (a veces el hacendado era abogado también) mientras el campesino recorría a la ayuda de un tinterillo, lo cual ponía en peligro toda su defensa ya que se trataba de un recurso ilegal aunque muchas veces tolerado. La desconfianza observada hacia la justicia y sus representantes no es solo propia del Estado de Tlaxcala que conforma nuestro de terreno de estudio. Ramón Puente, el biógrafo de Pancho Villa, explicaba que para el caudillo “los abogados y casi todos los hombres de colegio son una rémora y los códigos una trampa”10. Zapata, en el Estado de Morelos, denunciaba igualmente las sentencias a favor de los terratenientes mientras los pueblos habían desaparecido del mundo jurídico. Pero hay un elemento importante en Tlaxcala que amerita ser subrayado y es que, por la falta de juristas titulados en el Estado (muchos se iban al Distrito Federal y al Estado vecino de Puebla donde podían recibir una mejor remuneración), el juez de primera instancia también era notario. En los casos de los pleitos agrarios esta situación sólo podía agravar la desconfianza hacia la justicia. En efecto, las principales pruebas que los abogados de los hacendados podían presentar en tales casos eran copias de actas notariales, de compra-ventas o de testamentos e inventarios de bienes; el juez aparecía así como él que entregaba las pruebas y luego pronunciaba una sentencia justificada por estos mismos documentos. Su doble función hacía todo ese proceso legal pero no dejaba de dar una pésima imagen de colusión. Igualmente, el hecho de que los jueces de primera instancia debían haber ejercido el oficio de abogado mínimamente tres años antes de poder ser nombrados hacía que solían haber sido los defensores de los terratenientes antes de ejercer como juez, mientras los campesinos no tenían los recursos para contratar sus servicios.

5Lo que deja entrever estas reflexiones generales hechas a partir de la lectura de pleitos llevados a cabo en juzgados de primera instancia del Estado de Tlaxcala es que existe un hueco profundo entre la imagen que han construido los juristas, cuya fama se debió tanto a su compromiso intelectual como a su participación en la Revolución, y la experiencia que las personas tenían en su trato cotidiano con la justicia. La hipótesis de este trabajo consiste en comprobar “a ras de suelo” cómo esta dicotomía era llevada a cabo en las tareas concretas de la aplicación de la reforma agraria teniendo, por un lado, abogados oficiando a petición de los hacendados para defender su propiedad ante el juez y, por otro lado, juristas trabajando en la comisión local agraria para asegurarse de que las dotaciones de tierras fueran efectivas. En resumen, lo que se pretende observar aquí es la doble cara del mundo jurídico durante la primera etapa de la reforma agraria. Para esto, nuestro terreno ha sido definido por el acceso a fuentes excepcionalmente accesibles. Por un lado están los pleitos mencionados conservados en una bodega bajo la custodia del Archivo del Tribunal del Estado de Tlaxcala donde se resguardan los documentos sobre el siglo XX. Dichos pleitos son exclusivamente de los juzgados de primera instancia y, por motivos que explicitaremos más adelante, del distrito de Zaragoza cuyo juzgado se ubica en la ciudad de Zacatelco. Por otro lado, las fuentes generadas por la comisión local agraria no estaban disponibles en el Registro Agrario Nacional del Estado de Tlaxcala, sin embargo el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala posee unos expedientes, todavía sin clasificar, y su director me permitió digitalizar los documentos sobre solicitudes de tierras de los pueblos del municipio de Natívitas, distrito de Zaragoza.

6En un primer apartado se presenta el contexto que conoció el distrito de Zaragoza, tanto en sus aspectos económico y social como político y administrativo. En un segundo tiempo se analiza casos de dotación de tierras tomadas a una misma hacienda, la de San Juan Mixco, pero que tuvieron arbitrajes distintos por parte del Gobernador y del Presidente según los pueblos que debían recibir los ejidos. Se resalta allí tanto las estrategias del hacendado como el papel de los juristas y tribunales en estos procesos.

El distrito de Zaragoza, foco de las luchas agrarias

7El distrito de Zaragoza debe su nombre a su ubicación en el suroeste del Estado de Tlaxcala, en una zona limítrofe con el Estado de Puebla, cuya capital es Puebla de Zaragoza. Esta región tiene, a principios del siglo XX, características muy fuertes que contribuyen a explicar las raíces profundas que echaron allí los movimientos agraristas, durante un tiempo vinculados con el zapatismo. Como es obvio, estos movimientos no se quedaban dentro de los límites administrativos sino que atravesaban las fronteras del Estado, especialmente hacia los distritos de Cholula y de Huejotzingo, en el Estado de Puebla. Sin embargo, dos motivos nos hicieron restringir el terreno de esta investigación. Como es común, la cuestión de la accesibilidad e incluso existencia de las fuentes ha sido clave: el Estado de Puebla – bajo la gubernatura de Ávila Camacho (1937-41) – eligió destruir todos los documentos producidos por su ejecutivo y las condiciones de acceso a las fuentes judiciales no permiten conocer los nombres y apellidos de las personas involucradas en los pleitos, lo cual prohíbe cualquier estudio social de estas fuentes. El segundo motivo se debe a que la relación entre el General Máximo Rojas, tres veces gobernador de Tlaxcala, y el poder federal es una clave esencial para entender lo que estaba en juego en lo que nos interesa aquí: la dotación de tierras a los pueblos del suroeste de Tlaxcala.

  • 11 Sobre zapatismo, arenismo y agrarismo en el sur-oeste de Tlaxcala, ver: Buve, Raymond, “Movilizació (...)
  • 12 Sobre las haciendas ver: Ramírez Rancaño, Mario, El sistema de haciendas en Tlaxcala, México, CONAC (...)
  • 13 González Jácome, Alba, Humedales en el suroeste de Tlaxcala. Agua y agricultura en el siglo XX, Méx (...)
  • 14 Archivo General de la Nación, Fondo Hacienda Pública, Sección 156 Nacionalización y desamortización (...)
  • 15 AHET, Fondo Revolución Régimen Obregonista, Sección Justicia y Gobernación, Caja 119, Expediente 54 (...)
  • 16 Archivo General de Notarías del Estado de Tlaxcala, libro de protocolos, distrito de Zaragoza, 1909 (...)
  • 17 El caso más famoso es el de la hacienda de Santa Agueda, en el municipio de Natívitas, que era para (...)
  • 18 Archivo Histórico del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (AHTSJET), Distrito de Z (...)

