• 1 Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (en adelante, AHET), Justicia Criminal, 1823, caja 4, exp. (...)
• 2 Entre otros, R.M. Loureiro y Serge Gruzinsky (eds.), Passar as fronteiras, Lagos, Lisboa, 1999, p.  (...)
• 3 Esto es así, tal y como lo recogen Gonzalbo y Alberro, incluso en los registros parroquiales en don (...)

1“Al parecer india”… así caracterizó el alcalde de San Juan Bautista Ixtengo el cadáver de la mujer aparecida la mañana del 4 de febrero de 1823 en uno de los barrios bajo su jurisdicción1. El alcalde, al que se le había notificado de madrugada la aparición del “cuerpo muerto” de una mujer, no afirmaba que dicha mujer fuera india, sino únicamente que parecía que lo fuera. Las pesquisas posteriores llevarán a confirmar la calidad de la difunta. A un lector del siglo XXI puede llamarle la atención la falta de contundencia inicial, puesto que tendemos a pensar que las clasificaciones sociales de los sujetos de ese momento estaban fuertemente condicionadas por la apariencia física, por un conjunto de rasgos que se toman por específicos de cada una de las distintas “razas”. Sin embargo, si tratamos de contextualizar el caso en el primer tercio del siglo XIX, resulta imprescindible relativizar esta preconcepción. La historiografía reciente apunta en la misma dirección. Así, en los últimos años algunos estudios sobre los virreinatos americanos vienen incidiendo en la distancia existente entre la categoría de casta y la de raza al menos hasta fines del XVIII, al tiempo que cuestionan el hecho de que ambas fueran el principal criterio clasificatorio de los sujetos en el mundo colonial. Más bien consideran que fue la calidad de los sujetos el argumento relevante en la ordenación de los diversos grupos sociales2. Esto reabre el interés por el estudio histórico de las adscripciones identitarias, porque para comprender mejor esta dimensión es necesario tomar en cuenta un conjunto complejo de variables en las que se incluía el linaje, la forma de vestir o la ocupación, entre otras. Resulta igualmente necesario atender a la variabilidad, flexibilidad e incluso en ocasiones a la improvisación a la hora de otorgar a un sujeto su calidad3.

• 4 Aunque esta tendencia a difuminar las distinciones entre indios y no indios puede rastrearse al men (...)
• 5 Woodrow Borah, El juzgado general de indios en la Nueva España, México, FCE, 1996.

2En el contexto republicano el principio de igualdad política, legal e impositiva derivada de nociones como la de ciudadano o el horizonte de homogeneidad que subyacía en los procesos de construcción de la nación generaron una nueva manera de definir a los sujetos que trató de opacar las diferencias propias del momento precedente, aquellas que tenían, entre otras, consecuencias jurídicas y tributarias relevantes, aunque no solo4. Es así como algunas de las figuras jurídicas, tan operativas en el mundo de la colonia, dejaron de tener validez. Y con ellas las instituciones que las amparaban5. Ese fue el caso de la noción de “indio”.

• 6 Andres Lira, “La extinción del juzgado de Indios”, Revista de la Facultad de derecho de México, XXV (...)

3Una extensa literatura ha reconstruido una mirada poliédrica del proceso de inserción del indígena en la construcción de los Estados nación liberales latinoamericanos que incluye la dimensión de lo político, de la propiedad de la tierra o los imaginarios sociales y culturales, entre otros. Encontramos algunos trabajos que analizan cómo la categoría de indígena se subsumió o disolvió en el seno de la más abarcadora y homogeneizante de ciudadano, al menos para las primeras décadas del siglo XIX. Menos sabemos acerca de qué pasó con todos los dispositivos de “protección jurídica” asociados a dicho status (qué fue de los procuradores de indios, qué paso con las instituciones protectoras o garantistas de dichos sujetos…)6. En general, de alguna manera, los historiadores hemos presupuesto que con la legislación liberal, al desaparecer la validez jurídica de la categoría de indio, y con ella las particularidades institucionales y procesales a ella vinculada, apenas podríamos recomponer la presencia de sujetos indígenas en los procesos judiciales de las primeras décadas de vida republicana. Esta contribución propone una reflexión en concreto acerca de cómo se produjo esta transición desde el análisis de algunos juicios desarrollados en las primeras décadas del siglo XIX. A partir de estas fuentes se sondeará la presencia (o no) de elementos configuradores de adscripciones identitarias asociadas al indígena que pudieran activarse en los procesos judiciales, así como ponderará sus usos por los actores implicados en dichos procesos, no solo por los agentes de justicia, sino por los propios sujetos sobre los que esta recaía.

