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Colloques | 2018
Registrando la violencia política. Tecnologías, usos y efectos – Coord. Oriana Bernasconi R. y Manuel Gárate
Camilo Vicente et Carlos Dorantes

Registro y administración de la violencia: usos de la desaparición de personas en México

Records and administration of violence. Uses of people’s disappearance in Mexico
[05/10/2018]

Résumés

En este artículo nos proponemos describir y analizar las formas de registro de la desaparición de personas en dos momentos del pasado reciente – la contrainsurgencia y la “guerra contra el narco” – bajo la hipótesis siguiente: desde las formas del registro se hacen explícitas las lógicas de administración política de la violencia. El registro no es exterior al ejercicio de la violencia, sino parte de ella. No se trata de las mismas desapariciones, ni del mismo contexto y el autor de las desapariciones se ha diversificado. Sin embargo, en ambos momentos, los registros estatales de las desapariciones y los hallazgos de restos humanos en fosas comparten prácticas similares: el desdibujamiento de los conceptos y el registro difuso y la falta de certeza en las cifras articulan una finalidad política de control social que pretende deslindar al Estado de responsabilidad. La ausencia de certeza sobre lo ocurrido, que caracteriza a la desaparición forzada y a la desaparición cometida por particulares, se hace extensiva a la forma en que el Estado la documenta. Conocer los mecanismos del registro de la violencia y sus efectos narrativos es un primer paso para construir otras formas de documentar, que tengan efectos de memoria y no-repetición.

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Texte intégral

Introducción

  • 1 CNDH, Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la décad (...)
  • 2 El periodo de trabajo de la Fiscalía fue del 2002 al 2006. El informe final, Informe Histórico pres (...)

1El uso de la detención-desaparición forzada de personas como práctica represiva tiene larga data en México, sin embargo, fue hasta la década del 2000 cuando se puso en el debate público. En el marco de la alternancia política, se presentó en 2001 el Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH);1 y fue creada por la presidencia de la República la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP),2 cuyo objetivo fue investigar los crímenes cometidos por el Estado mexicano entre las décadas de 1960 a 1980 y con ello pretender iniciar un proceso de justicia transicional. Tanto el informe de la CNDH como los trabajos de la FEMOSPP generaron un cierto interés por la violencia política de los años sesenta y setenta, así como por los crímenes de Estado, en particular la desaparición forzada. Sin embargo, este impulso de revisión del pasado se agotó muy pronto, después del cierre abrupto de la FEMOSPP. Pero la desaparición de personas permaneció en la esfera pública, pero ya no sólo como un tema pendiente del pasado.

  • 3 Inaugurada por la “operación conjunta Michoacán”,operación policial y militar lanzada en diciembre (...)

2Coincidentemente, al cerrar la FEMOSPP en 2006, y con ello una posibilidad de atender los crímenes del pasado se comenzó a desplegar un nuevo ciclo de violencia articulado alrededor de la llamada “guerra contra el narcotráfico”,3 cuya expresión central ha sido la masificación de la desaparición de personas (actualmente se habla de más de 37 mil desaparecidos) con una doble consecuencia para la construcción de explicaciones. Por un lado, la actual crisis de violencia ha invisibilizado a la detención-desaparición y a la represión política implementada entre las décadas de 1960 y 1980: y, por otro, ha negado sus afinidades y conexiones con esa violencia estatal del pasado reciente.

3No se trata de las mismas desapariciones, en la mayoría de los casos actuales el componente político-ideológico ha sido desplazado: ya no es necesario pertenecer a organización guerrillera o movimiento popular alguno para ser desaparecido o “levantado”, eufemismo con el que ahora se designa a este nuevo tipo de desapariciones. No es el mismo contexto, no la misma crisis, y el autor de las desapariciones se ha diversificado. Sin embargo, las desapariciones actuales son el resultado de un proceso histórico: la transición de una práctica de la violencia estatal que poco a poco se ha consolidado como tecnología de violencia o dispositivo al servicio de actores diversos en sus disputas por control social y nuevas formas de acumulación de capital, a través de lo que ya se conoce como economías ilegales fuertemente vinculadas a los mercados financieros y productivos, como el narcotráfico.

4Entonces, es necesario comprender y explicar históricamente estos fenómenos de violencia, como la desaparición, pues incluso aquellos que aparecen como novedosos están tejidos por tramas con una profunda densidad histórica, y responden a ellas. El análisis de los cambios y continuidades en las lógicas de violencia así como en su administración, permite identificar el proceso de consolidación de una tecnología de la violencia como la desaparición en un nuevo contexto que ha masificado su uso.

