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Natacha Bacolla

Legislar el trabajo. Notas acerca de la construcción de un saber jurídico sobre el trabajo en Argentina: el caso de la Universidad del Litoral

Légiférer le travail. Notes sur la construction d'une connaissance juridique sur le travail en Argentine: le cas de l'Universidad del Litoral
Legislate the work. Notes on the construction of legal knowledge about labor in Argentina: the case of the Universidad del Litoral
[16/02/2018]

Résumés

L'article explore la formation du champ académique du droit du travail dans l'une des trois universités argentines où a eu lieu la cristallisation de domaines spécifiques liés à sa recherche et à sa mise en œuvre technique: l´Universidad Nacional del Litoral. Tout d'abord, l'article passe en revue les dynamiques qui influencent les débuts et la formation de cette connaissance juridique. Deuxièmement, il se concentre sur la trajectoire d'un des pionniers du droit du travail en Argentine, Mariano Tissembaum, et de l'Institut du droit du travail qu'il a fondé en 1938. Par ses publications, les réseaux et les débats dans lesquels s'insère entre les décades de 1930 et 1940, l'article présente quelques avances préliminaires qui tiennent compte non seulement de la dynamique de formation d'un domaine académique mais aussi d'un consensus social et des conditions de possibilité qui l'ont converti en une connaissance technique convoquée par l'Etat.

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Notes de l’auteur

Una primera versión de este artículo fue escrita con mi colega y amiga, Susana Piazzesi In memorian.

Texte intégral

Introducción

  • 1 Zimmermann, Eduardo, «Los intelectuales, las ciencias sociales y el reformismo liberal: Argentina, (...)

1Las consecuencias sociales del proceso de modernización y expansión económica que experimentó la Argentina, siguiendo ritmos más o menos paralelos a otros países, tuvo –entre finales del siglo XIX y la primera década del nuevo siglo– un gran impacto en amplios sectores de las elites intelectuales y políticas. Como ha señalado Eduardo Zimmermann, dichas dinámicas resumidas en la cuestión social, constituyeron no sólo problemáticas objetivas y cuantificables sino también todo un desafío intelectual.1 Así lo demuestra la emergencia y sistematización de un amplio conjunto de nuevos conocimientos sobre la sociedad – desde la consolidación de la sociología, la discusión de una ciencia política a los cambios en las ciencias económicas y estadísticas –; pero también la transformación que exponían saberes ya legitimados, como aquel de la ciencia jurídica. En este último caso, diversas perspectivas pondrían en jaque la centralidad de la tradición liberal y la pertinencia de sus categorías para interpretar esta sociedad transformada. La primacía alcanzada por el derecho civil sobre esta base en la segunda mitad del siglo XIX, sería eclipsada por otras ramas.

2Los debates argentinos se engarzaban en este clima de época. La condición de posibilidad de esta erosión, y el crecimiento del «nuevo derecho», había sido dada por la lenta construcción de la idea de justicia social a partir de diversas tradiciones – como la socialista, la sindical, la católica, pero también del reformismo nacido de las filas liberales y las conservadoras –, las cuales fueron sedimentando en un sentido común que hizo posible enunciar la desigualdad de relaciones en la sociedad, como la emergente del vínculo entre patrono y trabajador, la existencia de derechos colectivos y no sólo individuales, que no podían ser ya medidos por las varas de nociones como la del contrato como relación libremente contraída, la igualdad de las partes en su vinculación, su identificación con intereses individuales, o la primacía de la protección de las libertades como herramienta legal suficiente para garantir el goce de derechos.

  • 2 Cf. Chatriot, Alain et al, Les Politiques du Travail (1906-2006). Acteurs, institutions, réseaux, R (...)

3La creciente ola de movilizaciones sociales que sacudieron no sólo el escenario europeo y norteamericano, sino que involucró nuevos contextos como el latinoamericano, alimentó una dinámica circulación de ideas en torno al «nuevo derecho» que fue creciendo hacia inicios del siglo XX – acicateada por el internacionalismo de los movimientos socialistas, por congresos académicos, una política de traducciones, publicaciones y viajes de estudio sostenida por los propios gobiernos y los diversos actores de la «nebulosa reformadora» –. Sin duda esta dinámica se vio consolidada a finales de la Gran Guerra, con la constitución de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el seno de la Sociedad de Naciones, que propiciaría un profundo proceso de difusión mundial de paradigmas institucionales, jurídicos y académicos relativos al mundo del trabajo.2

4En este contexto, sobre un conjunto de inquietudes comunes, las políticas puestas en práctica fueron delineando diversos paradigmas institucionales y políticos para dar respuesta a estas «consecuencias no deseadas de la modernización» y el modo de institucionalizar ese «nuevo derecho social» en general y el del trabajo en particular. Entre dichas estrategias se encuentran aquellas surgidas durante la Tercera República francesa, enmarcadas en la acción del Consejo de Estado y el desarrollo de agencias específicas, que alimentaron a través de un prolífico debate un corpus jurídico que llevaría a la formulación de un código del trabajo hacia 1910. Las vías elaboradas en el escenario alemán, delinean otros dos claros modelos: por un lado, aquel surgido en el marco del Imperio que – en un escenario de democratización limitada – dio lugar a un amplio conjunto de herramientas legales e institucionales para intervenir sobre el mundo del trabajo – excluyendo la representación obrera y unilateralmente sostenido por el Estado imperial –; por el otro, la breve experiencia de la República de Weimar definiría un estatuto distinto a este nuevo derecho social, con su inclusión en la carta constitucional. A ellas deben agregarse las delineadas en el mundo anglosajón, en el cual a pesar de inflexiones la persistencia de la matriz jurídica liberal seguiría impregnando la resistencia norteamericana al avance de capacidades de intervención del Estado federal, pero también modelando el moderado reformismo británico.

5Aunque muy divergentes, todas ellas ponían en primer plano el doble registro en que se inscribía este nuevo derecho: si por una parte era considerado una cuestión atinente a la administración, replanteando la relación entre Estado y sociedad, y el desarrollo concomitante de nuevas capacidades de intervención; por otra parte, constituía una materia que interpelaba la propia definición de justicia, y en ese sentido reclamaba una renovación a la ciencia jurídica. La Gran Guerra primero y la crisis económica de 1930 después, profundizarían las inquietudes y los ensayos que harían avanzar la aceptación de estos enfoques. Sumando las novedades que las perspectivas corporativistas ponían en escena, particularmente en el laboratorio fascista, donde el propio concepto de trabajo se convertía en el pivote de la representación política – en términos de intereses sectoriales – y el Estado asumía las tareas técnicas que construirían las herramientas de traducción corporativista del «nuevo derecho social».

  • 3 Falcón, Ricardo, «Militantes, intelectuales e ideas políticas», en Falcón, Ricardo (dir.), Democrac (...)
  • 4 Tal el caso de la ley de descanso dominical en 1905, la de accidentes de trabajo en 1915, la de lim (...)
  • 5 Buchbinder, Pablo, Historia de las universidades argentinas, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, (...)

