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Cinthia Balé

Usos del archivo y políticas de la memoria: un análisis del proceso de “apertura” de los archivos militares en Argentina (2003-2015)

Uses of the archives and the politics of memory: the ‘opening’ process of Military Archives in Argentina (2003-2015).
[10/12/2018]

Résumés

Este artículo se propone dar cuenta del proceso de “apertura” de los archivos de las Fuerzas Armadas en Argentina a partir del análisis de tres líneas de acción desarrolladas por el Ministerio de Defensa durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). En primer lugar, se analiza la tarea realizada por los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de encontrar elementos que fueran útiles al desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, se analiza la política de gestión archivística llevada adelante por el Programa de Modernización de Archivos y por último, el modo de tratamiento y difusión de la documentación conocida como “Actas secretas de la dictadura”. A lo largo del análisis se muestra de qué modo cada una de estas líneas de acción implicó un conjunto de tensiones al interior de los archivos así como la convivencia o superposición de diversos criterios, usos y modos de “configuración del archivo”. Esta diversidad de criterios (de índole memorial, judicial y política) nos permiten alumbrar algunas de las premisas y limitaciones que signaron el accionar de las agencias estatales bajo estudio a la hora de intervenir sobre el pasado reciente en el período.

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Notes de l’auteur

Una versión anterior de este trabajo fue compartida en el Grupo “Lugares, marcas y territorios de la memoria”, en el marco del Núcleo de Estudios sobre Memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Agradezco a sus integrantes así como a los evaluadores anónimos de este artículo por sus lecturas y comentarios. El resultado del texto es de mi exclusiva responsabilidad.

Texte intégral

  • 1 CONADEP, Nunca Más, Buenos Aires, Eudeba 1984.
  • 2 Se trata del Decreto n° 2726. En el caso específico del Ejército, las respuestas se remitían a una (...)
  • 3 Cabe aclarar que algunas investigaciones ya habían hecho uso de documentos sobre la represión produ (...)

1Una de las demandas persistentes del movimiento de derechos humanos en Argentina ha sido la búsqueda y la apertura de los denominados “archivos de la represión", es decir, documentos producidos por las Fuerzas Armadas y/o de seguridad que dieran cuenta del accionar represivo ilegal durante el terrorismo de Estado. Desde la transición democrática la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) había advertido la existencia de un “cúmulo importante de documentación” que se había destruido o que se mantenía oculta por los autores del accionar represivo.1 Las Fuerzas Armadas, por su parte, alegaron durante varias décadas que la documentación no existía o bien había sido destruida, remitiéndose a un Decreto de 1983 según el cual el ex presidente de facto Reynaldo Bignone había ordenado “dar de baja” la documentación referida a las personas que fueron detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.2 Esa negativa implicó que, a lo largo de todo el proceso transicional, fueran los organismos de Derechos Humanos y otros actores de la sociedad civil los encargados de reconstruir lo ocurrido con la documentación encontrada y/o producida por ellos mismos en el marco de la búsqueda de justicia y la resistencia a la dictadura.3

  • 4 Las resistencias se debían tanto a la trayectoria de Garré, quien había sido militante peronista de (...)

2En el 2006, luego de varios años de declaraciones cruzadas, el Ministerio de Defensa dispuso oficialmente la “apertura y el acceso” a los acervos documentales de las Fuerzas Armadas para la “obtención de elementos” vinculados a las “investigaciones de las violaciones masivas de los derechos humanos” cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983). El objetivo de dicha “apertura” era contribuir al desarrollo de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad que habían sido recientemente reabiertos. El anuncio se realizó en el marco de las conmemoraciones previstas por el gobierno de Néstor Kirchner para el trigésimo aniversario del 24 de marzo, en una coyuntura signada por la reactivación de las luchas por la memoria y la disputa, hacia el interior de las Fuerzas Armadas, por la designación de Nilda Garré como ministra.4 Sin embargo, dicho anuncio no implicó resultados inmediatos sino que se trató de un proceso complejo que involucró diferentes tensiones y renegociaciones entre los actores involucrados.

  • 5 Ricoeur, Paul, La Mémoire, l´histoire et l´oubli, Paris, Seuil, 2000.
  • 6 Véase Balé, Cinthia, "Struggles over the Military Archives and Political Disputes in Post-dictators (...)

3En este artículo nos proponemos dar cuenta de este proceso mostrando de qué modo la política de “apertura” de los archivos fue el resultado de varias líneas de acción que operaron de manera simultánea con sus diferentes criterios, expectativas, valoraciones y modos de “configuración del archivo” entendido como el conjunto de reglas e interacciones específicas que delimitan qué, cómo y cuándo algo es archivable.5 Para ello nos referiremos en primer lugar a la tarea de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas, creados en el año 2010 con el objeto de contribuir a las causas por crímenes de lesa humanidad. Dada la importancia y la singularidad de su tarea, aquí señalaremos sólo a algunos aspectos que fueron desarrollados más detenidamente en otro lugar.6 Luego, analizaremos la intervención del Programa de Modernización de Archivos del Área de la Defensa entendida como una política de gestión archivística, indicando las tensiones que el trabajo de estos expertos implicó sobre el “territorio” de los archivos. Por último, nos detendremos en el “hallazgo” y el tratamiento de la documentación conocida como “Actas secretas de la dictadura” en la medida en que dicho caso nos permitirá mostrar de qué modo la “configuración del archivo” estuvo influenciada por una memoria dominante respecto del pasado reciente que, a su vez, contribuyó a consolidar.

La política de “apertura” de los archivos militares como una “política de justicia”

  • 7 Pittaluga, Roberto, “Democratización del archivo y escritura de la historia”, I Encuentro Archivos (...)

4Referirse a la cuestión de los archivos en la Argentina implica lidiar con la historia de una ausencia, de la supresión del archivo o de su privatización.7 La prolongada falta de una política integral de preservación, tratamiento y difusión del patrimonio documental así como la ausencia de una política de acceso a la información pública convirtieron a la mayor parte de los archivos estatales en territorios marginales e inhóspitos. Los archivos de las Fuerzas Armadas no constituyeron una excepción: tanto los Archivos Generales – que resguardan la documentación producida por cada una de las Fuerzas en el cumplimiento de sus misiones y funciones en todo el territorio nacional – como los Departamentos o Servicios Históricos, estuvieron sujetos a diferentes formas del abandono y atravesaron, desde la segunda mitad del siglo XX, derroteros que incluyeron derrumbes, inundaciones, mudanzas, cambios de denominación y/o de dependencia orgánica de todo tipo.

  • 8 Nazar, Mariana, “Dictadura, archivos y accesibilidad documental. A modo de agenda” en Centro de Est (...)
  • 9 Por esa razón, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto que dispuso r (...)

5Así hasta la intervención del Ministerio de Defensa los archivos militares se habían convertido prácticamente en meros depósitos de documentación. Al momento de su anunciada “apertura” en el 2006, presentaban grandes restricciones de accesibilidad tanto de orden normativo y práctico como simbólico.8 En términos normativos, el principal obstáculo era que los archivos resguardaban documentación clasificada (ya sea “secreta”, “confidencial” o “reservada”) y que al no haber establecidos plazos formales de desclasificación, tal carácter resultaba prácticamente permanente.9 Las restricciones prácticas se vinculaban con la falta de infraestructura, el estado de conservación de los fondos y la ausencia de recursos humanos capacitados que permitieran conocer los acervos y encontrar la documentación pertinente. En términos simbólicos las dificultades de acceso incluían, además, el desconocimiento del lenguaje castrense y del tipo de documentación que las Fuerzas Armadas producían como parte de su funcionamiento regular, tanto en el pasado como en el presente. Estas restricciones se enmarcaban, a su vez, en la disputa por el control civil de los asuntos militares y la renuencia de las Fuerzas Armadas a someterse al escrutinio público, cuestiones que habían sido fuertemente resistidas desde el advenimiento de la democracia.

  • 10 La Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario había sido creada al (...)

6Teniendo en cuenta este panorama, la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que tenía a su cargo el seguimiento de los oficios judiciales que llegaban a las Fuerzas10, implementó diferentes líneas de acción que, cada una a su turno, darían forma y sustancia a la política de “apertura” en los años subsiguientes. En este primer apartado, nos centraremos en la tarea de los “Equipos de Relevamiento y Análisis Documental”, creados en el año 2010 con el objetivo de aportar documentación relevante a las causas por crímenes de lesa humanidad, para luego complementar el análisis con líneas de acción que se desarrollaron con posterioridad.

  • 11 El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) había sido creado en 2003 como organismo desconcentrado de (...)
  • 12 Entrevista de la autora a Natalia Federman, 9 de octubre de 2017. Entre los años mencionados la Dir (...)
  • 13 Hasta el momento, pudimos relevar la participación de veintisiete investigadores, trece de ellas mu (...)