8Así pues, los habitantes de esta región se comprometieron con el proyecto agrarista más exigente, el que desarrolló Emiliano Zapata y que localmente defendieron los hermanos Arenas11. Estos habitantes, ciudadanos de pueblos indo-mestizos, no eran peones dependientes de terratenientes sino en gran mayoría pequeños propietarios que puntualmente se convertían en mano de obra en haciendas de pequeño tamaño (sólo una superaba las 1000 hectáreas) y modernizadas, o rentaban parte de las haciendas en calidad de aparceros12. El desarrollo de la pequeña y mediana propiedad fue el resultado tanto de circunstancias físicas – la fertilidad de las tierras del valle de Natívitas, ubicado entre el río Atoyac y el Zahuapan, permitía una agricultura rentable de trigo y maíz – como de procesos históricos que se aceleraron a partir de mediados del siglo XIX13. Entre éstos mencionaremos dos que no podemos desarrollar aquí más allá de unos cuantos ejemplos. El primero es el precoz fraccionamiento parcial de las haciendas bajo el impulso de dos fenómenos, la venta de los bienes de mano muerta después de la promulgación de la Constitución liberal de 1857 y la iniciativa por parte de hacendados de vender parte de su propiedad bajo la forma de pequeños lotes. Muchas haciendas fuertemente endeudadas con instituciones religiosas – iglesia, convento, cofradía o capellanía – tuvieron que ser vendidas. Tal fue la suerte de la hacienda de Santa Elena, en el municipio de Natívitas, vendida en parte a Dolores Calderón por la cantidad nada despreciable de 8700 pesos debido a la desamortización de cinco capellanías con las que estaba endeudada14. Los rastros de estas ventas se encuentran varios decenios después, ya que las actas de compra-venta suelen mencionar que la venta original del terreno había sido realizada “por virtud de la ley de 25 de junio de 1856 y demás disposiciones sobre la materia”15. Esta mención se encuentra frecuentemente en la documentación ya que, en caso de litigio, la tierra se defendía en nombre de su “pacífica” propiedad desde esa fecha. Este proceso fue incrementado por la iniciativa propia de los hacendados de fraccionar haciendas y ranchos tal como lo hicieron en 1908 Victoriano Muñoz y Luis García Espejel, quienes dividieron y vendieron el rancho San José de Gracia entre 148 vecinos de Papalotla y Tenancingo16. Este fenómeno se relaciona con el segundo proceso aludido anteriormente y que consiste en la inversión en materiales con el fin de modernizar las unidades de producción17. Los terratenientes invirtieron no sólo en herramientas agrícolas importadas sino también en vías férreas para vincular sus haciendas con las vías de ferrocarril y estaciones que estaban a proximidad de sus tierras. Para realizar este proyecto, varios optaron por vender parte de sus tierras para recuperar capitales que invertir, para luego concentrar la producción en superficies más pequeñas y homogéneas. Los pequeños propietarios no se quedaron atrás ya que fuentes judiciales permiten poner a la luz prácticas de préstamo de materiales importados entre vecinos, entre ellos pequeños campesinos analfabetas18.

  • 19 AHTSJET, Distrito de Zaragoza, Justicia criminal, San Rafael Tenanyecac, 1921. Criminal contra Cali (...)

9Adelantaremos aquí los resultados de un trabajo en curso explicando que estas compras realizadas por campesinos humildes eran posibles gracias a un comercio al menudeo de pulque – producido en las haciendas de maguey del norte del Estado –, actividad ocasional o secundaria que irrigaba y daba oxígeno a la economía local. A título de ejemplo, entre muchos otros, mencionemos aquí a Calixto Herrera y Natívidad Cárdenas, ambos vecinos del pueblo de San Rafael Tenanyecac (Natívitas) quienes llegaron ante el juez por violencia doméstica mutua. Calixto regresaba de atender sus “terrenitos”, por lo que lo podemos ubicar entre los pequeños propietarios de la región, y debía traer una mula para transportar pulque que Natívidad había conseguido para vender19. Este tipo de actividades ha pasado desapercibido debido a que no se mencionan en las fuentes que ordinariamente tratan de las actividades económicas (notariales, municipales, reglamentos de pulquerías) sino en fuentes judiciales a la condición de que un evento violento interrumpiera la vida cotidiana.

  • 20 Sobre el zapatismo y el empoderamiento de los pequeños propietarios, nos referimos a los textos clá (...)

10En resumen, la población campesina del suroeste del Estado de Tlaxcala se caracterizaba por tener acceso a la pequeña propiedad, tener cierta autonomía respecto a los hacendados y estar puntualmente en relación con éstos para trabajos temporales. La reforma agraria no se aplica allí a una población de jornaleros o peones dependientes, lo cual explica – a pesar de la contradicción de esta situación con la ideología agrarista revolucionaria – su precocidad y su eficiencia. Los campesinos disponían allí de una autonomía suficiente para no temer un cambio radical en las estructuras agrarias, disponían de recursos propios para enfrentar el periodo de adaptación antes de poder cosechar los primeros beneficios de una distribución de tierras. Finalmente, no es casual si tenían un perfil cercano al de Emiliano Zapata, mestizo, pequeño propietario y arriero del Estado de Morelos, donde las plantaciones de azúcar habían también conocido una modernización acelerada en los decenios que precedieron la Revolución20.

11Un caudillo local, convertido en gobernador del Estado, jugó un papel fundamental en la implementación de la reforma agraria. El general Máximo Rojas, originario de Papalotla, de donde fue presidente municipal en 1912, consiguió controlar políticamente el Estado entre 1914 y 1924, año en que murió en el campo de batalla en San Juan de los Llanos, Estado de Puebla. Debió esta posición a su capacidad de negociar con el líder zapatista de la región, Domingo Arenas, a quien pudo persuadir pasar un acuerdo con los Constitucionalistas quienes habían ganado la Revolución, después de que obtuvieron la derrota del general Huerta, última cabeza del movimiento contra-revolucionario. Lo que Carranza no pudo hacer a nivel federal – obtener el apoyo de Zapata y de Villa – Rojas lo hizo en su Estado y alrededor de su persona. La competencia desigual con Carranza no sólo se debía a la incapacidad del segundo a tratar con los revolucionarios más radicales sino también a conflictos personales que la historiografía puso a la luz recientemente. El centenario de la Constitución de 1917 fue la oportunidad para realizar un primer estudio sobre la discusión de las credenciales de los diputados recién electos para formar parte de la Asamblea Constituyente. J. B. Sánchez Aguilar estudió este aspecto olvidado del evento y mostró que muy pocos de los diputados habían sido rechazados. De hecho ninguno de los “renovadores” (partidarios de Madero que habían aceptado su renuncia después del golpe de Estado de Huerta, el término se opone obviamente al de revolucionario) fue rechazado a pesar de que representaban el 55% de los casos discutidos. 10% de los casos discutidos lo eran por fraude electoral y de estos se aprobaron a más de 83%. El hecho de que la credencial de Máximo Rojas fuera rechazada llama la atención y el autor explica que la oposición vino precisamente de uno de los renovadores, Palavicini, cuya credencial acaba por ser aceptada:

  • 21 Sánchez Aguilar, Juan Bernardino, “La integración del Congreso Constituyente de 1917”, Historia Mex (...)