5Uno de los componentes clave de la administración de la violencia, como toda política estatal, es su compulsión al registro. El registro de la violencia tiene la particularidad, además de ser el soporte administrativo de las acciones de Estado, de generar narrativas y conceptos para nombrar un fenómeno específico de acuerdo con la lógica de violencia que la determina. Desde esta perspectiva, proponemos tres supuestos para el análisis del registro y los usos de la desaparición de personas en México: el primer supuesto es que la desaparición está determinada por la lógica de violencia en la que se encuentra inscrita, y que incluso como tecnología no se mantiene idéntica a sí misma, determinaciones y cambios que se pueden observar en las formas del registro, tanto en el periodo de la represión estatal contra la disidencia como en el actual periodo en que aparece como una tecnología de violencia puesta al servicio del mercado y sus fuerzas preponderantes: crimen organizado, empresas transnacionales, o el propio Estado. El segundo supuesto considera que la lógica de violencia basada en el desdibujamiento de la víctima, la falta de cuerpo, la ausencia de certeza sobre lo ocurrido, que caracteriza a la desaparición forzada y a la desaparición cometida por particulares, se hace extensiva a la forma en que el Estado la documenta, tanto en sus registros internos como en los que hace públicos. Y, finalmente, el tercer supuesto sostiene que en las formas del registro existen similitudes entre el período de la represión entre las décadas de 1960 y 1980, y las desapariciones de la llamada “guerra contra el narco” a partir de 2006: conceptos difusos y variados, registros vagos con tendencia a generar falta de certeza y obstáculos que impiden la identificación de culpables, con narrativas que buscan cerrar el pasado y una marcada tendencia a desviar la responsabilidad del Estado. Conceptos y registros que tienen la función de mantener un estado de impunidad y permiten la continuidad de la práctica de la desaparición como herramienta que forma parte del repertorio de las violencias del Estado.

Los nombres de la desaparición: registrar la violencia

Contrainsurgencia y desaparición

6Los registros de la violencia de Estado, sus registros administrativos, son un índice de la lógica de violencia en cada momento histórico. De allí la importancia de su análisis pues, aunque no existan documentos detallando cada estrategia implementada, las formas de su registro devienen en esa narrativa explicativa. Si bien la desaparición como práctica de represión política en México tiene una larga data, existe evidencia que ha sido usada desde la década de 1940 por el Ejército o la extinta Dirección Federal de Seguridad, su registro comenzó a realizarse hasta que la práctica fue integrada a la estrategia contrainsurgente del Estado para la contención o eliminación de lo que se consideró como enemigo político hacia finales de la década de 1960. Es decir, el registro como elemento de la administración de la violencia aparece cuando alguna de sus formas específicas, como la desaparición, alcanza el nivel de política de Estado y, por lo tanto, hay una necesidad de su administración.

  • 4 Esto no significa que antes no se hayan llevado detenciones-desapariciones por las dependencias de (...)

7La contrainsurgencia en México fue la forma que presentó la violencia de Estado como política sistemática e institucionalizada y la desaparición fue integrada como una técnica a esta política en 1971. La primera evidencia de la consolidación y sistematización de la desaparición dentro de la contrainsurgencia fue la ejecución del Plan Telaraña,4 en la sierra del estado de Guerrero para combatir a los grupos guerrilleros; y operaciones contra los núcleos urbanos de las guerrillas en la Ciudad de México. Se presentó como un plan de Estado, de allí su relevancia en la evolución de la contrainsurgencia.

  • 5 El Estado mexicano nunca reconoció la cualidad de los grupos guerrilleros y de otros grupos de la d (...)
  • 6 Archivo General de la Nación, Fondo SEDENA, “Plan Telaraña”, 2 de marzo, 1971, expediente 286, caja (...)

8Ante la necesidad de obtener información de las redes clandestinas de las organizaciones guerrilleras, y los pocos resultados obtenidos hasta ese momento con las detenciones “tradicionales”, llevó a tomar una definición fundamental. En el Plan Telaraña por primera vez, se expresó la decisión de detener-desaparecer como parte de los procedimientos del plan. En el apartado de prescripciones generales, en su último punto se ordenó: “En caso de lograr la captura de maleantes,5 se les conducirá al 2º Batallón de Policía Militar para su interrogatorio”.6 Este batallón se encuentra en las instalaciones del Campo Militar Nº 1 (CM1), y fue ese mismo batallón, junto con la DFS, el encargado de administrar el centro de detención clandestina que operó allí hasta mediados de la década de 1980.

