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Débats | 2018
José Carlos Chiaramonte

Facultades extraordinarias y antigua constitución en los Estados rioplatenses del siglo XIX. Respuesta a Alejandro Agüero

[10/12/2018]

Notes de la rédaction

Este texto es una respuesta del autor a un artículo de Alejandro Agüero publicado en la última entrega de Nuevo Mundo Mundos Nuevos : « Republicanismo, Antigua Constitución o gobernanza doméstica. El gobierno paternal durante la Santa Confederación Argentina (1830-1852) »

Texte intégral

1Los poderes de excepción o facultades extraordinarias fueron una forma que asumió la dictadura en Hispanoamérica durante el siglo XIX, luego de las independencias. Al verificar su generalizado uso en el proceso de creación de los nuevos Estados surge la pregunta sobre si se trata de una institución nueva o tiene raíces en los tiempos coloniales. Esta pregunta podría parecer estéril porque las facultades extraordinarias consistían en poderes de excepción otorgados por el legislativo al ejecutivo en un régimen de división de poderes, y antes de las independencias no existía un régimen republicano con división de poderes sino una integración de ciudades, provincias y virreinatos en una monarquía absoluta. Por lo tanto, parecería que la cuestión se desvanece.

  • 1 Heineccio, Elementos del derecho natural y de gentes, corregidos y aumentados por el Profesor D. Ma (...)

2Sin embargo no es así. En obras de derecho natural, en las que se supone que el príncipe gobierna para la felicidad de sus súbditos y, por lo tanto, no puede lesionar los derechos de ellos, se reconoce que ante una situación “extraordinaria” el príncipe puede avanzar sobre los derechos de sus súbditos. Es decir, se parte del criterio de que aunque el príncipe tiene la obligación de gobernar para la felicidad de sus súbditos, sin lesionar los derechos de ellos, en ciertas circunstancias extraordinarias puede hacerlo. En este supuesto basado en el derecho natural está contenido el núcleo de lo que caracterizaría a las facultades extraordinarias y, asimismo, se encuentran ya los característicos conceptos de circunstancias extraordinarias y estado de necesidad.1

3El jurista alemán Heineccio, una de las autoridades de la época en derecho romano, en su manual de derecho natural y de gentes (1737), obra de extendido uso en la España borbónica, ofrece un ejemplo de lo que señalamos. Luego de tratar en el parágrafo CLXVII del “Derecho que tiene el soberano sobre los bienes de los ciudadanos en el estado ordinario de una república”, en el siguiente parágrafo – CLXVIII, “Y también en el estado extraordinario” –, explica que hay derechos...

“... que competen al soberano en el estado ordinario de una república; y supuesto que este dominio eminente puede ejercerse en el estado estraordinario, es decir, en caso de necesidad, se deduce que es lícito al soberano en tiempo de guerra apoderarse del terreno de los particulares, ya para fijar tiendas de campaña, construir en aquellas fortificaciones, ú otras obras públicas; segar las mieses para sustento del ejército...”

4… y otras acciones requeridas por la guerra. Y añade en el siguiente parágrafo (CLXIX. “En qué ocasiones tiene lugar este dominio”):

  • 2 Id., p. 131-

“Supuesto que tan solo puede hacerse esto en caso de necesidad será entonces indispensable este dominio; cuando de otro modo no pueda conseguirse la salvación del Estado, que debe ser siempre la ley suprema, y consiste en la libertad y seguridad públicas...”2

5El enfoque de Heineccio, basado en el derecho natural, contiene las notas fundamentales de lo que sería la justificación de las facultades extraordinarias. Más aún, al menos el traductor español del texto latino utilizó los mismos vocablos, “ordinario”, “extraordinario”, “necesidad”, que encontramos en la Hispanoamérica del siglo XIX.

6En un capítulo anterior Heineccio había explicado que el poder del soberano no lo autoriza a violar los derechos de sus súbditos. “Los soberanos son inviolables”, titula el parágrafo CXXX del Cap. VII. Pero inmediatamente, el CXXXI se llama “A pesar de esto no es lícito a los soberanos hacer todo lo que se les antoja”.

  • 3 Id., p. 103 y 105.

“No le será dado – escribe – violentar la conciencia de sus vasallos, mandarles nada que se oponga a la voluntad de Dios, como supremo legislador, ni privar a nadie de sus derechos sin fundados motivos, puesto que los ciudadanos se reunieron principalmente en una sociedad civil para disfrutar con seguridad de sus propiedades.”3

  • 4 Samuel Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, ou système général des principes les plus inpo (...)