6En diversos casos latinoamericanos y el propio escenario argentino, estas paradojas atravesaron también los procesos de reforma política y tomaron un lugar central en los años de entreguerras, momento que mostraría su rostro más tenso en aquellos tres debates que Ricardo Falcón señalara como las principales hendiduras emergentes en la superficie eufórica de la década del centenario: la reacción antipositivista, la escisión que provocara la Revolución Rusa sobre las tradiciones y movimientos de izquierda, y la múltiple discusión en torno a la legitimidad del régimen democrático.3 En ese registro el «mundo del trabajo» se instalaba como objeto político, a la par que de estudio, mientras que iba emergiendo lentamente un corpus de legislación social4, nuevas herramientas administrativas y agencias estatales – innovaciones visibles, por ejemplo en la creación del Departamento Nacional del Trabajo en 1907 –. Como se había visto en el camino a la reforma electoral, que traerá la ley Sáenz Peña en 1912, el sustrato de estos cambios debía mucho a hombres clave de este universo reformador, que en sus pasajes entre el mundo de la política, la función pública y los espacios universitarios, fueron construyendo antecedentes y cuadros técnicos. El movimiento universitario cordobés de 1918, agregaría otro registro a este mismo conjunto, no sólo por su faz democratizadora, sino sobre todo por la consagración de una renovada dinámica, que se apuntalaba en las modificaciones de planes de estudio, una redefinición en los perfiles de los egresados, cuestiones que contribuían a modernizar la enseñanza superior cambiando el sesgo profesionalista que caracterizaba a las instituciones universitarias, con el imperativo de fortalecer la investigación científica.5

  • 6 Zimmermann, Eduardo «Un espíritu nuevo: la cuestión social y el Derecho en la Argentina (1890-1930) (...)
  • 7 Palacio, "El peronismo…", op. cit.; Graciano, Osvaldo, Entre la torre de marfil y el compromiso pol (...)

7En el ámbito del Derecho este clima potenció los cambios ya iniciados en su enseñanza en los comienzos del siglo XX, dentro de los cuales además de un resurgimiento del derecho público, el fortalecimiento del constitucionalismo y el avance del administrativismo, se daba un firme proceso de incorporación del «nuevo derecho» por medio de la renovación de programas de cátedras y la formación de institutos específicos.6 Como señala Juan Manuel Palacio, un primer foco de esta irradiación sería la Universidad de La Plata; que desde el decanato de Alfredo Palacios en su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a mediados de la década de 1920, daría impulso al estudio de la legislación del trabajo, de la mano de dos figuras señeras: Alejandro Unsain y Leónidas Anastasi. Estos últimos sostendrán también, junto a Carlos Saavedra Lamas, la consolidación un poco más lenta del campo en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la más joven facultad de Ciencias Económicas.7 Posteriormente, entre los años 1930 y 1940, se sumarían la Universidad de Córdoba y la Universidad del Litoral (UNL). En esta última, la labor de Mariano Tissembaum, rubricada en la creación del Instituto de Derecho del Trabajo, lo instalaría dentro del acotado número de especialistas que progresivamente constituyeron la especificidad de un campo académico pero también técnico, que acompañaría y sería potenciado por los ritmos políticos de la democracia imperfecta primero y del emergente peronismo después. El presente trabajo indaga esta experiencia. Focalizando para ello en la trayectoria de Tissembaum y la experiencia del Instituto de Derecho del Trabajo fundado por él en 1938 en el ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. A través de sus publicaciones, las redes y debates en los que se inserta se presentan algunos aspectos de las dinámicas de conformación de un campo académico, entre las décadas de 1930 y 1940, pero también del consenso social y las condiciones que hicieron posible su conversión y legitimidad como saber técnico convocado desde el Estado.

Los inicios del derecho laboral en la UNL

  • 8 Piazzesi, Susana y Bacolla, Natacha, El reformismo entre dos siglos. Historias de la UNL, Santa Fe, (...)

8¿Cómo explicar la conformación y consolidación de un campo académico y técnico en torno a la legislación social y del trabajo en la UNL – un joven espacio universitario de provincia –? Una respuesta puede encontrarse en la breve historia de la propia institución universitaria creada en 1919, que si bien podía reclamar un legado constituido desde las últimas décadas del siglo XIX en torno a la Universidad Provincial de Santa Fe, forjaba su programa liminar en las múltiples banderas del reformismo. El inicio de la movilización que dio origen a la misma coincidió con un nuevo clima político generado a partir de la asunción del radicalismo al gobierno provincial santafesino en 1912; e iría decantando poco a poco en un proyecto con rasgos innovadores cristalizados al calor del movimiento universitario cordobés de 1918. Los lineamientos de sus estatutos iniciales se demarcarían en torno a una fuerte contraposición al sesgo profesionalista – presente en las más antiguas universidades de Córdoba y Buenos Aire s–, una postura marcadamente laica, la defensa de un nuevo perfil en el cual la labor científica tomaría un peso específico – canon presente ya en la Universidad de La Plata fundada por Joaquín V. González –; a los cuales añadía su carácter regional – aunque tomando cierta distancia respecto de la también novel Universidad de Tucumán –. Al igual que esta última, el molde de sus carreras e institutos respondían a proyectos de modernización económico y social; pero a la vez constituían un edificio cooperativo dentro de la región litoral que, a partir de una especie de división del trabajo intelectual – expresada en la distribución de sus Facultades en las diferentes ciudades y provincias – contemplaba una diversidad de especialidades y orientaciones que sin dejar de estar estrechamente vinculadas a las necesidades del medio social, defendían la especificidad del trabajo científico. A esto se añadía una peculiar vocación extensionista que alimentaría la construcción entre finales de los años veinte y mediados de los cuarenta de un Instituto Social dotado de un espacio de formación popular de oficios y difusión de cultura – aquel de la Universidad Popular – un ámbito de estudio aplicado sobre la sociedad – el Museo Social – y una más propiamente de extensión – sostenida por su imprenta y su estación de radiotelefonía –.8

  • 9 Piazzesi, Susana, Conservadores en provincia El iriondismo santafesino 1937-1943, Santa Fe, Edicion (...)
  • 10 Macor, Darío y Bacolla, Natacha, «Centralismo y modernización técnica en la reformulación del Estad (...)

9De este modo, el proyecto universitario no era ajeno a la movilización y las tensiones del contexto nacional, a los cuales agregaba los matices de disputas locales, como las emergentes en torno a la fallida reforma constitucional provincial de 1921 – de matriz laica y liberal –; y que se reeditaría ante su puesta en vigencia en 1932 en el breve contexto de la gestión demócrata progresista. El fin de este último gobierno indicaría el ingreso de la política provincial santafesina no sólo a los mecanismos, como lo definiera Botana, de «corrupción del principio de legitimidad» imperante en el escenario nacional; sino también a ese proceso de redefinición de la política como tarea eficaz de administración, que llevaban a cabo los gobiernos de la Concordancia. Como en el plano nacional, los gobiernos antipersonalistas – de Manuel de Iriondo primero, 1937-1941, y de Joaquín Argonz después, 1941-1943 – daban una nueva plataforma al rol de la universidad, como fuente de experticia, y en ese sentido posibilitaban la escisión entre «la defensa del principio democrático» y «el buen gobierno» reducido este último a un concepto instrumental.9 El lugar que esta perspectiva daría al saber técnico, como algo neutro, constituía la condición de posibilidad de la convivencia, expresada en varios ejemplos de participación de figuras centrales de la dirigencia y el cuerpo académico de la universidad en la organización de agencias técnicas del Estado provincial a lo largo de la década del treinta.10

  • 11 Piazzesi y Bacolla, op. cit. También: Díaz Molano, Elías, "Maestros de ayer y de hoy. Mariano Tisse (...)