9Los detenidos fueron trasladados al CM1 tal cual fue ordenado, y allí permanecieron en calidad de detenidos-desaparecidos, algunos por semanas o meses, y otros de manera permanente. Por otra parte, antes del Plan Telaraña no hay evidencia, al menos hasta el momento de esta investigación, que se haya ordenado como un procedimiento general el traslado de detenidos a un centro clandestino de detención. La prescripción que aparece el documento del Plan Telaraña, fue, por tanto, una decisión de detener-desaparecer. Y así fue asumida. En los informes de la DFS que dan cuenta de las detenciones que involucraron desaparición, realizadas entre abril y julio de 1971, se incluyó siempre el enunciado con fuerza de ley: por órdenes del secretario de la Defensa, los detenidos serán trasladados a la Ciudad de México al Campo Militar Número 1.

10En la evolución de la desaparición en cuanto técnica, así como en el desarrollo de la propia contrainsurgencia, el primer problema o desafío fue la nominación y registro de la técnica misma. Pues, en cuanto técnica, ella misma exige ser no-declarada, no-registrada; pero en cuanto instrumento de una política de Estado y sujeta a su administración, su registro se presentó como necesario.

11Con la decisión política y militar de detener y desaparecer sistemáticamente a los disidentes, comenzaron a revelarse problemas en la adaptación institucional a la nueva instrucción, particularmente el tratamiento, confinamiento y a quién correspondería la disposición de los detenidos. El tratamiento a los detenidos de las operaciones, en especial aquellos que eran detenidos-desaparecidos, no sólo se presentó como un problema de infraestructura, sino de diferenciación de la técnica. Como ya se ha señalado, la detención-desaparición comenzó a sistematizarse desde 1971, provocando cambios en las instituciones, en sus procedimientos. Un problema clave fue la nominación de los detenidos-desaparecidos, que no fue planteado como un asunto moral sino meramente procedimental, ¿cómo denominar a este nuevo tipo de sujetos productos de la sistematización de una técnica?, ¿cuál sería su tratamiento dentro de las lógicas y procesos de la administración de la violencia de Estado? La técnica no podía ser establecida por fuera del aparato burocrático y su pulsión al registro y al control. Se requirió de un proceso de diferenciación conceptual, conforme a su consolidación y masificación.

  • 7 Archivo General de la Nación, Fondo Dirección Federal de Seguridad, “Informe Estado de Guerrero”, 1 (...)
  • 8 DFS. “Estado de Guerrero”, 2 de julio, 1972, en Brigada Campesina de Ajusticiamiento, DFS versión p (...)

12En un documento de análisis presentado por el teniente Arturo Acosta Chaparro,7 se anexaron dos listados: uno de “miembros activos” del Partido de los Pobres, en el que aparecen los nombres de 92 hombres y mujeres; y otro con los nombres de “Personal de partidarios auxiliares y agente del Partido de los Pobres”, en el cual se enlistan 58 hombres y mujeres.8 Lo relevante de estos listados es la clasificación de la situación de cada persona: preso, prófugo, domiciliado, muerto y detenido. Aquí aparece una primera distinción importante: detenido o detenida, es decir, no presa, no prófuga, no muerta, sino detenida.

2. Luis Cabañas Ocampo, detenido, integrante del Partido de los Pobres.
[…]
6. Carmelo Cortés Castro, (A) Cuauhtémoc,
preso en la Penitenciaría de Chilpancingo, Autor Robo de Banco de Comercio de Gro.
[…]
18. Reynold Escalante Fierro,
prófugo.
19. Romana Ríos de Roque (A) Elena,
detenida, miembro del Partido de los Pobres, participante con los grupos Guerrilleros.
[…]
22. David Rojas Vargas (A) Mario,
detenido, miembro del Grupo Guerrillero.
[….]
24. Guadalupe Castro Molina (A) Diana o Sandra,
detenida, miembro del Partido de los Pobres, y del grupo Guerrillero.
[…]
30. Agapito Pastor,
prófugo, domiciliado en La Remota, Comisario Ejidal de La Remota. Participó en la emboscada al personal militar.

13Haciendo una comparación con el listado de personas desaparecidas de la FEMOSPP, los clasificados como “detenidos” efectivamente son personas en calidad de detenidas-desaparecidas de manera permanente, y otros coinciden con desaparecidos temporales. Es decir, esta clasificación sólo se usó para las personas que, al momento de ser redactado el documento, se encontraban aún con vida en algún centro clandestino en calidad de detenidas-desaparecidas. Algunos ya llevaban más de un año en esa condición, como Ezequiel Barrientos Dionisio, detenido-desaparecido desde mayo de 1971.

  • 9 Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, “Informe Histórico a la Socieda (...)

