• 1 AGI, México, 107, fol. 82, Petición presentada ante el Consejo de Indias por Domingo de Orive, proc (...)
• 2 Ibídem.

1En 1582 el procurador de número del Consejo de Indias, Domingo de Orive, presentó una petición en nombre de Francisco Pacheco, vecino de Mérida en las provincias de Yucatán. Según el procurador, a principios de 1580 Pacheco había venido “a estos reinos de España con poder del Concejo, justicia y regimiento de la dicha ciudad para entender en esta Corte en sus negocios”.1 Pero, tras una estancia en la metrópoli de más de año y medio, Pacheco enfrentó a su regreso a Yucatán desavenencias con el cabildo meridense. Tuvo entonces que recurrir a los servicios del procurador Orive para que pidiera una cédula que obligara a que los cabildantes de Mérida “le den y paguen [sus salarios] de la manera que se les han dado y pagado a don Carlos de Arellano y a Francisco Palomino que han venido a esta Corte con el mismo oficio de procurador general como mi parte vino”.2 Esta petición reúne, por lo tanto, a dos figuras claves de la representación legal en el Imperio hispánico, el procurador de número y el procurador de negocios, cuyos lazos y diferencias pretende explorar el presente artículo.

• 3 Ernesto Schäfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias, vol. 1, Historia y organización del Conse (...)
• 4 Sobre la prosopografía relacional, su metodología y resultados, véase Michel Bertrand, Francisco An (...)

2La procuraduría ha sido objeto de una significativa producción académica enfocada en la circulación de los agentes de la Monarquía y, en general, el gobierno a distancia, el perfil, formación y carrera de los profesionales de la ley y en los mecanismos de mediación en juego en las prácticas judiciales. De este modo, contamos con estudios sobre los procuradores del número en el Consejo de Indias y en las audiencias virreinales, así como sobre los procuradores o gestores al servicio de los cabildos eclesiásticos y de las órdenes religiosas, de los cabildos -hispanos e indígenas- o de particulares.3 En cambio, relativamente poca atención se ha prestado a los vínculos y diferencias entre estas dos categorías de procuradores, a los desarrollos institucionales del oficio en Indias o a la forma en que se relacionaron aquellos agentes entre sí.4 El presente artículo combina el análisis general y comparativo de los diversos agentes de representación, con el estudio de los vínculos que los procuradores de la gobernación de Yucatán entablaron con los del Consejo de Indias, con el fin de explorar los lazos teóricos, institucionales y humanos que existieron entre aquellos agentes en el Imperio hispánico. La primera parte del trabajo se fundamenta en una revisión historiográfica destinada a situar la normativa vigente sobre la procuraduría dentro de la agenda política de la monarquía hispana, mientras que la segunda reconstruye las cadenas de representación que se trabaron de un lado a otro del Atlántico a partir del estudio de las cartas de poder que se encuentran en varios juicios procedentes de Yucatán, así como en las probanzas de méritos de algunos de los vecinos de esta provincia.

• 5 Ver, entre otros, John Elliott, “A Europe of Composite Monarchies”, Past & Present, vol. 137/1 (199 (...)

3Durante mucho tiempo, el Imperio español fue concebido como un Estado absolutista y centralizado cuya vida política estaba determinada, casi de manera exclusiva, por la voluntad del rey y su reducido grupo de allegados. Esta imagen se ha transformado en las últimas décadas gracias a los estudios renovados de historia política que proponen concebir a la Monarquía hispánica como una entidad compuesta, policéntrica, plurijurisdiccional y polisinodial.5 Compuesta, al ser el resultado de una agregación de reinos y provincias con tradiciones e identidades jurídicas y consuetudinarias propias. Policéntrica, al existir dentro de sus extensos territorios diversos centros políticos, económicos y culturales a los que acudían numerosos actores para satisfacer intereses, hacer negocios o solucionar conflictos. Plurijurisdiccional, al no estar monopolizado el poder en un solo actor, sino repartido entre múltiples corporaciones capaces de crear derecho y administrar justicia. Finalmente, polisinodial, al contar con un entramado institucional para el gobierno y la toma de decisiones basado en órganos colegiados, tanto para la Corona (cortes, consejos, audiencias, etc.) como para las otras corporaciones que compartían la jurisdicción (cabildos catedralicios, órdenes religiosas, concejos municipales, consulados de comerciantes, etc.).