7Como mencionamos, inicialmente la “apertura” se materializó en la salida de una resolución ministerial (n° 173/2006) que autorizó el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas, levantó el secreto en relación con la documentación referida al período 1976-1983 y ordenó que la misma debía ser enviada al Archivo Nacional de la Memoria.11 Según señala Natalia Federman, ex Directora de Programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos entre 2006 y 2010, inicialmente esta decisión se vinculó con la necesidad de centralizar, agilizar y, en última instancia, controlar desde el Ministerio de Defensa las respuestas que las Fuerzas Armadas ofrecían a los oficios judiciales que solicitaban información.12 Como parte de ese mismo esfuerzo, un año después la Resolución n° 1711/07, estableció que los Jefes de las tres Fuerzas Armadas debían asignar “carácter de urgente y preferencial despacho” a los oficios judiciales y pedidos provenientes de organismos gubernamentales y nombrar un oficial encargado de realizar el seguimiento para evitar demoras injustificadas. Sin embargo, debido a la serie de restricciones mencionadas arriba, tales iniciativas resultaron en alguna medida infructuosas. Tres años más tarde la Dirección decidió implementar una nueva estrategia, esto es, la creación de los “Equipos de Relevamiento y Análisis Documental”, que estaban formados por investigadores jóvenes provenientes de disciplinas sociales o humanísticas y tuvieron como función relevar la documentación obrante en los archivos militares allí donde esta se encontraba.13 A diferencia de lo que había ocurrido hasta el momento, estos Equipos comenzaron a trabajar directamente al interior de los archivos, siendo la primera vez que investigadores no pertenecientes a las Fuerzas Armadas contaron con “acceso irrestricto” a la documentación. Como señala Federman:

  • 14 Federman, Natalia, “La política de Archivos de las FF.AA. en el proceso de memoria, verdad y justic (...)

Esta resultó una estrategia novedosa en la búsqueda de información, ya que por primera vez el plan de trabajo no implicaba solicitar al jefe de una fuerza que enviara determinada documentación cuya existencia se conociera o se presumiera, sino que investigadores propios del Ministerio de Defensa recorrerían los archivos y accederían a la documentación directamente en el lugar donde esta se encontrara.14

  • 15 Crenzel, Emilio, La historia política del Nunca Más, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, p. 75. Sobre la (...)

8Según se señala en la resolución de creación de los Equipos esta tarea tenía como antecedente el trabajo que la DNDDHH había realizado en relación con los archivos del recientemente disuelto Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA), con la diferencia de que ahora se trataba de relevar archivos cuyas instituciones productoras seguían en pleno funcionamiento. En ese sentido, la intervención de la DNDDHH implicó alterar el status quo al interior de los Archivos como instituciones e intervenir en un terreno que las Fuerzas Armadas consideraban de su exclusiva propiedad. La normativa de creación de los Equipos, esto es, la resolución n°308 del año 2010, es elocuente al respecto: no sólo ordenaba a los Jefes de los Estados Mayores que permitieran el ingreso irrestricto de los investigadores y habilitaran copia de “todas las llaves de acceso a las dependencias y/o oficinas y/o armarios” sino que además se facultaba al entonces denominado “grupo de trabajo” a “precintar y/o limitar el acceso temporal” de las dependencias que consideraran pertinentes. Ello suponía de manera explícita que el ingreso de los Equipos de Relevamiento constituía una intervención del Ministerio que no podía contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Así, de un modo análogo a las inspecciones realizadas por la CONADEP en el proceso de localización de los Centros Clandestinos de Detención, la apertura de los archivos de las Fuerzas y la instalación de los Equipos de Relevamiento conformados por civiles, implicaban el “avance sobre un territorio y una soberanía específicos, habitualmente restringidos a la vista pública”.15

  • 16 Inicialmente el Ministerio de Defensa creó el Archivo Histórico de la Justicia Militar por medio de (...)

9A lo largo de los años, los Equipos de Relevamiento trabajaron en los Archivos Generales de cada Fuerza, sus respectivos departamentos o direcciones históricas así como con el archivo del CONSUFA que había sido transferido al Archivo General de la Nación en el año 2010.16 Si bien la documentación que se resguardaba era eminentemente administrativa (es decir, no se refería de manera explícita a las víctimas ni tampoco a las operaciones de represión clandestinas) los Equipos de Relevamiento desarrollaron un conjunto de estrategias que les permitieron aportar información a las diferentes causas judiciales en curso.

  • 17 Guembe, María Laura y Federman, Natalia (2016). “Una condena producto del trabajo en el Estado” en (...)
  • 18 Véase Muzzopappa, Eva, “El archivo y el ‘punto de vista del nativo’. Propuestas incipientes”, en Ac (...)

10Así, en un primer momento la tarea de los Equipos fue entrar a los Archivos y “ver qué había”. Esa tarea se presentaba como especialmente dificultosa: “¿cómo encontrar aquello que no sabemos cómo está registrado ni dónde?”17. De acuerdo con Federman se trataba de “encontrar una aguja en un pajar”, es decir, enfrentarse al estado precario de los fondos, por un lado y por el otro, comenzar a comprender la lógica de funcionamiento del archivo como un todo, es decir, dar cuenta del “punto de vista nativo” con el cual esa documentación se había producido, seleccionado y acumulado.18 Por ello, en una primera etapa, la tarea de los Equipos fue identificar los tipos documentales existentes y dar cuenta de la información que contenían. Como resultado de ello los Equipos elaboraron un “Instructivo para la consulta de los acervos documentales de las Fuerzas Armadas”, cuyo principal objetivo era “orientar la búsqueda documental en las diversas instancias del Poder Judicial desde donde se producen requerimientos oficiales a las Fuerzas”. Teniendo en cuenta el desconocimiento por parte de los operadores judiciales del tipo de documentación que las Fuerzas producían el instructivo se proponía describir de manera detallada los tipos documentales que podían ser de utilidad para las investigaciones judiciales. Para ello, se hallaba dividido en tres partes (una por cada Fuerza) y exponía de manera pormenorizada la modalidad de acceso, los criterios de búsqueda y el contenido de aquellos documentos que fueran clave para una investigación sobre el desempeño operativo de cada una de las Fuerzas en la denominada ‘lucha contra la subversión’. Así se incluían explicaciones sobre el orden y la organización de los legajos de personal superior, subalterno, civil y conscripto, las actas de las juntas de calificación y el sistema de funcionamiento, las actuaciones de justicia militar y los posibles criterios de búsqueda así como un detalle de los reglamentos, manuales y diccionarios disponibles.

  • 19 Ibídem.

11Según se señala en el prólogo firmado por el entonces Ministro Arturo Puricelli, el instructivo era el resultado de un “trabajo exploratorio”, que “careció de orientación por parte del personal de las Fuerzas”. Esta aclaración resulta relevante en tanto evidencia la disputa por el control civil de los Archivos según la mencionamos arriba y muestra hasta qué punto el proceso implicó, por parte de los Equipos, ingresar a un “mundo exótico”, es decir, un “sentido común” ajeno respecto del cual se encontraban a una distancia social considerable.19

  • 20 Agostini, Vanina y Lettieri, Laura, “Cuando la burocracia atenta contra lo clandestino. Una mirada (...)

12Al mismo tiempo, a lo largo de este proceso, los Equipos encontraron documentos que, por su contundencia, resultaban inmediatamente relevantes. Si bien esto no sucedió a nivel masivo, el carácter explícito de la información contenida en esos documentos (especialmente Actuaciones de Justicia Militar y reclamos a las Juntas de Calificación) resultó clave para la imputación judicial de algunos responsables. Un ejemplo de ello es el expediente conocido como “caso Colquhoun” que fue hallado en un cuarto que contenía documentación “secreta” en el Archivo General de la Armada. Se trataba de un sumario administrativo que la Fuerza había iniciado en 1976 al entonces teniente de navío Aníbal Roberto Colquhoun y a un grupo de suboficiales por “presunto delito de hurto”, luego de dos operativos de secuestro de militantes montoneros. Según señalan las investigadoras integrantes del Equipo Armada, la Actuación de Justicia Militar contenía las declaraciones que la Armada tomó a todos los integrantes del grupo operativo, de modo que, una vez hallado el expediente, sirvió para identificar al personal involucrado y para aportar información respecto de las prácticas paralegales de ese grupo de tareas en relación con el robo de bienes que pertenecían a las víctimas.20 Gracias a ello, en abril de 2013 fue ordenada la detención de Colquhoun y otros cuatro cabos cuyas responsabilidades permanecían desconocidas hasta el momento.

  • 21 Lavintman, J., Pankonin, L. y López, H., “Conocimiento histórico y justicia: el trabajo en el Archi (...)
  • 22 Otro ejemplo importante que hemos analizado en otro lugar refiere a la experiencia del Equipo Armad (...)