14La diferenciación burocrática, en el tratamiento y disposición de los detenidos, fue un paso importante en la consolidación de la técnica de detención-desaparición, otorgándole una posición específica dentro de la administración de la violencia de Estado. Si entre 1968 y 1972 las detenciones-desapariciones se llevaron a cabo como una medida táctica, para 1974 se transformó en el corazón de la estrategia contrainsurgente. El término “detenido” ya fue una diferenciación conceptual, pero pronto se pasó el uso de metáforas en el registro y administración de los detenidos-desaparecidos. Como ya ha sido mencionado, desde el Plan Telaraña tenemos evidencia de la burocratización de los traslados de detenidos y su desaparición, y como documentaron la FEMOSPP y la COMVERAD desde 1973 se usó el término paquete en las comunicaciones de la SEDENA para referirse al manejo de los detenidos-desaparecidos.9

  • 10 SEDENA, “Radiograma 65810”, 18 de noviembre, 1973, caja 288, expediente 97.
  • 11 SEDENA, “Radiograma 17136”, 22 de noviembre, 1973, caja 96, expediente 274.

15Su aparición está documentada hacia finales de 1973, en el marco del “Plan de Operaciones Luciérnaga”.10 El 22 de noviembre, en radiograma cifrado, el general Eliseo Jiménez Ruíz informó al secretario de la Defensa: “como resultado de la coordinación efectuada con el Cmte. de la 27/a Z.M. en Acapulco, Gro., a fin de explotar la información que proporcionaron los paquetes, se determinó efectuar a partir de 0600, 23 Nov-73 la ‘Operación Luciérnaga’ al mando del Gral. Brig. Alfredo Rubén García Cruz, con tres agrupamientos…”.11 Paquetes, fueron los detenidos-desparecidos a quienes bajo tortura se les arrancó información para mejorar y continuar implementando las acciones contrainsurgentes.

16De acuerdo a estos informes su uso habría iniciado en Guerrero, pero muy pronto se generalizó a todo el aparato burocrático de la contrainsurgencia. El 3 de abril de 1978, el agente Pablo Lugo Montiel remitió un oficio al Jefe de Control informando del traslado de detenidos-desaparecidos a la Procuraduría General de la República:

  • 12 DFS, Oficio, 3 de abril, 1978. Expediente Unión del Pueblo versión pública, legajo 13/18

Me permito informar a Ud. que el día de la fecha a las 13.30 hrs., fueron trasladado a la Procuraduría General de la República, los paquetes que a continuación se nombran:
1.Marina del Refugio Ortiz Mendiola
2.Yolanda Aldama Moreno
3.María Santos Barrera Guzman
4.Inocencio Soriano Soriano
5.Juan Guillermo Díaz Hernández
6.Guillermo Velasco Muñoz.
12

17Como es posible observar, este tratamiento burocrático a los detenidos-desaparecidos, que se extendió desde los primeros años de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1980, hace evidente el nivel de política de Estado que llegó a alcanzar, y borra cualquier argumento de “exceso individual”, que ha sido usado para desdibujar la responsabilidad del Estado mexicano.

18La degradación al que fueron sometidos los detenidos, amplificaba los tormentos, poco a poco desestructurando sus subjetividades, cada vez concretando su deshumanización. Los procedimientos podían ser brutales o más sofisticados y burocratizados. Otra forma para nombrar a los desaparecidos fue la numeración de los detenidos, la eliminación de su nombre en el proceso de desestructuración subjetiva. Más adelante analizaremos cómo la numeración y el uso estadístico de las cifras tienen efectos similares en la estrategia de conteo de víctimas del período de la “guerra contra el narco”. Aún no nos ha sido posible determinar cuán extendido fue el procedimiento de numeración de los detenidos-desaparecidos en los centros clandestinos de detención, pero hay indicios que señalan que acompañó el escalamiento de la violencia de Estado.

19Hay indicios que muestran que la técnica de numeración acompañó el escalamiento de la violencia de Estado. El testimonio de Elba Fuentes Organista, detenida-desaparecida en 1974 en el centro clandestino ubicado en la Base Área de Pie de la Cuesta, narra está dinámica:

  • 13 Informe FEMOSPP, p. 649.

Ahí dentro había mucha gente, unos estaban descalzos, otros andaban en trusa, unos desnudos, […] maltratados, dormían en el piso, junto a la pared […] Les llamaban por el número fulano; nadie les decía por su nombre, sino por el número.13

20En un centro clandestino de detención en Culiacán, Sinaloa, también se usó la numeración, al parecer dada según la secuencia de la aprehensión, y por grupo o tipo de detenidos:

  • 14 Entrevista a JFT, realizada por Camilo Vicente Ovalle, 11 de noviembre, 2014, Culiacán, Sinaloa. JF (...)