7Pufendorf había tratado de la dictadura en una forma en la que la abordaba simplemente como algo existente en la historia, sin expresar opinión respecto de su legitimidad. Lo hacía a partir de una observación de Grocio respecto de la dictadura romana, proponiéndose considerar si se trataba de un poder propio e independiente o si era ejercido por comisión, sosteniendo implícitamente lo último al declarar que el ejercicio del poder por el dictador no comprendía todos los atributos de la soberanía y que, además, el dictador perdía todo poder al cesar el plazo de su mandato, entonces de seis meses.4

8En síntesis, de una de las fuentes de más prestigio y uso en la España borbónica, surge con claridad el nexo entre las facultades extraordinarias y el derecho natural, uno de los componentes fundamentales de la antigua constitución.

  • 5 Alejandro Agüero, “Ancient Constitution or paternal government? Extraordinary powers as legal respo (...)

91. En dos artículos publicados en los años 2016 y 2018, Alejandro Agüero censura mi criterio de vincular las facultades extraordinarias, adoptadas en varios estados del Río de la Plata durante la primera mitad del siglo XIX, a una antigua constitución que considera inexistente, y critica también mis puntos de vista sobre el denominado “caudillismo”.5

10Respecto de la antigua constitución considera Agüero que sus invocaciones no eran más que un uso retórico del concepto y no una referencia a algo real. Sostiene en cambio que las facultades extraordinarias respondían a la perduración de una antigua pauta de vida social, la concepción paternal de la soberanía, propia del fundamento familiar de las sociedades, en el sentido en que fuera puesto de relieve por Bartolomé Clavero. Para afirmar su punto de vista invoca su supuesta inexistencia en España sin examinar las evidencias de su vigencia en Hispanoamérica.

  • 6 José Carlos Chiaramone, “The "Ancient Constitution" after the Independences (1808-1852)”, Hispanic (...)
  • 7 Para Finley se trata de "la manifestación de un argumento político que se ha esgrimido en situacion (...)
  • 8 Sobre todo en Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la nación argentina (1800-1846), Buenos Ai (...)

11En el primero de los textos suyos que he mencionado, critica lo que expuse en un artículo publicado en el año 2010,6 aunque omite considerar los trabajos anteriores en que he tratado de la vigencia de lo que se denominaba antigua constitución, sin dejar de reconocer el posible uso retórico del concepto –tal como ya lo había analizado Finley para el mundo clásico-7, pero distinguiéndolo de sus referencias a aspectos reales de la constitución antigua.8

12Dado que los textos de Agüero omiten referencias a lo escrito por mí sobre el tema, creo necesario transcribir unos pocos párrafos de mi recién citado libro:

“En el uso de la expresión "antigua constitución" sería necesario distinguir dos aspectos. Uno de ellos consistiría en la invocación de un derecho antiguo sólo como arma discursiva por parte de quienes quieren oponerse a innovaciones consideradas ilegítimas. Esto es, una expresión de retórica política que no examinaremos aquí, pero que constituye un rasgo frecuente en las disputas políticas, como argumento de fuerza para rechazar las innovaciones. El otro, que referiría a una realmente existente constitución antigua, no constitución formal en el sentido de la Constitución de Filadelfia o de la francesa de 1791, sino como conjunto de "leyes fundamentales" que rigen la vida de una sociedad.”Asimismo, en el parágrafo sobre la antigua constitución muestro la vigencia de rasgos que él supone ajenos a mi visión de la sociedad de la época, algunos de ellos que enhebro ahora rápidamente en aras de la brevedad que requiere este texto:

  • 9 Id. p. 160 y 163.

“La vigencia, entonces, de lo que está implicado en ese concepto de ‘antigua constitución’ la podremos observar en cuestiones fundamentales de la historia del período, como lo son la concepción de la soberanía […] También en la calidad corporativa de las fuerzas políticas o, en otros términos, del sujeto de la representación… [características] …que no habían abandonado aún la matriz organicista proveniente del medioevo, expresada en la metáfora que imagina el cuerpo social a imagen del cuerpo humano y que […] no concebía otro modo de participación en la vida social y política que bajo forma corporativa, no individual… [prolongando] …la noción organicista medieval.”9