• 7 La acusada hablaba otomí, puesto que esa es la lengua que se pide al traductor. Una visión rápida s (...)

7Para empezar, aclaremos algunos aspectos concretos del suceso. Parece ser que la difunta encontró en su casa a solas y con la puerta cerrada a altas horas de la noche a su nuera, María de Jesús, acompañada de José María Márquez, alias Tenco. Éste al ser descubierto trató de salir de la casa atropellándola, por lo que ella, fuera de sí ante lo que parecía una infidelidad hacia su hijo, agarró por los pelos a su nuera y la arrastró sin parar de insultarla y apalearla. María de Jesús, entonces, fue donde su amante a decirle que si no era lo suficientemente hombre como para matar a esa mujer que así la trataba. Entonces apareció por el lugar Miguel Páez, soldado que durante toda la tarde había compartido tragos con la fallecida y a quien su colega de armas Márquez le pidió que se alejara porque “iba a matar a la india Juana Mónica”7. Efectivamente, al día siguiente esta apareció muerta de manera brutal a causa de una veintena de apuñalamientos, algunos de los cuales incluso le habían llegado a cercenar el pecho.

• 8 Esto es, no solo por su condición de mujeres sino también de indígenas, puesto que esa condición ta (...)

8En los primeros careos dirigidos por el alcalde de Ixtengo, tanto María de Jesús como Márquez se van a presentar como indios originarios del lugar, mientras que Páez lo hará como español. Cabe destacar igualmente que mientras los hombres aparecen referidos con su nombre y apellido, las mujeres (tanto la acusada como la víctima) únicamente lo hacen con su nombre de pila. Y así será a lo largo de todo el expediente. No parece descabellado pensar que esta diferencia en la identificación se debiera a su calidad de indias8. Estas primeras declaraciones, por otro lado, fueron contradictorias, pues la acusada trató de inculpar al español dejando entrever que lo había hecho porque su suegra les había amenazado con ir a Tlaxcala contra ellos por estar en la taberna bebiendo pulque sin parar, siendo soldados, por lo que podían ser encarcelados. Sin embargo, el propio Márquez en su testificación asumió la culpa alegando que estaba completamente borracho y que su amante le había incitado a cometer dicho delito. Recordemos que el tribunal general de indios ya se había extinguido, así que fue el alcalde del pueblo de S. Juan Ixtengo el que inició las averiguaciones, pero no solo. Decidió liberar al español bajo fianza de José Ignacio Vega y sustanció una sumaria contra los indios, a los que remitió al juez de partido de la provincia de Tlaxcala, esto es, al alcalde constitucional. De esta manera, la causa llegó en mayo de 1823 a manos de José María Sandoval, quien pidió a asesores letrados opinión experta.

• 9 Es bien sabido que la condición de miserable tenía una significación consolidada en la tradición ju (...)
• 10 No existía un listado total y detallado de quiénes eran las personas integradas en esa categoría, p (...)
• 11 Andres Lira, “La extinción”. Según Andrés y Amezua, las Siete partidas de Alfonso X recogían el pri (...)