…él se identificaba como el comandante, los demás eran números. Ellos y nosotros éramos números […] yo era el número 6, de ellos [del grupo de detenidos-desaparecidos que estaban con él] fui el último que agarraron. Había otro que estaba allí, que era pintor, le pusieron otro número…14

21Estos cambios en la nominación de los desaparecidos están estrechamente vinculados con el uso de la técnica, que a su vez fue determinada por el proceso de confrontación, por la lógica de la estrategia contrainsurgente en momentos específicos, y esto se proyectó en los diferentes usos que la desaparición tuvo a lo largo de 20 años de contrainsurgencia, de la clasificación como detenidos hasta su metaforización como paquetes o su numeración, estas formas de registro difusas sirvieron para la administración de la violencia y también para la impunidad.

Gráfica 1 – Personas detenidas-desaparecidas de forma permanente, 1968-1985

Gráfica 1 – Personas detenidas-desaparecidas de forma permanente, 1968-1985

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe FEMOSPP, 2006.
Nota: No existe aún un dato consolidado sobre el número de personas detenidas-desaparecidas para este periodo, por lo que los datos en la gráfica deben tomarse como indicativos.

De la administración de la violencia a la administración de la impunidad: los nombres de la desaparición en la “guerra contra el narco”

22Las formas del registro, además de ser un recurso de la administración de la violencia de Estado, deviene en discurso público que se instrumenta como administración de la impunidad. Aunque esto fue más evidente en el periodo de la contrainsurgencia, dada la hegemonía estatal en el uso ejercicio de la violencia, en el periodo de “la guerra contra el narco” también se produce una forma particular de administración de la impunidad cuya función principal es lograr que los casos y el actuar (o no actuar) del Estado pasen desapercibidos o simulen el cumplimiento de las funciones de investigación y procuración de justicia del Estado.

23 La categoría de desaparecidos ha sido resultado de luchas políticas por parte de familiares de víctimas de las dictaduras y regímenes autoritarios en América Latina. La búsqueda por lograr la adopción del concepto en el espacio público y en las narrativas oficiales tuvo el objetivo de construir una versión distinta a las formas en que el Estado conceptualizaba y registraba el fenómeno. La técnica del registro difuso es una forma de clausurar el pasado: si el acto no es nombrado, nunca ocurrió. Así, la desaparición se hace extensiva al registro documental: se trata de una doble desaparición.

24El desarrollo de la técnica del registro difuso no se interrumpió al terminar el periodo de represión estatal de las décadas de 1960 a 1980. Por el contrario, con el inicio de la “guerra contra el narco” y la privatización de la técnica de la desaparición, las instituciones mantuvieron esta técnica con cambios y mayor nivel de sofisticación. Nuevos conceptos y eufemismos se utilizan de manera extendida en los registros de las autoridades con categorías como “persona no-localizada”, “sustraída”, “ausente”, “extraviada”. A esto se añade la falta de certeza en las cifras públicas de desaparición, de fosas clandestinas e incluso de restos humanos identificados.

25Nuestra historia reciente pone en evidencia, como un mecanismo, el discurso brumoso en el que la violencia del Estado se envuelve, salpicado de eufemismos y metáforas que funcionan como ventanas del terror. Sin embargo, actualmente se hace evidente un conflicto entre el registro difuso y la presión de la sociedad civil y los familiares de las víctimas por el reconocimiento y el nombramiento: la adopción del concepto de desaparición de forma institucional fue resultado de su lucha política. La Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de 2012 fue un primer paso por parte del Estado para visibilizar la crisis de violencia y nombrar la desaparición como tal y reconocer que “en democracia” esta técnica de la violencia es utilizada masivamente por autoridades y particulares. Ahora bien, esta primera versión del RNPED cumplía solamente con los mínimos exigidos por grupos de familiares. Las cifras que conocemos a partir del RNPED son las siguientes:

Gráfica 2 – Personas desaparecidas en México reconocidas por elEstado mexicano, 2007-2017

Gráfica 2 – Personas desaparecidas en México reconocidas por elEstado mexicano, 2007-2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Corte al 30 de abril de 2018.
Nota: Es necesario mencionar que la cifra es acumulativa, dando un total de 37 mil 435 personas desaparecidas.

  • 15 Fray Juan de Larios, Diagnóstico del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparec (...)

