• 1 Agüero, Alejandro (coord.), Tradición jurídica y discursividad política en la formación de (...)
• 2 Verdo, Geneviève, “¿Qué territorio para cuál nación? Soberanías territoriales y ri (...)
• 3 Vallejo, Jesús, “Concepción de la Policía”, en Lorente, Marta (dir.), La jurisdicción (...)
• 4 Los estudios sobre policía para el caso argentino y latinoamericano vienen complejizando e (...)
• 5 Casagrande, Agustín, “Por una historia conceptual de la seguridad. Los alcaldes de (...)

1La persistencia del paradigma jurisdiccional en el proceso de conformación de las provincias rioplatenses ha sido analizada ya por una amplia historiografía. Tanto a nivel de las prácticas institucionales como desde las representaciones y lenguajes, la permanencia de una trama de concepciones centradas en la justicia como engranaje de la experiencia pública constituye hoy una clave explicativa central.1 Se ha mostrado también cómo, lejos de una continuidad sin rupturas, la constitucionalización de los “espacios dados” de las ciudades y sus jurisdicciones convertidos en provincias implicó que el gobierno por magistraturas se desplegara en otro contexto espacial y sociopolítico más allá de la vitalidad de la tradición.2 Parece interesante seguir las modalidades de estas prácticas y discursos político-administrativos a través de la función de policía y las novedades gubernamentales que generó,3 mostrando cómo la territorialización de las soberanías se tradujo institucionalmente en un reparto de tareas entre las nuevas autoridades.4 Focalizar el análisis en ello resulta sugerente por ser la policía un ramo sustraído a los cabildos para nutrir las capacidades de los gobernadores,5 sobre todo en Mendoza, donde las urgencias revolucionarias de guerra estimularon transferencias de poder precoces en relación con otras espacialidades.

• 6 La tratadística ilustrada sobre la policía mantuvo vínculos con el discurso de la (...)

2El objetivo será reconstruir los trayectos de esta función para observar cómo se produjo su configuración, las novedades que introdujo y los conflictos que pudo haber estimulado dentro del paradigma jurisdiccional en el que había nacido. La hipótesis sostiene que si bien mantuvo una clara inserción dentro de este, comenzó a adquirir notas político-administrativas conectadas con la urgencia y la necesidad pública que requería evitar las vías judiciales, usando los intersticios extraordinarios previstos en aquel.6 La pronta inserción de funciones y agentes policiales dentro de la esfera del gobernador se habría vinculado con prácticas heredadas del periodo revolucionario, durante el cual los intendentes se habituaron a considerar a los jueces de barrio (decuriones) como subalternos propios por encima de la dependencia del cabildo. El recorte temporal tiene en cuenta fechas relacionadas con la formación de la provincia como nuevo espacio político y el dictado de la primera norma general de policía.

• 7 Ver dossier Exbalin, Arnaud et Marin, Brigitte (coord.), “Polices urbaines recomposées (...)
• 8 La tratadística ilustrada sobre la policía consideró la compartimentación en circunscr (...)
• 9 Para Pablo Sánchez León, el concepto de policía, inicialmente vinculado co (...)

4Los estudios sobre alcaldes de barrio para la Monarquía española en el último cuarto del siglo XVIII delinean un campo de discusión que ha reflexionado sobre la miniaturización espacial para el control social y las formas en que distintas experiencias institucionales sirvieron como laboratorios de un modelo que circuló por los dominios españoles aún después de la crisis imperial.7 Estos ensayos en el ámbito urbano ofrecieron agentes cercanos a la población que permitían la vigilancia en una diversidad de aspectos materiales, sanitarios, morales y políticos.8 La velocidad con la cual se multiplicaron resulta llamativa si se considera que a menos de diez años del motín de Esquilache que impulsó su instalación en los cuarteles madrileños,9 aparecieron en el tejido jurisdiccional de Mendoza para auxiliar a los alcaldes ordinarios en zonas alejadas del casco citadino.

• 10 30 de abril de 1774, AGPM, colonial, carpeta 15, documento 13.
• 11 9 de setiembre de 1797, AGPM, colonial, carpeta 24, documento 54.
• 12 Como sostiene Agustina Vaccaroni, el nombramiento de alcaldes barriales trastocó (...)
• 13 En Tau Anzoátegui, Víctor, Los bandos de buen gobierno del Río de la Plata (...)