• 6 Ver Argouse, “Otorgo mi poder cumplido”.

5La carta poder, otorgada por un escribano público, era el dispositivo jurídico que posibilitaba la labor de dichos agentes. Estos documentos establecían no solo a los principales actores del proceso de procuración (procurador, mandante, mandatario e intermediario), sino también los términos de la representación (instancias, facultades, términos y salarios).6 De manera paralela, otros instrumentos formales e informales intervenían en la labor de los procuradores, siendo muchas veces determinantes en el éxito de las mismas: experiencia e información sobre la vida cortesana, conocimiento de lenguajes técnicos, participación en redes clientelares y contactos con personas influyentes son algunos ejemplos. Asimismo, como veremos más adelante, los procuradores no actuaban en solitario, como agentes aislados en los procesos de mediación, sino que su acción solía insertarse en cadenas de transmisión de poderes en las que era común la existencia de dobles o triples actos de representación o delegación, que resultaban útiles o ineludibles en la prosecución de sus objetivos.

• 7 Aunque, como lo explica Argouse, esto no privaba a los segundos de intervenir en pleitos judiciales (...)

6La presencia de estos agentes puede ubicarse a lo largo y ancho del Imperio español. En las Indias los encontramos desde la temprana ocupación de las Antillas atendiendo las causas de diversos actores. Su número e importancia se incrementó con la expansión de la colonización a territorios continentales. Para el caso de la Nueva España, estos agentes aparecieron desde la expedición encabezada por Hernán Cortés, y se multiplicaron durante los primeros años de la colonización, al establecerse en dichas tierras nuevos colonos y corporaciones. La diversidad de estos personajes se manifiesta en sus orígenes – quién los nombraba o patrocinaba –, sus residencias, objetivos, plazos o alcances de sus poderes. No obstante, es posible identificar entre ellos dos grandes tipos: por un lado, aquellos que ejercían su cargo de oficio y estaban vinculados a una institución específica, llamados comúnmente procuradores de número o de causas; y, por otro, los que operaban en nombre de corporaciones o de personas particulares, que aquí denominamos genéricamente como procuradores de negocios. Esta distinción es expuesta por Aude Argouse quien, apoyándose en la Práctica civil y criminal (1609) del jurista Gabriel de Monterroso y Alvarado, apunta que los procuradores del número “forman parte de los oficios de asistencia jurisdiccional”, mientras que los procuradores de negocios “desempeñan su tarea en el marco contractual y no pertenecen, en estricto rigor, a la burocracia judicial local”.7

• 8 Recopilación de leyes de los reynos de las Indias, mandadas a imprimir y publicar por la magestad c (...)
• 9 Ibídem. Las cursivas son nuestras.
• 10 Ver Arndt Brendecke, Imperio e información. Funciones del saber en el dominio colonial español. Mad (...)

7Debido a estas características, los procuradores de negocios tuvieron una presencia más extensa y dinámica en la monarquía en comparación con los de causas. En una cédula de 1525 Carlos V explicaba la razón de que algunos vecinos pudieran “procurar por otros en las causas y negocios que les fueren encomendados”.8 Para el monarca, podía “ofrecerse que algunos tengan necesidad de hacer ausencia por algún tiempo y por no poder dejar procurador para sus causas pierdan su justicia”.9 Garantizar que las personas pudieran acusar o defender una causa en los tribunales era un principio básico del orden jurídico que fue promovido por la Corona y las otras corporaciones con jurisdicción. A través de este tipo de disposiciones, estas instancias buscaron no solo asegurar el derecho a presentarse o ser representado en juicios, sino también permitieron la circulación de las personas para hacer valer sus intereses, atender sus negocios o informar a las autoridades.10

• 11 Recopilación de leyes de los reynos de indias, L. 2, T. 11, l. 1. En distintos momentos del periodo (...)
• 12 Las referencias a estos oficiales son constantes en las actas de los cabildos coloniales. Para el c (...)