13En un segundo momento, y más allá de la identificación de documentos que remitieran directamente a la comisión de delitos, entre los años 2012 y 2015 (especialmente bajo la gestión de Stella Segado como Directora Nacional) el trabajo de los Equipos estuvo signado por una tarea de cruce documental que permitiera producir información que no estuviera contenida en los documentos tomados individualmente. Esta segunda lógica implicaba considerar al archivo no como una mera fuente de datos sino como un artefacto cultural donde cada pieza tomada en forma aislada remitía a un universo de referencia mayor. En términos archivísticos, esto significaba restituir, aunque sea lógicamente, el orden original de los documentos (es decir, el orden en el cual habían sido producidos) y leerlos como parte de un sistema orgánico y seriado, es decir, sujetos a un determinado ciclo, determinadas reglas y determinados “usos y costumbres” de funcionamiento institucional. Así los Equipos de Relevamiento se abocaron a la producción de más de sesenta informes, elaborados a pedido de distintas instancias del Poder Judicial o de la Administración Pública Nacional, que tenían como finalidad reconstruir, a partir de la documentación dispersa y fragmentaria con la que contaban, “la estructura de las unidades militares, su lógica operacional y sus respectivas cadenas de mando” 21. Como producto de esa tarea, al menos dos integrantes de los Equipos fueron citados como “testigos de contexto” o “testigos expertos” en diferentes causas por crímenes de lesa humanidad.22

  • 23 Ricoeur, Paul, La Mémoire, l´histoire et l´oubli, Paris, Seuil, 2000, p. 217.
  • 24 Vease Pollak, Michael, Une identité blessée, Paris, Métailié, 1993.

14Así el trabajo de los Equipos de Relevamiento implicó la producción de lo que hemos llamado un “saber experto” que dotó de valor a los archivos burocrático-administrativos y les otorgó nuevos usos, habilitando su traspaso a la esfera judicial. En conjunto, este proceso implicó una profunda transformación en los modos de “configuración del archivo”. De acuerdo con Ricoeur, el archivo se presenta como un lugar físico que aloja el destino de la “huella documental” pero también es un “lugar social” en el sentido de que “permite y prohíbe” tal o cual tipo de discurso.23 Considerándolo desde este punto de vista, las restricciones de acceso referidas antes de la intervención del Ministerio no constituían meros problemas técnicos (es decir, solucionables a partir de un conjunto de procedimientos) sino otro modo de “configuración del archivo” derivado de una historia institucional vinculada a la negación y/o relativización del pasado. Dicho de otro modo, que un documento se deteriore, se abandone o se oculte y a la inversa, que algo se muestre o esté disponible como “prueba” no habla sólo de cuestiones prácticas sino de maneras de encuadrar el pasado y seleccionar determinadas huellas entre la infinidad de huellas posibles.24

15En ese sentido, es posible decir que la intervención de los Equipos (y su selección de “huellas”) estuvo signada por las expectativas y las demandas de justicia provenientes de la sociedad civil. Así, al contrario del uso historiográfico, donde el archivo no es un lugar de convalidación de un conocimiento previo sino el espacio en el cual emergen nuevos problemas, la intervención de los Equipos sobre los Archivos de las Fuerzas Armadas se definió en función de una memoria de los crímenes cuyas pruebas era necesario revelar. La “configuración del archivo” se gestó entonces en función de un determinado conjunto de temas y problemas específicos: la estructura de las Fuerzas Armadas y su despliegue operacional en determinados territorios (especialmente aquellos que estaban sometidos a escrutinio judicial) y un determinado período definido en base a los años 1976-1983.

16Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido en otros archivos del país (por ejemplo el Archivo Nacional de la Memoria) este modo de “configuración del archivo” se caracterizó por preservar el principio de procedencia y el orden original de los documentos. Así, a excepción de los casos en que la documentación original fue enviada a dependencias judiciales o al propio Archivo Nacional de la Memoria (por ejemplo legajos de personal o libros históricos de unidades), luego de ser consultados, los documentos retornaban a su lugar de guardado. Por esa razón la tarea de los Equipos no significó necesariamente un reordenamiento material del archivo, aunque sí implicó una fuerte reconfiguración en aquello que se consultaba: los Archivos aparecieron como valiosos – tanto al interior como al exterior de las Fuerzas Armadas – en función de los documentos vinculados a la dictadura militar y éstos a su vez, fueron dotados de valor en clave de potencial “prueba judicial”. Si bien, como señalaban los integrantes de los Equipos, tal conversión sólo se completaba en el cruce documental producido en la Justicia, la misma constituía el horizonte final del análisis y el relevamiento de los Archivos.

El intento de definir una política archivística: el Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa

  • 25 Entrevista colectiva de la autora a seis de los integrantes Equipo del Sistema de Archivos del Área (...)

17Debido en parte al estado de los fondos y a las restricciones prácticas que la entrada en los archivos había revelado, desde el año 2012 comenzó a implementarse el llamado “Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa”. Financiado con fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e implementado bajo la gestión de Stella Segado como Directora Nacional de Derechos Humanos, este Programa de Modernización se orientó a proponer una normalización de criterios y pautas de gestión archivística. En coordinación con el Archivo General de la Nación (específicamente, su Departamento de Archivo Intermedio), el Programa contribuyó en la formación de un equipo de digitalizadores, conservacionistas y archivistas y avanzó en la clasificación y descripción de la documentación a partir de los instrumentos de descripción preexistentes y de un trabajo permanente con el personal destinado a cada archivo.25

18A diferencia de la tarea de los Equipos de Relevamiento, esta intervención se gestó sobre criterios archivísticos y era por lo tanto diferente (en ocasiones contrastante) respecto de la política de "apertura" de los Archivos entendida como un modo de aportar a las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. En efecto, si bien los Equipos de Relevamiento y Análisis trabajaron en conjunto con el Programa de Modernización de Archivos (PMA) en proyectos específicos de desclasificación documental (especialmente como veremos, en el Fondo Junta Militar, pero también el Fondo Isaac Francisco Rojas y el Informe Rattenbach) la tarea de este último no se restringió a la documentación referida al período dictatorial 1976-1983.

  • 26 Especialmente al Archivo General del Ejército (AGE), Archivo General dela Armada (AGARA), Archivo G (...)
  • 27 En ese sentido, al momento de la intervención del Ministerio de Defensa los archivos no estaban est (...)

19Con un equipo inicial de formación disciplinar dispar, el Programa comenzó a realizar visitas y asistencias técnicas a los archivos militares, identificando las áreas de intervención prioritarias tanto a nivel de gestión documental como de infraestructura y mobiliario.26 Esta intervención fue decisiva en lo que se refiere a la mentada “apertura” de los archivos, si consideramos que para que un archivo pueda cumplir con sus principales funciones, debe no solamente estar abierto en términos nominales sino también poseer determinadas condiciones que hagan posible su consulta.27 En lo que sigue delinearemos el escenario con el que se encontraron los miembros del PMA en los diferentes archivos, lo cual nos permitirá comprender el carácter de su intervención.

  • 28 En términos normativos, parte de la documentación está protegida por la Ley Nacional de Datos Perso (...)
  • 29 Entrevista colectiva de la autora a seis de los integrantes del Equipo del Sistema de Archivos del (...)

20Una de las primeras cuestiones a trazar se vincula con la accesibilidad que caracterizaba a los Departamentos o Servicios Históricos respecto de los denominados Archivos Generales. Esta diferencia se debe en parte a que el personal destinado a los Archivos Generales así como los procedimientos instituidos no estaban orientados a brindar un servicio público de acceso a la información y por lo tanto, tampoco a atender consultas por parte de investigadores no pertenecientes a las Fuerzas.28 El hecho de que estos archivos hayan permanecido al margen de sus funciones sociales y se hayan apegado solamente a las cuestiones administrativas repercutió negativamente sobre la organización de la documentación y la existencia de adecuados instrumentos de descripción o de búsqueda. Así, la “Guía de Archivos Históricos y Generales de las Fuerzas Armadas Argentinas”, elaborada en el marco del PMA, es actualmente el principal instrumento de consulta con el que cuentan los Archivos Generales. Esa guía (aunque fue escasamente difundida) implicó un trabajo de reconocimiento de los fondos, secciones o series custodiadas y la referencia a datos básicos como sus metros lineales, fechas extremas y tipos documentales. En los denominados “Archivos Históricos”, por el contrario, prevalecieron criterios más ordenados de organización y clasificación documental. En su mayoría, estos criterios no eran específicamente archivísticos sino temáticos, es decir, se derivaban de los usos que los investigadores asiduos del Servicio o Departamento habían realizado a lo largo de los años. Parte del trabajo del PMA fue combatir estos criterios temáticos y bregar por una organización y clasificación de los fondos que no estuviera sujeta a los intereses de los usuarios y a las consultas internas que habitualmente recibían. Teniendo en cuenta esto, según relatan los miembros del PMA, su intervención tuvo como precondición la construcción de relaciones de “confianza” con el personal militar y civil de los archivos que les permitiera generar un “entendimiento común” en torno a la utilidad de la tarea que debían desarrollar.29

  • 30 Específicamente, los miembros del PMA relatan que el prejuicio extendido del personal militar consi (...)
  • 31 Entrevista de la autora al Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Mo (...)