13Pero en estas concepciones, agregaba “… no son individuos los que se relacionan entre sí sino las familias, mediación entre individuo y Estado que tomaron los españoles de Bodino, acentuando el organicismo […] matriz corporativa de esa vida política a la que, infructuosamente, se intentaba incorporar la noción de ciudadanía moderna…”

14De lo afirmado por Agüero respecto del concepto de antigua constitución se puede además inferir su desconocimiento de las características del mismo, sobre todo el carácter heterogéneo de sus componentes, algo que he explicado en los trabajos mencionados. “La idea de “antigua constitución” –escribe-, por su parte, también presenta algunas dificultades; la primera de ellas deriva de su total indefinición en el caso hispano…” Sucede que el término “indefinición” no es apopiado para dar cuenta de una de las principales características de las constituciones no formales, la heterogeneidad de sus componentes, como lo muestra también el caso de las excolonias angloamericanas. Agüero parecería regirse in mente por una noción de constitución proveniente de los textos escritos que aparentemente no padecen esa “indefinición”. Hacia el final de su artículo vuelve también a apoyarse “en lo difícil que resulta dar contenido a esa expresión más allá de su expresión retórica”, pero, nuevamente, remitiéndose al caso español, abandonando significativamente el contexto hispanoamericano de su trabajo.

  • 10 Sobre el concepto de unwritten constitution puede verse Akhil R. Amar, "America's Lived Constitutio (...)
  • 11 Akhil Reed Amar, Americas’s Unwritten Constitution, New York, N.Y., Basic Books, 2012. Por ejemplo: (...)

15Respecto de la vigencia de constituciones antiguas en toda América, le hubiese sido útil cotejar la experiencia rioplatense con las de las excolonias anglosajonas, donde la existencia de una unwritten constitution, denominación en buena medida equivalente a la de antigua constitución, ha sido, y continúa siendo, tema de investigación y de debate. En los escritos del proceso de la independencia estadounidense es frecuente encontrar referencias a una constitución no escrita cuyo contenido también era difícil de precisar, aunque no por eso era menos real su existencia. En la heterogénea comprensión de este concepto –costumbres, normas prescriptas por el poder legislativo, o un cuerpo de principios inmutables superiores a los poderes de alguna institución gubernamental–, se destacaba su relación con el derecho tradicional británico, el common law y, sobre todo, con el derecho natural, aunque pese a lo que expresa el término unwritten también contenía textos escritos. Así, además de que la costumbre y la práctica eran fuentes centrales de autoridad para la constitución británica en los siglos XVII y XVIII, existían también una variedad de materiales escritos. Entre esas fuentes escritas, figuraban la Magna Carta, la Biblia, la Declaración de Derechos de 1689 (Bill of Rights ) y el Act of Settlement de 1701, así como tratados de autores prominentes, particularmente los de Vattel, Pufendorf y Grocio, y aún trabajos filosóficos, entre los cuales se destacaban los de Locke.10 La adopción de la constitución de Filadelfia abriría camino a un debate que continúa hasta hoy entre quienes consideran que el texto de Filadelfia es la única fuente constitucional y los que juzgan que los EE UU no poseen una constitución sino un sistema constitucional compuesto por esa constitución escrita y partes de la unwritten constitution.11

16Estas consideraciones son útiles para comprender la existencia de normas constitucionales, escritas o no, en las sociedades de tiempos de las independencias. Sólo que, como he advertido en mi reciente libro sobre la historia del federalismo latinoamericano…

  • 12 Raíces históricas del federalismo latinoamericano, Buenos Aires, Sudamericana, 2016, p. 15.

“… se podría argüir que también en las colonias anglo americanas la revolución y las primeras etapas constitucionales estuvieron apoyadas en la constitución antigua. Esta característica común implica sin embargo profundas diferencias en ambos casos, diferencias provenientes de la diversidad de sus antiguas constituciones. Pues basar las normas de derecho público en la tradición limitadora del poder real comenzada con la Magna Carta y culminada en la revolución de 1688 y en la literatura radical británica del siglo XVIII, era muy distinto que hacerlo en instituciones propias del absolutismo monárquico como las de las monarquías ibéricas.”12