8Dentro de los procuradores de negocios indianos destacan los representantes de las corporaciones asentadas en los reinos americanos: los concejos municipales, pueblos indígenas, las catedrales y sus cabildos, las órdenes religiosas, los consulados o las universidades. Éstos eran elegidos normalmente entre sus propios miembros y su función era representar sus intereses ante autoridades regias, eclesiásticas o de otras corporaciones en ambos lados del Atlántico. Una de las entidades que más echó mano de esta figura fueron los ayuntamientos, quienes desde muy temprano adquirieron el derecho a esta forma de representación. Una cédula elaborada en 1519 y refrendada en 1528 establecía que “las ciudades, villas y poblaciones de las Indias puedan nombrar procuradores, que asistan a sus negocios, y los defiendan en nuestro consejo, audiencias y tribunales, para conseguir su derecho y justicia, y las demás pretensiones, que por bien tuvieren”.11 Las corporaciones llegaron a tener más de un tipo de procurador; así, por ejemplo, los cabildos seculares solían nombrar de manera permanente procuradores mayores y menores para gestionar asuntos ante el virrey, gobernadores y audiencias; procuradores en corte para tratar asuntos en la metrópoli; así como representantes designados de manera extraordinaria para acudir ante otros concejos municipales, juntas de ciudades o ante otras corporaciones.12

• 13 Ver Argouse, “Otorgo que doy mi poder”.

9Por otro lado, existieron procuradores de negocios que actuaron como representantes de personas particulares. Estos fueron los más numerosos durante el periodo colonial y los más diversos en cuanto a sus características. Los encontramos representando a individuos ante instancias judiciales, firmando contratos, cobrando deudas, presentando juramentos, solicitando mercedes o administrando rentas, entre muchas otras actividades. En ocasiones, los poderes estaban limitados a llevar a cabo una acción específica en un proceso de negociación, en otras otorgaban amplias facultades para actuar discrecionalmente en favor de los intereses del poderdante. Asimismo, accedieron a este mecanismo de representación sectores sociales más diversos que en los casos precedentes, tanto entre quienes otorgaban el poder como en los procuradores que lo ejecutaban. Así, vemos participando en estas formas de procuración a miembros de la élite política y económica de los reinos americanos – comerciantes, mineros, clérigos, encomenderos – pero también a individuos pertenecientes a grupos marginados comúnmente de la vida pública, como mujeres, mulatos o presos.13

• 14 “Cédula que manda que los indios puedan enviar a estos reinos procuradores indios por tres años”, L (...)
• 15 Ibid., fol. 358. La estancia en la Corte de aquellos procuradores indígenas estaba limitada a tres (...)
• 16 Cédula que manda que los indios se puedan juntar ante la justicia para dar poder y en negocios part (...)

10El derecho de circulación y la procuración no fueron exclusivos de los habitantes de las Indias de origen europeo. En una cédula elaborada en 1551 el príncipe Felipe reiteró la orden de que los indígenas pudiesen viajar libremente a la metrópoli. Recordaba que la prohibición de los viajes transatlánticos a los indios se había dado para evitar el comercio de esclavos. Pero lamentaba que, por no poder “informar[nos] de cosas que les convienen”, los naturales “dejan de alcanzar cosas que les son muy necesarias”.14 En consecuencia, se autorizaron los viajes transatlánticos siempre que los indígenas estuvieran en posesión de un poder otorgado por las provincias, las ciudades o los colegios que los mandaban y en el que se mencionara la “justificación de lo que han de pedir firmada de ellos y testimonio y probanza de lo que quieren pedir sobre cosas tocantes a ellos mismos”.15 En una cédula de 1553 se ordenó que los indígenas pudieran juntarse “ante la justicia para dar poder y en negocios particulares lo p[udieran] dar ellos solos sin justicia”, insistiendo en que no se les pusiera ningún tipo de impedimento para ello.16

• 17 Una facultad análoga fue otorgada a los españoles en Indias años atrás, al permitir Carlos V la cel (...)
• 18 Ver Quijano, “En nombre de esta Nueva España” y Mazín, Gestores de la Real Justicia.
• 19 Sobre este punto, véase el esfuerzo de Puente Luna por reconstruir algunos de los encuentros que tu (...)