Cuando se discutió la credencial del general Máximo Rojas, por el contrario, la mayoría de los oradores pidió la anulación de su triunfo como presunto diputado por el estado de Tlaxcala. En esta ocasión Félix Palavicini tomó parte en los debates y le pidió a las comisiones dictaminadoras “respetar no solamente el espíritu y la letra de la ley”, sino también la “dignidad colectiva del Congreso Constituyente”. Las críticas del tabasqueño se dirigieron a señalar la permanencia en funciones del general Rojas en Tlaxcala, y tildó de cínicos a los escrutadores por no encontrar “motivo alguno de nulidad” en la representación del militar21.

  • 22 Mac Gregor, Josefina, “Los diputados renovadores de la XXVI Legislatura al Congreso Constituyente”, (...)

12Los motivos de esta enemistad se encuentra en los vínculos que varios miembros de los renovadores habían tejido mientras habían estado encarcelados bajo Huerta, ocasión en la que Palavicini se había hecho amigo con Gerzayn Ugarte, antiguo secretario particular del gobernador de Tlaxcala, Próspero Cahuantzi (1885-1911), antes de ser maderista y convertirse luego en secretario particular de Carranza22. Esta enemistad hace que una clave de lectura de la reforma agraria en la parte más radical de Tlaxcala se encuentre en la competición entre los ejecutivos del Estado y de la Federación para crear vínculos de clientelismo junto con los pueblos, mientras juristas y justicia se convertían en herramientas en las estrategias de los distintos actores.

Dotación de tierras en pueblos de Santa María de Natívitas.

  • 23 AHET, Fondo Revolución Régimen Obregonista Sección Justicia y Gobernación Caja 165, Expediente 22, (...)
  • 24 AHET, Fondo Revolución Régimen Obregonista Sección Justicia y Gobernación, Caja 166, Expediente 4, (...)
  • 25 AHET, Fondo Revolución Régimen Obregonista Sección Justicia y Gobernación, Caja 208, Exp. 9, 80fs. (...)

13A la caída de Huerta, Máximo Rojas fue nombrado Gobernador provisional del Estado de Tlaxcala por el Ejército Constitucionalista y se mantuvo en el puesto hasta el 15 de mayo de 1915. En cuanto llegó al poder, su acción se desarrolló en dos ejes. Por una parte, empezó una caza de brujas contra todos los que consideraba sospechosos de haber colaborado con los contra-revolucionarios, teniendo especialmente en la mira a los jueces. En septiembre de 1914, ordenó la clausura de todos los juzgados de primera instancia de los seis distritos con los que contaba el Estado y ordenó a los municipios que cerraran también los juzgados locales23. La exasperación de Carranza frente a la torpeza de esa medida obligó a Rojas a abrirlos de nuevo pero aprovechó la oportunidad para cambiar el personal24. Por otra parte, empezó a fraccionar haciendas para distribuir tierras a algunos pueblos en cuanto la ley del 6 de enero de 1915 se promulgó. Así, decidió encargar a uno de sus partidarios, el coronel Marcelo Portillo, la repartición de tierras pertenecientes a la hacienda de San Juan Mixco entre vecinos de San Damián Texoloc, Santa Apolonia Teacalco y Vicente Xiloxochitla, proceso legitimado por mando militar25. Estos dos tipos de actividades debían servir para fortalecer el posicionamiento de Rojas como principal caudillo de Tlaxcala – Domingo Arenas tuvo que explicar que Portillo no pertenecía a sus filas pero que aprobaba la dotación de tierras que éste había realizado –, y de forma duradera ya que los nuevos jueces nombrados debían mostrar su lealtad a los ideales revolucionarios validando la distribución de tierras a pesar de las quejas que los hacendados no dejaban de presentar. Mientras tanto, Rojas se ubicaba en una competencia mayor, la que oponía Carranza a Zapata ya que el primero había promulgado la ley de 1915 para acabar con las reivindicaciones radicales del segundo. Dentro de este marco, Rojas tendía un puente con Carranza, aprovechaba para crear una clientela en los pueblos recién dotados de tierras, y descalificaba a Arenas en su propio terreno. Este último entendió perfectamente la situación y decidió abandonar el zapatismo y unirse a los constitucionalistas en diciembre de 1916. En el terreno del agrarismo, Rojas era quien mandaba en la entidad hasta su muerte en 1924.

  • 26 Los empleados subalternos de los juzgados (en especial los secretarios y escribientes) no compensab (...)

14Sin embargo, la situación no estaba tan bien amarrada. Tres dificultades aparecieron en el camino del gobernador para tejer su tela de clientelismo. La primera fue la inestabilidad de los jueces en puesto en los juzgados de primera instancia. Por distintos motivos – falta de abogados titulados en el Estado, atractividad de los sueldos en Puebla y en el Distrito Federal, oposición de la población, falta de recursos – el puesto de juez de primera instancia del Juzgado del distrito de Zaragoza o bien estaba vacante (y el juez local de Zacatelco lo reemplazaba con el riesgo de no ser reconocido competente) o bien no se encontraba ocupado por más de unos cuantos meses (ver tabla 1)26.

Tabla 1 – Lista de jueces de primera instancia en el distrito de Zaragoza

Años

Juges

1911

Refugio Reyes

Mucio Sosa

Lic. Pastor R. Cámara

Lic. Carlos M. Martínez

1912

lic. Próspero Páramo del 01/01/1912 al 16/02/1912

Lic. Ciriaco López del 16/02/1912 a marzo. En abril el juez local de Zacatelco lo remplaza.

Lic. Ángel Isidro Barragán electo en 03/1912, no ocupa el cargo.

Lic. Felix Avila nombrado en junio

1913

Cástulo Ramírez Ortiz en 07/1913

1914

Lic. Salomón Flores desde 10/1914

1915

Vacante

1916

Vacante

1917

Lic. Francisco Saldaña en 03/1917 al 11/07/1917.