10Mariano Tissembaum acompañaría desde sus inicios la construcción de la Universidad.11 Nacido en 1898 en San Cristóbal, una pequeña población del centro norte santafesino, completó sus estudios secundarios como muchos de sus compañeros de la universidad provincial en el Colegio Nacional de la capital santafesina. Integró el núcleo activo del movimiento estudiantil que apoyó el proyecto universitario regional y formó parte de la delegación estudiantil al primer congreso celebrado en Córdoba en 1918. También fue editor, junto a otro estudiante de abogacía, Humberto Gambino, del periódico publicado desde 1919 por la Federación Estudiantil de Santa Fe, que tendría un rol central en la movilización universitaria de la época: la Gaceta Universitaria. Por estos años, Tissembaum acompañaría activamente el acercamiento del movimiento estudiantil a las organizaciones sindicales de la ciudad, plenamente insertas en las tensiones que enmarcaron la semana trágica de 1919. Su vinculación a los sindicatos locales permanecería, mediada por el conocimiento más que por la política, siendo convocado para divulgar y asesorar sobre los nuevos conceptos jurídicos ligados al trabajo.

  • 12 Seminario de Legislación Industrial y Obrera, Memoria, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, (...)
  • 13 Caterina, Luis María. «Alejandro Unsain. Un hombre clave en la construcción del derecho del trabajo (...)

11Recibido de abogado en 1921, ingresaría a la docencia universitaria como profesor suplente de la cátedra de «Derecho Industrial y Obrero», a cargo de Carlos Rossi; ejerciendo también desde 1923 hasta 1933 la secretaría general de la UNL. En 1930 accedería por concurso a la titularidad de la mencionada materia, impulsando a partir de allí una profunda renovación, a partir de la constitución de un seminario anexo a la misma. La particularidad de su concepción respecto a la ciencia jurídica, quedaba explicitada en la enumeración de tareas que este espacio tenía como objeto.12 En estos enunciados, que reconocían a la ley como fuente principal de creación de Derecho a la vez que ligaban a este último a determinadas condiciones de su contexto de emergencia, quedaba clara la convivencia en sus definiciones de dos visiones cuasi antagónicas de la ciencia jurídica; coexistencia de perspectivas que habían dado el tono también a las obras de otros laboralistas, como Alejandro Unsain.13 Si por una parte algunas referencias y la explícita inclusión en el aparato erudito que acompañaba las Memorias, ponían en juego perspectivas de la jurisprudencia pragmática, cuya producción más difundida tenía como referente a Rudolph Von Ihering y reconocía la variabilidad y contingencia de las leyes que se ajustaban a los equilibrios y luchas de intereses en un momento histórico determinado; por otra, no dejaba de invocar la visión kelseniana, respecto del Derecho como un conjunto formal de normas que regula las conductas humanas, cuya fuente de validez se situaba meramente en su concordancia en el plano jurídico, desechando la intervención de elementos sociológicos o políticos para su análisis y aplicación.

12Este doble interés del seminario por «la observación de los hechos determinantes del problema jurídico, como así también por la solución que se obtiene dentro de la esquematización legal», enmarcaría la labor que Tissembaum desarrollaría en él: el estudio comparado de la legislación del trabajo, su jurisprudencia, pero también las condiciones sociales de su emergencia, fundamentada esta última en la propia juventud del «nuevo derecho». Allí la tarea de documentación fue la principal preocupación, realizada a través del relevamiento de conflictos laborales y la aplicación de jurisprudencia en el ámbito del trabajo, mediante la vinculación con otros espacios académicos, asociativos, gremiales y estatales que pudieran ser fuente de información para el estudio. A su vez, los tres temas que se abordarían entre los años 1931 y 1937 exponían aspectos centrales del debate laboralista de época, a la par que se interesaban en los profundos cambios que en la provincia había experimentado la legislación del trabajo. El primero de éstos, fue el impacto del derecho corporativo, interesándose particularmente por la vigencia práctica del mismo en la Italia fascista y la experiencia falangista en España, las características de dichos movimientos corporativos, sus vínculos con el Estado, las normas de derecho público y privado involucradas en su regulación y la relación entre acción sindical y corporativismo. Las tareas que el Seminario organizó para ello fueron múltiples: desde el relevamiento informaciones de la prensa, a encuestas dirigidas directamente a organizaciones diversas tanto del ámbito nacional como internacional, entre ellos los ministerios de Trabajo de España, Brasil, Italia y México en cuanto se refería a la aplicación que se hacía en sus ámbitos del derecho corporativo, efectivamente incorporado a su legislación positiva. El segundo tema que concitó la indagación del Seminario, dictado por la urgencia de la coyuntura que emergía a partir de 1933, fue aquel de la desocupación y el paro. Sus investigaciones se centraron en los mecanismos que se habían puesto en marcha para su prevención y el manejo de sus efectos; y el estudio comparado de las medidas legislativas y administrativas que los diversos Estados estaban implementando. Si los dos primeros ejes tuvieron una clara función de documentación y organización de una suerte de estado de la cuestión, el tercer eje se concentró en el escenario provincial. El producto de estos trabajos con los alumnos sería publicado en una serie titulada Temas de Legislación, constituyendo estudios empíricos descriptivos, más que de análisis, respecto a la parcialmente vigente ley de trabajo provincial, los conflictos gremiales que se ponían en escena y las características de las organizaciones sindicales que actuaban en la misma.

  • 14 Respecto a Bielsa y el lugar del administrativismo en la redefinición de la relación Estado/socieda (...)

13Los precedentes del Seminario sostendrían la elaboración de una apuesta más fuerte por parte de Tissembaum en la conformación de un espacio académico que se incorporara en los debates del laboralismo más allá de la universidad local. El primer paso fue la propuesta de un proyecto, presentado en 1935, relativo al cambio de nominación de la cátedra que ocupaba. El modelo invocado era aquel fundado por Leónidas Anastasi y Alejandro Unsain desde su magisterio en la Universidad de La Plata. El proceso no fue sencillo, y expresó las tensiones ya mencionadas en la constitución del campo: por una parte con los civilistas, afirmando los legados jurídicos que incluían las relaciones laborales en las figuras del contrato; y por otra, con los administrativistas, que invocaban la incumbencia sobre la noción más amplia de los «nuevos derechos». Fue desde esta última donde provinieron los principales argumentos en la voz de otro pionero de la renovación jurídica, Rafael Bielsa.14

14Tissembaum sostenía en su presentación que la nueva nomenclatura expresaba los profundos cambios que desde inicios de siglo se habían dado en el modo de abordar estos «fenómenos sociales» como hechos jurídicos. Así afirmaba que

Iniciada la disciplina universitaria mencionada como ‹Legislación Industrial, Rural y Minas› se destacó a los pocos años la conveniencia de separar los estudios de la misma, en razón de los distintos aspectos jurídicos legales que la integraban. Fue así como la ‹Legislación industrial› se convirtió en materia independiente, a la que se le agregó el nombre de ‹Obrero› para determinar su orientación hacia las cuestiones jurídico-sociales de protección obrera. En la actualidad, la citada materia por la evolución de sus estudios y de la legislación pertinente, adquiere características que determinan en forma precisa la orientación de la asignatura y por lógica consecuencia la denominación de la misma.