26Existen problemas de coordinación y dispersión de datos por descoordinación y por el sinnúmero de categorías (personas extraviadas, no-localizadas, ausentes y desaparecidas)15 y registros, tanto a nivel federal como local, contribuyendo así a la técnica del registro difuso. La promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, en 2017, transformó el RNPED y busca resolver estos problemas. Sin embargo, todavía no hay claridad sobre si este nuevo registro acabará con las prácticas de registro difuso.

  • 16 La Comisión Nacional de Derechos Humanos definió fosa clandestina como “[…] aquella que se realiza (...)

27En cuanto al registro de número de fosas clandestinas16 el mecanismo es similar e incluso hay menos avance, puesto que aún no se consolidan el Registro Nacional de Fosas que mandata la Ley General citada u otras bases de datos que generen certeza. Hemos identificado una serie de dificultades en el registro de este fenómeno, mismos que contribuyen a la descripción de la tecnología del registro difuso.

  • 17 Solicitud con folio Infomex 0001700095215, realizada en marzo de 2015.
  • 18 RDA 2490/2015 que a su vez derivó en RDA 2490/2015 bis. Amparo indirecto 1464/2016 ante el Juez Oct (...)

28En una solicitud de información17 a la PGR realizada por la organización Artículo 19 se requirió a la PGR estadísticas generales en materia de fosas, víctimas e identificación de cuerpos entre 1960 y 2015. Tras la negativa de entrega de información, el caso derivó en un proceso judicial en materia de transparencia.18 Seis entregas de información se han obtenido, todas con cifras inconsistentes (ninguna de estas entregas contuvo información del período 1960-2000).

Cuadro 1 – Cifras de fosas y cuerpos o restos

Fecha de entrega de información

Fosas

Cuerpos o restos*

22 de abril de 2015

119

387 (en cuatro fosas se hallaron restos óseos)

5 de agosto de 2015

141

560 (en cuatro fosas se hallaron restos óseos y en una fosa una dentadura)

9 de diciembre de 2016

389

1546 (en cinco cuatro se hallaron restos óseos y en una fosa una dentadura)

9 de marzo de 2017

400

1577 (en cuatro fosas se hallaron restos óseos y en una fosa una dentadura)

5 de abril de 2017

408

1589 (en cinco fosas se hallaron restos óseos y en una fosa una dentadura)

7 de julio de 2017**

505

2055

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas recibidas por ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, 2017.
* En esta cifra no se toma en cuenta como número de víctimas cuando se hace mención de restos óseos y dentaduras).
** Sin desglose requerido en la solicitud de información. No hay forma de contrastar la sexta entrega con las anteriores.

  • 19 Por parte de Artículo 19 se toma en cuenta la quinta entrega de información, puesto que la sexta, q (...)
  • 20 Manu Ureste, “Colectivo Solecito confirma hallazgo de 249 restos humanos en fosas clandestinas de V (...)

29La información entregada a Artículo 19 es distinta a la entregada a la Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), otra organización de la sociedad civil. Entre el período 2000-2015 le fue reportado a Artículo 19 que hay 505 fosas y 2 mil 55 víctimas, mientras que a la CMPDHD se le reportaron 275 fosas y 753 víctimas.19 Ante la desconfianza y desinformación, familiares de desaparecidos han creado desde 2016 Brigadas Nacionales de Búsqueda. El Colectivo Solecito, por ejemplo, ha encontrado 249 cuerpos en 125 fosas en el estado de Veracruz.20

30El registro difuso de las fosas clandestinas se inscribe y profundiza la falta de certeza, cifras imprecisas e investigaciones cerradas que no dan fe de la efectividad de las autoridades. Se trata de información que podrían permitir reconstruir los hechos en algunos de los más de 35 mil casos de desaparición que han ocurrido desde la década de los 60 hasta hoy en día. Las formas “desorganizadas” del registro de la desaparición y de los hallazgos de víctimas, han continuado la administración de las violencias a través de la administración de la impunidad.

Conclusión: registro y negación

31Las formas del registro, además de ser un recurso de la administración de la violencia de Estado, deviene en discurso público que se instrumenta como administración de la impunidad. Aunque esto fue más evidente en el periodo de la contrainsurgencia, dada la hegemonía estatal en el uso ejercicio de la violencia, en el periodo de “la guerra contra el narco” también se produce una forma particular de administración de la impunidad en la que envuelven los casos y el actuar del Estado.

32Las formas de registro analizadas, tanto en el período de la represión de los años 70 a 80 como posterior a 2006, muestran que la forma en la que el Estado registra la desaparición es una extensión misma de la propia lógica de violencia. El registro con conceptos vagos y cifras imprecisas que tienden a contabilizar menos casos de los que realmente ocurrieron son estrategias utilizadas para que el fenómeno pase desapercibido y evitando que el actuar del Estado sea cuestionado.