Lic. Carlos Raul Pimentel de 11/07/1917 a 04/18 (nombrado pero no ocupa el puesto).

Raymundo Quintero en 08/1917 (juez local).

Eliseo Santaella del 22/08/1917 (no titulado, era secretaro del juzgado del distrito de Juárez) al 02/02/1918.

1918

Lic. Ausencio Cruz Alvarado del 02/02/1918 al 17/06/1918

Lic. Abel Carranza del 17/06/1918 al 06/09/1918

Nemesio Pérez (juez local) desde el 14/09/1918.

1919

Sidronio Primo

1920

Sidronio Primo

Villegas Andrade

1921

Felix Morales (juez local, 02/1921)

Lázaro Rodríguez

Joaquín Lara Díaz (09/1921)

Lic. Antonio Z. Balandrano (11/1921)

1922

Antonio Z. Balandrano

Carlos [Govea]

1923

Lic. Eladio Aguilar

Fuentes: AHET, Fondo Revolución-Régimen Obregonista, Serie Justicia y Gobernación. Expedientes correspondientes a la gestión del personal de los juzgados de primera instancia de los años correspondientes.

  • 27 El jurista denunciaba el carácter retroactivo del artículo 27 de la Constitución que permitió prese (...)

15La segunda dificultad para controlar los procesos de dotación de pueblos residía en la posibilidad para los hacendados de recurrir a la Suprema Corte de Justicia mediante el amparo, aspecto que el jurista Emilio Rabasa había identificado27. Finalmente, y es lo que vamos a analizar ahora, la tercera consistía en las estrategias desarrolladas por los hacendados.

  • 28 Antonio Annino insistió en que los pueblos seguían existiendo como nivel político ya que las elecci (...)
  • 29 Gómez Santana, Laura Guillermina, “Legislación e instituciones agrarias en México, 1914-1924”, Anua (...)

16La tabla 2 resume la serie de dictámenes proporcionados por las instancias estatales y federales a las solicitudes de tierras que los pueblos del municipio de Natívitas presentaron una vez promulgada la nueva Constitución. La comparación entre las dotaciones firmadas por el gobernador de Tlaxcala y las que el Presidente aprobó muestra claramente que los pueblos debían más al segundo que al primero. En este municipio sólo se cuentan dos excepciones a esta regla: los pueblos de Santa Apolonia Teacalco y de San Miguel Xochitecatitla. Para entender este documento, se debe recordar el procedimiento que se debía seguir para que las solicitudes fueran evaluadas y luego concretadas. Los pueblos tenían la iniciativa del proceso, lo cual era un cambio radical ya que, desde la Constitución de 1857, habían dejado de existir como figura jurídica. La velocidad con la que sus comités fueron capaces de armar los expedientes muestra que los pueblos nunca habían desaparecido como organización y este nuevo proceso los empoderó frente a las cabeceras de los municipios ya que estas se quedaron apartadas del proceso de solicitud28. La comisión agraria del pueblo debía elegir entre dos procedimientos – la solicitud de restitución o de dotación – y armar el expediente según los requisitos de cada uno. En el primer caso, se debía demostrar la espoliación de sus tierras por las haciendas presentando los títulos primordiales de propiedad. En el segundo caso, las necesidades en tierras debían comprobarse con el número de familias y/o de habitantes en el pueblo y la cantidad y calidad de la tierra de que disponían. Finalmente, en ambos expedientes se debía identificar las tierras solicitadas (cantidad, calidad, hacienda a la que pertenecen, nombre del dueño). El expediente pasaba entonces a manos de la Comisión Local Agraria del Estado, cuyos miembros eran nombrados por la Secretaría de Gobierno. A partir de allí, la Comisión pronunciaba un fallo y el Gobernador podía firmar el acta de restitución o dotación de tierras. Pero esas actas eran provisionales y fueron sistemáticamente atacadas en justicia por los hacendados. Además, sólo el estudio de los expedientes por la Comisión Nacional Agraria seguida por la firma de un acta presidencial eran acciones definitivas, aunque el recurso jurídico seguía siendo posible29.

Tabla 2 – La reforma agraria en el sur-oeste del Estado de Tlaxcala (municipalidad de Santa María de Natívitas)

Pueblos

Santa Apolonia Teacalco

San José Atoyatenco

San Miguel del Milagro

San Rafael Tenanyecac

Santiago Michac

Santo Tomás la Concordia

San Vicente Xiloxochitla

San Miguel Xochitecatitla

Sta María Natívitas

San Bernabe Capula

Analco

Fecha de solicitud

18/06/1917

04/05/1917

09/03/1917

02/01/1917

30/04/1917

03/11/1916

28/14/1917

10/09/1921

Fecha creación de Comisión Agraria Mixta

05/07/1917

14/05/1917

13/03/1917

14/04/1917

04/09/1917

17/11/1916

19/09/1921

Acción

Dotación

Dotación

Dotación

Dotación

Dotación

Ampliación de dotación

Restitución y Dotación

Dotación y ampliación

Dotación

Dotación

Dotación

Fecha resolución Gobernador

29/11/1917

27/11/1917

14/11/1917

19/10/1917

16/01/1918

31/07/1917

17/12/1917

02/08/1923

21/11/1923

Superficie concedida

370ha

99ha

153ha

171ha

¿?

500ha

62ha

370ha

0

56ha

Fecha resolución presidencial

13/01/1921

13/03/1921

13/08/1920

31/10/1918

26/08/1920

15/11/1917

13/08/1920

18/09/1919

07/08/1924

26/06/1924

Superficie concedida

161ha

163ha59A

349ha

342ha

346ha

500ha

225ha

100ha

58ha

112ha

Superficie entregada

161ha

349ha

225ha

100ha

112ha

Fincas afectadas

San Juan Mixco (161ha)

San Juan Molina (163ha59A)

San Juan Mixco (184ha), San Juan Atoyac (165ha)

San Bartolo Granillo (342ha)

Segura Michac (108ha70A) Sta Elena (237ha90A)

Segura Michac (263ha 47ª), Sto Tomás Xoxtla (acuerdo presidencial: 236ha52A), Sta Bárbara

San Juan Mixco (225ha)

Sta Elena (100ha)

Segura Michac

San Antonio Michac

Sta Elena (58ha)

Sta Clara (112ha)

Fuentes: Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, Fondo Reforma Agraria, sin clasificar (un expediente por pueblo).

  • 30 Sobre la forma en que este proceso de negociación entre pueblos y autoridades permitió construir un (...)