11La alusión a su condición de rústica y de menor no hacía sino repetir una práctica habitual entre los juristas de la colonia, que mayoritariamente optaron por estas figuras para introducir al indígena en el universo de las personas miserables, debido a la inexistencia de una definición jurídica clara acerca de esta categoría9. Había un haz de tipos asociados a dicha adscripción, entre los que resultaban indubitables precisamente, los de menor y rústico10. En su petición, María Jesús reforzará el argumento de que su ignorancia y falta de maduración la habían hecho inconsciente y por tanto irresponsable del acto violento, pero también el de que su situación actual, de viuda, justificaban sobradamente su desvalimiento y, por tanto, la necesidad de una especial protección que debía expresarse en conmiseración. ¿Qué esperaba conseguir con esta estrategia? La moderación en la aplicación de la pena, que en su caso consistía, según ella pedía, permitirle abandonar la cárcel. Su razonamiento remitía por tanto a una larga tradición jurídica que siglos atrás el propio Solórzano había formalizado en su Política indiana al hablar del arbitrio de los jueces especialmente en los casos que afectaban a las personas miserables, que debían ser “dignas de venia”11.

• 12 Andrés y Amezua, “La moderación”.
• 13 Caroline Cunill, “La condición”, p. 69-70.
• 14 Aún nos queda investigar con más detalle si ambas nociones (protección/tutor) convivieron histórica (...)

13El asesor contaba con una larga trayectoria de tratadistas que apoyaban la interpretación de que la gravedad del delito hacía que la posible moderación de la pena resultara insuficiente, o que la malicia expresada en la crueldad del acto delictivo cuestionara la presunción de rusticidad o simplicidad; en ambos casos el arbitrio judicial benevolente estaba limitado y el sujeto debía ser juzgado según el proceder ordinario. El propio Solórzano extendía al indio la doctrina de las glosas del Digesto sobre rústicos y menores que apuntaba que la moderación de la pena se aplicaría siempre en los delitos de indios, a menos que “la malicia, atrocidad y gravedad del delito no fuere tal que los haga indignos de esa templanza”12. No es menos relevante en su dictamen, la vigencia de un imaginario acerca de la naturaleza del indio que remitía, como ha propuesto Caroline Cunill, a su “natural flaqueza”13, es decir, a “una supuesta incapacidad intelec­tual y debilidad psicológica del indígena” que se habría venido forjando con contundencia desde fines del XVII. La alusión a esta incapacidad, de hecho, justificaba la necesidad de un protector o tutor, que velara por él14.

• 15 Desde el propio plan de Plan de Iguala (1821) se prohibía clasificar a los individuos por su origen (...)

17Otro aspecto que importa destacar es que a mediados de 1823 todavía se seguía inquiriendo en los interrogatorios la “calidad” de los sujetos, a pesar de que hacía ya varios meses (septiembre de 1822) que se había prohibido expresamente calificar a los individuos en documento público15. Pero el interés por mantener esta diferenciación no vendrá solo desde las autoridades, sino que también será esgrimida por los propios actores implicados en los juicios. Los argumentos de la defensa de la acusada intentaron actualizar los beneficios derivados de la pervivencia de la heterogeneidad jurisdiccional, de tal manera que, a pesar de que hubiera desaparecido el valor jurídico de la categoría del “indio”, trató de recurrir a los contenidos a los que esta apareció asociada en el momento previo, en un intento por activar o reactivar ideas que aún debían circular en el imaginario colectivo y que podían resultarle favorables.

• 16 En otros casos, como el del incesto de los indios Mateo de la Cruz y doña María Cayetana, es precis (...)

18Este caso también cuestiona otra de las ideas que teníamos acerca de que el reconocimiento de la excepcionalidad del indígena conllevara indefectiblemente cierto ventajismo expresado en la atemperación de la condena, la búsqueda de otros canales para resolver el conflicto o el recurso a nuevos asesores que permitieran justificar legalmente una sentencia más relajada16. Esto no siempre fue así. Por último, no puede dejar de mencionarse la progresiva desaparición de la alusión directa a la calidad de los sujetos, si bien en un primer momento se trató de que ese cambio no necesariamente supusiera una pérdida de sus atributos como persona miserable. La adscripción genérica al universo de los ciudadanos evidenciará finalmente la falta de utilidad de recurrir a una adscripción identitaria que no reflejaría ningún status jurídico.