33Esta forma difusa es sólo una manifestación más de las formas en que opera el Estado mexicano. México en ningún momento fue identificado como un régimen autoritario emparentado con las dictaduras latinoamericanas, incluso hoy es difícil hacerlo. El nivel de sofisticación con el que se implementaron tareas de represión fue tal que le permitió pasar desapercibido e impune, al grado que no hay políticas de memoria, no se ha procesado a perpetradores y hoy día no hay verdad en torno a los casos de desaparición forzada. Los conceptos difusos se consolidan igualmente en narrativas difusas en las que no hay ni procesos ni definiciones ni hechos claros: todo pasa pero nada pasa.

34Ambos períodos, uno más tendiente a la dictadura y otro más tendiente a la democracia liberal, se encuentran en una misma escala de grises y comparten la técnica del registro difuso de la desaparición. Es de esta forma que puede explicarse el hecho de que en período de “democracia” haya, por lo menos, más de 34 mil personas desaparecidas en un período de diez años y sin que sea posible identificar que exista una estrategia estatal de represión sistemática.

  • 21 Tamy Guberek, “Calling death by its name: breaking the silence of Guatemala’s National Police Archi (...)

35El estudio de la desaparición forzada, como tecnología de la violencia estatal, puede ser analizada a través de las formas en que ha sido administrada y, específicamente, a través de las formas de su registro. El registro documental de las violencias es un índice de la lógica de la propia violencia del Estado, pero también el soporte para el discurso de la negación y la continuación de la impunidad. A través de éste se muestran los cambios y sus propias transformaciones: “La terminología en expedientes y archivos puede sistemáticamente volver los fenómenos más o menos visibles.”21 De esta forma, el registro no es exterior al ejercicio de la violencia sino parte de ella.

36Este tipo de narrativas y de formas de registro reproducen el fenómeno a grados exorbitantes como los que vemos actualmente en México. De ahí la importancia de la disputa en el plano conceptual por parte de colectivos de víctimas y organizaciones que buscan que el fenómeno sea nombrado a través del concepto de desaparecido y contar con cifras clara y nombres que permitan restituir la dignidad de las víctimas. Conocer la tecnología del registro y el rol que juega en la construcción de narrativas nos permite también pensar en formas para contrarrestar sus efectos: la forma del registro se transforma a partir de la disputa política. Dicho en otras palabras, es posible construir formas de registro que construyan memoria y no-repetición.

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Notes

1 CNDH, Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, [En línea] en CNDH, 2001, Dirección URL: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2001_Desapariciones70y80.pdf. [Consultado: 12 de enero, 2018].

2 El periodo de trabajo de la Fiscalía fue del 2002 al 2006. El informe final, Informe Histórico presentado a la Sociedad Mexicana, fue publicado en 2006 en la página web de la fiscalía, pero por instrucciones oficiales fue retirado, nunca se volvió a publicar oficialmente.

3 Inaugurada por la “operación conjunta Michoacán”,operación policial y militar lanzada en diciembre de 2006 por el recién electo Felipe Calderón, en medio de la crisis de legitimidad del proceso electoral.

4 Esto no significa que antes no se hayan llevado detenciones-desapariciones por las dependencias de seguridad, ya desde 1968 comenzó le incremento de su uso contra la disidencia, pero fue hasta 1971 cuando alcanzó el grado de sistematización y burocratización. El Plan Telaraña fue elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional, con el general Hermenegildo Cuenca Díaz como secretario, presentado en marzo de 1971 e implementado entre abril a julio de ese mismo año en zonas serranas del estado de Guerrero.

5 El Estado mexicano nunca reconoció la cualidad de los grupos guerrilleros y de otros grupos de la disidencia radical, por lo que siempre les denominó como maleantes, gavilleros, o meros delincuentes. Sobre la configuración del enemigo político en México véase Camilo Vicente Ovalle, “El enemigo que acecha. Enemigo político y represión en México en la década de 1970”, en Igor Goicovic, Julio Pinto, Ivette Lozoya, y Claudio Pérez (eds.), Escrita con sangre. Historia de la violencia en América Latina, siglos XIX y XX, Santiago de Chile, Ceibo Ediciones-Universidad de Santiago de Chile, 2013, p. 217-242.

6 Archivo General de la Nación, Fondo SEDENA, “Plan Telaraña”, 2 de marzo, 1971, expediente 286, caja 97. En adelante sólo se cita SEDENA, el titulo del documento, el año y su ubicación.