21Sumado a ello, la entrada de los Equipos de Relevamiento y del PMA implicó una serie de tensiones y prejuicios relativos a las diferencias entre “civiles” y “militares”. Mientras que para el personal militar de los Archivos la llegada de los Equipos ponía en escena un prejuicio común derivado de los modos en que los medios de comunicación se referían al ingreso de jóvenes a la administración pública durante los gobiernos kirchneristas,30 para los integrante del PMA, la experiencia implicaba un “pivoteo” permanente entre su posición crítica respecto de “los militares” concebidos como un todo homogéneo -más específicamente del papel que las Fuerzas Armadas argentinas habían jugado en el pasado- y la construcción de un horizonte de entendimiento que permitiera el trabajo en conjunto en el presente.31

  • 32 Frederic, Sabina, Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrátic (...)

22Al mismo tiempo, las relaciones cotidianas se vieron atravesadas por las condiciones etarias y de género de quienes trabajaban en los Equipos. En su mayor parte, tanto los Equipos de Relevamiento como el PMA estuvieron integrados y coordinados por mujeres jóvenes, para quienes la tarea de construcción de una legitimidad para trabajar en el ámbito castrense se presentó como doblemente problemática. Si bien ello constituye un denominador común en lo que se refiere a las desigualdades entre mujeres y hombres en una sociedad como la argentina, al tratarse de una institución jerárquica conducida y constituida principalmente por varones y basada, a su vez, en un orden disciplinario que tiene a los más “antiguos” – de mayor edad y grado – como “superiores”, la incidencia de tal disputa se multiplicaba.32 En este sentido, tanto las funcionarias de la Dirección Nacional de Derechos Humanos (que estuvo a cargo de mujeres en todo el período analizado) como las investigadoras y archivistas debieron enfrentarse a distintos mecanismos de invisibilización por parte del personal militar masculino.

  • 33 Alves, Eugenia, “Impacto de las políticas de Justicia Transicional en el rol social del archivero: (...)
  • 34 Cesareo, Marina, “Una estructura jerárquica conservadora se aggiorna: el Proyecto de Modernización (...)
  • 35 Entrevista colectiva de la autora a seis de los integrantes del Equipo del Sistema de Archivos del (...)

23Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, como señala Alves, los archivos en la Argentina están sujetos a una marginalización de sus funciones, al punto tal que en la mayoría de los organismos públicos las áreas de archivo no se encuentran reconocidas en las estructuras orgánicas33. En este panorama, los archivos de las Fuerzas Armadas no escaparon al sentido común que los considera meros depósitos, lo cual se refuerza socio-espacialmente por su ubicación en sótanos, zonas subsidiarias de los edificios públicos o lugares antiguos con infraestructura precaria. En efecto en el diagnóstico elaborado por el PMA en el momento de su entrada a los archivos, se señalaba que la documentación se encontraba en mal estado, con roturas por plagas como ratas y en un estado de extrema suciedad. Por ello, no es de extrañar que para el personal militar el destino “archivo” sea usualmente considerado como un “lugar de castigo” o de “aislamiento para personal considerado problemático”.34 Teniendo en cuenta esto, además de construir un horizonte de “entendimiento común” la tarea del PMA se orientó a re-jerarquizar la tarea de los archivistas al interior de las Fuerzas y darle importancia a la “triple función de los archivos” dentro de la sociedad.35

  • 36 Da Silva Catela, 2002, ob. cit.
  • 37 Cesareo, Marina, “Una estructura jerárquica conservadora se aggiorna: el Proyecto de Modernización (...)
  • 38 Da Silva Catela, 2002 ob. cit.
  • 39 Da Silva Catela, 2002, ob. cit.

24Ahora bien, aun si esto es cierto es necesario considerar que en los archivos institucionales también se juegan los deseos de perpetuar intencionalmente una cierta imagen de la institución productora de los documentos.36 Esto es evidente si consideramos las funciones y prácticas de los servicios o departamentos históricos. En un repaso rápido por algunas de sus publicaciones veremos que en su mayoría, los “historiadores oficiales”37 se ajustan a la descripción de una sucesión de batallas, hazañas, y/o héroes, en un afán por contribuir al desarrollo de una historia que podríamos describir como cuasi decimonónica, concebida como relatora de una identidad institucional y nacional. Estos historiadores funcionan a menudo como “guardianes de la documentación”38, es decir que se conciben a sí mismos como encargados de vigilar y eventualmente restringir el acceso a los documentos. Según Cesareo y Novarini, (quienes formaron parte y coordinaron el equipo del PMA respectivamente) para los “historiadores oficiales”, “el único acceso ‘bien visto’ es aquél en el que incurre la misma Fuerza, los investigadores de los ‘círculos de amantes’ o investigadores extranjeros”, lo cual es congruente con la idea de que se juegan allí los deseos de perpetuar una determinada imagen institucional. En ese mismo sentido las autoras señalan que los historiadores de las Fuerzas “han despojado los Archivos con el paso del tiempo, porque dentro de sus concepciones, les pertenecen: están ahí para ser no sólo utilizados, sino recortados, reorganizados, rearmados a gusto y piacere del objeto de estudio que se investigue”39. Esta percepción da cuenta no sólo de una jerarquía sino de un terreno de disputas. En ese marco, el ingreso de personal civil nuevo y especializado implicó alterar la propia representación de las Fuerzas sobre la función de los archivos y su lugar en la historia institucional.

25En resumen, en varios niveles la intervención del PMA en los años aquí analizados re-configuró los archivos militares bajo la premisa de normalizar las pautas de gestión archivística según una lógica no restringida por un recorte temporal ni temático, así como por la voluntad de democratizar el acceso a los archivos más allá del círculo restringido de usuarios de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lejos de aplicarse como un conjunto de prescripciones abstractas, está voluntad debió lidiar con las condiciones concretas en las que se encontraban los archivos y la manera en que eran concebidos tanto por el propio personal como desde el exterior. En efecto, como señala Da Silva Catela, en el “mundo de los archivos” los diferentes agentes que intervienen se relacionan entre sí como individuos jerárquicamente relacionados: directores, archiveros, funcionarios y usuarios de diferentes tipos tejen entre sí diversas relaciones de “afinidad, tensión o alianza”, que se encuentran condicionadas, a su vez, por la coyuntura política y memorial en la cual el o la analista sitúa su observación. En ese sentido, el intento de definir una política de gestión archivística para todo el denominado “Sistema de Archivos del Área de la Defensa” se vio tensionado tanto por los usos o abandonos previos a su intervención, las expectativas y las prácticas que identificaban a los archivos como posibles fuentes de “prueba judicial”, y por último como veremos, por la concepción de los archivos como herramientas clave para la formulación de “políticas de memoria”.

La “apertura” de los archivos como una política de memoria: el caso de las “actas secretas de la dictadura”

26Paralelamente al conjunto de disputas que se dieron al interior de los Archivos la política de “apertura” se enfrentó con nuevos desafíos. En este apartado, nos interesa analizar particularmente el modo de tratamiento, gestión y difusión de la documentación conocida como “Actas secretas de la Dictadura” o también, entre los Equipos del PMA, como el “hallazgo Cóndor”, debido a que la documentación se dio a conocer el 31 de octubre de 2013 en el subsuelo del edificio Cóndor, sede central del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

  • 40 Entrevista de la autora a Stella Segado, 19 de septiembre de 2017.

27De acuerdo con el relato ofrecido por Stella Segado y el entonces Ministro Agustín Rossi, la existencia de dicha documentación fue conocida a través del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Mario Miguel Callejo, luego del recambio institucional que supuso la asunción de Rossi en junio de 2013.40 A pesar de que la Dirección venía trabajando sobre los archivos hacía varios años – e incluso según señala Segado, habían revisado las dependencias del edificio – de acuerdo con la propia Fuerza el “hallazgo” se produjo recién entonces en el marco de la realización de “tareas de limpieza”. Este relato abre a numerosas preguntas, por el momento sin respuesta, que apuntan a la necesidad de indagar sobre las condiciones político-institucionales que hicieron posible la aparición del fondo, así como las diferencias con las gestiones ministeriales anteriores.

  • 41 Ministerio de Defensa, Resolución Nº 445, 2013.

28En todo caso, el fondo que se dio a conocer en 2013 estaba compuesto por mil quinientas unidades de conservación (cajas, biblioratos, carpetas) y se encontraba disperso en armarios y dos cajas fuertes que, luego del aviso, fueron precintadas con la presencia de diferentes funcionarios del Ministerio. Estas últimas fueron abiertas al día siguiente y, luego de una revisión preliminar, la documentación fue trasladada al “Edificio Alas” perteneciente a la misma Fuerza. A través de una resolución ministerial el entonces Ministro encomendó al PMA y a los Equipos de Relevamiento “realizar las tareas de preservación y de identificación del fondo documental hallado, en un periodo de seis meses”.41

29A pesar del lapso previsto, cuatro días después, el “hallazgo” fue anunciado oficialmente en un acto encabezado por el entonces Ministro Agustín Rossi con la presencia de los Jefes de Estado Mayor de las tres Fuerzas, representantes de organismos de derechos humanos, funcionarios y legisladores del partido oficialista. En este acto el Ministro exhibió parte de la documentación encontrada así como distintas fotografías que remitían al trabajo preliminar de traslado y relevamiento realizado. De acuerdo con Rossi se trataba de una documentación "histórica" y con potencial valor probatorio en las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. Desde ese momento, este conjunto documental adquirió notoriedad pública con los nombres de "actas secretas", "actas de la dictadura" o incluso "listas negras", en referencia a algunas de las temáticas o elementos que habían sido señalados por el Ministro y que habían sido detectados por los Equipos de Relevamiento y Análisis en los tres días transcurridos desde el "hallazgo" de la documentación hasta que se produjo el anuncio oficial. Así por ejemplo, el 4 de noviembre el diario La Nación titulaba “Revelan el hallazgo de actas secretas de la dictadura que mencionan a Papel Prensa”; el diario Clarín “El Gobierno dio a conocer «listas negras» y documentos de la dictadura”, mientras que Página 12 aunaba ambas categorías en su título “Actas secretas, biblioratos y listas negras”.