  • 15 «Crónica institucional», Revista de ciencias jurídicas y sociales, Santa Fe, UNL, 1936, p. 135.

Ya no es el obrero, como otrora fuera la industria, el aspecto objetivo, central y esencial con que se encara el desarrollo de la asignatura. El trabajo, con su nueva modalidad jurídico-social, constituye el objeto fundamental de la materia y de ahí arrancan todas las cuestiones doctrinarias y legales que se vinculan tanto con el obrero, con la industria, con el Estado como así también con las otras disciplinas jurídicas.15

15Varias novedades sostenían estos cambios. Por una parte, Tissembaum se refería al avance de la actividad legislativa sobre el trabajo, expresada en la creciente codificación de la misma en algunos países europeos –desde España, Francia a la URSS – y latinoamericanos – como Chile y México –, y los proyectos intentados en Argentina – desde los apadrinados por el socialista Alfredo Palacios, al código de Joaquín V. González o posteriormente aquellos propuestos por Indalecio Gómez y Carlos Saavedra Lamas –. Si estas compilaciones organizaban la jurisprudencia específica, también rubricaban su incumbencia sobre el trabajo y se desligaban de los hechos jurídicos relativos a la industria en general, vínculo que se había argumentado desde el derecho privado, en tanto parte de un acto contractual y de intercambio entre individuos. Por otra parte, la nominación propuesta para la cátedra tenía otro foco argumentativo en los cambios experimentados en la propia enseñanza de la ciencia jurídica, como lo expresaban las modificaciones que se habían afianzado en las currículas de las carreras de Derecho, tanto en la ya mencionada Universidad de La Plata como en las de Buenos Aires y de Montevideo.

16Aprobado el cambio dentro del consejo directivo de la facultad, la controversia con Rafael Bielsa se daría en el seno del consejo superior de la universidad. Este último impugnaba la nueva denominación de la materia, alegando que ésta involucraba ajustar la cátedra al «problema proletario», cercenando todo un campo de hechos jurídicos relativos al trabajo intelectual y a la industria –desde el punto de vista de los derechos de propiedad, patentes, marcas, comercialización, etc.- y que debían ser por lo tanto abordados en otra nueva materia. La respuesta de Tissembaum fue contundente. Demostraba que se trataba de ajustar la denominación a los contenidos efectivos y a un estado de avance de esta rama del derecho que era confirmada por las políticas académicas en otras universidades argentinas, latinoamericanas y europeas – reseñando los particulares casos de España, Italia, Chile, Brasil y Uruguay – y que se evidenciaba en la propia organización de comisiones que presentaba el trabajo legislativo del Congreso Nacional. Rebatía, además, la idea de reducir la legislación del trabajo a la actividad que realiza el obrero manual, remitiendo a una definición funcional del mismo que permitía la inclusión de la labor intelectual, criterio que ya tenía sus antecedentes en la OIT. En cuanto al segundo punto planteado por Bielsa, alegando que este cambio llevaría a la necesidad de organizar una nueva cátedra para incorporar los aspectos de la legislación industrial que según el jurista ya no tenían cabida con la nueva denominación; Tissembaum se detenía a mostrar la falsedad del argumento, puntualizando que dichos temas eran exhaustivamente abordados a través de otras áreas del plan de estudio: las relativas a legislación de minería, de derecho agrario y rural, en bolillas específicas de las cátedras de derecho constitucional, civil, comercial y administrativo.

  • 16 Acciones enmarcadas en la propia política académica que la UNL se había fijado en su estatuto de 19 (...)

17Las múltiples labores desplegadas en el seno de la cátedra y el seminario, además de las tareas de extensión que llevaría a cabo en el marco del Instituto Social de la universidad – con la edición de la colección Temas Obreros –, y la difusión de la labor del Seminario – en publicaciones como la ya mencionada Temas de Legislación del Trabajo –, abonarían el terreno sobre el cual constituiría su Instituto de Derecho del Trabajo en 1938. Sin embargo, el éxito del emprendimiento no sólo se sostendría sobre la tarea llevada a cabo en el ámbito local sino también al afianzamiento de las redes que había logrado construir con el Instituto pionero de la Universidad de La Plata, con los laboralistas de la de Buenos Aires y Córdoba.16

El Instituto del Trabajo

  • 17 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Boletín, Santa Fe, FCJS, 1938, p. 3.

18El 9 de mayo de 1938 el consejo directivo de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales aprueba el proyecto de creación del Instituto del Trabajo presentado por Tissembaum. Allí se fijaba como principal misión del mismo «la investigación de los problemas jurídicos y sociales que se vinculen con el trabajo como actividad profesional»; plasmando en esta conceptualización la laboriosa definición que su autor había abonado por años respecto de un programa para el derecho laboral. Por una parte, como había defendido en la reorganización de su cátedra y seminario, éste no se agotaba en el estudio de los problemas derivados del «trabajo manual» y la «protección del proletario», sino que tomaba las renovaciones implícitas en el «derecho social» expandiendo sus significados a los múltiples aspectos que derivaban del ejercicio de las profesiones ya sean prácticas o intelectuales. Por otra parte, sostenía la multiplicidad de fuentes que debía reconocer el derecho del trabajo y esto quedaba taxativamente enunciado en la enumeración de tareas que se fijaban para el nuevo instituto, al mismo tiempo que traducía las múltiples funciones que venía a cumplir respecto a la cátedra, a la investigación y a la asesoría técnica.17

19El funcionamiento del Instituto – física y económicamente sostenidos por la facultad – estaba estrechamente vinculado a la cátedra y al seminario de Legislación del Trabajo. Sin embargo esta estructura se ampliaba, habilitando la incorporación de profesores de materias afines o con inquietudes de investigación convergentes dentro de la facultad y la universidad en general, así como alumnos y egresados interesados. Al mismo tiempo la figura de «miembros correspondientes», permitiría consolidar lazos y conformar redes con figuras y centros que compartían los mismos objetos de estudio tanto a nivel nacional como internacional.

  • 18 Figuras que propiciarían activamente en su militancia política la creación del fuero del trabajo en (...)
  • 19 María Elena Zambruno había defendido su tesis doctoral en 1938, siendo su tema "Ministerio de traba (...)
  • 20 Donzelot, Jacques, La invención de lo social. Ensayo sobre la declinación de las pasiones políticas(...)

20Hacia los primeros años de la década de 1940, el Instituto mostraba una estructura de membresías que desbordaba aquella inicialmente vinculada a la cátedra donde Tissembaum era profesor titular. Entre los colaboradores se encontraban egresados de la facultad como Mario Bruno – ejerciendo su secretariado durante los primeros dos años –, Juan Galli Pujato, Lidia Barragán, Juan P. Gayol, Diego Lamas y Justo Goncebate. Algunos alumnos que se formarían e incorporarían luego como miembros plenos del instituto: Amador Alberto – que reemplazaría como secretario a Bruno –, Juan C. Caballero y Juan A. Méndez Casariego. Por otra parte, entre los catedráticos que acompañaron a Tissembaum en el Instituto se contaban tanto docentes de la facultad de Ciencias Jurídicas como de la de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas con sede en Rosario: Eduardo Scatena, Jorge Marc sumándose, en 1939, Absalón Domingo Casas (h) – hijo del dirigente radical –.18 También se incorporarían por esta época una egresada de la mencionada facultad de sede rosarina, María Elena Zambruno19; y posteriormente otras dos mujeres cuya trayectoria se ligará a la constitución de otro espacio de experticia vinculado a la «invención de lo social»20 en la provincia, aquel de la formación de visitadoras y asistentes sociales: Ema Guastavino Ureta y Palmira Toledo Martínez.