11La primera cédula partía del principio de que la presencia física en la Corte y en los tribunales reales era una garantía para el correcto desempeño de la justicia y el buen gobierno. Para el príncipe Felipe, no era justo que los vasallos del rey perdieran sus causas por no poder presenciar los pleitos que llegaban al Consejo, ya fuera en persona o por medio de un apoderado. La de 1553, por su lado, insistía en que reunirse físicamente constituía una etapa fundamental en el mecanismo que conducía al otorgamiento del poder.17 Este tipo de acciones orales y colectivas ocuparon un lugar central en los procesos de elección y envío de representantes a la Corte. Las actas de los cabildos de españoles – civiles y eclesiásticos – permiten reconstruir las discusiones y mecanismos de deliberación detrás de la designación de procuradores;18 algo que no resulta tan accesible para el caso de las comunidades indígenas.19

• 20 Ver Gayol, Laberintos de justicia, vol. I, p. 129-152. Su obligatoriedad fue establecida en 1563, p (...)

12El otro gran tipo de procuración, llevada a cabo por los procuradores de causas o de número, complementaba la cadena de representación en gran parte de los procesos judiciales y de negociación desarrollados por actores indianos. Dichos agentes, cuyo nombre remite a que su presencia estaba limitada a un número específico de oficiales en cada institución, funcionaron como mediadores profesionales en los tribunales de justicia. Como lo explica Víctor Gayol, los procuradores numerarios operaban como vínculos obligatorios a los que todo litigante – particular o corporativo, presencial o mediante un representante – tenía que acudir para resolver un conflicto en los tribunales reales.20 Desde el siglo XVI, estos personajes fueron designados para trabajar en el Consejo de Indias y en las audiencias americanas, juzgados generales y tribunales inquisitoriales.

• 21 Agustín Bermúdez Aznar, “La abogacía de pobres en Indias”, Anuario de Historia del Derecho Español, (...)
• 22 Lucas Rebagliati, “‘Un honorífico empleo’: apuntes para el estudio de los abogados de pobres en el (...)

14Tal es el caso de los procuradores de pobres y de indios. En cuanto a los primeros, la concepción del pobre como persona miserable llevó a las autoridades a desplegar una serie de mecanismos judiciales que buscaron garantizar su protección. Como lo describió Bermúdez Aznar para el caso indiano, siguiendo una larga tradición del derecho castellano, fueron redactadas diversas leyes y ordenanzas con el fin de regular la abogacía de los pobres en las audiencias americanas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI. La introducción del abogado o procurador de pobres en dichos tribunales sería una de las principales acciones en este sentido.21 Las recientes investigaciones de Rebagliati mostraron que la presencia de estos personajes no se redujo a las audiencias, pues también los cabildos hispanos designaron a defensores de pobres para que representaran a este sector social en primera instancia.22

• 23 Memorial de fray Bartolomé de las Casas y fray Rodrigo de Andrada de 1543, en Fray Bartolomé de las (...)
• 24 Ibid., p. 137.
• 25 Sobre los procuradores de indios americanos, más conocidos bajo el nombre de defensores o protector (...)

15Con respecto a los procuradores de indios, a mediados del siglo XVI fray Bartolomé de las Casas y otros religiosos abogaron a favor de la institucionalización de procuradores “por oficio” especializados en la representación de las causas indígenas tanto en la Corte española, como en las Audiencias indianas. Esta idea aparece en un memorial que Las Casas coescribió con fray Rodrigo de Andrada en 1543 y en el que recordaban que era “de ley natural la defensa y a nadie justamente se la puede quitar”.23 No obstante, según ellos, los indígenas no podían ejercer este derecho, ya que “al presente no tienen noticia de nuestra manera de juzgar, ni saben pedir su justicia, ni defenderse, ni proponer sus causas, ni quejarse de los agravios de los españoles”.24 Si bien la presión que ejercieron Las Casas y sus aliados condujeron a la institucionalización de oficios de defensores de indios en la Audiencias y gobernaciones americanas, una medida similar nunca fue aprobada para el Consejo de Indias, donde los viajes transatlánticos de vecinos investidos de poderes y la representación por medio de procuradores del número del Consejo siguieron siendo la norma hasta finales de la colonia.25 De ahí que la coordinación entre aquellos agentes constituyera un reto de primer orden, pues conformaban la cadena de representación en la que descansaba el correcto funcionamiento de la justicia y el gobierno de las Indias.