17Poco favor hace Agüero a los trabajos de Clavero cuando usa un fenómeno de la estructura social destacado por el historiador sevillano – la función básica de la familia en el entramado social –, para sustituir los complejos problemas de derecho público implicados en los conflictos respecto de la organización de nuevos Estados luego de las independencias. Su preferencia por las características del concepto de oeconomia o “gobernanza doméstica” pasa por alto cantidad de fenómenos fundamentales de la historia hispanoamericana como el papel de las doctrinas contractualistas en los comienzos de los movimientos de independencia o la disputa respecto de la divisibilidad o indivisibilidad de la soberanía, expresada en la poco percibida distinción de Estado federal y confederación, oculta bajo el rótulo habitual de federalismo y, más aún, en los argumentos de derecho público que se esgrimieron durante los debates por las concesiones de las facultades extraordinarias en los distintos estados provinciales. Reducir la suspensión de derechos que fueron concedidos por textos constitucionales que intentaban implantar regímenes representativos con división de poderes, a la vigencia de pautas paternalistas de las relaciones sociales, que no negamos que existiesen, es una muy limitada percepción de la historia política del siglo XIX.

18Quizás podría resumir con un breve ejemplo, acorde con la extensión de este texto, lo que he tratado en otros trabajos. Se trata de un testimonio relativo la vigencia de un derecho público – componente importante de la constitución antigua – durante la primera mitad del siglo XIX, algo que no escapó a la mirada retrospectiva de Alberdi. Luego de hacer referencia a "las cartas o leyes fundamentales que forman el derecho constitucional de Inglaterra" como ejemplo de continuidad jurídica, Alberdi escribía en 1853:

  • 13 Alberdi, J. B., Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, (...)

"Sin ir tan lejos nosotros mismos tenemos leyes de derecho público y privado que cuentan siglos de existencia. En el siglo XIV promulgáronse las Leyes de Partidas, que han regido nuestros pueblos americanos desde su fundación, y son seculares también nuestras Leyes de Indias y nuestras Ordenanzas de comercio y de navegación. Recordemos que, a nuestro modo, hemos tenido un derecho público antiguo […] Durante la revolución hemos cambiado mil veces los gobiernos, porque las leyes no eran observadas. Pero no por eso hemos dado por insubsistentes y nulas las Siete Partidas, las Leyes de Indias, las Ordenanzas de Bilbao, etc. Hemos confirmado implícitamente esas leyes, pidiendo a los nuevos gobiernos que las cumplan.”13

19No sólo el derecho privado español continuó rigiendo gran parte de la vida social hispanoamericana sino también su derecho público, pese a su conflicto con las nuevas pautas políticas con las que se intentaba reformar esa constitución antigua.

  • 14 Véanse en el Diario de Sesiones de la H. Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, T (...)

202. Agüero ha omitido estudiar los debates generados por las concesiones de las facultades extraordinarias que le hubieran permitido comprender mejor su naturaleza y el vocabulario político predominante como, por ejemplo, las discusiones suscitadas por la renovación de las facultades a Rosas en Buenos Aires en 1832. Así, en el largo debate de ese año sobre la renovación de las facultades fueron frecuentes las invocaciones a las normas, recientes o del pasado hispano colonial, que regían la actuación de los gobernantes, y en el que se pueden encontrar expresiones tanto adversas como favorables a la concesión de facultades extraordinarias.14 En ellas, se encuentra este elocuente párrafo de un prominente personaje político de esos años, en ese momento partidario de la concesión de las facultades:

  • 15 Diario de Sesiones de la H. Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, Sesión del 23 (...)

“Cuando habla la espada, las leyes callan. En justa represalia también, es preciso que algunas veces enmudezcan estas, para que aquella no se desenvaine. Este es el caso en que se halla hoy desgraciadamente nuestra patria. Es necesario abrir un paréntesis al goce de las garantías individuales, a esa fruición suprema del hombre social, para que no peligre la salud pública, que es por excelencia la ley de las leyes. Es preciso llorar sobre la fatalidad que hace indispensable semejante medida: pero es irremediable adoptarla llorando. Sólo un poder dictatorio puede reprimir en el día con mano fuerte las maquinaciones de los genios perversos y tumultuarios… […]…Un saludable terror completará la obra. […] “La dictadura, señores, es una de las mayores plagas que han afligido y devastado a los estados libres. Lo sabemos bien. Sin embargo ella es necesaria a veces para enfrenar el espíritu anarquizador. Repúblicas antiguas y modernas han recurrido en sus extremos males a esta terrible, pero saludable medicina.”15

21No veo posible conciliar el paternalismo con ese “saludable terror”, expresión que, asimismo, como lo mostrarían acontecimientos posteriores, era algo más que retórica. Pero, más importante aún, no hay en el texto de Agüero indicios de que haya examinado las prácticas representativas manifestadas durante las adopciones de las facultades extraordinarias. Porque la existencia misma de un régimen representativo basado en comicios, por más imperfectos que éstos fueran, nos está hablando de un sistema político fundado en normas constitucionales, antiguas o recientes.