5Desde 1773 y hasta 1784 las actas capitulares registraron su designación anual, variando los criterios espaciales para definir sus marcos de desempeño e incorporando territorios cada vez más distantes de la plaza principal (de tres se pasó a seis o nueve para parajes de hasta 20 km al este y el sur). Debían apresar delincuentes y conducirlos ante los alcaldes ordinarios, vigilar los comportamientos públicos para asegurar la moralidad católica y mediar en los conflictos cotidianos sin jurisdicción delegada.10 Luego los nombramientos desaparecieron de los acuerdos capitulares, pero otras fuentes confirman que se siguieron designando “jueces” o “alcaldes pedáneos” con las mismas responsabilidades. Mientras una circular del cabildo los facultaba junto a los “demás quese hallan empleados en la administración de Justicia” para recoger vagos y prófugos y llevarlos a la “real carcel”,11 un bando del corregidor Castellanos de 1783 volvía sobre esas labores que incorporaban tareas conectadas con la “quietud” comunitaria y el control de la movilidad poblacional. Se pretendía un conocimiento de quiénes residían, salían o entraban en cada barrio, apelándose al compromiso de los vecinos para denunciar a los forasteros ante el juez barrial;12 asimismo, se apuntaba a disciplinar a ciertos sectores para que se focalizaran en el trabajo, impidiendo que crearan situaciones de conflicto al prohibir los juegos de naipes, dados o azar, en especial los domingos, cuando la diversión afectaba el precepto religioso.13

• 14 5 de diciembre de 1795 y 15 de diciembre de 1795, AGPM, colonial, carpeta 17, (...)
• 15 14 de agosto de 1778, AGPM, colonial, carpeta 16, documento 4.
• 16 21 de noviembre de 1778, AGPM, colonial, carpeta 16, documento 4. “Comisió (...)
• 17 27 de enero de 1798, AGPM, colonial, carpeta 17, documento 13.

6Por entonces las tareas de ornato y las obras públicas no eran responsabilidades de los alcaldes de barrio. Si bien podían ser encargados de la refacción de acequias, las obras importantes eran decididas por el cuerpo capitular o, si era de mucha envergadura y comportaba un presupuesto que requería prorrata especial, por cabildos abiertos,14 siendo su ejecución derivada a comisionados ad hoc. Así, ante la necesidad de asegurar el curso de agua que corría por un canal mayor se otorgó en 1778 comisión “necesaria” a cierto alcalde de barrio, sumándose una tarea específica a sus funciones cotidianas;15 meses después se libraba “en comisión” a ese juez y a otro sujeto para citar a los interesados en la composición de unos puentes.16 Cuando las obras requerían un saber especializado se nombraban peritos, como aquel para reparar el cavado que la “copiosa avenida que bajo de la sierra” había realizado en una calle céntrica, “con la inteligencia que ha manifestado en otras obras de igual y aun maior consideración”.17

• 18 Setiembre de 1777, AGPM, colonial, carpeta 28, documento 2.
• 19 10 de octubre de 1778, AGPM, colonial, carpeta 28, documento 3.
• 20 28 de mayo de 1794, 5 de noviembre de 1795 y 1 de junio de 1798, AGPM, colonial, carpe (...)

7Las labores de registro de habitantes, a su vez, eran realizadas por curas o jueces especiales cuyo ejercicio jurisdiccional estaba conectado con la información recabada. El padrón de 1777,18 cumpliendo la orden del obispo de Santiago de Chile, tomó como espacio de conteo los curatos; el de 1778 en territorios cordilleranos fue elaborado por el juez de minas del Mineral de San Lorenzo en Uspallata;19 mientras que las listas de 1794, 1795 y 1798 de la Villa de San Carlos estuvo a cargo del juez poblador Juan Morel.20 Ya iniciado el curso revolucionario local en junio de 1810, los empadronamientos dispuestos por el cabildo a fines de ese año en acuerdo con el teniente de gobernador fueron realizados por sujetos específicamente nombrados para la labor, con espacialidades de conteo también delineadas para esa comisión. Sin embargo, revolución y guerra trajeron novedades en las tareas de policía de los alcaldes de barrio y en sus cadenas de mando.

• 21 8 de noviembre de 1810, AGPM, colonial, carpeta 18, documento 11. La fijación nominati (...)
• 22 Martín, Elvira, “Saavedrismo y morenismo en Mendoza. 1811”, Historia, 1963, n^o 32, p.  (...)