• 28 Acerca de los viajes transatlánticos del defensor Francisco Palomino y de sus estancias y gestiones (...)
• 29 Petición de Sebastián de Santander en nombre de Gaspar Antonio, en Quezada y Torres Trujillo, Tres (...)

18Cabe señalar que desde 1579 el defensor de indios de Yucatán, Francisco Palomino, también estaba en la metrópoli para seguir su juicio de residencia, así como otros asuntos tanto en su propio nombre, como en el de los naturales de la provincia.28 Es lógico suponer que fray Gaspar de Nájera y él se encontrarían en la Corte y que el primero confiara al defensor la representación de los intereses de Gaspar Antonio. Pero no por ello se pudo prescindir de la intervención del procurador del número Sebastián de Santander, quien, a instancias de Palomino, redactó la petición en la que sintetizó el contenido de los méritos y aspiraciones de Gaspar Antonio.29

• 30 De hecho, Gaspar Antonio obtendría la promulgación de la cédula real por la que fue nombrado intérp (...)

19¿Qué nos dice esta cadena de poderes acerca del sentido que revestía la procuraduría para los actores indianos? Si bien los peligros de los viajes transatlánticos empujaban a los otorgantes a confiar sus negocios a varias personas, la titularidad múltiple de los poderes también pudo corresponder a cuestiones estratégicas. No resulta casual que Gaspar Antonio Chi designara como representantes a actores pertenecientes a la máxima jerarquía en la esfera eclesiástica y civil de la provincia. En realidad, esta elección proyectaba en las personas mismas de Gaspar de Nájera y de Francisco Pacheco el argumento desarrollado por Gaspar Antonio Chi en su probanza, a saber que sus méritos se habían desplegado tanto en la evangelización de los naturales, como en la justicia civil gracias a sus actividades de interpretación.30 Estos poderes nos hablan, asimismo, de las relaciones interpersonales que se trababan o se recreaban entre los agentes de negocios en los viajes transatlánticos y en la Corte española. Gaspar de Nájera y Francisco Pacheco debieron de acordar que el primero se encargaría de gestionar la probanza de Gaspar Antonio; del mismo modo, al llegar a Sevilla, el franciscano se entretendría con el defensor Francisco Palomino para que actuara en nombre del otorgante indígena; y éste, a su vez, confiaría el expediente al procurador del número Sebastián de Santander.

• 31 AGI, México 99, R. 3, 1 fol., Carta de Francisco Palomino a Pedro de Ledesma, secretario del Consej (...)

20La elección de este último no fue casual, ya que el defensor llevaba varios años colaborando con él. Una carta de 1573, dirigida al secretario del Consejo Pedro de Ledesma, revela no sólo la relación de confianza que ya unía al defensor con Sebastián de Santander en aquel entonces, sino también la función de mediación que cumplían los procuradores del número en la Corte. Palomino insistía en el aislamiento que padecía en Yucatán, fuera del apoyo del obispo fray Diego de Landa y de los franciscanos, por ser “odiosa” a los españoles la defensa de los indios. Le recomendaba a Pedro de Ledesma que si “por entero quisiere saber mis negocios y la tiranía de esta tierra, Sebastián de Santander y Juan de Arrazola lo podrán decir, que tienen copia de todo [lo que escribía]”.31 La invitación a que el secretario hablara personalmente con los procuradores que seguían los negocios y conservaban los papeles de Palomino muestra cómo aquellas figuras permitían que se entrecruzara el registro escrito con la oralidad. Aunque no sabremos nunca si aquella anhelada conversación entre el secretario y los procuradores tuvo lugar, lo cierto es que Sebastián de Santander debió de acumular un impresionante caudal de documentos procedentes de la gobernación de Yucatán.

• 32 AGI, México 97, R. 4, 10 fols. Probanza de don Pablo Paxbolón (1574). En realidad, fue Domingo de O (...)
• 33 Francisco Palomino había iniciado sus gestiones ante el gobernador don Francisco Velázquez de Gijón (...)
• 34 AGI, Justicia 1.016, N. 10, fols. 875-876, Petición de Alonso de Alonso de Herrera en nombre del co (...)
• 35 AGI, Justicia 1.016, N. 10, fol. 874, Poder los señores justicias y regimiento de la ciudad de Méri (...)
• 36 Estando en Madrid Francisco Palomino dio una nueva carta de poder a Sebastián de Santander, mientra (...)