17Este procedimiento que obligaba a recurrir a varias instancias explica el plazo habitual de cuatro años que se observa en la tabla 2 entre la presentación de la solicitud por los pueblos y la entrega de las tierras, aunque la reforma agraria no se acabara allí. En efecto, se presentaron enseguida peticiones de ampliación de dotación. El hecho de que las resoluciones emitidas por las comisiones no tuvieran valor sin la firma del poder ejecutivo hacía que los pueblos se convirtieran en obligados, en especial del presidente quien tenía allí una oportunidad extraordinaria de enraizar su poder y su legitimidad en todo el territorio mexicano30. ¿Cómo explicar entonces que hubo casos en los que el Presidente tuvo que aceptar entregar menos tierras que lo que el Gobernador se había comprometido? Los datos no validan la hipótesis de una decisión-castigo para una zona donde las fuerzas agraristas eran especialmente sólidas y vinculadas con Rojas ya que globalmente el Presidente les dio más tierras, ni tampoco la de una red de poder movilizada por un hacendado bien conectado. Si se observa la repartición de las tierras de la hacienda de San Juan Mixco, se rebajó la dotación al pueblo de Santa Apolonia Teacalco pero se aumentaron las de San Miguel del Milagro y de San Vicente Xiloxochitla. Igualmente, la hacienda de Santa Elena fue favorecida en el caso de la dotación a San Miguel Xochitecatitla pero perdió frente a San Bernabe Capula. La explicación de estos casos se encuentra en realidad en los recursos judiciales y las estrategias diversas llevadas a cabo por los hacendados y también por los campesinos.

18Sólo podemos observar en el marco de este artículo el caso de la hacienda de San Juan Mixco repartida entre tres pueblos. Gustavo Carbajal y Bras de Fer, en representación de su padre Ricardo propietario de la finca, empezó una batalla jurídica que consistió en dividir los vecinos del pueblo de San Vicente. Siguiendo una práctica de varios decenios y descrita en el primer apartado, tomó la iniciativa de fraccionar parte de su propiedad para venderla a un grupo de habitantes de ese pueblo que colinda con la hacienda y que por lo tanto solicitaba allí mismo unos ejidos. La venta se firmó en 1920, justo cuando el acuerdo presidencial estaba por ratificar la dotación de tierras. En 1924, el asunto no estaba arreglado pero quien encabezaba la batalla contra la dotación no era sólo el hacendado sino el representante de los fraccionistas:

  • 31 AHET, Fondo Siglo XX, Sección Secretaría General de Gobierno, C. 47, Exp. 48, 3fs. Carta del repres (...)

en el año de 1920 tomamos posesión en propiedad de las pequeñas parcelas de terreno que compramos al representante de dicha hacienda, que posteriormente por encontrarse estas pequeñas propiedades comprendidas en la superficie de ejidos con que debía dotarse al pueblo de San Vicente Xiloxochitla, se intentó perturbarnos en la posesión pacífica que tenemos hecho que nos obligó a hacer una representación ante la honorable Comisión Agraria donde expusimos todos los derechos que nos asistía para que se respetaran nuestras pequeñas propiedades presentamos los títulos por los cuales poseeemos en propiedad dichas parcelas de tierra, acordando la honorable Comisión Agraria, que los vecinos que hubieren comprado tierras dentro del Ejido siguieran en su posesión, que no se les perturbara en ella esta determinación o este acuerdo se nos notificó con fecha 27 de julio del año de 1921, por lo que a Ud suplicamos señor Gobernador, que teniendo por presentado este ocurso, en el que manifestamos todos los hechos a que se refiere el oficio a que hemos hecho referencia, se sirva ordenar que se respeten nuestras propiedades en virtud de que las hemos adquirido legalmente de que estamos al corriente en el pago de las contribuciones prediales y de que de ser perturbados en ella nos ocasionaría perjuicios de tracendentales consecuencias31.

  • 32 Mostramos cómo los campesinos modificaron en contenido el término de “campista”, que designaba al p (...)
  • 33 El hacendado disponía de un argumento mejor: la ley de 1915 sólo preveía tomar tierras de las hacie (...)

19Vale la pena analizar los diversos aspectos de este caso porque nos aclara gran parte de los procesos contemporáneos de la región. La carta citada es un episodio más de una pelea entre ejidatarios y fraccionistas. El año anterior, los ejidatarios eran los que se habían quejado con el procurador de pueblos acerca del robo de sus cosechas por parte de los fraccionistas. La estrategia de división del pueblo parece haber tenido éxito, lo cual no era obvio. En efecto, los hacendados habían intentado en vano dividir los pueblos apoyándose en los aparceros pero éstos se resistieron reclamando la propiedad de la tierra que trabajaban32. A principio de los años 1920, la situación había cambiado: ya era posible para el hacendado hacer que pueblos y pequeños propietarios se opusieran. Para esto, encontraba un apoyo en la ley ya que la pequeña propiedad no podía ser objeto de reparto. Otro aspecto que amerita atención es la cuestión del impuesto predial ya que su pago o evasión podían determinar el éxito o el fracaso de la reforma agraria. Las cajas del Estado de Tlaxcala estaba vacías, motivo por el que la falta de pago de las contribuciones influía en la distribución de tierras. Para el Estado, mejor valía un hacendado capaz de pagar el impuesto que pueblos y pequeños propietarios quebrados, con atrasos de pago sobre la propiedad y sobre el derecho al agua. Ese fue el argumento clave de un largo juicio que opuso el hacendado norteamericano Jenkins a un grupo de campesinos que formaron una sociedad agrícola en 4 hectáreas tomadas de la hacienda Santa Ana Portales. La ausencia de pago del predial y del agua por parte de los campesinos fue el argumento que llevó al juez a pronunciar una sentencia a favor del hacendado33.

  • 34 AHTSJET, Distrito de Zaragoza, Justicia civil, 1922. Diligencias practicadas en vía de jurisdicción (...)