8El arribo a Mendoza de un teniente gobernador a mediados de 1810 resultó clave para la jurisdicción en dos aspectos vinculados a la función de policía. Por una parte, la designación de alcaldes de barrio en el casco urbano, a la cabeza de cuarteles, acompañada de nominación y cartelería en las calles;21 y por otra, el ya referido empadronamiento de la campaña más alejada. Un suceso ocurrido meses después dio cuenta de la politización revolucionaria, pero también del rol de esos jueces barriales introducidos en el recinto urbano que comenzaron a designarse como “decuriones”. En efecto, en mayo de 1811 estos quedaron implicados en una supuesta movilización a favor de los miembros de la junta porteña trasladados presos luego de la agitación del 5 y 6 de abril en la ex capital virreinal.22 El sumario iniciado no solo informó sobre la difusión de ese nombre clásico romano aplicado a esos alcaldes (síntoma en sí de una novedad del lenguaje político), sino que reveló la capacidad de movilización que se les atribuía, la cual podía ser una amenaza… o un recurso de gobernabilidad.

• 23 7 de enero de 1812, AGPM, independiente, carpeta 4, documento 3.
• 24 Acevedo, Edberto Oscar, Orígenes de la organización judicial en Mendoza, Buenos Aires, (...)
• 25 Casagrande, op. cit.; Godicheau, François, “Orígenes del concepto de orden (...)
• 26 Vaccaroni, Los primeros policías, op. cit., p. 81-84.

9El bando de comienzos de 1812 dio indicios de que la siesta mendocina estaba alterada por la revolución23 y el reglamento sancionado meses después para definir las responsabilidades de los decuriones lo confirmó.24 Este último incluía artículos que preveían la entrega y listado de armas particulares y del rey, la prohibición de reuniones de “enemigos del Estado” y les estipulaba jurisdicción de mínima cuantía en causas de hasta $50. Lo relevante es que la norma les definía un conjunto de tareas propias. Por una parte, la vigilancia de la población de sus barrios, la cual debían registrar en matrículas actualizadas, requiriéndose que quien se fuera o entrara a vivir en un cuartel debiera dar cuenta al decurión o hacerlo el propietario que alquilase una habitación. Esta labor anunciaba que los empadronamientos ya no serían hechos por comisionados ad hoc, sino que se convertirían en una tarea central de quienes por su cercanía a la gente de su cuadro de desempeño podían saber bien quién era nuevo, quién se había ido y dónde vivía. Por otra parte, se definía el mantenimiento de las acequias como su tarea (mantener cursos abiertos y limpios para garantizar el riego, evitar derrames que perjudicaran el tránsito de personas y carretas). Las funciones de policía en su sentido tradicional de ornato y orden urbano se completaban con la vigilancia de la movilidad de población y su politización, con un tono conectado a la idea de “seguridad” y de “orden público” como régimen gubernamental en proceso de legitimación, como indicaba el punto que los obligaba a rondas nocturnas para “evitar desórdenes”, una medida no registrada antes.25 En sintonía, Agustina Vaccaroni ha marcado para el caso porteño que estas reglamentaciones daban cuenta no solo de una ampliación de las labores de estos agentes, sino de un cambio en el formato de las normas: ya no eran bandos dirigidos al conjunto poblacional sino documentos cuyo público estaba conformado por quienes debían cumplirlos.26

• 27 Acevedo, op. cit., p. 47-48

10Las listas presentadas por los decuriones a comienzos de 1814 confirmaron su rol como empadronadores y la extensión del instituto a toda la jurisdicción mendocina, ya no solo al ámbito urbano. La nómina elevada por el cabildo al gobernador revela que equipaban políticamente ciudad y campaña, distribuyéndose en once cuarteles urbanos y treintaisiete rurales que, en general, se correspondían con los que habían sido censados.27

• 28 Ibidem, p. 49-50.
• 29 En Montevideo, la policía llegó a concentrar una ingente masa de información sobre “lo (...)
• 30 Acevedo, op. cit., p. 52-53.
• 31 Real Ordenanza para el Establecimiento e Instruccion de Intendentes de Exército y (...)