  • 42 Las actas fueron publicadas en el portal del Ministerio de Defensa “Archivos Abiertos” www.archivos (...)

30De acuerdo con la descripción archivística elaborada por el PMA con fecha de noviembre de 2014, las denominadas “actas secretas” constituyen una serie compuesta por doscientos ochenta actas de las reuniones que la Junta Militar celebró periódicamente desde julio de 1976 hasta noviembre de 1983. En efecto, se trataba de un hallazgo sumamente valioso en la medida en que si bien ya circulaban un conjunto de copias de actas aisladas, por primera vez se encontró y luego se garantizó el acceso por vía digital al conjunto documental completo y original.42 Sin embargo, en realidad el fondo hallado era mucho más amplio y contenía también documentación de la Secretaría General de la Fuerza Aérea, la Comisión de Asesoramiento Legislativo - CAL (cuyo archivo original obraba ya en el Archivo General de la Nación) además de otros documentos de la Junta Militar no “secretos”, como comunicados de prensa, publicaciones, notas y planes de todo tipo.

31Ahora bien, a la hora de referirse al contenido de los documentos, el Ministro Rossi mencionó específicamente tres elementos: un comunicado de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), las actas de reuniones de la Junta Militar referidas al caso “Papel Prensa” y finalmente, la cuestión de las “listas negras”. Como veremos, la mención de estos temas, detectados de manera muy preliminar y previa a cualquier trabajo archivístico sobre el fondo, se fundaba en (y contribuyó a) afianzar determinados “lugares de memoria” colectiva, es decir, un conjunto de coordenadas narrativas en función de las cuales se producía y reproducía socialmente un relato en relación con el terrorismo de Estado. Así, respecto de las denominadas “listas negras”, Stella Segado mencionaba:

Cuando empezamos lo primero que le dije a Rossi en ese momento fue: mira aparecieron las listas negras… y le digo hay que subirlas a la página [web]. “¿Por qué?” Me dice, “¿por qué las vamos a subir?”. “Porque esto hay que hacerlo público”. La realidad es que todo lo que es 76-83 está desclasificado por el decreto n°4 del 2010, no tenemos ningún problema… pero ahí hay una cuestión cultural… Que todo el mundo siempre habló de las listas negras pero nunca nadie las vio… Entonces le dije eso, nunca nadie las vio… “lo vamos a subir”, me dijo y fue lo primero que subimos a la web de Defensa, del ministerio. (Entrevista de la autora a Stella Segado, 19 de septiembre de 2017).

  • 43 Página 12, “Los nombres prohibidos de la dictadura”, 7 de noviembre de 2013. URL: https://www.pagin (...)
  • 44 Agradezco a los miembros del PMA sus reflexiones en torno a los nombres de fantasía habitualmente u (...)

32Esta urgencia por dar visibilidad a las “listas negras” se explica por el lugar que la categoría ocupa en el imaginario colectivo en torno a la dictadura militar. En ese sentido y dado que se trata de un “lugar de memoria” su sentido no está estrictamente definido: en ocasiones, el uso de la categoría remite a aquellas personas que eran objeto de persecución, secuestro y eventualmente desaparición forzada por parte del aparato represivo y en otras, simplemente a ser objeto de censura. En este caso las tres listas halladas dentro de la serie “Actas de la Junta Militar” anotaban nombre y profesión de la persona junto con un “índice de peligrosidad” que iba de la “fórmula 4” a la “fórmula 1” y que, de acuerdo a lo trascendido, se refería al “registro de antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública”43. Es decir que, si bien es indiscutible que las personas listadas eran objeto de algún tipo de seguimiento por parte de los organismos de inteligencia, no se desprende que pesara sobre ellas una orden de detención o censura directa, especialmente para aquellos definidos como de “menor peligrosidad”.44 Este señalamiento apunta no tanto a menoscabar la importancia del hallazgo (y mucho menos la presión del aparato represivo sobre los medios y la cultura) sino a señalar de qué modo a la hora de difundir la documentación (y por ende de “configurar el archivo”, entendido como aquello que es pasible de ser consultado) los criterios memoriales prevalecieron sobre el análisis archivístico y el análisis historiográfico: en efecto, es imposible comprender el sentido y la función de dichas listas para la propia Junta Militar sin insertar esos documentos en la serie y el fondo al que pertenecen y a su vez, sin cruzarlo con otras fuentes documentales.

  • 45 En términos institucionales, esa narrativa se materializó, entre otras iniciativas, en la creación (...)
  • 46 Véase Montero, Ana Soledad, ¡Y al final un día volvimos! Los usos de la memoria en el discurso kirc (...)
  • 47 Para una crítica de esta visión algo “instrumental” puede verse Canelo, 2011. Para un análisis de l (...)

33Paralelamente, las menciones a ADEBA y a la empresa Papel Prensa se enmarcan en otra coordenada narrativa vinculada a la categoría de “dictadura cívico-militar” y a la complicidad civil y empresarial con el terrorismo de Estado. Esta categoría que había surgido a mediados de la década del noventa, fue ampliamente retomada y difundida por el kirchnerismo tanto discursiva como institucionalmente, en el marco de las disputas que el gobierno sostenía con un conjunto de actores políticos y empresariales.45 En articulación con una supuesta “continuidad entre dictadura y neoliberalismo”46, la noción de “dictadura cívico militar” subraya el apoyo prestado por las clases dominantes a la Junta Militar, en un esquema según el cual las Fuerzas Armadas habían sido el “brazo ejecutor” de una política diseñada para beneficiarlas.47 En ese sentido, a la hora de referirse a los documentos encontrados en el marco de la serie Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), señalaba Rossi:

[Se trata de] documentos que daban sustento doctrinario o ideológico al plan de gobierno del proyecto de reorganización nacional (…) Me parece trascendente una comunicación de la Asociación de Bancos Argentinos, de ADEBA, de aportes al esquema de proyecto nacional. Con lo cual, esto que nuestra presidenta siempre dice de que el golpe del 76 no fue un golpe militar, sino que fue cívico militar, encuentra en este tipo de documentos algún tipo de prueba en ese sentido. (Discurso del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, 4 de noviembre de 2015)

  • 48 Secretaría de comercio interior, Resolución Nº 126/2010, 31 de marzo de 2010 (BO, 5 de abril de 201 (...)
  • 49 Sivak, Martín, Clarín, el gran diario argentino. Una historia, Buenos Aires, Planeta, 2013, p. 379.
  • 50 Citado en Sivak, M, p. 382.
  • 51 Según señala Sivak, el Grupo Clarín había argumentado en defensa de Magnetto que la Junta Militar “ (...)

34Se trataba, una vez más, de leer y evaluar la documentación en su calidad de “prueba” que pudiera demostrar (sino judicialmente, al menos históricamente) la verdad de la narrativa memorial sostenida públicamente por el gobierno. Algo similar sucedió con las referencias al caso de la empresa “Papel Prensa”. La propiedad de la empresa y la venta de sus acciones a manos de los principales diarios (el Grupo Clarín y el diario La Nación) en plena dictadura militar, había sido objeto de disputa entre éstos y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desde el año 2010. Como socio minoritario de la empresa, ese año el gobierno había ordenado a los directores en representación del Estado que investigaran lo que se presumía había sido la “apropiación ilegal” de las acciones de la compañía por parte de los diarios mencionados en el marco del terrorismo de Estado.48 Unos meses más tarde, el gobierno presentó públicamente el informe “Papel Prensa: la verdad” que había sido elaborado por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía con el objeto de “aportar pruebas con valor judicial suficiente para expropiar Papel Prensa y arrestar a Héctor Magnetto [CEO del Grupo Clarín] y Bartolomé Mitre [propietario del Diario La Nación] por delitos de lesa humanidad”.49 Seguidamente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había denunciado penalmente a ambos empresarios porque entendía que en la venta de las acciones de la familia Graiver (entonces propietaria de un porcentaje del paquete accionario) existieron delitos de “asociación ilícita, extorsión, privación ilegal de la libertad calificada, torturas, vejaciones, todas estas conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad”.50 En concordancia con esa versión, y a pesar de las desmentidas de ambos conglomerados de medios51, el Ministro Rossi señalaba en relación con el hallazgo de las Actas de la Junta Militar:

De nuestro primer análisis de la información, además del valor histórico, hay algunas cosas que nos parece importante destacar porque pueden llegar a tener no solamente valor histórico sino algún tipo de valor jurídico. En el caso Papel Prensa, caso Graiver. Fueron encontradas trece actas originales de la Junta Militar donde se realiza un seguimiento exhaustivo del tema. Doce de ellas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el primero de diciembre del ‘77. Lo que demuestra que el tema era de discusión permanente en la Junta. En el acta número 19, que es del 6 de abril del ‘77, queda claramente demostrado que para la Junta Militar el tratamiento de los arrestos de los familiares implicados en el caso Graiver se analizaba junto con el tema Papel Prensa [exposición amplificada de la copia del acta]. La Junta Militar analizaba la detención de la familia Graiver en conjunto con la venta de Papel Prensa. (Discurso del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, 4 de noviembre de 2015)

  • 52 Debe considerarse en este punto la prolongada disputa del gobierno con los medios masivos de comuni (...)