7 Archivo General de la Nación, Fondo Dirección Federal de Seguridad, “Informe Estado de Guerrero”, 18 de septiembre, 1972, en Brigada Campesina de Ajusticiamiento, DFS versión pública, legajo 1/3. 2007. En adelante sólo se cita DFS, el título del documento, el año y su ubicación.

8 DFS. “Estado de Guerrero”, 2 de julio, 1972, en Brigada Campesina de Ajusticiamiento, DFS versión pública, legajo 1/3, 2007.

9 Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana”, México, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, 2006, p. 374; Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, “Informe final de actividades”, Guerrero, Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, 2014, p. 78-84.

10 SEDENA, “Radiograma 65810”, 18 de noviembre, 1973, caja 288, expediente 97.

11 SEDENA, “Radiograma 17136”, 22 de noviembre, 1973, caja 96, expediente 274.

12 DFS, Oficio, 3 de abril, 1978. Expediente Unión del Pueblo versión pública, legajo 13/18

13 Informe FEMOSPP, p. 649.

14 Entrevista a JFT, realizada por Camilo Vicente Ovalle, 11 de noviembre, 2014, Culiacán, Sinaloa. JFT militó en una organización guerrillera, su aprehensión ocurrió el 3 de septiembre de 1977 en Culiacán, y permaneció en detención-desaparición en el cuartel de la 9ª Zona Militaren en Culiacán y en un centro clandestino de detención administrado por el Ejército y la DFS en la misma ciudad. JFT pasó aproximadamente tres meses en esa condición hasta su liberación en diciembre de 1977.

15 Fray Juan de Larios, Diagnóstico del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, 2017.

16 La Comisión Nacional de Derechos Humanos definió fosa clandestina como “[…] aquella que se realiza de manera secreta u oculta por ir en contra de la ley y su propósito es esconder lo que en ella se deposita, evitando entre otras cosas que las autoridades puedan sancionar e investigar las razones de la inhumación. CNDH, Recomendación No. 48/2016 Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2016/Rec_2016_048.pdf

17 Solicitud con folio Infomex 0001700095215, realizada en marzo de 2015.

18 RDA 2490/2015 que a su vez derivó en RDA 2490/2015 bis. Amparo indirecto 1464/2016 ante el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito.

19 Por parte de Artículo 19 se toma en cuenta la quinta entrega de información, puesto que la sexta, que menciona 505 fosas y 2 mil 55 víctimas encontradas, no puede ser cotejada y verificada dado el formato en el que se entregó. Por parte de la CMDPDH, la información se entrego en la solicitud de información con folio PNT 0001700175917, realizada en 2017.

20 Manu Ureste, “Colectivo Solecito confirma hallazgo de 249 restos humanos en fosas clandestinas de Veracruz”, [En línea] en Animal Político, 10 de marzo, 2017, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2017/03/colectivo-solecito-restos-humanos-veracruz/, [Consulta: 7 de enero, 2018].

21 Tamy Guberek, “Calling death by its name: breaking the silence of Guatemala’s National Police Archive”, [En línea] en London School of Economics, 22 de noviembre, 2017, Dirección URL: http://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2017/11/22/calling-death-by-its-name-breaking-the-silence-of-guatemalas-national-police-archive/, Consultado: 28 de noviembre, 2017.

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Table des illustrations

Titre Gráfica 1 – Personas detenidas-desaparecidas de forma permanente, 1968-1985
Légende Fuente: Elaboración propia con datos del Informe FEMOSPP, 2006.Nota: No existe aún un dato consolidado sobre el número de personas detenidas-desaparecidas para este periodo, por lo que los datos en la gráfica deben tomarse como indicativos.
URL http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/72697/img-1.png
Fichier image/png, 125k
Titre Gráfica 2 – Personas desaparecidas en México reconocidas por elEstado mexicano, 2007-2017
Légende Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Corte al 30 de abril de 2018.Nota: Es necesario mencionar que la cifra es acumulativa, dando un total de 37 mil 435 personas desaparecidas.
URL http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/72697/img-2.png
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Pour citer cet article

Référence électronique

Camilo Vicente et Carlos Dorantes, « Registro y administración de la violencia: usos de la desaparición de personas en México », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 05 octobre 2018, consulté le 15 novembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/72697 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.72697

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Auteurs

Camilo Vicente

Camilo Vicente Ovalle es Doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en desaparición forzada del periodo de represión estatal de la segunda mitad del siglo XX en México.

Carlos Dorantes

Carlos Dorantes es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Oficial del Programa de Derecho a la Información en ARTICLE 19.

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