11En 1815 un nuevo reglamento volvió sobre el decurionato,28 confirmando su función judicial mínima a la par de las labores de conteo, registro, control de la movilidad y ocupación de la población, cuidado del ornato y la limpieza (de acequias, agregando el mantenimiento de puentes) y conservación del orden comunitario.29 Pero a la par de ellas estos agentes ejecutaron múltiples pedidos del gobernador intendente: reclutamiento militar; recaudación de animales, artículos y dinero para la formación del Ejército de los Andes; información sobre gestos y comportamientos políticos; colaboración en obras de infraestructura hídrica o vial.30 Las exigencias del gobernador se sostenían en la Real Ordenanza de Intendentes, en cuyo título sobre la causa de policía se reconocía la superioridad de este y la subordinación de “Jueces y Subdelegados de provincias”.31

• 32 Acevedo, op. cit., p. 58-60.
• 33 Real Ordenanza, op. cit., p. 63 y 67.

12Las tareas de ornato público serían recordadas y ampliadas en 1818 a través de una circular a los decuriones, quienes serían vigilados por el regidor juez de policía y su teniente. Los eslabones de la cadena quedaban perfilados: aquellos en su base, el miembro del cabildo encargado de la materia y su ayudante como goznes, y el gobernador intendente a la cabeza. A diferencia de las normas anteriores, ya no serían solo los usos hídricos (acequias, desagües y puentes) el objeto de su atención, sino también la conservación de las calles y el cuidado de la línea de edificación,32 recordando una vez más la Real Ordenanza.33

• 34 Academia Nacional de la Historia, Actas de la Legislatura de Mendoza, Buen (...)
• 35 Academia Nacional de la Historia, op. cit., p. 20.
• 36 15 de julio de 1822, AGPM, independiente, Registro Ministerial, n^o 3. Al año siguiente (...)
• 37 Se estableció que el cabildo daría la señal “de queda” para retiro a los hogares, debi (...)

13A comienzos de 1820 los circuitos de subordinación y las múltiples responsabilidades en materia policial estaban delineados y siguieron fortaleciéndose. El flamante ejecutivo presentó un nuevo reglamento a la sala representativa34 y otro para “arreglo” del cabildo, fijando el orden de apelación en este rubro: “residiendo la alta policía en el gobernador intendente se dirijan a este todas las dichas apelaciones” de las sentencias del regidor juez de policía.35 Durante 1822 dictó asimismo medidas para el espacio urbano con insistencia en los problemas de acarreo de animales y mercancías para el mantenimiento de las calles,36 en la regulación de los horarios de circulación para el expendio comercial y la iluminación nocturna.37

• 38 AGPM, independiente, carpeta 14 y 15.
• 39 Academia Nacional de la Historia, op. cit., p. 122.
• 40 Ibidem, p. 61, 66, 81 y 94-95.

14La responsabilidad de contar, registrar y controlar la población de los cuarteles ya se consideró propia de los decuriones, quienes elevaron sus matrículas durante 1823 y 1824.38 De hecho, cuando la sala reclamó al cabildo la recolección de información sobre la feligresía de San Vicente, se le requirió que procediera “por medio de los decuriones del partido”.39 Además, una cuestión que había sido incumbencia municipal como eran las obras hidráulicas se convirtió en piedra de choque con representantes y gobernador, complicando los arreglos de tomas y cauces en 1822 y 1823.40

• 41 Ibidem, p. 112. Desde años antes, en Buenos Aires, los decretos y reglamentos que sigu (...)

15El vaciamiento de la autoridad capitular en materia de policía se visibilizó en un debate surgido en torno del fuero militar y el ejercicio de la justicia ordinaria. El cabildo había elevado una consulta sobre la posibilidad de que los soldados cumpliesen condena por delitos leves en su cuartel, considerando como tales a los de policía, pero el comandante acusado de liberar un subalterno preso por portar cuchillo sostuvo que los alcaldes no entendían en infracciones de ese tipo “desde que el pays constituido bajo otra forma dividio los poderes, dejando solo a estos juzgados el judiciario”. Si bien la resolución final acordó que quedaba al arbitrio del juez discernir la “distincion de los delitos” y, por tanto, el lugar en donde serían encarcelados los soldados, la discusión evidenciaba la adscripción definitiva del ramo policial a la esfera del gobernador (de quien, además, dependían los jefes de regimientos milicianos).41

• 42 Molina, Eugenia, “Herencias, proyectos y agenda pública para un orden provincial. El c (...)
• 43 Academia Nacional de la Historia, op. cit., p. 180.