21Las redes en las que se insertaban las inquietudes de Tissembaum y la labor del Instituto desbordaban lo local. Un dato en ese registro emergía claramente en la progresiva inclusión de miembros correspondientes, cuya tarea distaba de ser formal. En primer lugar se encontraban los lazos en el ámbito nacional con los referentes de institutos homólogos de la esfera universitaria: Leónidas Anastasi – del pionero instituto de la Universidad de La Plata y el de la Universidad de Buenos Aires – Carlos R. Desmarás y Manuel Pinto – del mencionado instituto platense –, Dardo Rietti – profesor y director de su similar de la Universidad de Córdoba – y Guillermo Cano – con igual funciones en la Universidad de Cuyo –.

  • 21 Chatriot et al., op. cit.; Bayon, Denis et Frobert, Ludovic. «Lois ouvrières et réformisme social d (...)

22En segundo lugar se sumaban los lazos internacionales. Si bien las inserciones en el circuito académico y de expertos europeos y norteamericanos eran menores en forma directa, aparecerían mediados por los contactos con laboralistas latinoamericanos, en particular a través de la brillante tarea de Antonio Ferreyra Cesarino Junior, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo. En este sentido, en las actas del instituto sólo se menciona la membresía de correspondencia del especialista francés de la Universidad de Lyon, Paul Pic; quien formó parte del grupo de juristas y expertos socialistas radicales que entre finales de siglo XIX y la entreguerras llevarían a cabo una labor pionera, en cuanto a la conformación del campo del derecho del trabajo en Francia y a nivel internacional luego de la Gran Guerra – ya que muchos de los que se habían formado junto a él, acompañarían a Albert Thomas en los inicios de la OIT –. Pic animaría además, junto a Justin Godart – el futuro ministro de trabajo del gobierno radical socialista – la revista Questions pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale, en 1901 que dirigiría hasta 1936 y en el cual participarían varias figuras centrales de la época: Eduard Herriot, Émil Bender o Laurent Bonnevay.21

23Contrastaba esta sola referencia europea con la amplitud de relaciones con los laboralistas latinoamericanos, como lo demostraban los aceitados vínculos con el especialista chileno Moisés Poblete Troncoso – profesor de la Universidad de Chile y miembro de la OIT –; con Brasil a través de Orlando Gomes – profesor de la Facultad de Derecho de Salvador de Bahía – y el ya mencionado Ferreyra Cesarino – de la Universidad de San Pablo –. Las relaciones también se extendían más allá del ámbito académico y abarcaban a expertos estatales: como el venezolano Julio Diez – Director del Trabajo del ministerio respectivo –; en México, Octavio Trigo – Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – y en Cuba Carlos M. Raggi Ageo.

  • 22 Como señala Palacio, el proyecto se iniciaría bajo el padrinazgo de Anastasi y la dirección de Mari (...)
  • 23 Ferreyra Cesarino, Antonio, «Historique de la Société internationale du Droit du Travail et de la S (...)

24Tres datos confirman la exitosa labor de inserción que Tissembaum y el Instituto habían logrado, y que coronaban un derrotero previo. En primer lugar, la participación de la mayor parte de los laboralistas reconocidos en el país en el homenaje que en 1940 el Instituto hiciera a Leónidas Anastasi, recientemente fallecido – con oradores de la talla de Unsain, Pinto, Rietti y Desmarás –. En segundo lugar, la intervención de Tissembaum dentro de estas redes quedaba plenamente rubricada en su condición de miembro del grupo fundador que en 1941 daría inicio a la primera publicación argentina especializada en derecho laboral: Derecho del Trabajo. Revista crítica mensual de jurisprudencia, doctrina y legislación; que venía a consolidar la labor de difusión que otras revistas jurídicas y académicas generalistas habían comenzado, como es el caso de la Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, la más antigua Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, los Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, así como en la más nueva revista jurídica La Ley y la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.22 Por último, ya en el inicio de la década de 1950, la activa colaboración dentro de la Sociedad Internacional de Derecho Laboral, que derivaba de la precedente Sociedad Internacional de Derecho Social, ambas animadas por el brasileño Ferreyra Cesarino y el italiano Renato Balzarini de la Universidad de Trieste.23

25El programa de trabajo del Instituto abonaba este prestigio. Se dotaría de un Boletín, instrumento de difusión a través del cual daba a conocer su labor, y las renovaciones del campo en otros espacios. La tarea de formación ocuparía también un importante lugar, reforzada por la organización de viajes de estudios. Pero, sin ninguna duda, la investigación y la asesoría técnica ocuparían el primer plano dentro del mismo.

  • 24 Instituto Del Derecho Del Trabajo (IDT), Memoria, Santa Fe, UNL, 1938, p. 35.
  • 25 IDT, Memoria, Santa Fe, UNL, 1940, p. 11.

26Por una parte, definiría una agenda anual de indagación recortada en torno a diversos problemas de estudio. En su primer año de funcionamiento, 1938, se abocaría a compilar y analizar todo lo concerniente a la aplicación de las leyes vigentes sobre el régimen de trabajo.24 Entre 1939 y 1940, las tareas tendrían como eje el análisis en torno a la conformación de un fuero laboral en Argentina. Un avance de los mismos fue presentado en el Primer Congreso Nacional de Ciencias procesales, llevado a cabo en la Universidad de Córdoba en octubre de 1939, cuyos organizadores requirieron la intervención del Instituto para debatir este punto neurálgico no sólo para la dimensión procesal sino para la admisión del nuevo derecho. La ponencia expuesta por Tissembaum y suscripta por el Instituto – única presentación que respondía al interrogante propuesto por el congreso en torno a la especificidad de procedimientos en la aplicación de la legislación sobre el trabajo –, sería el insumo para la elaboración de un pronunciamiento en las conclusiones de la mencionada reunión científica respecto a la necesidad de instaurar el fuero laboral dentro de los organismos judiciales del país. De este modo dicho dictamen se expedía sobre la necesidad no sólo de crear tribunales especiales sino también sobre la adopción de un régimen procesal que atendiera a «la naturaleza propia y autónoma del derecho del trabajo», a la par que instaba a distinguir en la instrumentación de los mismos entre los conflictos de raíz individual y aquellos de carácter colectivo.25

  • 26 Sólo señalamos, ya que excede el objeto del presente artículo, que a estos tópicos se agregaría a l (...)