  • 16 Sin contar el ejercicio de la dictadura a partir de la Primera Junta, un cómputo de la utilización (...)

22Cabe también observar que Agüero ha reducido su examen de las facultades extraordinarias a las concedidas a Juan Manuel de Rosas, desechando considerar el frecuente uso de los poderes de excepción desde 1810 en adelante y, asimismo, ha omitido examinar sus características no sólo en Buenos Aires.16 Para una mejor comprensión de lo que fueron las facultades extraordinarias, no es aconsejable dejar de observar lo ocurrido en otros Estados rioplatenses. Por ejemplo, es interesante observar los resultados de una investigación sobre los poderes de excepción relativa al caso de Mendoza.

  • 17 Véase Hernán Bransboin, Mendoza federal. Entre la autonomía provincial y el poder de Juan Manuel de (...)

23En las numerosas oportunidades en que se adoptaron allí facultades extraordinarias y en las dos que se concedió la suma del poder público- con la sola excepción de la otorgada al “fraile Aldao”-, fueron concedidas con respeto de las normas constitucionales propias de una antigua constitución, dado que Mendoza no tuvo constitución escrita hasta mediados del siglo; es decir, fueron decididas por el órgano de la representación, con limitaciones de competencias y duración, y fueron devueltas por los gobernadores en el tiempo fijado por su concesión. Así, en el Reglamento del 19 de febrero de 1829 por el cual se fijan los límites de las facultades otorgadas al gobernador, se lee en uno de los artículos: “Para alterar o derogar las leyes dictadas durante el receso de la H. Legislatura se observarán los tramites prescriptos en el Reglamento de Debates de la Sala, y términos señalados por las leyes vigentes de la Provincia.” En síntesis, entre 1829 y 1853, Mendoza vivió 190 meses bajo la vigencia de “las leyes vigentes de la Provincia”, es decir, sus normas constitucionales, y 90 bajo facultades extraordinarias y suma del poder. Pero solamente en los dos años en que Aldao contó con la suma del poder público, bajo la fuerte presión del violento clima político derivado de la crisis generada por los bloqueos a puerto de Buenos Aires, la Sala de Representantes dejó de sesionar.17

  • 18 Sobre las características de las normas constitucionales que regían en la provincia, véase Id., p.  (...)

24Y es este caso el que muestra también la realidad de las normas de vida social entonces vigentes. Mendoza tuvo una vida política por lo general ordenada y con notable respeto de la legalidad, cosa que, en ausencia de una constitución escrita, no deja otro camino que inferir la existencia de una constitución antigua, de heterogénea conformación como era de esperar.18 Esto es, que el concepto de antigua constitución, por más frecuente que fuese su uso retórico, era también la denominación de algo muy real. El paternalismo, que no dudo que también podría encontrarse allí como uno de los tantos rasgos de esa antigua constitución, no basta para dar cuenta de casos como éste, o como el de Corrientes que he analizado hace tiempo y, seguramente, si se diesen las investigaciones pertinentes, el de otros Estados rioplatenses.

25Podría agregar que la concesión de las facultades extraordinarias a Rosas en diciembre de 1829 dejando a juicio del gobernante la duración y las competencias fue, diríamos, inconstitucional, porque violaba uno de los postulados propios del derecho natural –uno de los componentes primordiales de la antigua constitución-, el principio de que el pueblo no puede renunciar a los derechos que le son propios, algo trasgredido con más amplitud con la concesión más tarde de la Suma del Poder Público.

26Así, en el citado debate de 1832, sobre la renovación de las facultades a Rosas, en el que fueron frecuentes las invocaciones a las normas, recientes o del pasado hispano colonial que regían la actuación de los gobernantes, uno de los participantes invocaba ese principio proveniente del derecho natural:

“Las leyes primordiales de la sociedad pública, están fundadas en el derecho natural del hombre: ellas se hallan impresas en el corazón de todos, y por consiguiente son inalienables. Una ley española, adoptada por nosotros, y que hoy rige en nuestro foro, nos justifica y corrobora este principio. Esta dice – Ninguno podrá hacer donación de todos sus bienes durante su vida: de lo que se infiere claramente que si la ley impide disponer a un particular de todos sus bienes, porque no quede insubsistente, ¿con cuánta más razón podrá decirse que son inalienables de un modo permanente los primordiales y sagrados derechos del hombre?” [resaltados míos]

27Era eso lo que, en el lenguaje propio de la antigua constitución, distinguía la dictadura de la tiranía, término que sería utilizado en los años siguientes por aquellos adversarios de Rosas que habían conocido en sus estudios las prescripciones del derecho natural, especialmente en lo que se refería a la violación por el príncipe de los requisitos del pacto de sujeción.