16Los enfrentamientos que movilizaron a la élite local entre 1822 y 1824 en diversos escenarios y por distintos tópicos,42 pareció resolverse a comienzos de julio de ese último año, cuando una renovada sala representativa incorporó no solo a quienes habían impulsado reformas institucionales, sino que eligió un gobernador dispuesto a llevarlas adelante. En pocos días se designaron dos jueces ordinarios con “las mismas atribuciones que tenían los alcaldes en la administración anterior”, un juez de menores, pobres y esclavos, y otro de aguas, planteándose la necesidad de proveer “sobre la policía” ante la falta de regidor del ramo. Luego de debatir esto último se dispuso que el gobernador quedaba encargado “de la atribución del regidor de este ramo”, debiendo nombrar un “comisario de policía” para expedirse en su desempeño “sin emolumento alguno”, y en la sesión siguiente se solicitó al ejecutivo que nombrase “jueces decuriones de barrio”.43 Ahora, si quedaba legalmente establecida la pertenencia de esta materia a la esfera gubernamental, no terminaban de resolverse quiénes se ocuparían de su ejercicio y la capacidad jurisdiccional que tendrían o no.

• 44 No se ha podido detectar cuándo fueron designados por primera vez estos funcionarios e (...)
• 45 Academia Nacional de la Historia, op. cit., p. 194-195.
• 46 Ibidem, p. 215. La solicitud de aclaración de fuero y capacidad jurisdiccional del jue (...)

17En efecto, meses después se presentó un proyecto para la creación de un “inspector de policía” y supresión de los dos celadores, “rustico” o de “extramuros” y urbano.44 Se aprobó la eliminación de ambas plazas y se decidió establecer un “juez de policia con jurisdiccion ordinaria”, cuyas apelaciones se harían ante el gobierno, dotado con $300 “por haora” y durando tres años en el puesto.45 Pero en diciembre, el camarista Juan Agustín Maza puso en cuestión la jerarquía judicial al exponer que él era un “juez superior al que se llama de policia” y por tanto no correspondía que este lo intimase por una multa a través de un teniente decurión; sin considerarse exento de las leyes de policía, creía que en caso de desobediencia no debía girársele ejecuciones sino solo a través de la Cámara de Justicia como juez privativo de ella, pues aquel había usado hacia su persona “un exceso de jurisdiccion”.46

• 47 Ibidem, p. 238. Debido a la capacidad no jurisdiccional del “Juez de Policía y Aguas” (...)
• 48 Academia Nacional de la Historia, op. cit., p. 240.

18En 1825 se suprimió la jurisdicción ordinaria y se unió el ramo de policía con el de aguas,47 mientras que unos días después se estableció el orden de apelaciones de las resoluciones del “juez de policía” ante el gobierno (asociado con el presidente de la cámara judicial y el camarista más antiguo).48 Parecía precisarse que si bien la disciplina de la policía requería castigos para las transgresiones a las normas, ello no implicaba invadir el terreno judicial, pues seguía tratándose de su derivación oeconomica, la cual exigía dispositivos de intervención cotidiana específicos, dos de los cuales eran las multas o el servicio en obras públicas.

• 49 El 5 de mayo de 1825 se lo declaró suprimido. Ibidem, p. 237.
• 50 Ibidem, p. 280. La papeleta como dispositivo de control y compulsión al trabajo se (...)

19De todos modos, las cadenas de mando y los fueros respecto del ramo siguieron generando fricciones, incluso con el cabildo ya desaparecido de la trama institucional.49 En marzo de 1826 el reclamo del portero de la sala sobre quién debía concederle la papeleta de conchabo solicitada por la policía puso sobre el tapete las proyecciones de las atribuciones de ésta, pues se planteó que las exigencias de este documento para la circulación conformaban resoluciones “oprecibas” y que eran leyes que ni el gobierno ni “muchos menos el encargado de la policia” podía expedirlas, pues correspondía a ella como cuerpo “legislativo”.50

• 51 10 de junio de 1826, AGPM, independiente, Registro Ministerial, n^o 43.
• 52 25 de setiembre de 1827, AGPM, independiente, carpeta 170, documento 2.