27Los resultados finales de este estudio especial sobre los Tribunales del Trabajo y Derecho procesal del Trabajo, realizados a lo largo de esos dos años, compondrían una segunda publicación del Instituto dedicada a dar a conocer lo realizado por sus investigadores, a los que se sumaban las colaboraciones de algunos de sus miembros correspondientes – Antonio Ferreyra Cesarino (Jr), Julio Diez, Orlando Gómes, Moisés Poblete Troncoso, Carlos M. Raggi, Octavio M. Trigo, Dardo Rietti, Manuel Porto, Guillermo Cano y Carlos Desmarás –; y agregándose otros convocados especialmente – Eduardo J. Couture, profesor de la Facultad de Derecho de Montevideo; y López Narvaja, colega de Rietti en la Universidad Nacional de Córdoba –.26 En esta primera etapa, la investigación específicamente centrada en el derecho laboral sería acompañada por el estudio de otros aspectos considerados afines, expuestos en varias reuniones científicas, como el Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular y el Primer Congreso Argentino de Sociología y Medicina del Trabajo, ambos celebrados en Buenos Aires en la segunda mitad del año 1939.

  • 27 Hacia los inicios del siglo XX se había conformado un amplio consenso jurídico y político en torno (...)

28El rol referencial que el Instituto iría adquiriendo en la construcción de un campo académico laboralista, lo convertiría en voz de autoridad técnica al respecto, siendo llamado a emitir opinión sobre varias reformas legales en marcha durante esos años. En este sentido, la primera requisitoria recibida, en julio de 1938, fue remitida por la comisión reformadora del Código Civil del Congreso de la Nación que conformada en 1936, debía expedirse sobre el proyecto elaborado por la comisión de jurisconsultos que había sido creada por convocatoria del presidente Alvear en 1926.27 Si bien dicho proyecto constituía una revisión completa del corpus de leyes, el Instituto debía evaluar en particular el título que trataba el contrato de trabajo, el cual recopilaba y asentaba los principios jurídicos de la institución y entendía en todo cuanto se relacionaba con el «trabajo como actividad profesional de carácter contractual».

  • 28 IDT, Memoria, Santa Fe, UNL, 1940, p. 11.

29Los miembros del Instituto se abocaron a la evaluación de varias propuestas: aquella presentada por la comisión de jurisconsultos – y en particular de las iniciativas de su principal figura, Juan Bibiloni –, las elaboradas por Saavedra Lamas, y finalmente las opiniones de la comisión de diputados y senadores. Debatieron a lo largo de dos sesiones los argumentos que darían sustento a su respuesta al pedido parlamentario, sosteniendo finalmente y en forma taxativa que «el contrato de trabajo en virtud de constituir en la actualidad una institución jurídica de principios distintos a los que informan el derecho común (…) no debe por razón de metodología jurídica integrar un código de derecho preponderantemente privado como lo es el Código Civil», y en ese sentido consideraba que era errónea la incorporación que la reforma hacía del contrato de trabajo como institución nueva, en la forma de un capítulo especial, dentro de un cuerpo clásico de leyes.28

30Una segunda opinión emitida por el Instituto fue respecto a las disparidades creadas por la jurisprudencia emanada de la aplicación de la ley 11.729 – sobre vacaciones pagas e indemnizaciones por despido y preaviso – que sancionada en 1933 y puesta en vigencia en 1934, había reformado los artículos 154 a 160 del Código de Comercio. La diversidad de interpretación de dicha normativa había generado, en una buena cantidad de casos, la exclusión de varios sectores laborales de los beneficios y protección que sentaba la misma, entre ellos aquellos vinculados a actividades comerciales. Nuevamente Tissembaum y los miembros del instituto fijaron posición sobre la necesidad de dar unidad a la aplicación del derecho, entendiendo que la legislación social argentina debía consagrar principios en base a la justicia y equidad sin exclusiones ni diferencias en la aplicación de la ley, y que en consecuencia las disposiciones de la mencionada norma debía alcanzar a todos los trabajadores del comercio y de la industria. En ambos estudios técnicos el corolario era uno: la necesidad imperiosa de una legislación unificada y específica sobre el trabajo y su traducción en un fuero especial.

31Un tercer tema concitaría entre 1939 y 1940 el trabajo de asesoría técnica del Instituto. La provincia impulsaría, bajo el gobierno conservador de Iriondo, la reforma parcial de la vigente constitución provincial – sancionada en 1900 – que había sido nuevamente adoptada luego de la derogación, por la intervención que desplazó a Luciano Molinas, de la más moderna Constitución de 1921. Los artículos a tratar serían relativamente pocos, siendo la novedad más polémica aquella que incluía en la ley de reforma un capítulo especial que apuntaba a dar constitucionalidad a dos aspectos que ganaban centralidad en el escenario político: por una parte la inclusión del régimen de partidos políticos; y por otro, la del régimen del trabajo y asistencia social. Sería sobre este último punto frente al cual el Instituto sería convocado a dar una opinión técnica, cuyas conclusiones fueron presentadas en un meduloso anteproyecto.

  • 29 IDT, Memoria, Santa Fe, UNL, 1940, p. 59. Esta perspectiva generó objeciones, ya que la defensa que (...)

32El estudio partía del análisis de antecedentes que emergían en las experiencias institucionales de países pioneros en la constitucionalización de los principios básicos del derecho del trabajo y la legislación social, particularmente aquella de México en 1917, y la relativa a la República alemana de Weimar en 1919. También se indagaba sobre los precedentes que habían sentado otras provincias argentinas. Los ejemplos eran varios: algunos con incorporaciones relativas al trabajo pero limitadas en la materialidad de sus aspectos como Salta, Mendoza, Tucumán, San Juan y Entre Ríos, dentro de las cuales se incluía la malograda Constitución del año 1921 de Santa Fe; y otras como la sancionada en ese mismo año 1939 en Santiago del Estero cuyo texto tenía «un gran contenido social con relación al trabajo» toda vez que lo consideraba como «deber del individuo para con la sociedad». Si bien había aceptación entre los miembros del Instituto respecto a esta enunciación, su director la consideraba limitativa y por lo mismo proponía una definición alternativa del concepto de trabajo como función social, tal como se había aprobado en la Conferencia Internacional Sindical de Berna del año 1918. Resaltaba en esa línea las categorizaciones contenidas en la Constitución de Portugal – sancionada por el régimen corporativo de Salazar en 1935 – extendiéndolo al capital, y a la propiedad. Esta visión quedaba enunciada en el primer artículo del proyecto que remitiría a la legislatura provincial: «El trabajo, en sus diversas formas, constituye una función social. Es un derecho y un deber del individuo para con la sociedad, y las leyes asegurarán que su ejercicio se cumpla con la dignidad que la función requiere».29 El segundo artículo avanzaría sobre las obligaciones del Estado relativos al régimen del trabajo y asistencia social, las cuales debían respetar el criterio de universalidad. Otro conjunto de artículos avanzaba sobre tópicos que de un modo u otro habían sido debatidos desde inicios del siglo y que habían tenido desigual suerte en su traducción en normas positivas, tal como la obligación de manutención de los trabajadores en establecimientos que requirieran su presencia de forma permanente; la participación de representantes gremiales en los organismos administrativos de aplicación, inspección y vigilancia de las leyes de trabajo; la organización de un patronato para la readaptación y colocación de trabajadores víctimas de accidentes o enfermedades del trabajo; la asunción por parte del Estado del sostenimiento y fomento de la enseñanza técnica profesional para aquellos que no pudieran iniciar otros estudios. Luego el anteproyecto incorporaba en su articulado aspectos relativos a la asistencia y previsión social, entre los cuales se incluían: los mecanismos de fomento de las instituciones de previsión, solidaridad y asistencia social; la obligación del Estado de proveer medios para asegurar la propiedad del trabajador ante el infortunio por medio de la figura del «bien de familia»; la fijación de medios para limitar el precio de los artículos de primera necesidad; la subdivisión de la propiedad afectada a la producción en función del trabajo; y la exención impositiva de algunas actividades como las de granja.