20Ese juicio sobre otra propiedad parece haber tenido impacto sobre el fraccionamiento de Santa Apolonia. En efecto, los líderes de la sociedad agrícola eran originarios de ese pueblo, así como Marcelo Portillo quien se encargó del fraccionamiento. Parece que el pueblo no pudo sacar provecho de este activismo sospechoso para los Constitucionalistas y Santa Apolonia perdió parte de las tierras que el Gobernador le había asignado. Más aún, el hacendado supo maniobrar hábilmente denunciando los robos de vecinos de ese pueblo a su hacienda para justificar ante el juez y ante la Comisión Nacional Agraria que no podía pagar su impuesto predial. La investigación testimonial puso a la luz que varios individuos habían cortado magueyes en los montes de la hacienda para trasplantarlos en sus ejidos34. De esta manera, los expedientes en contra de Santa Apolonia se acumularon de forma suficiente para que la Comisión Nacional Agraria no aprobara una dotación substancial del pueblo y que el Presidente no viera allí una oportunidad benéfica para él de extender su red de clientelismo sino más bien de poner el alto a partidarios demasiado entusiastas de la reforma radical.

  • 35 AHET, Fondo Siglo XX, Sección Secretaría General de Gobierno, C. 47, Exp. 48, 3fs. Respuesta de la (...)
  • 36 AHET, Unidad Histórica, Fondo Revolución-Régimen obregonista, Sección Justicia y Gobernación, Caja (...)

21El último aspecto del caso de Mixco que debemos subrayar es el papel de los expertos en la resolución del conflicto. Los fraccionistas no podían perder sus tierras y los ejidatarios debían recibir la suyas, así que la Comisión Nacional Agraria envió al Ingeniero Regino Gúzman, inspector de Procuradurías de Pueblos, dependiente de la Comisión Nacional Agraria, para “llegar a un acuerdo satisfactorio acerca de las fracciones de terreno que al igual que usted, algunos otros vecinos de ese lugar adquirieron en compra-venta con el propietario de la hacienda de San Juan Mixco35. De nuevo, la institución nacional iba a tener la última palabra en la mediación, dejando a la Entidad en una postura debilitada. En cambio su estrategia era la misma ya que tanto en la Comisión Local como en la Nacional, el ejecutivo cuidaba el perfil de los miembros designados para minimizar las oportunidades que los hacendados pudieran tener de recurrir a los tribunales. Por lo tanto, se nombraron esencialmente a juristas y a ingenieros. Pero como ya lo señalamos, el Estado de Tlaxcala no disponía de suficientes juristas titulados para sus juzgados, así que encontrar a personas preparadas para la Comisión era casi imposible. Los telegramas intercambiados para ofrecer las plazas son elocuentes. Mientras entre 1914 y 1917, Rojas había sido exigente sobre la contratación de jueces leales a los ideales revolucionarios, el 22 de mayo de 1917 el secretario de Gobierno Manuel Gómez Lomelí, escribía al licenciado Ángel Váldez, del Supremo Tribunal de Justicia. “¿Aceptas empleo en Comisión Local Agraria, 150 pesos mensuales? Haz igual proposición a Juan Avila36. La consecuencia de la escasez de recursos tanto económicos como humanos tuvo los mismos efectos que en los juzgados: puestos de la Comisión quedaban vacantes, pocos se quedaban más de unas semanas y, por si fuera poco, cada nuevo gobernador y/o secretario de gobierno quería nombrar nuevos integrantes leales a su persona. El seguimiento de esta institución y la carencia del personal jurídico para la implementación de una nueva ley permite entender cómo, en lo cotidiano de la reforma, el gobernador se quedó con pocas herramientas a la hora de competir con el presidente para asentar su poder a través de una red de obligados en cada uno de los pueblos de su Estado.

Conclusiones

22La reforma agraria fue la mayor oportunidad, antes de la creación del Partido Nacional de la Revolución, para estabilizar el régimen instaurado por o durante la Revolución. Su fortaleza consistió en crear vínculos directos entre los pueblos, puestos en posición de solicitadores, y el ejecutivo en situación de benefactor. Pero la competencia entre los dos niveles del ejecutivo, entre Entidad y Federación, y las cajas vacías de ambos obligaba a realizar arbitrajes que tomaran en cuenta dos requisitos opuestos: crear obligados en los pueblos y mantener una gran propiedad bastante próspera para poder pagar sus impuestos y abastecer a las urbes. En esta competencia y en esas metas contradictorias, los hacendados encontraron un espacio para defender su propiedad mediante el recurso jurídico. Movilizaron sus conexiones privilegiadas con la abogacía y su experiencia en el fraccionamiento de su propiedad para crear un juego bastante complejo en el que hacían oponerse pequeños propietarios a ejidatarios, campesinos insolventes a la administración de recaudación de rentas. Frente a estos recursos, el ejecutivo reaccionó colocando a juristas y técnicos en las comisiones agrarias. El gobernador perdió allí su carrera frente al presidente: el estado de Tlaxcala no tenía los recursos para pagar a suficientes juristas quienes preferían ofrecer sus servicios en el Estado más opulento de Puebla y en el Distrito Federal. Arbitrajes locales y sencillos fueron así atendidos por personal de la Comisión Nacional Agraria que, de por sí creó una delegación en las entidades, quitando a la Comisión Local parte de su razón de ser.

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Notas

1 Ferro, Marc, Le ressentiment dans l’Histoire. Comprendre notre temps, Paris, Odile Jacob, 2007, p. 51.

2 La referencia básica sobre la defensa por Molina Enríquez de campesinado construido alrededor de la mediana propiedad en la que la población mestiza representaría las fuerzas vivas es la siguiente: Basave Benítez, Agustín, México mestizo. Análisis del nacionalismo mexicano en torno a la mestizofilia de Andrés Molina Enríquez. México: Fondo de Cultura Económica, 2002. E. Kourí ha demostrado también que el abogado estuvo en el origen del mito sobre unas haciendas desatendidas por sus propietarios, no modernizadas y favoreciendo una organización casi feudal de la sociedad campesina. Esta visión de unas haciendas en perpetuo déficit fue desarrollada en la obra clásica de Chevalier, Francois, La formation des grands domaines au Mexique (terre et société aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Instituto de Etnología de París, 1952. Kourí Emilio H, “Interpreting the Expropriation of Indian Pueblo Lands in Porfirian Mexico: The Unexamined Legacies of Andrés Molina Enríquez”, Hispanic American Historical Review, 82:1, 2002, p. 69-117. El tema del papel de Molina Enríquez en la interpretación de la historia rural fue el punto de partida de la reflexión de Tortolero Villaseñor, Alejandro en su obra: Notarios y agricultores. Crecimiento y atraso en el campo mexicano, 1780-1920, México, UAM, Siglo XXI, 2008.

3 Garciadiego, Javier, « ¿Por qué, cuándo, cómo y quiénes hicieron la Constitución de 1917?”, Historia Mexicana, LXVI: 3, 2017, p. 1213-1214.