  • 19 José Carlos Chiaramonte, "Legalidad constitucional o caudillismo: el problema del orden social en e (...)
  • 20 José Carlos Chiaramonte, “The "Ancient Constitution" after the Independences (1808-1852)”, Hispanic (...)

283. Respecto del problema del “caudillismo”, mi criterio respecto de la vigencia de una antigua constitución respondía también al propósito de poner de manifiesto -y creo que fue esto una importante innovación respecto de la visión tradicional del “caudillismo”- que ese lapso entre 1810 y 1853 no sólo no estuvo privado de un ordenamiento legal, como había expuesto en un artículo de 1986 y como entre otros pocos casos han mostrado trabajos como los de Salvatore y Goldman,19 sino que, como lo expliqué en mi artículo de 2010,20 el concepto mismo de caudillismo –que yo también había utilizado en ese artículo de 1986- es insostenible como denominación de un régimen político.

  • 21 John Lynch, Caudillos en Hispanoamérica, 1800-1850, Madrid, Mapfre, 1993, p. 119.

29En este artículo, con expresa crítica de la síntesis de esa postura hecha por John Lynch –“La paz perpetuó las estructuras de la guerra y condujo a la aparición de un proceso dual en Hispanoamérica: por un lado, se dio el constitucionalismo y por otro, el caudillismo”21-, me había dedicado a mostrar que la primera mitad del siglo XIX no sólo no fue un vacío constitucional ni una anárquica ausencia de derechos, sino un orden legal sostenido por una constitución antigua de la que formaban parte el derecho público español, las Leyes de Indias, la Ordenanza de Intendentes, e innovaciones en el derecho público como las producidas en el Estado de Buenos Aires en la década de 1820. Pero en mi artículo de 2010 fui más allá, advirtiendo la impropiedad de designar un sistema político con rótulos como “caudillismo, “régimen de caudillos” y otras similares. Es este un uso del lenguaje que, además de su flagrante incorrección para designar un régimen político, permite no advertir la legalidad proveniente de la constitución antigua, omisión, por ejemplo, que transmite esta definición de Agüero: “Las guerras permanentes, el estado embrionario de las instituciones, la inmadurez del pueblo y un incuestionable predominio del personalismo encarnado en la figura ‘mítica del caudillo’, aparecían entre las causas de este peculiar régimen”.

  • 22 David Ernest Apter, Estudio de la modernización, Buenos Aires, Amorrortu, 1970, p. 250.

30Esa legalidad padecía violaciones caudillistas como las que también vemos por doquier en otras épocas, amplificadas en ocasiones, en aquel entonces, por los resabios de la general militarización de las sociedades hispanoamericanas posterior a 1810. Para formular sintéticamente el problema podemos utilizar la definición de un politólogo contemporáneo que nos ayuda a percibir la insuficiencia de ese concepto: “Un sistema político es una formación que resulta de la relación entre las normas de una sociedad y las pautas de autoridad prevalecientes.” Es justamente la omisión de la primera parte de esa definición, “las normas de una sociedad”, lo que revela este uso del concepto de caudillismo, normas sociales de las que, en el mejor de los casos, el paternalismo es uno de sus componentes pero por demás insuficiente para dar cuenta de la historia política rioplatense.22

314. Pero, dejando ahora de lado estas objeciones a sus objeciones, no puedo dejar de señalar algunos rasgos de los dos artículos de Agüero que no concuerdan con la seriedad que, discrepancias aparte, tenían otros de sus trabajos. Estos dos artículos comienzan adoptando una tesis que creo haber enunciado ya hace tiempo, tesis que cambia de raíz la interpretación habitual de la historia del siglo XIX rioplatense: la inexistencia hacia 1810 de la Argentina y el carácter soberano que poseían las llamadas ciudades y luego “provincias”, así como la fundamental importancia de la distinción de federalismo y confederación para comprender la naturaleza soberana de los estados denominados provinciales. Cito uno de los varios párrafos de Agüero que testimonian lo que acabo de escribir:

  • 23 Alejandro Agüero, “Ancient Constitution or paternal government”, ob. cit., p. 5.