• 17 AHET, Justicia Civil, 1825, caja 4, exp. 4, fs. 6 y Justicia civil, caja 4, exp. 15, fs.21.

20El 6 de enero de 1825 el alcalde de San Lorenzo Quapiaxtla (partido de Huamantla, en el mismo territorio de Tlaxcala) iniciaba una averiguación contra Ignacio García ante la acusación de José Manuel Velázquez de la Cadena de que el susodicho tenía la hacienda de Alzayanga, que formaba parte de su mayorazgo, “en continuo movimiento y desorden del que todavía se podrían originar mayores”17. Según Velázquez, García se había reunido en numerosas juntas clandestinas persuadiendo a los demás “rancheros y a los indios” de que la hacienda era de ellos y de que si iniciaban un proceso en la capital conseguirían despojar a Velázquez de lo que consideraban su “injusta posesión”. De esta manera, el cabecilla les habría insistido en que el fundo volvería a sus legítimos dueños, y que formarían allí un pueblo.

• 18 Para un desarrollo, Mirian Galante, “Conflictos de jurisdicción, reorganización del territorio y de (...)
• 19 Posiblemente se trate de la orden de 27 de octubre de 1824 sobre los bienes de las que se llaman pa (...)

22Para entender bien el contexto resulta pertinente recordar que entre 1824 y 1826 se desataron numerosos conflictos entre algunas cabeceras de partido (principalmente Huamantla, Tlaxco y Nativitas) que habían fungido como tales en los procesos electorales y que querían que se les reconociera también como cabezas de partido judicial, y la capital política y judicial del territorio: la ciudad de Tlaxcala, acérrima defensora de la unidad de partido judicial. En esta disputa el propio Velázquez tuvo un papel fundamental en su condición de diputado en el congreso de la nación como representante del territorio por Tlaxcala, puesto que él había alegado en favor de los argumentos de Huamantla, Nativitas y Tlaxco, en el sentido de que debería tenerse en cuenta el criterio de población para la demarcación de los partidos judiciales con el fin de que la capital no siguiera centralizando los “negocios lucrativos”18. No es de extrañar, por tanto, la simpatía con la que el alcalde respondió a la acusación de Velázquez. Por otro lado, en este mismo período en el que se estaba mapeando el territorio mediante el conteo detallado de las haciendas, ranchos y ayuntamientos que había en cada partido, algunos campesinos trataron de aprovechar la ocasión para recuperar antiguas propiedades comunitarias y fundar pueblos sobre ellas. De hecho, en las declaraciones varios de los testigos aludieron a que el acusado les enseñaba un documento firmado por Guadalupe Victoria en el que se les reconocía ese derecho a recuperar lo que consideraban sus antiguas pertenencias19.

• 20 El museo mexicano, tomo III, Sección Costumbres y trajes regionales, 1844, p. 55.

23El juicio se desarrolló en tres fases, una primera ronda de testimonios, que según el alcalde no permitió aclarar los motivos de las juntas; en esta primera ronda, todos los declarantes precisaron de traductor y se presentaron como “naturales y vecinos de la hacienda”; en la segunda se entrevistó a los rancheros, que no necesitaron intérpretes, algunos de los cuales habían nacido allí, y el resto eran residentes en la hacienda desde hacía muchos años (el que menos, once años); finalmente el alcalde propuso un careo del acusado con los declarantes más implicados en el caso. Las edades de los interrogados cubrían un amplio espectro, desde los 18 a los 64 años. Todos (el capitán de operarios, el fiscal de la hacienda…), excepto el acusado – que se presentó únicamente como ranchero – y un testigo más cuya ocupación desconocemos, se presentaron como campistas. Sin embargo, en sus declaraciones vemos cómo los segundos hicieron también alusión a su condición de rancheros. Llama la atención igualmente el hecho de que a lo largo de todo el juicio, en las argumentaciones de los testigos, del demandante y del acusado se habló continuamente de “rancheros e indios”. Clasificación entre “rancheros e indios” que también encontraremos unos años más tarde en una sección de El Museo mexicano dedicada a la caracterización de ciertas tipologías nacionales. Allí, se definía al ranchero como al “que vive regularmente en el campo”, y se distinguía entre los indios y el resto de rancheros, “a quienes a diferencia del indio, impropiamente se les llama de razón, [y] son aquellos cuya raza está atravesada con las demás castas, prevaleciendo los mestizos”20.