20Las idas y venidas en las delimitaciones de la esfera de lo policial quedaban expresadas también en la necesidad de que esta dispusiera de un cuerpo armado propio al que el juez de policía pudiese acudir para cumplir las disposiciones que se le impartiesen. Un decreto de gobierno disolvió en junio de 1826 el “piquete de Policía” formado por sargentos, cabos y soldados, pues sería la “compañía de Republicanos” quien le prestaría su colaboración.51 Sin embargo, las urgencias llevaron al jefe de policía a tener que sostener partidas adicionales de su bolsillo.52

• 53 Molina, Eugenia, “Circuitos comunicacionales y prácticas administrativas como estrateg (...)

21Estas cuestiones que se debatían en el centro provincial, en el espacio rural habían evidenciado mayor claridad. Si la vinculación entre justicia y policía conformaba la trama sobre la que se tejía el equipamiento político de la campaña a través de dos subdelegados con jurisdicción ordinaria desde 1821 en San Martín y San Carlos, la experiencia cotidiana había fortalecido su agencia subordinada al gobernador y a las necesidades coyunturales. El control de la circulación de las personas, el cuidado material de las villas, la conservación y ampliación de la infraestructura hídrica, fueron el núcleo de la correspondencia mantenida entre gobernador y subdelegado, y entre estos y los decuriones.53

• 54 Academia Nacional de la Historia, op. cit., p. 341-342 y 345-347.
• 55 Hubo una notable diferencia entre el orden y el número de artículos discutidos a fines (...)
• 56 12 de junio de 1828, AGPM, independiente, Registro Ministerial, n^o 58.

22A fines de 1827 comenzó a discutirse con premura en la sala un proyecto de reglamento para el ramo policial. Para acelerar el debate se decidió que los artículos se sancionaran como estaban redactados,54 terminándose de discutir en marzo del año siguiente,55 siendo publicado por bando y dado al registro público en junio.56

• 57 Sanjurjo de Driollet, Inés, La organización político-administrativa de la campaña mend (...)
• 58 Desde años antes se pensaba “departamento” como espacialidad de ejercicio (...)
• 59 A mediados de 1824 la sala había dispuesto que el gobernador nombrase un “comisario” p (...)
• 60 Los comisarios se convirtieron en goznes del equipamiento institucional y (...)

23Se ha marcado ya la racionalidad que orientó la espacialización política establecida por el Reglamento de Policía de 1828 al establecer una jerarquía de cargos para toda la jurisdicción provincial.57 Subdividió ésta en “departamentos” a cuya cabeza colocó un comisario; su interior quedó segmentado en cuarteles a cargo de decuriones.58 El comisario departamental conformaba una novedad por cuanto si bien había aparecido en alguna normativa,59 desde ese momento se insertó en la trama institucional con el rol clave de garantizar la transferencia de órdenes superiores a los subalternos y la vigilancia de su cumplimiento.60 En la cúspide se ubicó al jefe de policía como “ejecutor ó agente inmediato del Gobierno para espedirse en este ramo”, quien debía proponer a este los cargos del organigrama. Y conviene remarcar un detalle: con el término “departamento” ya no solo se refería a la espacialidad de ejercicio de los comisarios, sino que comenzaba a consignarse también un ámbito de incumbencia política, un tejido de relaciones, preeminencias y subordinaciones dentro de la específica esfera del ejecutivo puntualizándose: “El Jefe de Policía pondrá mayor celo en que los Ajentes y ejecutores del departamento de su cargo, se conduzcan con moderación, guardando el respeto y decoro debido”.

• 61 La racionalidad policial se articulaba en torno de la prevención como intervención que (...)

25El segundo aspecto clave era la “seguridad y tranquilidad civil”, debiendo precaver situaciones que pusieran en peligro la vida familiar y personal de los “ciudadanos”.61 La aprehensión de ebrios, vagos, ladrones, salteadores y asesinos (que debía enviar a la justicia ordinaria), apuntaba a la conservación del “orden público” sostenido en la idea de “quietud” y armonía comunitaria, pero también delatando una situación social más compleja con un creciente temor de las élites hacia lo que percibían como un aumento de la criminalidad debido a la militarización revolucionaria y posterior. Además, había dos cuestiones que ya eran labores de policía en otros territorios y que recién en este momento adquirían un rol relevante entre las ocupaciones de la jefatura: la instrucción de primeras letras que sería en adelante de su “inspeccion”, y la salubridad, por la cual debía vigilar la distribución de la vacuna y las actividades de las boticas.