35Aunque no profundizaremos aquí en la compleja relación que los gobiernos kirchneristas mantuvieron con los principales medios del país y especialmente con el Grupo Clarín, nos interesa destacar de qué modo la difusión del hallazgo documental estuvo permeada por la necesidad de presentar evidencia a favor de la versión sostenida públicamente por el gobierno, según una disputa que se inscribía en la propia construcción de poder del kirchnerismo y su relación con los medios de comunicación.52

36Al mismo tiempo, la referencia a Papel Prensa reforzaba un capítulo de cierta perdurabilidad en la opinión pública respecto de la existencia de un empresariado cómplice con los delitos de lesa humanidad. Como lo señalamos arriba, esta memoria, que tenía raíces anteriores al kirchnerismo, constituía uno de los puntales de su relato identitario, independientemente de las relaciones fácticas y concretas que los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner establecieron, cada uno a su turno, con los diferentes sectores del empresariado nacional. En ese sentido, el hecho de que se mencionaran y se detectaran estos temas (y no otros) remite a la manera en que los archivos son configurados en el marco de una temporalidad compleja que incluye el pasado pero también los sentidos presentes y las expectativas futuras de los actores.

37Esta preponderancia de criterios políticos y memoriales antes que archivísticos se verían reflejada también en el tratamiento de la documentación. Si bien en un primer momento el traslado al Edificio Alas se realizó con miras a preservar el orden original de los documentos (es decir, siguiendo el principio archivístico) a la hora de tratarla se superpusieron diferentes criterios. ¿Debía priorizarse la realización de una clasificación de fondos de lo general a lo particular, como sugería el equipo del PMA, o dada la expectativa generada por los documentos debía avanzarse en una lectura inmediata de su contenido?

38Como señalamos arriba, inicialmente el Equipo de Relevamiento y Análisis fue convocado para realizar un “primer examen” que daría como resultado la detección de los documentos mencionados por Rossi en conferencia de prensa. Más tarde, luego de promulgada la resolución n° 445/2013, la documentación fue sometida a cuatro procesos trazados por la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio: 1. organización, registro y descripción de los documentos; 2. Relevamiento y análisis de la documentación; 3. Conservación preventiva y restauración; 4. Digitalización.

  • 53 Para comprender las virtudes de una clasificación de fondos en este caso y los problemas acarreados (...)
  • 54 Novarini, Cecilia, p. 211.
  • 55 Para dimensionar la particularidad de las decisiones tomadas a este respecto puede ser útil compara (...)

39En relación con la primera etapa, y debido a que la realización de una clasificación de fondos que fuera de lo general a lo particular implicaba retrasar la lectura directa, se decidió (a pesar de la opinión de los expertos) trabajar con una planilla que registrara documento por documento.53 Así, de acuerdo con Novarini (la entonces coordinadora del PMA) “desde las autoridades políticas” se estableció como prioridad leer hoja por hoja en busca de un documento “«salvador»”, es decir, un documento que “«milagrosamente» diera cuenta del accionar represivo y clandestino, también identificado como búsqueda del documento fetiche”.54 Además de la premura por presentar el hallazgo, existió desde el Ministerio la necesidad de encontrar un documento “distinto del resto” que pudiera presentarse a la sociedad y que dilucidara algo no conocido hasta el momento.55 Aunque no hemos podido corroborarlo en las entrevistas, presumiblemente existía la expectativa de encontrar información sobre el destino de las víctimas de la represión ilegal, lo cual había signado durante varias décadas la demanda de “verdad” del movimiento de Derechos Humanos en el país.

40Finalmente, la planilla de registro que se implementó (y con la cual el usuario debe hasta el día de hoy realizar la búsqueda) constaba de los siguientes campos:

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  • 56 Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Modalidad de trabajo, M (...)
  • 57 Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Modalidad de trabajo, M (...)

41El equipo de archivistas debió asignar un código de identificación a cada documento, compuesto por los datos que corresponden a la ubicación topográfica y al orden de las unidades de conservación. Asimismo, el equipo del PMA estuvo encargado de llenar los campos subsiguientes: denominación, año, fechas extremas, e identificar, en la medida de lo posible, el tipo documental y la unidad productora. En una segunda etapa, el Equipo de Relevamiento debía completar los campos “alcance y contenido” y “palabras claves”, para lo cual contó también con el asesoramiento de la Oficina de Coordinación de Políticas en Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Nacional de Valores. Además, de acuerdo con la Dirección Nacional de Derechos Humanos: “en los casos en que la descripción excediera las siete líneas, fue necesario ampliar la información en una ficha. Se realizó ficha en los casos en que la información que el investigador considera relevante excede, por importancia o por la capacidad de la celda del inventario”56. En total, en un período de cinco meses el Equipo de Relevamiento y Análisis elaboró aproximadamente cuatrocientas setenta fichas, aunque por razones de tiempo no llegó a completar los dos campos mencionados para cada documento. Estas fichas, pensadas como herramientas de descripción ampliatorias, se fundaban, al igual que las “palabras claves”, en la experiencia de investigación de los Equipos de Relevamiento de los archivos de las Fuerzas Armadas, que, como vimos, estaba orientada al hallazgo de pruebas documentales para delitos de lesa humanidad. A su vez, las aproximadamente setenta y cinco “palabras claves” fueron definidas en función de una lista de temas, nombres de empresas y personas, muchos de los cuales fueron incluidos “por estar relacionados con delitos económicos o penales”57.

42La elaboración de estas herramientas de búsqueda de carácter temático, por sobre la realización de instrumentos de descripción que identificaran estructuras, series y secciones documentales, muestra el modo en que las expectativas y necesidades políticas permearon el tratamiento de la documentación. Ello implicó postergar la elaboración de otras herramientas que, sin estar tan marcadas por la coyuntura (la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad así como las disputas del gobierno kirchnerista con sectores del empresariado nacional), pudieran guiar otras posibles investigaciones en el futuro.

  • 58 Entrevista de la autora al Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Mo (...)

43Lo mismo puede decirse respecto de la digitalización. En la medida en que la misma comenzó cuando aún no se había terminado la descripción del fondo, se digitalizaron los documentos que el Equipo de Relevamiento seleccionó como prioritarios y se subieron al sitio web “Archivos abiertos” creado para tal fin. Según señalan desde el PMA – que actualmente tiene a su cargo la documentación – la digitalización y su puesta en disponibilidad en línea permitió un aumento de las consultas y aseguró la accesibilidad de los documentos digitalizados. Sin embargo, a su criterio, el hecho de que sólo se difundieran y se subieran las “Actas de la Junta Militar” (entre otros pocos documentos) determinó que el fondo quedara subexplotado y las consultas provengan sobre todo de investigadores extranjeros.58

  • 59 Para este concepto véase Pollak, Michael, Une identité blessée, Paris, Métailié, 1993.

44En síntesis, este análisis muestra de qué modo el tratamiento que se le dio a la documentación hallada en el Cóndor – si bien garantizó el acceso a los documentos digitalizados como al resto del fondo por vía de la consulta al PMA – se encontró limitado tanto por una “memoria dominante” como por una lógica política, con sus consecuentes marcos de interpretación, fetiches, pero también tabúes y olvidos.59 Al respecto, es necesario tener en cuenta que las memorias se encuentran siempre vinculadas a la construcción de una identidad de los actores que recuerdan y que como en este caso, dictan la ley de su aparición pública. Desde ese punto de vista, el hecho de que el fondo haya sido salido a la luz en los últimos años de gobierno kirchnerista evidencia que la narrativa estatal respecto de la represión ilegal había permeado diferentes sectores del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas. Del mismo modo, las decisiones que se tomaron a la hora de clasificar y difundir el acervo, implicaron una “configuración del archivo” congruente con esa narrativa y las necesidades de los actores sociales y políticos en el presente.