• 21 Los trabajos clásicos sobre las haciendas y ranchos en la región de Tlaxcala aluden a los arrendata (...)
• 22 Evelyn Sanchez, “Estrategias campesinas en el México revolucionario. El municipio y la construcción (...)
• 23 Tan solo de manera genérica, en un trabajo más reciente se apunta que ésta se trata de una ocupació (...)

24Por lo que se refiere a la autodefinición profesional de los declarantes, “de oficio campistas”, nos encontramos con que esta categoría tan común de esta región ha sido escasamente atendida por la historiografía, tal y como apunta Evelyn Sánchez21. Aunque su trabajo se concentra en un período posterior (1856-1921)22, Sánchez aporta claves que nos pueden ayudar a comprender mejor nuestro momento. El término campista es exclusivo de esta zona del país, y alude tanto a la propiedad como al trabajo de la tierra, algo fundamental en una sociedad campesina. Esta noción refleja que se es dueño de un lote y que se trabaja para el propio provecho, diferenciándose del jornalero (que trabaja la tierra ajena, es decir, vende su fuerza de trabajo) y del hacendado (que podía ser el propietario de la tierra pero no trabajarla). En el contexto posterior al de esta causa tanto medieros como micropropietarios se declaraban campistas, de tal modo que lo que les unía sobre todo no era el hecho de su condición de propietarios sino de que no trabajaban la tierra para otros; lo hacían para ellos mismos, respondiendo, por tanto, al estereotipo de personas no dependientes. Igualmente, para una cronología inmediatamente posterior a la del juicio que afectaba a la hacienda de Alzayanga, Marciano Netzahualcoyotzi Méndez incide igualmente en que esta noción aludía prioritariamente al perfil ocupacional23. La alusión de estos actores a dicha condición les presenta, por tanto, como personas asentadas, de orden, trabajadores del campo y refuta por tanto la imagen de revoltosos o rebeldes que podía desprenderse de las acusaciones de Velázquez. Se trataría, además, de una identidad aglutinadora, de actores que no necesariamente constituían un grupo homogéneo y que como tal aparecen diferenciados a lo largo de todo el juicio; pero además servía para sumar principios legitimadores diversos para la justicia de su causa: el derecho a recuperar esa tierra y formar un pueblo se derivaría por un lado, a que en esas tierras había “indios” desde tiempos, o, en el caso de los “rancheros”, tal y como se decía en los testimonios, porque con las rentas que ya habían pagado a Velázquez a lo largo de estos años ya podía considerarse que las habían comprado. En última instancia, serviría como estrategia para adquirir la respetabilidad de las personas, la veracidad de sus declaraciones y la justicia de su causa.

• 24 AHET, Justicia civil 1822, caja 1, exp. 36. Fs. 34.

26Ejemplo claro de esto es el expediente referido al arrendamiento de la casa de la Santísima Virgen, en el pueblo de Santa María España, bajo la jurisdicción de la ciudad de San Ildefonso de Hueyotlipan24. Este expediente recoge tres procedimientos distintos, en cada uno de las cuales vemos actuar estrategias de adscripción identitarias diversas.

• 25 AHET, Justicia civil 1822, caja 1, exp. 36. Fs. 2 v.