• 62 La cuestión de la circulación fue un tópico central del discurso policial, casi (...)
• 63 El desarme de la población y la dotación de armas a los agentes policiales (...)

27Varias de estas venían siendo impugnadas y su castigo reiterado desde hacía varios años en bandos capitulares y en los citados reglamentos de 1812, 1815, 1818 y 1820. Por un lado, estaban las disposiciones referidas a construcciones y cuidado del espacio público, sobre mantenimiento de la línea de edificación, vigilancia de casas o paredes en ruina, iluminación, conservación de veredas y calles. Estas últimas conformaban el foco de una serie de medidas que garantizaban limpieza y buena circulación, evitando su desnivelación: se impedía hacer barro y ocuparla con materiales, se negaba la introducción de animales, el tránsito de carretas y el galope urbano. El cuidado hídrico (apertura de hijuelas, desagües, derrames, reparación de puentes) era reafirmado como preocupación de los decuriones dada su inserción en los vínculos comunitarios tejidos en torno de los cursos de agua. Por otro lado, estaban las conectadas con el control de la circulación de las personas y su registro para detectar y prevenir conflictos y delitos.62 Se repetían medidas conocidas: las mudanzas de barrio debían informarse al decurión, los forasteros que se introducían a la provincia tenían que presentarse al jefe de policía y los dueños de alojamientos o tiendas de comidas debían solicitar pasaportes a quienes desconocían. Esto reforzaba la responsabilidad de los decuriones de realizar una matrícula de los habitantes de su cuartel al asumir su cargo, que debían elevar siguiendo la cadena de mando. Luego estaban las estipulaciones vinculadas a la contracción al trabajo, su regulación y la eliminación de actividades que pudieran afectarla, desde la prohibición de juegos de azar y envite en lugares públicos o privados, hasta la exigencia de papeleta de conchabo y la elección anual de maestro mayor por los gremios de artesanos. Finalmente, quedaba vedado el uso de armas de fuego, chispa o blancas.63

• 64 El organigrama de cargos y el presupuesto para sostenerlo ha sido analizado en Molina, (...)
• 65 12 de junio de 1828, AGPM, independiente, Registro Ministerial, n^o 58. (...)

28Se consignaban estos comportamientos prohibidos junto con los procedimientos para aceitar un sistema de vigilancia eficaz. Toda la cadena de mando quedaba facultada para imponer multas, desde el gobernador y el jefe de policía, hasta comisarios, decuriones, tenientes decuriones y celadores urbanos,64 aunque debían cumplir requisitos según la categoría, ya que los primeros podían hacerlo presenciando el hecho mientras los últimos debían contar con dos testigos; tenían que dar recibo al que lo solicitara, y en caso de que se justificase la aplicación de una multa “injusta”, quien la hubiese impuesto sería condenado por el mismo canon. La creación de una “caja de la Policía” buscó ajustar esos procedimientos para evitar abusos, determinando que mensualmente el jefe policial publicaría un informe de las personas multadas con expresión de las causas, y si alguien probaba haber pagado el canon y no aparecía en la lista, recibiría el duplo en compensación por quien lo hubiera cobrado y no lo hubiese entregado al superior “por olvido ó por malicia”.65

• 66 Volvía a complicarse en la praxis la distinción entre acto judicial y gubernativo (pol (...)

29La disposición que obligaba a los funcionarios policiales a presentar al delincuente prendido ante la justicia ordinaria con causales de detención evidenciaba un punto de articulación que podía resultar complicado de definir, siendo difusos los límites entre delito y contravención. Estas distinciones eran aún más difíciles de determinar al descender en la jerarquía por cuanto los decuriones desempeñaban también funciones judiciales en causas de mínimo monto, apelables ante los comisarios.66 Además, la misma gestión hídrica se enredaba en el tejido judicial-policial difícil de desenmarañar, por cuanto tanto la apertura de hijuelas como el desecamiento de pantanos y la disposición de desagües si bien eran objeto de la vigilancia del ramo policial por el lado del cuidado material del espacio público, también estaba integrada en relaciones comunitarias en las que dar a cada cual según su calidad era el criterio para restablecer la armonía en los conflictos cotidianos, por ende, correspondía al orden jurisdiccional.