  • 30 Ídem, p. 65.

33Pero la principal novedad que proponía el texto elaborado por el Instituto se concentraba en tres disposiciones de las cuales se derivaban modificaciones sustanciales de las capacidades regulatorias y técnicas del Estado provincial respecto del trabajo y las políticas de sanidad pública y asistencia social. Estas venían a potenciar las herramientas de intervención de determinadas agencias estatales a la par que definían en el ámbito técnico, y no político, estas nuevas responsabilidades asumidas por el poder público. Así, por una parte, fijaba en su artículo nueve la constitución de un Consejo Económico provincial con función de asesoramiento a los poderes Ejecutivo y Legislativo, organizado sobre la base de la representación de asociaciones profesionales, el cual lejos de contraponerse a la representación democrática – sostenía Tissembaum – constituía un requerimiento derivado de la alta complejidad de los problemas frente al cual debía dar respuesta «el régimen legal moderno y la administración». Por otra, en su artículo 13, retomando los argumentos planteados ya en las consultas relativas a las modificaciones del código civil, fijaba la institución de tribunales especiales y un régimen procesal propio para la solución obligatoria de los conflictos del trabajo; especificando además la composición de los tribunales que deberían entender en casos de conflictos individuales y colectivos respectivamente. Mientras que los primeros debían estar «a cargo de jueces letrados designados en igual forma que los jueces de primer y segunda instancia del fuero ordinario», para la solución de los segundos, esto es los derivados de conflictos colectivos, «el tribunal de primera instancia se integraría con vocales de carácter profesional, los que compondrán la magistratura del trabajo, como instancia única».30 Por último, en el artículo 14, contemplaba la conformación de un órgano provincial que debía tener bajo su órbita de forma centralizada la dirección y el control de todas las instituciones y aspectos de la asistencia social y la higiene pública. La concepción de una agencia estatal de tal naturaleza, como larga e infructuosamente había sido propuesta desde inicios de siglo en diversos ámbitos, se sostenía en argumentos respecto a la eficacia y eficiencia que la «unidad de dirección» presentaba para servicios y tareas que implicaban una creciente complejidad técnica. Aun cuando la reforma constitucional no se llevara a cabo, las premisas del anteproyecto tendrían una duradera recepción en las reformas del Estado provincial santafesino, más allá de las inflexiones que los programas políticos traerían, acompañando incluso la primera experiencia en el país de organización de un Ministerio de Salud Pública y Trabajo, en el año 1941.

Notas Finales

34La experiencia peronista enmarcaría finalmente la larga demanda respecto a la institucionalización de un fuero especial para el trabajo y la centralización de la gestión de la asistencia y previsión social. Sin embargo, los consensos logrados en ambos registros remiten a una multiplicidad de procesos que lo hicieron viable política, social y técnicamente en las décadas previas. Dentro de ellos, ámbitos y figuras como las que constituyeron el Instituto de Derecho del Trabajo tendrían un rol central por varios motivos.

35Por una parte, como hemos visto estos espacios aportaron a la intensa circulación de ideas que presenciaría la entreguerras. Potenciada por las oficinas especializadas de la Sociedad de Naciones, los intercambios académicos y una política de traducciones; abonarían un cambio iniciado en la difusión de la «nebulosa reformista» a finales del siglo XIX imaginando respuestas a la «cuestión social».

36Por otra parte, el propio ritmo de consolidación de campos académicos y saberes técnicos – elaborando instrumentos y formando cuadros – reforzaría la condición de posibilidad que los crecientes consensos sociales y políticos otorgaban al desarrollo de estas nuevas capacidades estatales. Los derroteros del campo del derecho laboral son un ejemplo de este proceso, que definió desde un conjunto de inquietudes intelectuales sobre el trabajo, los parámetros de una experticia destinada a ser central en los consensos dominantes luego de la segunda posguerra.

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Notes

1 Zimmermann, Eduardo, «Los intelectuales, las ciencias sociales y el reformismo liberal: Argentina, 1890-1916», en Desarrollo Económico, v. 3, n° 124, 1992, p. 545-546.

2 Cf. Chatriot, Alain et al, Les Politiques du Travail (1906-2006). Acteurs, institutions, réseaux, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006; Suriano, Juan, "El mundo como un taller de observación. La creación del Departamento Nacional del trabajo y las influencias internacionales", [en línea], Revista de Indias, vol. LXXIII, n° 257, 2013, puesto en línea en 2013, URL: http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/viewArticle/919, consultado el 22 de diciembre de 2016; Lobato, Mirta Zaida y Suriano Juan (comps.), La sociedad del trabajo. Historia de las instituciones laborales en la Argentina (1900-1955), Buenos Aires, Edhasa, 2014.

3 Falcón, Ricardo, «Militantes, intelectuales e ideas políticas», en Falcón, Ricardo (dir.), Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930), Buenos Aires, Sudamericana, 2000, p. 323-356.

4 Tal el caso de la ley de descanso dominical en 1905, la de accidentes de trabajo en 1915, la de limitación de la jornada laboral en 1929.

5 Buchbinder, Pablo, Historia de las universidades argentinas, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2005.

6 Zimmermann, Eduardo «Un espíritu nuevo: la cuestión social y el Derecho en la Argentina (1890-1930)», Revista de Indias, vol. LXXIII, n° 257, 2013. Del mismo autor: «Historia Global y Cultura Constitucional: Una nota sobre la traducción y circulación de doctrina jurídica en la Argentina del siglo diecinueve», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2014, URL: http://nuevomundo.revues.org/66772; DOI: 10.4000/nuevomundo.66772 (20/12/2015). También «Abogados, científicos y estadistas. Debates sobre la enseñanza jurídica en la Argentina del primer Centenario», Ciencia Hoy, vol. 10, n° 119, octubre/noviembre de 2010. Palacio, Juan Manuel «El peronismo y la invención de la justicia del trabajo en la Argentina», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2013, URL: http://nuevomundo.revues.org/65765; DOI: 10.4000/nuevomundo.65765 (22/12/2015). Del mismo autor: «Legislación y justicia laboral en el 'populismo clásico' latinoamericano: elementos para la construcción de una agenda de investigación comparada», Revista Mundos do Trabalho, vol. 3, n° 5, 2011, URL: https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/viewFile/1984-222.2011v3n5p245/19166 (25/01/2016).

7 Palacio, "El peronismo…", op. cit.; Graciano, Osvaldo, Entre la torre de marfil y el compromiso político. Intelectuales de izquierda en la argentina, 1918-1955, Bernal-Buenos Aires, Ed. Universidad Nacional de Quilmes, 2008; Bacolla, Natacha, La Revista de Economía Argentina. Política, elites y producción de conocimiento sobre la sociedad en la entreguerras. Argentina, 1918-1943, Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Rosario, 2013.

8 Piazzesi, Susana y Bacolla, Natacha, El reformismo entre dos siglos. Historias de la UNL, Santa Fe, Ediciones UNL, 2015.