Conclusiones

45A pesar de sus diferencias, las tres líneas de acción analizadas a lo largo de este artículo configuraron el núcleo de la política de “apertura” de los archivos militares durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). De acuerdo con el análisis, esta política implicó una fuerte intervención sobre los archivos entendidos como “territorios de memoria” (Da Silva Catela, 2002) de un modo que los convirtió de meros depósitos en lugares en disputa. Asimismo hemos mostrado cómo a lo largo del período la Dirección Nacional de Derechos Humanos metabolizó y procesó la demanda social por la “apertura de los archivos” construyendo dispositivos específicos que le permitieran intervenir sobre los documentos como huellas del pasado. Así, el análisis de la tarea de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental, el Programa de Modernización de Archivos y por último el tratamiento del Fondo “Junta Militar” nos permitió mostrar la co-existencia de diferentes criterios, metas y expectativas, así como el otorgamiento de diferentes funciones y valor a los acervos disponibles. Estas diferencias dan cuenta de las tensiones que inevitablemente atraviesan el uso de los archivos (especialmente, archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos) y al mismo tiempo del modo en que estos usos están sujetos a las coyunturas políticas y memoriales en curso. En ese sentido, la preponderancia de criterios políticos y memoriales así como el uso particular de estos archivos con fines estrictamente judiciales constituyen elementos valiosos a la hora de delinear las premisas y los límites que caracterizaron los modos de encuadramiento del pasado propuestos desde el Estado nacional durante los gobiernos kirchneristas. A su vez, la existencia de diferentes criterios así como las tensiones entre el Ministerio de Defensa y las propias Fuerzas Armadas dan cuenta de que dicha intervención no puede ser reducida, como a veces se supone, al accionar de un actor burocrático uniforme. Por el contrario, los modos en que los documentos oficiales se ordenan, se clasifican, se usan, se valorizan y se difunden implican procesos complejos en los cuales se toman decisiones, se producen saberes y se establecen prioridades que son pautadas por los diversos actores estatales en el presente. Por ello la existencia de una conexión entre el devenir de los procesos políticos y los modos de configuración del archivo no debería constituir un motivo de crítica o sorpresa: como lo hemos señalado arriba, a menudo es el juego político el que dicta la ley de “apertura” o “aparición” de los archivos vinculados a la represión estatal y es por ello que su tratamiento, uso y difusión se encuentran influenciados por las condiciones políticas y los escenarios memoriales vigentes.

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Notes

1 CONADEP, Nunca Más, Buenos Aires, Eudeba 1984.

2 Se trata del Decreto n° 2726. En el caso específico del Ejército, las respuestas se remitían a una orden secreta de incineración de la documentación relacionada con la “lucha contra la subversión” que habría sido impartida en 1983 por el entonces jefe del Ejército Cristino Nicolaides. Sin dudas esta negación a reconocer la existencia de documentos vinculados a la represión ilegal debe situarse también en el marco de la narrativa militar en torno a la denominada "lucha contra la subversión". Entre otros, véase Salvi, Valentina, De vencedores a víctimas. Memorias militares sobre el pasado reciente en Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2012.

3 Cabe aclarar que algunas investigaciones ya habían hecho uso de documentos sobre la represión producidos por las Fuerzas Armadas de manera previa a los años que aquí se reseñan, razón por la cual los mismos ya tenían un grado de visibilidad considerable. Agradezco este comentario a uno de los evaluadores anónimos de este artículo.

4 Las resistencias se debían tanto a la trayectoria de Garré, quien había sido militante peronista de izquierda, como a su condición de género.

5 Ricoeur, Paul, La Mémoire, l´histoire et l´oubli, Paris, Seuil, 2000.

6 Véase Balé, Cinthia, "Struggles over the Military Archives and Political Disputes in Post-dictatorship Argentina (2003-2015)” en CHGS Conference Proceedings, Fourth International Graduate Students' Conference on Holocaust and Genocide Studies, núm. 75, 2018 [en línea]. URL: http://commons.clarku.edu/chgs_papers/75

7 Pittaluga, Roberto, “Democratización del archivo y escritura de la historia”, I Encuentro Archivos y Derechos Humanos: actualidad y perspectivas, 2007, Memoria Abierta, Buenos Aires [en línea].

URL: http://memoriaabierta.org.ar/materiales/pdf/roberto_pittaluga.pdf Consultado el 15 de mayo de 2018.

8 Nazar, Mariana, “Dictadura, archivos y accesibilidad documental. A modo de agenda” en Centro de Estudios Legales y Sociales, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007, Buenos Aires, EUDEBA, 2007, p. 420.

9 Por esa razón, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto que dispuso relevar de toda clasificación de seguridad “a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, así como a toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar.” Decreto n° 4/2010, 5 de enero de 2010.

10 La Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario había sido creada al inicio de la gestión de Nilda Garré y sus principales funciones eran: “organizar el dictado de contenidos en derechos humanos, delinear políticas de género, intervenir en el análisis de legajos para ascensos y designación de destinos, ofrecer información a pedido de los juzgados en ocasión de la imputación o procesamiento de militares e intervenir en la redacción del código de justicia militar”. Frederic, Sabina, Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina, Buenos Aires, FCE, 2013, p. 156.

11 El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) había sido creado en 2003 como organismo desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y tenía entre sus atribuciones “tener acceso directo, para los fines y objetivos de este decreto, a los archivos de los organismos integrantes de la administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Seguridad” (Decreto 1259/2003). Si bien inicialmente el ANM tuvo participación en la apertura de los archivos militares con personal propio, luego de la creación de los Equipos de Relevamiento la Dirección de Derechos Humanos tomó a su cargo la tarea y decidió que la documentación permaneciera en su lugar de guardado original, esto es, que no sea remitida al ANM.

12 Entrevista de la autora a Natalia Federman, 9 de octubre de 2017. Entre los años mencionados la Directora Nacional era Ileana Arduino.

13 Hasta el momento, pudimos relevar la participación de veintisiete investigadores, trece de ellas mujeres (cuatro de las cuales se desempeñaron como coordinadoras de sus respectivos Equipos) y catorce varones, que se desempeñaron en los Equipos a intervalos variables de tiempo. Ninguno de ellos tenía formación específica en archivística, sino que se trataba de jóvenes que provenían de la carrera de historia u otras disciplinas sociales o humanísticas y se habían formado en universidades nacionales. En una proporción que es necesario indagar más a fondo, algunos de ellos contaban con una militancia previa en el movimiento de derechos humanos, ya sea anclada en espacios de origen académico o en organismos de derechos humanos propiamente dichos. Hasta donde pudimos relevar la entrada a trabajar en los Equipos se producía por recomendación de otros miembros, de modo que el trabajo se sustentaba a su vez sobre un tejido de relaciones pre-existentes. Los Equipos trabajaron en los archivos mencionados arriba y en algunos casos, se trasladaron a otras unidades militares, especialmente en el caso de Fuerza Aérea. En el caso del Ejército, el Equipo también trabajó en el Regimiento de Infantería I Patricios donde se consultaron legajos de personal retirado.

14 Federman, Natalia, “La política de Archivos de las FF.AA. en el proceso de memoria, verdad y justicia”, Voces en el Fénix, 2015, Núm. 48, p. 96-105, [En línea], URL: http://www.vocesenelfenix.com/content/la-pol%C3%ADtica-de-archivos-de-las-ffaa-en-el-proceso-de-memoria-verdad-y-justicia. Consultado el 15 de mayo de 2018.

15 Crenzel, Emilio, La historia política del Nunca Más, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, p. 75. Sobre las tensiones institucionales producidas entre las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Derechos Humanos (que aquí sólo son mencionadas) y la conducción civil en general en el período véase Frederic, Sabina, Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina, Buenos Aires, FCE, 2013. Allí la autora da cuenta de qué modo las matrices de interpretación del pasado dominantes en el ámbito civil condicionaron el diseño y la implementación de políticas públicas para las Fuerzas Armadas.

16 Inicialmente el Ministerio de Defensa creó el Archivo Histórico de la Justicia Militar por medio de la Resolución 240/10, quedando bajo su custodia la documentación producida por el disuelto Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CONSUFA). Posteriormente y con la resolución 1419/10 el Ministerio dispuso la transferencia de dicho archivo al Archivo General de la Nación en cumplimiento de la ley 15930.

17 Guembe, María Laura y Federman, Natalia (2016). “Una condena producto del trabajo en el Estado” en Página 12, 30 de septiembre.

18 Véase Muzzopappa, Eva, “El archivo y el ‘punto de vista del nativo’. Propuestas incipientes”, en Actas XI Reunión de Antropología del Mercosur, Montevideo, 2015.

19 Ibídem.

20 Agostini, Vanina y Lettieri, Laura, “Cuando la burocracia atenta contra lo clandestino. Una mirada sobre los documentos de la Armada Argentina”, Actas del IX Seminario Internacional Políticas de la Memoria, 2016, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Buenos Aires.

21 Lavintman, J., Pankonin, L. y López, H., “Conocimiento histórico y justicia: el trabajo en el Archivo del Ejército Argentino”, Aletheia, 2017, vol. 7, núm. 14, p. 8 -18.