“Let us outline some of dominant patterns of the legal culture that prevailed during the first half of the 19th century, and particularly, during the Confederation: a) A decade after the Revolution of 1810, the former colonial cities of the region had become sovereign territories (provinces) linked to each other by confederative pacts. Most of them passed a local constitution after 1820.”23

  • 24 El mito de los orígenes en la historiografía latinoamericana, Cuaderno Nº 2, Buenos Aires, Institut (...)

32La adopción de mis ideas por Agüero es algo que me complace, aunque me hubiera gustado que, en observancia de las normas académicas que obligan a dar crédito a los trabajos de los que se toman los conceptos, diese el correspondiente crédito a quien las expuso y desarrolló en sus consecuencias por primera vez, ya en 1991.24

33Pero más allá de esto no deja de sorprender que, habiendo reconocido el carácter de soberanías independientes que pretendían las “provincias”, desconozca las normas constitucionales en las que se basaban. En síntesis, en su intento de reivindicar la figura tradicional del paternalismo, Agüero nos ha dejado sin explicar si considera que esa figura basta para dar cuenta de la historia política del siglo XIX. En caso que su respuesta fuese negativa, debería explicarnos cuál era el tipo de legalidad que regía entonces.

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Notes

1 Heineccio, Elementos del derecho natural y de gentes, corregidos y aumentados por el Profesor D. Mariano Lucas Garrido, a los que se añadió los de la Filosofía Moral del mismo autor, edición bilingüe, en latín y español, Tomos I y II, Madrid, 1837, Tomo II, Derecho de Gentes, Cap. VIII, “De los derechos permanentes de la soberanía y qué puede considerarse como justo acerca de ésta”, ' CLXVIII, p. 133.

2 Id., p. 131-

3 Id., p. 103 y 105.

4 Samuel Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, ou système général des principes les plus inportants de la morale, de la jurisprudence, et de la politique, Traduit du Latin par Jean Barbeyrac, sexta edición, dos tomos, Basilea, 1750. Tome Seconde, Liv VII, Chap. VI Des caractères propres et des modifications de la Souveraineté, p. 379

5 Alejandro Agüero, “Ancient Constitution or paternal government? Extraordinary powers as legal response to political violence (Río de la Plata, 1810–1860)”, Research Paper Series, Max Planck Institute for European Legal History, No. 2016-10, y Alejandro Agüero, “Republicanismo, Antigua Constitución o gobernanza doméstica. El gobierno paternal durante la Santa Confederación Argentina (1830-1852)”, Nuevo Mundo NuevosMundos - Débats 2018.

6 José Carlos Chiaramone, “The "Ancient Constitution" after the Independences (1808-1852)”, Hispanic American Historical Review, Volume 90, Number 3, August 2010. Versión en español del mismo artículo: “La antigua constitución luego de las independencias, 1808-1852", Desarrollo Económico, Buenos Aires, N° 199, Vol. 50, Octubre-Diciembre 2010.

7 Para Finley se trata de "la manifestación de un argumento político que se ha esgrimido en situaciones históricas sumamente diversas." M. I. Finley, Uso y abuso de la Historia, Barcelona, Crítica, 1979, "La Constitución Ancestral", pág. 46. Es de interés el análisis comparativo del uso del argumento en la Atenas del siglo IV a. C., en la Inglaterra del siglo XVII, y en los Estados Unidos de Norteamérica del siglo XX, en p. 45 y sigts.

8 Sobre todo en Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la nación argentina (1800-1846), Buenos Aires, Ariel, 1997. Segunda edición, Buenos Aires, Emecé, 2007. Traducción al portugués: Cidades, Provincias, Estados: Origens da Nação Argentina (1800-1846), São Paulo, Hucitec, 2009. Véase el parágrafo “La ‘antigua constitución’”, p. 159 a 165.

9 Id. p. 160 y 163.

10 Sobre el concepto de unwritten constitution puede verse Akhil R. Amar, "America's Lived Constitution", Faculty Scholarship Series, Yale Law School, 2011 -https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3708; Suzanna Sherry, "The Founders' Unwritten Constitution", The University of Chicago Law Review, Vol. 54, No. 4, Autumn, 1987; Thomas C. Grey, “Do We Have An Unwritten Constitution?” Stanford Law Review, Vol. 27, No. 3, Feb., 1975.