27Las diligencias se inician en junio de 1822 cuando José Ignacio Granillo solicita que el escribano del pueblo presente el testamento relativo a la propiedad de dicha casa, puesto que el mayordomo se la ha ofrecido en arrendamiento y el cura se ha mostrado favorable a esta decisión. Como no aparece dicho testamento, el alcalde de Hueyotlipan pide la presencia del mayordomo y de los naturales de Santa María España. El mayordomo explica que dicha casa está hecha una ruina y que los “vecinos” le han quitado hasta las vigas, motivo por el cual tanto él como el cura han convenido arrendársela al susodicho Granillo, quien “sin perjuicio de la renta ofreció repararla por su cuenta”. Aclara Gabriel Caballero, que “los que componen la república del citado pueblo han tenido la costumbre de no querer se avecinden en su pueblo gente de razón” por lo que se oponen a ese arriendo, aunque ello suponga que el lugar se venga abajo25. En su declaración, los individuos del pueblo presentes alegan que el pueblo pagaría el arriendo que se pensaba pedir a Granillo. El juez considera que la negativa se sustentaba en una costumbre antigua y por eso sanciona que se formalice el arriendo. Sin embargo, Caballero se quejará de que los indios Teodoro Antonio Jiménez, Diego Antonio Fernández, José Ramos, Ambrosio Antonio y Manuel Salvador, no conformes con esta decisión, han atentado contra su persona y le han amenazado a través de pasquines de la conveniencia de que se fuera del pueblo. Entonces, el caso cobra un nuevo giro puesto que el alcalde, considerando que los naturales han “perturbado la quietud pública con pasquines”, el 27 de junio de 1822 ordena que se detenga a los cinco “indios”. Resulta muy clarificador este salto en la presentación de los sujetos: por un lado, el mayordomo alude a estos en un universo semántico que les confiere un estatus jurídicopolítico (son vecinos, miembros de la república), por otro lado, ahora son presentados como “sujetos que mueven inquietudes”, y por tanto peligrosos para la tranquilidad pública y para la garantía de las personas, por lo que son subsumidos bajo la categoría genérica de “indios”.

• 26 AHET, Justicia civil 1822, caja 1, exp. 36. Fs 18 v-f.

30En su declaración, que será contraria a la de los principales y naturales del pueblo, Juan de la Cruz se autodefinió como “indio ladino”, “porque hablaba y entendía bien el idioma castellano”. Siendo, como decía que era, vecino y natural del pueblo, y por tanto, compartiendo estrechos vínculos con el resto, se desmarcaba de ellos porque hablaba español. Desde su posición de natural llegará a acusar a los firmantes de la queja, Lira y Resendi, de que “se han hecho cabecillas para turbar la quietud y tranquilidad pública, moviendo una anarquía entre indios y gente de razón que a no poner yo todo esmero en atajarla desde luego serían los resultados funestos”, repitiendo el tópico del indio amenazante26. Así será entendido de nuevo por el alcalde, quien volverá a mandar encarcelarlos. Por su parte, el cura Canabal, que declaró en defensa de la reclamación de los naturales, presentó a los “oprimidos e infelices indios” como sujetos que, de manera genérica, carecían de los arrestos necesarios para hacer frente a las intrigas y amenazas a las que fueron sometidos y defender hasta el final su causa. Únicamente Lira, era considerado “indio de carácter”, que no ha sucumbido a la intriga ni a las amenazas a las que han sido sometidos los demás.

• 27 AHET, Justicia civil 1822, caja 1, exp. 36. Fs. 32 v-f

31Una vez recuperado el expediente a su instancia pertinente, el alcalde constitucional y juez sustituto de partido en la ciudad de Tlaxcala, don José Vicente González de la Cruz, pide asesoría al letrado José María Urrutia. Este apela a su experiencia en este tipo de casos, y considera que muy posiblemente se han agrandado las actitudes amenazantes sobre la persona de Caballero. Sin embargo, esto no quita la criminalidad de los que habían puesto los pasquines puesto que “somos todos iguales y solo será desterrado de sus lugares el que atrevidamente osara perturbar la quietud y tranquilidad pública”. El asesor justifica la liberación de Lira sobre la declaración del cura, pero insiste en que este debe cuidar la conducta del indio “porque cualquier resultado sería bajo su responsabilidad”27. Lamentablemente, nada sabemos del arriendo de la propiedad.