9 Piazzesi, Susana, Conservadores en provincia El iriondismo santafesino 1937-1943, Santa Fe, Ediciones UNL, 2010. Bacolla, Natacha, «Debates, prácticas políticas y reforma institucional en la entreguerras. Un análisis desde el caso santafesino», en Leoni, Ma. Silvia y Solís Carnicer, Ma. del Mar, La política en los espacios subnacionales. Provincias y territorios en el nordeste argentino (1880-1955), Rosario, Prohistoria, 2012.

10 Macor, Darío y Bacolla, Natacha, «Centralismo y modernización técnica en la reformulación del Estado argentino. El caso provincial santafesino, 1930-1950», en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol.  20–n° 2, Israel, Universidad de Tel Aviv, 2009.

11 Piazzesi y Bacolla, op. cit. También: Díaz Molano, Elías, "Maestros de ayer y de hoy. Mariano Tissembaum", en El Litoral (Santa Fe), 01/06/1984; "Edición extraordinaria en homenaje al Dr. Mariano Tissemabaum", en, Cuadernos del Instituto del Trabajo, n° 10, Universidad Nacional de Tucumán, 1966.

12 Seminario de Legislación Industrial y Obrera, Memoria, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1933, p. 8.

13 Caterina, Luis María. «Alejandro Unsain. Un hombre clave en la construcción del derecho del trabajo». En Revista de Historia del Derecho, n° 40, Buenos Aires, Instituto de Historia del Derecho, 2010.

14 Respecto a Bielsa y el lugar del administrativismo en la redefinición de la relación Estado/sociedad: Bacolla, N. «A propósito de Rafael Bielsa. Semblanza para una historia de la Ciencia Política en Argentina en los inicios del siglo XX», Araucaria, n° 38, Vol. 19, Universidad de Valencia, 2017, URL https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/araucaria/article/view/3864 (30/ 10/2017)

15 «Crónica institucional», Revista de ciencias jurídicas y sociales, Santa Fe, UNL, 1936, p. 135.

16 Acciones enmarcadas en la propia política académica que la UNL se había fijado en su estatuto de 1936, apuntando a consolidar un «campo académico universitario», a partir de institutos de investigación y una política editorial. Otros institutos fundados en la época: dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas el de Derecho Público, Economía y Finanzas dirigido por Rafael Bielsa, los inicios del Instituto de Estadísticas dirigido por Carlos Dieulefait; el de Historia y Filosofía de la Ciencia, animado por el químico italiano en el exilio, Aldo Mieli; dentro de Ciencias Médicas, el Instituto de Medicina Legal y el Instituto de Psiquiatría iniciado por Lanfranco Ciampi, y el Instituto de Matemática, fundado por otro exiliado: Beppo Levi. Al respecto: Piazzesi y Bacolla, op. cit.

17 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Boletín, Santa Fe, FCJS, 1938, p. 3.

18 Figuras que propiciarían activamente en su militancia política la creación del fuero del trabajo en la provincia, como Casas, o formarían parte del elenco de los primeros jueces de la justicia laboral cuando se cree en 1949, como Marc.

19 María Elena Zambruno había defendido su tesis doctoral en 1938, siendo su tema "Ministerio de trabajo, asistencia y previsión social, creación y organización". Cabe mencionar que la temática no es extraña a un conjunto de tesis de época, que tomaron como objeto de estudio las fuentes del derecho laboral y la legislación social. Otros ejemplos significativos: la tesis de Germán Timmermann "La política de previsión en nuestro país. El Instituto Central del Seguro"; y "Las convenciones colectivas como fuentes de derecho", elaborada por Ignacio Fernando Casas. Cabe resaltar que el doctorado por el que optaban era aquel existente en dicha casa de estudios: Ciencias Políticas y Diplomáticas.

20 Donzelot, Jacques, La invención de lo social. Ensayo sobre la declinación de las pasiones políticas. Buenos Aires, Nueva Visión, 2007.

21 Chatriot et al., op. cit.; Bayon, Denis et Frobert, Ludovic. «Lois ouvrières et réformisme social dans l'oeuvre de Paul Pic (1862-1944)», Le Mouvement Social, 2002/4 n° 201, 2002, p. 53-80. DOI: 10.3917/lms.201.0053 (20/01/2016).

22 Como señala Palacio, el proyecto se iniciaría bajo el padrinazgo de Anastasi y la dirección de Mario Deveali. 

23 Ferreyra Cesarino, Antonio, «Historique de la Société internationale du Droit du Travail et de la Sécurité sociale", In Memoriam Sir Otto Kahn-Freund: 17.11.1900-16.8.1979, Beck, Munich, 1980, p. 397-415.

24 Instituto Del Derecho Del Trabajo (IDT), Memoria, Santa Fe, UNL, 1938, p. 35.

25 IDT, Memoria, Santa Fe, UNL, 1940, p. 11.

26 Sólo señalamos, ya que excede el objeto del presente artículo, que a estos tópicos se agregaría a lo largo de la segunda mitad de la década de 1940, diversos trabajos sobre el derecho de huelga y los movimientos gremiales en conflictos, que se editaría en tres tomos entre 1950 y 1951. Al respecto: IDT, Memoria, Santa Fe, UNL, 1951; Haidar, Victoria. «La universidad como centro de diagnóstico y diseño social. La experiencia del Instituto del Derecho del Trabajo de la FCJS de la UNL», Universidades, vol. LXI, n° 5, México, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, 2011.

27 Hacia los inicios del siglo XX se había conformado un amplio consenso jurídico y político en torno a la necesidad de revisar la codificación realizada por Vélez Sarsfield. Durante la presidencia de Alvear, siendo ministro de Justicia, Antonio Sagarna, se instituye una comisión de juristas encargados de la tarea, presidida por Juan Bibiloni, y constituida por representantes de las universidades existentes, el colegio de abogados de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia y las cámaras civiles de la capital. Las tareas de la misma se extendieron hasta 1933. El anteproyecto resultante –rubricado por Roberto Repetto, Rodolfo Rivarola, Héctor Martínez Paz, Enrique Lafaille y Gastón Tobal- fue puesto a consideración de Congreso Nacional en 1936. Al respecto: Tau Anzoátegui, Víctor, Las Ideas Jurídicas en la Argentina Siglos XIX-XX, Buenos Aires, Perrot, 1999, p. 165 y passim; Parise, Agustín, "La comisión de reformas al Código Civil (1926). Aproximación histórico jurídica a su proyección", Iushistoria, n° 3, 2006. URL: www.salvador.edu.ar/juri/reih/index.htm (4/01/2016).

28 IDT, Memoria, Santa Fe, UNL, 1940, p. 11.

29 IDT, Memoria, Santa Fe, UNL, 1940, p. 59. Esta perspectiva generó objeciones, ya que la defensa que Tissembaum hacía respecto del concepto de función social del trabajo no era compartida por los miembros del Instituto, quienes señalaban que emergía de ella el peligro de una subordinación de la persona al Estado o a la sociedad, aproximándose a un “totalitarismo”.

30 Ídem, p. 65.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Natacha Bacolla, « Legislar el trabajo. Notas acerca de la construcción de un saber jurídico sobre el trabajo en Argentina: el caso de la Universidad del Litoral », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Questions du temps présent, mis en ligne le 16 février 2018, consulté le 17 décembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/71889 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.71889

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Auteur

Natacha Bacolla

IHUCSO (CONICET/UNL) – FCPyRRII(UNR
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