11 Akhil Reed Amar, Americas’s Unwritten Constitution, New York, N.Y., Basic Books, 2012. Por ejemplo: “The phrases ‘separation of powers’, ‘checks and balances’, and ‘the rule of law’ are also absent from the written Constitution, but all these things are part of America’s working constitutional system -part of America’s unwritten Constitution.”

12 Raíces históricas del federalismo latinoamericano, Buenos Aires, Sudamericana, 2016, p. 15.

13 Alberdi, J. B., Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra, 1994, 7ª ed., Cap. XXXIV, p. 260.

14 Véanse en el Diario de Sesiones de la H. Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, Tomos 13 y 14, las sesiones del 11 y 14 de mayo, 24 de septiembre, 22, 26 y 29 de octubre y 5, 8, 10, 13 y 15 de noviembre de 1832.

15 Diario de Sesiones de la H. Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, Sesión del 23 de julio de 1830.

16 Sin contar el ejercicio de la dictadura a partir de la Primera Junta, un cómputo de la utilización de facultades extraordinarias por los gobiernos de Buenos Aires entre 1820 y 1852 arroja el siguiente resultado: Gobierno de Sarratea: 12/2/1820 al 6/3/ 1820; 12/3 al 2/5 de 1820; de Balcarce: 6 al 12/3/1820; de Ramos Mejía: 2/5 al 20/6 (4 meses entre los tres); de Martín Rodriguez: 5/10/1820 al 9/5/1820 (6 meses); de Viamonte: 24/8/1829 hasta diciembre de 1829 (3 meses); de Rosas: 6/12/1829 hasta abril de 1830 y del 2/8/1830 hasta el fin del mandato en 1832 (3 años); de Rosas: Suma de Poder Público: 7/3/1835 hasta su caída (16 años y 10 meses) En resumen, Buenos Aires vivió bajo régimen de dictadura 13 meses antes del gobierno de Rosas y casi 20 años durante su gobierno.

17 Véase Hernán Bransboin, Mendoza federal. Entre la autonomía provincial y el poder de Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, Prometeo, 2014, p. 25 y sigts.

18 Sobre las características de las normas constitucionales que regían en la provincia, véase Id., p. 23 y sigts.

19 José Carlos Chiaramonte, "Legalidad constitucional o caudillismo: el problema del orden social en el surgimiento de los estados autónomos del Litoral argentino en la primera mitad del siglo XIX", Desarrollo Económico, Buenos Aires, Vol. 26, N° 102, julio-setiembre de 1986; Goldman, Noemí, Salvatore, Ricardo (comps.), Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, Buenos Aires, Eudeba, 1998; Ricardo Salvatore, Wandering Paysanos, State Order and Subaltern Experience in Buenos Aires during the Rosas Era, Durham and London, Duke University Press, 2003.

20 José Carlos Chiaramonte, “The "Ancient Constitution" after the Independences (1808-1852)”, Hispanic American Historical Review, Volume 90, Number 3, August 2010. Versión en español del mismo artículo: “La antigua constitución luego de las independencias, 1808-1852", Desarrollo Económico, Buenos Aires, N° 199, Vol. 50, Octubre-Diciembre 2010.

21 John Lynch, Caudillos en Hispanoamérica, 1800-1850, Madrid, Mapfre, 1993, p. 119.

22 David Ernest Apter, Estudio de la modernización, Buenos Aires, Amorrortu, 1970, p. 250.

23 Alejandro Agüero, “Ancient Constitution or paternal government”, ob. cit., p. 5.

24 El mito de los orígenes en la historiografía latinoamericana, Cuaderno Nº 2, Buenos Aires, Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", 1991. Asimismo, "El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX", en Marcello Carmagnani (comp.), Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina, México, El Colegio de México/F.C.E., 1993; 2ª. ed., 2011. Y, además de varios artículos y capítulos de obras colectivas, en el más reciente libro ya citado, Raíces históricas del federalismo latinoamericano.

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Pour citer cet article

Référence électronique

José Carlos Chiaramonte, « Facultades extraordinarias y antigua constitución en los Estados rioplatenses del siglo XIX. Respuesta a Alejandro Agüero », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 10 décembre 2018, consulté le 23 janvier 2019. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/74801 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.74801

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Auteur

José Carlos Chiaramonte

UBA-FFyL-Instituto Ravignani

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