21Ya en 1569, cuando el cacique don Pablo Paxbolón mandó al defensor Palomino dos cartas en las que exponía los servicios que había prestado al rey en la pacificación de una zona fuera del dominio colonial, éste otorgó un poder abierto a varios procuradores del Consejo, entre los cuales figuraba el nombre de Sebastián de Santander.32 El defensor confió, asimismo, a este procurador el pleito contra el cabildo de Mérida sobre el transporte del tributo por los indios tamemes.33 En la Corte fue el procurador numerario Alonso de Herrera quien se hizo cargo de la representación del ayuntamiento de Mérida.34 Y es que, al igual que Sebastián de Santander había entablado una estrecha relación con el defensor de indios, Alonso de Herrera llevaba varios años trabajando con el cabildo de Mérida. Así, en los primeros folios del juicio se reprodujo un poder que los cabildantes habían otorgado a Herrera en 1573, tratándose probablemente del poder más antiguo en posesión del procurador.35 En 1578 aquellos dos procuradores volverían a enfrentarse en el pleito que opuso el defensor Francisco Palomino y la ciudad de Mérida sobre una carta que el primero hubiera escrito “en deshonor” los vecinos españoles.36

• 37 Sobre aquellos viajes, véase Caroline Cunill, “De Yucatán a la Corte: defensores de indios, procura (...)
• 38 AGI, México 364, fol. 69, Carta del cabildo y regimiento de la ciudad de Mérida recomendando a don (...)

22En aquellas fechas tanto el defensor de indios, como el procurador de Mérida, don Carlos de Arellano, se encontraban en la Corte para seguir en persona éste y otros asuntos relativos a la provincia de Yucatán.37 Ya era al menos la segunda vez que Carlos de Arellano iba “a esta Corte a negocios que en ella se le han ofrecido”, como atestigua una carta de recomendación que le entregaron los cabildantes de Mérida en 1576. En este documento, recordaban al rey que aquel vecino era “yerno de don Francisco de Montejo gobernador y capitán general que fue en estas provincias de Yucatán”.38 En 1578 el cabildo volvió a expresar públicamente su confianza en la capacidad de don Carlos para representarlos ante el monarca. Escribían que:

• 40 AGI, México 364, fol. 78, Alonso de Herrera en nombre de la ciudad de Mérida pide se vean ciertas e (...)
• 41 AGI, México 1.842, R. 4, fols. 454-458, Petición de Francisco Palomino presentada ante el rey y su (...)

25Pero lo más interesante fue, sin lugar a duda, la solicitud que Alonso de Herrera presento al Consejo, pues pidió “que el relator haga relación de todo ello”.40 Es probable, en efecto, que los consejeros se contentaran, por lo general, con leer las peticiones redactadas por los procuradores del número o las síntesis elaboradas por los relatores, pero no el conjunto de los documentos probatorios presentados por las partes. Es lo que también sugiere una petición de 1576 en la que Sebastián de Santander suplicó que fuesen leídos en el Consejo de Indias los documentos que había enviado el defensor Francisco Palomino.41 Así, el rol central que desempeñaron los procuradores del número estuvo acentuado por el hecho de que no era ni habitual ni obligatorio, al parecer, que los consejeros leyeran todos los documentos probatorios que se les enviaban desde América, lo cual era lógico dado el elevado volumen de textos que circularían por el Consejo. En otras palabras, si bien las tecnologías de papel fueron esenciales en la circulación de la información en el Imperio hispánico, su acumulación, especialmente en órganos de poder como el Consejo de Indias, y la imposibilidad de que todos los documentos fuesen leídos por el rey y sus consejeros requirieron la invención de estrategias de mediación. En este sentido, a través de mecanismos institucionalizados como la petición, la relación o las simples interacciones orales, los relatores, procuradores y agentes de negocios desempeñaron un papel determinante en el tratamiento de la información y en los procesos de toma de decisión.