4 “Carranza obtuvo satisfacción: el poder presidencial salió de ahí considerablemente reforzado; todo lo demás – sufragio efectivo, no reelección; federalismo; libertad municipal – era literatura, puesto que dependía antes que nada de un Ejecutivo que tenía la iniciativa de las leyes y que no era responsable ante las dos asambleas legislativas”. Meyer Jean, La revolución mexicana, México, Tusquets [1999], 2010, p. 85.

5 Ese fue el análisis de Emilio Rabasa (1856-1930) abogado, político, novelista, diplomático, periodista e historiador, quien criticó ampliamente la Constitución tanto en sus escritos como en sus clases. Aguilar Rivera, José Antonio, “La Constitución y la tiranía: Emilio Rabasa y la carta de Querétaro de 1917”, Historia Mexicana, LXVI: 3, 2017, p. 1415-1478.

6 Knight Alan, « La Révolution mexicaine : révolution minière ou révolution serrano ? », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 38ᵉ année, n° 2, 1983. p. 449-459.

7 La cuestión de la degradación de la imagen de la justicia civil y penal en México durante el siglo XIX y su aceleración durante la Revolución ha sido presentada en dos conferencias: “Construir la desconfianza 1: la justicia bajo sospecha”, ENAH, Mexico, el 13 de mayo de 2016. « De la faillite de la justice à la Révolution. Le Mexique de 1850 à 1920 », St Denis de la Réunion, el 7 de diciembre de 2016. Este tema constituye la segunda parte del texto de Habilitation à Diriger des Recherches en curso.

8 Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (AHET), Fondo Revolución Régimen Obregonista, Sección Justicia y Gobernación, Caja 115, Exp. 12, 5fs. Año 1910. La H. Legislatura del Estado expidiendo la ley sobre tinterillos o agentes intrusos.

9 Todos estos puntos están ampliamente desarrollados en el artículo mencionado antes. Sólo para puntualizar el tema del costo de la justicia, recordamos aquí que el costo de una simple revisión de un expediente por el juzgado de primera instancia de Tlaxcala en los años 1920 equivalía a la mitad del precio de una mula.

10 Puente, Ramón, “Francisco Villa”, Historia de la Revolución Mexicana, México, INEHRM, 1987, tomo 1, p. 244. Citado en: Narváez, José Ramón, “Los abogados de la resistencia civil: anarquistas, socialistas y agraristas”, Cruz Barney, Oscar et alii (coord.), Los abogados y la formación del Estado mexicano, México, UNAM, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, 2013, p. 745-758.

11 Sobre zapatismo, arenismo y agrarismo en el sur-oeste de Tlaxcala, ver: Buve, Raymond, “Movilización campesina y reforma agraria en los valles de Natívitas, Tlaxcala (1917-1923): estudio de un caso de lucha por recuperar tierras obtenidas durante la revolución armada”, en Buve Raymond, El movimiento revolucionario en Tlaxcala. México. Universidad Autónoma de Tlaxcala – Universidad Iberoamericana, 1994, p. 151-184.

12 Sobre las haciendas ver: Ramírez Rancaño, Mario, El sistema de haciendas en Tlaxcala, México, CONACULTA, 1990. Sobre la pequeña propiedad y la politización de la población de esta región, ver: Sanchez, Evelyne, “Estrategias campesinas en el México revolucionario. El minifundio y la construcción del empoderamiento en los pueblos de Natívitas, (Tlaxcala, 1856-1921)”, Revista complutense de Historia de América, déc. 2013, n° 39, p. 229-253.

13 González Jácome, Alba, Humedales en el suroeste de Tlaxcala. Agua y agricultura en el siglo XX, México, Universidad Iberoamericana, A.C, 2008.

14 Archivo General de la Nación, Fondo Hacienda Pública, Sección 156 Nacionalización y desamortización de bienes, serie Tlaxcala, vol. 553 92/233, Caja 185/113, exp. 172, fs. 1-3. Petición de ampliación de plazo para pagar, marzo de 1861.

15 AHET, Fondo Revolución Régimen Obregonista, Sección Justicia y Gobernación, Caja 119, Expediente 54, 1fs. Año 1910. El Sr. Lucas González, quejándose de que el Presidente municipal de Nativitas ha mandado despojarlo de unos terrenos de su propiedad, denominados “Capultitla”, “Calicanto”, “Tepetzintla” y “La Loma”.

16 Archivo General de Notarías del Estado de Tlaxcala, libro de protocolos, distrito de Zaragoza, 1909. Copia simple del testimonio de la escritura de fraccionamiento del rancho de San José de Gracia alias Tenexac y Panzacola otorgada por el señor Licenciado Don Ricardo M. Sousa a favor de varios vecinos de los pueblos de Papalotla y Tenancingo, estación de Panzacola. Zacatelco, 28 de junio de 1908. 41fs.

17 El caso más famoso es el de la hacienda de Santa Agueda, en el municipio de Natívitas, que era para el ministro de Fomento de Porfirio Díaz una de las dos haciendas más modernas del país y el orgullo del gobernador de Tlaxcala, Próspero Cahuantzi.

18 Archivo Histórico del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (AHTSJET), Distrito de Zaragoza, Justicia civil, 1916. Diligencias sobre la devolución de una yunta de mulas operada (nota: pidiendo informes al juez local). El pleito opone a Vicenta Flores, viuda y analfabeta del puebla de San José Atoyatenco (Natívitas), a su vecino Alberto Bueno quien rechazó devolverle la mula, el asno, una yunta extranjera de marca “Oliver” y dos cadenas.

19 AHTSJET, Distrito de Zaragoza, Justicia criminal, San Rafael Tenanyecac, 1921. Criminal contra Calixto Herrera por lesiones inferidas a la Sra. Natividad Cárdenas.

20 Sobre el zapatismo y el empoderamiento de los pequeños propietarios, nos referimos a los textos clásicos: Wolf, Eric R., “On Peasant Rebellions », en Teodor Shanin (ed.), Peasants and Peasants Societies, Londres, 1971 y Womack, John, Emiliano Zapata et la révolution mexicaine, Paris, La Découverte, [1969] 2008. Sobre la modernización de las plantaciones azucareras de Morelos, ver: Tortolero Villaseñor, Alejandro (coord.), Tierra, agua y bosques: historia y medio ambiente en el México central, México, CEMCA, Instituto Mora, Universidad de Guadalajara, 1996 y Tortolero, Alejandro, Notarios y agricultores. Crecimiento y atraso en el campo mexicano, 1780-1920, México, UAM, Siglo XXI, 2008.