22 Otro ejemplo importante que hemos analizado en otro lugar refiere a la experiencia del Equipo Armada en relación con el pedido de información que les hiciera la fiscalía para la “mega causa ESMA”, donde se juzgaron los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Según relatan sus integrantes, el Equipo confeccionó dos informes que fueron incorporados a la causa con documentos anexos digitalizados. Entre otras cuestiones, el aporte documental fue decisivo para el bloque referido a la “aviación naval”, es decir, aquél donde se juzgaba a los pilotos acusados de participar en los denominados “vuelos de la muerte”. Si bien la existencia de los vuelos ya se consideraba probada con anterioridad, en este caso el aporte documental permitió reconstruir la mecánica por medio de la cual la Armada movilizaba los aviones que se utilizaron para los vuelos, según una estructura que excedía a los grupos de tareas de la ESMA e involucraba el Comando de Operaciones Navales. Así, a partir del uso de documentos de carácter público como reglamentos, boletines y manuales, la fiscalía pudo reconstruir la operatoria de los “vuelos de la muerte” y detectar toda una cadena de responsabilidades. Al respecto véase Entrevista a Luz Palmás Zaldúa (CELS), “La logística de los vuelos de la muerte”, Página 12, 7 de agosto de 2017.

23 Ricoeur, Paul, La Mémoire, l´histoire et l´oubli, Paris, Seuil, 2000, p. 217.

24 Vease Pollak, Michael, Une identité blessée, Paris, Métailié, 1993.

25 Entrevista colectiva de la autora a seis de los integrantes Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Modernización de Archivos), 2 de agosto de 2017.

26 Especialmente al Archivo General del Ejército (AGE), Archivo General dela Armada (AGARA), Archivo General de la Fuerza Aérea (AGFA), Servicio Histórico del Ejército (SHE), Departamento de Estudios Históricos Navales (DEHN) y la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea (DEHFA).

27 En ese sentido, al momento de la intervención del Ministerio de Defensa los archivos no estaban estrictamente cerrados, razón por la cual utilizamos la palabra “apertura” como una denominación nativa para referirnos al proceso por el cual se fueron removiendo los diferentes obstáculos que impedían el acceso a los mismos.

28 En términos normativos, parte de la documentación está protegida por la Ley Nacional de Datos Personales. A ello hay que sumarle la confusión generalizada respecto de qué es aquello que está protegido y qué fue progresivamente desclasificado durante los gobiernos kirchneristas (especialmente por los decretos n° 1137/2007, n° 4/2010 y 503/2015) favorece, aún hoy, la existencia de criterios discrecionales o arbitrarios. En ese sentido, el punto de clivaje marcado por la “apertura” que aquí analizamos puede ser matizado.

29 Entrevista colectiva de la autora a seis de los integrantes del Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Modernización de Archivos), 2 de agosto de 2017.

30 Específicamente, los miembros del PMA relatan que el prejuicio extendido del personal militar consistía en afirmar que ellos pertenecían a “La Cámpora” -una organización política juvenil ligada a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner- y que cobraban salarios muy por encima de la media.

31 Entrevista de la autora al Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Modernización de Archivos), 2 de agosto de 2017.

32 Frederic, Sabina, Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina, Buenos Aires, FCE, 2013, p. 403.

33 Alves, Eugenia, “Impacto de las políticas de Justicia Transicional en el rol social del archivero: El caso de los Archivos Generales e Históricos de las Fuerzas Armadas y la profesionalización de su personal. Logros, límites y potencialidades (2012-2016)” en Actas del XII Congreso de Archivología del Mercosur "Archivos y archiveros en la sociedad del conocimiento", 2017, Universidad Nacional de Córdoba [en línea], URL: http://www.xiicam.congresos.unc.edu.ar/ponencias/. Consultado el 15 de mayo de 2018.

34 Cesareo, Marina, “Una estructura jerárquica conservadora se aggiorna: el Proyecto de Modernización de los Archivos del Área de la Defensa del Ministerio de Defensa” en Actas de las XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, 2013, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, [en línea], URL: http://www.aacademica.org/000-010/848. Consultado el 15 de mayo de 2018.

35 Entrevista colectiva de la autora a seis de los integrantes del Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Modernización de Archivos).

36 Da Silva Catela, 2002, ob. cit.

37 Cesareo, Marina, “Una estructura jerárquica conservadora se aggiorna: el Proyecto de Modernización de los Archivos del Área de la Defensa del Ministerio de Defensa” en Actas de las XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, 2013, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, [en línea], URL: http://www.aacademica.org/000-010/848. Consultado el 15 de mayo de 2018.

38 Da Silva Catela, 2002 ob. cit.

39 Da Silva Catela, 2002, ob. cit.

40 Entrevista de la autora a Stella Segado, 19 de septiembre de 2017.

41 Ministerio de Defensa, Resolución Nº 445, 2013.

42 Las actas fueron publicadas en el portal del Ministerio de Defensa “Archivos Abiertos” www.archivosabiertos.org.ar, que tenía como función asegurar el acceso libre a la documentación a medida que ésta iba siendo digitalizada. Sumado a ello, el Ministerio se encargó de editar las Actas de reunión de la Junta Militar, que fueron entregadas en copia a aproximadamente a diez universidades nacionales a lo largo del país, más de diez municipios de la provincia de Buenos Aires, gobernadores, legislaturas y concejos deliberantes, asociaciones gremiales (la CTA, la Bancaria y la Asociación Argentina de Actores) organismos de derechos humanos y personalidades destacadas. Las entregas se realizaban habitualmente en actos públicos que contaban con la presencia del Ministro.

43 Página 12, “Los nombres prohibidos de la dictadura”, 7 de noviembre de 2013. URL: https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-233081-2013-11-07.html

44 Agradezco a los miembros del PMA sus reflexiones en torno a los nombres de fantasía habitualmente utilizados para difundir acervos documentales

45 En términos institucionales, esa narrativa se materializó, entre otras iniciativas, en la creación de la “Comisión Bicameral de identificación de las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura cívico militar”, a pocos días del cambio de gobierno en noviembre de 2015, con el objetivo de “presentar un informe” de las “consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera” adoptadas por la Junta Militar y la “identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” durante la dictadura. La ley salió con el rechazo de la oposición y la Comisión nunca fue conformada.

46 Véase Montero, Ana Soledad, ¡Y al final un día volvimos! Los usos de la memoria en el discurso kirchnerista (2003-2007), Buenos Aires, Prometeo, 2012.

47 Para una crítica de esta visión algo “instrumental” puede verse Canelo, 2011. Para un análisis de la categoría de dictadura “cívico militar” véase Águila, Gabriela, “Violencia política, represión y actitudes sociales en la historia argentina reciente. Pensar con la Historia desde el siglo XXI” en Actas XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, 2015, Universidad Autónoma de Madrid, p. 5569-5588.

48 Secretaría de comercio interior, Resolución Nº 126/2010, 31 de marzo de 2010 (BO, 5 de abril de 2010)

49 Sivak, Martín, Clarín, el gran diario argentino. Una historia, Buenos Aires, Planeta, 2013, p. 379.

50 Citado en Sivak, M, p. 382.

51 Según señala Sivak, el Grupo Clarín había argumentado en defensa de Magnetto que la Junta Militar “no estaba al tanto de las conversaciones con los Graiver por la venta de Papel Prensa”. Sivak, M., p. 380.

52 Debe considerarse en este punto la prolongada disputa del gobierno con los medios masivos de comunicación concentrados por la promulgación e implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

53 Para comprender las virtudes de una clasificación de fondos en este caso y los problemas acarreados por su ausencia así como para un análisis del tratamiento que se le dio a la documentación hallada desde la perspectiva de la archivística, véase Novarini, Cecilia, “El desafío de lograr el acceso a archivos sin descripción: los documentos de la última dictadura cívico militar hallados en el edificio Cóndor”, en Actas XII Congreso de Archivología del Mercosur "Archivos y archiveros en la sociedad del conocimiento", 2017, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, [en línea], URL: http://www.xiicam.congresos.unc.edu.ar/ponencias/. Consultado el 15 de mayo de 2018.

54 Novarini, Cecilia, p. 211.

55 Para dimensionar la particularidad de las decisiones tomadas a este respecto puede ser útil comparar lo sucedido con el hallazgo de microfilms en el Ministerio de Defensa en Uruguay. Véase Markarian, Vania, “Los documentos del pasado reciente como materiales de archivo. Reflexiones desde el caso uruguayo”, Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX, 2016, Vol. 7, p. 178-191.

56 Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Modalidad de trabajo, Ministerio de Defensa, 2013. Disponible en: www. archivosabiertos.org.ar

57 Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Modalidad de trabajo, Ministerio de Defensa, 2013, p. 6. Disponible en: www. archivosabiertos.org.ar

58 Entrevista de la autora al Equipo del Sistema de Archivos del Área de la Defensa (ex Programa de Modernización de Archivos), 2 de agosto de 2017.

59 Para este concepto véase Pollak, Michael, Une identité blessée, Paris, Métailié, 1993.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Cinthia Balé, « Usos del archivo y políticas de la memoria: un análisis del proceso de “apertura” de los archivos militares en Argentina (2003-2015) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Questions du temps présent, mis en ligne le 10 décembre 2018, consulté le 23 janvier 2019. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/73860 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.73860

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Auteur

Cinthia Balé

Instituto de Altos Estudios Sociales
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