21 Sánchez Aguilar, Juan Bernardino, “La integración del Congreso Constituyente de 1917”, Historia Mexicana, LXVI: 3, 2017, p. 1305.

22 Mac Gregor, Josefina, “Los diputados renovadores de la XXVI Legislatura al Congreso Constituyente”, Historia Mexicana, LXVI: 3, 2017, p. 1356. Encontramos a principios del año 1925, o sea un año después de la muerte de Máximo Rojas, a Gerzayn Ugarte como senador en el Congreso de la Unión por el Partido Laborista. AGN, Fondo Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, Caja 163, Expedientes 311 (4-8)/23. Años: de 1923 a 1925. Signatura actualizada: 136017. Reporte del agente 9 al Jefe del Departamento Confidencial, México, 4 de marzo de 1925, 9p, f. 271-279.

23 AHET, Fondo Revolución Régimen Obregonista Sección Justicia y Gobernación Caja 165, Expediente 22, 10fs. Año 1914.

24 AHET, Fondo Revolución Régimen Obregonista Sección Justicia y Gobernación, Caja 166, Expediente 4, 9fs. Año 1914. Telegrama de Venustiano Carranza a Máximo Rojas, México, DF, el 15 de octubre de 1914.

25 AHET, Fondo Revolución Régimen Obregonista Sección Justicia y Gobernación, Caja 208, Exp. 9, 80fs. Año de 1916. Relativo a las quejas presentadas por motivo de los procedimientos arbitrarios del Sr. Domingo Arenas. Queja de Guillermo Carbajal y Brasdefer, representando a su padre Ricardo contra el coronel Marcelo Portillo.

26 Los empleados subalternos de los juzgados (en especial los secretarios y escribientes) no compensaban esta inestabilidad ya que eran nombrados por el juez y cada nuevo juez llegaba con su equipo.

27 El jurista denunciaba el carácter retroactivo del artículo 27 de la Constitución que permitió presentar numerosas solicitudes de amparo por violación de las garantías individuales (ya que el derecho de propiedad no se reconocía). La Suprema Corte de Justicia se vio desbordada por la cantidad de casos a juzgar, situación incrementada por el hecho de que ya no podía crear jurisprudencia y debía por lo tanto atender cada caso presentado. Según Rabasa, ese era el resultado esperado por el Ejecutivo para paralizar la Corte en su función de poder judicial. Aguilar Rivera, José Antonio, “La Constitución y la tiranía… Op. Cit., p. 1448-1454. Ver los capítulos 4 y 5 sobre el papel de la Suprema Corte de Justicia respecto a la nueva legislación laboral en: Suárez-Potts, William, The Making of law. The Supreme Court and Labour Legislation in Mexico, 1875-1931, Stanford, Stanford University Press, 2012.

28 Antonio Annino insistió en que los pueblos seguían existiendo como nivel político ya que las elecciones indirectas que perduraron hasta 1912 se apoyaban en sus bases en las mesas electorales instaladas en ellos, lo cual requería la elección de presidentes de mesa, o sea de autoridades. Annino, Antonio, “El voto y el siglo XIX desconocido”, Istor. Revista de Historia Internacional, año V, n° 17, verano 2004, p. 43-59. Sobre la relación entre los pueblos de Natívitas y la cabecera, así como la forma negociada con la que resolvían la ocupación de los cargos municipales hasta 1918, ver: Sanchez, Evelyne, “Santa Apolonia Teacalco (Tlaxcala, México): un pueblo a la conquista de su cabecera en tiempo de revolución”, en Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas [en línea], 2012, n° 8, Disponible en: http://revistas.um.es/navegamerica. Consulta: 01/04/2012. ISSN 1989-211X

29 Gómez Santana, Laura Guillermina, “Legislación e instituciones agrarias en México, 1914-1924”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 40, n° 1, ene-jun. 2013, p. 273-297.

30 Sobre la forma en que este proceso de negociación entre pueblos y autoridades permitió construir un poder sólido, ver el artículo muy convincente de Baitenmann, Helga, “Popular Participation in State Formation: Land Reform in Revolucionary Mexico”, Journal of Latin American Studies, Cambridge University Press, vol. 43, n° 1, p. 1-31.

31 AHET, Fondo Siglo XX, Sección Secretaría General de Gobierno, C. 47, Exp. 48, 3fs. Carta del representante de los fraccionistas, Rosendo Tecpan, al Gobernador del Estado, San Vicente Xiloxochitla, 19 de agosto de 1924.

32 Mostramos cómo los campesinos modificaron en contenido el término de “campista”, que designaba al propietario de pequeños lotes de tierra, para que se convirtiera en una herramienta que servía a afirmar la autonomía del que tuviera la posesión de la tierra, tuviera o no también su propiedad. Ver: Sanchez, Evelyne, “Estrategias campesinas….” Op. Cit.

33 El hacendado disponía de un argumento mejor: la ley de 1915 sólo preveía tomar tierras de las haciendas para entregarlas a pueblos y no a sociedades agrícolas. Pero si ese dato pesó en el dictamen, el definitivo fue la falta de pago de las contribuciones. Dos largos expedientes de este juicio se encuentra en el AHTSJET, Distrito de Zaragoza, Justicia civil, 1921. Uno de estos expedientes ha sido analizado en la tesis de Fernández Cervantes, Gabriel, Disputa por la tierra de la hacienda Santa Ana Portales, Tlaxcala, 1883-1921. El caso de los Asociados del Distrito de Zaragoza, Tlaxcala, Tesis de Maestría, ICSyH-BUAP, 2013.

34 AHTSJET, Distrito de Zaragoza, Justicia civil, 1922. Diligencias practicadas en vía de jurisdicción voluntaria promovidas por el señor Gustavo Carbajal y Brasdefer.

35 AHET, Fondo Siglo XX, Sección Secretaría General de Gobierno, C. 47, Exp. 48, 3fs. Respuesta de la Oficina de la Secretaría, Tlaxcala, 22 de agosto de 1924.

36 AHET, Unidad Histórica, Fondo Revolución-Régimen obregonista, Sección Justicia y Gobernación, Caja 217, Exp. 5, 209fs. Año 1917.

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Para citar este artigo

Referência eletrónica

Evelyne Sanchez, « Entre el caudillo y el Presidente: el papel de los juristas en la implementación de la Reforma agraria. Estado de Tlaxcala, 1915-1923 », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [Online], Debates, posto online no dia 16 fevereiro 2018, consultado o 20 setembro 2018. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/71865 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.71865

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Evelyne Sanchez

FRAMESPA

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